Sentencia Definitiva N° 1.228/2019

Montevideo, ocho de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ AROSA GARCÍA, WASHINGTON Y OTROS c/ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO – ASSE. COBRO DE PESOS. EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 6 DE LA LEY 19.121 Y CASACIÓN” e individualizados con el IUE 2-54843/2016 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación deducido contra la sentencia definitiva de segunda instancia SEF 0005-000046/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno. RESULTANDO : I.- Por sentencia definitiva de primera instancia nro. 56/2017, de 18 de setiembre de 2018, el Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14º Turno, Doctor Fernando Tovagliare, se falló: “ 1- Amparando parcialmente la demanda y haciendo lugar: A) Al reclamo por la falta de entrega de elementos de protección a favor de los accionantes, cuya liquidación se diferirá al amparo de lo dispuesto por art. 378 C.G.P., sin perjuicio de su condena a fututo. B) Al reclamo por concepto de descansos intermedios, y en su mérito, condenando a la demandada al pago de las partidas salariales correspondientes a los descansos intermedios no gozados por los accionantes, entre el 21/12/2012 y 21/12/2016, con los descuentos legales pertinentes por aportes a la seguridad social, IRFP o FONASA, difiriéndose la liquidación a la vía prevista por el art. 378 del C.G.P., siguiéndose las pautas dispuestas en los ‘Considerandos Nos.: 6.j y 6.k’, de la presente sentencia, con los reajustes e intereses previstos en los ‘Considerandos Nos.: 9 y 10’ precedentes. 2- Desestimando el resto de los reclamos formulados. 3- Todo sin especial condenación...” (fojas 1384-1391). II.- Por sentencia definitiva SEF-0005-000046/2018, de 11 de abril de 2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, integrado por los Ministros Doctores Tabaré Sosa, John Pérez y Álvaro França, redactada por el Doctor Tabaré Sosa, se resolvió: “Revócase la sentencia impugnada y en su lugar se desestima la demanda (...) ” (fojas 1419-1426). III.- La parte actora interpuso recurso de casación (fojas 1429/1441 vto.) y, en síntesis, expresó: 1) Agravios referidos a los descansos intermedios. El Tribunal no concede el rubro por entender acreditado que los actores gozan de éste, sin perjuicio del debate jurídico en torno al tema. La demandada sostuvo que los integrantes de la parte actora no tienen derecho al descanso intermedio, lo que no resulta jurídicamente ajustado. A pesar de que no se haya sancionado una ley que confiera descansos intermedios a los integrantes de la parte actora, tal derecho surge de las normas de la Constitución. Se funda la recurrente en el principio de igualdad y en todas las normas análogas que amparan ese derecho. Todos los integrantes de la parte actora permanecen a la orden de la demandada sin interrupción durante toda su jornada de trabajo. Todos los funcionarios trabajan de continuo y sin posibilidad de descansar. Se realiza un detalle de las resultancias de la prueba testimonial (fojas 1432 vto.-1434. vto.). La sentencia resulta errónea por fundarse en prueba testimonial trasladada que no se relaciona con la situación de los reclamantes. El tribunal no valoró las diferencias existentes entre unos y otros funcionarios. La prueba trasladada tuvo por objeto la diferencia de salario por la partida prevista por el artículo 26 de la ley 19.121, pero no los descansos intermedios, ni la falta de entrega de uniformes. Los testimonios agregados en carácter de prueba trasladada fueron vertidos por funcionarios que trabajan en el sector de administración; en cambio, los actores se desempeñan en el sector asistencial o de mantenimiento, por lo cual los testigos no pueden conocer su situación. Los actores tienen diferentes tareas y lugares de trabajo, ya que desempeñan tareas de mantenimiento, radiología, ginecología y policlínica de podología. En cambio, ninguno de los testigos de la prueba trasladada se desempeña en esas áreas. La única actora que se desempeña en el mismo lugar que los testigos cuyos testimonios se trasladaron a la presente causa, es María Cristina Pereira, pero no fue nombrada por los testigos. Por otra parte, de tales declaraciones, tampoco surge que los trabajadores descansen, sino, por el contrario, que no abandonan el lugar de trabajo (testigo Martínez). La declaración de la testigo Martínez no fue dispuesta al tiempo de admitirse el traslado de prueba. Los actores son trabajadores públicos y trabajan 6 horas continuas. Su jornada sobrepasa la tercera o cuarta hora, sin recuperar el dominio de su libertad física. El descanso intermedio es un derecho humano, su regulación está reservada a la ley y no puede ser objeto del estatuto. 2) Agravios referidos a los uniformes. ASSE no entregó los uniformes en el período por el cual se reclama, aunque lo hizo a partir de 2016 sin tener dificultades para saber qué prendas debía entregar. De la prueba diligenciada surge cuáles son las ropas que deben ser entregadas (pantalón y casaca para quienes trabajan en el área asistencial, chaqueta para los administrativos y el equipo correspondiente para los de mantenimiento). La entrega de ropa procura evitar la “contaminación cruzada”. Se reseñan las resultancias de la prueba testimonial de la cual surge la ausencia de entrega de los uniformes (fojas 1437 vto.-1439). La necesidad de tener uniformes es un hecho evidente, ASSE alegó no saber qué prendas eran, no acreditó con recibos firmados haberlos entregado y los testigos prueban la posición de la parte actora. A diferencia de lo sostenido en la sentencia, alega haber cumplido con la carga de la sustanciación: alegó haber solicitado la entrega de equipos compuestos por pantalones, casacas y zapatos, en cantidad de dos por año. Respecto del personal asistencial: sacos de abrigo y zapatos adecuados antideslizantes. Al co-actor Arosa también se le debió haber entregado zapatos de seguridad, botas y equipo de lluvia, por realizar tareas de mantenimiento. IV.- Conjuntamente con el recurso de casación, la promotora presentó excepción de inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley 19.121, la cual fue desestimada por sentencia nro. 324/2019 de 18 de febrero de 2019 (fojas 1474-1475). V.- Conferido traslado del recurso de casación, no fue evacuado por la parte demandada (fojas 1443-1445). VI.- Luego de culminado el trámite del proceso de declaración de inconstitucionalidad, se dispuso el pasaje a estudio del expediente para resolver el recurso de casación (fojas 1480), concluido el cual se acordó el dictado de este pronunciamiento. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por la mayoría que se indicará en relación a cada uno de los agravios, desestimará el recurso de casación deducido en mérito a los siguientes fundamentos. II) En cuanto al fondo del asunto, dos son los puntos respecto a los cuales se agravió la parte actora: a) la revocatoria de la condena por el rubro descansos intermedios trabajados y; b) la revocatoria de la condena por la falta de entrega de uniformes. III) Agravios relativos a la desestimatoria del rubro descansos intermedios trabajados . Los actores alegaron tener una jornada de 6 horas de trabajo y no haber gozado de descanso intermedio. Pretendieron derivar su derecho de la aplicación de normas constitucionales y de la normativa análoga aplicable a los trabajadores de la actividad privada. Sobre la base de la igual protección constitucional del derecho a la limitación de la jornada (artículo 54 de la Constitución), concluyen los recurrentes que les corresponde ser indemnizados por no haber gozado del descanso intermedio. A efectos de arribar a esa conclusión, sostienen que el concepto de descanso intermedio se encuentra comprendido dentro del derecho a la limitación de la jornada de trabajo y que los integrantes de la parte actora tienen el mismo derecho que los trabajadores de la actividad privada que cumplen la misma tarea. Los reclamantes son funcionarios dependientes del servicio descentralizado ASSE y, en tanto tales, tienen una especial situación en cuanto a la regulación de sus derechos. Al resolver el punto, el Tribunal de Apelaciones argumentó en la sentencia: “En lo que tiene que ver con el descanso intermedio, los reclamantes dicen que no lo gozan mientras que la demandada replica afirmando que no existe norma alguna que ampare el manido descanso. Más allá de la discusión jurídica, decisivo resulta para elucidar este punto del pleito que la prueba testimonial desmiente la versión de la accionante. De acuerdo a las declaraciones de fs. 1323/1325 (Martínez y Caballero), los actores sí se toman el descanso, llevan viandas a la oficina, tienen una heladera donde las guardan para conservarlas en frío y un comedor donde alimentarse, el cual es utilizado con tal fin. La prueba entonces no respalda los hechos alegados, razón por la cual debe acogerse el agravio” (fojas 1424) . En primer lugar, se agravió la parte actora por cuanto entiende que la demandada al evacuar el traslado no controvirtió que los accionantes no descansaban, sino que se limitó a negar la existencia del derecho. En segundo lugar, afirmó que la Sala aplicó erróneamente los artículos 140 y 141 del Código General del Proceso, esto es, valoró equivocadamente la prueba obrante en autos, lo cual la condujo a concluir que los demandantes descansaban efectivamente. La Suprema Corte de Justicia, por mayoría integrada por los Doctores Jorge Chediak, Eduardo Turell y la redactora, desestimará los agravios deducidos. A criterio de la mayoría, más allá de si descansaban o no efectivamente, la pretensión formulada no puede progresar, pues parte de un sustento jurídico equivocado. A) En cuanto a la aplicación de la ley 19.121 a los funcionarios de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) . Los promotores son funcionarios del servicio descentralizado Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y, por tanto, no se encuentran comprendidos en la norma que regula la situación de los funcionarios de la Administración Central. La Corporación ya ha tenido ocasión de pronunciarse “ incidenter tantum” sobre el punto al analizar la legitimación de funcionarios de la entidad estatal demandada al resolver la inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley 19.120. Así, en sentencia 1641/2018 (entre muchas otras), la mayoría compuesta por los Ministros Doctores Jorge Chediak, Eduardo Turell, Doris Morales (quien integraba la Corte por encontrarse vacante uno de sus cargos) y la redactora, y en términos que cabe reeditar, sostuvieron: “ Corresponde desestimar la excepción de inconstitucionalidad impetrada, por cuanto los excepcionantes carecen de legitimación activa, esto es, no son titulares de un interés que pueda ser calificado como directo, personal y legítimo. Ello en la medida de que la norma impugnada (art. 6 de la Ley No. 19.121), en opinión de los Sres. Ministros Dres. Jorge Chediak, Elena Martínez, Doris Morales y el redactor [Doctor Eduardo Turell] , no les resulta aplicable (...) Veamos. El art. 6 de la Ley No. 19.121 (denominada ' Regulación del estatuto del funcionario público de la Administración Central’ ) se encuentra contenido en el Capítulo II (‘ Condiciones de trabajo, derechos, deberes y obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades' ) y establece: ‘(Jornada ordinaria de trabajo).- La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios públicos que ingresen a partir de la vigencia del presente Estatuto, será de ocho horas diarias efectivas de labor y cuarenta horas semanales, con un descanso intermedio de treinta minutos, período que integra la jornada y será remunerado como tal. El Poder Ejecutivo podrá establecer regímenes horarios extraordinarios o especiales, atendiendo a razones de servicio debidamente fundadas, con informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil’. (...) La norma transcripta debe analizarse conjuntamente con los arts. 1 y 2 ejusdem . El art. 1º de la Ley No. 19.121 establece que el estatuto disciplinado en el cuerpo formativo ‘ ...tiene por objeto regular las relaciones de trabajo del Poder Ejecutivo con sus funcionarios públicos , en un marco de profesionalización, transparencia, eficacia y eficiencia’ . A su vez, el art. 2º disciplina el ámbito subjetivo de aplicación, el cual comprende a ‘ ... los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo , con excepción de los funcionarios diplomáticos, consulares, militares, policiales y de los magistrados dependientes del Ministerio Público y Fiscal’ . Conforme emerge de la normativa transcripta, la disposición impugnada, contenida en el estatuto regulado por la Ley No. 19.121, se aplica exclusivamente a los funcionarios de la Administración Central. A tal conclusión se arriba, indefectiblemente, mediante la aplicación de los criterios de interpretación postulados en el C.C. (arts. 17 y ss.). En primer lugar, el tenor literal de los arts. 1 y 2 resulta claro en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación del estatuto el que, la propia norma, denomina ‘ Regulación del estatuto del funcionario público de la Administración Central' . Esto es, disciplina las relaciones de trabajo del Poder Ejecutivo con sus funcionarios públicos, resultando contundente la Ley en este sentido. En segundo término, también conduce a la misma conclusión una interpretación sistemática de las disposiciones del estatuto (art. 20 del C.C.). En este sentido y, a los efectos de analizar el alcance de los arts. 1 y 2 de la Ley No. 19.121, resulta de suma utilidad lo establecido por el art. 102 ejusdem . La citada norma señala: ' A los efectos del presente Estatuto se considerarán disposiciones transitorias y especiales las siguientes: (...) F) El contenido de lo dispuesto en los artículos que refieren a objeto, definición, principios fundamentales y valores organizacionales, requisitos formales para el ingreso a la función pública, descanso semanal, reducción de jornada, licencia anual reglamentaria, licencias