Sentencia Definitiva N° 1.249/2019

Montevideo, quince de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “MORAIS, ÁNGEL Y OTROS C/ CARVI TRANSPORTES S.R.L. - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572) - CASACIÓN”, IUE: 2-54611/2017. RESULTANDO : I) Con fecha 12 de diciembre de 2017, comparecieron los actores a demandar a CARVI TRANSPORTES S.R.L. por el pago de horas extras en día hábil, multa con intereses legales y actualización (fs. 60/63 vta.). Señalaron que son trabaja-dores de la empresa y que su reclamo se basa en horas trabajadas que fueron abonadas como simples y debieron ser abonadas como dobles ya que se excedía la jornada laboral. En algunas categorías, se adeudaba la hora extra trabajada completa. Indicaron que CARVI TRANS-PORTES S.R.L. es una empresa que gira en rubro de la distribución y logística del medicamento. Se encuentra categorizada dentro del grupo 7, Industria del Medica-mento. El cambio de grupo, en su momento, implicó ciertas modificaciones al régimen del horario de trabajo. El régimen de trabajo aplicable es de 44 horas semanales (Decreto-Ley 14.320). Hasta el mes de julio de 2015 trabajaron con un horario semanal de 48 horas, en contravención del horario dispuesto para la industria del medicamento. Como resultado de un acuerdo entre representantes de la empresa y los trabajadores, fechado el 30 de julio de 2015, en el mes de agosto empezaría a regir una reducción de la jornada diaria que debió operar desde la clasificación de la actividad dentro del Grupo No. 7 de los Consejos de Salarios. Si bien las partes lograron arribar a un acuerdo en el año 2015, la empresa en el año 2011 se encontraba categorizada dentro del grupo No. 7 y desde esa fecha debió reducir su jornada para alinearla con la del sector. Pese a ello, los trabaja-dores realizaban tareas en un horario superior al esta-blecido para el sector, sin que las horas que excedían la jornada laboral les fueran abonadas con el recargo correspondiente. II) En lo que interesa a los efectos del recurso de casación interpuesto, debe tenerse presente que la demandada al contestar el accionamiento señaló que, como consecuencia de la clasificación efectuada el 24 de agosto de 2010 por la Comisión de Clasificación y Agrupamiento de Actividades Laborales, CARVI TRANSPORTES S.R.L. quedó comprendida en el Grupo No. 7 Subgrupo No. 1, manteniéndose dentro del régimen de la Industria con 48 horas semanales. En el año 2015, como consecuencia de una reunión bipartita celebrada con el sindicato de la empresa el 30 de julio de 2015, llegaron a un acuerdo en virtud del cual se aceptó modificar el régimen de Industria al de Comercio, pasando así a tener una carga horaria semanal de 44 horas. Recién a partir de ese momento, debe surtir efecto el beneficio de la reducción horaria y no desde antes de la celebración del acuerdo. III) Por sentencia definitiva No. 28/2018 de fecha 30 de julio de 2018, dictada por el Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 21º Turno, se acogió la excepción de prescripción y se amparó parcialmente la demanda y, en su mérito, se condenó a la demandada al pago de la diferencia por horas extras atento a los fundamentos vertidos en el CONSIDERANDO II) en los montos liquidados en la liquidación alternativa de la parte demandada (suma a actualizar hasta su efectivo pago) y 10% de daños y perjuicios sobre los rubros de naturaleza salarial (fs. 190/198). IV) En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2º Turno, por sentencia DFA Nº 0013-000458/2018 SEF Nº 0013-000357/2018 de fecha 14 de setiembre de 2018, confirmó parcialmente la sentencia apelada. La Sala únicamente revocó la sentencia de primera instancia en cuanto amparó la excepción de prescripción respecto de los créditos que se generaron entre diciembre de 2011 y 2012 y en cuanto se condenó en forma parcial las horas extras y los parámetros de liquidación. En su lugar, el órgano de alzada desestimó la excepción de prescripción y condenó al pago de las sumas reclamadas por concepto de horas extras conforme a lo que estipuló en el CONSIDERANDO IV) (fs. 237/242 vta.). El órgano de alzada en su eje argumental precisó que: “... la modificación del límite de la jornada laboral no es resorte de la voluntad del empleador, pero además debemos analizar si lo pactado viola el orden