Sentencia Definitiva N° 1.231/2019

Normal 0 21 Montevideo, doce de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PASTORE, ELSA Y OTRA C/ SENTENCIA NRO. 70 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR EL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PAYSANDÚ DE 5TO. TURNO - RECURSO DE REVISIÓN”, IUE: 1-27/2017. RESULTANDO : I) Con fecha 18 de abril de 2017 compareció María DESIRELLO, por Elsa PASTORE y otra, e interpuso recurso de revisión contra la sentencia definitiva No. 70 de fecha 18 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paysandú de 5º Turno. Señaló, en primer lugar, que la sentencia atacada confirmó la pronunciada en primera instancia por parte del Juzgado de Paz Departamental de Paysandú de 1º Turno y se fundó, básicamente, en que, pese a que el conjunto de requisitos que la Ley señala para prescribir (art. 1196 C.C.) tiene carácter necesariamente acumulativo, para la sentenciante de segunda instancia, la interpretación del conjunto probatorio permite suplir la ausencia de uno de dichos caracteres esenciales, cual es, en la especie, la ausencia de ánimo de dueño, expresamente recogido en el expediente público administrativo de la OSE. Agregó que la sentencia recurrida estima, en forma antojadiza y equivocada, que el anterior sería el único agravio debidamente articulado, en tanto los demás agravios no implican una “crítica fundada” a la sentencia de primer grado. A su vez, confunde groseramente una cuestión de requisitos exigidos legalmente con carácter acumulativo y necesario con otra, referente a la valoración de la prueba, puesto que por más que se valore la prueba de la manera que se quiera, jamás podrá suplirse pretorianamente la insulsanable ausencia del “animus domini” exigido copulativamente por la Ley. Sostuvo así que, con una total y absoluta falta del más mínimo rigor lógico, la sentencia atacada resta todo valor probatorio a un documento público, libre y espontáneamente elaborado y posteriormente no desconocido ni impugnado en forma o de manera alguna, donde se reconoce no tener el mentado “ánimo de dueño”. Criticó, asimismo, a la sentencia recurrida en cuanto ésta entendió que el recurso de apelación interpuesto por la actora no se encontraba debidamente fundado, señalando que jamás debe confundirse lo escueto de una alegación con la profundidad y fuerza persuasiva de la razón alegada, de la crítica formulada o aún de la advertencia expresada. En el caso, la parte apelante no se limitó a realizar “ apreciaciones respecto a la conducta de (los demás sujetos del proceso) ”, tal como equivocadamente sostiene la juez, sino que formuló formal denuncia penal del falso testimonio de uno de los testigos fundamentales del reconviniente ganancioso, cuyo delito se verifica a consecuencia de un inocultable acuerdo fraudulento, en el marco de un proceso colusorio expresamente sancionado por el art. 5 del C.G.P., que pretende sentar la regla moral en aquél. Afirmó que la ilícita e inmoral pretensión del ocupante ganancioso se vio secundada –maniobra mediante- con el accionar delictivo no investigado ni (consecuentemente) sancionado de su hermano Pedro, cuyas contradictorias declaraciones emergen de fs. 138, rectificada luego de fs. 263 a 267. En efecto, habiendo declarado éste, libre y espontáneamente, en un sentido favorable a la defensa del interés de las propietarias, con base en su no citación personal, el demandado reconviniente obtuvo la nulidad del proceso en curso. Precisamente, tras la posibilidad de una nueva y segunda declaración, convenció a su hermano para que cambiase su declaración, trocándola por otra notoriamente favorable a su interés, lo que a la postre -aunado a los otros elementos probatorios que, pese a su intrínseca esterilidad, igualmente acoge la juez- determinó la consumación del fraude procesal, producto del actuar colusorio entre la parte litigante y testigo, sobre el cual se asienta la atacada. Apuntó que el falso testimonio prestado por el hermano del reconviniente debe contrastarse con el vertido en la primera audiencia, por más que ésta haya sido luego declarada nula –pues no se había citado en forma a aquél-. Expresó que el recurso de revisión procede en todos los casos en que la resolución se hubiere producido por efecto del dolo (art. 283 num. 1º del C.G.P.), falsedad declarada de alguna de las pruebas que hayan constituido fundamento decisivo de la impugnada (num. 