especiales, acumulación de remuneraciones y excepciones, descuentos y retenciones sobre sueldos, sueldo anual complementario, hogar constituido, asignación familiar, prima por antigüedad, prima por matrimonio o concubinato reconocido judicialmente, prima por nacimiento o adopción, Fondo Nacional de Salud, seguro de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, jubilación, libertad sindical, derechos colectivos, enumeración de deberes y obligaciones, enumeración de prohibiciones e incompatibilidades, evaluación de desempeño, principios generales, definición de evaluación por desempeño, definición de cargo, titularidad del cargo, ascenso, derecho al ascenso, obligación de subrogar, potestad disciplinaria, principios generales, definición de falta, apreciación de la responsabilidad disciplinaria, recursos administrativos, desvinculación del funcionario público, en lo que correspondiere, será tenido en cuenta para su aplicación gradual a los funcionarios dependientes de los organismos comprendidos en los literales B) a E) del artículo 59 de la Constitución de la República, en un plazo máximo de veinticuatro meses, previo a dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2009’ . La disposición transcripta prevé que ciertos aspectos del estatuto establecido por la Ley No. 19.121, en lo que correspondiere y en un plazo máximo de 24 meses, se tendrán en cuenta para su aplicación gradual a los funcionarios dependientes de los organismos comprendidos en los literales B) a E) del artículo 59 de la Constitución Nacional (dentro de los cuales se encuentran los accionantes -Literal E-). Pues bien, si el propio cuerpo normativo proyectó en su art. 102 una aplicación gradual de sus disposiciones a los funcionarios de los Servicios Descentralizados (entre ellos A.S.S.E.), resulta, indefectiblemente, que el legislador no los consideró incluidos dentro de su ámbito subjetivo de aplicación. Esto es, si el estatuto abarcara a todos los funcionarios de los organismos comprendidos en el art. 59 de la Constitución Nacional, cabría preguntarse: ¿Por qué entonces prevé una aplicación gradual de sus disposiciones? La respuesta resulta clara: se proyecta porque esos funcionarios no se encuentran comprendidos en el estatuto previstos para la Administración Central. Aún más, con posterioridad, esto es, en diciembre de 2015, se modificaron y se derogaron dos literales del art. 102 (B y C), permaneciendo, por voluntad del Legislador, inalterado el citado literal F (ver arts. 225 a 227 de la Ley No. 19.355 de fecha 19 de 12 de 2015). (...) Asimismo y, sin perjuicio de la enjundiosa fundamentación realizada por la Sra. Ministra Dra. Minvielle, a partir de lo establecido en el art. 59 de la Constitución Nacional, no puede arribarse a una conclusión diversa, so pretexto de realizar una interpretación ajustada a la Constitución. Ello, implica una interpretación abrogatoria de las claras disposiciones contenidas en los arts. 1, 2 y 102 de la Ley No. 19.121, aspecto que no se puede compartir. Una cosa es realizar una interpretación de la norma conforme a la Constitución y otra, muy diferente, es suplir el texto legal o tenerlo por no escrito. En consecuencia, la interpretación que se pregona no es a contario sensu , sino que, a partir de las normas sancionadas, es la que se ajusta a la clara voluntad del Legislador. El art. 59 de la Carta preceptúa: ‘ La ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Sus preceptos se aplicarán a los funcionarios dependientes: A) Del Poder Ejecutivo, con excepción de los militares, policiales y diplomáticos, que se regirán por leyes especiales. B) Del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso- Administrativo, salvo en lo relativo a los cargos de la Judicatura. C) Del Tribunal de Cuentas. D) De la Corte Electoral y sus dependencias, sin perjuicio de las reglas destinadas a asegurar el contralor de los partidos políticos. E) De los Servicios Descentralizados, sin perjuicio de lo que a su respecto se disponga por leyes especiales en atención a la diversa índole de sus cometidos’. Asimismo, el art. 59 de la Constitución no establece que la regulación para alguno de los organismos que enumera se deba extender a los restantes, sino que, por el contrario, le encomienda la regulación del Estatuto del funcionario a la ley. Pues bien, en este punto cobra protagonismo el principio de separación de poderes, de indudable raigambre constitucional y de incidencia decisiva, para la dilucidación de la cuestión debatida en autos. En efecto, si el Legislador determinó ciertamente el alcance subjetivo del estatuto regulado en la Ley No. 19.121 (arts. 1, 2 y 102), el Poder Judicial no puede, sin que dichas normas hayan sido declaradas inconstitucionales, considerar que no fueron sancionadas a partir de una interpretación abrogatoria. En la subexamine , los arts. 1, 2 y 102 de la Ley No. 19.121 no fueron cuestionados por los promotores y, en consecuencia, no corresponde analizar su regularidad constitucional. Por tanto, el Legislador tuvo más que presente que estaba excluyendo a los restantes organismos previstos por el artículo 59 de la Constitución del régimen del Estatuto de los Funcionarios de la Administración Central. Ese desconocimiento de la voluntad claramente manifestada por el Legislador solamente podría resultar de la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones, lo cual no fue solicitado por la parte por tales fundamentos. (...) Los excepcionantes, conforme surge del propio acto de proposición inicial y no se encuentra debatido en autos, son personal presupuestado de A.S.S.E. y, en su mérito, no les resulta aplicable el conjunto de condiciones de trabajo, derechos, deberes y obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades, contenidos en el estatuto regulado por la Ley No. 19.121. Este extremo fue reconocido por los propios actores en oportunidad de deducir la demanda y, por A.S.S.E., al momento de contestar la inconstitucionalidad impetrada por vía de excepción (fs. 380 vto.). En este mismo sentido se pronunció el Fiscal de Corte a fs. 386 vto. ‘ Conforme puede observarse, el Estatuto de referencia es de aplicación exclusivamente para aquellos funcionarios públicos de la Administración Central que ingresaron a la misma a partir de su entrada en vigencia, hipótesis que no encarta en la situación funcional de la parte actora, la cual reclama emolumentos originados por su labor para la Administración de Servicios de Salud del Estado (A.S.S.E.)’”