público en materia laboral y su incidencia en el principio de irrenunciabilidad, ya que si bien no fue alegado por el accionante, el juez debe analizar siempre en cuestiones laborales si las partes violan aquellos derechos irrenunciables a la hora de cumplir con un régimen horario que no es el regulado para el sector. Este agravio está directa-mente vinculado al agravio de la parte demandada y a los efectos del acuerdo celebrado entre las partes que tiene su vigencia a partir del año 2015, por lo cual en el caso se debe amparar el agravio formulado, en tanto corresponde la condena por concepto de horas extras que van desde el período de Diciembre de 2011 a Julio de 2015, de acuerdo a la liquidación de la parte actora que obra de fs. 66 a 83 vto., en tanto no agrega documento alguno que respalde su liquidación y por ende es de aplicación el principio de disponibilidad probatoria. Dichas sumas deberán actualizarse, aplicarse intereses, multa y daños y perjuicios hasta su efectivo pago. IV) Analizados los agra-vios de la parte actora corresponde pronunciarse en cuanto al agravio de la parte demandada que refiere a la errónea valoración de la prueba a raíz de lo cual la decisora en el caso llega a una conclusión diferente a que le dan las partes y en su fallo concluye que: ‘Tanto la parte actora como demandada titularon el presente documento como acuerdo...si se lee el mismo se puede advertir sin mayor hesitación que no es un acuerdo...sino una reunión donde los trabajadores expusieron que querían trabajar 44 horas semanales sin mayor fundamentación y la patronal sin fundamentar porque se estaban trabajando 48 aceptó sin mayores reparos...’. Determinada la plataforma fáctica que hace a la cuestión debatida es dable sostener que ha quedado acreditado a través del documento de fs 47 sin lugar a duda alguna que este documento fue negociado y se extiende bajo los lineamientos de la negociación colectiva pero en la esfera bipartita y conforme los lineamientos consagrados en las disposiciones del Código Civil. Sabido es que el convenio colectivo según las recomendaciones de la OIT deberá obligar a sus firmantes y a las personas que represente la organización sindical y por ello proyecta sus consecuencias erga omnes respecto de todos los trabajadores vinculados por una relación de subordi-nación o celebren el contrato bajo la vigencia de este, debiendo respetarse por la universalidad de los trabajadores que abarca. Además es de orden resaltar que pueden modificar en ejercicio de su libertad contractual dentro del ámbito negocial, a pesar de que modifiquen condiciones más favorables establecidas en convenciones anteriores, porque de otro modo sería dotar a las cláusulas ventajosas de un carácter inalterable que no tienen y pasarían a tener un efecto perpetuo. Por ello el convenio permite que las partes regulen las relaciones de trabajo en función de las posibilidades del mercado laboral respetando las prestaciones mínimas concedidas por la ley. (...) Entonces a la luz de las presentes premisas debe señalarse que si bien en sede de agravios se pretende repeler el pago de la condena acudiendo al instituto de la transacción, este nuevo argumento, cae por su propio peso dado que el derecho de limitación de jornada es irrenunciable, pero aún más el acuerdo no reúne los elementos determinados en el artículo 2147 del CC, por lo cual es totalmente improcedente la articulación del agravio lo que lleva a su rechazo sin ahondar en su estudio, máxime que no fueron objeto del proceso en obrados ya que no se planteó la excepción interpuesta en la etapa respectiva, por ende su tratamiento en esta etapa violaría las reglas del debido proceso” (fs. 240/242). V) Contra la sentencia de segunda instancia, la parte demandada interpuso recurso de casación y, en necesaria síntesis, sostuvo que: a) Las normas de Derecho infringidas son los arts. 14, 140, 193 del C.G.P., art. 2191 del C.C. y art. 15 de la Ley 18.572. b) La Sala atribuyó la naturaleza de convenio colectivo al documento obrante a fs. 47 y que bajo los lineamientos de la negociación colectiva, las consecuencias se proyectan sobre la universalidad de trabajadores que abarca. Sin embargo, el Tribunal incurrió en una clara contradicción en cuanto condena al pago de las horas extras desconociéndose así la validez del documento