Sentencia Definitiva N° 1.211/2019

Montevideo, cinco de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva en estos autos caratulados: “ÁLVEZ MOU, NAIR Y OTROS C/ COETC - DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN”, IUE: 2-59596/2015 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva DFA-0004-000649/2018 SEF-0004-000158/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to. Turno, el día 24 de octubre de 2018. RESULTANDO : I) A fs. 29 y ss. de estos autos comparecieron los integrantes de la parte actora (familiares del Sr. Luis Alberto Álvez Moura, quien falleció a consecuencia del siniestro acaecido el día 29 de octubre de 2013), oportunidad en la que promovieron demanda de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, contra la Cooperativa de Obreros y Empleados del Transporte Colectivo (en adelante: “COETC”) y el conductor del ómnibus Ricardo Sánchez González. II) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 44/2017, de fecha 25 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 4to. Turno, se falló: “ Desestimando la demanda en todos sus términos...” (fs. 147-152). III) Por Sentencia Definitiva DFA-0004-000649/2018 SEF-0004-000158/2018, de fecha 24 de octubre de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to. Turno, falló: “ Revócase la sentencia apelada y, en su lugar, ampárese parcialmente la demanda y condénase a la parte demandada COETC a abonar a la parte actora las sumas indicadas en el considerando IV, con más los intereses desde la fecha del dictado de esta sentencia, sin especial condena en costas ni costos...” (fs. 208-215). IV) A fs. 222 y ss. compareció la parte demandada, oportunidad en la cual dedujo el recurso de casación en estudio. En síntesis, expresó los siguientes agravios: a) Errónea aplicación del art. 253 del C.G.P. En primer lugar, adujo que la Sala incurrió en un error de derecho por hacer lugar a un recurso de apelación que no fue debidamente fundamentado y, por tal motivo, desconoció el requisito impuesto por el art. 253 del C.G.P. para dicho medio impugnativo. b) Errónea aplicación del régimen de presunciones . Discrepó con la tesis del Tribunal que postuló que, tratándose de un choque de atrás entre un vehículo zaguero y uno delantero que trata de girar a la izquierda, la presunción de quien va a realizar el giro es de “mayor intensidad que la que pesa sobre el zaguero”. No existe norma que disponga tal graduación de presunciones, por lo que no puede aplicarse una solución de tal carácter sin afectar el principio contradictorio y de igualdad de las partes. Tratándose de dos vehículos en movimiento, las presunciones del art. 1324 del C.C. se neutralizan. Lo mismo ocurre con la coexistencia de presunciones en sentido contrario como la del vehículo zaguero y el que gira a la izquierda, por lo que recobra vigencia la carga de la prueba prevista en el art. 139 del C.G.P. Así las cosas, indicó que gravitaba sobre la actora la carga de probar la falta de diligencia o imprudencia del conductor del ómnibus interviniente en el siniestro y, a la demandada, la culpa de la víctima invocada o la ausencia de culpa por parte del chofer. c) Errónea atribución de responsabilidad a COETC . Finalmente, planteó que la Sala incurre en error al imputar responsabilidad al conductor del ómnibus en la causación del evento dañoso. Puntualizó que la calle Dr. Pouey es angosta (de 5,90 mts. de ancho) y de doble sentido. Cada sentido posee un único carril de circulación, por lo que un vehículo de gran porte ocupa todo el carril. Por ello, a un vehículo de grandes dimensiones le resulta imposible salir desde la parada y colocarse aún más hacia el eje medio de la calzada (hacia su izquierda), para iniciar la maniobra de giro, como le reclama el Tribunal. El chofer del ómnibus actuó de modo diligente; detuvo el vehículo con el señalero encendido frente a la parada, a la espera que pasaran los vehículos que circulaban por Dr. Pouey en sentido contrario. Cuando el tráfico cesó se aventuró al cruce y, cuando estaba prácticamente completando el giro y abandonando Dr. Pouey, se produjo la colisión con la moto. Así lo prueba la carpeta técnica de la Policía de Tránsito. Indicó que la testigo Nelly Sánchez expresó que el ómnibus se detuvo frente a la parada, pero no que haya iniciado el giro desde la parada hacia la calle Blanes Viale interponiéndose en la circulación de otros vehículos que circulaban en el mismo sentido por la calle Dr. Pouey. A tal conclusión (que