Sentencia Definitiva N° 1.230/2019

Montevideo, doce de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ ARRALDE LEIS, MARÍA CRISTINA C/ SENTENCIA Nº 21 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR EL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE 10º TURNO – RECURSO DE REVISIÓN”, IUE: 1-35/2018. RESULTANDO : I) Compareció María Cristina Arralde Leis e interpuso recurso de revisión contra la Sentencia definitiva N° 21 de 2 de mayo de 2017, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 10° Turno. Señaló, entre los antece-dentes, que el Sr. Fernando Quiñonez, escribano público de profesión, promovió contra la Sra. María Cristina Larralde proceso de entrega de la cosa en los autos IUE 2-27663/2016, radicados ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 10° Turno. Indicó que, en el marco de ese proceso, la allí demandada dedujo oportunamente excepciones, alegando la nulidad del negocio fiduciario de garantía del cual surgiría la obligación de la fideicomitente Sra. Larralde de entregar la cosa objeto del contrato al fiduciario Sr. Quiñonez, por simulación y fraude al espíritu de la Ley Nº 17.703. Ello por cuanto, en primer lugar, existió vició en el consentimiento, dado que la compareciente creía que firmaba un contrato de hipoteca, cuando en realidad se firmaba un contrato de fidei-comiso. En segundo lugar, pues el fiduciario no ha cumplido con sus cometidos, previstos en los arts. 1 y ss. de la Ley Nº 17.703; es claro que el Esc. Quiñonez, en su calidad de fiduciario y beneficiario en los hechos y realidad, incumplió con sus obligaciones y ha realizado actos prohibidos por la ley, utilizando interpuestas personas, que nada tienen que ver con el negocio a tales efectos, falseando y simulando una realidad jurídica que no es tal; en el caso de autos ha quedado probada la mala fe precontractual. Y en tercer lugar, porque en aplicación de la prohibición establecida en el art. 9° de la Ley 17.703, el fideicomiso de garantía suscrito es absolutamente nulo, ya que en los hechos coincide el fideicomitente con el beneficiario. Apuntó que, en la audien-cia preliminar desarrollada en dicho juicio, la Sra. Juez dispuso no diligenciar las pruebas aportadas por la excepcionante, por considerarlas improponibles, lo que determinó, de acuerdo al art. 147 del C.G.P., que se interpusiera el recurso de apelación con efecto diferido. Anotó que, con fecha 2 de mayo de 2017, se dictó la Sentencia definitiva N° 21/2017 , por la cual se rechazó el excepcionamiento formulado por la Sra. Arralde, manteniéndose firma el proveimiento liminar, con imposición de costas y costos a la excepcionante. Dijo que, contra dicha sentencia, la Sra. Arralde interpuso el correspondiente recurso de apelación, ocasión en la cual se fundamentó, en capítulo aparte, el recurso de apelación con efecto diferido interpuesto contra la decisión judicial que rechazara las probanzas testimoniales y demás agregadas al excepcionamiento, al amparo del art. 147 del C.G.P. Señaló que, llegadas estas actuaciones al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1° Turno, éste dictó la Sentencia DFA-0003-000255/2018 SEF-0003-000074/2018 , por la cual se confirmó la Sentencia definitiva apelada, con costas y costos a cargo de la demandada. En el Considerando II) de esta sentencia, indicó el Tribunal que “atento al claro tenor literal de la providencia de franqueo, que hace referencia expresa y exclusivamente a la apelación contra la sentencia definitiva, providencia que fue debidamente notificada en forma personal y no fue objeto de impugnación (véase fs. 113-115), como sostiene el Tribunal en anteriores integraciones y en la actual, no es posible ingresar al análisis de los agravios relativos al rechazo de la prueba testimonial”. Apuntó que, al amparo del art. 262 del C.G.P., dedujo el correspondiente recurso de queja por denegación de apelación, por entender que la Sala debió sustanciar también el recurso interpuesto contra la decisión que rechazara las pruebas, pues éste también había sido franqueado por la Sede de primera instancia. Asimismo, interpuso recurso de reposición. Ambos recursos fueron rechazados por el TAC 1°. Tras la precedente narra-ción de antecedentes, expresó la recurrente que, en virtud de lo dispuesto en el art. 281 y ss. del C.G.P., deduce el presente recurso de revisión contra la Sentencia definitiva N° 21 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 10° Turno, por la cual se desestimaron las excepciones, rechazando cada uno de los agravios ventilados en su defensa, a efectos