referido. No hay relación entre las premisas que fundamentan el fallo y la conclusión a la que se arriba, lo que revela un supuesto de absurdo evidente. La conclusión se apoya en premisas incorrectas y no se corresponde con las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. c) El documento de fs. 47 no reúne los elementos del art. 2147 del Código Civil, pero no fundamenta cuáles serían los elementos faltantes en virtud de lo cual incurre en falta de motivación de la sentencia. d) En cuanto al hecho de que la transacción no fue opuesta como excepción previa, consideró que puede ser invocada la misma como defensa sustancial durante el desarrollo del proceso. e) La sentencia además al condenar al pago de las horas extras de acuerdo a la liquidación presentada por la parte actora, realizó una errónea valoración de la prueba, ya que no se tomó en cuenta o no analizó la prueba documental presentada por su parte. En los recibos de sueldo por el período reclamado (2011-2015), surgen los días efectivamente trabajados y que debieron ser considerados por la parte actora y por el Tribunal a la hora de formular la liquidación. VI) Conferido traslado del recurso a la parte actora, ésta lo evacuó a fs. 266/269 y bregó por su rechazo. VII) Recibidos los autos por la Corporación (fs. 280), se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia (fs. 281). VIII) En las presentes actuaciones, el Sr. Ministro, Dr. Luis TOSI BOERI suscribió la sentencia de segunda instancia impugnada, con lo cual se declaró inhibido de oficio para conocer en estos autos (fs. 286). En función de ello, se convocó a las partes a fin de realizar el sorteo correspondiente para proceder a la integración (fs. 286), resultando designada la Sra. Ministra, Dra. Rita PATRÓN. IX) Finalmente, se acordó el dictado de sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada y por unanimidad de sus miembros, desestimará el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en base a los siguientes fundamentos. II) En primer lugar, debe tenerse en consideración que la Sra. Juez de primera instancia amparó parcialmente la demanda (fs. 190/198), fallando en el siguiente sentido: - En cuanto a la excepción de prescripción interpuesta : declaró la prescripción de los créditos que devinieron exigibles con anterioridad al 2 de enero de 2012 (Considerando 1º), fs. 194). - En cuanto a las horas extras derivadas de la aplicación del régimen de la Industria -48 horas semanales- cuando debió aplicarse el del Comercio -44 horas semanales , la Sede consideró que le asistía razón a la parte actora en cuanto a que en el periodo reclamado, atento a que la empresa pertenece al Grupo nº 7 Subgrupo nº 1, el régimen aplicado debió ser el del Comercio (Decreto-ley 14.320). Asimismo, entendió que el acuerdo celebrado en el año 2015 no se trata de un convenio ni de una transacción, sino que, simplemente responde a una decisión patronal de modificar el régimen laboral más beneficioso para sus trabajadores (Considerando nº 3. fs. 194 vto. y 195). - En cuanto a las horas extras realizadas por los auxiliares de reparto y choferes por encima de las laboradas por la errónea aplicación del régimen de la Industria (48 horas semanales ). Esta pretensión fue desestimada en primera instancia en base a una doble fundamentación, por un lado, en que los accionantes no cumplieron la carga de la debida alegación (art. 117. 4 del C.G.P.) y, por el otro, en que tampoco probaron que no se les hayan abonado las horas extras (Considerando 4º, fs. 196 vta./197 vta.). - En lo que respecta a la liquidación , la Sra. Juez de primera instancia concluyó que asistía razón a la parte demandada en que la accionante realizó una liquidación lineal, esto es, sin descontar los días de licencia, las faltas y los descansos, razón por la cual, en el punto, ordenó estar a la liquidación de la demandada (Considerando 3º, fs. 196 in fine 196 vta. y Considerando 5º, fs. 197 vta.). En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2º Turno confirmó parcialmente la sentencia de primer grado (fs. 237/242), fallando en el siguiente sentido: - En cuanto a la excepción de prescripción , la Sala revocó la impugnada en el punto en la medida de que entendió que los accionantes interrumpieron eficazmente el plazo de prescripción legalmente establecido (Considerando III), fs. 236 vta./238). - En cuanto a las horas extras derivadas de la aplicación del régimen de la Industria -48 horas semanales- cuando debió aplicarse el del Comercio –44 horas semanales . En el Considerando IV) la Sala analizó los agravios articulados por la parte demandada arribando a la solución desestimatoria, esto es, confirmó la sentencia de primera instancia en el punto en cuanto amparó la demanda (fs. 240 vta./242). - En cuanto a las horas extras realizadas por los auxiliares de reparto y choferes por encima de las laboradas por la errónea aplicación del régimen de la Industria (48 horas semanales ). La cuestión fue analizada por la Sala a fs. 238 in fine y ss. En el punto la sentencia analiza conjuntamente los agravios esgrimidos por la parte actora sobre esta cuestión con los articulados por la demandada por la condena al pago de horas extras derivadas del cambio de régimen (Industria o Comercio), ya referidos en el apartado anterior. Sin perjuicio de ello, concluyó que corresponde amparar este agravio y, en su mérito, condenó a la demandada al pago de las horas extras por el período comprendido entre diciembre de 2011 a julio de 2015, de acuerdo a la liquidación que obra de fs. 66/83 vta., con intereses, multa y daños y perjuicios hasta el efectivo pago (fs. 240 vta.). III) Delimitada la cuestión a debatir, debe verse que dos son los aspectos sobre los cuales se agravió la parte demandada, a saber: i) respecto a las horas extras derivadas de la aplicación del régimen de la Industria -48 horas semanales- cuando debió aplicarse el del Comercio -44 horas semanales- y; ii) en cuanto la Sala ordenó estar a la liquidación formulada por la parte actora. No se agravió en relación a la desestimatoria de la excepción de prescripción, ni respecto al amparo de las horas extras realizadas por los auxiliares de reparto y choferes por encima de las laboradas por la errónea aplicación del régimen de la Industria (48 horas semanales). Realizadas estas puntuali-zaciones, corresponde abocarse al análisis de mérito. IV) Agravios relativos a las horas extras derivadas de la aplicación del régimen de la Industria -48 horas semanales- cuando debió aplicarse el del Comercio -44 horas semanales- . IV.I) La recurrente señaló que la Sala incurrió en una clara contradicción dado que las premisas de las que parte no guardan relación alguna con lo resuelto. En efecto, luego de realizar un extenso análisis y de haber atribuido la “naturaleza jurídica” de “Convenio” al documento que luce a fs. 47, lo priva sin más de todo valor. Asimismo, el Tribunal afirmó que el documento de fs. 47 no reúne los elementos del art. 2147 del C.C., empero, no fundamentó cuáles serían los elementos faltantes, lo cual constituye un vicio de falta de motivación. Indicó que se equivocó la Sala al afirmar que la transacción no fue interpuesta como excepción por cuanto al contestar la demanda así como al evacuar el traslado del recurso de apelación, la parte expresamente dedujo la referida defensa. Pues bien, en el caso, a juicio de los Sres. Ministros, Dres. Eduardo TURELL, Jorge CHEDIAK, Elena MARTINEZ y Rita PATRÓN este punto litigioso no puede ser examinado en casación por cuanto se pretende atacar una cuestión sobre la cual existen dos pronunciamientos coincidentes. En efecto, lo que cuestiona la parte demandada en el punto es la procedencia de las horas extras derivadas de la aplicación del régimen de la Industria, aspecto que, como señalara, fue confirmado por la Sala. En su mérito, el recurso movilizado resulta inadmisible al amparo de lo establecido en el art. 268 del C.G.P. IV.II) La suscrita redac-tora, en cambio, considera que el recurso de casación es admisible en relación a este punto litigioso. Debe de verse que la tesis restrictiva se basa en lo establecido en el art. 268 del C.G.P., en la redacción dada por el art. 37 de la Ley No. 17.243, que establece que: “ No será procedente el recurso de casación cuando la sentencia de segunda instancia confirme en todo, y sin discordia, a la sentencia de primera instancia... ”. La jurisprudencia tradi-cional de la Corte considera que todos aquellos aspectos de la sentencia que hayan sido confirmados íntegramente en segunda instancia y no hayan sido objeto de discordia, aun cuando otros aspectos de la sentencia hayan sido