2º), cuando después de la resolución se hallaren o recobraren documentos decisivos (num. 3º), cuando mediare actividad dolosa del tribunal declarada por sentencia firme (num. 5º), cuando existiere colusión o cualquier otra maniobra fraudulenta de las partes, siempre que hubiere causado perjuicios al recurrente o a la causa pública (num. 6º). Sostuvo que en la especie, como no se investigó la denuncia por falso testimonio formulada por ella (art. 283 num. 1º), ni la colusión o maniobra fraudulenta de la contraparte que, al determinar el dictado de una inadmisible sentencia errónea contraria a Derecho, causa indudables perjuicios al recurrente y a la causa pública (num. 6º). Por lo tanto, es, sobre la base de estas normas que viene a fundarse que interpuso el recurso de revisión. Solicitó como medida cautelar que se imponga a la contraria la prohibición expresa de no innovar respecto del inmueble objeto del proceso, con anotación preventiva de la litis. En suma, peticionó que se revise la sentencia impugnada y, en su lugar, se dicte la que corresponde de acuerdo a Derecho, sancionándose a todos los involucrados en el fraude procesal denunciado mediante la colusión explicitada, con costas, costos, y daños y perjuicios a la contraparte por su evidente mala y temeridad. II) Por providencia No. 1658/2017, de fecha 11 de setiembre de 2017, se dio ingreso al recurso de revisión interpuesto (fs. 50). III) Por auto No. 1194/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, se ordenó emplazar al Sr. Washington ROMERO a fin de que compareciera a contestar el recurso de revisión (fs. 67). IV) Con fecha 27/6/2018 compareció el Sr. Washington ROMERO, evacuando el traslado conferido y bregando por el rechazo del recurso interpuesto. V) Por sentencia interlocutoria No. 2162/2018 de fecha 15 de agosto de 2018, la Corte resolvió no hacer lugar a la medida cautelar solicitada (fs. 105/105 vta.). VI) Por providencia No. 294/2019 de fecha 6 de marzo de 2019, se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia, citadas las partes. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimará el recurso de revisión impetrado, en tanto la recurrente no ha logrado acreditar alguna de las causales de revisión previstas en el art. 283 del C.G.P. II) Primeramente, corresponde rechazar de plano la totalidad de las argumentaciones expuestas por la recurrente en el capítulo I de su escrito (fs. 1/2 vta.), bajo el título “ Análisis de la sentencia impugnada ”, en tanto es evidente que la impugnante pretende atacar los fundamentos del fallo recurrido, como si se tratara de un recurso de apelación, actitud procesal ciertamente improcedente en materia de revisión. En tal sentido, cabe recordar la naturaleza extraordinaria de este recurso, cuyas causales están expresamente enumeradas y delimitadas en el art. 283 del C.G.P., dentro de las cuales no se prevé la mera crítica a los fundamentos de la sentencia recurrida. En consecuencia, resulta de franco rechazo lo argumentado por la recurrente en el primer capítulo de su escrito. III) En lo que respecta concretamente a las causales de revisión en las que se funda el recurso, huelga indicar que si bien la recurrente enumera en el capítulo III literal d) de su escrito a las causales previstas en los numerales 1º, 2º, 3º, 5º y 6º del art. 283 del C.G.P, luego dirige su embate recursivo a relevar las causales establecidas en los numerales 1º y 6º de la mencionada disposición legal (fs. 4). Sobre el punto, sostiene que: “ En la especie, como no se investigó la denuncia por falso testimonio formulada por nuestra parte (art. 283 num. 1) ni la colusión o maniobra fraudulenta de la contraparte que, al determinar el dictado de una inadmisible sentencia errónea contraria a derecho, causa indudables perjuicios al recurrente y a la causa pública (num. 6), es sobre la base de estas normas que viene a fundarse pues, el presente recurso de revisión ” (fs. 4). Lo relativo al falso testimonio del testigo Pedro ROMERO, hermano del reconviniente Washington ROMERO, quienes habrían concertado una maniobra colusoria o fraudulenta y que habría luego determinado el contenido de la sentencia atacada, es desarrollado por la recurrente en el capítulo II de su escrito. Allí, expresa que: “(...) la ilícita e inmoral pretensión del ocupante ganancioso se vio secundada –maniobra mediante- con el accionar delictivo no investigado ni (consecuentemente) sancionado de