Sentencia Definitiva N° 1.240/2019

Montevideo, doce de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ AA CON BB – DAÑOS Y PERJUICIOS – CASACIÓN”, IUE: 2-49849/2016. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva de primera instancia N° 77/2017 , del 13 de setiembre de 2017, el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1º Turno amparó parcialmente la demanda en estos términos: “ Acogiendo parcialmente la demanda y condenando a [la] BB a pagarle al actor: a.- Los haberes salariales del período diciembre 2014 a junio de 2015 en la forma calculada en la demanda, con la corrección expresada en el numeral I del Considerando 29 que antecede, con reajustes desde el hecho dañoso y los intereses desde la demanda, b.- La suma de $ 300.000 pesos con reajustes desde la renuncia e intereses legales desde la presentación de la demanda... ” (fs. 875/892). II) Por sentencia definitiva de segunda instancia, identificada como SEF 0003-000116/2018 , del 23 de julio de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º turno, confirmó parcialmente la apelada salvo en los siguientes puntos que fueron revocados: (i) en cuanto se condenó a pagar suma líquida por haberes adeudados y, en su lugar, mandó a liquidar el monto por la vía del artículo 378 del C.G.P. sobre las bases que indicó en su considerando IV y, (ii) en cuanto al importe del resarcimiento por daño moral, el cual se disminuyó a la suma de $U 200.000 (pesos uruguayos doscientos mil); (fs. 941/945). En el considerando IV se expresó que los haberes adeudados debían liquidarse sobre la base de 48 horas semanales y no sobre 60 horas semanales, teniendo en cuenta los descuentos por inasistencias (fs. 944 vuelto). III) Contra la sentencia de segunda instancia, el actor interpuso el recurso de casación bajo examen. Luego de postular la admisibilidad de su medio impugnativo, se agravió en los siguientes términos: (i) Ilegítimo rechazo por el rubro lucro cesante o pérdida de la “chance”. (i.i) La Sala, al deses-timar la pretensión de resarcimiento del lucro cesante o pérdida de la “chance”, infringió el principio de reparación integral del daño (artículos 1319 y 1323 del Código Civil). En tal sentido, si bien reconoció que la conducta de la demandada supuso acoso laboral y terminó con su renuncia, concluyó que no correspondía resarcir el daño ocasionado por tal acción. El actor dejó de percibir su salario por el obrar de la demandada, por lo cual es un error lógico entender que hubo acoso sin condenar a reparar el daño ocasionado. El razonamiento de la Sala supone desconocer la figura del lucro cesante, lo cual determina, además, un error en la motivación de la sentencia. (i.ii) Al desestimar la pretensión de resarcimiento del lucro cesante o pérdida de la “chance”, el Tribunal infringió también las reglas sobre valoración de la prueba. Incurrió en un supuesto de absurdo evidente y actuó con una arbitrariedad manifiesta. Afirmó que el actor no habría continuado trabajando en la BB debido a su disconformidad con las condiciones de trabajo. Sin embargo, no es posible conocer en qué elementos se basó para realizar esa afirmación, ya que no explicitó los fundamentos de su aseveración. No existe prueba que respalde esa afirmación y, por el contrario, existe prueba que demuestra lo contrario: que el actor quería seguir trabajando para la BB. En efecto, se acreditó que el actor renunció a las horas que cumplía en el Hospital de Maldonado, pero no porque no quisiera trabajar más en la BB, sino para pasar a cumplirlas en el Hospital de San Carlos, en donde las condiciones de trabajo eran aceptables. En su nota del 26 de diciembre de 2012, expresamente, solicitó pasar a cumplir 60 horas semanales como anestesista en el Hospital de San Carlos, indicando que allí las condiciones de trabajo eran mejores que en Maldonado. La demandada boicoteó esa posibilidad de trabajar sólo en San Carlos ya que, si bien en principio aceptó su renuncia a las horas de Maldonado, luego revocó tal decisión y, como colofón, comenzó a practicarle ilegítimos descuentos en su salario, que lo forzaron a renunciar. Entonces, no fueron las condiciones de trabajo las que determinaron el cese de la relación, sino el acoso padecido, por lo cual la privación de ingresos constituyó un daño real y concreto derivado del accionar de la demandada. Con o sin “presupuestación”, el vínculo del actor con la BB era un vínculo de la máxima estabilidad, permanente y de largo plazo: había ingresado en el año 2011 y la necesidad de anestesistas era imperiosa. Y aun cuando no se con-siderara que corresponde indemnizar el daño padecido como lucro cesante, debió indemnizarse como una pérdida de la “chance”, por verificarse una probabilidad concreta de ganar que resultó frustrada. En definitiva, la infun-dada afirmación de la Sala -respecto a que el actor no habría continuado trabajando para la BB por estar disconforme con sus condiciones de trabajo- importa un grosero y abusivo apartamiento de las reglas de valoración de la prueba. (ii) Ilegítima reducción de la base de cálculo de los haberes indebidamente descontados. Al abatir el importe de lo reclamado por concepto de salarios descontados en forma abusiva -por la vía de reducir la base de cálculos de 60 horas semanales a 48 horas semanales- infringió el principio de igualdad de las partes (artículo 4 del C.G.P.), el principio dispositivo y el principio de congruencia (artículo 198 del C.G.P.). También des-conoció lo previsto en los artículos 130, 139 y 253 del C.G.P. y la regla de la preclusión de los plazos procesales (artículo 92 del C.G.P.). La Sala no aplicó las normas procesales que imponían estar a la liquidación presentada en la demanda. La BB nunca explicitó porqué y sobre qué bases realizó los descuentos al salario del actor. Al contestar la demanda se limitó a decir que su liquidación era incorrecta, pero no presentó una liquidación alternativa ni explicó su posición, incumpliendo lo establecido en los artículos 130 y 139 del C.G.P. A su vez, al apelar, la BB no se agravió en “escrito fundado” lo que debió hacer que la Sala no considerara su medio impugnativo. Al no hacerlo se infringió lo dispuesto en el artículo 253 del C.G.P. En la demanda se liquidó el rubro sobre la base de los descuentos realizados por la propia BB sin que se hayan impugnado los recibos originales aportados. Al disponer que la base de cálculo del importe de este rubro se liquide sobre una base de 48 horas semanales y no de 60, sin ninguna fundamentación, y mandar a la liquidación por la vía del artículo 378 del C.G.P., violó diversas normas: el principio de igualdad de las partes (artículo 4 del C.G.P.), el principio dispositivo y el principio de congruencia (artículo 198 del C.G.P.), así como la regla de preclusión de los plazos procesales (artículo 92 del C.G.P.). Y ello porque por esa vía le otorgó a la demandada un nueva oportunidad procesal de presentar su liquidación y articular su defensa. (iii) Reducción