Sentencia Definitiva N° 1.237/2019

Montevideo, doce de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “TERÁN, MARISA Y OTROS C/ ASSE - COBRO DE PESOS, DAÑOS Y PERJUICIOS - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 6 DE LA LEY Nº 19.121 Y CASACIÓN”, IUE 2-17444/2017 , venidos a conocimiento de esta Corporación en mérito al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia Definitiva DFA-0008-000265/2018 SEF-0008-000110/2018, de fecha 10 de octubre de 2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7mo. Turno. RESULTANDO : I) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 9/2018 de fecha 9 de marzo de 2018, la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 17mo. Turno, Dra. Patricia HERNÁNDEZ, desestimó la demanda, sin especial condenación en la instancia (fs. 884/891 vto.). II) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia identificada como DFA-0008-000265/2018 SEF-0008-000110/2018 , de fecha 10 de octubre de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7mo. Turno confirmó la sentencia de primera instancia; sin sanciones especiales en el grado (fs. 925/940). III) En tiempo y forma, la parte actora interpuso recurso de queja por denegación de inconstitucionalidad y casación (fs. 944/956). En primer término, dedujo recurso de queja por cuanto el Tribunal denegó la excepción de inconstitucionalidad opuesta en relación al art. 6 de la Ley No. 19.121. En segundo término, interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por el ad quem . En su libelo impugnativo plan-teó, en concreto, los siguientes cuestionamientos. Sostuvo que la recurrida vulnera lo dispuesto por los artículos 14, 25.2, 26, 139, 140 y 141 del Código General del Proceso (C.G.P.), 3, 4 y 5 de la Ley No. 18.161, 9 del Código Civil (C.C.), 7, 8, 44, 54, 59, 72 y 332 de la Constitución de la República. En primer lugar, respecto de la “compensación al cargo” prevista por el artículo 26 de la Ley No. 16.170, expuso que la partida referida debe calcularse sobre la base de “la tabla de sueldos de 6 horas de labor” y no sobre el sueldo básico definido por la Contaduría General de la Nación (CGN) en sus instructivos, ni como lo hace la demandada. Expresó que el Tribunal no aborda el concreto planteo de la parte. El origen del derecho fue explicado a cabalidad en el recurso de apelación. Existe una diferencia a favor de los actores de un 4% mensual en el renglón 11311.1. ASSE no cumple con los instructivos de la CGN. Al comparar las cifras de los instructivos de la CGN y el grado de los actores, se constata que existe diferencia de pago. Afirmó que la Sala no se ha pronunciado sobre la totalidad de las cuestiones debatidas. En el caso, ASSE ajustó su defensa al fiel cumplimiento por su parte de los instructivos de la CGN. El Tribunal se limitó a señalar que el cálculo de la partida se debe realizar sobre la base del sueldo básico, pero no determinó cuál es el sueldo básico de los funcionarios de ASSE, ni si el que emerge de los renglones 11311 y 3111 es el correcto. Consideró infundada la sentencia atacada, por entender que toma como base las interpretaciones de ASSE y la CGN. Señaló que hubo error en la valoración de la prueba. Está acreditada en autos la diferencia entre renglones 11.311 y 31.311 y los sueldos previstos por los instructivos por la CGN. La tabla debe ajustarse según lo establecido por el artículo 4º de la Ley No. 18.719, lo que no ha sido realizado por ASSE, institución que no cumple con lo instructivos de la CGN. Apuntó que, a partir de enero de 2016, ASSE no cumplió con la cláusula 2ª del convenio firmado en noviembre de 2015, que determinó los salarios mínimos. En segundo lugar, expuso sus agravios en relación a los descansos intermedios. Sostuvo al respecto que a pesar de que no se haya sancionado una ley que confiera descansos intermedios a los integrantes de la parte actora, tal derecho surge de las normas de la Constitución. Se fundó en el principio de igualdad y en todas las normas análogas que amparan ese derecho. Dijo que el argumento del Tribunal por el cual se señala la dificultad del otorgamiento del descanso intermedio por la forma de organización de ese tipo de trabajo, no resulta adecuado para privar a la promotora de ese derecho. Agregó que también es erróneo el fundamento que expresa que la actora no acreditó el incumplimiento por parte de la demandada, ya que la falta de cumplimiento fue reconocida por ASSE. Anotó que todos los integrantes de la parte actora permanecen a la orden de la demandada sin interrupción durante toda su jornada de trabajo. Todos los funcionarios trabajan de continuo y sin posibilidad de descansar. Los trabajadores no tenían protocolo de relevo, ni constancia de registro de que tomaran la media hora. Apuntó que los actores son trabajadores públicos y trabajan 6 horas continuas. Su jornada sobrepasa la tercera o cuarta hora, sin recupe-rar el dominio de su libertad física. Transcribió una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er. Turno en la cual se reconoce el derecho. Concluyó que el descanso intermedio es un derecho humano, su regulación está reservada a la ley y no puede ser regulado por el estatuto. Por último, expuso sus agravios referidos a los uniformes. Afirmó que está acreditado que ASSE no entregó los uniformes. Los declarantes que cita el fallo se refieren a entregas posteriores al período que comprende la demanda. De hecho, claramente se señala el 2017 y no los períodos anteriores, por los cuales ASSE no agregó recibos firmados que acrediten la entrega por el período reclamado. Dijo que la necesidad de tener uniformes es un hecho evidente. ASSE alegó no saber qué prendas eran y no acreditó con recibos firmados haberlos entregado. La parte actora cumplió con la carga probatoria y todos los testigos declarantes en la causa confirmaron la falta de uniformes y la carga de adquirirlos y aún de lavarlos a su costo y riesgo. En suma, solicitó que se haga lugar al recurso de queja por denegación de inconstitucionalidad y que, resuelto el mismo, se case la sentencia impugnada y se haga lugar a las diferencias de salario reclamadas por los actores, a los descansos intermedios y al rubro uniforme. IV) Conferido el traslado de precepto, fue evacuado por la demandada en los términos que surgen del escrito que corre a fs. 962/965. V) El recurso fue debidamente franqueado (fs. 967) y los autos fueron recibidos por este Cuerpo el 10 de diciembre de 2018 (fs. 972). VI) Por Sentencia No. 70 de fecha 4 de febrero de 2019, dictada en los autos caratulados “TERAN, MARISA Y OTROS EN AUTOS CARATULADOS ‘TERAN, MARISA Y OTROS C/ ASSE. COBRO DE PESOS. DAÑOS Y PERJUICIOS. IUE 2-17444/2017’. REC. DE QUEJA. DENEGACIÓN DE EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 6 LEY Nº 19.121”, IUE: 8-10/2018, la Corte hizo lugar al recurso de queja por denegación de excepción de inconstitu-cionalidad. VII) Por Sentencia No. 709 de fecha 1º de abril de 2019, obrante a fs. 976/977 de autos, la Corporación desestimó el excepcionamiento de inconstitucionalidad promovido por la parte actora en relación al art. 6 de la Ley No. 19.121. VIII) Por Decreto No. 586 de fecha 8 de abril de 2019 (fs. 981), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia en relación al recurso d casación interpuesto en autos. IX) Culminado el estudio, se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por mayoría, desestimará el recurso de casación movilizado. II) Antecedentes procesales : II.I) A fs. 155/170, compa-recieron los actores y promovieron demanda de cobro de pesos y daños y perjuicios contra la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), por concepto de descansos intermedios trabajados, prima por antigüedad, diferencias de salario, entrega y lavado especial de uniformes, más el 25% por daños y perjuicios, más el 25 % por daño moral, más intereses y reajustes, costas y costos. Expresaron, en lo medular, que son funcionarios públicos dependientes de ASSE, cumpliendo funciones en el Hospital Zoilo A. Chelle de la ciudad de Mercedes. Respecto a las diferencias de salario, señalaron que en sus recibos no consta la partida correspondiente “sueldo al cargo” o “sueldo de grado”, lo que les afecta porque no lo percibieron. A ello se suma que, al pagar, ASSE calcula con error los incentivos y los rubros incluidos que derivan del mínimo que deben percibir como salario. La cifra sueldo básico que figura en los recibos de ASSE no coincide con ningún sueldo de grado de la administración pública y es menor a los salarios mínimos anuales fijados por el Poder Ejecutivo. Indicaron que la demandada pretende justificar el total del salario de estos actores mediante la suma de los rubros que detalla, desglosados en renglones, pero esos rubros