Sentencia Definitiva N° 1.210/2019

Montevideo, cinco de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “JANTOS MARIÑO, ANÍBAL Y OTROS C/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS - COBRO DE PESOS - CASACIÓN”, IUE: 2-57497/2016, venidos a conocimiento de esta Corporación en mérito al recurso de casación interpuesto por la actora contra la sentencia definitiva DFA-0003-000765/2018 SEF-0003-000191/2018, de fecha 14 de noviembre de 2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno. RESULTANDO : I) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 10/2018 de fecha 26 de febrero de 2018, la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 18vo. Turno, Dra. Estela JUBETTE, desestimó la demanda, sin especial condenación en el grado (fs. 310/316). II) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia identificada como DFA-0003-000765/2018 SEF-0003-000191/2018 , de fecha 14 de noviembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno confirmó la sentencia de primera instancia, sin especial condenación en el grado (fs. 349/351 vto.). III) En tiempo y forma, la parte actora interpuso el recurso de casación en examen (fs. 354/360). En su libelo impugnativo planteó, en concreto, los siguientes cuestionamientos. Refirieron que la argumentación del Tribunal para rechazar la apelación es, básicamente, que la compensación objeto de reclamo no procede porque para los actores “el estar a la orden integra el perfil o las obligaciones del cargo que ocupan”. Señalaron que dicho argumento no es admisible y que la sentencia del Tribunal aplica en forma errónea una norma (cláusula No. 14 lit. C del Convenio Laboral celebrado entre UTE-AUTE), o la mal interpreta, que es lo mismo. Afirmaron que la referida norma prevé el pago de la compensación a quienes estén a la orden y localizables. No puede sostenerse la exigencia del cumplimiento de determinadas horas de trabajo. Lo que debe acreditarse es que están a la orden y loca-lizables. No se configura el derecho a percibir la com-pensación cumpliendo una, dos o diez horas, sino cuando el funcionario, luego de su horario de trabajo, se encuentra a la orden y localizable. Agregaron que la circunstancia de estar a la orden y localizable fue debidamente acreditada por la prueba testimonial. En cuanto al argumento del Tribunal según el cual los actores no cumplieron con el requisito de probar que al menos realizaban dicha guardia durante una semana al mes (requisito exigido por el Convenio), expresaron que la realidad es que estaban a la orden no durante una semana, sino durante todo el mes y esto está probado. Alegaron que la contraria, en ocasión de contestar la demanda, no controvirtió el hecho de que los actores estuvieran a la orden, sino que lo admitió; pero lo atribuyó a otro concepto, a otra compensación que reciben los reclamantes, que es la de “área estratégica” prevista también en el Convenio referido, pero que no es incompatible con la compen-sación reclamada. Reiteraron que el hecho de que los actores cumplan con la circunstancia de estar a la orden y localizables se encuentra más que probado; es más, si UTE les da un celular es para estar loca-lizables. Adujeron que el Tribunal, en otro error, reclama que dichas guardias hubieran sido dispuestas por la “línea jerárquica”. Sin embargo, esta exigencia está prevista para la guardia C1 y no para la C2, que es objeto del presente reclamo. Expresaron que el Tribunal exige a los actores una prueba imposible: la de cada una de las veces que fueron citados fuera del horario de trabajo. Al respecto, se preguntaron cómo se hace para acreditar que una persona se encontraba en el living de su casa y lo llamaron para consultarlo. Afirmaron que ello choca con un concepto aceptable y razonable del Derecho, como lo es la “teoría de la carga dinámica de la prueba”. La Sala debió recurrir a la prueba presuncional, extraída a partir de la declaración de los testigos. Sostuvieron que está probado el elemento subjetivo y objetivo requerido por el Convenio para tener derecho al cobro de la compensación. Alegaron que se trata de un tema de pleno Derecho, consistente en determinar si, ante los hechos probados, corresponde el pago de la compensación. En suma, solicitaron que se revoque la sentencia impugnada y se acoja la demanda en todos sus términos. IV) Conferido el traslado de precepto, fue evacuado por la demandada en los términos que surgen del escrito que corre a fs. 364/369 vto. V) El recurso fue debidamente franqueado (fs. 371) y los autos fueron recibidos por este Cuerpo el 15 de febrero de 2019 (fs. 375). VI) Por Decreto No. 