Sentencia Definitiva N° 1.227/2019

Montevideo, ocho de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva en estos autos caratulados: “PODESTÁ GÓMEZ, JOSÉ C/ A.N.E.P. - COBRO DE PESOS - CASACIÓN”, IUE: 2-17766/2016 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia Definitiva DFA-0005-000687/2018 SEF-0005-000195/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do. Turno, el día 14 de noviembre de 2018. RESULTANDO : I) A fs. 24 y ss. de estos autos, compareció el Sr. José Podestá Gómez quien dedujo demanda de cobro de pesos y daños y perjuicios contra la Administración Nacional de Educación Pública - Consejo Directivo Central (en adelante, A.N.E.P. CO.DI.CEN.). II) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 90/2017, de fecha 22 de diciembre de 2017, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 16to. Turno, se falló: “Desestímase la demanda. Sin especial condenación procesal...” (fs. 121-122). III) Por Sentencia Definitiva DFA-0005-000687/2018 SEF-0005-000195/2018, de fecha 14 de noviembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do. Turno, falló: “Revócase la sentencia apelada y ampárase en parte la demanda, condenándose a la demandada a abonar a la actora la suma de $2.213.349 más IVA. Desestímasela en lo demás todo ello sin especial condenas en la instancia...” (fs. 171-177). IV) A 183 y ss. compareció la parte actora, oportunidad en la cual dedujo el recurso de casación en estudio. En síntesis, expresó los siguientes agravios: a) La Sala se equivocó en la apreciación de la confusa documentación presentada por la Administración lo que la condujo, en definitiva, a errar en el monto final de la condena. b) En relación al Departamento de Rivera el monto imputado por la Sala como cobrado no resulta correcto. En el expediente administrativo se hace referencia a: - Fs. 175: documento mencionado por la administración como “compromiso” por la suma de $1.195.600. - Fs. 182: documento denominado como “obligación” por la suma de $676.087. - Fs. 187: instrumento nombrado “compromiso” por la suma de $135.213. - Fs. 188: documento llamado “obligación” por la suma de $135.213. Señaló que cabe precisar que existen dos tipos de documentos, como etapas del proceso de pago por parte de la Administración. Uno es el denominado “compromiso” y otro el llamado “obligación”. El primero de ellos no se trata de un verdadero pago, sino que es solo el compromiso de la A.N.E.P. de reservar el dinero; mientras que el segundo, sí corresponde a pagos reales, los que obviamente tienen una factura de la parte actora como correlativo, ya que la Administración no realiza desembolsos sin la correspondiente factura. En consecuencia, el documento de fs. 175, interpretado por el Tribunal como pago, se trata tan solo de un compromiso y, por ende, la suma de $1.195.600 jamás fue abonada, no existiendo documento denominado obligación ni la factura correlativa. Por su parte, los documentos agregados a fs. 182 y 188 (el de fs. 187 refiere a lo mismo que el de fs. 188, con la salvedad de que el de fs. 187 es el compromiso y el de fs. 188 la obligación y, con la diferencia de que en la obligación ya está considerada la retención del 60% del IVA) sí son los efectivamente cobrados y que tienen como respaldo las Facturas Nos. 2314 (fs. 178 Expediente Administrativo No. 1/4889/2012) por la suma de $554.170 más IVA (total $676.087) y 2346 (fs. 185 del Expediente Administrativo No. 1/4889/2012) por la suma de $110.830 más IVA (total $135.213). Afirmó que el total presupuestado (incluido los adicionales, relevamientos y planos) ascendió a $3.238.014 más IVA ($3.950.377). Dado que el total cobrado fue de $811.300 persiste, a su juicio, una deuda total de $2.573.014 más IVA ($3.139.077). c) En cuanto al departamento de Salto indicó que la Sala se confundió los montos, ya que no tomó en cuenta el valor impetrado más IVA. Lo reclamado fue la suma de $1.210.000 más IVA. Por los trabajos realizados en Salto existen dos pagos: por un lado, $805.200 (fs. 151) que se condice con la Factura No. 2347 (fs. 142 del Expediente Administrativo No. 1/4113/2012) de la cual se retuvo el 60% del IVA, abonándose efectivamente la suma de $718.080. Por el otro, la suma de $671.000 (fs. 153) que se correlaciona con la Factura No. 2348 (agregada en el citado expediente administrativo). En este caso también se retuvo el 60% del IVA abonándose efectivamente el monto de $598.400. Señaló que el total reclamado (presupuestado más adicionales, relevamiento y plano) asciende a $2.569.236 más IVA, en tanto, lo efectivamente cobrado (Facturas Nos. 2347 y 2348) fue de $1.210.000 más IVA. En consecuencia, aún queda pendiente el pago de la suma de $1.359.236 más IVA. d) En lo que atañe al Departamento de Maldonado afirmó que el Tribunal incurrió en error de derecho al señalar que existió falta de alegación de su parte. Al igual que en los otros departamentos existió debida alegación, lo que sucede es que la Sala apreció incorrectamente la panilla adjunta en la medida de que no tomó en cuenta la columna designada como “área adicional”. Asimismo, la impugnada no consideró el adicional reclamado por planos. Señaló que el total reclamado (presupuestado más adicionales, relevamiento y planos) asciende a $809.190 más IVA, mientras que lo efectivamente cobrado (Factura No. 2085, que luce a fs. 43 del Expediente Administrativo No. 1/5287/2012) fue de $270.000. En consecuencia, aún queda pendiente el pago de la suma de $539.190 más IVA. e) Respecto al departamento de Rocha indicó que la Sala yerra abiertamente al afirmar que el pago fue hecho con creces por la demandada. Ese error se origina en una equivocada interpretación del documento de fs. 110, por cuanto lo consideró un pago, cuando se trata de un “compromiso” y no de una “obligación”. El citado instrumento no refleja un pago real. A la postre ese importe sí se abonó, conforme surge del documento nominado “obligación” y de la factura correlativa. Emergen tres pagos realizados por la demandada: 1) $311.100 -fs. 120- (menos la retención por IVA) que condice con la Factura No. 2317 (fs. 112 del Expediente Administrativo No. 1/4113/2012); 2) $341.600 –fs. 122- (menos la retención por IVA) que se corresponde con la Factura No. 2316 (fs. 114 del Expediente Administrativo No. 1/4113/2012) y; 3) $542.900 –fs. 124- correlativa a la Factura No. 2315 (fs. 116 del Expediente Administrativo No. 1/4113/2012). En consecuencia, lo efectivamente cobrado y documentado son esos tres pagos y no lo indicado en el documento de fs. 110, que solamente constituye un compromiso no concretado posteriormente en una única obligación y factura, sino que se repartió en tres desembolsos. Expresó que el total reclamado (presupuestado más adicionales, relevamiento y plano) asciende a $1.396.302 más IVA, mientras que lo efectivamente cobrado (Facturas Nos. 2317, 2316 y 2315) fue de $980.000 más IVA. En consecuencia, aún queda pendiente el pago de la suma de $416.302 más IVA. f) En lo que atañe al Departamento de Soriano afirmó que la Sala incurrió en error al señalar que el monto reclamado, el cual amparó totalmente, es el que emerge de fs. 36 del expediente administrativo; esto es: $1.495.000 más IVA. El monto incoado es el que surge de la demanda y no del informe realizado por la demandada en el expediente administrativo. Por otra parte, indicó que existió un pago por las labores cumplidas en el departamento el cual ascendió a la suma de $980.000 más IVA (fs. 85 del Expediente Administrativo No. 1/4889/2012, que guarda relación con la Factura No. 2318 –fs. 78 del citado expediente-). El total reclamado (presupuestado más adicionales, relevamiento y plano) asciende a $3.801.700 más IVA, mientras que lo efectivamente cobrado (Factura No. 2318) fue de $980.000 más IVA. En consecuencia, aún resta pagar la suma de $2.821.700 más IVA. g) Puntualizó que si bien el Tribunal descartó la interpretación que pretendió darle la demandada a la nota que luce a fs. 78 del Expediente Administrativo No. 1-4889/2012, luego, no tomó en cuenta correctamente los valores reclamados como adicionales. Asimismo, omitió incluir los adicionales por la facción de planos, cuando no fueron controvertidos por la demandada y emergen además de la prueba obrante en autos (ver declaraciones de Busconi, Rozada, Duhalde y Silva). En este sentido, Tribunal si bien entendió que se debieron los adicionales, no realizó una correcta interpretación de la planilla agregada en el acto de proposición inicial, donde se incluyen los trabajos adicionales que se realizaron, que nunca se cobraron y que no fueron controvertidos por la Administración. La Sala exclusivamente tomó en cuenta una de las columnas. h) Finalmente, se agravió por la desestimatoria de la pretensión por daños y perjuicios. Indicó que la Sala al afirmar que la parte actora no probó los daños y perjuicios omitió tener presente que es de conocimiento público que mientras se encuentran vigentes los contratos con la Administración es imposible presentarse a nuevos llamados. V) Sustanciado el recurso (fs. 191), a fs. 193 y ss. compareció la parte, abogando por la desestimatoria. VI) Franqueada la casación, los autos fueron recibidos por la Corporación el día 11 de marzo de 2019 (fs. 202). VII) Por Auto No. 429/2019, de fecha 25 de marzo de 2019, se dispuso el pase a estudio y autos para sentencia (fs. 203 vto.) al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, amparará parcialmente el recurso de casación impetrado por la parte actora y, en su mérito, anulará la impugnada exclusivamente en cuanto: i) A la suma determinada por concepto de precio originalmente estipulado para el Departamento de Rivera ($244.709 más IVA), la que corresponde fijar en la suma de $1.595.250 más IVA; ii) A la desestimatoria del monto reclamado por los trabajos realizados en el Departamento de Salto, el que corresponde determinar en la suma de $93.750 más IVA y; iii) Al monto fijado por los trabajos ejecutados en el Departamento de Soriano ($1.495.000 más IVA), el que corresponde establecer en la suma de $1.595.250 más IVA . Todo sin especial condenación procesal. II) El caso de autos . Atento a la complejidad de la cuestión debatida y a los efectos de facilitar su resolución, resulta oportuno realizar un previo repaso de las actuaciones cumplidas en autos. a) Demanda a fs. 24 y ss. de estos autos, compareció el Sr. José Podestá Gómez, quien dedujo demanda de cobro de pesos y daños y perjuicios contra la Administración Nacional de Educación Pública. Expresó que es de profesión ingeniero industrial opción eléctrica y que fue contratado por la demandada a los efectos de realizar diversos trabajados de Proyectos de Ingeniería Lumínica y Eléctrica, para centros educativos y otras instituciones del interior del país, encomendados y realizados por la demandada (adjudicados en los Expedientes nos. 1/5287/2012, 1/4113/2012, 1/5531/2012 y 1/4889/2012). Manifestó que el precio original pactado (sin adicionales) ascendía en: Maldonado a $594.000 más IVA. Rivera a $2.260.550 más IVA. Salto a $1.303.750 más IVA. Soriano a $2.475.000 más IVA. Montevideo a $55.250 más IVA. Indicó que, a efectos de poder dar cumplimiento a los trabajos de campo, debió hacer los planos faltantes de albañilería y completar los existentes, ya que los entregados por la Administración eran incompletos; lo que irrogó un gasto al accionante el cual no debería haber acaecido, ya que era la A.N.E.P. quien debía proporcionarlos en forma. En efecto, si bien como proyectista de