corresponden a derechos adquiridos que deben acrecentar el sueldo de grado, que no se les paga. Lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 16.170 (tabla de sueldos para seis horas de labor de funcionarios públicos) no se ha cumplido por la demandada. En cuanto al descanso intermedio, afirmaron que no se cumple, trabajando los accionantes las seis horas de labor del personal de la salud en forma continua. ASSE sostiene, erróneamente, que dicho derecho no está en el estatuto funcional. Sin embargo, se trata de un derecho de todos los trabajadores, de acuerdo a lo consignado en el artículo 72 y 332 de la Constitución Nacional. Por otro lado, reclamaron los uniformes que no se les ha entregado, conforme a lo dispuesto en el Decreto No. 291/007 arts. 2º y 3º y el Convenio Internacional del Trabajo No. 155/988, los cuales disponen la necesidad del uso obligatorio y la provisión por el empleador de los medios de protección necesarios para defender la salud del trabajador. La tarea de los actores constituye un riesgo de salud, dado que habitualmente tratan con pacientes con toda clase de patología y estado sanitario. En suma, solicitaron que se condene a la demandada a abonar las diferencias salariales indicadas y a indemnizar los daños y perjuicios reclamados, más intereses y reajustes, costas y costos. II.II) En primera instancia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 17mo. Turno, por Sentencia Definitiva No. 9/2018, de fecha 9 de marzo de 2018, desestimó la demanda (fs. 884/891 vto.). II.III) En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7mo. Turno, por Sentencia DFA-0008-000265/2018 SEF-0008-000110/2018, de fecha 10 de octubre de 2018, confirmó la sentencia definitiva de primera instancia en todos sus términos (fs. 925/940). III) Admisibilidad del recurso . En la especie, pese a la existencia de dos sentencias coincidentes y sin discordias, el recurso de casación interpuesto por la parte actora resulta admisible, dado que en el caso se trata de un “juicio contra el Estado”, en tanto ha sido demandada la Administración de los Servicios de Salud del Estado (servicio descentralizado), y la cuantía del asunto supera las 6.000 U.R., por lo que la especie ingresa dentro de lo previsto en la parte final del art. 268 inc. 2º del C.G.P. IV) Respecto a las diferencias salariales reclamadas . IV.I) Con carácter de aclaración previa, la Corte considera oportuno expresar que el agravio resulta poco claro y por momentos incomprensible, lo cual compromete la posición de la recurrente. Sin perjuicio de las carencias en la fundamentación del planteo, la Corporación analizará el punto. IV.II) En su expresión de agravios, sostuvo la recurrente en relación a la “compensación al cargo” prevista por el artículo 26 de la Ley 16.170 que dicha partida debe calcularse sobre la base de “la tabla de sueldos de 6 horas de labor” y no sobre el sueldo básico definido por la Contaduría General de la Nación (CGN) en sus instructivos, ni como lo hace la demandada. Expresó que el Tribunal no aborda el concreto planteo de la parte. Existe una diferencia a favor de los actores de un 4% mensual en el renglón 11311.1. ASSE no cumple con los instructivos de la CGN. Al comparar las cifras de los instructivos de la CGN y el grado de los actores, se constata que existe diferencia de pago. Apuntó que el Tribunal se limitó a señalar que el cálculo de la partida se debe realizar sobre la base del sueldo básico, pero no determinó cuál es el sueldo básico de los funcionarios de ASSE, ni si el que emerge de los renglones 11311 y 3111 es el correcto. Consideró infundada la sentencia atacada, por entender que toma como base las interpretaciones de ASSE y la CGN. Señaló que hubo error en la valoración de la prueba. Está acreditada en autos la diferencia entre renglones 11.311 y 31.311 y los sueldos previstos por los instructivos por la CGN. La tabla debe ajustarse según lo establecido por el artículo 4° de la Ley 18.719, lo que no ha sido realizado por ASSE, institución que no cumple con los instructivos de la CGN. IV.III) A juicio de la Corte, el planteo de la recurrente no puede prosperar, por las siguientes razones de hecho y Derecho. IV.III.I) En primer término, corresponde tener presente lo dispuesto por el art. 26 de la Ley No. 16.170, de 28 de diciembre de 1990: “ Establécese la tabla de sueldos para seis horas de labor, que regirá en los escalafones siguientes: A Personal Técnico Profesional; B Personal Técnico Profesional; C Personal Administrativo; D Personal Especializado, E Personal de Oficios; F Personal de Servicios Auxiliares, J Personal Docente de otros organismos, y R Personal no incluido en los escalafones anteriores ”. A continuación, la citada disposición establece la tabla o escala de “sueldos básicos” , que van en forma descendente de los grados 16 al 1, a saber: “Grado Escala Compensación máxima al grado % 16 202.693 84.51 15 188.552 80.24 14 175.397 76.44 13 163.160 73.26 12 151.777 70.87 11 141.188 69.25 10 131.338 66.78 9 122.175 65.17 8 113.652 64.48 7 105.723 64.66 6 98.347 57.71 5 91.485 53.72 4 85.103 54.60 3 79.166 56.63 2 73.642 48.08 1 70.136 45.80” Luego, la norma dispone: “Los importes de la escala básica incluyen el 50 % (cincuenta por ciento) complementario al incorporado por el artículo 19 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (...)”. En la especie, se trata de determinar sobre qué monto o importe salarial se aplica la “compensación al grado”, partiendo de la base de que la norma establece “ la tabla de sueldos para seis horas de labor ”. Por otra parte, corres-ponde dilucidar si dicha compensación se aplica únicamente sobre el valor ajustado que surge del art. 26, con vigencia al 1º de enero de 1991, como lo entiende ASSE, o si, como postulan los reclamantes, el sueldo básico y la compensación deben incluir todas las partidas salariales agregadas con posterioridad a la fecha referida. Pues bien, a criterio de la Corporación, la “compensación al grado” debe aplicarse o determinarse exclusivamente sobre el importe del “sueldo básico” (art. 26) fijado al 1º de enero de 1991 (fecha de entrada en vigor de la Ley No. 16.170), sin perjuicio de sus ajustes o actualizaciones al presente, sin adicionar a dicho importe el resto de las partidas y beneficios salariales dispuestos con poste-rioridad al 1º de enero de 1991 . La normativa que invoca la parte actora claramente establece que la compensación se debe calcular sobre el sueldo básico de 30 horas (6 horas por 5 días de labor), a diferencia de otras referencias normativas que aluden a “sueldo nominal”, “asignaciones de los respectivos cargos”, “escala salarial o retributiva”, todas ellas en el sentido de expresión monetaria que presupuestalmente determina la ley para cada cargo. A dicha conclusión se arriba por una simple y directa aplicación de lo dispuesto por el art. 17 del Código Civil, de acuerdo con el cual: “ Cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu (...)”; así como el art. 18 ejusdem en tanto expresa que: “ Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general (...)”. En este marco, no es dable concluir que la accionada ha hecho una incorrecta interpretación del dispositivo legal en su aplicación, o que no ha valorado en legal forma la prueba producida en la causa. La norma legal es clara: establece una determinada tabla de sueldos básicos, con circunscripción de los escalafones para los cuales habrá de regir la compensación. Y es sobre la base de dicha tabla que se aplica la compensación. El “sueldo básico”, iden-tificado para los funcionarios presupuestados, tiene una acepción perfectamente definida, asimilable a la de “asignación presupuestal básica”, en la que no se incluye el total de las asignaciones o retribuciones, sean o no permanentes, deriven o no de leyes presu-puestales. Lo referido es, por otra parte, concepto jurisprudencialmente aceptado (véase al respecto la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno No. 52/2018 y la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno No. 61/2012). Por lo demás, no puede hacerse caudal de que la voluntad del legislador no se tradujo en el dispositivo, desde que cuando aquél ha querido que determinadas compensaciones se calculen sobre todos los rubros salariales, lo ha establecido expresamente. Así, por ejemplo, el art. 281 de la Ley No. 16.226, referido a las compensaciones por tareas nocturnas, alude a “ asignaciones de los respectivos cargos ”, o el art. 27 de la Ley No. 16.736, que establece el premio por evaluación de desempeño y lo fijan en un porcentaje de la “ retribución anual nominal ”. Cuando el legislador instituye en general compensaciones, retribuciones o premios especiales, previene con toda claridad sobre qué asignación deben calcularse. La actora tanto en la demanda como en la apelación, confunde los conceptos de sueldo base y salario, que son claramente supuestos diversos; pretendiéndose incluir dentro del concepto de sueldo todas las partidas marginales que perciben los actores en su salario. En definitiva el art. 26 de la Ley No. 16.170 es claro y hace referencia exclusivamente al “sueldo base” o “sueldo básico” y no al “sueldo nominal”, por lo que cabe concluir que la Administración demandada ha liquidado correctamente la compensación señalada y nada adeuda a los actores por concepto de diferencias salariales. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Eduardo TURELL y Bernadette MINVIELLE, tales fundamentos resultan suficientes para desestimar el recurso en examen. IV.III.II) En segundo lu-gar , a criterio de los Sres. Ministros Dres. Jorge CHEDIAK, Elena MARTÍNEZ y el redactor, cabe agregar un argumento adicional para rechazar el planteo de los recurrentes. En tal sentido, véase que lo que en rigor pretenden los actores es que cada nueva partida salarial que se cree con destino al pago de retribuciones sirva de base a fin de incrementar la compensación de marras, lo cual también resulta improcedente. Pretender que cada vez que se crea una nueva compensación deba integrar la base de cálculo de una compensación –creada hace veintiocho años– carece de racionalidad y excede el marco jurídico presupuestal en el que debe actuar el Estado en materia de administración financiera . La Corte, en un caso de aristas similares, donde funcionarios del MINISTERIO DEL INTERIOR reclamaron que en la fórmula de cálculo de determinadas partidas se considerasen aquellas posteriores a su creación y gravadas con montepío, sostuvo: “ La sentenciante de prime-ra instancia fundó la solución desestimatoria de la de-manda promovida en que la compensación reclamada es la no abonada por tratarse de rubros salariales que no existían a la época de aprobación de las mencionadas Leyes, en tanto, el art. 91 de la Ley No. 16.226 sólo pudo referirse a las retribuciones de carácter salarial existentes a la fecha de su entrada en vigencia, no a las sancionadas con posterioridad, no correspondiendo una interpretación extensiva a dicho precepto legal. Para que la compensación alcanzara las retribuciones de carácter salarial creadas con posterioridad se debió sancionar una disposición legal expresa especificando, en su caso, los recursos asignados a tales efectos, en la medida que implica un incremento de gastos del Estado que, por sus consecuencias, requiere una previsión legal expresa. En definitiva, de confor-midad con la normativa reseñada, corresponde el rechazo del agravio articulado, en tanto se observa que el régimen legal vigente citado por los recurrentes, sólo resulta aplicable a las partidas laborales que existían a partir de su vigencia y no aquéllas que fueron sancionadas con posterioridad, pues no existe disposición alguna que expresamente autorice a ello” (Cfme. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia No. 693/2012). En igual sentido se ha pronunciado el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6to. Turno por Sentencia No. 0006-000033/2014, entre muchas otras. Si bien la norma no prevé que las partidas a considerar sean las vigentes al momento de su promulgación, es obvio que las futuras partidas salariales no pueden incidir, pues ello importaría haber otorgado un aumento en la retribución, con desconocimiento de su verdadera cuantía y de su incidencia tanto en los salarios como en el presupuesto nacional (véase, en este sentido, las Sentencias de la Corte Nos. 171/2009 y 16/2017, entre otras). IV.III.III) Por último, en otra línea argumental complementaria, la recurrente hace referencia a que no se sabe cuál es el sueldo básico de los funcionarios de ASSE. En tal sentido, la base de cálculo que utiliza ASSE para liquidar la partida en estudio se asienta en los renglones 11311 y 31311. Pues bien, ya fue señalado que “sueldo base” no equivale a la “totalidad de la retribución nominal” que percibe el funcionario público. Ambos conceptos son diferentes. Entonces, si lo que pretende la parte recurrente es decir que, aun cuando fuera correcto efectivizar el cálculo únicamente sobre el “sueldo base”, la Administración igualmente erra a la hora de determinar su alcance, el agravio tampoco puede recibir el amparo pretendido. Y no puede recibirlo porque los recurrentes no lograron probar –solo ale-garon– que el “sueldo base” fijado por la Administración demandada estuviera fijado sobre criterios distintos al legalmente requerido . Dicho tópico, por su complejidad, no se resuelve con citar una o más leyes, o hacer remisiones genéricas a los recibos de sueldos, que por sí solos no resuelven el problema, sino que debió ser objeto de prueba técnica seria, que en la causa no se diligenció. Entonces, por las distintas razones apuntadas, cabe desestimar el planteo de la impugnante. V) Respecto a la desestimato-ria de la condena por no gozar de descansos intermedios . V.I) En su demanda, los actores alegaron tener una jornada de 6 horas de trabajo y no haber gozado de descanso intermedio. Pretendieron derivar su derecho de la aplicación de normas constitucionales y de la normativa análoga aplicable a los trabajadores de la actividad privada. Sobre la base de la igual protección constitucional del derecho a la limitación de la jornada (artículo 54 de la Constitución), sostuvieron que les corresponde ser indemnizados por no haber gozado del descanso intermedio. A efectos de arribar a esa conclusión, sostienen que el concepto de descanso intermedio se encuentra comprendido dentro del derecho a la limitación de la jornada de trabajo y que los integrantes de la parte actora tienen el mismo derecho que los trabajadores de la actividad privada que cumplen la misma tarea. V.II) Al resolver el punto, el Tribunal de Apelaciones de 7mo. Turno se remitió a su anterior Sentencia No. 28/2018 de fecha 14 de marzo de 2018, en la que se indicara: “ En lo que refiere a los trabajadores de ASSE no existe norma legal que consagre la percepción del descanso intermedio, el cual sí se encuentra consagrado para los trabajadores de la salud privada por Decreto 584/96, que en su art. 19) establece: Todos los trabajadores en régimen de seis horas o más de trabajo diario, tendrán derecho a treinta minutos de descanso, sin excepción, entre la tercera y quinta hora de labor”. “La normativa general que ha consagrado este derecho para los trabajadores, se encuentra en el decreto reglamentario de la ley de limitación de la jornada Nº 5.350 de 29 de octubre de 1957; decreto ley 14.320 y decreto ley 55/2000 que reformó parte del decreto reglamentario de la Ley 5.350”. “Dichas normas refieren a la actividad desarrollada por los trabajadores de establecimientos industriales y comerciales, que corresponden a la actividad privada”. “Entiende el Tribunal que estas normas no pueden ser aplicadas directamente, sin más, a los funcionarios públicos, que es la categoría de los pretensores”. “Resulta cierto que teoría publicista relevante (Cfr., Cassinelli Muñoz, H. ‘Régimen Jurídico General de los Trabajadores y Estatuto de los funcionarios’, Revista Der. Jur. y Adm., Tomo 58, pág. 230/23), sostiene que existe un núcleo duro de normas constitucionales referidas al trabajo que establecen garantías para todos quienes desempeñen tareas o funciones en régimen de subordinación, integrado por el art. 54 de la Constitución que establece la limitación de la jornada”. “Sin perjuicio de ello, las especiales características en que se desarrolla el trabajo asistencial impide aplicar el descanso intermedio en forma directa a estos trabajadores, sin normativa habilitante. En efecto, en materia de trabajo en el sector salud, resulta difícil la fijación de la media hora de descanso en forma sistemática y reglada, dadas las especiales condiciones en que se desarrolla dicha tarea”. “Por otra parte, aún en presencia de normas legales que lo consagren, la jurisprudencia laboral, en términos que perfectamente pueden aplicarse a este caso, es conteste en que quien invoca no haber gozado de los descansos intermedios por haberlos trabajado, tendrá la carga de la prueba al respecto, por aplicación de los preceptos del art. 139 C.G.P., al tratarse de un hecho constitutivo de la pretensión (Sentencia T.A. Trabajo No. 16/018-4, de 21/02/2018; disponible en Base de Datos CADE - Módulo Jurídico.) ” (fs. 935/937). Por último, señaló la Sala en la sentencia impugnada que “ La prueba testimonial fue debidamente considerada en la sentencia apelada en cuanto a su eficacia relativa, tratándose de trabajadores que han promovido similares juicios al de autos, reclamando por idénticos motivos (FS. 889 