de la con-dena por concepto de daño moral. La Sala disminuyó el im-porte de la indemnización por concepto de daño moral en $ 100.000 (pesos uruguayos cien mil), fijándolo en $ 200.000 (pesos uruguayos doscientos mil) en lugar de los $ 300.000 (pesos uruguayos trescientos mil) a cuyo pago se condenó en primera instancia. Ese importe es arbitrario e injusto en el caso. El parámetro en el cual se fundó la Sala es un caso en el cual, a diferencia del de autos, la víctima del acoso laboral era una persona que había incurrido en conductas censurables, lo cual nada tiene que ver con el caso del actor, quien siempre actuó correctamente. El importe fijado es muy bajo, dado que el actor luchó por años contra el acoso laboral de la BB, buscando mantener su fuente laboral y sucumbiendo únicamente cuando la BB llegó al extremo de realizarle descuentos abusivos. IV) Se confirió el traslado correspondiente, el que fue puntualmente evacuado por la demandada en los términos que surgen del escrito de fs. 960/965. V) El Tribunal ordenó fran-quear el recurso de casación para ante esta Corporación (fs. 967), a la que arribaron los autos el 4 de octubre de 2018 (fs. 971). Oportunamente, por decreto Nº 3065 del 17 de octubre de 2018, se ordenó el pase a estudio por su orden (fs. 972 vuelto) y se citó a las partes para sentencia, la que fue debidamente acordada en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por mayoría, desestimará el agravio rela-cionado con el rechazo del rubro “pérdida de la chance” y, por unanimidad, rechazará los restantes agravios. II) El caso de autos. El presente proceso se originó en la demanda planteada por el Dr. AA, quien demandó a la BB (BB) para obtener su condena al resarcimiento de los daños y perjuicios que, a su entender, le ocasionó el ilegítimo obrar de la BB demandada. Sostuvo que es médico anestesista y que, en tal calidad, fue contratado por la BB para desempeñarse en sus hospitales de San Carlos y Maldonado el 1° de abril de 2011. Durante su desempeño, tanto en forma informal como formal, sugirió a las direcciones de ambos nosocomios diversas mejoras y advirtió acerca de diversas fallas en ambos servicios. Debido a su actitud proac-tiva, comenzó a vivir diversos episodios de hostigamiento por parte de las autoridades, los cuales relató. Tales episodios fueron aumentando, configurán-dose un supuesto de acoso moral que le impuso renunciar y que le ocasionó diversos daños y perjuicios. Concretamente, reclamó por concepto de daño moral $ 900.000 (pesos uruguayos novecientos mil), por reintegro de los haberes sala-riales del período diciembre 2014-junio 2015 y su incidencia en el aguinaldo, $ 1.186.053 (pesos uruguayos un millón ciento ochenta y seis mil cincuenta y tres); por lucro cesante, $ 73.374.746 (pesos uruguayos setenta y tres millones trescientos setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis); por daño emergente por gastos en patrocinio legal, $ 45.000 (pesos uruguayos cuarenta y cinco mil). Solicitó, también, “los ilíquidos correspondientes” (fs. 298 vto.). III) Análisis sustancial. En lo sucesivo se exami-narán los agravios articulados en el mismo orden en que fueron expuestos por la parte recurrente. III.I) Sobre la decisión de rechazar la condena pretendida por el rubro lucro cesante o pérdida de la “chance”. En relación a este agravio la Corporación en mayoría, compuesta por los Sres. Ministros Dres. Jorge Chediak, Eduardo Turell y Mónica Bórtoli Porro, considera que no resulta de recibo. A juicio de la referida mayoría del Cuerpo, el recurrente se agravió por la valoración probatoria efectuada por el Tribunal ad quem . El Tribunal, compartiendo los fundamentos del Juez de primera instancia entendió que: “(...) estaba claro que el actor no quería trabajar en las condiciones en las que se encontraban los blocks quirúrgicos y nada asegura que eso iba a cambiar, y, agrega, la Sala, tampoco existe, aunque sea certidumbre, que el actor habría de ser presupuestado ” (CONSIDERANDO III) a fs. 944). Cabe señalar que la Sala, al compartir expresamente lo señalado en primera instancia en relación a que el actor no quería trabajar para la BB, hizo suyo lo expresado en la sentencia de primera instancia en cuanto a que: “ Es del caso señalar, como hace la demandada, que ya desde su primera nota presentada el 26 de diciembre de 2012 (fs. 6), el actor menciona en el acápite la eventualidad de su renuncia ante las carencias que presentaba el servicio. Por tanto no puede luego entender que habría trabajado allí hasta jubilarse desde que tampoco, malgrado admitirlo, nada puede aseverar que las deficiencias de los blocks quirúrgicos de los Hospitales de Maldonado y San Carlos que él entiende fueran algún día a solucionarse ” (fs. 891). A juicio de la mayoría de la Corte, de la lectura de la nota de fecha 26 de diciembre de 2012 (fs. 6) surge la intención de querer renunciar a su cargo en la BB y no únicamente a prestar funciones en el Hospital de Maldonado, como se sostiene por la parte actora. De hecho, en la referida nota se expresó: “ Por lo motivos a exponer, solicito formalmente desempeñar el cargo de Anestesiólogo, de 60 horas semanales (Compromiso Funcional) en el Hospital de San Carlos evitando los traslados al Hospital de Maldonado, situación que debe solucionarse con la contratación de personal. Esperando no llegar a un momento de tensión que tenga como fin mi RENUNCIA, todo lo contrario, y así colaborar en el desarrollo del Hospital ” (fs. 6). La relación contractual existente entre el actor y la BB demandada le imponía prestar servicios en Sanatorios de Maldonado y San Carlos (fs. 69-70 del Expediente de Amparo acordonado). Más allá del trámite administrativo que recibiera la nota en análisis, aceptándose la renuncia a prestar servicios en el Sanatorio de Maldonado y luego revocándose, no cabe duda que la voluntad del Dr. AA era la renuncia a su cargo contratado en la BB. No cabía otra posibilidad dado los términos de su relación contractual. Entonces, no existe mérito para calificar la valoración probatoria de dicha prueba como arbitraria o incursa en absurdo evidente que merite el amparo del recurso. Más aún, debe compartirse la interpretación a cargo de ambas instancias: existía una voluntad inicial de renuncia en la cabeza del actor, que obsta al amparo del lucro cesante perseguido. No es suficiente para amparar la pretensión que BB haya incurrido en acoso laboral, debe acreditarse el daño y el nexo causal. Y el actor no se liberó de la carga probatoria que le gravaba. Desde que no existe prueba alguna respecto a que en las condiciones de deficiencia que denunciaba hubiera continuado vinculado a la BB, esta vez en relación funcional, ni siquiera en grado de “chance”. Por otra parte sostuvo el recurrente que la Sala infringió el principio de reparación integral del daño (artículos 1319 y 1323 del Código Civil) porque, si bien reconoció que la conducta de la demandada supuso acoso laboral y terminó con su renuncia, no concluyó que correspondía resarcir el daño ocasionado por tal conducta como debía. En el caso no se discute por los litigantes la existencia de acoso laboral, lo que llevó a que la demandada fuera condenada a indemnizar el daño moral sufrido por el actor. Ya se ha señalado la inexistencia de prueba respecto a la configuración del daño y nexo causal entre la atribución de conducta ilícita a la demandada y la pérdida de ingresos salariales a partir de la renuncia, siquiera a título de “chance”. En términos que la mayoría hace suyos, consigna el Sr. Ministro Dr. Eduardo Turell en su voto: “ Como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se habla de ‘chance’ en el sentido de probabilidad, siendo preferible la expresión ‘pérdida de una probabilidad’. Se pierde la probabilidad de ganar algo o evitar una pérdida: normalmente la situación futura que con la pérdida de la ‘chance’ deviene imposible (impidiendo definitivamente su verifi-cación).