acondicionamientos lumínicos y eléctricos no le correspondía la confección de planos de albañilería, estando en campo (año 2013) se encontró con que la demandada solo disponía de un relevamiento del año 1996 de algunas escuelas, el cual era muy incompleto, sin ubicación correcta de las puertas y ventanas, además de las modificaciones y ampliaciones posteriores que sufrieron la mayoría de los locales. Ello fue advertido a la A.N.E.P. quien manifestó que no se encontraba en condiciones de realizar un nuevo relevamiento, por lo que ejecutó el trabajo con la ayuda de dos arquitectas (Alicia Rozada y Carina Amoroso), las que fueron contratadas por el accionante. En consecuencia, reclamó un 25% del valor cotizado por concepto de adicional. Afirmó que realizó visitas técnicas y de relevamiento de las instalaciones eléctricas en los distintos lugares del interior a fin de poder confeccionar los proyectos en debida forma. En ese marco constató que no coincidía lo establecido en las resoluciones y lo que realmente debía hacerse, ya que en gran parte de las mismas su extensión era mayor a la estipulada, lo que provocó que debiera pasar nuevos adicionales, los que fueron aceptados por la Administración. En otros casos ni siquiera se contaba con planos y las cotizaciones se realizaban en función de las áreas que declaraban los arquitectos residentes, pero al llegar al lugar no coincidían (adjuntó planilla de donde emerge, obra por obra, las áreas originales y las que realmente fueron proyectadas). Cuando existía algo distinto a lo presentado por la Administración, como ser la mayor extensión, siempre le consultó a la persona idónea y al representante de la Administración, en consecuencia, no caben dudas razonables de que se le deben abonar los trabajos “extras” por él realizados. Indicó que una vez culminados los últimos proyectos, en los plazos previstos, fueron enviados por correo electrónico, más allá de que luego fueron entregados en cd con notas de recibo. A pesar de ello y de que cumplió a cabalidad con lo adjudicado, la demandada ha sido contumaz en su posición de no pago, no solo de los adicionales, sino que su negativa también lo ha sido respecto de los trabajos que lícitamente fueron adjudicados. Manifestó que intentó por todas las vías llegar a un acuerdo con la Administración, empero, no obtuvo resultados. Mantuvo una reunión con el Sr. Enrique Traverso el día 27 de mayo de 2014, oportunidad en la que le entregó en soporte digital el resto de los proyectos adjudicados. Posteriormente, ante la negativa de abonar el saldo de los trabajos realizados (más los adicionales), a partir del mes julio de 2014, solicitó varias entrevistas con la entonces Directora del Sector Arq. María Nela Camacho, las cuales fueron dilatadas en el tiempo sin llegar a concretarse. En el mes de diciembre de 2014 se realizaron las facturas por los montos originales (sin ajustes ni adicionales) correspondientes a los proyectos entregados antes del día 12 de marzo de 2014 (los cuales fueron efectivamente cobrados en febrero de 2015), con excepción de las Escuelas nos. 61 y 64, que si bien también fueron entregados antes de esa fecha, no fueron abonados. Puntualizó que en el mes de marzo de 2015 se produjo un cambio en la Dirección, designándose al Arq. Mario Corrales, con quien concertó una reunión recién en el mes de julio del mismo año, empero, jamás se concretó. Luego de sucesivas llamadas, en enero de 2016, el Sr. Travieso le comunicó que el Arq. Mario Corrales le había informado que no era viable la reunión y que tampoco se le iba a abonar lo adeudado. Señaló que luego de agotar todos los medios tendientes al cobro de lo debido y de intimar por telegrama y citar a conciliación a la contraparte, se vio en la imperiosa necesidad de iniciar el subexámine a los efectos de cobrar lo que por derecho le corresponde, esto es, sus honorarios por trabajos realizados. Agregó que mal puede la Administración excusarse de su incumplimiento aduciendo que, mediante una conversación informal con el Sr. Travieso, le dijo al accionante que no hiciera más los trabajos. Más aún cuando, como le señaló en esa oportunidad, los trabajos ya estaban realizados, estando solo pendiente la revisión correspondiente. Puntualizó que, además de no recibir los pagos que le corresponden, la demandada no dio por finalizados los contratos de referencia, lo que le impide acceder a nuevos negocios con el Estado. Ello le ha provocado daños y perjuicios los cuales estimó en un monto de $3.000.000. En definitiva reclamó: i) El precio originariamente pactado por cada departamento (Maldonado $594.000 más IVA; Rivera $2.260.550 más IVA; Salto $1.303.750 más IVA; Soriano $2.475.000 más IVA y; Montevideo $55.250 más IVA.) a lo que debe detraerse las sumas percibidas; ii) Adicional equivalente al 25% de los montos proyectados originalmente: por concepto de trabajos extras, como ser la facción de planos de albañilería. iii) Adicional equivalente al 25% de los montos proyectados originalmente: por los relevamientos eléctricos realizados a solicitud de A.N.E.P. sin contratos, incluyendo los viáticos. iv) Adicional por diferencia en el área. Liquidó estos rubros en la suma de $11.849.940 más IVA. v) $3.000.000 por concepto de daños y perjuicios derivados de la no finalización de los contratos anteriores. b) Contestación : a fs. 45 y ss. compareció la demandada A.N.E.P. oportunidad en la que evacuó el traslado, abogando por la desestimatoria. Afirmó que no adeuda suma alguna a la parte actora, en virtud de lo que surge de los antecedentes administrativos que agrega. En efecto, emerge que los trabajos que fueron contratados con el actor le fueron abonados, salvo aquellos que no fueron entregados dentro de la fecha estipulada (90 días). Indicó que a fs. 233 vto.