190 de fecha 20 de febrero de 2019 (fs. 376 vto.), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia, al término del cual se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, desestimará el recurso de casación movilizado por la parte actora. II) Antecedentes procesales . II.I) Los actores Aníbal JANTOS, Gustavo PÉREZ, Hugo URRUTIA, Antonio COLO, Miguel BANGUESES, Sergio ROMERO y Carlos IGLESIAS iniciaron juicio de cobro de pesos contra la UTE, en el que reclamaron el pago de la llamada “COMPENSACIÓN POR GUARDIA” (fs. 27/30 vto.). En tal sentido, señalaron que se desempeñan para UTE, como Jefes de Distrito (Jefes de Departamento y Sub-gerentes). Alegaron que se encuentran a la orden una vez cumplida su jornada laboral de 8 horas y deben permanecer a la orden y localizables a los efectos de los requerimientos del servicio. Dicha circunstancia, de acuerdo a lo previsto en el Convenio Laboral celebrado entre UTE y AUTE, genera una compensación que asciende a un 20 o 30%, para personal superior y personal profesional, respectivamente (“COMPENSACIÓN POR GUARDIA”). En lo específico, señalaron que el referido Convenio, en su cláusula No. 14, apartado I, lit. c) numeral 2), prescribe que dicha compensación se aplica “a los funcionarios profesionales y personal superior (Jefes de Departamento y Sub-gerentes) que queden como responsables de las Unidades en la que prestan funciones fuera del horario habitual de trabajo y que una vez concluida su jornada laboral, deban permanecer a la orden y en cualquier momento localizables. Los funcionarios estarán obligados a concurrir a cualquiera de las instalaciones bajo su responsabilidad cuando el servicio lo requiera, no generándose por tal concepto horas extras. Las funciones a las que se hace referencia deben estar vinculadas directamente a la prestación del servicio eléctrico o ser soporte del mantenimiento y explotación de servicios informáticos”. Expresaron que, habiendo incumplido UTE con el pago de dicha compensación, correspondía promover el presente reclamo judicial a efectos de hacer efectivo su cobro. Respecto del monto de la compensación, indicaron que el convenio es claro en cuanto a que el mismo es un 20% sobre el sueldo base más el 50% del reintegro de alimentación. Efectuaron las liquida-ciones correspondientes a cada uno de los co-actores y, en definitiva, solicitaron que se condene a la UTE al pago de las sumas reclamadas, más reajustes e intereses legales. II.II) En primera instancia, por Sentencia No. 10/2018 de fecha 26 de febrero de 2018, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 18vo. Turno desestimó la demanda incoada (fs. 310/316). II.III) En segunda instancia, por Sentencia DFA-0003-000765/2018 SEF-0003-000191/2018 de fecha 14 de noviembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno confirmó la sentencia de primera instancia (fs. 349/351 vto.). III) Aclaración previa respecto al alcance de la impugnación . Del análisis del libelo recursivo parece deducirse, a primera vista, que los actores persiguen exclusivamente una revalorización del material probatorio. Sin embargo, la lectura detenida y razonada del recurso permite avizorar que, en realidad, la crítica de los recurrentes está dirigida, fundamentalmente, a la interpretación que realizó el Tribunal de mérito de la cláusula No. 14, apartado I, lit. c) numeral 2) del Convenio Laboral celebrado entre UTE y AUTE. Por lo tanto, se trata la debatida de una “ quaestio iuris ”, analizable en casación (así lo propusieron los impugnantes al recurrir: véase fs. 357 y 359 vto.). No obstante lo cual, dicha cuestión habrá de concretarse en base a los hechos tenidos por acreditados en la causa, lo que limita la actividad de la Corte en el sentido apuntado, tal como se analizará a continuación. IV) Respecto a la cuestión jurídica a resolver y los límites en casación . IV.I) Como viene de decirse, la tarea jurisdiccional relativa a la dilucidación de la controversia jurídica de marras debe formularse sobre los hechos tenidos por acreditados en el expediente. Tal aserto se impone en el caso concreto habida cuenta de que los actores, al recurrir, no alegaron la existencia de una valoración absurda de la prueba por parte del Tribunal de segundo grado. En tal sentido, se advierte que el escrito impugnativo propone una valoración alternativa de la prueba, pero sin cumplir con la exigencias formales, en el sentido y en las condiciones legalmente exigidas por la Corte (véase al respecto, entre muchas otras, las Sentencias Nos. 571/2017, 219/2017, 162/2016, 66/2016, 16/2014, 534/2013, 243/2013, 685/2012, 163/2009, 74/2009 y 706/2008). Sobre el particular, cabe recordar que la Corporación ha sostenido, con base en el artículo 270 del C.G.P.: “ A pesar de que la referida disposición prevé, incluso, como causal de casación la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba, el ámbito de la norma queda circunscripto a la llamada prueba legal, o sea aquella en que la propia Ley prescribe que verificándose ciertos presupuestos por ella misma indicados, el Juez, aunque opine distinto, debe darle el valor y eficacia previamente fijados; o en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando incurre en absurdo evidente, por lo grosero e infundado. Es jurisprudencia constante de esta Corporación que tanto la revisión de la plataforma fáctica como la revalorización de la prueba no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría esta etapa casatoria o de revisión meramente jurídica, en una tercera instancia no querida por el legislador (...). A mayor abundamiento: El ingreso al material fáctico en instancia casatoria requiere una condición o código de acceso ineludible: es menester que el error en la valoración de la prueba en que haya incurrido la Sala de mérito configure un absurdo evidente, un razonamiento notoriamente ilógico o aberrante, en suma, que la infracción a la regla de derecho contenida en el art. 140 C.G.P. revista una excepcional magnitud, fuera de toda discusión posible (...)” (Cfme. Sentencia No. 829/2012; en igual sentido: Sentencias Nos. 508/2013 y 484/2014, entre otras). No solo se requiere la existencia de una contradicción grosera de las reglas legales de valoración de la prueba, sino que, adicionalmente, ello debe surgir de la forma en que se estructuraron los agravios, aun cuando el impugnante no hubiese utilizado, concretamente, las expresiones de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta. En este sentido, ello importa un requisito de admisibilidad particular de este tipo de alegación: si lo que el recurrente expresa al agraviarse, cualesquiera sean los términos que emplee, no supone la denuncia de un razonamiento probatorio absurdo o arbitrario en forma evidente o grosera, el agravio por esa sola carencia en su alegación ya deviene improcedente (véase en tal sentido la reciente Sentencia No. 1.162/2019). Pues bien. En dicho marco, los impugnantes no alegaron, como causal de casación específica, un supuesto de absurdo evidente en la ponderación de la prueba realizada por el Tribunal. Tal coyuntura tiene consecuencias a dos bandas. Por un lado, impide en el grado una revalorización de los hechos tenidos por acreditados en segunda instancia. Por otro, determina la inmutabilidad de dicha plataforma fáctica. IV.II) Ahora bien. Como fuera anunciado, la temática en torno a la interpretación de las cláusulas contractuales constituye “ quaestio iuris ”, razón por la cual, su análisis en casación deviene igualmente habilitado, favoreciendo la postura procesal de la parte recurrente, a pesar de las carencias de alegación aludidas (Cfme. Sentencias Nos. 565/2017, 564/2017, 635/2016, 434/2016, 365/2016, 347/2016, 21/2016, 315/2015, 115/2007, 8/2017 y 907/2012, entre muchas otras). Ello por cuanto las cláusulas que conforman los contratos, así como los convenios laborales, son normas jurídicas y, como tales, en virtud de la regla que consagra el art. 1291 del Código Civil (principio de asimilación del contrato a la ley), constituyen normas que vinculan a las partes como la ley misma. En consecuencia, resulta revisable en casación el eventual apartamiento de los órganos de segunda instancia de los preceptos lógico-jurídicos que tienen por finalidad constatar la naturaleza, el contenido, la voluntad y el significado de lo acordado por las partes IV.III) Sin perjuicio de ello, que el debate sea de “derecho” no significa que no tenga su asiento en “hechos”, puesto que, en menor o mayor medida, aquella controversia encuentra sustento -de regla- en una plataforma fáctica específica y particular. En consecuencia, será partiendo de tal marco que corresponderá realizar la actividad interpretativa y, a partir de ello, decidir si el fallo recurrido se ajusta o no a la norma convencional incidente. Para decirlo de otra manera: para definir la existencia o no del derecho cuyo reconocimiento y protección se reclama habrá de partirse de los hechos que la Sala consideró probados, de modo que no se revalorará la prueba rendida en el expediente, sino, simplemente, se verificará si resultó adecuada o no la tarea de subsunción o calificación efectuada por el Tribunal. Entonces, cualquier análi-sis sobre el mérito de la impugnación deberá asentarse sobre la idea de que las deficiencias de alegación señaladas determinan la inmutabilidad de la situación fáctica tenida por acreditada en el grado anterior, la que, en consecuencia, resulta definitivamente exiliada del control casatorio. En función de ello, y sobre tales premisas, es que habrá de juzgarse el presente caso. V) Respecto al mérito de la impugnación . V.I) De acuerdo con lo señalado, y a fin de una eventual recalificación jurídica, la base fáctica que en la especie habrá de observarse es la que fuera detallada por el ad quem en su sentencia ( vide : fs. 350 vto./351), la que puede resumirse en los siguientes enunciados: a) Los actores se desempeñaban como Jefes de Distrito, obrando a fs. 147/148 la descripción general del cargo G.5 y G.6. b) A fs. 198/238 vto. luce agregado el Convenio Laboral celebrado entre UTE y AUTE, cuya cláusula No. 14, lit. h) define la denominada Guardia Categoría 2 (C.2), su ámbito de aplicación, el monto de la compensación respectiva y las incompatibilidades para la percepción del beneficio, según surge específicamente de fs. 203/204. c) En autos declararon los testigos Ruben RIVERON BASERGA, que se desempeñó para la demandada como Gerente de Sector Distribución Regional 4 (jerarca de algunos de los actores, jubilado en el año 2017), y María Alexandra CAZENAVE ARAUJO, Gerente del Sector Gestión de Plantillas de UTE al momento de su declaración, quienes son contestes en señalar que estar a la orden fuera del horario de servicio ingresa en la descripción de la función de Jefe de Distrito (cargo que revisten los actores). d) Los accionantes no acreditaron haber realizado guardias, recibido llamadas o tenido que concurrir a realizar tareas, más allá de la descripción de funciones implícitas en su cargo. e) Los reclamantes no probaron haber realizado guardias en los términos previstos en la cláusula No. 14 C2 del Convenio. f) Los actores no alegaron que se dieron a su respecto los “ Requisitos para la aplicación de la compensación” , que son los siguientes: “ En las cuatro categorías definidas como guardias, es indispensable, que las personas que perciban la compensación correspondiente cumplan con dicha actividad al menos durante una semana al mes y no más de dos semanas en el mismo período” , según surge del multicitado Convenio, a fs. 204. V.II) Pues bien; a partir de la base fáctica que viene de historiarse , estima la Corte que no asiste razón a los actores en su planteo. En efecto, el Tribunal -en el acierto o en el error- concluyó que los pretensores revisten en el cargo de “Jefe de Distrito”. Al respecto, en ningún momento la Sala entendió que los actores ocuparan los cargos de “Jefe de Departamento” o “Sub-gerentes”. Tampoco indicó que el cargo de “Jefe de Distrito” fuera asimilable a algunos de los otros dos cargos antedichos. En tal sentido, señaló la Sala que no asiste razón a los promotores cuando postulan haber acreditado los requisitos para que proceda el amparo de su pretensión, en relación con la denominada compensación por C2, reclamada en autos; e indicó luego, punto por punto, cada uno de los requisitos incumplidos, entre los que incluyó, en primer lugar, el referido al ámbito subjetivo normado: “ No existió controversia en cuanto a que los actores se desempeñaban como Jefes de Distrito ” ( vide : fs. 350 vto.). La circunstancia que viene de señalarse resulta decisiva para la suerte del recurso, puesto que el ámbito subjetivo regulado por la norma alcanza exclusivamente a los “Jefes de Departamento” y “Sub-gerentes”. La cláusula en la cual se regula la compensación cuyo pago reclaman los actores no nombra a los “Jefe de Distrito”. En este punto, los pretensores asumieron una conducta contradictoria. En efecto, en casación parecen sentirse jurídicamente satisfechos con el encuadre formulado por la recurrida ( vide : fs. 354 vto. in fine ). Sin embargo, al interponer el recurso de apelación, a fin de convencer a la Sala respecto a que ocupaban cargos de nivel superior alcanzados por el Convenio, afirmaron que “(...) la contraria se cuida extremadamente en llamarlos Jefes de Distrito y no Subgerentes (...)” ( vide : fs. 319 in fine ). Vale decir que, en esa ocasión, implícita pero inequívocamente, negaron que ambas categorías fueran asimilables. De ahí que la demandada, al evacuar el traslado de la impugnación en estudio, sostuviera con razón: “ Refiere la actora (...) que el Tribunal de Alzada ‘reconoció’ como probada la categoría laboral o el cargo ocupado por ella. Y en efecto, en la sentencia se sostuvo que 'No existió controversia en cuanto a que los