de que la Corte ampare sus derechos y en definitiva haga justicia, revisando el fallo impugnado, en tanto y en cuanto, debido a una decisión judicial que fuera oportunamente recurrida, no se le permitió diligenciar los medios probatorios ofrecidos, para acreditar, en defensa de sus derechos, la nulidad invocada del fideicomiso y demás, dejándola en un estado de evidente indefensión. Manifestó que la indefen-sión es un concepto jurídico indeterminado referido a aquella situación procesal en la que la parte se ve limitada o despojada por el órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le corresponden en el desarrollo del proceso. Las consecuencias de la indefensión pueden suponer la imposibilidad de hacer valer un derecho o la alteración injustificada de la igualdad de medios entre las partes, otorgando a una de ellas ventajas procesales arbitrarias. La indefensión, en el contexto jurídico, supone romper con uno de los derechos fundamentales que tiene cualquier persona que es la igualdad en el proceso, prevista en el art. 4° del C.G.P., y reflejo del principio de igualdad consagrado en los arts. 8 y 72 de la Carta. Refirió a las diferentes aplicaciones que tiene el principio de igualdad en el proceso. Concluyó que se deberá re-visar la sentencia atacada y en definitiva mandar a diligenciar las pruebas ofrecidas en el excepcio-namiento, a los efectos de acreditar la nulidad invocada del fideicomiso, por fraude a la ley, así como la falta de legitimación activa denunciada. Asimismo, solicitó como medida cautelar la suspensión de los efectos pendientes de la sentencia recurrida, esto es, el desapoderamiento de su vivienda, al amparo de lo dispuesto en el art. 289 del C.G.P. En suma, peticionó que se haga lugar a la medida cautelar solicitada y que, en definitiva, se revise la sentencia impugnada, mandándose a diligenciar las pruebas ofrecidas en el excepcio-namiento. II) Por Sentencia N° 2430/2018 de 3 de setiembre de 2018, la Corte resolvió no hacer lugar a la medida cautelar solicitada (fs. 31 y vto.). La decisión fue recurrida por la promotora (fs. 35/38), lo que dio lugar al dictado de la Sentencia N° 3168/2018 de 24 de octubre de 2018, por la cual se desestimó el recurso de reposición interpuesto (fs. 40 y vto.). III) Por providencia N° 3254/2018 de 5 de noviembre de 2018, se dio ingreso al recurso de revisión interpuesto (fs. 43). IV) Por auto N° 3446/2018 de 21 de noviembre de 2018, se confirió traslado del recurso de revisión al Sr. Fernando QUIÑÓNEZ (fs. 52), quien lo evacuó mediante escrito obrante a fs. 61/63 vto., bregando por su rechazo. V) Por decreto N° 103/2019 de 11 de febrero de 2019, se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia, citadas las partes. CONSIDERANDO : I) La Corporación, por unani-midad, desestimará el recurso de revisión movilizado, en tanto el mismo incumple con los requisitos de forma previstos en el art. 286 del C.G.P., puesto que el escrito recursivo no contiene “ con precisión sus funda-mentos ”. Véase que tras un largo desarrollo de los antecedentes (actuaciones cumplidas en el expediente acordonado IUE 2-27663/2016), la parte sustancial del recurso se limita a indicar que éste se deduce al amparo de los arts. 281 y ss. del C.G.P., fundándose en que “(...) debido a una decisión judicial y que fuera oportunamente recurrida, no se nos permitió diligenciar los medios probatorios ofrecidos, para acreditar, en defensa de nuestros derechos, la Nulidad invocada del Fideicomiso y demás, dejándonos en un estado de evidente INDEFENSIÓN ” (fs. 10). Luego, formula apreciacio-nes conceptuales, meramente teóricas, sobre la indefen-sión y el principio de igualdad en el proceso, señalando las diferentes aplicaciones que tiene dicho principio, pero sin fundamentar concretamente de qué manera se habría configurado la indefensión de la demandada en el proceso de entrega de la cosa, ni de qué modo la Sede actuante habría vulnerado el referido principio de igualdad procesal. Asimismo, la impugnante no individualiza la causal de revisión en la que funda su planteo. Alude en forma general a los arts. 281 y siguientes del C.G.P., sin invocar concretamente ninguna de las siete causales previstas en el art. 283 de dicho Código. De este modo, parece evi-dente que la promotora no ha cumplido con la carga de la debida sustanciación, lo que a juicio de la Corporación determina, per se , el rechazo del medio impugnativo movilizado. II) Sin perjuicio de lo ante-rior, los Sres. Ministros Dres. Martínez, Turell y Tosi consideran del caso consignar que, aún si se