Sentencia Definitiva N° 1.229/2019

Montevideo, ocho de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva en estos autos caratulados: “PÉREZ PÉREZ, GABRIELA Y OTROS C/ ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO –ASSE – COBRO DE PESOS – EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 6 DE LA LEY NRO. 19.121 Y CASACIÓN” , IUE: 2-35352/2016, venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la Sentencia Definitiva SEF-0003-000115/2018 DFA-0003-000439/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno, el día 17 de julio de 2018. RESULTANDO : I) En autos, comparecieron los integrantes de la parte actora, quienes dedujeron demanda de cobro de pesos y enriquecimiento injusto, contra la Administración de Servicios de Salud del Estado (en adelante: “ASSE”). Expresaron que son personal presupuestado de ASSE y reclamaron el pago de los siguientes rubros: descansos intermedios, prima por antigüedad, diferencias en los salarios, entrega de uniformes y su lavado especial y, daños y perjuicios. Además, solicitaron condena de futuro, al amparo de lo establecido en el art. 11.3 del C.G.P. II) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 53/2017, de fecha 19 de octubre de 2017, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 10mo. Turno, falló: “Rechazase la demanda instaurada. Las costas y costos en el orden causado ” (fs. 249-254 vto.). III) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia SEF 0003-0000115/2018 DFA 0003-000434/2018, de fecha 17 de julio de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno, falló: “ Confírmase la sentencia apelada, sin condenación en la instancia ” (fs. 284-287). IV) Contra dicha sentencia, la parte actora interpuso el recurso de casación en estudio. En tal sentido, expresó, en síntesis, los siguientes agravios: a) Agravios relativos a los uniformes . Dedujo la parte actora agravio por el rechazo de la condena al pago del rubro “Uniformes y su lavado”. Recordó que el Tribunal desestimó dicho rubro sobre la base de que fue recién al apelar, que los reclamantes especificaron el lugar de trabajo (anatomía patológica y block de maternidad del Hospital Pereira Rossell). Indicó que tal aseveración no es verdadera, porque la Sede conoció el lugar de trabajo en la demanda, durante el proceso y la prueba rendida. En la demanda se especificaron adecuadamente los extremos necesarios para el progreso de la pretensión. Puntualmente, indicaron el área a la que pertenecen al pedir la declaración de los Jefes del Servicio de Anatomía Patológica y Recién Nacidos y al solicitar la inspección judicial en dichos sectores. Se probó que en dichos sectores resulta preceptiva la entrega de uniformes completos en cantidad de dos por año y los actores no los recibieron durante el período reclamado. Así quedó acreditado con la intimación realizada a la demandada. Además, cuestionó la valoración del material probatorio que sobre este rubro realizó la Sala. En definitiva, expresó que se ha desconocido la normativa que obliga a la Administración a proporcionar y a lavar los uniformes a su costo, por lo que corresponde casar la sentencia en cuanto repelió dicho rubro. b) Agravios referidos a los descansos intermedios trabajados . También cuestionó que se haya rechazado la condena al pago del rubro descansos intermedios trabajados. En primer lugar, controvirtió el argumento de que no existe una norma de derecho positivo que expresamente consagre el derecho al descanso intermedio para los reclamantes. El derecho a la limitación de la jornada es de fuente constitucional, por lo que no puede coartarse por vía estatutaria; resulta inapropiada la apelación a lo establecido en el Estatuto del Funcionario Público (Ley No. 19.121). Indicó que el informativo testimonial demuestra que los descansos intermedios no eran respetados. Los testimonios de los que hace caudal la Sala, confirmaron que permanecen todo el tiempo a la orden y no gozan de la media hora de descanso ni recuperan el dominio de su libertad durante la pausa. El fallo comete un error de hecho y de derecho, porque confunde la posibilidad de ingerir algún alimento durante la jornada con el descanso intermedio que, técnicamente, es otra cosa. Conceptualmente, el tiempo de descanso intermedio es un período en el que el trabajador recupera el señorío sobre su tiempo, sin estar sujeto al poder de dirección del patrono. Quedó comprobado que el personal no descansó y, tal extremo, quedó acreditado en la causa. Ninguno recobró el dominio de su tiempo por la media hora, fuera del ámbito de dominio del patrono. Se trata de un error en la aplicación del derecho, porque los hechos probados no demuestran que los actores hayan gozado del descanso intermedio. Por tal motivo, corresponde imponer la condena pretendida al pago de dicho rubro. V) Habiéndose sustanciado el medio impugnativo movilizado (fs. 301), no fue evacuado por la contraparte. VI) Franqueada la casación (fs. 304), los autos fueron recibidos por el Cuerpo el día 18 de setiembre de 2018 (fs. 308). VII) Conjuntamente con el recurso de casación, la promotora presentó excepción de inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley No. 19.121, la cual fue desestimada por Sentencia No. 387/2019, de fecha 18 de febrero de 2019 (fs. 337-338). VIII) Por Auto No. 323/2019, de fecha 11 de marzo de 2019 (fs. 343), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia, al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por mayoría, la que se indicará en relación a cada uno de los agravios, desestimará el recurso de casación deducido en mérito a los siguientes fundamentos. II) Agravios relativos a la desestimatoria del rubro “Uniformes y su lavado” . La Suprema Corte de Justicia, por mayoría, integrada por los Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y el redactor, desestimará los agravios deducidos sobre el punto. La Sala desestimó el reclamo en el entendido de que los accionantes no especificaron su lugar de trabajo en la demanda. Recién al deducir recurso de apelación relacionaron los lugares concretos de desempeño de la labor (anatomía patológica, block y maternidad del Hospital Pereira Rossell). Sabido es que no todos los trabajadores tienen derecho a ese rubro, sino los que se desempeñan en determinadas labores dentro de la Administración. Era carga de los actores relacionar en su demanda el lugar de desempeño funcional, para que pudiera progresar el reclamo. No es de recibo la crítica de la recurrente, quien sostiene que la omisión de especificar el lugar de trabajo se ve suplida por el ofertorio de prueba. Para que una exposición sobre los hechos pueda tenerse por admitida, debe relacionarse por el demandante; el ofrecimiento de un medio probatorio no puede relacionarse sino con una proposición sobre los hechos proferida por la parte. Es