- La situación puede esque-matizarse en dos extremos: a) probabilidad que es suprimida por el evento dañoso; b) ventaja esperada o resultado final cuya realización frustra la pérdida de la probabilidad. En la pérdida de una ‘chance’ el dato definitorio es la existencia de una probabilidad concreta y la reparación queda reducida inevitablemente a una fracción de la ganancia expresada o situación terminal. La pérdida de probabilidad o de ‘chance’ debe tener cierto grado de certeza de lograr el resultado invocado, aunque este sea futuro, no conocido o incierto (Conf. Jorge Gamarra ‘Tratado de Derecho Civil Uruguayo’ Tomo XXIV, pág.116), (sentencia Nº268/2002 de la Suprema Corte de Justicia en A.D.C.U Tomo XXXIII, c.602, págs. 283/284) y sentencias (Nº 90/2002 en A.D.C.U Tomo XXXIII, c. 712, págs.339/340 y Nº 108/2003 del Tribunal en A.D.C.U Tomo XXXIV, c.758, pág.344 entre otras de la Sala). En el caso, no se confi-guró la perdida ‘chance’ de ser presupuestado. El actor no prestaba ser-vicios en carácter de funcionario presupuestado, sino que era funcionario contratado por BB, siendo el vínculo que unia a las partes de carácter precario. No caben dudas que el actor al revestir la calidad de ‘contratado’ y no la de funcionario presupuestado, no tiene garantizado el derecho a la carrera administrativa que es privativo de los funcionarios presupuestados. Tratándose de una relación de base contractual -contratos suscritos el 1.1.20011 y 17.11.2011 y al amparo de la ley 16.170-, la misma es por un plazo determinado, sin derecho adquirido al cargo ni siquiera a la renovación del contrato, sino que el actor contaba con la mera expectativa de una presu-puestación. Además cabe agregar que para que se procediera a la presupuestación, los funcionarios contratados deberían ser seleccionados por el Director de la Unidad Ejecutora previa evaluación favorable, conforme a lo estipulado por el art. 462 de la Ley 18.362. (Ver fs. 295 a vto.) ”. “Si bien no era de esperar que, en la comprobada situación de persecución al actor, el jerarca efectuara un informe favorable, tampoco puede dudarse en que la situación de disconformidad del profesional existiera probabilidad de mantenerse en vinculación funcional con la demandada. En consecuencia, estimo que no corresponde reparar la perdida de chance pretendida”. Por su parte el Sr. Ministro Dr. Chediak añade, en idéntico sentido, que resulta compartible el temperamento de la Sala –que replicando el criterio del decisor de primera instancia- concluyó que no emerge acreditada la pérdida de la “chance” de ser presupuestado, porque ésta constituía en realidad una eventualidad muy incierta y el propio actor había manifestado su voluntad de cesar la relación que lo unía con la BB si no se modificaban las condiciones de trabajo. En suma, la mayoría no advierte que se haya apreciado la prueba excediendo los límites de la racionalidad, ni que haya omitido considerar un medio de prueba fundamental, de modo que la decisión se mantuvo dentro del campo de la discre-cionalidad con la que cabe aplicar las reglas de la sana crítica, lo que la sitúa fuera del campo de la revisión casatoria. En definitiva, a juicio de la mayoría, el agravio no resulta de recibo. III.II) Sobre el agravio con-cerniente a la forma de cuantificar las diferencias salariales a cuyo pago se condenó. En cuanto el agravio con-cerniente a la forma de cuantificar las diferencias salariales será desestimado por el juicio unánime de la Corporación. En su demanda el actor admitió que trabajaba 48 horas en el Hospital de San Carlos al momento de la renuncia, por lo que las diferencias salariales deben cuantificarse sobre la base de 48 horas semanales y no de 60 horas semanales. Además, no ha sido controvertido y debe tenerse por cierto que la hora de trabajo se retribuye diferente a quienes cumplen 48 horas que ha quienes cumplen 60 horas. Por lo tanto, la decisión de la Sala de ordenar liquidar dicho daño por el mecanismo del art. 378 del C.G.P. resulta inobjetable. En efecto, en su demanda el actor sostuvo que su relación laboral con la BB pasó por tres momentos: (i) Primer momento: ingre-só el 1° de abril de 2011 contratado para prestar servicios 48 horas a la semana (36 horas en el Hospital de San Carlos y 12 en el de Maldonado - fs. 282). (ii) Segundo momento: a finales del año 2011 extendió su carga horaria en el Hospital de San Carlos: pasó a prestar servicios 60 horas semanales, 48 en el Hospital de San Carlos y 12 en el de Maldonado - fs. 283). Finalmente, en un tercer momento, el actor renunció a prestar funciones en el Hospital de Maldonado -renuncia que le fue aceptada como surge de la actuación obrante a fs. 7 del IUE 2-28/2015 unido por cuerda-, manteniendo sus 48 horas semanales en el Hospital de San Carlos, fs. 286 vto.-287. Este tercer momento se efectivizó a partir de febrero de 2014 (fs. 287 vto. in fine ). Ahora bien, el rubro re-clamado como “descuento salarial abusivo”, cuya base de liquidación por la vía del artículo 378.1 del C.G.P. es objeto de agravio -por mandar liquidar sobre la base de 48 horas semanales de trabajo-, comprende descuentos realizados a partir de diciembre de 2014 (fs. 290). En ese período, como viene de verse, el actor trabajaba, precisamente, 48 horas semanales. Además, al demandar expresamente se indicó que al efectuarse el descuento trabajaba 48 horas (párrafo N° 75 de la demanda a fs. 290 vto.). Consecuentemente, el agra-vio del actor, que criticó que la Sala mandase a liquidar el rubro tomando como base 48 horas es de franco rechazo, ya que ello se ajusta a lo solicitado por el propio actor, lo cual no puede afectar ningún interés legítimo. El esfuerzo argumental del actor afirmando que se desvirtuará la vía del artículo 378.1 del C.G.P. debe descartarse de plano, por sustentarse en una ociosa futurología; de verificarse una incorrecta aplicación del incidente de liquidación, el ordenamiento procesal prevé los mecanismos de salvaguarda de los