entendiera cumplido el requisito de la debida fundamentación y se considerara que la recurrente se funda en la causal de revisión prevista en el num. 7° del art. 283 del C.G.P. (dado que en su parco escrito aduce haber quedado en “ estado de evidente indefensión ”), cabría igualmente desestimar su recurrencia, por razones de mérito, en tanto es claro que no se ha verificado en el casus un supuesto de indefensión. En la especie, la recu-rrente alega que ha quedado en estado de indefensión por cuanto “(...) debido a una decisión judicial y que fuera oportunamente recurrida, no se nos permitió diligenciar los medios probatorios ofrecidos, para acreditar, en defensa de nuestros derechos, la Nulidad invocada del Fideicomiso ” (fs. 10). Ahora bien, la decisión de rechazar los medios probatorios, en concreto, la prueba testimonial y por informes que fuera propuesta por la excepcionante Sra. Arralde al oponer excepciones en el proceso de entrega de la cosa (fs. 39 y vto. IUE 2-27663/2016), fue adoptada por la Sede actuante en la audiencia preliminar de dicho proceso (fs. 74 vto. ibídem ). La parte tomó conocimiento de dicha decisión en el mismo acto y pudo interponer los recursos correspondientes. En efecto, emerge del acta de la audiencia preliminar que, en ese acto, la excepcio-nante Sra. Arralde anunció el recurso de apelación, el que se admitió con efecto diferido (fs. 74 vto. ibídem ). Luego, fundó dicho recurso de apelación, en el mismo escrito en el que interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva recaída en dicho proceso N° 21/2017 (fs. 93/102 vto. ib.). Luego de darse ingreso al recurso (fs. 104 ib.), y evacuado el traslado por la contraparte (fs. 106/111 ib.), la Sede de primera instancia, por Decreto N° 2010/2017, obrante a fs. 113 ib., franqueó al TAC 1° únicamente “ el recurso de apelación deducido contra la Sentencia Definitiva N° 21/2017 de fecha 2 de Mayo de 2017 (fs. 89/91) ”. La Sra. Juez no franqueó, en cambio, el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Arralde contra la sentencia interlocutoria dictada en la audiencia preliminar por la cual se había rechazado la prueba testimonial y por informes, el cual fuera deducido por la excepcionante en dicha audiencia preliminar y fundado posteriormente, junto con la recurrencia contra la sentencia definitiva. El referido decreto N° 2010/2017, que franqueó únicamente el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, lo que supuso denegar el franqueo de la apelación contra la interlo-cutoria, fue notificado en forma a la Sra. Arralde (fs. 115 ib.), quien no interpuso recursos contra aquella providencia, la cual quedó firme. En consecuencia, el TAC 1°, en su sentencia de fecha 2 de mayo de 2018 (fs. 125/127), únicamente se pronunció respecto de la apelación de la sentencia definitiva, en tanto solamente se le había franqueado el recurso deducido contra dicha sentencia, no así el interpuesto contra la interlo-cutoria. De ese modo, quedó defini-tivamente ejecutoriada la sentencia interlocutoria, dictada en audiencia preliminar, por la cual se rechazó la prueba testimonial y por informe ofrecida por la excepcionante Sra. Arralde en el proceso de entrega de la cosa. No se advierte un supuesto de indefensión, en tanto la interesada fue notificada en tiempo y forma del acto que le rechazó las pruebas, pudo interponer y fundar los recursos correspondientes contra dicha decisión, lo que así hizo, y luego, por omisión propia, no recurrió la providencia de la Sede que le denegó el franqueo de la apelación. No se han visto limitadas, por ende, las garantías de defensa de la hoy recurrente, ni se observa violación alguna al principio del debido proceso, por lo que no se configura la causal de revisión prevista en el art. 283 num. 7° del C.G.P. En consecuencia, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Turell y Tosi, si se soslayaran los defectos formales del recurso igualmente correspondería desestimar el recurso de revi-sión interpuesto por la recurrente. III) Costas y costos a cargo de la recurrente, por ser de precepto conforme a lo establecido en el art. 292 inc. 1° del C.G.P. Por estos fundamentos, en atención a lo establecido en los arts. 283, 286, 292 y concordantes del C.G.P. la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE REVI-SIÓN PLANTEADO, CON COSTAS Y COSTOS A CARGO DE LA RECURRENTE. A LOS SOLOS EFECTOS PARAFIS-CALES, FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 30 BPC (ART. 71 LITERAL B DE LA LEY Nº 17.738). NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y ARCHÍVESE.