su hermano Pedro, cuyas contradictorias declaraciones emergen de fs. 138, rectificada luego de fs. 263 a 267. En efecto, habiendo declarado éste –en un principio, libre y espontáneamente- en un sentido favorable a la defensa del interés de las propietarias, con base en su no citación personal, el demandado reconviniente obtuvo la nulidad del proceso en curso y, tras la posibilidad de una nueva y segunda declaración y en base a no se sabe qué recursos, convenció a su hermano para que cambiase se declaración, trocándola por otra notoriamente favorable a su interés, lo que a la postre -aunado a los otros elementos probatorios que, pese a su intrínseca esterilidad, igualmente acoge la juez- determinó la consumación del fraude procesal -producto del actuar colusorio entre la parte litigante y testigo- sobre el cual se asienta la inicua atacada” (fs. 3). Ahora bien. La ampulosa y ciertamente grave denuncia de la recurrente, carece de una fundamentación articulada, precisa y seria. El recurso evidencia un notorio defecto argumentativo, incumpliendo, a juicio de la Corporación, con la norma prevista en el art. 286 del C.G.P. en tanto no contiene “con precisión sus fundamentos”. La impugnante no fundamenta, concretamente, de qué manera se habría configurado en el caso una hipótesis de violencia, intimidación o dolo que hayan influido en forma determinante en la adopción de la resolución (num. 1º del art. 283 del C.G.P.), ni de qué forma se produjo en el caso la alegada colusión o maniobra fraudulenta, que hayan causado perjuicio al recurrente o a la causa pública (num. 6º del art. 283 del C.G.P.). De este modo, procede convenir que la recurrente no ha cumplido con la carga de la debida sustanciación, lo que determina, per se , el rechazo del medio impugnativo movilizado. IV) Sin perjuicio de lo anterior, aun si se entendiera cumplido el requisito de la debida fundamentación, correspondería de todos modos el rechazo de la revisión intentada puesto que la recurrente indiscutiblemente no ha logrado acreditar la existencia de intimidación, violencia o dolo (num. 1º), ni la configuración de la colusión o maniobra fraudulenta (num. 6º). Del análisis del expediente acordonado, único medio de prueba que en definitiva fue diligenciado (puesto que los restantes fueron oportunamente rechazados por la Corporación mediante resoluciones que se encuentran firmes), no surge, en absoluto, demostrados el dolo, la colusión ni el fraude denunciados por la recurrente en su escrito. En consecuencia, cabe desestimar el recurso de revisión interpuesto por la recurrente. En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE REVISIÓN, CON CONDENA EN COSTAS Y COSTOS DE PRECEPTO A CARGO DE LA RECURRENTE (ART. 292 INC. 1º DEL C.G.P.). A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 20 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO, DEVUÉLVANSE LOS ACORDONADOS Y, OPORTUNAMENTE, ARCHÍVESE. Normal 0 21 Normal 0 21 Normal 0 21 Normal 0 21 Montevideo, doce de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PASTORE, ELSA Y OTRA C/ SENTENCIA NRO. 70 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR EL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PAYSANDÚ DE 5TO. TURNO - RECURSO DE REVISIÓN”, IUE: 1-27/2017. RESULTANDO : I) Con fecha 18 de abril de 2017 compareció María DESIRELLO, por Elsa PASTORE y otra, e interpuso recurso de revisión contra la sentencia definitiva No. 70 de fecha 18 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paysandú de 5º Turno. Señaló, en primer lugar, que la sentencia atacada confirmó la pronunciada en primera instancia por parte del Juzgado de Paz Departamental de Paysandú de 1º Turno y se fundó, básicamente, en que, pese a que el conjunto de requisitos que la Ley señala para prescribir (art. 1196 C.C.) tiene carácter necesariamente acumulativo, para la sentenciante de segunda instancia, la interpretación del conjunto probatorio permite suplir la ausencia de uno de dichos caracteres esenciales, cual es, en la especie, la ausencia de ánimo de dueño, expresamente recogido en el expediente público administrativo de la OSE. Agregó que la sentencia recurrida estima, en forma antojadiza y equivocada, que el anterior sería el único agravio debidamente articulado, en tanto los demás agravios no implican una “crítica fundada” a la sentencia de primer grado. A su vez, confunde groseramente una cuestión de requisitos exigidos legalmente