derechos de quien pudiere verse afectado. III.III) El agravio sobre el quantum del daño moral. El recurrente se agravio porque la Sala redujo en un tercio el importe fijado como indemnización por daño moral en primera instancia, llevándolo de $ 300.000 (pesos uruguayos trescientos mil) a $ 200.000 (pesos uruguayos doscientos mil). El agravio no es de recibo. Cabe recordar que la Corte ha indicado reiteradamente que el monto de la reparación del daño moral es tarea eminentemente discrecional del juzgador, por lo que no puede configurarse infracción a ninguna norma de derecho, salvo que se fijara una cifra arbitraria o absurda, por ínfima o desmesurada (sen-tencias Nos. 394/2015 , 560/2016 , 405/2017 y 291/2018 entre otras). Resulta claro que, atento a los hechos invocados en autos, la cifra fijada por la Sala -U 200.000 más reajuste desde la renuncia e interés legal desde la demanda- podrá ser más o menos compartible, pero ciertamente no puede ser calificada como arbitraria o absurda. IV) La correcta conducta pro-cesal de las partes no justifica la imposición de especiales condenas causídicas (art. 688 del Código Civil). Por estos fundamentos, la Suprema Corte de Justicia FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CA-SACIÓN MOVILIZADO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. LAS COSTAS Y COSTOS DEBERÁN SER SOPORTADAS POR EL ORDEN CAUSADO. A LOS SOLOS EFECTOS PARAFIS-CALES, FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS EN LA SUMA DE 30 BPC (ART. 71 LITERAL B DE LA LEY Nº 17.738). NOTIFÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. MINISTRA DRA. BERNARDETTE MINVIELLE Y MINISTRO DR. LUIS TOSI DISCORDES PARCIALMENTE , por cuanto entendemos que el agravio concerniente a la desestimatoria del rubro lucro cesante o pérdida de la “chance” -CONSIDERANDO III.I de la sentencia en mayoría- resulta de recibo. Por ende, corresponde acceder a la condena pretendida en los términos que se especificarán. La justificación de nuestro punto de vista divergente con el de la mayoría del Cuerpo, se hará de la siguiente manera. En primer lugar, se recordarán algunos aspectos claves de la plataforma fáctica considerada por la Sala. A renglón seguido, se hará mención al contenido del recurso en relación a este punto para, posteriormente, explicitar las razones por las que entendemos que corresponde recibir el agravio sobre el rechazo del rubro lucro cesante o pérdida de la “chance”. 1) El caso de autos . En lo inicial, corresponde recordar los aspectos centrales del caso en examen que derivaron en la promoción de este proceso contencioso de reparación patrimonial. 1.1) El vínculo del actor con la BB demandada . El actor, AA, es un médico anestesista que se vinculó con la BB de los Servicios de Salud del Estado mediante un contrato suscrito el 1º de abril de 2011. Dicho contrato, se celebró al amparo de lo previsto por el art. 410 de la Ley Nº 16.170 (ver copia del contrato a fs. 69/70 del expediente en el que se sustanció la acción amparo, acordonado al principal). En lo que aquí interesa, corresponde recordar que el profesional desempeñó su labor en los centros asistenciales de la demandada en las ciudades de San Carlos y Maldonado. 1.2) La renuncia a parte de las horas (12 de un total de 60) que cumplía en la BB . En el año 2013, AA desempeñaba un total de 60 horas en los dos hospitales premencionados, que repartía de la siguiente manera: (i) 12 horas en el Hospital de Maldonado y (ii) 48 horas en el Hospital de San Carlos. Las horas en el Hospital de Maldonado eran cumplidas los días miércoles desde las 20:00 hasta las 8:00 de la mañana del jueves. En el marco de fuertes desavenencias con la dirección del Hospital de Mal-donado, que habían motivado una presentación por escrito por parte del actor (ver nota de diciembre de 2012 a fs. 6/8), decidió presentar renuncia a las horas que cumplía en ese centro asistencial. Fue así que el 14 de octubre de 2013, por nota fechada el 10 de octubre de 2013, renunció a las 12 horas que cumplía en el Hospital de Maldonado a partir del 1º de enero de 2014 (fs. 6 del expediente del amparo). La renuncia le fue aceptada por resolución de la Directora del Hospital de Maldonado Dra. CC del 21 de marzo de 2014, la que le fuera notificada el 23 de abril de 2014 (fs. 7 y 8 del expediente del amparo). Acto seguido, desde el área de recursos humanos del Hospital de Maldonado, le comunicaron por correo electrónico a la misma área del Hospital de San Carlos que: “...el Dr. AA (anestesista) pasa a cumplir la totalidad de su carga horaria [48 horas] en vuestra unidad, (054 Hospital San Carlos)... ” (fs. 8 del expediente del amparo). A su vez, en forma manuscrita, consignaron en la copia impresa del mail que el actor quedaba con 48 horas que cumpliría en el Hospital de San Carlos. Desde que fue notificado de la aceptación de su renuncia a las horas en el Hospital de Maldonado, el anestesista cumplió las 48 horas en el Hospital de San Carlos y, por esa carga horaria se le retribuyó. 1.3) La (aparente) “revocación” de la aceptación de la renuncia a las horas en el Hospital de Maldonado . En una actuación administrativa extremadamente desprolija, meses más tarde [la actuación no está fechada, pero de la secuencia procedimental parecería que data de junio de 2014], se emitió un informe por parte del Director de la Dirección Región Este de la BB En el mismo se consignó que: “... por razones de servicio no se puede aceptar la renuncia a las 12 horas planteadas por el profesional. Se informa que el mismo deberá cumplir las 60 horas en forma presencial en el Hospital de Maldonado ” (fs. 9 del expediente del amparo). Dicho “informe” le fue noti-ficado personalmente al Dr. AA el 16 de junio de 2014 (fs. 9 del expediente del amparo). A modo de breve excurso, conviene señalar algunas observaciones sobre la actua-ción administrativa. En primer lugar, el “in-forme” parece a todas luces improcedente, porque la renuncia ya le había sido aceptada al Dr. AA. De resultas, si el Director Regional contaba con atribu-ciones para ello -extremo que no surge probado- y pretendía dejar sin efecto el acto de aceptación de la renuncia, lo que correspondía era la revocación del acto administrativo de aceptación de la renuncia. En segundo lugar, parece claro que el “informe” tiene un contenido decisorio implícito, pero no está debidamente formalizado como un acto administrativo. Por el principio de paralelismo de las formas, si el Director Regional contaba con atribuciones para hacerlo, debería haber revocado la aceptación de la renuncia por un acto administrativo con las mismas formalidades que el revocado. Como lo ha señalado el TCA, el principio de paralelismo de las formas: “... determina que la re-forma o modificación de los actos no pueden hacerse más que cumpliendo los mismos requisitos que el acto tuvo para su creación. MARIENHOFF, por su parte señala que la competencia para revocar un acto administrativo le corresponde al órgano o autoridad de quien emanó el acto a revocar, enunciándole a su vez como el principio de ‘paralelismo de las competencias’ (Ob. cit. T. II cits. No. 512, pág. 595 )” (Sentencia Nº 408/2000, Mercant (r), Brito del Pino, Bermúdez, Baldi, Borges). En definitiva, bastan es-tos dos extremos para poner al descubierto cómo la desprolijidad campea en toda la actuación administrativa relacionada con la situación funcional del reclamante. 