a esta altura un valor entendido a nivel de la Teoría del Derecho (y de Teoría de la Prueba en particular), que no son los hechos en bruto, los que se prueban en el proceso, sino las proposiciones sobre los hechos. Como observa Taruffo: “...en el proceso ‘el hecho’ es en realidad lo que se dice acerca de un hecho: es la enunciación de un hecho, no el objeto empírico que es enunciado” (TARUFFO, M: “La prueba de los hechos” , Trotta, Madrid, 2009, pág. 114). Dice este mismo autor en otra de sus obras que: “Cuando hablamos de la verdad de un hecho, en realidad hablamos de la verdad de un enunciado acerca de ese hecho” (TARUFFO, M: “La prueba” , Marcial Pons, Madrid, 2008, pág. 19). En sentido coincidente, Ubertis señala que la relación del juez, no es con los “hechos” , sino con los “enunciados fácticos” . La actividad probatoria como tal, está orientada al resultado cognoscitivo de permitir o no el descubrimiento de la verdad de uno de los enunciados fácticos integrantes del tema a probar (Cf. UBERTIS, G: “Elementos de epistemología del proceso judicial” , Trotta, Madrid, 2017, págs. 20-21). Desde esta perspectiva, parece claro que para que pueda concluirse que una parte ha probado la existencia de un hecho o, dicho más precisamente, para que pueda tenerse por probado el enunciado sobre la existencia de un hecho, dicho enunciado debe formularse o proferirse en el acto de proposición (verbalizarse). Debe enunciarse por quien tiene interés en que se tenga por cierto y, sobre todo, en que se desencadenen los efectos que el ordenamiento prevé para el caso de su ocurrencia (Cf. Sentencia No. 1580/2018). En este caso, los actores no especificaron en su demanda el lugar en dónde desempeñaban sus funciones, en orden a demostrar que tenían derecho al beneficio que reclamaron (uniformes y su lavado). En consecuencia, la Corporación comparte el criterio adoptado por el Tribunal en cuanto a que la promotora, en su acto de proposición inicial, incurrió en graves deficiencias de alegación, las cuales, en definitiva, obstan el amparo del rubro reclamado. El actor tiene la carga de plenitud e integridad del libelo pretensivo. Dicho imperativo debe cumplirse a cabalidad en el relato fáctico, donde no debe soslayarse ninguno de los hechos principales para la suerte de la pretensión. La ausencia o falta de los hechos que pudieron haber fundado una solución favorable al actor, tiene como consecuencia que el juzgador no pueda tomar en cuenta el hecho no invocado, so pena de incurrir en vicio de incongruencia (Cf. KLETT, S.: “Proceso ordinario en el Código General del Proceso” , T. I, FCU, Montevideo, 2014, págs. 239 y 241-242). Si el actor desea tener éxito debe exponer en su demanda los antecedentes de hecho de los que surja la relación jurídica litigiosa; debe aportar la suma de los hechos constitutivos. La mención ordenada de los que sean importantes tiene superlativo interés para identificar el proceso (Cf: VÉSCOVI, E y Otros.: “Código General del Proceso (comentado, anotado y concordado )”, T. 3, Abaco, Buenos Aires, 1998, págs. 95-96). Es un valor entendido que por el principio de auto responsabilidad, la ambigüedad u oscuridad de la demanda obre en disfavor del demandante, como consecuencia lógica del onus de claridad que gravita sobre éste. Por otra parte, resulta estéril la introducción del detalle de los lugares de trabajo al momento de plantear el recurso de apelación. No era la estación procesal oportuna. Lo clave y determinante para que la suerte de este agravio esté sellada, es que el extremo fundante del mismo no fue derechamente alegado en la demanda. Ninguna declaración o condena puede disponer un juez sino es en función de los hechos alegados por las partes en la oportunidad procesal correspondiente (arts. 117 nral. 4 y 198 del C.G.P.). Nuestra jurisprudencia ha reprobado este tipo de conductas procesales, consistentes en variar (o complementar) la versión de los hechos conforme avanza el proceso, lo que contaría los deberes de buena fe y lealtad procesal (Cf. TAC 6º, Sentencia No. 282/2008 con nota de jurisprudencia de Gustavo Nicastro: “Contradicción entre los hechos narrados en la demanda y los expuestos en la amplificación de la demanda” , RUDP, 2/2008, págs. 240-245; en la jurisprudencia de la Corte -en el mismo sentido- corresponde recordar la reciente Sentencia No. 1990/2017). En definitiva, por los fundamentos expuestos, los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y el redactor, estiman que corresponde desestimar los agravios articulados sobre el punto. III) Agravios relativos al rechazo de la pretensión por descansos intermedios trabajados . Los actores alegaron tener una jornada de 6 horas de trabajo y no haber gozado de descanso intermedio. Pretendieron derivar su derecho de la aplicación de normas constitucionales y de la normativa análoga aplicable a los trabajadores de la actividad privada. Sobre la base de la igual protección constitucional del derecho a la limitación de la jornada (artículo 54 de la Constitución), concluyen los recurrentes que les corresponde ser indemnizados por no haber gozado del descanso intermedio. A efectos de arribar a esa conclusión, sostienen que el concepto de descanso intermedio se encuentra comprendido dentro del derecho a la limitación de la jornada de trabajo y que los integrantes de la parte actora tienen el mismo derecho que los trabajadores de la actividad privada que cumplen la misma tarea. Los reclamantes son funcionarios dependientes del servicio descentralizado ASSE y, en tanto tales, tienen una especial situación en cuanto a la regulación de sus derechos. Este rubro fue rechazado por la Sala por dos órdenes de razones. En primer lugar, por entender que los trabajadores de la demandada no tienen normativamente consagrado el beneficio del descanso intermedio. Señaló el Tribunal que el Estatuto del Funcionario Público (Ley No. 19.121) no prevé el referido beneficio, que solo ampara a los trabajadores del sector privado. En segundo lugar, la Sala hizo caudal de las declaraciones testimoniales recabadas durante el proceso, que demuestran que los reclamantes podían alimentarse durante el curso de su jornada. Por lo tanto, la prueba testimonial resulta parcial y no concluyente para tener por acreditado que la jornada se realizaba de manera continua. La Suprema Corte de Justicia, por mayoría, integrada por los Sres. Ministros Dres. Turell, Martínez y el redactor, desestimará los agravios deducidos en el punto. A criterio de la mayoría, más allá de si los accionantes descansaban o no efectivamente, la pretensión formulada no puede progresar, pues parte de un sustento jurídico equivocado. Los Sres. Ministros, Dres. Minvielle y Tosi, por su parte, consideran que los agravios son de recibo, por cuanto entienden que, efectivamente, quienes integran la parte