con carácter acumulativo y necesario con otra, referente a la valoración de la prueba, puesto que por más que se valore la prueba de la manera que se quiera, jamás podrá suplirse pretorianamente la insulsanable ausencia del “animus domini” exigido copulativamente por la Ley. Sostuvo así que, con una total y absoluta falta del más mínimo rigor lógico, la sentencia atacada resta todo valor probatorio a un documento público, libre y espontáneamente elaborado y posteriormente no desconocido ni impugnado en forma o de manera alguna, donde se reconoce no tener el mentado “ánimo de dueño”. Criticó, asimismo, a la sentencia recurrida en cuanto ésta entendió que el recurso de apelación interpuesto por la actora no se encontraba debidamente fundado, señalando que jamás debe confundirse lo escueto de una alegación con la profundidad y fuerza persuasiva de la razón alegada, de la crítica formulada o aún de la advertencia expresada. En el caso, la parte apelante no se limitó a realizar “ apreciaciones respecto a la conducta de (los demás sujetos del proceso) ”, tal como equivocadamente sostiene la juez, sino que formuló formal denuncia penal del falso testimonio de uno de los testigos fundamentales del reconviniente ganancioso, cuyo delito se verifica a consecuencia de un inocultable acuerdo fraudulento, en el marco de un proceso colusorio expresamente sancionado por el art. 5 del C.G.P., que pretende sentar la regla moral en aquél. Afirmó que la ilícita e inmoral pretensión del ocupante ganancioso se vio secundada –maniobra mediante- con el accionar delictivo no investigado ni (consecuentemente) sancionado de su hermano Pedro, cuyas contradictorias declaraciones emergen de fs. 138, rectificada luego de fs. 263 a 267. En efecto, habiendo declarado éste, libre y espontáneamente, en un sentido favorable a la defensa del interés de las propietarias, con base en su no citación personal, el demandado reconviniente obtuvo la nulidad del proceso en curso. Precisamente, tras la posibilidad de una nueva y segunda declaración, convenció a su hermano para que cambiase su declaración, trocándola por otra notoriamente favorable a su interés, lo que a la postre -aunado a los otros elementos probatorios que, pese a su intrínseca esterilidad, igualmente acoge la juez- determinó la consumación del fraude procesal, producto del actuar colusorio entre la parte litigante y testigo, sobre el cual se asienta la atacada. Apuntó que el falso testimonio prestado por el hermano del reconviniente debe contrastarse con el vertido en la primera audiencia, por más que ésta haya sido luego declarada nula –pues no se había citado en forma a aquél-. Expresó que el recurso de revisión procede en todos los casos en que la resolución se hubiere producido por efecto del dolo (art. 283 num. 1º del C.G.P.), falsedad declarada de alguna de las pruebas que hayan constituido fundamento decisivo de la impugnada (num. 2º), cuando después de la resolución se hallaren o recobraren documentos decisivos (num. 3º), cuando mediare actividad dolosa del tribunal declarada por sentencia firme (num. 5º), cuando existiere colusión o cualquier otra maniobra fraudulenta de las partes, siempre que hubiere causado perjuicios al recurrente o a la causa pública (num. 6º). Sostuvo que en la especie, como no se investigó la denuncia por falso testimonio formulada por ella (art. 283 num. 1º), ni la colusión o maniobra fraudulenta de la contraparte que, al determinar el dictado de una inadmisible sentencia errónea contraria a Derecho, causa indudables perjuicios al recurrente y a la causa pública (num. 6º). Por lo tanto, es, sobre la base de estas normas que viene a fundarse que interpuso el recurso de revisión. Solicitó como medida cautelar que se imponga a la contraria la prohibición expresa de no innovar respecto del inmueble objeto del proceso, con anotación preventiva de la litis. En suma, peticionó que se revise la sentencia impugnada y, en su lugar, se dicte la que corresponde de acuerdo a Derecho, sancionándose a todos los involucrados en el fraude procesal denunciado mediante la colusión explicitada, con costas, costos, y daños y perjuicios a la contraparte por su evidente mala y temeridad. II) Por providencia No. 1658/2017, de fecha 11 de setiembre de 2017, se dio ingreso al recurso de revisión interpuesto (fs. 50). III) Por auto No. 1194/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, se ordenó emplazar al Sr. Washington ROMERO a fin de que compareciera a contestar el recurso de revisión (fs. 67). IV) Con fecha 27/6/2018 compareció el Sr. Washington ROMERO, evacuando el traslado conferido y bregando por el rechazo del recurso interpuesto. V) Por sentencia interlocutoria No. 2162/2018 de fecha 15 de agosto de 2018, la Corte resolvió no hacer lugar a la medida cautelar solicitada (fs. 105/105 vta.). VI) Por providencia No. 294/2019 de fecha 6 de marzo de 2019, se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia, citadas las partes. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimará el recurso de revisión impetrado, en tanto la recurrente no ha logrado acreditar alguna de las causales de revisión previstas en el art. 283 del C.G.P. II) Primeramente, corresponde rechazar de plano la totalidad de las argumentaciones expuestas por la recurrente en el capítulo I de su escrito (fs. 1/2 vta.), bajo el título “ Análisis de la sentencia impugnada ”, en tanto es evidente que la impugnante pretende atacar los fundamentos del fallo recurrido, como si se tratara de un recurso de apelación, actitud procesal ciertamente improcedente en materia de revisión. En tal sentido, cabe recordar la naturaleza extraordinaria de este recurso, cuyas causales están expresamente enumeradas y delimitadas en el art. 283 del C.G.P., dentro de las cuales no se prevé la mera crítica a los fundamentos de la sentencia recurrida. En consecuencia, resulta de franco rechazo lo argumentado por la recurrente en el primer capítulo de su escrito. III) En lo que respecta concretamente a las causales de revisión en las que se funda el recurso, huelga indicar que si bien la recurrente enumera en el capítulo III literal d) de su escrito a las causales previstas en los numerales 1º, 2º, 3º, 5º y 6º del art. 283 del C.G.P, luego dirige su embate recursivo a relevar las causales establecidas en los numerales 1º y 6º de la mencionada disposición legal (fs. 4). Sobre el punto, sostiene que: “ En la especie, como no se investigó la denuncia por falso testimonio formulada por nuestra parte (art. 283 num. 1) ni la colusión o maniobra fraudulenta de la contraparte que, al determinar el dictado de una inadmisible sentencia errónea contraria a derecho, causa indudables perjuicios al recurrente y a la causa pública (num. 6), es sobre la base de estas normas que viene a fundarse pues, el presente recurso de revisión ” (fs. 4). Lo relativo al falso testimonio del testigo Pedro ROMERO, hermano del reconviniente Washington ROMERO, quienes habrían concertado una maniobra colusoria o fraudulenta y que habría luego determinado el contenido de la sentencia atacada, es desarrollado por la recurrente en el capítulo II de su escrito. Allí, expresa que: “(...) la ilícita e inmoral pretensión del ocupante ganancioso se vio secundada –maniobra mediante- con el accionar delictivo no investigado ni (consecuentemente) sancionado de su hermano Pedro, cuyas contradictorias declaraciones emergen de fs. 138, rectificada luego de fs. 263 a 267. En efecto, habiendo declarado éste –en un principio, libre y espontáneamente- en un sentido favorable a la defensa del interés de las propietarias, con base en su no citación personal, el demandado reconviniente obtuvo la nulidad del proceso en curso y, tras la posibilidad de una nueva y segunda declaración y en base a no se sabe qué recursos, convenció a su hermano para que cambiase se declaración, trocándola por otra notoriamente favorable a su interés, lo que a la postre -aunado a los otros elementos probatorios que, pese a su intrínseca esterilidad, igualmente acoge la juez- determinó la consumación del fraude procesal -producto del actuar colusorio entre la parte litigante y testigo- sobre el cual se asienta la inicua atacada” (fs. 3). Ahora bien. La ampulosa y ciertamente grave denuncia de la recurrente, carece de una fundamentación articulada, precisa y seria. El recurso evidencia un notorio defecto argumentativo, incumpliendo, a juicio de la Corporación, con la norma prevista en el art. 286 del C.G.P. en tanto no contiene “con precisión sus fundamentos”. La impugnante no fundamenta, concretamente, de qué manera se habría configurado en el caso una hipótesis de violencia, intimidación o dolo que hayan influido en forma determinante en la adopción de la resolución (num. 1º del art. 283 del C.G.P.), ni de qué forma se produjo en el caso la alegada colusión o maniobra