1.4) Las mutilaciones sobre el sueldo del funcionario resueltas unilateralmente por la BB . Así las cosas, AA continuó cumpliendo las 48 horas en el Hospital de San Carlos. Empero, en el salario co-rrespondiente al mes de diciembre de 2014 (cuyo cobro se verificó en los primeros días de 2015), la Administra-ción decidió, unilateralmente, practicarle descuentos sobre sus haberes salariales. Dicha decisión se adoptó -como bien lo señaló el Sr. Ministro Dr. Ettlin en su impecable discordia a la sentencia recaída en el proceso de amparo que promoviera el actor ante esa arbitra-riedad- sin un acto administrativo, sin procedimiento previo, sin explicación ni concesión de oportunidad de descargo o de defensa para el administrado. Por sí y ante sí, la BB decidió el retaceo de los haberes salariales del Dr. AA. A partir de enero de 2014, la Administración continuó con su práctica de efectuarle descuentos (ver en tal sentido los recibos de marzo, abril, mayo y junio de 2015 a fs. 271 y ss.). En esas circunstancias, el actor presentó renuncia el 10 de abril de 2015. En su nota consignó que: “... ante la permanente persecución, falta de respeto, abuso de poder sin fundamento alguno recibido por parte de diferentes jerarquías de BB en sus respectivos estamentos, que se ha verificado desde que comencé a cumplir con el contrato de Médico Aneste-siólogo, cargo que desempeñé con total responsabilidad y afán por el bienestar de los pacientes, presento mi renuncia indeclinable a la función contratada que desem-peño en el organismo ” (fs. 263). 1.5) La pretensión reparatoria del actor . En lo que aquí interesa, corresponde recordar que en su demanda el actor reclamó -entre otros rubros- el lucro cesante, consistente en los haberes que hubiese percibido hasta configurar causal jubilatoria o, en su defecto, la pérdida de la “chance”. Lo hizo en el entendido que, de no haberse visto forzado a renunciar, hubiese sido presupuestado (como lo fueron los demás colegas contratados conjuntamente con él). 2) Las resoluciones judiciales que recayeron . La demanda del actor fue parcialmente estimada tanto en primera como en segunda instancia. Por la sentencia impugnada se confirmó la condena impuesta en primera instancia al pago del rubro daño moral (aunque se abatió en su monto) y al pago de las diferencias salariales generadas por los ilegítimos descuentos practicados, cuya cuantificación se difirió al procedimiento del art. 378 del C.G.P (fs. 941/945). No obstante, el rubro lucro cesante o pérdida de la “chance” fue repelido. 3) Los cuestionamientos plan-teados en el recurso de casación en examen . El recurrente se agravió porque la Sala, al igual que antes la Sede Letrada de primera instancia, desestimó su pretensión de cobrar el lucro cesante o, en su caso, la pérdida de la “chance”, derivado del cese de su vínculo con la BB. En su demanda reclamó el pago de los haberes que habría percibido desde su renuncia forzada en abril de 2015 hasta configurar causal jubilatoria en el año 2032. La Sala, compartiendo los fundamentos del Juez de primera instancia, expresó: “(...) estaba claro que el actor no quería trabajar en las condiciones en las que se encontraban los blocks quirúrgicos y nada asegura que eso iba a cambiar, y, agrega, la Sala, tampoco existe, aunque sea certidumbre, que el actor habría de ser presupuestado ” (considerando III, fs. 944). Cabe señalar que la Sala, al compartir expresamente lo señalado en primera instancia en relación a que el actor no quería trabajar para la BB, hizo suyo lo expresado en la sentencia de primera instancia a fs. 891, donde el decisor consignó: “ Es del caso señalar, como hace la demandada, que ya desde su primera nota presentada el 26 de diciembre de 2012 (fs. 6), el actor menciona en el acápite la eventualidad de su renuncia ante las carencias que presentaba el servicio. Por tanto no puede luego entender que habría trabajado allí hasta jubilarse desde que tampoco, malgrado admitirlo, nada puede aseverar que las deficiencias de los blocks quirúrgicos de los Hospitales de Maldonado y San Carlos - que él entiende - fueran algún día a solucionarse ”. El recurrente denunció que tal razonamiento de la Sala supone una valoración absurda y arbitraria de la prueba, ya que, en primer lugar -en su criterio- no se fundó en base a qué se concluía que la voluntad del actor era contraria a seguir trabajando en la BB y, en segundo lugar, porque se acreditó que la voluntad del actor era renunciar a trabajar en el Hospital de Maldonado y mantener su trabajo en el Hospital de San Carlos, donde la situación era mejor. Su voluntad de continuar prestando servicios para la BB surge de la nota enviada por el actor a la BB el 26 de diciembre de 2012, en la cual no expresó querer desvincularse de la BB, sino tan solo de la función que cumplía en Maldonado; expresamente solicitó desempeñar el total de las horas en el Hospital de San Carlos. Afirmó que, como está pro-bado, la BB boicoteó la posibilidad de que trabajara únicamente en San Carlos, aceptándole la renuncia a sus horas en Maldonado primero, y desdi-ciéndose después, intimándolo a concurrir a donde había renunciado, descontándole luego sus haberes en forma abusiva, hasta forzarlo a renunciar. En ese marco, señaló que no fueron las condiciones de trabajo lo que lo hicieron renunciar, sino el acoso sufrido; y como a raíz de su renuncia se vio privado de su ingreso, el detrimento patrimonial sufrido es real y evidente. No puede conocerse con certeza cuánto tiempo hubiera percibido el ingreso del que se vio injustamente privado, pero es claro que la privación del ingreso es concreta y cierta (no percibir más el salario por no poder trabajar por el acoso sufrido), ya sea a título de lucro cesante o de pérdida de la “chance”. 