es el fundamento de la decisión de la Sala) resulta imposible de arribar a la luz de los elementos probatorios obrantes en el expediente. Insistió en que resultó totalmente acreditado que el ómnibus se detuvo frente a la intersección de Blanes Viale, a efectos que se liberara el tránsito por la calle Dr. Pouey. Se encontraba con los señaleros encendidos y ocupaba todo el carril de circulación en su sentido, por lo que la motocicleta intentó rebasarlo irregularmente y la colisión se produjo en el centro de la calzada, sobre la parte trasera del ómnibus, cuando el mismo casi culminaba de realizar su giro. Concluyó que, a partir de tales premisas, debe necesariamente convenirse que el chofer del ómnibus obró con toda diligencia para evitar el daño, por lo que no existe fundamento jurídico para atribuir responsabilidad a COETC ni al chofer (arts. 1319 y 1324 in fine del C.C.). Afirmó que la valoración de la prueba realizada por el Tribunal es violatoria del régimen contenido en el art. 140 del C.G.P., que impone una valoración conjunta y racional de los medios de prueba. V) El recurso de casación movilizado fue sustanciado mediante el correspondiente traslado a la actora, que si bien anunció que también adheriría a la casación, se limitó a evacuar el traslado del recurso interpuesto por la contraparte y a abogar por su rechazo (fs. 231-232 vto.). VI) Franqueada la casación, los autos fueron recibidos por la Corporación el día 13 de marzo de 2019 (fs. 244). VII) Por Auto No. 472/2019, de fecha 28 de marzo de 2019, se dispuso el pase a estudio y autos para sentencia (fs. 245 vto.), al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, amparará el recurso de casación impetrado por la parte demandada y, en su mérito, anulará la impugnada, confirmando el fallo de primer grado en cuanto desestimó la demanda. Asimismo, desestimará el recurso de casación impetrado por la parte actora mediante la vía adhesiva. Todo sin especial condenación procesal. II) El caso de autos . a) Hecho dañoso . El día 29 de octubre de 2013, el ómnibus de la coaccionada COETC Marca Volvo – Marcopolo, Matrícula ATC 1222, conducido por el Sr. Ricardo Sánchez González, circulaba por la calle Dr. Pouey de la ciudad de Las Piedras en dirección Norte. Al llegar a la intersección con la calle Blanes Viale, el conductor se detuvo, puso el señalero y, luego de dejar pasar los vehículos que circulaban por Dr. Pouey en la dirección opuesta, giró a la izquierda para tomar la calle (perpendicular) Blanes Viale. En medio de dicha maniobra, la moto Rocket Matrícula ATB 583, conducida por el Sr. Luis Alberto Álvez Moura (que circulaba por la izquierda de la calzada en la misma dirección norte) impactó con el ómnibus. La colisión se produjo sobre el costado izquierdo de la unidad de transporte colectivo, cerca de la cubierta trasera (ver carpeta del accidente elaborado por el Departamento de Policía Técnica a fs. 78 y ss.). El Sr. Álvez Moura sufrió un politraumatismo grave a raíz del accidente y fue ingresado a la Emergencia de la Médica Uruguaya, donde falleció a la hora 00:20 a causa de las lesiones experimentadas (ver partida de defunción a fs. 3). b) La demanda . Conforme emerge del acto de proposición inicial de la parte actora (fs. 29-34), un grupo de familiares de la víctima del accidente de tránsito comparecieron a demandar a COETC y al conductor del ómnibus la reparación de los daños que experimentaron a causa del accidente. Discriminaron el daño cuya reparación reclaman en los siguientes rubros: (i) daño extrapatrimonial; (ii) daño emergente y; (iii) lucro cesante. c) Sentencias de primera y segunda instancia . La pretensión fue íntegramente rechazada en primera instancia. La decisora de primer grado llegó a la conclusión de que, en el subexamine , se verifica la eximente de responsabilidad “hecho de la víctima” porque el causante del accidente fue el motociclista, que actuó de manera imprudente. En definitiva, le atribuyó la responsabilidad en la ocurrencia del siniestro a la víctima y desestimó íntegramente la demanda. En segunda instancia, sin embargo, la conclusión fue diversa. La Sala planteó que el caso encarta en la hipótesis de choque entre un vehículo zaguero (la moto) y uno delantero (el ómnibus de COETC), en ocasión de que este último intentaba una maniobra de giro a la izquierda con el objetivo de ingresar a una vía transversal. Siendo así, argumentó que la parte actora no debía acreditar la negligencia ni el nexo causal. Era carga del