modificados o respecto de los cuales haya existido discordia, no son pasibles de revisión en casación. A esa posición se ha opuesto una más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia, o que la confirme pero con discordia, la sentencia -en su integralidad- resultará pasible de ser revisada en casación. Esta tesis fue impulsada inicialmente en la discordia de la Dra. Selva KLETT a la sentencia de la Corte No. 465/2005 y ha sido compartida por la doctrina especializada (en tal sentido, véase: BARREIRO, María Virginia y TEJERA, Mariela: “Admisibi-lidad de la casación ante la doble confirmatoria y sin discordia”; LANDONI SOSA, A.; GONZALEZ S. y CABRERA R., “Procedencia del recurso de casación y alcance en hipótesis de confirmatoria parcial de la sentencia apelada” ambos en AA.VV, “XIVas Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Colegio de Abogados - IUDP, Colonia del Sacramento, 2009, págs. 187/196 y 151/168 respectivamente y LANDONI SOSA, Ángel: “El recurso de casación”, XVIIas Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Colegio de Abogados del Uruguay – IUDP, Rivera, 2015, págs. 229/254). Por lo tanto, existe otra lectura posible y más compatible con los principios propios de la vía impugnativa (así lo he sostenido desde mi ingreso a la Corte, en los fundamentos particulares consignados en la Sentencia No. 652/2017). Se postula en tal marco, una posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso que nos ocupa, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia o que la confirme, pero con discordia, la sentencia, en su integralidad , es pasible de ser revisada en casación. En criterio de la suscrita redactora, esta tesis es la que mejor se condice no solamente con el texto legal, sino con el sistema procesal en su conjunto. En particular, es la que mejor realiza el principio de libertad impugnativa, que está consagrado en el art. 244.1 del C.G.P., destacándose que cualquier restricción a la libertad de impugnación –como la que en este caso consagra la disposición legal en estudio- debe interpretarse en sentido restrictivo. La disposición en cuestión (art. 268 del C.G.P.), se limita a determinar las sentencias que pueden ser objeto del recurso, pero en ningún momento limita el contenido de éste o establece qué partes de la sentencia pueden recurrirse o no. Ahora bien, sin perjuicio de lo dicho, estima la redactora que, por resultar su posición minoritaria en el seno de la Corte, resulta estéril ingresar a examinar el mérito del punto litigioso sobre el que, a juicio de la mayoría, está vedado su control en casación. V) Agravios relativos a la liquidación . Señaló la recurrente que la sentencia además al condenar al pago de las horas extras de acuerdo a la liquidación presentada por la parte actora, realizó una errónea valoración de la prueba, ya que no se tomó en cuenta o no se analizó la prueba documental presentada por su parte. Añadió que en los recibos de sueldo por el período reclamado (2011-2015), surgen los días efectivamente trabajados y que debieron ser considerados por la parte actora y por el Tribunal a la hora de formular la liquidación. En primer lugar, la crítica formulada, adolece de graves defectos de alegación que impide el progreso del recurso de casación (art. 273 del C.G.P.). La impugnante simplemente indicó que la Sala valoró erróneamente la prueba, ya que no tomó en consideración la prueba documental presentada por su parte. Justamente, con ello desconsidera que el órgano de alzada explicitó en la sentencia impugnada que: “... corresponde la condena por concepto de horas extras que van desde el período de Diciembre de 2011 a Julio de 2015, de acuerdo a la liquidación de la parte actora que obra de fs. 66 a 83 vto., en tanto no agrega documento alguno que respalde su liquidación y por ende es de aplicación el principio de disponibilidad probatoria ” (fs. 240 vta.). El Tribunal, con total acierto, se ciñó a la liquidación formulada por la parte actora por entender que la demandada no aportó al contestar los elementos documentales que respaldaran su liquidación alternativa. Lo único que la demandada “anexó” con la contestación fueron planillas de Excel de cálculo de horas extras -confeccionados por ella misma- (fs. 100/113). Se limitó a oponerse a la liquidación y a señalar que no se descontaron los días en los que los trabajadores gozaron de su licencia reglamentaria, estuvieron amparados por el seguro de enfermedad o que faltaron a trabajar (fs. 115 vta./116). Además, los recibos de sueldo que agregó la parte actora no alcanzaron todo el período reclamado (fs. 48/59 y 84/91) y, de hecho, la demandada -a instancias de la parte actora- fue intimada a presentar recibos de sueldo y jornales de los comparecientes, horas extras y demás remuneraciones, planillas de trabajo, marcas del reloj y planillas de control de ingreso de los auxiliares de reparto por el período 2011-2015 (fs. 63), la que fue cumplida a fs. 142. Pese a ello, al ser intimada y agregar recibos de sueldo, planillas de trabajo y registro de entradas y salidas, en casación ni siquiera formuló una valoración probatoria alternativa que ilustrara y justificara la liquidación que formuló en ocasión de contestar la demanda . Como indica DE LA RÚA es necesario que se indique cuál es la aplicación que se pretende, con lo cual quedará señalado el error atribuido a la sentencia. La exigencia se cumple indicando cuál es la norma que debió ser aplicada, y con qué alcance y sentido, de manera de precisar la interpretación errónea que se atribuye al Tribunal de juicio. Adviértase que mientras la ley por una parte exige la “concreta mención de la disposición violada”, en este punto no se conforma ya con la simple mención de la norma que debió aplicarse, sino que exige eso y algo más, es decir, que sea señalada cuál es la aplicación que se pretende, de dónde deriva la necesidad de suministrar la inteligencia de esa aplicación. La enunciación del motivo debe ser clara y expresa, de modo que permita individualizar concretamente el vicio que justifica la impugnación. (DE LA RÚA, F., “El recurso de casación. En el Derecho Positivo Argentino”, Víctor P. DE ZAVALÍA-Editor, Buenos Aires, 1968, págs. 221 a 223). En igual sentido, señala MOLINA SANDOVAL que la idea esencial es que, de la sola lectura del recurso, el tribunal pueda tener una idea lo más aproximada posible a la problemática suscitada y, fundamentalmente, los intereses de las partes, que son los que sustentan las pretensiones procesales. Se requiere una adecuada armonía entre autosuficiencia, claridad y síntesis, pero fundamentalmente estrategia recursiva. El recurso de casación debe evitar hacer desarrollos de carácter general y debe procurar desarrollar un esquema argumental concreto y específico con relación a lo que es objeto de la crítica (MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: “Recurso de Casación”, ADVOCATUS, 1ª Edición, Córdoba, 2016, págs. 231 y 232). En el caso, la recurrente ha incumplido, como se dijo, con el requisito formal-mente establecido, por cuanto el desarrollo argumental se revela como una crítica absolutamente general, desaprensiva y desconectada de la sentencia, sin un análisis particular y concreto que revele los defectos de la decisión del órgano de mérito. No indicó la recurrente cuál sería la correcta solución de la situación jurídica, ya que no especificó ni individualizó con rigor mínimo cuáles fueron los elementos soslayados por la Sala. Como afirmara VESCOVI, es necesario que se indique cuál es la aplicación de la norma que se pretende, lo que dicho de otro modo significa que debe reclamarse que se indique el error y la correcta solución de la situación jurídica objeto de la sentencia de que se recurre. La invocación debe ser clara y no mera referencia o crítica general (VESCOVI, E., “Derecho Procesal”, Tomo VI (2ª parte), Ediciones IDEA, Montevideo, 1985, pág. 198). De cuanto viene de decirse, la causal de impugnación referida no surge, expresa o implícitamente, invocada en términos que habiliten su análisis en casación. Por tratarse, entonces, de un extremo que no surge de la expresión de agravios, la Corte no puede ingresar a su análisis. Ello implica el rechazo de la causal de casación referida y la consiguiente intangibilidad del material fáctico relevado, según reiterada y conocida jurisprudencia de la Corporación. En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia debidamente integrada y por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS FICTOS EN LA SUMA DE 20 B.P.C. NOTIFÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVANSE LOS AUTOS CON LAS FORMALIDADES DE ESTILO.