actora son titulares de un derecho subjetivo al descanso intermedio, por los argumentos que desarrollarán en la discordia que extienden a esta decisión. III.1) En cuanto a la aplicación de la Ley No. 19.121 a los funcionarios de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) . Los promotores son funcionarios del servicio descentralizado Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y, por tanto, no se encuentran comprendidos en la norma que regula la situación de los funcionarios de la Administración Central. La Corporación ya ha tenido ocasión de pronunciarse “ incidenter tantum” sobre el punto al analizar la legitimación de funcionarios de la entidad estatal demandada al resolver la inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley No. 19.121. Así, en Sentencia No. 1641/2018 (entre muchas otras), la mayoría compuesta por los Ministros Doctores Eduardo Turell, Elena Martínez, Doris Morales (quien integraba la Corte por encontrarse vacante uno de sus cargos) y el redactor, y en términos que cabe reeditar, sostuvo: “Corresponde desestimar la excepción de inconstitucionalidad impetrada, por cuanto los excepcionantes carecen de legitimación activa, esto es, no son titulares de un interés que pueda ser calificado como directo, personal y legítimo. Ello en la medida de que la norma impugnada (art. 6 de la Ley No. 19.121), en opinión de los Sres. Ministros Dres. Jorge Chediak, Elena Martínez, Doris Morales y el redactor [Doctor Eduardo Turell] , no les resulta aplicable (...) Veamos. El art. 6 de la Ley No. 19.121 (denominada ‘ Regulación del estatuto del funcionario público de la Administración Central’ ) se encuentra contenido en el Capítulo II (‘ Condiciones de trabajo, derechos, deberes y obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades’ ) y establece: ‘(Jornada ordinaria de trabajo).- La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios públicos que ingresen a partir de la vigencia del presente Estatuto, será de ocho horas diarias efectivas de labor y cuarenta horas semanales, con un descanso intermedio de treinta minutos, período que integra la jornada y será remunerado como tal. El Poder Ejecutivo podrá establecer regímenes horarios extraordinarios o especiales, atendiendo a razones de servicio debidamente fundadas, con informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil’. (...) La norma transcripta debe analizarse conjuntamente con los arts. 1 y 2 ejusdem . El art. 1º de la Ley No. 19.121 establece que el estatuto disciplinado en el cuerpo formativo ‘ ...tiene por objeto regular las relaciones de trabajo del Poder Ejecutivo con sus funcionarios públicos , en un marco de profesionalización, transparencia, eficacia y eficiencia’ . A su vez, el art. 2º disciplina el ámbito subjetivo de aplicación, el cual comprende a ‘ ... los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo , con excepción de los funcionarios diplomáticos, consulares, militares, policiales y de los magistrados dependientes del Ministerio Público y Fiscal’ . Conforme emerge de la normativa transcripta, la disposición impugnada, contenida en el estatuto regulado por la Ley No. 19.121, se aplica exclusivamente a los funcionarios de la Administración Central. A tal conclusión se arriba, indefectiblemente, mediante la aplicación de los criterios de interpretación postulados en el C.C. (arts. 17 y ss.). En primer lugar, el tenor literal de los arts. 1 y 2 resulta claro en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación del estatuto el que, la propia norma, denomina ‘ Regulación del estatuto del funcionario público de la Administración Central’ . Esto es, disciplina las relaciones de trabajo del Poder Ejecutivo con sus funcionarios públicos, resultando contundente la Ley en este sentido. En segundo término, también conduce a la misma conclusión una interpretación sistemática de las disposiciones del estatuto (art. 20 del C.C.). En este sentido y, a los efectos de analizar el alcance de los arts. 1 y 2 de la Ley No. 19.121, resulta de suma utilidad lo establecido por el art. 102 ejusdem . La citada norma señala: ‘ A los efectos del presente Estatuto se considerarán disposiciones transitorias y especiales las siguientes: (...) F) El contenido de lo dispuesto en los artículos que refieren a objeto, definición, principios fundamentales y valores organizacionales, requisitos formales para el ingreso a la función pública, descanso semanal, reducción de jornada, licencia anual reglamentaria, licencias especiales, acumulación de remuneraciones y excepciones, descuentos y retenciones sobre sueldos, sueldo anual complementario, hogar constituido, asignación familiar, prima por antigüedad, prima por matrimonio o concubinato reconocido judicialmente, prima por nacimiento o adopción, Fondo Nacional de Salud, seguro de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, jubilación, libertad sindical, derechos colectivos, enumeración de deberes y obligaciones, enumeración de prohibiciones e incompatibilidades, evaluación de desempeño, principios generales, definición de evaluación por desempeño, definición de cargo, titularidad del cargo, ascenso, derecho al ascenso, obligación de subrogar, potestad disciplinaria, principios generales, definición de falta, apreciación de la responsabilidad disciplinaria, recursos administrativos, desvinculación del funcionario público, en lo que correspondiere, será tenido en cuenta para su aplicación gradual a los funcionarios dependientes de los organismos comprendidos en los literales B) a E) del artículo 59 de la Constitución de la República, en un plazo máximo de veinticuatro meses, previo a dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2009’. La disposición transcripta prevé que ciertos aspectos del estatuto establecido por la Ley No. 19.121, en lo que correspondiere y en un plazo máximo de 24 meses, se tendrán en cuenta para su aplicación gradual a los funcionarios dependientes de los organismos comprendidos en los literales B) a E) del artículo 59 de la Constitución Nacional (dentro de los cuales se encuentran los accionantes -Literal E-). Pues bien, si el propio cuerpo normativo proyectó en su art. 102 una aplicación gradual de sus disposiciones a los funcionarios de los Servicios Descentralizados (entre ellos A.S.S.E.), resulta, indefectiblemente, que el legislador no los consideró incluidos dentro de su ámbito subjetivo de aplicación. Esto es, si el estatuto abarcara a todos los funcionarios de los organismos comprendidos en el art. 59 de la Constitución Nacional, cabría preguntarse: ¿Por qué entonces prevé una aplicación gradual de sus disposiciones? La respuesta resulta clara: se proyecta porque esos funcionarios no se encuentran comprendidos en el estatuto previstos para la Administración Central. Aún más, con posterioridad, esto es, en