-236 del Expediente Administrativo No. 1/5220/2016, la Dirección Sectorial de Infraestructura realizó un informe firmado por el Sr. Daniel Travieso de donde surge que: i) Con referencia a las tareas adjudicadas en el Expediente Administrativo No. 1/5287/2012 los trabajos fueron abonados en su totalidad (Factura No. 2085 de fecha 17 de mayo de 2013), habiéndose extinguido la relación contractual hace más de dos años. ii) En relación a lo contratado según Expediente Administrativo No. 1/4113/2012, los trabajos no fueron entregados en tiempo, sin perjuicio de lo cual, atendiendo a los intereses del servicio, se le recibieron las entregas parciales tardías. Asimismo y, en relación a esos trabajos, se le abonó: $311.100 IVA incluido (Factura No. 2317 de fecha 23 de diciembre de 2013); $341.600 IVA incluido (Factura No. 2316 de fecha 23 de diciembre de 2013); $542.900 (Factura No. 2315 de fecha 23 de diciembre de 2013); $805.200 (Factura No. 2347 de fecha 16 de diciembre de 2014) y; $671.000 (Factura No. 2348 de fecha 16 de diciembre de 2014). En consecuencia, afirmó que se le abonaron la totalidad de los honorarios profesionales. iii) En cuanto a los servicios adjudicados en el Expediente Administrativo No. 1/5531/2012, los trabajos no fueron entregados en plazo. Se le pagó al actor la suma de $676.087 IVA incluido (Factura No. 2314 de fecha 23 de diciembre de 2013) y la suma de $135.213 IVA incluido (Factura No. 2346 de fecha 16 de diciembre de 2014). Manifestó que los restantes trabajos no fueron entregados en fecha y fueron rechazados, dado que el accionante pretendió entregarlos luego de que la Administración comunicó con fecha 12 de marzo de 2014 la suspensión de todos los trabajos. iv) En lo atinente al Expediente Administrativo No. 1/4889/2012, ningún trabajo fue entregado en fecha. Igualmente se le abonó al actor la suma de $1.195.600 (Factura No. 2318 de fecha 23 de diciembre de 2013). Los restantes trabajos no fueron entregados en fecha y fueron rechazados dado que el actor pretendió entregarlos luego de que la Administración comunicó con fecha 12 de marzo de 2014 la suspensión de todos los trabajos. Indicó que, a partir de lo anterior, emerge que los trabajos contratados y recibidos por la Administración fueron abonados en su totalidad. En cuanto a los no recibidos, por presentación extemporánea, no corresponde el pago, ya que el actor incumplió lo contratado y fue objeto de rescisión por tal motivo. En lo que tiene que ver con los adicionales manifestó que se debe tener en cuenta que a fs. 79 del Expediente Administrativo No. 1/4889/2012, emerge una nota firmada por el actor de fecha 5 de diciembre de 2013, por la cual declara que para todas las obras que le fueron asignadas para proyectar hasta la fecha “me comprometo, para el caso de necesitarse modificaciones al contexto o a la presentación del proyecto a los efectos de su licitación, a efectuar a las que sean necesarias, sin costo alguno para la ANEP hasta la fecha de la licitación, siempre y cuando no impliquen una modificación sustantiva al proyecto”. Expresó que resulta obvio que, de haber existido una circunstancia que diera lugar a la modificación del proyecto, debía tener el aval de la Administración y determinar el monto que implicaba. De todas las actuaciones administrativas no surge que se haya acordado con el actor trabajos adicionales, que implicaran un costo extra. Por lo tanto, carece de todo fundamento la pretensión por labores adicionales. En definitiva, solicitó se desestime la demanda en todos sus términos. c) Sentencia de primera instancia : la Sra. Jueza a quo rechazó la demanda en todos sus términos (fs. 121-122). Sustentó la solución desestimatoria en que la parte actora realizó las entregas en forma extemporánea, lo cual legitima, a su juicio, la resistencia al pago que operó de parte de la demandada. En cuanto a los adicionales, afirmó que el actor debió solicitar el aval a la A.N.E.P. lo cual no emerge de los antecedentes administrativos. Finalmente, ante la ausencia de incumplimiento de parte de la Administración demandada, rechazó la pretensión de indemnización por daños y perjuicios. d) Sentencia de segunda instancia : el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do. Turno revocó el fallo de primer grado y, en su lugar, amparó parcialmente la demanda condenando a la demandada a abonar a la actora la suma de $2.213.349 más IVA (fs. 171-177). La Sala, si bien coincidió con la a quo en cuanto a la esencialidad del plazo pactado originalmente por las partes, consideró que, dado los términos de la convención, la demandada debió probar haber cumplido con las obligaciones correlativas a su cargo (por ejemplo aportando el cronograma correspondiente de entregas). Por otra parte, entendió que operó la purga de la mora en la medida de que la demandada no negó haber recibido los trabajos (presumiéndose que los usa en su beneficio) sino que afirmó no abonarlos por haber sido entregados fuera de fecha. Asimismo, puntualizó el Tribunal que no emerge probado ningún acto administrativo que comunique la suspensión de las obras, conforme lo manifestó la demandada al evacuar el traslado. Finalmente y, en lo que respecta al documento de fs. 78 del Expediente Administrativo No. 1/4889/2012, elemento sobre el cual se basó la demandada para sostener que el actor no tiene derecho a los adicionales, a juicio de la Sala, no le asiste razón por cuanto del documento emerge que el actor manifestó que para hacer su trabajo no cobraría adicionales necesarios para su correcta ejecución, mientras que en la demanda su reclamo se funda en haber relevado otros edificios no comprendidos dentro de los grupos licitados. A partir de estas premisas, la Sala revocó la