VTO.) ” (fs. 937). V.III) Los impugnantes, en su recurso de casación, sostuvieron al respecto que a pesar de que no se haya sancionado una ley que confiera descansos intermedios a los integrantes de la parte actora, tal derecho surge de las normas de la Constitución. Se fundaron en el principio de igualdad y en todas las normas análogas que amparan ese derecho. Señalaron que el argumento del Tribunal por el cual se señala la dificultad del otorgamiento del descanso intermedio por la forma de organización de ese tipo de trabajo, no resulta adecuado para privar a la promotora de ese derecho. Por otro lado, expresaron que también es erróneo el fundamento que indica que la actora no acreditó el incumplimiento por parte de la demandada, ya que la falta de cumplimiento fue reconocida por ASSE. Concluyeron que el des-canso intermedio es un derecho humano, su regulación está reservada a la ley y no puede ser regulado por el estatuto. V.IV) La Suprema Corte de Justicia, por mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Jorge CHEDIAK, Elena MARTÍNEZ y Eduardo TURELL, desestimará los agravios deducidos al respecto. A criterio de la mayoría, más allá de si descansaban o no efectivamente, la pretensión formulada no puede progresar, pues parte de un sustento jurídico equivocado . Por su parte, los Sres. Ministros Dres. Bernadette MINVIELLE y el redactor, consideran que los agravios son de recibo, por cuanto entienden que, efectivamente, quienes integran la parte actora son titulares de un derecho subjetivo al descanso intermedio, por los argumentos que desarrollarán en la discordia que extienden a esta decisión. V.IV.I) En cuanto a la aplicación de la Ley No. 19.121 a los funcionarios de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) . Los promotores son funcio-narios del servicio descentralizado Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y, por tanto, no se encuentran comprendidos en la norma que regula la situación de los funcionarios de la Administración Central . La Corporación ya ha tenido ocasión de pronunciarse “ incidenter tantum” sobre el punto al analizar la legitimación de funcionarios de la entidad estatal demandada al resolver la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley No. 19.121. Así, en la Sentencia No. 1641/2018 (entre muchas otras), la mayoría compuesta por los Sres. Ministros Dres. Jorge CHEDIAK, Elena MARTÍNEZ, Eduardo TURELL y Doris MORALES (quien integraba la Corte por encontrarse vacante uno de sus cargos), y en términos que cabe reeditar, sostuvo: “ Corresponde desestimar la excepción de inconstitucionalidad impetrada, por cuanto los excepcionantes carecen de legitimación activa, esto es, no son titulares de un interés que pueda ser calificado como directo, personal y legítimo. Ello en la medida de que la norma impugnada (art. 6 de la Ley No. 19.121), en opinión de los Sres. Ministros Dres. Jorge Chediak, Elena Martínez, Doris Morales y el redactor [Doctor Eduardo TURELL] , no les resulta aplicable (...) Veamos. El art. 6 de la Ley No. 19.121 (denominada ' Regulación del estatuto del funcionario público de la Administración Central’ ) se encuentra contenido en el Capítulo II (‘ Condiciones de trabajo, derechos, deberes y obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades' ) y establece: ‘(Jornada ordinaria de trabajo).- La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios públicos que ingresen a partir de la vigencia del presente Estatuto, será de ocho horas diarias efectivas de labor y cuarenta horas semanales, con un descanso intermedio de treinta minutos, período que integra la jornada y será remunerado como tal. El Poder Ejecutivo podrá establecer regímenes horarios extraordinarios o especiales, atendiendo a razones de servicio debidamente fundadas, con informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil’. (...) La norma transcripta debe analizarse conjuntamente con los arts. 1 y 2 ejusdem . El art. 1º de la Ley No. 19.121 establece que el estatuto disciplinado en el cuerpo formativo ‘ ... tiene por objeto regular las relaciones de trabajo del Poder Ejecutivo con sus funcionarios públicos , en un marco de profesiona-lización, transparencia, eficacia y eficiencia’ . A su vez, el art. 2º disciplina el ámbito subjetivo de aplicación, el cual comprende a ‘ ... los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo , con excepción de los funcionarios diplomáticos, consulares, militares, policiales y de los magistrados dependientes del Ministerio Público y Fiscal’ . Conforme emerge de la normativa transcripta, la disposición impugnada, contenida en el estatuto regulado por la Ley No. 19.121, se aplica exclusivamente a los funcionarios de la Administración Central. A tal conclusión se arriba, indefectiblemente, mediante la aplicación de los criterios de interpretación postulados en el C.C. (arts. 17 y ss.). En primer lugar, el tenor literal de los arts. 1 y 2 resulta claro en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación del estatuto el que, la propia norma, denomina ‘ Regulación del estatuto del funcionario público de la Administración Central' . Esto es, disciplina las relaciones de trabajo del Poder Ejecutivo con sus funcionarios públicos, resultando contundente la Ley en este sentido. En segundo término, también conduce a la misma conclusión una interpretación sistemática de las disposiciones del estatuto (art. 20 del C.C.). En este sentido y, a los efectos de analizar el alcance de los arts. 1 y 2 de la Ley No. 19.121, resulta de suma utilidad lo establecido por el art. 102 ejusdem . La citada norma señala: ' A los efectos del presente Estatuto se considerarán disposiciones transitorias y especiales las siguientes: (...) F) El contenido de lo dispuesto en los artículos que refieren a objeto, definición, principios fundamentales y valores organizacionales, requisitos formales para el ingreso a la función pública, descanso semanal, reducción de jornada, licencia anual reglamentaria, licencias especiales, acumulación de remuneraciones y excepciones, descuentos y retenciones sobre sueldos, sueldo anual complementario, hogar constituido, asignación familiar, prima por antigüedad, prima por matrimonio o concubinato reconocido judicialmente, prima por nacimiento o adopción, Fondo Nacional de Salud, seguro de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, jubilación, libertad sindical, derechos colectivos, enumeración de deberes y obligaciones, enumeración de prohibiciones e incompatibilidades, evaluación de desempeño, principios generales, definición de evaluación por desempeño, definición de cargo, titularidad del cargo, ascenso, derecho al ascenso, obligación de subrogar, potestad disciplinaria, principios generales, definición de falta, apreciación de la responsabilidad disciplinaria, recursos administrativos, desvinculación del funcionario público, en lo que correspondiere, será tenido en cuenta para su aplicación gradual a los funcionarios dependientes de los organismos comprendidos en los literales B) a E) del artículo 59 de la Constitución de la República, en un plazo máximo de veinticuatro meses, previo a dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Nº 18.508, de 26 de junio de 2009’. La disposición transcripta prevé que ciertos aspectos del estatuto establecido por la Ley No. 19.121, en lo que correspondiere y en un plazo máximo de 24 meses, se tendrán en cuenta para su aplicación gradual a los funcionarios dependientes de los organismos comprendidos en los literales B) a E) del artículo 59 de la Constitución Nacional (dentro de los cuales se encuentran los accionantes -Literal E-). Pues bien, si el propio cuerpo normativo proyectó en su art. 102 una aplicación gradual de sus disposiciones a los funcionarios de los Servicios Descentralizados (entre ellos A.S.S.E.), resulta, indefectiblemente, que el legislador no los consideró incluidos dentro de su ámbito subjetivo de aplicación. Esto es, si el estatuto abarcara a todos los funcionarios de los organismos comprendidos en el art. 59 de la Constitución Nacional, cabría preguntarse: ¿Por qué entonces prevé una aplicación gradual de sus disposiciones? La respuesta resulta clara: se proyecta porque esos funcionarios no se encuentran comprendidos en el estatuto previstos para la Administración Central. Aún más, con posterio-ridad, esto es, en diciembre de 2015, se modificaron y se derogaron dos literales del art. 102 (B y C), permaneciendo, por voluntad del Legislador, inalterado el citado literal F (ver arts. 225 a 227 de la Ley No. 19.355 de fecha 19 de 12 de 2015). (...) Asimismo y, sin perjuicio de la enjundiosa fundamentación realizada por la Sra. Ministra Dra. Minvielle, a partir de lo establecido en el art. 59 de la Constitución Nacional, no