. Felipe Rotondo, al analizar los decretos reglamentarios de la Ley, parece sostener esta posición en cuanto señaló: “Dado el importante número de decretos reglamentarios de la Ley No. 19.121 de 20-VIII-2013, en estas líneas se trata de efectuar una breve presentación de los que han sido dictados a la fecha (23-II-2015). Una vez más, corresponde tener presente que esa ley aprobó el Estatuto que rige ‘las relaciones de trabajo del Poder Ejecutivo con sus funcionarios’, de manera que ese cuerpo legal se circunscribe a 'todo individuo que, incorporado mediante un procedimiento legal, ejerce funciones públicas en un organismo' de ese Poder, 'bajo una relación de subordinación y al servicio del interés general' (Arts. 1 a 3 de la ley citada). Al efecto se seguirá el orden cronológico de dichos decretos, salvo cuando estén directamente interrelacionados entre sí” (ROTONDO, Felipe “Estatuto del funcionario de la administración central”, CADE 8677). En igual sentido se han pronunciado Larrañaga y Figueredo (en obra coordinada por Durán Martínez) quienes en el apartado titulado “El limitado ámbito de aplicación de la Ley 19.121 y los problemas que conlleva”, señalan: “... la Ley nº 19.121, no es el estatuto del funcionario público, sino tan sólo el Estatuto de la mayoría de los funcionarios del Poder Ejecutivo, puesto que existen varios se ven expresamente excluidos de su aplicación como diplomáticos, funcionarios consulares, militares, policías y magistrados dependientes del Ministerio Público y Fiscal (Artículo 2). Por otra parte, sólo reciben una aplicación parcial los dependientes de la Dirección General Impositiva, Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General de Casinos (Artículo 102 literales B y C). No existe fundamento alguno para establecer las últimas exclusiones” Y, más adelante, agregan: “La Ley Nº 19.121 (...) no sólo (...) crea un estatuto especial para los funcionarios específicos de un Poder (...) sino que ni siquiera es de aplicación a todos los funcionarios que trabajan para el mismo” (LARRAÑAGA LARGHER, María Victoria y FIGUEREDO SIMONETTI, Roberto “La incidencia del derecho laboral en la Ley 19.121” en “Funcionarios Públicos”, Coordinado por DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. UCU, Págs. 136 y ss.). B) En cuanto a la posibilidad de extraer el derecho al goce del descanso intermedio por la aplicación de normas y principios del Derecho Laboral . No se encuentra debatido en autos que, no siendo aplicable a los accionantes la ley 19.121, el Texto Ordenado de normas sobre Funcionarios Públicos (TOFUP) no consagra para los funcionarios de ASSE el beneficio del descanso intermedio. Sobre esa base la actora formuló su demanda. En ella se alegó que el descanso intermedio es un derecho fundamental (artículos 72 y 332 de la Constitución), que le corresponde a cualquier trabajador, sea del sector público o del privado. Por su parte, la demandada repelió esa argumentación en el entendido de que si no existe previsión estatutaria al respecto, corresponde desestimar la demanda. A criterio de la mayoría integrada por los Ministros Doctores Jorge Chediak, Eduardo Turell y la redactora, le asiste razón a la demandada y, por tanto, no corresponde amparar el reclamo. Si bien existen ciertas normas aplicables con independencia de si el trabajador es público o privado, la Carta prevé expresamente la existencia de estatutos aplicables a los funcionarios públicos, brindando determinados lineamientos (artículos 59 y 63). No resulta jurídicamente acertado trasladar sin más todas las normas que regulan el derecho del trabajo a los funcionarios públicos, quienes se encuentran vinculados al Estado por una relación estatutaria. En este sentido, Sayagués Laso señala que “...resulta claro que el funcionario se encuentra en una situación estatutaria de origen constitucional, legal o reglamentario, según los casos. En efecto, los funcionarios están sometidos a un régimen jurídico cuya existencia es anterior al momento de su ingreso a la función pública, que ha sido creado unilateralmente por la entidad estatal y que, por lo tanto, puede modificar en cualquier momento, para adaptarlo a las necesidades de la Administración. En el derecho público moderno, ciertas normas fundamentales que regulan la condición de los funcionarios, figuran en los textos constitucionales; otras, el mayor número de ellas, en cuerpos orgánicos que reciben la denominación de ‘estatutos del funcionario’; y en todo lo no previsto por la Constitución o las leyes, rigen normas de carácter reglamentario. La circunstancia de que ese régimen estatutario sea creado unilateralmente y pueda ser modificado en la misma forma, no significa que los funcionarios estén desamparados. Las normas citadas imponen deberes igual que confieren derechos y la administración debe exigir el cumplimiento de aquéllos así como respetar éstos...”. Asimismo, el citado autor señala que debe entenderse por “estatuto del funcionario el conjunto orgánico de normas legales que regulan los derechos, deberes y obligaciones de los funcionarios públicos. Todo estatuto, pues, debe contener las disposiciones protectoras de los funcionarios relativos al ascenso, estabilidad, garantía de permanencia, derechos pecuniarios, etc., así como las que imponen obligaciones y deberes a fin de asegurar un correcto ejercicio de las funciones públicas” (Sayagués Laso, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, T. I, FCU, 9na Ed. puesta al día a 2010 por Daniel Hugo Martins, Montevideo, setiembre de 2010, págs. 272-273). Respecto al vínculo de los funcionarios públicos con el Estado y la posibilidad de aplicar normas derivadas del Derecho del Trabajo, ha señalado la Suprema Corte de Justicia en sentencia nro. 685/2014: “ Uno de los temas principales que debe abordarse en el subexamine es el relativo a la posibilidad de aplicación de los principios y las disposiciones propias del derecho del trabajo, a los vínculos emergentes de la relación entre el Estado y los funcionarios públicos. Al efecto, Ruben Correa Freitas – Cristina Vázquez al analizar el trabajo de los funcionarios públicos y el vínculo que existe entre la relación funcional y derecho general del trabajo han señalado que: 'El ejercicio de función pública, objeto de la relación funcional, se lleva a cabo mediante la aplicación de las energías intelectuales o corporales del funcionario, en forma que redunda en beneficio de la colectividad y dándole la posibilidad de ganar su sustento...'. Precisando seguidamente: 'En este sentido, el funcionario público es un trabajador que, como tal, resulta alcanzado por las disposiciones que rigen el trabajo como hecho social y, en especial, el trabajo subordinado. Estas disposiciones se encuentran, en el estado actual de la evolución jurídica, en una zona que sería fronteriza entre el derecho público y el derecho privado, en cuanto alcanzan a sujetos y relaciones públicas y privadas y tutelan intereses de ambos tipos. No constituyen una disciplina jurídica autónoma sino un ‘régimen jurídico’'. Cabe recordar, como señalan los citados autores que: 'La relación funcional es el vínculo jurídico especial que une al funcionario con la entidad estatal, por el cual aquel se obliga a realizar función pública, en la forma y condiciones que el Estado establezca unilateralmente...' agregando de forma concluyente: 'En su carácter de sujeto de un vínculo en el cual la otra parte es una entidad estatal, el funcionario se encuentra sujeto, además, a las disposiciones que se le aplican en cuanto tal. Estas son normas de Derecho público, de origen constitucional, legal o reglamentario e integran el estatuto material' (Cfme. aut. cit. 