4) Análisis del punto contro-versial . A juicio de los suscritos, el agravio sobre el rechazo del rubro pérdida de la “chance” es de recibo. Entendemos que la Sala: (i) no justificó adecuadamente su decisión de rechazar el rubro y (ii) incurrió en una valoración absurda del material probatorio al considerar acreditado que la voluntad del actor era abandonar su trabajo en la BB; lo cual, junto con la necesidad de haberse acreditado la certeza de su “presupuestación”, impondría rechazar su pretensión de cobro de los salarios perdidos. Por tal motivo, como se detallará a continuación, consideramos que corresponde hacer lugar a la condena pretendida por dicho rubro. En efecto, no existe con-troversia alguna de que el actor fue sujeto pasivo de mobbing o acoso laboral (el Considerando II de la sentencia hostilizada es contundente sobre este punto). Su renuncia se produjo en ese contexto de hostilidad y persecución probada, que se había materializado en el último tiempo, nada menos, que en descuentos unila-terales de su salario sin fundamento legal alguno. Los descuentos se verificaron de facto, sin justificación escrita y sin haber dado al interesado una oportunidad de defensa (cabe remitirse una vez más a la impecable discordia del Dr. Ettlin a la sentencia del proceso de amparo). Como se recordó más arri-ba, a partir de diciembre de 2014, al actor se le practicaron descuentos unilaterales de su salario que la BB rotuló como “multas”. Dichas “multas” llegaron a retacearle, en algunos casos, nada menos que el 50% de su sueldo. En esas circunstancias, se produjo su renuncia. El Tribunal, luego de sos-tener que está probado el acoso laboral del que fue objeto el reclamante, postuló que: “... estaba claro que el actor no quería trabajar en las condiciones en las que se encontraban los blocks quirúrgicos y nada asegura que eso iba a cambiar,... ” (Considerando III a fs. 944). No surge claro en base a qué elementos probatorios la Sala hace esta aseveración. El Tribunal no lo explica y, la aparente remisión al pronunciamiento de primera instancia, tampoco resulta un justificativo válido, desde que en ese pronunciamiento no hay una justificación adecuada de este punto (ver en especial el Considerando II de la sentencia de primera instancia a fs. 891). La única referencia a algún elemento probatorio que es posible encontrar, por la vía de la remisión al pronunciamiento de primera instancia, es a la nota de diciembre de 2012, en la que el actor manejó como una eventualidad su renuncia. Sin embargo, como se dirá más abajo, aun así no es sostenible la conclusión de la Sala. Veamos el asunto en estos dos niveles de análisis. Por un lado en base a lo que surge estrictamente de la sentencia y, en un segundo nivel, haciendo una lectura más caritativa de los fundamentos del fallo, asumiendo que se remite a lo dicho por el decisor de primer grado. 4.1) Estrictamente del texto de la sentencia hostilizada, no es posible colegir cuáles elementos se correlacionan como el sostén probatorio de la conclusión de que el actor no quería trabajar -en el 2015- en las condiciones de los blocks quirúrgicos de la demandada. La prueba disponible no permite concluir eso. Es más, no hay ningún elemento probatorio indicativo de la voluntad del actor de no querer trabajar más, en el 2015, por las condiciones de los blocks quirúrgicos. Acierta a nuestro juicio el recurrente cuando señala a fs. 949 vuelto -con toda lógica- que no es posible conocer en qué elementos se basa la Sala para endilgarle su voluntad de renuncia. Solución que solamente es posible encartar como un vicio en la motivación de la sentencia, desde que es una decisión sin elemento de juicio alguno que la respalde. No es ocioso recordar que el control sobre la motivación del juicio de hecho, es siempre posible en casación. Ese contralor no implica revalorizar la prueba, sino controlar que la premisa fáctica que se toma en cuenta para la aplicación del derecho positivo, se encuentra debidamente justificada (arts. 197 y concordantes del C.G.P.). En este caso, se advierte un error en la justificación o motivación de la premisa fáctica del fallo (del juicio de hecho). Ese error, fue debidamente denunciado por la recurrente. Se trata de un error en la motivación externa del fallo y, como tal, resulta corregible en casación (como error de fundamen-tación, justificación o motivación). Como observa Taruffo, el control en casación es un juicio ex post sobre el modo en que el Tribunal ha respaldado sus conclusiones probatorias, para verificar si éstas han sido razonablemente justificadas por los argumentos del órgano de mérito y por las pruebas sobre las cuales se fundan. El control sobre la motivación no implica un reexamen del juicio de hecho, que revise si los elementos probatorios disponibles otorgan un grado de suficiente confirmación a las hipótesis referidas a la existencia del hecho. Se trata de un control que se realiza de manera inversa: parte de la premisa de que el hecho tenido por probado es cierto (dado que ha sido acogida como válida en la sentencia impugnada) para verificar si esta asunción está razonablemente justificada por los argumentos que el juez de mérito ha adoptado y las pruebas sobre las cuales se fundan aquellos argumentos. Este contralor puede ver-sar sobre las inferencias probatorias formuladas por el juez de mérito o sobre el uso que haya hecho de las máximas de la experiencia; sin embargo, ello no quita que se trata de una verificación ex post , conducida respecto de la racionalidad de los argumentos que justifican el juicio de hecho, y no en función de una reformulación de este juicio. Como expresa textualmente este autor: “... las argumentaciones justificativas que constituyen la motivación son controlables en cuanto justificaciones, sin que ello implique la reformulación de la decisión ” (Cfme. Taruffo, M. “El vértice ambiguo (Ensayos sobre la casación civil)”, Palestra, Lima, 2005, págs. 180/181 y 194; la transcripción entrecomi-llada se encuentra íntegramente en esta última página). Parece algo evidente que el juicio de hecho es siempre relacional a determinados elementos de juicio (elementos probatorios), en los que la conclusión de cómo ocurrieron los hechos se sustenta. Es necesario, desde luego, que esos elementos proba-torios se expliciten debidamente porque, de lo contrario, la conclusión probatoria no estará debida-mente asentada las premisas que la sostienen y la justificación del razonamiento adolecerá de un vicio lógico. Como observa Jordi Ferrer Beltrán, la justificación de las decisiones judiciales sobre los hechos es siempre relacional a un conjunto de elementos de juicio. En sus palabras: “... un enunciado del tipo ‘Está probado que p’ es, en realidad, un enunciado incompleto, puesto que debe necesariamente relacionarse con un conjunto de elementos de juicio perfectamente identificados. Este conjunto de elementos de juicio estará conformado por los medios de prueba admitidos y practicados en el proceso judicial ”(Cfme. Ferrer Beltrán, J; “Motivación y racionalidad de la prueba”, Grijley, Lima, 2016, págs. 63/64). En idéntica orientación, el Prof. Jordi Nieva Fenoll expresa que: “ Se llega a las conclusiones probatorias no por casualidad ni cónsul-tando un oráculo, sino por razones objetivas. Hace falta que el juez motive esas razones ...” (Nieva Fenoll, J; “La valoración de la prueba”, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 348). Un error judicial relati-vamente frecuente, ocurre cuando el órgano decisor (Juez o Tribunal) realiza una errónea interpretación de los hechos probatorios. Como observa Alicia Castro, es posible que el decisor incurra en error humano en la apreciación de los elementos