fraudulenta, que hayan causado perjuicio al recurrente o a la causa pública (num. 6º del art. 283 del C.G.P.). De este modo, procede convenir que la recurrente no ha cumplido con la carga de la debida sustanciación, lo que determina, per se , el rechazo del medio impugnativo movilizado. IV) Sin perjuicio de lo anterior, aun si se entendiera cumplido el requisito de la debida fundamentación, correspondería de todos modos el rechazo de la revisión intentada puesto que la recurrente indiscutiblemente no ha logrado acreditar la existencia de intimidación, violencia o dolo (num. 1º), ni la configuración de la colusión o maniobra fraudulenta (num. 6º). Del análisis del expediente acordonado, único medio de prueba que en definitiva fue diligenciado (puesto que los restantes fueron oportunamente rechazados por la Corporación mediante resoluciones que se encuentran firmes), no surge, en absoluto, demostrados el dolo, la colusión ni el fraude denunciados por la recurrente en su escrito. En consecuencia, cabe desestimar el recurso de revisión interpuesto por la recurrente. En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE REVISIÓN, CON CONDENA EN COSTAS Y COSTOS DE PRECEPTO A CARGO DE LA RECURRENTE (ART. 292 INC. 1º DEL C.G.P.). A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 20 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO, DEVUÉLVANSE LOS ACORDONADOS Y, OPORTUNAMENTE, ARCHÍVESE. Normal 0 21 Montevideo, doce de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PASTORE, ELSA Y OTRA C/ SENTENCIA NRO. 70 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016, DICTADA POR EL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PAYSANDÚ DE 5TO. TURNO - RECURSO DE REVISIÓN”, IUE: 1-27/2017. RESULTANDO : I) Con fecha 18 de abril de 2017 compareció María DESIRELLO, por Elsa PASTORE y otra, e interpuso recurso de revisión contra la sentencia definitiva No. 70 de fecha 18 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paysandú de 5º Turno. Señaló, en primer lugar, que la sentencia atacada confirmó la pronunciada en primera instancia por parte del Juzgado de Paz Departamental de Paysandú de 1º Turno y se fundó, básicamente, en que, pese a que el conjunto de requisitos que la Ley señala para prescribir (art. 1196 C.C.) tiene carácter necesariamente acumulativo, para la sentenciante de segunda instancia, la interpretación del conjunto probatorio permite suplir la ausencia de uno de dichos caracteres esenciales, cual es, en la especie, la ausencia de ánimo de dueño, expresamente recogido en el expediente público administrativo de la OSE. Agregó que la sentencia recurrida estima, en forma antojadiza y equivocada, que el anterior sería el único agravio debidamente articulado, en tanto los demás agravios no implican una “crítica fundada” a la sentencia de primer grado. A su vez, confunde groseramente una cuestión de requisitos exigidos legalmente con carácter acumulativo y necesario con otra, referente a la valoración de la prueba, puesto que por más que se valore la prueba de la manera que se quiera, jamás podrá suplirse pretorianamente la insulsa-nable ausencia del “animus domini” exigido copula-tivamente por la Ley. Sostuvo así que, con una total y absoluta falta del más mínimo rigor lógico, la sentencia atacada resta todo valor probatorio a un documento público, libre y espontáneamente elaborado y posteriormente no desconocido ni impugnado en forma o de manera alguna, donde se reconoce no tener el mentado “ánimo de dueño”. Criticó, asimismo, a la sentencia recurrida en cuanto ésta entendió que el recurso de apelación interpuesto por la actora no se encontraba debidamente fundado, señalando que jamás debe confundirse lo escueto de una alegación con la profundidad y fuerza persuasiva de la razón alegada, de la crítica formulada o aún de la advertencia expresada. En el caso, la parte apelante no se limitó a realizar “ apreciaciones respecto a la conducta de (los demás sujetos del proceso) ”, tal como equivocadamente sostiene la juez, sino que formuló formal denuncia penal del falso testimonio de uno de los testigos fundamentales del reconviniente ganancioso, cuyo delito se verifica a consecuencia de un inocultable acuerdo fraudulento, en el marco de un proceso colusorio expresamente sancionado por el art. 5 del C.G.P., que pretende sentar la regla moral en aquél. Afirmó que la ilícita e inmoral pretensión del ocupante ganancioso se vio