'Manual de derecho de la función pública', pág. 47). Trasladando estos conceptos al subexamine no cabe sino concluir que la aplicación normativa efectuada por la Sala resultó ajustada a tales parámetros en tanto no obstante ser cierto que el vínculo existente entre el Estado y los funcionarios públicos es por esencia de naturaleza laboral, se encuentra sujeto asimismo a una regulación específica, emanada de disposiciones tanto de rango constitucional (como el art. 63 de la Carta Magna, v. gr.) como legal, debiendo analizarse en cada caso cuál es el marco regulatorio de su actividad, y a él corresponde estar” (Ver también sentencias nros. nro. 748/2014 y 187/2016 de la Suprema Corte de Justicia). El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno en sentencia 350/2013, en relación a los funcionarios policiales, en términos que resultan trasladables, ha consignado: “ La parte actora pretende que el régimen de trabajo que le comprende sea el que a ella conviene y no el que resulta del ordenamiento jurídico. Más allá de reconocer ciertos derechos a los trabajadores independientemente de que se desempeñen en el ámbito privado o en el público, la propia Constitución prevé que existan soluciones estatutarias aplicables a los funcionarios públicos, cuya reglamentación comete a la ley, fijando ciertas bases (v.g.: el funcionario estará para la función y no a la inversa) y sujetando la actividad a todo el régimen presupuestal constitucional de creación y dotación de cargos y funciones públicas, ingresos y egresos estatales, etcétera (art. 86); previéndose incluso la existencia de estatuto especial para el personal policial, militar o diplomático (art. 59 eiusdem). Por consiguiente, no puede partirse de la base de un tratamiento idéntico a los trabajadores privados, regidos por el Derecho Laboral, y los funcionarios públicos, regidos por el Derecho Público Constitucional y Administrativo, pues tales ordenamientos pueden consagrar soluciones disímiles, beneficios, deberes y tratamientos distintos, con perfecta adecuación a la Constitución. La Sala ha expuesto reiteradamente que no corresponde extender sin más a los funcionarios públicos soluciones propias del Derecho Laboral privado, y menos aún en violación del régimen presupuestario constitucional (v.g. sentencias Nos. 49/2007, 136/2010, 51/2012, 96/2012). La jurisprudencia de los Tribunales de Apelaciones es conteste en no admitir reclamos de funcionarios policiales o bomberos como el que motiva esta litis, por no hallarse comprendido en el régimen estatutario el pago de otras extras ni descansos intermedios fuera de los límites fijados por Convenios Internacionales del Trabajo, Ley Orgánica Policial (Nº 13963, arts. 34, 38) y reglamentaciones específicas, que no asignan al actor derechos como el que postula, en virtud de su estado policial y condiciones concretas de trabajo (Cf. y más ampliamente, sentencias Nos. 40/2012 del Similar de 1er. Turno, 272/2011 del Homólogo de 4º Turno, 137/2010 y 336/2011 del Similar de 6º Turno)”. En la misma línea de argumentación se pronunció el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno en la sentencia nro. 142/2012. Por tanto, trasladando dichos conceptos al planteo formulado en este proceso, no resulta posible derivar el derecho al descanso intermedio que tiene su origen en normas del Derecho del Trabajo, a los funcionarios del Estado que no los tienen previstos en su estatuto. IV) Agravios relativos a la revocatoria de la condena por la falta de entrega de elementos de protección . La Suprema Corte de Justicia, por la mayoría integrada por los Ministros Doctores Jorge Chediak, Bernadette Minvielle, Luis Tosi y la redactora, desestimará los agravios deducidos sobre el punto. La Corporación comparte el criterio adoptado por el Tribunal en cuanto a que la promotora, en su acto de proposición inicial, incurrió en graves deficiencias de alegación, las cuales, en definitiva, obstan el amparo del rubro reclamado. Expresó la Sala: “Respecto de la entrega de uniformes, el reclamo no es claro (fs. 55 ‘in fine’ y v.) pero de una lectura armónica, que incluye la normativa que cita y el petitorio 7º (fs. 59 v. ‘in fine’), puede entenderse que se trata de ropa de trabajo protectora contra riesgos de salud. Sin perjuicio, aquí asiste plena razón a la apelante, desde que la demanda no especifica qué clases de ropas de trabajo deben serle dadas, ni tampoco explicita a qué tipo de riesgos concretos se verían expuestos quienes accionan. Se desconoce el art. 117 nal. 4º CGP que exige ‘narración precisa de los hechos’. Es imprescindible conocer los eventuales riesgos a que los actores se encontrarían expuestos para luego, determinar qué clase de prendas corresponde le sean proporcionadas. Es de presumir que para cada categoría de riesgo ha de existir una indumentaria diferente y si no es así -porque una sola clase de vestimenta puede cubrir varios tipos de riesgos-, debió ser alegado y probado por la actora, que es quien reclama este bien de la vida. La pretensión es formulada en términos por demás vagos y genéricos, sumamente imprecisos, no cumpliendo así con la teoría de la sustanciación, como bien advierte la demandada en su impugnación. La parte que invoca un hecho o alega un daño tiene la carga de invocarlo con claridad y precisión, de forma fehaciente de acuerdo a la teoría de la sustanciación de la demanda (art. 117 CGP), según el cual, como expresa ALSINA (Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal, t. II p. 34 y ss.) deben exponerse circunstanciadamente los hechos que constituyen la relación jurídica y la expresión de los hechos debe limitarse a los necesarios para la calificación de la acción, excluyéndose todos aquellos que no tuvieran vinculación con ella pero cuidando de no omitir los que tuvieran alguna relación aunque sea indirecta o que de cualquier manera pudieran influir en la decisión final (de la Sala No. 216/12 en LJU 146083; Nos. 5-106/13, 50/15, 16/16 y 11/17, entre otras). Es del caso recordar que la relación jurídica entablada en la demanda (teoría de la sustanciación que es la recogida por el CGP; v. CGP, Comentado, etc., VESCOVI y colaboradores, t. III p. 95 y ss.) es el estado de cosas expuesto y el bien de la vida reclamado (GUASP, Der. Proc. Civ., t. I, 3ª ed. p. 224 y ss.), sobre el cual debe recaer el pronunciamiento por el principio de congruencia (arts.1, 117, 341 nal. 6º y 198 CGP). De esta forma, la imprecisión del planteo de la actora perjudica su derecho; le asiste plena razón al agravio de la demandada y la sentencia será revocada en este aspecto”. Como lo sostuvo el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno en sentencia 285/2008: “ Refiriéndose a la teoría de la sustanciación, los autores del Código General del Proceso comentado expresan que esta teoría (que recoge nuestro ordenamiento jurídico adjetivo) es más antigua que la teoría de la individualización. Según