probatorios (interpretación de un documento; de un testimonio; de una declaración de parte o de un dictamen pericial). Una valoración inexacta, defectuosa o derechamente inaceptable de las pruebas aportadas puede determinar que se tengan por probados hechos que no lo han sido o, inversamente, pase inadvertido que hay prueba fehaciente de hechos que se descartan como no probados. En cualquiera de estos casos, la decisión no estará fácticamente justificada (Cfme. Castro, A: “Principio de tutela jurisdiccional efectiva y motivación de la sentencia” en “Estudios de Derecho Administrativo”, Nº 14 (2016), La Ley Uruguay, pág. 931). En este caso, la Sala estampó una conclusión probatoria consistente en sos-tener que el actor tenía voluntad de renunciar en virtud de las condiciones en los blocks quirúrgicos. Pero lo hizo sin explicitar las premisas en las que dicha conclusión se sostiene ni el razonamiento que le llevó de las premisas a la conclusión. Aparece aquí un defecto en la justificación del fallo; concretamente de su premisa fáctica, que resulta corregible en casación. Conceptualmente, un argu-mento está compuesto por una secuencia de expresiones, en la cual existen algunas a las que llamamos premisas, que siguiendo ciertos pasos preestablecidos, desembocan en otra (u otras) expresiones que llamamos conclusiones (Cfme. Blanco, A; “Argumentación y lógica en el Derecho”, La Ley Uruguay, Buenos Aires, 2009, págs. 1 y 2). En todo razonamiento se afirman una o más premisas y una conclusión; para que esté presente un razonamiento, de una de las proposiciones afirmadas debe sostenerse que se desprende de otras proposiciones que se afirman como verdaderas, las cuales son presentadas como fundamentos de la conclusión (Cfme. Copi, I; “Intro-ducción a la lógica”, Eudeba, Buenos Aires, 1992, págs. 19/20). En este caso, lo que la Sala consignó fue una conclusión probatoria, pero no individualizó las premisas o fundamentos que la sustentan. Basta este extremo para advertir un vicio de incongruencia en el razonamiento probatorio, que resulta censurable en casación, en tanto atañe a la motivación de la sentencia. 4.2) Aún si se soslayara por completo lo expuesto en el punto precedente y se tomara en cuenta, por remisión, la justificación de la sentencia de primera instancia, la solución no varía. El único elemento probatorio al que hace mención (Consi-derando II a fs. 891), es a la nota que el actor dirigió a la Dirección del Hospital de Maldonado en diciembre de 2012 cuya copia obra a fs. 6/8. Empero, no es posible, de ninguna manera, relacionar los planteos sobre el defectuoso funcionamiento del servicio en el Hospital de Maldonado, realizado por medio de una carta escrita de diciembre de 2012 (fs. 6/8), con su situación funcional hacia mediados de 2015 cuando se produjo la renuncia. Al tiempo de plantear su renuncia, el actor estaba desempeñándose exclusivamente en el Hospital de San Carlos (donde cumplía 48 horas de labor), por lo que no parecen vincularse con su decisión de renunciar, cuestionamientos planteados más dos años antes sobre la situación de los blocks quirúrgicos. En cualquier caso, esa nota de diciembre de 2012 de ninguna manera puede interpretarse, como lo hace la sentencia en mayoría, como reveladora de una intención de renunciar. No hay forma de interpre-tar el texto de esa manera. Su lectura textual y con-textual indica que el médico tenía desavenencias con la forma en que el servicio era prestado, pero pretendía solucionarlas y que la referencia a la renuncia que hizo, fue como una eventualidad extrema, a la que no pretendía tener que verse obligado. Lo que se desprende de la carta es su voluntad de que se accediera a su solicitud de prestar servicio únicamente en el Hospital de San Carlos, porque de lo contrario podría llegarse a un grado de tensión, que lo haría verse obligado a renunciar. Y, por cierto, no puede ignorarse lo que ocurrió después. El actor en enero de 2015 planteó una acción de amparo para resistir el ilegítimo retaceo de su salario. El 25 de marzo de 2015, sufriendo las rebajas unilaterales de su salario, envió un TCCPC al director del Hospital de San Carlos por el que le solicitó una: “... aclaración de situación funcional, respecto al salario, lugar de trabajo y horario ...” (fs. 262). Ese accionar no es indica-tivo de su intención de renunciar a su trabajo sino de mantenerlo (aclarando, obviamente, las condiciones de su prestación). El actor efectivamente pasó a desempeñarse exclusivamente en el Hospital de San Carlos. Cuando se le comenzó a retacear el salario de forma unilateral y lo obligaron (de facto) a renunciar, en el marco de la persecución de la que fue objeto. Por ese entonces ya no trabajaba en el Hospital de Maldonado. En suma, no es posible considerar acreditado que la renuncia del actor res-pondió a una decisión tomada de antemano. Antes bien, resulta evidente que la renuncia respondió a la perse-cución de la que fue objeto; materializada -en el último tiempo- en la mutilación de sus haberes salariales. 4.3) Por todo lo expuesto, en-tendemos que procede la reparación por la pérdida de la “chance” de ser presupuestado. El marco jurídico que regulaba el vínculo del actor con BB. establece con toda claridad que, superado un período de 18 meses -en el que el vínculo está presidido de una mayor inesta-bilidad- los funcionarios podrán ser presupuestados. (arts. 465 de la Ley Nº 18.362; 256 de la Ley Nº 18.834 y 587 de la Ley Nº 19.355). No resultó controvertido por la demandada que otros profesionales médicos que se vincularon con BB., por la misma modalidad y simultáneamente que el actor, fueron presupuestados (art. 130.2 inc. 3º del C.G.P.). Es altamente probable que, de no haber sufrido la persecución que lo obligó a renunciar, el Dr. AA hubiese sido pre-supuestado, al igual que lo fueron sus colegas. La actuación ilegítima de la BB frustró la chance de ser presupuestado y de continuar trabajando con un vínculo de mayor estabilidad, en otras condiciones jurídico-funcionales. La reparación de la pér-dida de esa probabilidad, frustrada por la ilegítima acción de la demandada resulta procedente. Como enseña Gamarra, se hace referencia a la “chance” en el sentido de la pérdida de la probabilidad, pues con el evento dañoso imputable al ofensor se frustra la posibilidad de ganar algo o de evitar una pérdida. Su ocurrencia impide que se evite una situación desfavorable. Como bien dice Gamarra, el fenómeno consta de dos componentes: 1º) la probabilidad que es suprimida por el evento dañoso y 2º) la ventaja esperada o resultado final, cuya realización frustra la pérdida de la probabilidad. Al frustrarse una “chance” u oportunidad, la cuestión radica en qué tan probable era esa probabilidad segada por el evento dañoso. Al decir de nuestro autor: “... en la pérdida de ‘una chance’ el dato definitorio es la existencia de una probabilidad concreta, y la reparación queda reducida inevitablemente a una fracción de la