secundada –maniobra mediante- con el accionar delictivo no investigado ni (consecuentemente) sancionado de su hermano Pedro, cuyas contradictorias declaraciones emergen de fs. 138, rectificada luego de fs. 263 a 267. En efecto, habiendo declarado éste, libre y espon-táneamente, en un sentido favorable a la defensa del interés de las propietarias, con base en su no citación personal, el demandado reconviniente obtuvo la nulidad del proceso en curso. Precisamente, tras la posibilidad de una nueva y segunda declaración, convenció a su hermano para que cambiase su declaración, trocándola por otra notoriamente favorable a su interés, lo que a la postre -aunado a los otros elementos probatorios que, pese a su intrínseca esterilidad, igualmente acoge la juez- determinó la consumación del fraude procesal, producto del actuar colusorio entre la parte litigante y testigo, sobre el cual se asienta la atacada. Apuntó que el falso testimonio prestado por el hermano del reconviniente debe contrastarse con el vertido en la primera audiencia, por más que ésta haya sido luego declarada nula –pues no se había citado en forma a aquél-. Expresó que el recurso de revisión procede en todos los casos en que la resolución se hubiere producido por efecto del dolo (art. 283 num. 1º del C.G.P.), falsedad declarada de alguna de las pruebas que hayan constituido fundamento decisivo de la impugnada (num. 2º), cuando después de la resolución se hallaren o recobraren documentos decisivos (num. 3º), cuando mediare actividad dolosa del tribunal declarada por sentencia firme (num. 5º), cuando existiere colusión o cualquier otra maniobra fraudulenta de las partes, siempre que hubiere causado perjuicios al recurrente o a la causa pública (num. 6º). Sostuvo que en la especie, como no se investigó la denuncia por falso testimonio formulada por ella (art. 283 num. 1º), ni la colusión o maniobra fraudulenta de la contraparte que, al determinar el dictado de una inadmisible sentencia errónea contraria a Derecho, causa indudables perjuicios al recurrente y a la causa pública (num. 6º). Por lo tanto, es, sobre la base de estas normas que viene a fundarse que interpuso el recurso de revisión. Solicitó como medida cautelar que se imponga a la contraria la prohibición expresa de no innovar respecto del inmueble objeto del proceso, con anotación preventiva de la litis. En suma, peticionó que se revise la sentencia impugnada y, en su lugar, se dicte la que corresponde de acuerdo a Derecho, sancionándose a todos los involucrados en el fraude procesal denunciado mediante la colusión explicitada, con costas, costos, y daños y perjuicios a la contraparte por su evidente mala y temeridad. II) Por providencia No. 1658/2017, de fecha 11 de setiembre de 2017, se dio ingreso al recurso de revisión interpuesto (fs. 50). III) Por auto No. 1194/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, se ordenó emplazar al Sr. Washington ROMERO a fin de que compareciera a contestar el recurso de revisión (fs. 67). IV) Con fecha 27/6/2018 compareció el Sr. Washington ROMERO, evacuando el traslado conferido y bregando por el rechazo del recurso interpuesto. V) Por sentencia interlocu-toria No. 2162/2018 de fecha 15 de agosto de 2018, la Corte resolvió no hacer lugar a la medida cautelar solicitada (fs. 105/105 vta.). VI) Por providencia No. 294/2019 de fecha 6 de marzo de 2019, se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia, citadas las partes. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimará el recurso de revisión impetrado, en tanto la recurrente no ha logrado acreditar alguna de las causales de revisión previstas en el art. 283 del C.G.P. II) Primeramente, corresponde rechazar de plano la totalidad de las argumentaciones expuestas por la recurrente en el capítulo I de su escrito (fs. 1/2 vta.), bajo el título “ Análisis de la sentencia impugnada ”, en tanto es evidente que la impugnante pretende atacar los fundamentos del fallo recurrido, como si se tratara de un recurso de apelación, actitud procesal ciertamente improcedente en materia de revisión. En tal sentido, cabe recordar la naturaleza extraordinaria de este recurso, cuyas causales están expresamente enumeradas y delimitadas en el art. 283 del C.G.P., dentro de las cuales no se prevé la mera crítica a los fundamentos de la sentencia recurrida. En consecuencia, resulta de franco rechazo lo argumentado por la recurrente en el primer