la primera, la demanda debe contener una relación circunstanciada de los hechos que originaron el derecho que se alega, la cual resulta necesaria para fundamentar el petitum. El objeto de la pretensión y el del proceso estará constituido no solo por la relación jurídica, sino, también, por los fundamentos de hecho y de derecho que determinan la deducción de dicha pretensión y el petitorio al juzgador. Esta teoría parte de la base de que una pretensión procesal solo puede estar fundada en hechos; así, si el actor desea resultar ganancioso debe exponer en su demanda los antecedentes de hecho de los que surja la relación jurídica litigiosa; debe aportar, en definitiva, la suma de los hechos constitutivos de su pretensión (artículo 117 num. 4 C.G.P.). La mención ordenada de los que sean importantes tiene superlativo interés para identificar el proceso y es consecuente con el aforismo da mihi factum, dabo tibi ius (Véscovi y otros, Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado, t. 3, ps. 94-96) ”. A criterio de la mayoría, la promoción de un accionamiento por sujetos que tienen cargos y tareas distintas, requería ser particularmente claro a la hora de detallar cuál fue el concreto incumplimiento de la parte demandada. Es de verse que las recurrentes han pretendido especificar en su escrito de casación cuáles son las prendas que correspondía que le fueran entregadas y subsanar, de ese modo, los defectos relevados por el Tribunal respecto de su demanda. Esa actitud resulta contraria al principio de buena fe y no hace sino poner en evidencia el incumplimiento de la carga de la debida alegación en el acto de proposición. Por tanto, las carencias iniciales del accionamiento de la parte actora impiden valorar de otra forma los hechos de autos. En definitiva, por los fundamentos expuestos, los Doctores Jorge Chediak, Bernadette Minvielle, Luis Tosi y la redactora, estiman que corresponde desestimar los agravios articulados sobre el punto. V) No corresponde imponer especial condena en costas y costos (artículo 279 del Código General del Proceso). Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN DEDUCIDO, SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 20 B.P.C. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. DR. EDUARDO TURELL DISCORDE: CORRESPONDE AMPARAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN, EN CUANTO AL RUBRO ENTREGA DE UNIFORMES. No se comparte lo sostenido por el Tribunal ad quem en el punto para desestimar el rubro examen (fs. 1423 y ss.), en tanto si bien la demanda cuenta con cierta pobreza argumentativa es claro que a fs. 55 vto la actora describió y fundó su pretensión de entrega de los uniformes de trabajo a cargo del empleador en este caso ASSE. Por tanto la demanda satisface mínimamente con los requerimientos establecidos en el art. 117 num. 4 del C.G.P. Todos los reclamantes son personal asistencial, se desempeñan en el Hospital Pereyra Rossell, y la norma invocada en apoyo de lo pretendido -Decreto No. 406/1988- resulta aplicable a toda actividad, pública o privada, en materia de prevención de accidentes de trabajo y establece la obligación de otorgar ropa de trabajo adecuada para cada tarea por parte del empleador en forma gratuita (artículos 1, 24 y 27). En el caso debe verse que, al contestar la demanda (fs. 81 y ss.) A.S.S.E no objetó la procedencia de la obligación de proporcionarlos, indicó únicamente que la actora no señalaba que uniformes debían ser entregados. Contradicción que no puede ser aceptada, en la medida que tenía conocimiento de cargos y actividades que desempeñaban cada uno de los actores, lo que le permitía discernir cuales serían los uniformes correspondientes a cada uno de ellos y formular la oposición que correspondía. Además sostuvo en su contestación, que el Hospital Pereyra Rossell entrega el uniforme a sus funcionarios, sin embargo ningún prueba produjo en el punto, cuando era su carga acreditar la entrega invocada. En definitiva a diferencia de lo señalado por la mayoría, entiendo que corresponde amparar parcialmente el recurso interpuesto, respecto del rubro señalado dejando firme el fallo de primer grado. DRES. BERNARDETTE MINVIELLE Y LUIS TOSI: DISCORDES PARCIALMENTE: por cuanto consideramos -por los argumentos que desarrollaremos a continuación- que los trabajadores accionantes tienen derecho al descanso intermedio, por lo que debe acogerse parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte actora y, en su mérito, anular la sentencia impugnada, exclusivamente en lo que respecta al rubro descansos intermedios no gozados. En su lugar, corresponde condenar a la demandada a abonar a los actores, por concepto de descansos intermedios no gozados, los montos reclamados por la parte actora en la liquidación efectuada en la demanda. 1.1) El agravio de los recurrentes La actora se agravió porque la Sala consideró que la pretensión de cobro de los descansos intermedios no gozados no podía prosperar, por haber considerado acreditado que los actores gozaban el descanso intermedio (considerando V, fs. 1424). Concretamente, la parte actora sostuvo: En primer lugar, que la Sala incurrió en error, ya que la ASSE no controvirtió que ellos no gozaban del descanso intermedio, sino, únicamente, que la pretensión no correspondía porque ellos no tenían derecho a tal descanso. En segundo lugar, que la Sala incurrió en error porque ninguno de los actores goza del descanso intermedio: ninguno recobra el dominio de su tiempo y su libertad durante la jornada diaria laboral, nunca pueden descansar media hora, estando siempre a la orden de su empleadora. Ninguno de los testigos afirmó que descansan o que gozan de la media hora de descanso. Por otra parte, la titularidad de ese derecho fundamental al descanso intermedio, negada por la ASSE, tiene fuente en el artículo 332 de la Carta, con igual contenido que el que rige para el sector privado. En tercer lugar, que aun cuando se entendiera que la calificación de la Sala de los hechos reseñados en su fallo es correcta, cabe señalar que se basó en prueba trasladada que no tiene relación con este expediente. En efecto, los testimonios que citó la Sala corresponden a otro juicio y son de testigos que trabajan dentro del Complejo Hospitalaria Pereira Rossell pero en reparticiones muy distantes de las de los actores, razón por las cuales no tiene mayor eficacia probatoria. Véase que ninguno de esos testimonios refieren a los actores, sino a trabajadoras ajenas a este juicio ( “Martínez y Caballero” , fs. 1424). A nuestro juicio, el agravio es de recibo, con el alcance que se dirá. En efecto, por los argumentos que indicaremos a continuación, consideramos que asiste razón a los recurrentes en cuanto a que la calificación jurídica de los hechos tenidos por probados es incorrecta. 1.2) Los actores tienen derecho al descanso intermedio . 