diciembre de 2015, se modificaron y se derogaron dos literales del art. 102 (B y C), permaneciendo, por voluntad del Legislador, inalterado el citado literal F (ver arts. 225 a 227 de la Ley No. 19.355 de fecha 19 de 12 de 2015). (...) Asimismo y, sin perjuicio de la enjundiosa fundamentación realizada por la Sra. Ministra Dra. Minvielle, a partir de lo establecido en el art. 59 de la Constitución Nacional, no puede arribarse a una conclusión diversa, so pretexto de realizar una interpretación ajustada a la Constitución. Ello, implica una interpretación abrogatoria de las claras disposiciones contenidas en los arts. 1, 2 y 102 de la Ley No. 19.121, aspecto que no se puede compartir. Una cosa es realizar una interpretación de la norma conforme a la Constitución y otra, muy diferente, es suplir el texto legal o tenerlo por no escrito. En consecuencia, la interpretación que se pregona no es a contario sensu , sino que, a partir de las normas sancionadas, es la que se ajusta a la clara voluntad del Legislador. El art. 59 de la Carta preceptúa: ‘ La ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Sus preceptos se aplicarán a los funcionarios dependientes: A) Del Poder Ejecutivo, con excepción de los militares, policiales y diplomáticos, que se regirán por leyes especiales. B) Del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso- Administrativo, salvo en lo relativo a los cargos de la Judicatura. C) Del Tribunal de Cuentas. D) De la Corte Electoral y sus dependencias, sin perjuicio de las reglas destinadas a asegurar el contralor de los partidos políticos. E) De los Servicios Descentralizados, sin perjuicio de lo que a su respecto se disponga por leyes especiales en atención a la diversa índole de sus cometidos’. Asimismo, el art. 59 de la Constitución no establece que la regulación para alguno de los organismos que enumera se deba extender a los restantes, sino que, por el contrario, le encomienda la regulación del Estatuto del funcionario a la ley. Pues bien, en este punto cobra protagonismo el principio de separación de poderes, de indudable raigambre constitucional y de incidencia decisiva, para la dilucidación de la cuestión debatida en autos. En efecto, si el Legislador determinó ciertamente el alcance subjetivo del estatuto regulado en la Ley No. 19.121 (arts. 1, 2 y 102), el Poder Judicial no puede, sin que dichas normas hayan sido declaradas inconstitucionales, considerar que no fueron sancionadas a partir de una interpretación abrogatoria. En la subexamine , los arts. 1, 2 y 102 de la Ley No. 19.121 no fueron cuestionados por los promotores y, en consecuencia, no corresponde analizar su regularidad constitucional. Por tanto, el Legislador tuvo más que presente que estaba excluyendo a los restantes organismos previstos por el artículo 59 de la Constitución del régimen del Estatuto de los Funcionarios de la Administración Central. Ese desconocimiento de la voluntad claramente manifestada por el Legislador solamente podría resultar de la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones, lo cual no fue solicitado por la parte por tales fundamentos. (...) Los excepcionantes, conforme surge del propio acto de proposición inicial y no se encuentra debatido en autos, son personal presupuestado de A.S.S.E. y, en su mérito, no les resulta aplicable el conjunto de condiciones de trabajo, derechos, deberes y obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades, contenidos en el estatuto regulado por la Ley No. 19.121. Este extremo fue reconocido por los propios actores en oportunidad de deducir la demanda y, por A.S.S.E., al momento de contestar la inconstitucionalidad impetrada por vía de excepción (fs. 380 vto.). En este mismo sentido se pronunció el Fiscal de Corte a fs. 386 vto. ‘ Conforme puede observarse, el Estatuto de referencia es de aplicación exclusivamente para aquellos funcionarios públicos de la Administración Central que ingresaron a la misma a partir de su entrada en vigencia, hipótesis que no encarta en la situación funcional de la parte actora, la cual reclama emolumentos originados por su labor para la Administración de Servicios de Salud del Estado (A.S.S.E.)’”. Felipe Rotondo , al analizar los decretos reglamentarios de la Ley, parece sostener esta posición en cuanto señaló: “Dado el importante número de decretos reglamentarios de la Ley No. 19.121 de 20-VIII-2013, en estas líneas se trata de efectuar una breve presentación de los que han sido dictados a la fecha (23-II-2015). Una vez más, corresponde tener presente que esa ley aprobó el Estatuto que rige ‘las relaciones de trabajo del Poder Ejecutivo con sus funcionarios’, de manera que ese cuerpo legal se circunscribe a ‘todo individuo que, incorporado mediante un procedimiento legal, ejerce funciones públicas en un organismo’ de ese Poder, ‘bajo una relación de subordinación y al servicio del interés general’ (Arts. 1 a 3 de la ley citada). Al efecto se seguirá el orden cronológico de dichos decretos, salvo cuando estén directamente interrelacionados entre sí” (ROTONDO, Felipe “Estatuto del funcionario de la administración central”, CADE 8677). En igual sentido se han pronunciado Larrañaga y Figueredo (en obra coordinada por Durán Martínez) quienes en el apartado titulado “El limitado ámbito de aplicación de la Ley 19.121 y los problemas que conlleva”, señalan: “... la Ley nº 19.121, no es el estatuto del funcionario público, sino tan sólo el Estatuto de la mayoría de los funcionarios del Poder Ejecutivo, puesto que existen varios se ven expresamente excluidos de su aplicación como diplomáticos, funcionarios consulares, militares, policías y magistrados dependientes del Ministerio Público y Fiscal (Artículo 2). Por otra parte, sólo reciben una aplicación parcial los dependientes de la Dirección General Impositiva, Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General de Casinos (Artículo 102 literales B y C). No existe fundamento alguno para establecer las últimas exclusiones” Y, más adelante, agregan: “La Ley Nº 19.121 (...) no sólo (...) crea un estatuto especial para los funcionarios específicos de un Poder (...) sino que ni siquiera es de aplicación a todos los funcionarios que trabajan para el mismo” (LARRAÑAGA LARGHER, María Victoria y FIGUEREDO SIMONETTI, Roberto “La incidencia del derecho laboral en la Ley 19.121” en “Funcionarios Públicos”, Coordinado por DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. UCU, Págs. 136 y ss) . III.2) En cuanto a la posibilidad de extraer el derecho al goce del descanso intermedio por la aplicación de normas y principios del Derecho Laboral. No se encuentra debatido en autos que, no siendo aplicable a los accionantes la Ley No. 19.121, el Texto Ordenado de normas sobre Funcionarios Públicos (TOFUP) no consagra para los funcionarios de ASSE el beneficio del descanso