capítulo de su escrito. III) En lo que respecta concretamente a las causales de revisión en las que se funda el recurso, huelga indicar que si bien la recurrente enumera en el capítulo III literal d) de su escrito a las causales previstas en los numerales 1º, 2º, 3º, 5º y 6º del art. 283 del C.G.P, luego dirige su embate recursivo a relevar las causales establecidas en los numerales 1º y 6º de la mencionada disposición legal (fs. 4). Sobre el punto, sostiene que: “ En la especie, como no se investigó la denuncia por falso testimonio formulada por nuestra parte (art. 283 num. 1) ni la colusión o maniobra fraudulenta de la contraparte que, al determinar el dictado de una inadmisible sentencia errónea contraria a derecho, causa indudables perjuicios al recurrente y a la causa pública (num. 6), es sobre la base de estas normas que viene a fundarse pues, el presente recurso de revisión ” (fs. 4). Lo relativo al falso testimonio del testigo Pedro ROMERO, hermano del reconviniente Washington ROMERO, quienes habrían concertado una maniobra colusoria o fraudulenta y que habría luego determinado el contenido de la sentencia atacada, es desarrollado por la recurrente en el capítulo II de su escrito. Allí, expresa que: “(...) la ilícita e inmoral pretensión del ocupante ganancioso se vio secundada –maniobra mediante- con el accionar delictivo no investigado ni (consecuentemente) sancio-nado de su hermano Pedro, cuyas contradictorias decla-raciones emergen de fs. 138, rectificada luego de fs. 263 a 267. En efecto, habiendo declarado éste –en un principio, libre y espontá-neamente- en un sentido favorable a la defensa del interés de las propietarias, con base en su no citación personal, el demandado reconviniente obtuvo la nulidad del proceso en curso y, tras la posibilidad de una nueva y segunda declaración y en base a no se sabe qué recursos, convenció a su hermano para que cambiase se declaración, trocándola por otra notoriamente favorable a su interés, lo que a la postre -aunado a los otros elementos probatorios que, pese a su intrínseca esterilidad, igualmente acoge la juez- determinó la consumación del fraude procesal -producto del actuar colusorio entre la parte litigante y testigo- sobre el cual se asienta la inicua atacada” (fs. 3). Ahora bien. La ampulosa y ciertamente grave denuncia de la recurrente, carece de una fundamentación articulada, precisa y seria. El recurso evidencia un notorio defecto argumentativo, incumpliendo, a juicio de la Corporación, con la norma prevista en el art. 286 del C.G.P. en tanto no contiene “con precisión sus fundamentos”. La impugnante no funda-menta, concretamente, de qué manera se habría confi-gurado en el caso una hipótesis de violencia, intimidación o dolo que hayan influido en forma determinante en la adopción de la resolución (num. 1º del art. 283 del C.G.P.), ni de qué forma se produjo en el caso la alegada colusión o maniobra fraudulenta, que hayan causado perjuicio al recurrente o a la causa pública (num. 6º del art. 283 del C.G.P.). De este modo, procede convenir que la recurrente no ha cumplido con la carga de la debida sustanciación, lo que determina, per se , el rechazo del medio impugnativo movilizado. IV) Sin perjuicio de lo anterior, aun si se entendiera cumplido el requisito de la debida fundamentación, correspondería de todos modos el rechazo de la revisión intentada puesto que la recurrente indiscutiblemente no ha logrado acreditar la existencia de intimidación, violencia o dolo (num. 1º), ni la configuración de la colusión o maniobra fraudulenta (num. 6º). Del análisis del expe-diente acordonado, único medio de prueba que en definitiva fue diligenciado (puesto que los restantes fueron oportunamente rechazados por la Corporación mediante resoluciones que se encuentran firmes), no surge, en absoluto, demostrados el dolo, la colusión ni el fraude denunciados por la recurrente en su escrito. En consecuencia, cabe desestimar el recurso de revisión interpuesto por la recurrente. En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE REVISIÓN, CON CONDENA EN COSTAS Y COSTOS DE PRECEPTO A CARGO DE LA RECURRENTE (ART. 292 INC. 1º DEL C.G.P.). A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 20 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO, DE-VUÉLVANSE LOS ACORDONADOS Y, OPORTUNAMENTE, ARCHÍVESE. DR. GUSTAVO NICASTRO SEOANE SECRETARIO LETRADO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA