Sentencia Definitiva N° 1.239/2019

Montevideo, doce de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia estos autos caratulados: “AA C/ BB - PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD - CASACIÓN”, IUE: 227-594/2015. RESULTANDO : I) El 21 de agosto de 2015 compareció AA y promovió proceso de pérdida de la patria potestad contra BB, respecto al hijo de ambos DD, hijo no matrimonial reconocido por la actora y por el demandado por la causal prevista en el art. 285 num. 7º del Código Civil (fs. 4/6 vta.). Sostuvo que desde el nacimiento de DD hasta la actualidad, el padre no ha estado presente en la vida de aquél. No ha ejercido los derechos y obligaciones correspondientes al instituto de la patria potestad, tanto en el aspecto personal (visitas) como material (pensión alimenticia), desde hace más de tres años. Técnicamente el demandado mantiene la patria potestad debido a su carácter biológico de padre del menor, pero en los hechos no hace uso al derecho ni mucho menos cuidado en la obligación. Expresó que se separaron con posterioridad al año de nacido éste, y luego de la separación el padre no ha querido vincularse en forma alguna con su hijo, y mucho menos cumplir con las obligaciones alimentarias que debe servir. El contacto paterno filial es muy escaso y en la mayoría de las veces ha sido contra la voluntad de DD, ya que éste mantiene y es pública la posición de no querer ver a su padre biológico, decisión que ha sido adoptada en base a un criterio autónomo y genuino de éste. Adujo que desde la sepa-ración, quien se ha hecho cargo de las necesidades del niño ha sido su madre (actora) y la pareja de ella, de hace más de once años, con quien además tiene dos hijos. El menor DD es objeto de contención en el núcleo familiar que se ha formado, brindándole el máximo afecto. Concluyó que el demandado ha sido extremadamente omiso en sus derechos y deberes de la patria potestad por más de un período de un año, y que la actora en ningún momento ha impedido u obstaculizado que el niño pudiese mantener contacto con su padre, lo que se traduce en un total desinterés por parte de éste. En definitiva, solicitó que se decretara la pérdida de la patria potestad del demandado respecto de su hijo DD. II) Con fecha 18 de noviembre de 2015, el demandado BB opuso excepción de incompetencia por razón de domicilio y contestó la demanda incoada (fs. 27/33). En cuanto al fondo, sostuvo que son totalmente falsas las afirmaciones vertidas en la demanda, ya que siempre tanto su familia como él mismo mantuvieron contacto con DD. Señaló que su madre (abuela del menor) concurrió al Juzgado de Ombúes de Lavalle a efectos de que le dejaran ver a su nieto; que el compareciente le envió el último mensaje el 19 de noviembre de 2014; que cuando le escribió por Facebook para saber cómo estaba, fue bloqueado; que vio a su hijo en una carrera de motos, ocasión en la que la madre al ver que DD conversaba con su padre, lo sacó a la fuerza y no dejó que hablaran. Narró que su hermano, su madre y el propio compareciente lo han ido a buscar a la casa de la abuela materna en Ombúes de Lavalle, a efectos de verlo, y ésta les manifestó que no estaba o que estaba enfermo, y nunca les dejó pasar a verlo. Apuntó que él le estaba sirviendo la pensión alimenticia y en vista de que no lo dejaban ver, tomó la decisión de dejar de servir la pensión a efectos de que la madre iniciara el trámite y así lograr también el un régimen de visitas, tenencia y guarda a su favor. Afirmó que esto es una maniobra efectuada por la madre, ya que se amenazaba al compareciente con quitarle su apellido en varias oportunidades, según le manifestó la abuela materna a la madre del actor. Concluyó que si ahora no ve a su hijo no es por falta de interés, sino por la actitud de la madre, que lo impide. En suma, solicitó el rechazo de la demanda. III) Se designó defensor de oficio del menor a la Dra. Ana Laura AVELINO, quien inicialmente asumió actitud de expectativa (fs. 44 y vta.), posteriormente contestó la demanda y solicitó probanzas (fs. 164/170), y finalmente, tras diligen-ciarse las pruebas, concluyó que no se dan los requisitos procesales para que se ampare la demanda de pérdida de patria potestad, sin perjuicio de que debe respetarse la voluntad de DD de no mantener vínculos con su padre (fs. 210/210 vta.). IV) El Fiscal Letrado Departa-mental de Carmelo, Dr. Carlos CHARGOÑIA, dictaminó que la prueba resultante de autos conduce a la certeza del abandono de los deberes de la patria potestad por un plazo superior al exigido por el art. 285 num. 7º del Código Civil, por lo que concluyó que correspondía hacer lugar a la demanda y disponer la pérdida de la patria potestad de BB respecto de su hijo adolescente DD (fs. 227/230). V) Mediante sentencia defini-tiva No. 34/2018 de fecha 6 de abril de 2018, la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Carmelo de 2º Turno, Dra. Cristina del VALLE, acogió la demanda y, en su mérito, declaró la pérdida de patria potestad del demandado, Sr. BB, respecto de su hijo adolescente DD (fs. 241/249). VI) Ante la apelación deducida por la parte demandada (fs. 250/253 vta.), el TAF de 1º Turno por sentencia definitiva DFA-0010-000883/2018 SEF-0010-000162/2018 de fecha 28 de agosto de 2018, revocó la sentencia de primera instancia impugnada (fs. 283/289). VII) Con fecha 21 de setiembre de 2018, la actora interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia (fs. 293/303). Sostuvo que los Sres. Ministros de la Sala, en el desarrollo de su sentencia y en su exposición de fundamentos, omitieron dentro del elenco probatorio obrante valorar lo arrojado tanto en el dictamen del Ministerio Público (quien actúa como dictaminante técnico auxiliar del juez, art. 19 Decreto-Ley 15.365), sujeto necesario en el proceso de conformidad con el art. 285 num. 7º del Código Civil y 207 del C.N.A., así como también se omitió considerar la pericia psicológica realizada en la persona del menor de autos. Respecto del dictamen fiscal, señaló que éste fue contundente en expresar que “ se ha operado el abandono de los derechos inherentes al ejercicio de patria potestad por un lapso mayor de un año ”. Si bien el Tribunal hizo caso omiso a las declaraciones vertidas por todos los testigos de la parte actora, el Ministerio Público tomó en cuenta aquéllas, dándoles la relevancia indicada, teniendo como acreditado en forma concluyente “ la situación de abandono tanto material como moral y por un plazo mayor al requerido y que han sido la madre junto a su pareja quienes se han encargado de todas las necesidades de DD” . Anotó que a criterio del Ministerio Público, que la recurrente comparte, es importante tener en cuenta el sentir del menor, quien es sujeto de derecho y a quien se debe oír su sentir, desprendiéndose de sus declaraciones que “ las vivencias respecto de su padre son negativas, visualizándolo como un padre ausente” . Expresó que la categórica conclusión del Ministerio Público no permite una opinión distinta a la que conlleva a la pérdida de la patria potestad del padre, encuadrándose en los requisitos establecidos en el marco normativo por el que fue promovida la presente litis. Por su parte, respecto a la pericia psicológica, realizada por la Psicóloga XX, anotó que el informe categórico elaborado por ésta tampoco fue objeto de análisis en la sentencia atacada, siendo a criterio de la recurrente imprescindible para la decisión final respecto a la pretensión de autos. Apuntó que la pericia ubica al menor como un sujeto al que debe escuchárselo y tener en cuenta su sentir. Sostiene que la patria potestad ya no es solo un derecho u obligación parental, sino que es un derecho de los hijos, los cuales tienen total capacidad en cuanto a decidir gozarla o no, y que las decisiones de la Justicia deben atender a su bienestar y su deseo, que en el caso es genuino y no impuesto. Necesariamente debe valorarse su voluntad, ya que con 15 años puede perfectamente establecer y precisar cuáles son sus propias conveniencias. La norma (art. 285 num. 7º del CC) requiere que el juez aprecie la prueba atendiendo a la situación de los padres y muy especialmente las conveniencias del menor. En el caso, entendió la dictaminante que: “ es posible concluir la voluntad genuina del adolescente con respecto a la figura que él acepta como la desempeñante (sic) de la función paterna ” (fs. 172), concluyendo que resulta adecuada “ la posibilidad de que el menor pueda decidir en cuanto a su vinculación o no con su padre biológico ”. Por otro lado, manifestó que el fallo recurrido se basa fundamentalmente en la declaración de los testigos de la parte demandada, quienes además de ser todos familiares directos del demandado, no realizan especificación alguna de la situación temporal de sus dichos. Agregó que se habla sin prueba alguna de la obstaculización de la madre en la relación con el menor, cuando el padre mismo reconoce que el último mensaje enviado a su hijo fue en noviembre de 2014, y cuando aun teniendo posibilidades o medios judiciales para lograrlo, jamás tentó ningún tipo de acercamiento en un proceso que tiene más de tres años de iniciado. Afirmó que el abandono, como se prueba en autos y hasta se reconoce por el propio demandado en cuanto a lo material, no solo es moral, emocional o ético, sino también económico, a nivel de nunca haber contribuido en sus gastos. Añadió que tampoco se tuvo en cuenta las mentiras del padre en sus dichos, tanto respecto a la autorización para la operación del niño, como a los supuestos trámites judiciales para obtener visitas con su hijo. Concluyó que tanto del informe del Ministerio Público como de la pericia psicológica realizada en autos, y no impugnada por las partes, así como de la prueba diligenciada tanto documental como testimonial, se desprende fehaciente-mente que el padre hizo abandono voluntario de su hijo por más tiempo del exigido por la ley, y que ello no fue a consecuencia de la obstaculización de la madre, además que el menor mantiene una voluntad genuina de desvin-cularse por completo de su padre biológico, siendo éste un sujeto de derecho con capacidad para ser escuchado y respetado en su deseo personal, siempre que éste no afecte su bienestar e integridad. En suma, solicitó que se case la sentencia recurrida. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, desestimará el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en mérito a los fundamentos que se explicitarán a continuación. II) Respecto a la forma en que se articularon los agravios Del memorial de agravios de la parte recurrente emerge que la única causal de casación esgrimida refiere, en puridad, a la errónea valoración de la prueba en la que habría incurrido la Sala. En tal sentido, la impug-nante sostuvo en su recurso que los Sres. Ministros de la Sala omitieron valorar, dentro del elenco probatorio obrante en autos, lo arrojado tanto en el informe del Ministerio Público, como la pericia psicológica realizada en la persona del menor. Luego, desarrolló pormeno-rizadamente las resultancias del dictamen del fiscal actuante, así como del dictamen pericial realizado al adolescente DD, compartiendo las conclusiones a las que arribaran ambos dictaminantes, y discrepó con la valoración efectuada por la Sala. Pues bien. A pesar de que la recurrente no denunció expresamente la existencia de absurdo evidente, arbitrariedad o ilogicidad en la valoración del material probatorio por parte del ad quem , igualmente logró cumplir con los requerimientos formales del recurso de casación, en tanto emerge del contenido de sus agravios que lo que se denuncia es la existencia de una valoración absurda o arbitraria del Tribunal, por más que no se hayan utilizado tales términos. Así, surge del recurso en examen que la recurrente denuncia, en distintos pasajes de su libelo, que “ el Tribunal de alzada hizo caso omiso a las declaraciones vertidas por todos los testigos de la parte actora ” (fs. 295); que “ La categórica conclusión del Ministerio Público no permite una opinión distinta a la que conlleva la pérdida de la patria potestad del padre ” (fs. 296); que “ El Tribunal de alzada omitió tener en cuenta el contundente informe del Ministerio Público ” (fs. 296); que “ se habla, sin prueba alguna, de la obstaculización de la madre en la relación con el menor ” (fs. 299); expresiones que, interpretadas contextualmente, conducen a entender que la recurrente entiende que la valoración de la prueba efectuada por la Sala constituye un supuesto de arbitrariedad o absurdo evidente. Como ha dicho la Corporación en reiteradas ocasiones, cuando la contradicción a las reglas de valoración de la prueba “(...) emerge de la forma en que se han estructurado los agravios, aún cuando el impugnante no haya invocado expresamente la existencia de absurdo evidente o arbitrariedad, la Corte está habilitada para ingresar al estudio del caudal fáctico allegado y valorar la prueba aplicando las normas referidas ” (Cf. sentencia No. 250/2013; véase también la más reciente sentencia No. 593/2017, entre otras). En consecuencia, la Corte ingresará al examen de los agravios relativos a la valoración de la prueba. III) No se advierte, en abso-luto, la existencia de arbitrariedad o absurdo evidente en la valoración del material probatorio efectuada por la Sala Tras analizar detenida-mente el expediente, valorando las diversas pruebas producidas durante el extenso juicio, en modo alguno puede tildarse a la valoración de la Sala como absurda, irracional o ilógica. Por el contrario, el razo-namiento probatorio del Tribunal luce como correctamente fundado, llegándose a conclusiones que son fruto de una valoración meditada y ponderada de la prueba reunida en el proceso. Podrán compartirse o no tales conclusiones, pero de ninguna manera puede entenderse que las mismas traducen un razonamiento absurdo o arbitrario por parte de la Sala, lo que obtura la posibilidad de progreso del presente medio impugnativo. Cabe remitir, en tal sentido, a la valoración de los medios probatorios realizada por la Sala en el Considerando IV) de su sentencia, a fs. 287/288. IV) En lo que hace a los concretos agravios ensayados por la recurrente, estima la Corporación que no le asiste razón cuando afirma que la Sala omitió valorar el dictamen del Ministerio Público y la pericia psicológica realizada al adolescente DD. En primer término, cabe puntualizar que el dictamen fiscal, obrante a fs. 227/230, no es técnicamente un elemento probatorio, por lo que no puede hablarse al respecto de una omisión en la valoración de una prueba, como parece surgir de las expresiones de la impugnante. El Ministerio Público intervino en el caso como tercero, no como parte, dictaminando acerca del mérito de la causa, a requerimiento del Juez (fs. 226). Se trata de un dictamen preceptivo, conforme a lo dispuesto en los arts. 19 del Decreto-Ley 15.365, 29 del C.G.P. (en la redacción dada por el art. 649 de la Ley 19.355), y 285 num. 7º del CC, pero que no resulta vinculante para el juez, que es quien debe resolver la contienda. En consecuencia, nada obliga al juez o Tribunal a acompañar las conclusiones a las que pueda haber arribado el Ministerio Público en su dictamen. En la especie, la Sala valoró los distintos elementos probatorios obrantes en autos, al igual que lo hiciera en su momento el Ministerio Público, arribando a conclusiones diversas a las que llegara la Fiscalía, lo que en modo alguno puede considerarse como un proceder desarreglado a Derecho, sino producto de diversas interpretaciones del material probatorio producido. En lo que respecta a la pericia psicológica practicada por la Psicóloga XX (fs. 175/177) -la que sí constituye propiamente un elemento probatorio-, emerge de la sentencia impugnada que el Tribunal efectivamente valoró dicha prueba (fs. 287), conjuntamente con las demás probanzas incorporadas al proceso. En consecuencia, cabe rechazar lo expresado por la impugnante respecto a que el informe pericial no habría sido objeto de análisis en la sentencia atacada (fs. 297). Si bien se ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia, en consonancia con lo dispuesto en el art. 184 del C.G.P., que el juez puede apartarse fundadamente de las apreciaciones del dictamen pericial, de todos modos, en el casus , no puede decirse que el Tribunal se haya apartado de lo dictaminado por la perito, pues ésta no se pronunció respecto de la verificación o no del abandono culpable por el padre de los deberes inherentes a la patria potestad (lo que, por otra parte, no correspondía que hiciera, pues ello no era el objeto de la pericia y en todo caso la comprobación de la causal de pérdida de la patria potestad es resorte exclusivo del Juez llamado a intervenir, y no del perito). En tal sentido, emerge del dictamen pericial: que “ las vivencias de DD respecto a su progenitor son negativas ”; que “ lo vive como un padre ausente que no estuvo cuando lo necesitó ”; que “ en cuanto a la vinculación con su padre biológico, en el tiempo en que se realiza la pericia se observa que no hay lugar para esta figura ni surge una necesidad de la misma, apareciendo sí un gran rechazo por las vivencias que están presentes en relación a la misma ” (fs. 171/172). En mérito a lo expresado, concluye la perito que existe una “ voluntad genuina del adolescente con respecto a la figura que él acepta como la desempeñante de la función paterna ” (se refiere a XX, la actual pareja de la madre), por lo que entiende adecuada “ la posibilidad de que el menor pueda decidir en cuanto a su vinculación o no con su padre biológico ” (fs. 172). En suma, es de concluir que existe una valoración negativa de la figura del padre biológico de DD, esto es, del demandado Sr. BB, pero ello no supone, necesaria y directamente, que éste haya hecho abandono culpable de los deberes inherentes a la patria potestad. La conclusión de la perito respecto a que resulta adecuado que “ el menor pueda decidir en cuanto a su vinculación o no con su padre biológico ”, no hace al instituto de la patria potestad, sino en todo caso a la eventual continuidad o renovación de las visitas o comunicación entre padre e hijo, aspecto que no integra el objeto del presente proceso. Por ello, en el caso, no existió un apartamiento del Tribunal de las conclusiones del dictamen pericial. V) Finalmente, tampoco asiste razón a la recurrente cuando afirma que “ la patria potestad ya no es solo un derecho u obligación parental sino que es un derecho de los hijos, los cuales tienen total capacidad en cuanto a decidir gozarla o no ” (fs. 297), por lo que “ las decisiones de la Justicia deben atender a su bienestar y su deseo ” (fs. 297). Sobre el punto, si bien cabe coincidir con la impugnante en que debe valorarse la voluntad del adolescente, especialmente en cuanto el art. 285 num. 7º del Código Civil indica que el juez deberá apreciar “ muy especialmente las conveniencias del menor ”, ello no significa que la contienda deba resolverse exclusivamente en base al “ sentir del menor ”, ni que los hijos tengan “ total capacidad en cuanto a decidir gozar o no” la patria potestad. En la especie, el Tribunal tomó en cuenta que “ es claro, de la declaración vertida en audiencia por DD, así como de lo que ha transmitido a su Defensa y a la Perito Psicóloga designada en autos, que él se niega a tener algún vínculo con su padre ” (fs. 287). Valoró, en tal sentido, la voluntad del adolescente de no querer tener contacto con su padre biológico, no obstante lo cual, entendió que “ ello no resulta determinante para la dilucidación de la litis planteada en torno a la pérdida de la Patria Potestad de aquel a su respecto ” (fs. 288) . Por lo tanto, no existe ilegitimidad en tal proceder del Tribunal, si bien el juez debe tomar en cuenta el interés del menor (como lo hizo en la especie), no puede fundar su decisión exclusivamente en tal elemento, pues lo que tiene que verificar es si existió o no abandono culpable por parte del padre de los deberes inherentes a la patria potestad, independientemente de cuál sea el deseo del hijo en relación a tener contacto o no con su progenitor. En suma, tampoco en este punto resulta de recibo el planteo de la recurrente, no verificándose un supuesto de errónea valoración de la prueba, y mucho menos en forma grosera o evidente que se erija como motivo de impugnación. VI) A mayor abundancia, la Corporación –unánimemente- entiende que en la sentencia atacada, la Sala expuso en forma clara y lógica el razonamiento probatorio que la condujo a la solución adoptada, sin que se le pueda imputar ningún apartamiento ostensible de las reglas de la lógica o de la experiencia. Debe verse que la impug-nante, a través del agravio articulado, pretende revalorizar la plataforma fáctica dada por probada por el órgano "ad quem", que sabido es, resulta intangible en casación. En la especie, y como fuera explicitado líneas más arriba, no se ha verificado un supuesto de arbitrariedad en la valoración de la probanza allegada a la causa, ni de error inequívoco, esto es fuera de las reglas del correcto entendimiento humano, de la lógica, el razonamiento y de las reglas de la experiencia. La recurrencia se erige sobre la base de negar la posibilidad de que existan distintas valoraciones de la prueba que resulten racionalmente justificables o, lo que es lo mismo, afirmar que existe una única valoración de la prueba, según las reglas de la sana crítica, que puede fundarse en la lógica o en la razón, postura que no se comparte. El Tribunal, en el acierto o en el error, no apreció la prueba excediendo los límites de la racionalidad, pues no omitió considerar un medio de prueba fundamental, ni surge que se haya apartado, sin fundar, de la conclusión pericial. En tal sentido, resulta pertinente transcribir lo sustancial del razonamiento ejercitado por la Sala, lo que confirma que se mantuvo dentro del campo de la discrecionalidad con la que cabe aplicar las reglas de la sana crítica fuera del campo de la revisión en casación: “ La Sala aprecia, que no se acredita el abandono culpable de los deberes de padre atribuido al demandado en el libelo introductorio y muchos menos la nota de irrefragabilidad requerida legalmente. Por el contrario, se prueba que separada la pareja paternal, DD convive desde temprana edad con la madre y el Sr. XX, de cuya unión la pareja hubo dos hijos más. Tanto la madre como el Sr. XX declaran en autos de manera tal, que es posible apreciar que no sólo no han propiciado el vínculo con el demandado, sino que en forma lenta e inexorable a través del tiempo, éste último ha ido sustituyendo la figura paterna, han desacreditado al padre, le han impedido que lo vea, se han mudado