puede arribarse a una conclusión diversa, so pretexto de realizar una interpretación ajustada a la Constitución. Ello, implica una interpretación abrogatoria de las claras disposiciones contenidas en los arts. 1, 2 y 102 de la Ley No. 19.121, aspecto que no se puede compartir. Una cosa es realizar una interpretación de la norma conforme a la Constitución y otra, muy diferente, es suplir el texto legal o tenerlo por no escrito. En consecuencia, la interpretación que se pregona no es a contrario sensu , sino que, a partir de las normas sancionadas, es la que se ajusta a la clara voluntad del Legislador. El art. 59 de la Carta preceptúa: ‘ La ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Sus preceptos se aplicarán a los funcionarios dependientes: A) Del Poder Ejecutivo, con excepción de los militares, policiales y diplomáticos, que se regirán por leyes especiales. B) Del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso- Administrativo, salvo en lo relativo a los cargos de la Judicatura. C) Del Tribunal de Cuentas. D) De la Corte Electoral y sus dependencias, sin perjuicio de las reglas destinadas a asegurar el contralor de los partidos políticos. E) De los Servicios Des-centralizados, sin perjuicio de lo que a su respecto se disponga por leyes especiales en atención a la diversa índole de sus cometidos’. Asimismo, el art. 59 de la Constitución no establece que la regulación para alguno de los organismos que enumera se deba extender a los restantes, sino que, por el contrario, le encomienda la regulación del Estatuto del funcionario a la ley. Pues bien, en este punto cobra protagonismo el principio de separación de poderes, de indudable raigambre constitucional y de incidencia decisiva, para la dilucidación de la cuestión debatida en autos. En efecto, si el Legislador determinó ciertamente el alcance subjetivo del estatuto regulado en la Ley No. 19.121 (arts. 1, 2 y 102), el Poder Judicial no puede, sin que dichas normas hayan sido declaradas inconstitucionales, considerar que no fueron sancionadas a partir de una interpretación abrogatoria. En la subexamine , los arts. 1, 2 y 102 de la Ley No. 19.121 no fueron cuestionados por los promotores y, en consecuencia, no corresponde analizar su regularidad constitucional. Por tanto, el Legislador tuvo más que presente que estaba excluyendo a los restantes organismos previstos por el artículo 59 de la Constitución del régimen del Estatuto de los Funcionarios de la Administración Central. Ese desconocimiento de la voluntad claramente manifestada por el Legislador solamente podría resultar de la declaración de inconstitucionalidad de las disposi-ciones, lo cual no fue solicitado por la parte por tales fundamentos. (...) Los excepcionantes, con-forme surge del propio acto de proposición inicial y no se encuentra debatido en autos, son personal presupuestado de A.S.S.E. y, en su mérito, no les resulta aplicable el conjunto de condiciones de trabajo, derechos, deberes y obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades, contenidos en el estatuto regulado por la Ley No. 19.121. Este extremo fue recono-cido por los propios actores en oportunidad de deducir la demanda y, por A.S.S.E., al momento de contestar la inconstitucionalidad impetrada por vía de excepción (fs. 380 vto.). En este mismo sentido se pronunció el Fiscal de Corte a fs. 386 vto. ‘ Conforme puede observarse, el Estatuto de referencia es de aplicación exclusivamente para aquellos funcionarios públicos de la Administración Central que ingresaron a la misma a partir de su entrada en vigencia, hipótesis que no encarta en la situación funcional de la parte actora, la cual reclama emolumentos originados por su labor para la Administración de Servicios de Salud del Estado (A.S.S.E.)’ ”. En la doctrina, ROTONDO, al analizar los decretos reglamentarios de la multicitada ley, parece sostener esta misma posición, en cuanto señala: “ Dado el importante número de decretos reglamentarios de la Ley No. 19.121 de 20-VIII-2013, en estas líneas se trata de efectuar una breve presentación de los que han sido dictados a la fecha (23-II-2015). Una vez más, corresponde tener presente que esa ley aprobó el Estatuto que rige ‘las relaciones de trabajo del Poder Ejecutivo con sus funcionarios’, de manera que ese cuerpo legal se circunscribe a 'todo individuo que, incorporado mediante un procedimiento legal, ejerce funciones públicas en un organismo' de ese Poder, 'bajo una relación de subordinación y al servicio del interés general' (Arts. 1 a 3 de la ley citada). Al efecto se seguirá el orden cronológico de dichos decretos, salvo cuando estén directamente interrelacionados entre sí ” (Cfme. ROTONDO, Felipe , “Estatuto del funcionario de la administración central ”, CADE 8677). En igual sentido se han pronunciado LARRAÑAGA y FIGUEREDO (en obra coordinada por DURÁN MARTÍNEZ), quienes en el apartado titulado “El limitado ámbito de aplicación de la Ley No. 19.121 y los problemas que conlleva”, señalan: “(...) la Ley nº 19.121, no es el estatuto del funcionario público, sino tan sólo el Estatuto de la mayoría de los funcionarios del Poder Ejecutivo, puesto que existen varios se ven expresamente excluidos de su aplicación como diplomá-ticos, funcionarios consulares, militares, policías y magistrados dependientes del Ministerio Público y Fiscal (Artículo 2). Por otra parte, sólo reciben una aplicación parcial los dependientes de la Dirección General Impositiva, Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General de Casinos (Artículo 102 literales B y C). No existe fundamento alguno para establecer las últimas exclusiones”. Y, más adelante, agregan: “ La Ley Nº 19.121 (...) no sólo (...) crea un estatuto especial para los funcionarios específicos de un Poder (...) sino que ni siquiera es de aplicación a todos los funcionarios que trabajan para el mismo” (Cfme. LARRAÑAGA LARGHER, María Victoria y FIGUEREDO SIMONETTI, Roberto “La incidencia del derecho laboral en la Ley 19.121”, en “Funcionarios Públicos”, Coordinado por DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. UCU, Págs. 136 y ss.). V.IV.II ) En cuanto a la posi-bilidad de extraer el derecho al goce del descanso intermedio por la aplicación de normas y principios del Derecho Laboral . No se encuentra debatido en autos que, no siendo aplicable a los accionantes la Ley No. 19.121, el Texto Ordenado de normas sobre Funcionarios Públicos (TOFUP) no consagra para los funcionarios de ASSE el beneficio del descanso intermedio. Sobre esa base la actora formuló su demanda. En ella se alegó que el descanso intermedio es un derecho fundamental (artículos 72 y 332 de la Constitución), que le corresponde a cualquier trabajador, sea del sector público o del privado. Por su parte, la demandada repelió esa argumentación en el entendido de que si no existe previsión estatutaria al respecto, corresponde desestimar la demanda. A criterio de la mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Jorge CHEDIAK, Elena MARTÍNEZ y Eduardo TURELL, le asiste razón a la demandada y, por tanto, no corresponde amparar el reclamo. Si bien existen ciertas normas aplicables con independencia de si el trabajador es público o privado, la Carta prevé expresamente la existencia de estatutos aplicables a los funcionarios públicos, brindando determinados lineamientos (artículos 59 y 63). No resulta jurídicamente acertado trasladar sin más todas las normas que regulan el derecho del trabajo a los funcionarios públicos, quienes se encuentran vinculados al Estado por una relación estatutaria. En este sentido, Sayagués Laso señala que “(...) resulta claro que el funcionario se encuentra en una situación estatutaria de origen constitucional, legal o reglamentario, según los casos. En efecto, los funcionarios están sometidos a un régimen jurídico cuya existencia es anterior al momento de su ingreso a la función pública, que ha sido creado unilateralmente por la entidad estatal y que, por lo tanto, puede modificar en cualquier momento, para adaptarlo a las necesidades de la Administración. En el derecho público moderno, ciertas normas fundamentales que regulan la condición de los funcionarios, figuran en los textos constitucionales; otras, el mayor número de ellas, en cuerpos orgánicos que reciben la denominación de ‘estatutos del funcionario’; y en todo lo no previsto por la Constitución o las leyes, rigen normas de carácter reglamentario. La circunstancia de que ese régimen estatutario sea creado unilateralmente y pueda ser modificado en la misma forma, no significa que los funcionarios estén desamparados. Las normas citadas imponen deberes igual que confieren derechos y la administración debe exigir el cumplimiento de aquéllos así como respetar éstos (...)”