ganancia esperada, cuantificada en función de la importancia de la ‘chance’ ” (Cfme. Gamarra, J; “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, T. XXIV, FCU, Montevideo, 2009, págs. 115/116). Como lo ha señalado un autorizado estudio sobre la pérdida de la “chance”: “...tal daño se configura cuando el demandado ha privado por su culpa, al demandante, de una probabilidad de conseguir una ganancia o de evitar una pérdida; el perjuicio consiste en la pérdida de la probabilidad. Consigna el Maestro GAMARRA que hablamos de chance en el sentido de probabilidad, se pierde la probabilidad de ganar algo o de evitar una pérdida (...) Como concluye TRIGO REPRESAS la pérdida de la chance es, pues, un daño cierto en grado de probabilidad; tal probabilidad es cierta y es lo que, por lo tanto, se indemniza, Se requiere la existencia de un sujeto que se encuentre en situación fáctica o jurídica de aspirar a la obtención de un beneficio o evitar la pérdida (ZAVALA DE GONZÁLEZ indica que es menester ‘algún contexto idóneo o favorable que confiriese oportunidad efectiva de los esperado’), al momento del acto ilícito (interés actual del reclamante) y la posibilidad de lograr en su caso, el beneficio esperado es de por sí algo que implica alea o cierto grado de azar (el sujeto tiene a su favor una expectativa) ”, (Cfme. Sosa Aguirre, T.: “Fórmulas para determinar la pérdida de la chance”; en “Anuario de Derecho Civil Uruguayo”, T. XLII, FCU, 2012, págs. 439-440) En el caso, si bien el actor no prestaba servicios en carácter de funcionario presupuestado, es indiscutible que lo hacía en forma estable y permanente y que la BB necesitaba de sus servicios. Esto último surge claro de autos, ya que no en vano no se le quiso aceptar su renuncia al Hospital de Maldonado y se le intimó su reintegro. En los procesos en los que está en juego demostrar la pérdida de la “chance”, corresponde demostrar que si el ilícito no hubiese tenido lugar, el sujeto habría tenido una oportunidad que, por el contrario, ha perdido (Cfme. Taruffo, M; “La prueba científica en el proceso civil” en AA. VV.: “Estudios sobre la prueba”, Fontamara, México, 2016, pág. 183). La responsabilidad civil abarca no sólo la indemnización de los daños consistentes en la privación del goce de un derecho, sino también aquellos consis-tentes en la pérdida de una probabilidad de satisfacción de un interés directo, personal y legítimo (Cassinelli Muñoz, H; “Reparación por la pérdida de una pro-babilidad” en “Derecho Constitucional y Administrativo”, La Ley Uruguay, Montevideo, 2010, págs. 1121/1122). Al decir de Peirano Facio, la “chance” tiene un valor en sí misma, con independencia de todo hecho futuro. Y, como añade este autor: “ ...no existe razón alguna para negar carácter de daño indemnizable a la pérdida de una ‘chance’” . (Peirano Facio, J; “Responsabilidad Extracontractual”, Barreiro y Ramos, Montevideo, 1954, págs. 364/365). Como enseña Blanco, en los casos en que se reclama una pérdida de la chance, el decisor se enfrenta a una situación que, lingüísticamente, se expresa con la figura del condicional contrafáctico: Es aquél condicional (A entonces B) cuyo antecedente (A) es falso. La cuestión radica en es-tablecer qué hubiese pasado si la acción ilícita no hubiese tenido lugar (Cfme. Blanco, A.: “Responsabilidad del Estado por su actividad tributaria” en AA. VV.: “Estudios sobre la Administración Uruguaya (Rotondo, F., Coordinador)”, T. II, FCU, Montevideo, 2016, págs. 25/26). Bajo estas coordenadas conceptuales, resulta algo bastante evidente que si la acción ilícita del Estado lo obligó a renunciar, la “chance” de ser presupuestado y continuar el vínculo con otra estabilidad, resultó segada. Cuán cierta era esa posi-bilidad, no es posible conocerlo a ciencia cierta porque implica, justamente, hacer un juicio contrafáctico y, como es obvio, el pasado está cerrado. Sin embargo, a efectos de la reparación hay que dar respuesta a esta interrogante. Se impone cuantificar el daño sufrido, para cuya liquidación se remitirá a la vía del artículo 378.1 del C.G.P. con base en las pautas que siguen. En tal sentido, en el caso, cabe tener presente: (i) El importe de la in-demnización no puede ser igual al total de la remunera-ción esperada (Cfme. Gamarra, J.: “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, T. XXIV, FCU, 1992, pág. 122); ese importe, en el caso, corresponde a la remuneración líquida (nominal menos descuentos legales) por 48 horas semanales percibida por el actor por prestar servicios en el Hospital de San Carlos a la fecha del cese, hasta la fecha de configuración de causal jubilatoria por el actor. (ii) La fracción del total que corresponde indemnizar se medirá sobre el valor de la “chance” (Cfme. Gamarra, J.: “Tratado...” cit., pág. 123). (iii) La chance, en el caso, y con la dosis de empirismo que supone deter-minarla, cabe establecerla en un 15% (quince por ciento) del total del período reclamado, tomando como base de cálculo lo indicado en el literal (i) precedente. Al establecimiento de ese guarismo llegamos considerando diversas circunstancias: (a) El actor quería seguir trabajando en la BB, pero no se encontraba a gusto en su trabajo. Tan patente resulta la voluntad del Dr. AA de continuar desempeñándose para la BB como médico del Hospital de San Carlos, como su disconformidad con las condiciones en que trabajaba. Véase que en la nota de fs. 6, relevante prueba de la causa, expresó el actor que si bien en San Carlos las condiciones de trabajo no eran intolerables como en Maldonado, tampoco eran las ideales. Así expresó: “(...) en el Hospital de San Carlos (...) con los déficits conocidos, se ha ido mejorando paulatinamente en el funcionamiento del área anestesiológica y se percibe una superación, que sin ser óptima y teniendo en cuenta todas las dificultades actuales y conflictos de intereses que puedan incidir (...)” brindan al profesional actuante y al paciente seguridad, (fs. 6). No describe precisamente un lugar de trabajo donde se sienta especialmente cómodo o motivado. (b) En función de lo ante-rior, y tratándose de un profesional relativamente joven, con méritos académicos y experiencia en el exterior como anestesiólogo, las reglas de la expe-riencia indican como altamente probable que el actor buscaría y lograría, en el corto o mediano plazo, sustituir su trabajo de 48 horas semanales como aneste-siólogo en el Hospital de San Carlos por otro en el que trabajara más a gusto. (c) El actor estaba vin-culado con la demandada bajo una modalidad jurídica que hace pensar en que la probabilidad de que se hubiera desempeñado en forma continua, hasta la edad de retiro por jubilación, es baja. En definitiva, entendemos que corresponde recibir este agravio y condenar a la demandada a indemnizar el daño padecido, la pérdida salarial derivada de la probabilidad de seguir vinculado a la BB, la que se valúa en un 15% del haber a considerar como base de cálculo ya referido.