1.2.1) La Constitución consagra el derecho al descanso intermedio de los trabajadores públicos que prestan sus servicios en el marco de una relación de trabajo subordinado . La ausencia de una norma que disponga expresamente el régimen de descanso intermedio de los trabajadores de la ASSE no implica, como lo ha postulado en este juicio la demandada, que sus funcionarios no tengan derecho al descanso intermedio. En efecto, consideramos que el derecho constitucional a la limitación de la jornada de los trabajadores subordinados, comprensivo del derecho al descanso intermedio, abarca a todos los trabajadores que se desempeñan en una relación de trabajo subordinado, ya sean públicos o privados. Tal como lo sostuviera el Dr. Luis Tosi desde la Sala del Trabajo de 2° Turno en un fallo del año 2007: “‘El funcionario público es un trabajador que, como tal, resulta alcanzado por las disposiciones que rigen el trabajo como hecho social y, en esencial, el trabajo subordinado’ (Conf. Cristina Vázquez, en el ‘Manual de Derecho de la Función Pública’, por ella escrito en coautoría con Ruben Correa Freitas, 1ª edic. pág. 47). ‘En el caso, la relación básica de las partes es una relación de trabajo subordinado. Por ende corresponde la laboralización de su regulación jurídica’. ‘Dicha laboralización emerge con toda claridad del análisis del propio régimen estatutario de los funcionarios públicos. Siguiendo a HORACIO CASSINELLI MUÑOZ, dicho estatuto tiene una doble faz; una formal (acto regla), y otra material (derivada de la Constitución, leyes, decretos y reglamentos). Y es por efecto de las normas de raigambre constitucional que se da pie a la mentada laboralización. La relación de trabajo es una sola, ya se trate de empleados públicos y privados. La propia Constitución vigente impone la igualdad de todo trabajo en beneficio ajeno, en una interpretación omnicomprensiva de su parte dogmática (en especial, a través de su art. 8). Ningún trabajador público puede tener menos garantías que uno privado’. De conformidad con CARLOS SACCHI, ‘...En definitiva, pues, estamos con la tesis unitaria la cual... consiste en no aceptar que exista diferencia esencial entre ambos tipos de relación de empleo público y privado, dado que todos tienen las mismas características en lo que hace a la prestación de servicios subordinados. Eso es lo que tiene que ver con la asimilación del trabajador público con el privado, en cuanto a la aplicación de los grandes principios del derecho del trabajo y también de normas constitucionales y legales de sustancia laboral (de derecho individual o colectivo del trabajo). ... Porque los grandes principios del derecho del trabajo... indudablemente tienen su fuente en el Derecho Constitucional...’ (CARLOS SACCHI, en ‘Responsabilidad laboral del Estado’, Cuaderno del Coloquio Nº 1, pág. 13)” , (sentencia N° 314/2007). El artículo 54 de la Constitución establece: “La ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado (...) la limitación de la jornada (...)” . Como lo ha enseñado el Profesor Cassinelli Muñoz, en cita extensa, pero necesaria por su claridad: “El artículo consagra una competencia de la ley formal, cuyo ejercicio es debido (‘ha de ...’), a la vez que implica la inherencia de los derechos allí mencionados a la situación descrita de los beneficiarios, en virtud del uso del verbo ‘reconocer’ (1). Respecto de los trabajadores privados que se encuentren comprendidos en el artículo, esto es, que se hallen en la relación de trabajo o servicio como obreros o empleados, la competencia legislativa no presenta dificultades. La legislación que se dicte quedará colocada bajo la Constitución y será a su vez reglamentada, en cuanto sea necesario para su ejecución, por actos del Poder Ejecutivo. Respecto de los funcionarios públicos, en cambio, surge el problema de la correlación entre este artículo 54 y los artículos que prevén la existencia de actos jurídicos especiales, los Estatutos de los funcionarios, cuya sanción no compete siempre a la ley (4). Es necesario resolver, pues, la coordinación entre la competencia de la ley ordinaria, consagrada en el art. 54, y la competencia del estatuto formal; establecida en los arts. 59, 62, 63, 107 y 206. Habría dos maneras muy sencillas, pero erróneas, de eliminar este problema. La primera, excluir del ámbito del art. 54 a los funcionarios públicos; la segunda, excluir de los estatutos formales la regulación de la jornada de trabajo. El error de la primera solución ya ha sido señalado por mí en otra ocasión (5). Deriva de una falsa valoración de la relación entre la norma general y la norma especial: la exigencia de reglas especiales para los funcionarios públicos no excluye la aplicación a éstos de las reglas generales para todas las personas, o para todos los trabajadores, o para todos los habitantes, en todos los puntos en que no haya contradicción con un texto especial. La segunda solución podría apoyarse en el silencio que guarda el art. 61 sobre la regulación de la jornada de trabajo; silencio significativo, porque el artículo sienta, en cambio, la reglamentación del derecho al descanso semanal de los funcionarios. Sin embargo, el error queda de manifiesto si observamos que el art. 61 enumera, en realidad, un contenido mínimo necesario del Estatuto, pero no excluye la regulación de otros aspectos que integren, como los allí enunciados, el concepto material de ‘estatuto de los funcionarios’. El estatuto formal debe reglamentar, para los funcionarios de carrera, el derecho al descanso semanal que la ley formal debe a su vez reconocer a todos los empleados u obreros; pero puede, además, reglamentar el derecho a la limitación de la jornada, en cuanto atañe a los funcionarios de que se trate, dentro de las normas legales que rigen la materia sin discriminar entre el sector público y el privado” (Horacio Cassinelli Múñoz: “Alcance de la legislación sobre limitación de la jornada respecto de los funcionarios públicos” , en “Derecho Constitucional y Administrativo - Estudios publicados, compilados por Carlos Sacchi” , La Ley Uruguay, 2010, págs. 985-986. Originalmente publicado en: Revista de Derecho Jurisprudencia y Administración, t. 61, págs. 21 y sgtes.) Agrega más adelante el eminente ius-publicista en la misma obra: “La tradición legislativa uruguaya engarza perfectamente, en lo que atañe a la limitación de la jornada, con el sistema constitucional expuesto. Ya la ley 5350 declaraba en su artículo 2: ‘Esta ley comprende a los obreros y empleados en trabajos realizados por el Estado’, y desde entonces la legislación sobre los límites de jornada laboral no ha hecho excepción de los funcionarios, lo que está de acuerdo, además, con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que Uruguay ha ratificado. Y si se presenta un caso de duda interpretación de la ley debe tender a su aplicación indiscriminada, porque tal es el principio constitucional e internacional vigente entre nosotros” (Horacio Cassinelli Múñoz, ob. cit., pág. 987). En definitiva, los accionantes, quienes trabajan en forma subordinada para ASSE en el Hospital Pereira Rosell y en el Patronato del Psicópata – Salud Mental, tienen derecho al descanso intermedio, tratándose de un derecho subjetivo perfecto de fuente constitucional y reglamentación legal. Por último, cabe anotar que en igual sentido, en cuanto a que los funcionarios públicos de la ASSE tienen derecho al descanso intermedio, con prescindencia de su regulación legal expresa, se expidió recientemente la Dra. Bernadette Minvielle, en discordia extendida a la sentencia N° 1917/2017. 