impugnada, amparando parcialmente la demanda en los siguientes términos: i) En relación al Departamento de Rivera: - Precio originalmente pactado (fs. 174): condenó a la suma de $244.709 más IVA (monto reclamado $2.260.250 más IVA menos los pagos que emergen de fs. 175, 182, 187 y 188 del Expediente Administrativo No. 1/4889/2012, esto es, $2.015.541). - Adicionales por relevamientos eléctricos (fs. 175): condenó a la suma de $98.250 más IVA (suma establecida en la columna 6 de fs. 18, que se corresponde al 25% reclamado). - Adicionales por trabajos extras (incluidos los planos) : nada expresó la Sala al respecto. - Área adicional : nada expresó la Sala al respecto. ii) En relación al departamento de Salto: - Precio originalmente pactado (fs. 175): desestimó el rubro por cuanto consideró que los pagos realizados ($1.316.480 cf. fs. 151 y 153 del Expediente Administrativo No. 1/4113/2012) exceden el monto reclamado ($1.210.000 más IVA). - Adicionales por relevamientos eléctricos (fs. 175): desestimó el rubro en la medida de que consideró que los pagos realizados por $1.316.480, además de cubrir lo impetrado por concepto de precio original, también cubren lo reclamado por este rubro ($93.750 más IVA; suma establecida en la columna 6 de fs. 18, que se corresponde al 25% reclamado). - Adicionales por trabajos extras (incluidos los planos) : nada expresó la Sala al respecto. - Área adicional : nada expresó la Sala al respecto. iii) En relación al Departamento de Maldonado: - Precio originalmente estipulado (fs. 175 in fine y 176): amparó parcialmente el rubro reclamado, esto es, la suma de $320.140 más IVA (monto reclamado menos el pago que emerge de fs. 46 del Expediente Administrativo No. 1/5287/2012). - Adicionales por relevamientos eléctricos: no fueron reclamados. - Adicionales por trabajos extras (incluidos los planos) (fs. 176): desestimó el rubro por cuanto entendió que la parte actora incumplió la carga de la debida alegación (art. 117 nº 4 del C.G.P.). - Área adicional : desestimó el rubro por cuanto entendió que la parte actora incumplió la carga de la debida alegación (art. 117 nº 4 del C.G.P.). iv) En relación al Departamento de Rocha: - Precio originalmente pactado (fs. 175): desestimó el rubro en la medida de que entendió que el pago que emerge de fs. 110 del Expediente Administrativo No. 1/4113/2012 ($1.195.600) canceló totalmente lo reclamado. - Adicionales por relevamientos eléctricos : no fueron reclamados. - Adicionales por trabajos extras (incluidos los planos) : desestimó el rubro ya que consideró que los pagos realizados por $1.195.600, además de cubrir lo exigido por el precio original, también abarcan lo reclamado por este concepto. - Área adicional : desestimó el rubro en la medida de que consideró que los pagos realizados por $1.195.600, además de cubrir lo exigido por el precio original, también alcanzan lo reclamado por este concepto. v) En relación al Departamento de Soriano: - Precio inicialmente estipulado (fs. 176): consideró que no emergen pagos realizados por lo que amparó íntegramente el reclamo, condenando a la demandada al pago de la suma de $1.495.000 más IVA (fs. 236 del Expediente Administrativo No. 1/4889/2012). - Adicionales por relevamientos eléctricos: no fueron reclamados. - Adicionales por trabajos extras (incluidos los planos): no se pronunció al respecto. - Área adicional : no se pronunció al respecto. vi) En relación al Departamento de Montevideo: - Precio originalmente pactado (fs. 176): señaló que no existe contradictorio al respecto (art. 130.2 del C.G.P.) y, en consecuencia, condenó al monto solicitado en la demanda por este rubro, esto es: $55.520 más IVA . - Adicionales por trabajos extras (incluidos los planos): no fueron reclamados. - Área adicional : no fue reclamada. En cuanto a los intereses y reajustes : la Sala los fijó desde la exigibilidad de cada crédito (fs. 176 in fine.). Finalmente, en lo que respecta a los daños y perjuicios por la imposibilidad de acceder a otras obras, el Tribunal desestimó la pretensión por ausencia de prueba (fs. 177). III) En cuanto al mérito . Señalado lo anterior y, en cuanto al mérito, dos son los aspectos sobre los cuales se agravió la parte actora: a) por un lado, en lo que respecta a la desestimatoria de la pretensión por daños y perjuicios y; b) por el otro, en cuanto a los montos correspondientes al precio originariamente pactado y a los adicionales. Acto seguido se analizarán cada uno de estos puntos. IV) a) Agravios relativos a la desestimatoria de la pretensión por daños y perjuicios . Conforme se señaló anteriormente, la Sala confirmó la solución desestimatoria en el punto por ausencia de prueba (fs. 177). Por su parte, el impugnante, al deducir el recurso de casación en estudio, expresó: “Finalmente y en cuanto a los daños y perjuicios, este Tribunal no hace lugar por entender que no se aportó prueba. Sin embargo disentimos con ello, en la medida de que es de público conocimiento que mientras se encuentran vigentes contratos con la Administración, es imposible jurídicamente presentarse a nuevos llamados. Esta continuación de vínculo ha quedado demostrada en la medida que ya en este expediente, esta parte oportunamente solicitó a la Sra. Juez que intimara a la Administración a que diera por rescindido estos contratos, a lo que hizo lugar, mediante Dec. 1891/2016 del 30/06/2016. Por tanto, es de perogrullo que si existían estos vínculos contractuales, esta parte no se podía presentar a otros llamados, y ese daño eventual es indiscutible; por lo que deberá hacerse lugar también a los daños y perjuicios impetrados, ya que reiteramos no es una cuestión de prueba. Téngase presente que el monto impetrado, nunca fue controvertido por la Administración” (fs. 188 vto.