actores se desempeñaban como... [Jefes de Distrito] '; de modo que no se trata de ningún reconocimiento de agravios expresados en la apelación, sino que de hecho como se señala por el Tribunal, fue mi mandante quien agregó la descripción general del cargo en cuestión (recurso, numeral 2 in fine) ” (fs. 365). En concordancia con lo antedicho, UTE había afirmado al contestar la demanda: “ Los reclamantes no revistan (sic) en los puestos a los que se asocian las compensaciones pretendidas ” (fs. 245); “ En el Memorando de la Sub Gerencia Administración de Plantilla (...) se acompaña el descriptor de funciones del puesto de los actores -Jefe de Distrito Grados 5 y 6- vigente en el período que se reclama. No surgen en ese descriptor las hipótesis contenidas en la precitada Cláusula C2 [Jefe de Departamento y Sub-gerentes] que hacen aplicable la compensación por guardias ” (fs. 245 vto.). Entonces, la defensa asu-mida en el grado por los recurrentes, tendiente a convencer a la Corporación de que el Tribunal les da la razón en cuanto a que se encuentran emplazados en el ámbito subjetivo de la norma, resulta un desafortunado error de estrategia (o si se quiere una equivocada interpretación de lo consignado en la sentencia), porque en realidad la Sala parte de la premisa contraria, al ubicar tal requisito como uno de los incumplidos por los reclamantes, acorde a lo señalado por la parte demandada a lo largo del juicio y a lo indicado por la Sra. Jueza “ a quo ” en el pronunciamiento de primer grado (fs. 314). En suma, en cuanto a la categoría que ocupaban los actores, la Sala no emplazó a los reclamantes en aquellas respecto a las cuales la norma prevé el pago de la compensación (“Jefe de Departamento” y “Sub-gerente”), circunstancia que, por sí sola, pone fin a la suerte de la impugnación. En otras palabras: la plataforma fáctica tenida por acreditada, la cual resulta inmodificable en casación, en forma alguna ilustra que un “Jefe de Distrito” resulte parangonable a un “Jefe de Departamento” o “Sub-gerente”. El Tribunal no lo hizo, ni existen trazos en la sentencia que permitan concluir tal cosa. Incluso, como se indicó, no puede soslayarse que la sentencia de primera instancia desechó tal equiparación, punto que no fue revocado en segunda instancia. En consecuencia, en este primer enfoque y en base a la plataforma fáctica tenida por acreditada, ninguna de las sentencias de mérito -en el acierto o en el error- concluyó que los actores se encuentran comprendidos en el ámbito subjetivo de aplicación definido para la compensación de marras, razón por la cual, forzoso es concluir que la inteligencia de la cláusula realizada por la Sala resulta inobjetable. V.III) Sin perjuicio de lo anterior, que por sí solo resultaría suficiente para desestimar el recurso impetrado, cabe agregar que la sentencia impugnada tampoco tuvo por acreditado que los actores hubieran cumplido guardias domiciliarias durante una semana al mes , a fin de compensar aquellas tareas o actividades que son imposibles de prever o que surgen a raíz de determinadas contingencias o eventualidades fuera del horario habitual de trabajo. Sobre el punto, huelga señalar que las partes en litigio están de acuerdo en que dicho sistema de guardias es el que rige -por Convenio- en el caso. Tal conclusión probatoria, respecto a la no acreditación de las guardias, no puede ser revisada en casación, en tanto siquiera se alegó por los recurrentes la existencia de valoración absurda por parte de la Sala. Bajo el entendido que “estar a la orden” no es lo mismo que cumplir un régimen de guardia, el Convenio exige ambas cosas: i) estar a la orden; y ii) cumplir un sistema de guardias semanales; requisito éste último que la Sala tuvo por no acreditado. Lo expuesto, nuevamente, aleja la situación de los actores de la regulada por la norma , puesto que dicha condición se erige como otro de los elementos sin los cuales el reclamo no puede prosperar. En este enfoque, tampoco merece reproche la tarea de interpretación y subsunción jurídica practicada por el Tribunal de mérito. En definitiva, en mérito a las circunstancias que vienen de apuntarse, el planteo de los recurrentes no puede prosperar. VI) La correcta conducta procesal de ambas partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del Código Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). En suma, por los fundamentos expuestos, y en atención a lo establecido en los arts. 268 y concordantes del Código General del Proceso, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 20 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.