de domicilio varias veces sin comunicárselo, no han permitido a la familia paterna continuar el contacto con el niño, le han impedido siquiera saludarle en lugares públicos, han impedido, que su padre lo visite en la escuela. Ello es muy claro si se analizan los más relevantes testimonios de autos, así de la madre y el padrastro, del niño, la pericia psicológica, la entrevista con su Defensora. Se le ha autorizado a que llamara papá al Sr. XX, han alentado que cambie su apellido por el de XX para tener el mismo apellido que sus hermanos, lo que él desea con ansia de 'pertenecer' a este círculo familiar (dictamen pericial, fs. 176). Por el contrario se ha desalentado la relación con la familia paterna extensa . El hoy adolescente, ya con quince años repite que cuando sus padres vivían juntos la madre tenía que mantener a DD, a su padre a ella, que lo sabe por su madre, sus abuelos y su madrina (declaración de DD en audiencia, fs. 208). Al respecto, vide asimismo que a fs. 48 ( rectius: 58 ) declara el Sr. XX, pareja de la actora: '...iba a buscarlo ( refiriéndose al demandado ) , le mostraba una compañera distinta y pienso que eso no es para un niño algo bueno”; a fs. 59: 'El último vínculo o intento que tuvo el padre en la escuela de SS fue y lo sacó del aula sin permiso... no podía hacer eso si no somos los padres el padre era el Sr. BB ahora soy yo...” “No le avisamos al padre que íbamos a operar al niño”. La testigo de la actora RR dijo haber visto al demandado en la escuela (fs. 60). La familia paterna, abue-los, tíos, la actual compañera del Sr. BB relatan los intentos que éste ha efectuado para ver a su hijo y cómo le han impedido el contacto con ellos mismos (fs. 60 a 64). 'Cuando el niño puso YY, él está convencido que es YY. Dijo GG, testigo de la actora, madre de un compañero de DD a fs. 67 ( Se refiere a su cuenta de Facebook ). La madre de DD, actora en autos, declaró extensamente, que le molestaba que el padre siempre tuviera mujeres distintas, 'que voy a hacer yo, qué imagen le voy a dar al niño', 'Lo que yo hacía detrás del niño'. Que no le veía porque ella hizo los papeles y él 'no cumplía con lo que tenía que cumplir'. Se mudó varias veces, a veces (el padre, la familia) se enteraba y a veces no, 'yo no le voy a estar pasando información'. A la familia del padre nunca le negó el niño, expresó 'estaban equivocados, alguna vez estaba enfermo pero ellos lo veían y el nene iba a comer a la casa de ellos. Hace tres años que la familia no lo ve cuando me mudé para acá...'. Cuando DD encontró a su padre en el Tunning la madre relata: 'y el niño me dijo mamá está el que te dije y le pregunté y me dijo que se acercó y le dijo qué hacés mi negro y el nene dijo que no le hizo caso porque yo no lo quiero' (fs. 68). Frente a su Defensora, Dra. Ana Laura Avelino Saret, DD expresó que sí fueron amigos con su padre un tiempo (Facebook) y después no 'cuando yo me enteré que me estaba buscando por todo esto, yo me alejé', 'dejé de usar Facebook, dejé el teléfono porque si me llamaba, así no me encuentra'. 'Él hizo cosas que no me gustaron, cada vez que lo veía me presentaba una mujer nueva, esto no está bien que se haga delante de un niño' (nótese la similitud con la declaración del Sr. XX transcripta supra), fs. 169-170. En suma, resultando cierto que el adolescente no quiere ver a su padre, ni tener contacto con él o su familia, ello no resulta determinante para la dilucidación de la litis planteada en torno a la pérdida de la Patria Potestad de aquél a su respecto. Tampoco saber si la voluntad expresada es o no libre; salvo, en cuanto los comportamientos adultos demostrados indican acerca de la obstaculización del vínculo. Y es en ese punto, que -la Sala comparte con la Defensa del adolescente-, surgen acreditados hechos obstativos en relación con el alegado abandono culpable de sus deberes por parte del progenitor demandado. Siendo tales hechos, los que dan mérito de la revocatoria ” (fs. 287/288). VII) Concluyendo, el razona-miento de la Sala, esto es, su valoración de los elementos de prueba obrantes en el expediente (que la llevó a no tener por acreditado en forma “irrefragable” el abandono culpable), podrá ser o no compartible, pero es indudable que resulta por demás razonable y fundado, lo que ciertamente lo aleja de los supuestos que habilitan el reexamen de la plataforma fáctica en casación. En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 20 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVANSE LOS AUTOS CON LAS FORMALIDADES DE ESTILO.