. Asimismo, el citado autor señala que debe entenderse por “(...) estatuto del funcionario el conjunto orgánico de normas legales que regulan los derechos, deberes y obligaciones de los funcionarios públicos. Todo estatuto, pues, debe conte-ner las disposiciones protectoras de los funcionarios relativos al ascenso, estabilidad, garantía de perma-nencia, derechos pecuniarios, etc., así como las que imponen obligaciones y deberes a fin de asegurar un correcto ejercicio de las funciones públicas” (Cfme. SAYAGUÉS LASO, Enrique, Tratado de Derecho Adminis-trativo, T. I, FCU, 9na Ed. puesta al día a 2010 por Daniel Hugo MARTINS, Montevideo, setiembre de 2010, págs. 272-273). Respecto al vínculo de los funcionarios públicos con el Estado y la posibilidad de aplicar normas derivadas del Derecho del Trabajo, ha señalado la Suprema Corte de Justicia en Sentencia No. 685/2014: “ Uno de los temas principales que debe abordarse en el subexamine es el relativo a la posibilidad de aplicación de los principios y las disposiciones propias del derecho del trabajo, a los vínculos emergentes de la relación entre el Estado y los funcionarios públicos. Al efecto, Ruben Correa Freitas – Cristina Vázquez al analizar el trabajo de los funcionarios públicos y el vínculo que existe entre la relación funcional y derecho general del trabajo han señalado que: 'El ejercicio de función pública, objeto de la relación funcional, se lleva a cabo mediante la aplicación de las energías intelectuales o corporales del funcionario, en forma que redunda en beneficio de la colectividad y dándole la posibilidad de ganar su sustento...'. Precisando seguidamente: 'En este sentido, el funcionario público es un trabajador que, como tal, resulta alcanzado por las disposiciones que rigen el trabajo como hecho social y, en especial, el trabajo subordinado. Estas disposi-ciones se encuentran, en el estado actual de la evolu-ción jurídica, en una zona que sería fronteriza entre el derecho público y el derecho privado, en cuanto alcanzan a sujetos y relaciones públicas y privadas y tutelan intereses de ambos tipos. No constituyen una disciplina jurídica autónoma sino un ‘régimen jurídico’'. Cabe recordar, como señalan los citados autores que: 'La relación funcional es el vínculo jurídico especial que une al funcionario con la entidad estatal, por el cual aquel se obliga a realizar función pública, en la forma y condiciones que el Estado establezca unilateralmente...' agregando de forma concluyente: 'En su carácter de sujeto de un vínculo en el cual la otra parte es una entidad estatal, el funcionario se encuentra sujeto, además, a las disposiciones que se le aplican en cuanto tal. Estas son normas de Derecho público, de origen constitucional, legal o reglamentario e integran el estatuto material' (Cfme. aut. cit. 'Manual de derecho de la función pública', pág. 47). Trasladando estos concep-tos al subexamine no cabe sino concluir que la aplicación normativa efectuada por la Sala resultó ajustada a tales parámetros en tanto no obstante ser cierto que el vínculo existente entre el Estado y los funcionarios públicos es por esencia de naturaleza laboral, se encuentra sujeto asimismo a una regulación específica, emanada de disposiciones tanto de rango constitucional (como el art. 63 de la Carta Magna, v. gr.) como legal, debiendo analizarse en cada caso cuál es el marco regulatorio de su actividad, y a él corresponde estar” (véase también las Sentencias de la Suprema Corte de Justicia Nos. 748/2014 y 187/2016). El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to. Turno, en Sentencia No. 350/2013, en relación a los funcionarios policiales, ha consignado en términos que resultan trasladables al presente caso: “ La parte actora pretende que el régimen de trabajo que le comprende sea el que a ella conviene y no el que resulta del ordenamiento jurídico. Más allá de reconocer ciertos derechos a los trabajadores independientemente de que se desempeñen en el ámbito privado o en el público, la propia Constitución prevé que existan soluciones estatutarias aplicables a los funcionarios públicos, cuya reglamentación comete a la ley, fijando ciertas bases (v.g.: el funcionario estará para la función y no a la inversa) y sujetando la actividad a todo el régimen presupuestal constitucional de creación y dotación de cargos y funciones públicas, ingresos y egresos estatales, etcétera (art. 86); previéndose incluso la existencia de estatuto especial para el personal policial, militar o diplomático (art. 59 eiusdem). Por consiguiente, no puede partirse de la base de un tratamiento idéntico a los trabajadores privados, regidos por el Derecho Laboral, y los funcionarios públicos, regidos por el Derecho Público Constitucional y Administrativo, pues tales ordenamientos pueden consagrar soluciones disímiles, beneficios, deberes y tratamientos distintos, con perfecta adecuación a la Constitución. La Sala ha expuesto reiteradamente que no corresponde extender sin más a los funcionarios públicos soluciones propias del Derecho Laboral privado, y menos aún en violación del régimen presupuestario constitucional (v.g. sentencias Nos. 49/2007, 136/2010, 51/2012, 96/2012). La jurisprudencia de los Tribunales de Apelaciones es conteste en no admitir reclamos de funcionarios policiales o bomberos como el que motiva esta litis, por no hallarse comprendido en el régimen estatutario el pago de otras extras ni descansos intermedios fuera de los límites fijados por Convenios Internacionales del Trabajo, Ley Orgánica Policial (Nº 13963, arts. 34, 38) y reglamentaciones específicas, que no asignan al actor derechos como el que postula, en virtud de su estado policial y condiciones concretas de trabajo (Cf. y más ampliamente, sentencias Nos. 40/2012 del Similar de 1er. Turno, 272/2011 del Homólogo de 4º Turno, 137/2010 y 336/2011 del Similar de 6º Turno)” . En la misma línea de argumentación se pronunció el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6to. Turno en la Sentencia No. 142/2012. Por tanto, trasladando dichos conceptos al planteo formulado en este proceso, concluyen los integrantes de la mayoría que no resulta posible derivar el derecho al descanso intermedio que tiene su origen en normas del Derecho del Trabajo, a los funcionarios del Estado que no lo tienen previsto en su estatuto. VI) Respecto a la desestima-toria de la condena por falta de entrega de los uniformes . VI.I) En su recurso, la impugnante afirmó que está acreditado que ASSE no entregó los uniformes. Dijo que los declarantes que cita el fallo se refieren a entregas posteriores al período que comprende la demanda. De hecho, claramente se señala el 2017 y no los períodos anteriores, por los cuales ASSE no agregó recibos firmados que acrediten la entrega por el período reclamado. Sostuvo que la necesidad de tener uniformes es un hecho evidente. ASSE alegó no saber qué prendas eran y no acreditó con recibos firmados haberlos entregado. La parte actora cumplió con la carga probatoria y todos los testigos declarantes en la causa confirmaron la falta de uniformes y la carga de adquirirlos y aún de lavarlos a su costo y riesgo. VI.II) Pues bien. Estima la Corporación que el planteo efectuado por la recurrente no puede prosperar. Aclara a este respecto el Sr. Ministro Dr. Eduardo TURELL que si bien con anterioridad ha asumido postura favorable a pretensiones semejantes a la solicitada en el caso por los actores, en la especie la solución es diversa, por los fundamentos que se desarrollan a continuación. En tal sentido, los agra-vios de la parte se dirigen a expresar que existen pruebas referidas a un supuesto incumplimiento de la parte demandada. Sin embargo, y a diferencia de lo que sostiene la actora, la sentencia del Tribunal no se fundó en aspectos de prueba para desestimar el rubro . En efecto, emerge de la mera lectura de la sentencia atacada que la Sala desestimó la solicitud de condena en mérito a que la pretensión de la actora no podía prosperar del modo en el cual fue planteada, ya que las normas en las cuales se funda el planteo son programáticas y, por tanto, sujetas a la reglamentación. En el pronunciamiento impugnado, el órgano de alzada analiza la normativa invocada por los actores en apoyo de su reclamo relativo a los uniformes y sostiene que está en consonancia con lo prevenido por el Convenio de la OIT No. 155, aprobado en nuestro país por la Ley No. 15.965. No obstante, considera que lo que se pretende en la demanda no puede ser amparado, puesto que las normas en que los accionantes fundan su reclamo tienen la naturaleza de programáticas, en el sentido que establece que el empleador se hará cargo, pero no la forma y modo en que lo hará, por lo cual se requiere establecer la reglamentación respectiva. En función de ello, concluye