demandado acreditar que obró con la debida diligencia ante las emergencias para desvirtuar la presunción en su contra, por efectuar un giro con el objetivo de cambiar el sentido de la circulación, presunción de mayor intensidad que la que pesaba sobre el zaguero. El Tribunal tuvo por acreditado que el demandado no obró con la debida diligencia y no consideró probados los extremos para que pueda concluirse que se perfila la eximente hecho de la víctima. No está probado, según el ad quem , que la causa generatriz del accidente se halle en la conducta culpable del motociclista (ver en particular el Considerando III a fs. 210 vto. a 214 vto.). Además, la Sala consideró que el conductor del ómnibus obró de manera negligente, porque inició la maniobra de giro a la izquierda desde la parada de ómnibus ubicada frente a la intersección de Dr. Pouey y Blanes Viale, sin aproximarse al eje medio de la calzada. En consecuencia, hizo lugar a la demanda y condenó a COETC a reparar a la parte actora algunos de los daños reclamados (los que detalló en el Considerando IV), con más los intereses desde la fecha de la sentencia. III) En cuanto a la errónea aplicación del art. 253 del C.G.P. En primer lugar, corresponde despejar el cuestionamiento sobre el recurso de apelación y su ajuste a las reglas rituales. La recurrente expresó que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to. Turno no debió hacer lugar al recurso de apelación, porque el escrito por el que se introdujo (fs. 153-156) no lo fue en base a los requisitos formales exigidos por la ley procesal y, puntualmente, porque carece de una crítica razonada de la sentencia. Este cuestionamiento no resulta de recibo. Si se repasa el escrito por el que se introdujo el recurso de apelación, se advertirá que contiene una crítica razonada de la sentencia que cumple a cabalidad los requisitos impuestos por las reglas de rito (arts. 248 y siguientes del C.G.P.). Ningún reproche cabe al obrar del Tribunal en este sentido, que consideró formalmente admisible el recurso. La parte recurrente, al apelar, explicitó las razones por las cuales no compartía la valoración de la prueba realizada en primera instancia y, en especial, sobre porqué entendía que no se verificaba la eximente hecho de la víctima. Concretamente, cuestionó que se haya tenido por probado que conducía a velocidad excesiva y, en definitiva, los extremos fundantes de la adscripción de responsabilidad a la víctima en el evento dañoso. El Tribunal, con toda justeza, relacionó en los resultandos el memorial de agravios planteado, por lo que no cabe reproche alguno al proceder de la Sala fundado en que la apelante no observó algún requisito formal de orden procesal. IV) En cuanto al mérito . Como se adelantó, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, considera que le asiste razón a la parte demandada en cuanto se agravió por la ilegítima atribución de responsabilidad en la causación del accidente y, en su mérito, revocará la impugnada, desestimando la demanda en todos sus términos. V) En cuanto a la situación jurídica del conductor que realiza un giro a la izquierda . En relación a este punto, corresponde admitir las premisas conceptuales de las que parte la Sala, por resultar correctas e inobjetables. En efecto, se asiste a un choque entre un vehículo zaguero (la motocicleta) y uno delantero (el ómnibus de COETC), en ocasión en que este último realizaba un giro a la izquierda para tomar una vía perpendicular (Blanes Viale), luego de abandonar la calle de doble mano por la que venía circulando (Dr. Pouey o Ruta 5 “vieja”). También se comparten las premisas conceptuales que, con apoyatura en la mejor doctrina, la Sala estableció en relación a la situación jurídica del vehículo que emprende el giro a la izquierda. Como enseña Gamarra (de cuya opinión hace caudal la sentencia impugnada) la maniobra de giro a la izquierda reviste una enorme importancia, porque puede interceptar la trayectoria de cuatro corrientes de circulación. En primer lugar, la que marcha por su misma vía pero en sentido opuesto, así como también la de aquellos que se desplazan por la transversal que intenta abordar el que gira. Y aquí (si la calle tiene doble sentido) serán dos: los que circulan a la izquierda del que gira y siguen la dirección opuesta a la que este va a tomar y los que marchan en el mismo sentido que pretende asumir quien realiza el giro. Pero además, como enseña nuestro autor: “… la maniobra del giro compromete asimismo al