-189). A juicio de este Colegiado, conforme emerge de manera patente de la trascripción realizada, la recurrencia no cumple mínimamente con lo establecido en el art. 273 del C.G.P., por lo que corresponde desestimar el recurso de casación impetrado por inadmisible. En efecto, en el punto, en confusa exposición, no se formuló una crítica razonada al fallo, con las características reclamadas por la antedicha norma: no se explicitó, de manera clara y concisa, cuáles fueron los motivos constitutivos del fundamento de la casación. Como ha sostenido la Corte en múltiples ocasiones, el requisito fundamental del recurso de casación consiste en individualizar el agravio, de modo de que, a través de los motivos, también pueda individualizarse la violación de la ley que lo constituye (cf. Sentencias Nos. 280/1997, 543/2000, 6/2007, 125/2008, 310/2009, 1.216/2010, 2.914/2011, 806/2012, 251/2013, 466/2013, 64/2014 y 1.109/2018, por citar solo algunas). En consecuencia, al haber incumplido con las exigencias formales en la materia, debe rechazarse este sector de agravios. V) b) Agravios relativos al monto de la condena . Atento a la forma en que fue planteado el reclamo y a los efectos de facilitar el análisis de los agravios impetrados por el recurrente, se considera oportuno agruparlos según el departamento en que se realizaron los trabajos cuya remuneración se reclama. i) Departamento de Maldonado . La Sala expresó en el punto: “En relación a los trabajos en Maldonado, el contradictorio está en que todo fue pago, sin desconocerse el monto peticionado. Empero, lo que surge es el pago de parte de lo impetrado (fs. 46 del exp. adm. No. 1/5287/12), por lo cual corresponde condenar al pago de la diferencia, o sea, $320.140 más IVA. Nada cabe señalar sobre los adicionales en este departamento por falta de debida alegación (fs. 24 v.; art. 117 nal 4º CGP)” (fs. 174-175). Se agravió la parte actora por cuanto entiende que el Tribunal incurrió en error de derecho al afirmar que existió falta de alegación de su parte. Al igual que en los otros departamentos cumplió con la debida sustanciación, lo que sucede es que la Sala apreció incorrectamente la panilla adjunta, en la medida de que no tomó en cuenta la columna designada como “área adicional”. Asimismo, la impugnada no tuvo en cuenta el adicional reclamado por planos. Señaló que el total reclamado (presupuestado más adicionales, relevamiento y plano) asciende a $809.190 más IVA, mientras que lo efectivamente cobrado (Factura No. 2085, que luce a fs. 43 del Expediente Administrativo No. 1-5287/2012) fue de $270.000. En consecuencia, aún queda pendiente el pago de la suma de $539.190 más IVA. A criterio de la Suprema Corte de Justicia, no le asiste razón al impugnante en el punto, por cuanto concuerda plenamente con la Sala en que la parte actora no cumplió con la carga de la debida alegación (nº 4 del art. 117 del C.G.P.). En efecto, si bien a lo largo de su acto de proposición inicial la parte actora genéricamente refirió a la realización de adicionales (numeral 3 fs. 26 vto.; numerales 5 a 13 fs. 27-28 y; numerales 38 a 43 de fs. 31 vto.-32), en concreto, en lo que tiene que ver con los correspondientes al Departamento de Maldonado, se limitó a señalar a fs. 24 vto. que: “ Las áreas adicionales a proyectar fueron solicitadas por el entonces residente Arq. Daniel Duhalde y el Sr. Enrique Travieso”. Nada más señaló al respecto. Tampoco aportó mayor información en la planilla, a la que hace referencia en su libelo impugnativo (fs.18), de donde solamente emergen los montos reclamados, sin explicación alguna. En consecuencia, a juicio de la Corporación, la solución de la Sala resulta jurídicamente irreprochable, por lo que corresponde desestimar el medio impugnativo movilizado. ii) Departamento de Rivera . Expresó el Tribunal a fs. 174 y 175: “En consecuencia, respecto de las obras en Rivera corresponde abonar lo adeudado, es decir, el monto impetrado y no controvertido ($2.260.250 más IVA), menos lo pagado y que surge de fs. 175, 182, 187 y 188 del testimonio de expediente adm. No. 001/4889/2012 ($2.015.541); suma final: $244.709 más IVA. Respecto a las adjudicaciones por correo electrónico, no hay contradictorio. El documento de fs. 78 de exp. adm. No. 1/4889/12 no refleja lo que la demandada dice, sino que allí el actor expresa que para hacer su trabajo no cobrará adicionales necesarios para su correcta ejecución, mientras que en la demanda su reclamo se funda en haber relevado otros edificios no comprendidos dentro de los grupos licitados. Tampoco hay controversia sobre el monto, que bien pudo haber existido, por lo que no existe obstáculo para amparar la demanda en un todo respecto de este punto concreto: $98.250 más IVA” . Se agravió el impugnante por cuanto considera que el monto imputado por la Sala como cobrado no resulta correcto. Señaló que corresponde precisar que existen dos tipos de documentos, como etapas del proceso de pago por parte de la Administración. Uno es el denominado “compromiso” y otro el llamado “obligación”. El primero de ellos no se trata de un verdadero pago, sino que es solo el compromiso de la A.N.E.P. de reservar el dinero; mientras que el segundo sí corresponde a pagos reales, los que obviamente tienen una factura como correlativo, ya que la Administración no realiza desembolsos sin la correspondiente factura. En consecuencia, afirmó que el documento de fs. 175, interpretado por el Tribunal como pago, se trata tan solo de un compromiso y, por ende, la suma de $1.195.600 jamás fue abonada, no existiendo documento denominado obligación ni la factura correlativa. Por su parte, los documentos agregados a fs. 182 y 188 sí son los efectivamente cobrados y que tienen como respaldo las Facturas