1.2.2) Contenido del derecho al descanso intermedio de los accionantes . En función de lo que venimos de señalar, en ausencia de una norma sobre descanso intermedio que expresamente contemple dentro de su ámbito de aplicación a los funcionarios de la ASSE que integran la parte actora, el contenido del derecho al descanso intermedio de los accionantes será el mismo que tengan los trabajadores del sector privado que realicen igual tarea. Ello impone recurrir al régimen de quienes se desempeñen como personal asistencial, con jornada de seis horas diarias. Tal régimen se encuentra regulado por la ley 5.350 y el decreto del Poder Ejecutivo 504/1986. La ley 5.350, la cual en su artículo 4 estableció: “el Poder Ejecutivo reglamentará los descansos obligatorios diarios que correspondan a cada gremio, dentro del horario de trabajo” . Y el decreto 504/1986 establece en su artículo 2°, numeral 19 que “ Todo trabajador en régimen de seis horas o más de trabajo diario, tendrá derecho a treinta minutos de descanso, sin excepción entre la tercera y quinta hora de labor ” . En conclusión, los accionantes tienen derecho al descanso intermedio en los términos del artículo 2° numeral 19 del decreto 504/1986 (descanso de treinta minutos a ser gozado sin excepción entre la tercera y quinta hora de labor). 1.2.3) La Sala desestimó la pretensión de cobro de los descansos intermedios no gozados erróneamente con base en un error de calificación o subsunción. Partiremos de la segunda crítica que funda el agravio de la actora. 1.2.3.1) La Sala calificó erróneamente los hechos que tuvo por probados como impeditivos de la pretensión por cobro del descanso intermedio . Cabe transcribir íntegramente los fundamentos de la Sala para desestimar la pretensión: “En lo que tiene que ver con el descanso intermedio, los reclamantes dicen que no lo gozan mientras que la demandada replica que no existe norma alguna que ampare el manido descanso. Más allá de la discusión jurídica de la accionante [ , ] de acuerdo a las declaraciones de fs. 1323/1325 (Martínez y Caballero), los actores sí se toman el descanso, llevan viandas a la oficina, tienen una heladera donde las guardan para conservarlas en frío y un comedor donde alimentarse, el cual es utilizado con tal fin” (fs. 1424). 1.2.3.2) La calificación de ciertos hechos como “goce de descanso intermedio” es una cuestión de puro derecho . Concretamente, entonces, la Sala consideró que el hecho de que los actores llevaran viandas, contando con heladera y comedor y almorzaran en su lugar de trabajo constituía un hecho impeditivo de la pretensión, por acreditar que gozaban el manido descanso intermedio. Inequívocamente uno de los fundamentos del agravio contiene una crítica a la calificación realizada. No se discute por la recurrente que la Sala haya dado por probado que los actores almuerzan en el trabajo, que tengan y usen una heladera para guardar sus viandas, que cuenten con un comedor. La parte recurrente afirmó que, aun admitiendo esos hechos, la calificación de los mismos como descanso intermedio es errónea. Lo que se discute por la parte recurrente es la calificación que de tales hechos realizó la Sala: esto es, partiendo de los mismos hechos considerados por el órgano de segunda instancia, es erróneo considerarlos (calificarlos como) constitutivos del supuesto de hecho del descanso intermedio. 1.2.3.3) La calificación de ciertos hechos como “goce de descanso intermedio” de la Sala fue errada: comer durante la jornada de trabajo, tener una heladera para guardar la comida, la existencia de un comedor y circunstancias análogas no suponen gozar del descanso intermedio . A nuestro juicio, asiste razón a la parte recurrente, ya que el hecho de que se considere probado que los trabajadores de la ASSE almuerzan en su horario de trabajo no puede ser subsumido en que gozan de su descanso intermedio. Ello surge en forma palmaria si se tiene en cuenta el contenido que pacíficamente se le ha reconocido a ese derecho en nuestro medio. Como lo señaló un estudio especializado sobre el punto: “De acuerdo a la opinión doctrinaria y jurisprudencial más recibida, el descanso intermedio tiene las siguientes características: a.- para que el instituto cumpla con su finalidad el trabajador debe recuperar su libertad durante la interrupción del trabajo y no quedar sometido al poder de dirección del empleador, de manera de poder utilizar ese tiempo a la reposición de energías; b.- no se goza cabalmente del tiempo libre si el empleado debe permanecer a la orden del empleador; c.- el beneficio constituye un derecho laboral fundamental por lo que es irrenunciable; d.- como regla debe ser gozado a mitad de la jornada o en el tiempo por la normativa (...)” (Alejandro Castello: “Descansos intermedios”, en obra colectiva: “Derecho del Trabajo” , Juan Raso Delgue –Director-, Alejandro Castello –Coordinador-, tomo I, pág. 30.). En este marco, el hecho impeditivo de la pretensión no es que los actores almuercen en su lugar de trabajo, sino que efectivamente gocen de su descanso intermedio, lo que supone como surge de la cita precedente, que durante treinta minutos gocen de absoluta libertad, sustrayéndose al poder de dirección del empleador, de modo de poder reponer energías. No computa como descanso intermedio el tiempo que el trabajador pueda dedicar a almorzar su vianda o a comer un refrigerio manteniéndose a la orden del empleador sin recupera su libertad de hacer lo que le plazca en ese tiempo. En definitiva, el agravio referido es de recibo, lo que impone anular la recurrida en cuanto desestimó la pretensión de pago de los descansos intermedios no gozados. 1.2.4) Conclusión . En definitiva, consideramos que debe ampararse el agravio y en consecuencia anularse la recurrida. Tal como lo desarrollamos en los capítulos 1.2.1 y 1.2.2 de esta discordia, consideramos que cualquier persona que preste servicios en una relación de trabajo subordinado tiene, por expreso mandato constitucional, derecho a la limitación de su jornada laboral, lo que comprende el derecho al descanso intermedio. Ese derecho constitucional se encuentra consagrado en el artículo 54 de la Carta, disposición en la cual se comete al legislador su reglamentación por vía legal. Y para el caso de ausencia de reglamentación legal específica para cierto sector de trabajadores, el derecho debe aplicarse igual recurriendo a la regulación análoga por imperio del artículo 332 de la Carta: “Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos (...) no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”. En suma, por lo expuesto, estimamos que corresponde acoger el agravio de la parte actora.