conductor zaguero, que circula detrás del que maniobra para realizar el viraje… ” (Cf. GAMARRA, J.: “Tratado de Derecho Civil Uruguayo” , T. XXII, FCU, Montevideo, 2006, pág. 100). Efectivamente, como bien señala la Sala, el vehículo que va a girar a la izquierda deberá tomar múltiples precauciones. Deberá aproximarse al eje izquierdo de la calzada; anunciar el giro mediante las señales lumínicas antes de que tenga lugar el desplazamiento oblicuo, que deberá realizarse de manera gradual y progresiva, para no interceptar abruptamente con una maniobra repentina la marcha de los vehículos posteriores. Tendrá que tener en cuenta la distancia que lo separa de estos últimos utilizando el espejo retrovisor, porque estos habrán de sobrepasarlo por la derecha (única excepción al adelantamiento por la izquierda permitida normativamente). De esta manera la ubicación junto al eje, a la izquierda, deja libre el lado derecho de circulación para que pase el zaguero. La particular situación de quien realiza esta maniobra determina que (esto es: quien gira a la izquierda para cambiar de dirección o sentido de su marcha) deba presumirse que es responsable del accidente (Cf. GAMARRA, J: “Tratado...” , cit., pág. 103; en igual sentido SZAFIR, D.: “Accidentes de tránsito” , Facultad de Derecho – Universidad de la República, Montevideo, s/f, págs. 94-95). Como ha dicho reiteradamente nuestra jurisprudencia (de acuerdo con Gamarra) cuando se verifica una colisión entre el vehículo zaguero y el delantero que había iniciado una maniobra de giro hacia la izquierda, no rige la presunción desfavorable del primero que se entiende aplicable al choque de atrás. Por el contrario, la responsabilidad del hecho lesivo debe serle atribuida, prima facie , al guardián del vehículo delantero, quien debió asegurarse antes de comenzar el giro, maniobra eminentemente riesgosa, que no interfería en la línea de desplazamiento de los vehículos que circulaban en la misma dirección (Cf. GAMARRA, J: “Tratado...” , cit., pág. 104 y, en especial, nota al pie Nº 14). Bajo estas coordenadas conceptuales, es evidente que, en el subexamine , gravita una presunción en contra de la demandada. Debía destruirla acreditando ora su ausencia de culpa ora la configuración (total o parcial) de una causa extraña (Cf. Sentencias Nos. 403/2017 de este Cuerpo y 127/2016 TAC 1º RDJDC año V, T.V -2017- Caso 648 pág. 700). VI) A juicio de la Corporación, en el subexamine emerge probada la plataforma fáctica que permite concluir que: a) el conductor del ómnibus efectivamente actuó con la debida diligencia y; b) el obrar negligente o culposo que le endilgó la Sala resulta huérfano de cualquier elemento probatorio. VI.1) En cuanto a la conducta del chofer del ómnibus. Como bien lo señala la recurrente en su escrito impugnativo, todos los elementos de juicio disponibles demuestran que el conductor del ómnibus actuó con la debida diligencia. Por lo tanto, el obrar negligente que se le atribuye para responsabilizar a la codemandada COETC, no está jurídicamente justificado. Corresponde comenzar por recordar que la Sala sostuvo que: “... el demandado no acreditó haber obrado con la diligencia debida ante las emergencias para poder desvirtuar la presunción en su contra por efectuar un giro con el objeto de cambiar de sentido de la circulación, presunción de mayor intensidad que la que pesaba sobre el zaguero ” (fs. 210 vto.-211). Más aún, sostuvo que el conductor del vehículo obró de forma culposa porque, previamente a realizar el giro a la izquierda, no se aproximó al eje medio de la calzada. Concretamente (a partir de lo afirmado –aparentemente- por la testigo Sánchez) sostuvo que: “... inició la maniobra de giro desde la parada de ómnibus que existe sobre el lado este de la acera de Dr. Puey [ rectius : Pouey] , lo que implica que no se aproximó al eje medio antes de ejecutar la maniobra (num. 4) del art. 18 de la ley 18.191) y lleva a concluir que el imprudente giro interceptó el sentido de circulación de la víctima, quien no fue advertido por el conductor del transporte ” (fs. 211 vto.). Pues bien, a juicio del Colegiado, la conducta culposa que se le atribuye al chofer no encuentra respaldo en los dichos de la testigo Nelly Sánchez Morales. Además, resulta desvirtuada por lo que surge de la carpeta del Departamento de Policía Técnica (que obra a fs. 9 y siguientes del expediente penal acordonado y, también, a fs. 78 y siguientes infolios ). Acto seguido se analizarán los medios probatorios referidos. VII) a) La declaración testimonial . Corresponde repasar los dichos de la testigo Sánchez (testigo ciertamente clave por ser la única que declaró en relación a las circunstancias del accidente) para determinar si, a partir de los mismos, resulta sostenible la conclusión de la Sala de que el giro se inició “desde la parada de ómnibus” y sin aproximarse al eje medio de la calzada. En su declaración inicial, en sede penal, la Sra. Nelly Sánchez manifestó que venía sentada en el primer asiento paralelo al chofer y describe la situación: “ El coche llega a la parada de la calle Blanes Viale y Dr. Pouey, yo veo que el chofer se detiene, deja pasar el tránsito que venía por Dr. Pouey en dirección contraria a este. El chofer retoma la marcha y comienza a doblar hacia la izquierda, en ese mismo momento siento el impacto contra el ómnibus” (fs. 8 del expediente penal acordonado). Se le interrogó si al momento en que el chofer llegó a la parada y dejó pasar otros vehículos, detuvo totalmente la marcha. Ante esta pregunta, la testigo contestó: “ El coche estaba totalmente detenido, yo en ese momento veía que parpadiaba la luz que tiene y que es del señalero ” (fs. 8 del expediente penal acordonado). De su declaración no es posible inferir que el chofer haya iniciado el giro “desde la parada”, sino que lo que aseveró la testigo es que se detuvo a la altura de la parada (esto como se verá seguidamente resultará totalmente corroborado con su declaración en sede civil). Menos aún, es posible aseverar, a partir de su testimonio, que el chofer no se haya aproximado al eje medio; sobre este último punto, la declaración no resulta relevante y la realizada en Sede civil, como se verá, nada aporta. Como se adelantó, mucho más precisa y detallada es la declaración de la testigo recibida en el curso de este proceso. Pero ciertamente, a juicio de la Corporación, no tiene el valor probatorio que la Sala le atribuye. En la pista 1, la testigo aseveró sobre las circunstancias del accidente que venían circulando en el ómnibus y: “... cuando llegamos a la intersección de Blanes Viale creo que se llama esa calle que es la calle del cementerio de Las Piedras, el chofer se detuvo en la parada esperando que pasara todo el tránsito que venía (...) él se detuvo y esperó pasó tanto el tránsito que venía de Montevideo hacia afuera como el que venía de Montevideo hacia adentro” (minuto 02:22 Pista 1). Sánchez puntualizó que en la parada no descendieron ni subieron pasajeros. Declaró: “...no descendió nadie nada…el chofer se detuvo para dejar que el tránsito que viniera pasara para el después realizar su maniobra de doblar” (minuto 03:05 Pista 1). A juicio del Colegiado, esto demuestra que el ómnibus se detuvo a la altura de la parada que está en la intersección de Dr. Pouey y Blanes Viale; no que se aproximó a la parada y comenzó el giro desde ahí, como entendió la Sala. Va de suyo que si no descendió ni subió nadie, el chofer del ómnibus continuó su tránsito de forma rectilínea y se detuvo, a la altura de la parada, con el señalero encendido, a la espera que el tránsito que iba hacia Montevideo en sentido contrario le permitiera aventurarse al cruce. Luego dijo: “ Estuvimos mucho tiempo parados en esa parada, porque hay una parada ahí en Blanes Viale y las viviendas y la Ruta 5 y estuvimos un tiempo ahí dándole paso a dios y a todo el mundo que pasó en ese momento ” (minuto 0,29 Pista 3). Asiste total razón a la observación que realiza la recurrente en su escrito impugnativo, cuando postula que no se desprende de la declaración de la testigo Sánchez que el ómnibus haya realizado una maniobra de giro “desde la parada”, como asevera la Sala, hacia la calle Blanes Viale interponiéndose en la circulación de los vehículos que circulaban por Dr. Pouey en el mismo sentido. En suma, la premisa de la que parte la Sala de que el conductor del ómnibus inició el cruce “desde la parada” carece de respaldo en el material probatorio disponible. Ningún elemento de prueba conduce a sostener esa aseveración y, particularmente, no lo permite la declaración testimonial en la que se apoya la Sala. Tampoco existe otro elemento probatorio que demuestre que el chofer no se acercó al eje medio antes de iniciar el cruce (aspecto que se analizará en el siguiente Considerando). VIII) b) La carpeta de la Policía Técnica. A criterio de la Corporación, la ausencia de un obrar negligente de parte del chofer del ómnibus, también resulta abonado por las resultancias