intermedio. Sobre esa base la actora formuló su demanda. En ella se alegó que el descanso intermedio es un derecho fundamental (artículos 72 y 332 de la Constitución), que le corresponde a cualquier trabajador, sea del sector público o del privado. Por su parte, la demandada repelió esa argumentación en el entendido de que si no existe previsión estatutaria al respecto, corresponde desestimar la demanda. A criterio de la mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Turell, Martínez y el redactor, le asiste razón a la demandada y, por tanto, no corresponde amparar el reclamo. Si bien existen ciertas normas aplicables con independencia de si el trabajador es público o privado, la Carta prevé expresamente la existencia de estatutos aplicables a los funcionarios públicos, brindando determinados lineamientos (artículos 59 y 63). No resulta jurídicamente acertado trasladar sin más todas las normas que regulan el derecho del trabajo a los funcionarios públicos, quienes se encuentran vinculados al Estado por una relación estatutaria. En este sentido, Sayagués Laso señala que “...resulta claro que el funcionario se encuentra en una situación estatutaria de origen constitucional, legal o reglamentario, según los casos. En efecto, los funcionarios están sometidos a un régimen jurídico cuya existencia es anterior al momento de su ingreso a la función pública, que ha sido creado unilateralmente por la entidad estatal y que, por lo tanto, puede modificar en cualquier momento, para adaptarlo a las necesidades de la Administración. En el derecho público moderno, ciertas normas fundamentales que regulan la condición de los funcionarios, figuran en los textos constitucionales; otras, el mayor número de ellas, en cuerpos orgánicos que reciben la denominación de ‘estatutos del funcionario’; y en todo lo no previsto por la Constitución o las leyes, rigen normas de carácter reglamentario. La circunstancia de que ese régimen estatutario sea creado unilateralmente y pueda ser modificado en la misma forma, no significa que los funcionarios estén desamparados. Las normas citadas imponen deberes igual que confieren derechos y la administración debe exigir el cumplimiento de aquéllos así como respetar éstos...”. Asimismo, el citado autor señala que debe entenderse por “estatuto del funcionario el conjunto orgánico de normas legales que regulan los derechos, deberes y obligaciones de los funcionarios públicos. Todo estatuto, pues, debe contener las disposiciones protectoras de los funcionarios relativos al ascenso, estabilidad, garantía de permanencia, derechos pecuniarios, etc., así como las que imponen obligaciones y deberes a fin de asegurar un correcto ejercicio de las funciones públicas” (SAYAGUÉS LASO, Enrique, “ Tratado de Derecho Administrativo”, T.I., FCU, 9na Ed. puesta al día a 2010 por Daniel Hugo Martins, Montevideo, setiembre de 2010, págs. 272-273). Respecto al vínculo de los funcionarios públicos con el Estado y la posibilidad de aplicar normas derivadas del Derecho del Trabajo, ha señalado la Suprema Corte de Justicia en Sentencia No. 685/2014: “Uno de los temas principales que debe abordarse en el subexamine es el relativo a la posibilidad de aplicación de los principios y las disposiciones propias del derecho del trabajo, a los vínculos emergentes de la relación entre el Estado y los funcionarios públicos. Al efecto, Ruben Correa Freitas – Cristina Vázquez al analizar el trabajo de los funcionarios públicos y el vínculo que existe entre la relación funcional y derecho general del trabajo han señalado que: ‘El ejercicio de función pública, objeto de la relación funcional, se lleva a cabo mediante la aplicación de las energías intelectuales o corporales del funcionario, en forma que redunda en beneficio de la colectividad y dándole la posibilidad de ganar su sustento...’. Precisando seguidamente: ‘En este sentido, el funcionario público es un trabajador que, como tal, resulta alcanzado por las disposiciones que rigen el trabajo como hecho social y, en especial, el trabajo subordinado. Estas disposiciones se encuentran, en el estado actual de la evolución jurídica, en una zona que sería fronteriza entre el derecho público y el derecho privado, en cuanto alcanzan a sujetos y relaciones públicas y privadas y tutelan intereses de ambos tipos. No constituyen una disciplina jurídica autónoma sino un ‘régimen jurídico’. Cabe recordar, como señalan los citados autores que: ‘La relación funcional es el vínculo jurídico especial que une al funcionario con la entidad estatal, por el cual aquel se obliga a realizar función pública, en la forma y condiciones que el Estado establezca unilateralmente...’ agregando de forma concluyente: ‘En su carácter de sujeto de un vínculo en el cual la otra parte es una entidad estatal, el funcionario se encuentra sujeto, además, a las disposiciones que se le aplican en cuanto tal. Estas son normas de Derecho público, de origen constitucional, legal o reglamentario e integran el estatuto material’ (Cfme. aut. cit. ‘Manual de derecho de la función pública’, pág. 47). Trasladando estos conceptos al subexamine no cabe sino concluir que la aplicación normativa efectuada por la Sala resultó ajustada a tales parámetros en tanto no obstante ser cierto que el vínculo existente entre el Estado y los funcionarios públicos es por esencia de naturaleza laboral, se encuentra sujeto asimismo a una regulación específica, emanada de disposiciones tanto de rango constitucional (como el art. 63 de la Carta Magna, v. gr.) como legal, debiendo analizarse en cada caso cuál es el marco regulatorio de su actividad, y a él corresponde estar” (Ver también Sentencias Nos. 748/2014 y 187/2016 de la Suprema Corte de Justicia). El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno en Sentencia No. 350/2013, en relación a los funcionarios policiales, en términos que resultan trasladables, ha consignado: “ La parte actora pretende que el régimen de trabajo que le comprende sea el que a ella conviene y no el que resulta del ordenamiento jurídico. Más allá de reconocer ciertos derechos a los trabajadores independientemente de que se desempeñen en el ámbito privado o en el público, la propia Constitución prevé que existan soluciones estatutarias aplicables a los funcionarios públicos, cuya reglamentación comete a la ley, fijando ciertas bases (v.g.: el funcionario estará para la función y no a la inversa) y sujetando la actividad a todo el régimen presupuestal constitucional de creación y dotación de cargos y funciones públicas, ingresos y egresos estatales, etcétera (art. 86); previéndose incluso la existencia de estatuto especial para el personal policial, militar o diplomático (art. 59 eiusdem). Por consiguiente, no puede partirse de la base de un tratamiento idéntico a los trabajadores privados, regidos por el