la Sala que de acuerdo a la forma en que fue peticionado el rubro, no resulta posible su amparo, ya que no puede entenderse que deban serle reintegrados a los actores las sumas de dinero que hubieren, supuestamente, gastado en uniformes y su desinfección o lavado, que es en definitiva lo reclamado (fs. 937/940). Respecto a la fundamenta-ción que viene de señalarse, que fue la expuesta por el Tribunal para desestimar el rubro en examen, la impugnante no introdujo ningún agravio. Por lo cual, no es posible que la Corte ingrese a su consideración. En este punto, la recurrente incumple con el requisito previsto en el art. 273 num. 2º del C.G.P., en tanto hace referencia a cuestiones probatorias a las que no aludió la Sala, y luego se limita a afirmar que el fallo “ erró de hecho y de derecho ” (fs. 956), sin explicitar en absoluto de qué modo se habría concretado el error de Derecho denunciado. Como enseña DE LA RÚA, la enunciación del motivo debe ser clara y expresa, de modo que permita individualizar concretamente el vicio que justifica la impugnación (Cfme. DE LA RÚA, Fernando, El recurso de casación. En el Derecho Positivo Argentino , Víctor P. DE ZAVALÍA-Editor, Buenos Aires, 1968, pág. 223). En igual sentido, señala MOLINA SANDOVAL que la idea esencial es que, de la sola lectura del recurso, el tribunal pueda tener una idea lo más aproximada posible a la problemática suscitada y, fundamentalmente, los intereses de las partes, que son los que sustentan las pretensiones procesales. Se requiere una adecuada armonía entre autosuficiencia, claridad y síntesis, pero fundamentalmente estrategia recursiva. El recurso de casación debe evitar hacer desarrollos de carácter general y debe procurar desarrollar un esquema argumental concreto y específico con relación a lo que es objeto de la crítica (Cfme. MOLINA SANDOVAL, Carlos A., Recurso de Casación , ADVOCATUS, Córdoba, 2016, págs. 231/232). En el caso, la impugnante ha incumplido, como se dijo, con el requisito formalmente establecido, por cuanto el desarrollo plasmado en este punto se revela como una crítica absolutamente desconectada de la sentencia, sin un análisis que indique, con claridad, el error en que incurriera la decisión jurisdiccional de segunda instancia. En consecuencia, cabe desestimar el planteo de la recurrente. VII) La correcta conducta procesal de ambas partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del Código Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). En suma, por los funda-mentos expuestos, y en atención a lo establecido en los arts. 268 y concordantes del Código General del Proceso, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 20 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE. MINISTROS DRA. BERNADETTE MINVIELLE Y DR. LUIS TOSI DISCORDES PARCIAL MENTE: por cuanto consideramos -por los argumentos que desarrollaremos a continuación- que los trabajadores accionantes tienen derecho al descanso intermedio, por lo que debe acogerse parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte actora y, en su mérito, anular la sentencia impugnada, exclusivamente en lo que respecta al rubro descansos intermedios no gozados. En su lugar, corresponde condenar a la demandada a abonar a los actores, por concepto de descansos intermedios no gozados, los montos reclamados por la parte actora en la liquidación efectuada en la demanda. 1.1) El agravio de los recurrentes En la sentencia atacada, la Sala confirma la decisión desestimatoria recaída en primera instancia sobre el rubro, fundándose por un lado en que los actores son funcionarios públicos y no les alcanza el régimen de derecho laboral que establece el descanso intermedio para los trabajadores de la salud del sector privado, y por otro, en que eran los actores quienes tenían la carga de la prueba respecto a haber trabajado los descansos intermedios y en el caso la prueba testimonial fue debidamente considerada en la sentencia de primera instancia. En su recurso de casación, los impugnantes atacan ambos fundamentos. En relación al primer argumento del Tribunal, expresan que el descanso reclamado es un derecho humano, de fuente constitucional, que no puede coartarse mediante un estatuto ya que la ley superior lo impide. Se fundan en el principio de igualdad y añaden que el argumento del Tribunal por el cual se señala la dificultad del otorgamiento del descanso intermedio por la forma de organización de ese tipo de trabajo, no resulta adecuado para privar a la promotora de ese derecho. Por otra parte, alegan que también es erróneo el fundamento de la Sala que expresa que la actora no acreditó el incumplimiento por parte de la demandada, ya que la falta de cumplimiento fue reconocida por ASSE. Anotan al respecto que todos los integrantes de la parte actora permanecen a la orden de la demandada sin interrupción durante toda su jornada de trabajo. Todos los funcionarios trabajan de continuo y sin posibilidad de descansar. Los trabajadores no tenían protocolo de relevo, ni constan-cia de registro de que tomaran la media hora. A nuestro juicio, les asiste razón en tales planteos. En efecto, de acuerdo a los argumentos que indicaremos a continuación, consideramos que los trabajadores subordinados de ASSE tienen derecho al descanso intermedio. A su vez, en la especie, estimamos que ha resultado acreditado que los actores no gozaron del descanso intermedio, por lo que corresponde acoger dicho rubro y condenar a la demandada a su pago. 1.2) Los actores tienen derecho al descanso intermedio . 1.2.1) La Constitución con-sagra el derecho al descanso intermedio de los trabajadores públicos que prestan sus servicios en el marco de una relación de trabajo subordinado . La ausencia de una norma que disponga expresamente el régimen de descanso intermedio de los trabajadores de la ASSE no implica, como lo ha postulado en este juicio la demandada, que sus funcionarios no tengan derecho al descanso inter-medio. En efecto, consideramos que el derecho constitucional a la limitación de la jornada de los trabajadores subordinados, comprensivo del derecho al descanso intermedio, abarca a todos los trabajadores que se desempeñan en una relación de trabajo subordinado, ya sean públicos o privados. Tal como lo sostuviera el Sr. Ministro Dr. Luis Tosi desde la Sala del Trabajo de 2do. Turno en un fallo del año 2007: “‘El funcionario público es un trabajador que, como tal, resulta alcanzado por las disposiciones que rigen el trabajo como hecho social y, en esencial, el trabajo subordinado’ (Conf. Cristina Vázquez, en el ‘Manual de Derecho de la Función Pública’, por ella escrito en coautoría con Ruben Correa Freitas, 1ª edic. pág. 47). ‘En el caso, la relación básica de las partes es una relación de trabajo subordinado. Por ende corresponde la laboralización de su regulación jurídica’. ‘Dicha laboralización emerge con toda claridad del análisis del propio régimen estatutario de los funcionarios públicos. Siguiendo a HORACIO CASSINELLI MUÑOZ, dicho estatuto tiene una doble faz; una formal (acto regla), y otra material (derivada de la Constitución, leyes, decretos y reglamentos). Y es por efecto de las normas de raigambre constitucional que se da pie a la mentada laboralización. La relación de trabajo es una sola, ya se trate de empleados públicos y privados. La propia Constitución vigente impone la igualdad de todo trabajo en beneficio ajeno, en una interpretación omnicomprensiva de su parte dogmática (en especial, a través de su art. 8). Ningún trabajador público puede tener menos garantías que uno privado’. De conformidad con CARLOS SACCHI, ‘... En definitiva, pues, estamos con la tesis unitaria la cual... consiste en no aceptar que exista diferencia esencial entre ambos tipos de relación de empleo público y privado, dado que todos tienen las mismas características en lo que hace a la prestación de servicios subordinados. Eso es lo que tiene que ver con la asimilación del trabajador público con el privado, en cuanto a la aplicación de los grandes principios del derecho del trabajo y también de normas constitucionales y legales de sustancia laboral (de derecho individual o colectivo del trabajo). ... Porque los grandes principios del derecho del trabajo... indudablemente tienen su fuente en el Derecho Constitucional...’ (CARLOS SACCHI, en ‘Responsabilidad laboral del Estado’, Cuaderno del Coloquio Nº 1, pág. 13)” , (Sentencia No. 314/2007). El artículo 54 de la Constitución establece: “La ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado (...) la limitación de la jornada (...)” . Como lo ha enseñado el Profesor Cassinelli Muñoz, en cita extensa, pero necesaria por su claridad: “El artículo consagra una competencia de la ley formal, cuyo ejercicio es debido (‘ha de...’), a la vez que implica la inherencia de los derechos allí mencionados a la situación descrita de los beneficiarios, en virtud del uso del verbo ‘reconocer’ (1). Respecto de los trabaja-dores privados que se encuentren comprendidos en el artículo, esto es, que se hallen en la relación de trabajo o servicio como obreros o empleados, la competencia legislativa no presenta dificultades. La legislación que se dicte quedará colocada bajo la Constitución y será a su vez reglamentada, en cuanto sea necesario para su ejecución, por actos del Poder Ejecutivo. Respecto de los funcio-narios públicos, en cambio, surge el problema de la correlación entre este artículo 54 y los artículos que prevén la existencia de actos jurídicos especiales, los Estatutos de los funcionarios, cuya sanción no compete siempre a la ley (4). Es necesario resolver, pues, la coordinación entre la competencia de la ley ordinaria, consagrada en el art. 54, y la competencia del estatuto formal; establecida en los arts. 59, 62, 63, 107 y 206. Habría dos maneras muy sencillas, pero erróneas, de eliminar este problema. La primera, excluir del ámbito del art. 54 a los funcionarios públicos; la segunda, excluir de los estatutos formales la regulación de la jornada de trabajo. El error de la primera solución ya ha sido señalado por mí en otra ocasión (5). Deriva de una falsa valoración de la relación entre la norma general y la norma especial: la exigencia de reglas especiales para los funcionarios públicos no excluye la aplicación a éstos de las reglas generales para todas las personas, o para todos los trabajadores, o para todos los habitantes, en todos los puntos en que no haya contradicción con un texto especial. La segunda solución podría apoyarse en el silencio que guarda el art. 61 sobre la regulación de la jornada de trabajo; silencio signi-ficativo, porque el artículo sienta, en cambio, la reglamentación del derecho al descanso semanal de los funcionarios. Sin embargo, el error queda de manifiesto si observamos que el art. 61 enumera, en realidad, un contenido mínimo necesario del Estatuto, pero no excluye la regulación de otros aspectos que integren, como los allí enunciados, el concepto material de ‘estatuto de los funcionarios’. El estatuto formal debe reglamentar, para los funcionarios de carrera, el derecho al descanso semanal que la ley formal debe a su vez reconocer a todos los empleados u obreros; pero puede, además, reglamentar el derecho a la limitación de la jornada, en cuanto atañe a los funcionarios de que se trate, dentro de las normas legales que rigen la materia sin discriminar entre el sector público y el privado” (Horacio Cassinelli Muñoz: “Alcance de la legislación sobre limitación de la jornada respecto de los funcionarios públicos” , en “Derecho Constitucional y Administrativo - Estudios publicados, compilados por Carlos Sacchi” , La Ley Uruguay, 2010, págs. 985-986. Originalmente publicado en: Revista de Derecho Jurisprudencia y Administración, T. 61, págs. 21 y sgtes.) Agrega más adelante el eminente ius-publicista en la misma obra: “La tradición legislativa uruguaya engarza perfectamente, en lo que atañe a la limitación de la jornada, con el sistema constitucional expuesto. Ya la ley 5350 declaraba en su artículo 2: ‘Esta ley comprende a los obreros y empleados en trabajos realizados por el Estado’, y desde entonces la legislación sobre los límites de jornada laboral no ha hecho excepción de los funcionarios, lo que está de acuerdo, además, con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que Uruguay ha ratificado. Y si se presenta un caso de duda interpretación de la ley debe tender a su aplicación indiscriminada, porque tal es el principio constitucional e internacional vigente entre nosotros” (Horacio Cassinelli Muñoz, ob. cit., pág. 987). En definitiva, los accio-nantes, quienes trabajan en forma subordinada para ASSE en el Hospital Zoilo A. Chelle de la ciudad de Mercedes, tienen derecho al descanso intermedio, tratándose de un derecho subjetivo perfecto de fuente constitucional y reglamentación legal. Por último, cabe anotar que en igual sentido, en cuanto a que los funcionarios públicos de la ASSE tienen derecho al descanso intermedio, con prescindencia de su regulación legal expresa, se expidió recientemente la Sra. Ministra Dra. Bernadette Minvielle, en discordia extendida a la Sentencia No. 1917/2017. 1.2.2) Contenido del derecho al descanso intermedio de los accionantes . En función de lo que venimos de señalar, en ausencia de una norma sobre descanso intermedio que expresamente contemple dentro de su ámbito de aplicación a los funcionarios de la ASSE que integran la parte actora, el contenido del derecho al descanso intermedio de los accionantes será el mismo que tengan los trabajadores del sector privado que realicen igual tarea. Ello impone recurrir al régimen de quienes se desempeñen como personal asistencial, con jornada de seis horas diarias. Tal régimen se encuentra regulado por la Ley No. 5.350 y el Decreto del Poder Ejecutivo No. 504/1986. La Ley No. 5.350, la cual en su artículo 4 estableció: “el Poder Ejecutivo reglamentará los descansos obligatorios diarios que correspondan a cada gremio, dentro del horario de trabajo” . Y el Decreto No. 504/1986 establece en su artículo 2º, numeral 19 que “ Todo trabajador en régimen de seis horas o más de trabajo diario, tendrá derecho a treinta minutos de descanso, sin excepción entre la tercera y quinta hora de labor ” . En conclusión, los accionantes tienen derecho al descanso intermedio en los términos del artículo 2° numeral 19 del decreto 504/1986 (descanso de treinta minutos a ser gozado sin excepción entre la tercera y quinta hora de labor). 1.2.3) No ha resultado controvertido que los actores no han gozado el descanso intermedio . Con respecto al restante fundamento ensayado por la Sala para desestimar el rubro peticionado por los actores, estimamos que también le asiste razón a los recurrentes en su planteo. En efecto, en el caso está admitido que los accionantes no gozaban el descanso intermedio. En este proceso debe tenerse por probado que los actores no gozan de su descanso intermedio, como lo postularon en la demanda. Y ello, porque dadas las características del derecho invocado, la empleadora demandada pudo y debió controvertir el hecho negativo alegado por sus funcionarios. La demandada no logró acreditar que los actores hayan gozado del descanso intermedio, siendo aquélla quien estaba en mejores condiciones para probarlo. Ello, de acuerdo a la llamada “teoría de las cargas dinámicas”, que tal como ha manifestado la jurisprudencia laboral en reiteradas sentencias: “(...) en su más sencilla concepción significa que tiene la carga de la prueba quien está en mejores condiciones para probar el hecho y ello tiene su fundamento en los principios de lealtad, buena fe, probidad y moralidad en el proceso que se traducen en otros, como el deber de veracidad y colaboración de las partes con la justicia para poder llegar al conocimiento de la verdad ” (Cfme. Sentencias TAT 2º Nos. 47/2019 y 188/2017, entre otras; en igual sentido: Sentencias TAT 3º No. 249/2018 y TAT 4º No. 146/2017). 1.2.4) Conclusión . En definitiva, conside-ramos que debe ampararse el agravio y en consecuencia anularse la recurrida. Tal como lo desarrollamos en los capítulos 1.2.1 y 1.2.2 de esta discordia, consideramos que cualquier persona que preste servicios en una relación de trabajo subordinado tiene, por expreso mandato constitucional, derecho a la limitación de su jornada laboral, lo que comprende el derecho al descanso intermedio. Ese derecho constitucional se encuentra consagrado en el artículo 54 de la Carta, disposición en la cual se comete al legislador su reglamentación por vía legal. Y para el caso de ausencia de reglamentación legal específica para cierto sector de trabajadores, el derecho debe aplicarse igual recurriendo a la regulación análoga por imperio del artículo 332 de la Carta: “Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos (...) no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”. A nuestro juicio, la sentencia recurrida no tomó en consideración dichas normas constitucionales, o bien las aplicó erróneamente, al dar primacía al estatuto de ASSE por sobre el derecho fundamental reconocido expresamente en la Constitución. No puede compartirse el razonamiento de la Sala, por cuanto la regulación de los derechos a los que aluden los arts. 54 a 57 de la Carta, entre ellos el derecho a la limitación de la jornada (del que se desprende el derecho a gozar del descanso intermedio), corresponde al legislador y no puede ser objeto de restricción por vía estatutaria. En suma, por lo expuesto, estimamos que corresponde acoger el agravio de la parte actora.