Nos. 2314 (fs. 178 del Expediente Administrativo No. 1/4889/2012) por la suma de $554.170 más IVA (total $676.087) y 2346 (fs. 185 del Expediente Administrativo No. 1/4889/2012) por la suma de $110.830 más IVA (total $135.213). Afirmó que el total presupuestado (incluido los adicionales, relevamientos y planos) ascendió a $3.238.014 más IVA ($3.950.377). En la medida de que el total cobrado fue de $811.300, persiste una deuda total de $2.573.014 más IVA ($3.139.077). A juicio de la Corporación, asiste parcialmente razón al recurrente en el punto. En lo que respecta a los adicionales (área adicional y planos) cabe reiterar lo señalado en el apartado anterior al analizar los correspondientes al Departamento de Maldonado, en cuanto a que el accionante incumplió la carga de la debida alegación, por lo que se impone la solución desestimatoria. Sí resulta de recibo el medio impugnativo movilizado en lo que atañe a la errónea interpretación del documento de fs. 175 del Expediente Administrativo No. 1/4889/2012, por lo que se equivocó la Sala al imputar como pago la suma de $1.195.600. En este punto resulta relevante lo expresado por la propia demandada al evacuar el traslado, quien afirmó que realizó solamente dos pagos, los cuales exactamente coinciden con los aludidos por el actor (Facturas Nos. 2314 y 2346). Esto es, tal cual lo indicó el impugnante, no le atribuyó naturaleza cancelatoria al documento de fs. 175, el que, además, tampoco cuenta con una factura correlativa agregada en las actuaciones administrativas. En este sentido, señaló la demandada a fs. 47: “Con referencia a la contratación por Acta 76 Res. 4 del Dpto. De Rivera (...) Se pagó por factura 2314 del 23/12/2013 en forma parcial el Grupo 1(menos inspección) por $676.087 IVA incluido y por factura 2346 del 16/12/2014 se pagó el saldo del Grupo I (inspección) por $135.213 IVA incluido. Los restantes trabajos no fueron entregados en fecha y fueron rechazados...” (fs. 47). En definitiva, a criterio de este Colegiado, el agravio debe ser amparado y, en su mérito, corresponde ampliar el monto de la condena por concepto de precio originalmente pactado a la suma de $1.595.250 más IVA ($2.260.250 más IVA -monto pactado- menos $665.000 más IVA -pagos correspondientes a las Facturas Nos. 2314 y 2346-). iii) Departamento de Rocha . Al respecto puntualizó el ad quem: “(...) en lo que hace a los trabajos en Rocha, tampoco hay contradictorio sobre su realización y montos impetrados, sino que se dice que está todo pago. Del documento de fs. 110 del exp. adm. No. 1/4113/12 parece claro que el pago referido fue hecho con creces, por lo cual nada corresponde amparar sobre este planteo concreto” (fs. 176). Indicó el impugnante que la Sala yerra abiertamente al afirmar que el pago fue hecho con creces por la demandada. Ese error se origina en una equivocada interpretación del documento de fs. 110 del Expediente Administrativo No. 1/4113/2012, por cuanto lo consideró un pago, cuando se trata de un “compromiso” y no de una “obligación”. El citado instrumento no refleja un pago real. Afirmó que emergen tres pagos realizados por la demandada: a) $311.100 –fs. 120- (menos la retención por IVA) que condice con la Factura No. 2317 (fs. 112 del Expediente Administrativo No. 1/4113/2012); b) $341.600 –fs. 122- (menos la retención por IVA) que se corresponde con la Factura No. 2316 (fs. 114 del Expediente Administrativo No. 1/4113/2012) y; c) $542.900 –fs. 124- correlativa a la Factura No. 2315 (fs. 116 del Expediente Administrativo No. 1/4113/2012). En consecuencia, lo efectivamente cobrado y documentado son esos tres pagos y no lo indicado en el documento de fs. 110, que solamente constituye un compromiso no concretado posteriormente en una única obligación y factura, sino que se repartió en tres desembolsos. Expresó que el total reclamado (presupuestado más adicionales, relevamiento y plano) asciende a $1.396.302 más IVA, mientras que lo efectivamente cobrado (Facturas Nos. 2317, 2316 y 2315) fue de $980.000 más IVA. En consecuencia, aún queda pendiente el pago de la suma de $416.302 más IVA. No le asiste razón al recurrente, por lo que se desestimará este sector de agravios. En primer lugar, en lo que atañe a los adicionales por concepto de área adicional y planos, cabe remitirse a lo expresado anteriormente en cuanto a la falta de la debida sustanciación (nº 4 del art. 117 del C.G.P.). En segundo término y, en lo relativo a la errónea interpretación del documento obrante a fs. 110 del Expediente Administrativo No. 1/4113/2012, a juicio del Colegiado, el agravio resulta inadmisible por cuanto no se trata de un error determinante del fallo (art. 270 inc. 2 del C.G.P.). En efecto, aun cuando asiste razón al actor en que el citado documento no resulta cancelatorio de la deuda impetrada, lo cierto es que, como lo reconoce el propio impugnante, recibió tres pagos ($255.000 -Factura No. 2317 de fs. 112-, $280.000 -Factura No. 2316 de fs. 114- y $445.000 -Factura No. 2315 de fs. 116-) que cubren la suma total reclamada por concepto de precio originalmente convenido ($980.000 más IVA). En su mérito, el recurso de casación en el punto no puede prosperar. iv) Departamento de Salto . En relación al departamento de Salto el Tribunal señaló: “En cuanto a la obra en Salto, la propia demandada reconoció que hubo entregas tardías que fueron aceptadas (fs. 46 ‘in fine’), lo que desmiente la esencialidad del plazo inicialmente acordada; pese a ello, afirma haber pagado todo. Los montos que surgen desembolsados (fs. 151, 153 del exp. adm. 1/4113/12, o sea, $718.080 y $598.400) sobrepasan los no controvertidos reclamados por el pretensor ($1.210.000 más IVA), por lo que es improcedente amparar la demanda en relación a este sector concreto de la pretensión. Sobre otros trabajos realizados luego del llamado específico, tampoco hay contradictorio, que bien pudo haber existido; no obstante, el saldo entre lo pagado ($1.316.480) y lo reclamado por la licitación original ($1.210.000 más IVA) cubre perfectamente lo que se impetra por estos trabajos extras por los cuales se incoa $93.750 más IVA. Por tanto no corresponde amparar esta pretensión por obras en Salto” (fs. 175). Se agravió el recurrente por cuanto entiende que la Sala confundió los montos, ya que no tomó en cuenta el valor impetrado más IVA. Lo reclamado fue la suma de $1.210.000 más IVA. Afirmó que por los trabajos en el Departamento de Salto existen dos pagos. Por un lado, $805.200 –fs. 151- que se condice con la Factura No. 2347 de fs. 142 del Expediente Administrativo No. 4113/2012, de la cual se retuvo el 60% del IVA, abonándose efectivamente la suma de $718.080. Por el otro, la suma de $671.000 –fs. 153- que se correlaciona con la Factura No. 2348 agregada en el citado expediente administrativo. En este caso también se retuvo el 60% del IVA, abonándose efectivamente el monto de $598.400. Señaló que el total reclamado (presupuestado más adicionales, relevamiento y plano) asciende a $2.569.236 más IVA, en tanto, lo efectivamente cobrado (Facturas Nos. 2347 y 2348) fue de $1.210.000. En consecuencia, aún queda pendiente el pago de la suma de $1.359.236 más IVA. En el punto, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, asiste parcialmente razón al impugnante. En lo que respecta a la desestimatoria de los adicionales por área ($770.389 más IVA) y planos ($495.097 más IVA) los agravios no son de recibo, aspectos sobre los cuales corresponde reiterar lo ya expresado en los numerales anteriores. Ahora bien, sí asiste razón al impugnante en cuanto a que la Sala incurrió en error al afirmar que los pagos recibidos por el actor cubren en su totalidad lo reclamado por concepto de precio originalmente pactado ($1.200.000 más IVA) y adicionales por relevamientos ($93.750 más IVA). En efecto, el ad quem al realizar la comparación consideró los montos que surgen de los documentos de fs. 151 y 153 del Expediente Administrativo No. 1/4113/12, o sea $718.080 y $598.400, respectivamente. Empero, como bien lo señaló el impugnante, lo efectivamente cobrado sin IVA incluido fue: $660.000 (Factura No. 2347 de fs. 142) y $550.000 (Factura No. 2348 de fs. 143); esto es, el accionante recibió pagos por un total de $1.210.000 más IVA y no por $1.316.480 más IVA, como lo afirmó la Sala. En consecuencia, la diferencia entre lo efectivamente abonado $1.210.000 más IVA y lo adeudado $1.303.750 más IVA (monto original $1.200.000 más adicional por relevamiento $93.750) asciende a $93.750 más IVA . v) Departamento de Soriano . Puntualizó el Tribunal acerca del Departamento de Soriano: “Respecto a las obras en Soriano, no aparece un contradictorio categórico y del exp. adm. 1/4889/12 no constan pagos. Por ende, no cabe más que recibir el planteo íntegramente y se hará lugar a lo que se acepta como pendientes de pago por un total de $ 1.495.000 más el IVA (fs. 236 del expediente administrativo agregado)” (fs. 176). Se agravió el recurrente por cuanto considera que la Sala incurrió en error al señalar que el monto reclamado, el cual amparó totalmente, es el que emerge de fs. 36 del expediente administrativo; esto es: $1.495.000 más IVA. El monto incoado es el que emerge de la demanda y no del informe realizado por la contraparte en el expediente administrativo. Por otra parte, indicó que existió un pago por las labores cumplidas en el departamento el cual ascendió a la suma de $980.000 más IVA (fs. 85 del Expediente Administrativo No. 1/4889/2012, que guarda relación con la Factura No. 2318 –fs. 78 del citado expediente-). El total reclamado (presupuestado más adicionales, relevamiento y plano) asciende a $3.801.700 más IVA, mientras que lo efectivamente cobrado (Factura No. 2318) fue de $980.000 más IVA. En consecuencia, aún resta pagar la suma de $2.821.700 más IVA. A criterio de la Corporación, asiste parcialmente razón al impugnante. En primer lugar y, en lo que atañe a los adicionales por áreas y por planos, los agravios no resultan de recibo por los fundamentos ya expuestos. En cuanto al monto reclamado por concepto de precio originalmente estipulado, asiste razón al recurrente en que la Sala si bien afirmó que haría lugar íntegramente al planteo, luego, a la hora de fijar el monto, estuvo a lo que surge de fs. 236 del Expediente Administrativo No. 1/4889/12 ($1.495.000 más IVA) y no a lo efectivamente reclamado, esto es, $2.475.000 más IVA (fs. 26 vto.). En consecuencia, corresponde ampliar el monto de la condena a la suma de $ 1.495.000 más IVA ($2.475.000 más IVA -monto reclamado- menos $980.000 más IVA -suma cobrada conforme Factura No. 2318-). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : AMPÁRASE PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA Y, EN SU MÉRITO, ANÚLASE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN CUANTO: A) A LA SUMA DETERMINADA POR CONCEPTO DE PRECIO ORIGINALMENTE ESTIPULADO PARA EL DEPARTAMENTO DE RIVERA ($244.709 MÁS IVA), LA QUE SE FIJA EN LA SUMA DE $1.595.250 MÁS IVA. B) A LA DESESTIMATORIA DEL MONTO RECLAMADO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SALTO, RUBRO QUE SE AMPARA Y SE CUANTIFICA EN LA SUMA DE $93.750 MÁS IVA. C) AL MONTO FIJADO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SORIANO ($1.495.000 MÁS IVA), EL QUE SE ESTABLECE EN LA SUMA DE $1.595.250 MÁS IVA. DESESTÍMASE EN LO DEMÁS. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 30 BPC. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO, PUBLÍQUESE, Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.