Derecho Laboral, y los funcionarios públicos, regidos por el Derecho Público Constitucional y Administrativo, pues tales ordenamientos pueden consagrar soluciones disímiles, beneficios, deberes y tratamientos distintos, con perfecta adecuación a la Constitución. La Sala ha expuesto reiteradamente que no corresponde extender sin más a los funcionarios públicos soluciones propias del Derecho Laboral privado, y menos aún en violación del régimen presupuestario constitucional (v.g. sentencias Nos. 49/2007, 136/2010, 51/2012, 96/2012). La jurisprudencia de los Tribunales de Apelaciones es conteste en no admitir reclamos de funcionarios policiales o bomberos como el que motiva esta litis, por no hallarse comprendido en el régimen estatutario el pago de otras extras ni descansos intermedios fuera de los límites fijados por Convenios Internacionales del Trabajo, Ley Orgánica Policial (Nº 13963, arts. 34, 38) y reglamentaciones específicas, que no asignan al actor derechos como el que postula, en virtud de su estado policial y condiciones concretas de trabajo (Cf. y más ampliamente, sentencias Nos. 40/2012 del Similar de 1er. Turno, 272/2011 del Homólogo de 4º Turno, 137/2010 y 336/2011 del Similar de 6º Turno)”. En la misma línea de argumentación se pronunció el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno en la Sentencia No. 142/2012. Por tanto, trasladando dichos conceptos al planteo formulado en este proceso, no resulta posible derivar el derecho al descanso intermedio que tiene su origen en normas del Derecho del Trabajo, a los funcionarios del Estado que no los tienen previstos en su estatuto. IV) La correcta conducta procesal de ambas partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del C. Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 20 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. Ministro Dr. Eduardo Turell: DISCORDE PARCIALMENTE: CORRESPONDE AMPARAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN, EN CUANTO AL RUBRO ENTREGA DE UNIFORMES . Los actores fundaron su pretensión de entrega de los uniformes de trabajo a cargo del empleador, en este caso ASSE, en los Decretos Nos. 291/007 y 406/988. Todos los reclamantes son personal asistencial, se desempeñan en el Hospital Pereyra Rossell, y sin perjuicios de que no determinaron el área en que desempeñaban tareas, la normativa obliga al patrono a entregar el uniforme. La norma invocada en apoyo de lo pretendido, esto es el Decreto No. 406/1988, es aplicable a toda actividad, pública o privada, en materia de prevención de accidentes de trabajo y establece la obligación de otorgar ropa de trabajo adecuada para cada tarea por parte del empleador en forma gratuita (artículos 1, 24 y 27). En el caso debe verse que al contestar la demanda A.S.S.E no objetó la procedencia de la obligación de proporcionarlos, indicó únicamente que la actora no señalaba que uniformes debían ser entregados. Contradicción que no puede ser aceptada, en la medida que tenía conocimiento de cargos y actividades que desempeñaban cada uno de los actores, lo que le permitía discernir cuales serían los uniformes correspondientes a cada uno de ellos y formular la oposición que correspondía. Además ASSE sostuvo en su contestación que el Hospital Pereyra Rossell entrega el uniforme a sus funcionarios, sin embargo ningún prueba produjo en el punto cuando era su carga acreditar la entrega invocada. Por tanto corresponde disponer la condena a abonar dicho rubro con el límite temporario que se dirá. En la demanda se reclamó por dicho concepto desde Julio de 2012 en adelante. Sin embargo, la propia actora a fs. 64 vto. admite que “...a partir de 2015 debido a las numerosas demandas del personal de la salud, comenzó a entregar uno, aunque incompleto porque corresponden 2 por año por la necesidad de lavarlos a diario...”. Teniendo presente tal admisión corresponde limitar el reclamo dinerario hasta el año 2015. En definitiva a diferencia de lo señalado por la mayoría, entiendo que corresponde amparar parcialmente el recurso interpuesto, respecto del rubro señalado. Ministros Dres. Bernadette Minvielle y Luis Tosi: DISCORDES PARCIALMENTE: por cuanto consideramos -por los argumentos que desarrollaremos a continuación- que los trabajadores accionantes tienen derecho al descanso intermedio, por lo que debe acogerse parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte actora y, en su mérito, anular la sentencia impugnada, exclusivamente en lo que respecta al rubro descansos intermedios no gozados. En su lugar, corresponde condenar a la demandada a abonar a los actores, por concepto de descansos intermedios no gozados, los montos reclamados por la parte actora en la liquidación efectuada en la demanda. 1.1) El agravio de los recurrentes En la sentencia atacada, la Sala confirma la decisión desestimatoria recaída en primera instancia sobre el rubro, fundándose por un lado en que los actores son funcionarios públicos y no les alcanza el régimen de derecho laboral que establece el descanso intermedio para los trabajadores de la salud del sector privado, y por otro, en que la prueba testimonial diligenciada sobre el punto es parcial y no concluyente dado que varios testigos afirman que los funcionarios pueden ingerir alimentos durante su jornada. En su recurso de casación, los impugnantes atacan ambos fundamentos. En relación al primer argumento del Tribunal, expresan que el descanso reclamado es un derecho humano, de fuente constitucional, que no puede coartarse mediante un estatuto ya que la ley superior lo impide. Por su parte, en relación al restante fundamento de la Sala, alegan por un lado que ASSE dejó claro en su contestación que los actores no gozaron el descanso, y por otro, que la prueba testimonial acredita que aquéllos permanecen toda la jornada a la orden en cualquier circunstancia y sin abandonar el trabajo, existiendo error de hecho y derecho del Tribunal al confundir la satisfacción de una necesidad básica como es ingerir algún alimento o bebida con otra necesidad indispensable e independiente como lo es el descanso de la media hora. A nuestro juicio, les asiste razón en tales planteos. En efecto, de acuerdo a los argumentos que indicaremos a continuación, consideramos que los trabajadores subordinados de ASSE tienen derecho al descanso intermedio. A su vez, en la especie, estimamos que ha resultado acreditado que los actores no gozaron del descanso intermedio, por lo que corresponde acoger dicho rubro y condenar a la demandada a su pago. 1.2) Los actores tienen derecho al descanso intermedio . 1.2.1) La Constitución consagra el derecho al descanso intermedio de los trabajadores públicos que prestan sus servicios en el marco de una relación de trabajo subordinado . La ausencia de una norma que disponga expresamente el régimen de descanso intermedio de los trabajadores de la ASSE no implica, como lo ha postulado en este juicio la demandada, que sus funcionarios no tengan derecho al descanso intermedio. En efecto, consideramos que el derecho constitucional a la limitación de la jornada de los trabajadores subordinados, comprensivo del derecho al descanso intermedio, abarca a todos los trabajadores que se desempeñan en una relación de trabajo subordinado, ya sean públicos o privados. Tal como lo sostuviera el Dr. Luis Tosi desde la Sala del Trabajo de 2° Turno en un fallo del año 2007: “‘El funcionario público es un trabajador que, como tal, resulta alcanzado por las disposiciones que rigen el trabajo como hecho social y, en esencial, el trabajo subordinado’ (Conf. Cristina Vázquez, en el ‘Manual de Derecho de la Función Pública’, por ella escrito en coautoría con Ruben Correa Freitas, 1ª edic. pág. 47). ‘En el caso, la relación básica de las partes es una relación de trabajo subordinado. Por ende corresponde la laboralización de su regulación jurídica’. ‘Dicha laboralización emerge con toda claridad del análisis del propio régimen estatutario de los funcionarios públicos. Siguiendo a HORACIO CASSINELLI MUÑOZ, dicho estatuto tiene una doble faz; una formal (acto regla), y otra material (derivada de la Constitución, leyes, decretos y reglamentos). Y es por efecto de las normas de raigambre constitucional que se da pie a la mentada laboralización. La relación de trabajo es una sola, ya se trate de empleados públicos y privados. La propia Constitución vigente impone la igualdad de todo trabajo en beneficio ajeno, en una interpretación omnicomprensiva de su parte dogmática (en especial, a través de su art. 8). Ningún trabajador público puede tener menos garantías que uno privado’. De conformidad con CARLOS SACCHI, ‘...En definitiva, pues, estamos con la tesis unitaria la cual... consiste en no aceptar que exista diferencia esencial entre ambos tipos de relación de empleo público y privado, dado que todos tienen las mismas características en lo que hace a la prestación de servicios subordinados. Eso es lo que tiene que ver con la asimilación del trabajador público con el privado, en cuanto a la aplicación de los grandes principios del derecho del trabajo y también de normas constitucionales y legales de sustancia laboral (de derecho individual o colectivo del trabajo). ... Porque los grandes principios del derecho del trabajo... indudablemente tienen su fuente en el Derecho Constitucional...’ (CARLOS SACCHI, en ‘Responsabilidad laboral del Estado’, Cuaderno del Coloquio Nº 1, pág. 13)” , (sentencia N° 314/2007). El artículo 54 de la Constitución establece: “La ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado (...) la limitación de la jornada (...)” . Como lo ha enseñado el Profesor Cassinelli Muñoz, en cita extensa, pero necesaria por su claridad: “El artículo consagra una competencia de la ley formal, cuyo ejercicio es debido (‘ha de ...’), a la vez que implica la inherencia de los derechos allí mencionados a la situación descrita de los beneficiarios, en virtud del uso del verbo ‘reconocer’ (1). Respecto de los trabajadores privados que se encuentren comprendidos en el artículo, esto es, que se hallen en la relación de trabajo o servicio como obreros o empleados, la competencia legislativa no presenta dificultades. La legislación que se dicte quedará colocada bajo la Constitución y será a su vez reglamentada, en cuanto sea necesario para su ejecución, por actos del Poder Ejecutivo. Respecto de los funcionarios públicos, en cambio, surge el problema de la correlación entre este artículo 54 y los artículos que prevén la existencia de actos jurídicos especiales, los Estatutos de los funcionarios, cuya sanción no compete siempre a la ley (4). Es necesario resolver, pues, la coordinación entre la competencia de la ley ordinaria, consagrada en el art. 54, y la competencia del estatuto formal; establecida en los arts. 59, 62, 63, 107 y 206. Habría dos maneras muy sencillas, pero erróneas, de eliminar este problema. La primera, excluir del ámbito del art. 54 a los funcionarios públicos; la segunda, excluir de los estatutos formales la regulación de la jornada de trabajo. El error de la primera solución ya ha sido señalado por mí en otra ocasión (5). Deriva de una falsa valoración de la relación entre la norma general y la norma especial: la exigencia de reglas especiales para los funcionarios públicos no excluye la aplicación a éstos de las reglas generales para todas las personas, o para todos los trabajadores, o para todos los habitantes, en todos los puntos en que no haya contradicción con un texto especial. La segunda solución podría apoyarse en el silencio que guarda el art. 61 sobre la regulación de la jornada de trabajo; silencio significativo, porque el artículo sienta, en cambio, la reglamentación del derecho al descanso semanal de los funcionarios. Sin embargo, el error queda de manifiesto si observamos que el art. 61 enumera, en realidad, un contenido mínimo necesario del Estatuto, pero no excluye la regulación de otros aspectos que integren, como los allí enunciados, el concepto material de ‘estatuto de los funcionarios’. El estatuto formal debe reglamentar, para los funcionarios de carrera, el derecho al descanso semanal que la ley formal debe a su vez reconocer a todos los empleados u obreros; pero puede, además, reglamentar el derecho a la limitación de la jornada, en cuanto atañe a los funcionarios de que se trate, dentro de las normas legales que rigen la materia sin discriminar entre el sector público y el privado” (Horacio Cassinelli Múñoz: “Alcance de la legislación sobre limitación de la jornada respecto de los funcionarios públicos” , en “Derecho Constitucional y Administrativo - Estudios publicados, compilados por Carlos Sacchi” , La Ley Uruguay, 2010, págs. 985-986. Originalmente publicado en: Revista de Derecho Jurisprudencia y Administración, t. 61, págs. 21 y sgtes.) Agrega más adelante el eminente ius-publicista en la misma obra: “La tradición legislativa uruguaya engarza perfectamente, en lo que atañe a la limitación de la jornada, con el sistema constitucional expuesto. Ya la ley 5350 declaraba en su artículo 2: ‘Esta ley comprende a los obreros y empleados en trabajos realizados por el Estado’, y desde entonces la legislación sobre los límites de jornada laboral no ha hecho excepción de los funcionarios, lo que está de acuerdo, además, con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que Uruguay ha ratificado. Y si se presenta un caso de duda interpretación de la ley debe tender a su aplicación indiscriminada, porque tal es el principio constitucional e internacional vigente entre nosotros” (Horacio Cassinelli Múñoz, ob. cit., pág. 987). En definitiva, los accionantes, quienes trabajan en forma subordinada para ASSE en el Hospital Pereira Rosell y en el Patronato del Psicópata – Salud Mental, tienen derecho al descanso intermedio, tratándose de un derecho subjetivo perfecto de fuente constitucional y reglamentación legal. Por último, cabe anotar que en igual sentido, en cuanto a que los funcionarios públicos de la ASSE tienen derecho al descanso intermedio, con prescindencia de su regulación legal expresa, se expidió recientemente la Dra. Bernadette Minvielle, en discordia extendida a la sentencia N° 1917/2017. 1.2.2) Contenido del derecho al descanso intermedio de los accionantes . En función de lo que venimos de señalar, en ausencia de una norma sobre descanso intermedio que expresamente contemple dentro de su ámbito de aplicación a los funcionarios de la ASSE que integran la parte actora, el contenido del derecho al descanso intermedio de los accionantes será el mismo que tengan los trabajadores del sector privado que realicen igual tarea. Ello impone recurrir al régimen de quienes se desempeñen como personal asistencial, con jornada de seis horas diarias. Tal régimen se encuentra regulado por la ley 5.350 y el decreto del Poder Ejecutivo 504/1986. La ley 5.350, la cual en su artículo 4 estableció: “el Poder Ejecutivo reglamentará los descansos obligatorios diarios que correspondan a cada gremio, dentro del horario de trabajo” . Y el decreto 504/1986 establece en su artículo 2°, numeral 19 que “ Todo trabajador en régimen de seis horas o más de trabajo diario, tendrá derecho a treinta minutos de descanso, sin excepción entre la tercera y quinta hora de labor ” . En conclusión, los accionantes tienen derecho al descanso intermedio en los términos del artículo 2° numeral 19 del decreto 504/1986 (descanso de treinta minutos a ser gozado sin excepción entre la tercera y quinta hora de labor). 1.2.3) Los hechos que la Sala consideró probados no demuestran que los trabajadores hayan gozado del descanso intermedio. Con respecto al restante fundamento ensayado por la Sala para desestimar el rubro peticionado por los actores, estimamos que también le asiste razón a los recurrentes en su planteo. En efecto, el hecho de que se considere probado que los trabajadores de la ASSE almuerzan en su horario de trabajo no puede ser subsumido en que gozan de su descanso intermedio. Ello surge en forma palmaria si se tiene en cuenta el contenido que pacíficamente se le ha reconocido a ese derecho en nuestro medio. Como lo señaló un estudio especializado sobre el punto: “ De acuerdo a la opinión doctrinaria y jurisprudencial más recibida, el descanso intermedio tiene las siguientes características: a.- para que el instituto cumpla con su finalidad el trabajador debe recuperar su libertad durante la interrupción del trabajo y no quedar sometido al poder de dirección del empleador, de manera de poder utilizar ese tiempo a la reposición de energías; b.- no se goza cabalmente del tiempo libre si el empleado debe permanecer a la orden del empleador; c.- el beneficio constituye un derecho laboral fundamental por lo que es irrenunciable; d.- como regla debe ser gozado a mitad de la jornada o en el tiempo por la normativa (...)”, (Alejandro Castello: “Descansos intermedios”, en obra colectiva: “Derecho del Trabajo”, Juan Raso Delgue –Director-, Alejandro Castello –Coordinador, tomo I, pág. 30.). En este marco, el hecho impeditivo de la pretensión no es que los actores almuercen en su lugar de trabajo, sino que efectivamente gocen de su descanso intermedio, lo que supone como surge de la cita precedente, que durante treinta minutos gocen de absoluta libertad, sustrayéndose al poder de dirección del empleador, de modo de poder reponer energías. No computa como descanso intermedio el tiempo que el trabajador pueda dedicar a almorzar su vianda o a comer un refrigerio manteniéndose a la orden del empleador sin recupera su libertad de hacer lo que le plazca en ese tiempo. En definitiva, el agravio referido es de recibo, lo que impone anular la recurrida en cuanto desestimó la pretensión de pago de los descansos intermedios no gozados. En el caso, está admitido que los actores no gozaban el descanso intermedio. En este proceso debe tenerse por probado que los actores no gozan de su descanso intermedio, como lo postularon en la demanda. Y ello, porque dadas las características del derecho invocado, la empleadora demandada pudo y debió controvertir el hecho negativo alegado por sus funcionarios. La demandada no logró acreditar que los actores hayan gozado del descanso intermedio, siendo aquélla quien estaba en mejores condiciones para probarlo. Ello, de acuerdo a la llamada “teoría de las cargas dinámicas”, que tal como ha manifestado la jurisprudencia laboral en reiteradas sentencias: “(...) en su más sencilla concepción significa que tiene la carga de la prueba quien está en mejores condiciones para probar el hecho y ello tiene su fundamento en los principios de lealtad, buena fe, probidad y moralidad en el proceso que se traducen en otros, como el deber de veracidad y colaboración de las partes con la justicia para poder llegar al conocimiento de la verdad ” (Cfme. Sentencias TAT 2° N° 47/2019 y 188/2017, entre otras; en igual sentido: Sentencias TAT 3° N° 249/2018 y TAT 4° N° 146/2017). 1.2.4) Conclusión . En definitiva, consideramos que debe ampararse el agravio y en consecuencia anularse la recurrida. Tal como lo desarrollamos en los capítulos 1.2.1 y 1.2.2 de esta discordia, consideramos que cualquier persona que preste servicios en una relación de trabajo subordinado tiene, por expreso mandato constitucional, derecho a la limitación de su jornada laboral, lo que comprende el derecho al descanso intermedio. Ese derecho constitucional se encuentra consagrado en el artículo 54 de la Carta, disposición en la cual se comete al legislador su reglamentación por vía legal. Y para el caso de ausencia de reglamentación legal específica para cierto sector de trabajadores, el derecho debe aplicarse igual recurriendo a la regulación análoga por imperio del artículo 332 de la Carta: “Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos (...) no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”. A nuestro juicio, la sentencia recurrida no tomó en consideración dichas normas constitucionales, o bien las aplicó erróneamente, al dar primacía al estatuto de ASSE por sobre el derecho fundamental reconocido expresamente en la Constitución. No puede compartirse el razonamiento de la Sala, por cuanto la regulación de los derechos a los que aluden los arts. 54 a 57 de la Carta, entre ellos el derecho a la limitación de la jornada (del que se desprende el derecho a gozar del descanso intermedio), corresponde al legislador y no puede ser objeto de restricción por vía estatutaria. En suma, por lo expuesto, estimamos que corresponde acoger el agravio de la parte actora.