de la carpeta de Policía Técnica (fs. 78-86 del principal y que también obra en el acordonado). Las fotos sobre las características de la calle Dr. Pouey, en especial su ancho y su estado, demuestran que el reproche de la Sala al chofer cuando le recrimina que no se “aproximó al eje medio”, está reñido con la realidad probada. En efecto, la calle Dr. Pouey es una vía de doble mano bastante angosta (según el plano que obra a fs. 85 su ancho es de 5,90 metros en total; por lo tanto, cada carril no llega a los tres metros de ancho). Va de suyo que, en una calle de estas dimensiones, cuando un ómnibus transita por uno de sus carriles, lo ocupa completamente. Resulta imposible exigirle al conductor del ómnibus que se “aproxime al eje medio” para iniciar el giro en una calle de estas dimensiones, porque la unidad ocupa la totalidad del carril. Es de toda justeza la observación que la recurrente consigna a fs. 225 para objetar el razonamiento probatorio de la Sala. Cabe transcribirla por su acierto: “ De la documentación planimétrica de Policía Técnica surge que Dr. Pouey tiene 5,90 metros de ancho, distribuidos en sus dos sentidos de circulación. De ello surge claramente que un vehículo de gran porte como el ómnibus de autos, ocupa fácilmente todo el carril por lo que le es físicamente imposible salir de la parada y colocarse aún más hacia el eje medio de la calzada (hacia su izquierda) para iniciar la maniobra de giro como pretende el Tribunal ” (fs. 225-225 vto.). Asiste razón a la impugnante en cuanto afirma que la Sala juzgó al chofer como si hubiese estado transitando en una calle con otras características, en la que la aproximación al eje medio (por las dimensiones de la vía) fuera posible. Ahora bien, ello no es lo que ocurre en una calle como Dr. Pouey de la ciudad de Las Piedras; basta repasar las fotografías que lucen a fs. 80 vto., tomadas la misma noche del accidente, para corroborar que la calle es angosta y el eje medio ni siquiera está señalizado. IX) En definitiva, a juicio del Corporación, la maniobra se realizó de la única forma en que esta era posible y con las precauciones del caso (utilizando el señalero, habiendo anunciado la misma con un considerable tiempo y luego de dejar pasar el tránsito en sentido contrario). Todos los elementos de juicio disponibles, especialmente la carpeta técnica y la declaración testimonial, como se señaló, demuestran que el chofer obró con toda diligencia para evitar el daño, por lo que no existe fundamento jurídico para atribuir responsabilidad a COETC ni al chofer (arts. 1319 y 1324 in fine del C.C.). No existe, por otra parte, elemento probatorio alguno que permita sostener la atribución de la conducta culposa que la Sala le imputó al chofer. No está probado que haya iniciado el giro a la izquierda desde un lugar inapropiado (“desde la parada”, como aseveró la Sala). Incluso, en un enfoque complementario, el lugar donde está emplazada la parada de bus (fono nº 1 a fs. 80 vto.) a pocos metros de la esquina; y a estar a la posición final del bus (fs. 85), confirma que la maniobra de giro “desde” su sitio, era la única físicamente posible en el caso. No había otra maniobra posible. Vale decir, que ya se mire como iniciada “desde” o “a la altura” de la parada, la solución no cambia. Menos aún resulta de recibo el reproche de que no se aproximó al eje medio de la calzada antes de iniciar el giro. Como surge con claridad de la carpeta de la Policía Técnica, la unidad de transporte colectivo ocupaba prácticamente todo el carril de circulación de la calle Dr. Pouey; por ende, lo que se le reprochó, en ese sentido, es sencillamente un imposible. X) En cuanto a la calificación del vicio en que incurrió la Sala. Sin perjuicio de que, como se señaló anteriormente, se arribará a la solución anulatoria por unanimidad, en el seno de la Corporación se suscitan diferentes posiciones entre los Sres. Ministros en lo que respecta a la calificación del error en que incurrió la sentencia atacada. X.1) A juicio de los Sres. Ministros Dres. Turell, Martínez y el redactor, la Sala infringió las normas relativas a la valoración de la prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P.), lo cual, conforme se analizó en los numerales anteriores, la condujo a concluir que el responsable del siniestro fue el conductor del ómnibus. En relación a la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal ad quem , los Sres. Ministros, reiteran la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que la revaloración del material fáctico tenido en cuenta por los tribunales de mérito se encuentra vedada en la etapa de casación, salvo en hipótesis de absurdo evidente, arbitrariedad o ilogicidad en la ponderación realizada por dichos órganos. Sobre el particular, este Colegiado ha sostenido en forma reiterada que a pesar de que el art. 270 del C.G.P. prevé la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba como causal de casación, el ámbito de la norma queda circunscripto a la denominada prueba legal o tasada y, en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando se incurre en absurdo evidente por lo grosero o infundado del razonamiento y la denuncia de tal error surge, explícita, del memorial de agravios o se infiere de la forma en que ellos han sido estructurados. En esta línea de razonamiento, la Corporación ha expresado que tanto la revisión de la plataforma fáctica como la revaloración de la prueba no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría a esta etapa de casación o de revisión meramente jurídica en una tercera instancia no querida por el legislador (cf. Sentencias Nos. 58/1993, 716/1996, 338/2002, 323/2003, 202/2005, 706/2008, 74/2009, 163/2009 –en R.U.D.P. 1-2/2010, c. 1122, págs. 596 y 597-, 685/2012, 243/2013, 534/2013, 16/2014, 306/2015 y 66/2016, 162/2016, 10/2017, 216/2017, 406/2017, por citar solamente algunas). Ahora bien, no sólo se requiere la existencia de una contradicción grosera de las reglas legales de valoración de la prueba, sino que, además, ello debe surgir de la forma en que se estructuraron los agravios, aun cuando el impugnante no hubiese utilizado, concretamente, las expresiones de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta (art. 273 del C.G.P.). Es necesario que del contenido de sus agravios surja, cualesquiera sean los términos que utilice, que lo que se denuncia es la existencia de una valoración absurda o arbitraria, extremo que el impugnante cumplió a cabalidad en la subexamine . En definitiva, a juicio de los Sres. Ministros Turell, Martínez y el redactor, conforme fue examinado pormenorizadamente (Considerando nº V a IX), la Sala infringió las normas que disciplinan la valoración de la prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P.), la que se puede calificar como arbitraria o ilógica y, en consecuencia, que amerita ser revisada casación. X.2) En opinión de los Sres. Ministros Dres. Minvielle y Tosi , la conclusión de que el chofer de COETC no obró con la debida diligencia no solamente carece de cualquier respaldo probatorio, sino que resulta desacreditada por todos los elementos de juicio disponibles. Esto determina que la sentencia adolezca de un vicio lógico en su motivación, porque la conclusión probatoria no se sustenta en los medios probatorios que supuestamente la respaldan. A criterio de los Sres. Ministros Dres. Minvielle y Tosi, más que de un problema de valoración de la prueba, el vicio atañe a la atinencia lógica entre las conclusiones probatorias y las premisas de las que se parte; radica, por ende, en un vicio en la motivación de la sentencia, enteramente controlable en casación. El fundadísimo cuestionamiento que la recurrente realiza a los desarrollos argumentales del Tribunal y, en especial, a la forma en que se construyen sus argumentos y, como corolario de ello, a sus conclusiones probatorias, determinan que su agravio sobre la decisión de atribuirle responsabilidad a la demandada deba ser amparado. En este caso, a juicio de los Sres. Ministros, se advierte un error de justificación o motivación de la premisa fáctica del fallo (del juicio de hecho). Ese error, fue debidamente denunciado por la recurrente. Se trata de un error en la justificación externa del fallo y, como tal, resulta corregible en casación (como error de fundamentación, justificación o motivación). Como observa Taruffo, el control en casación es un juicio ex post sobre el modo en que el Tribunal ha respaldado sus conclusiones probatorias, para verificar si estas han sido razonablemente justificadas por los argumentos del órgano de mérito y por las pruebas sobre las cuales se fundan. El control sobre la motivación no implica un reexamen del juicio de hecho, que revise si los elementos probatorios disponibles otorgan un grado de suficiente confirmación a las hipótesis referidas a la existencia del hecho. Se trata de un control que se realiza de manera inversa: parte de la premisa de que el hecho tenido por probado es cierto (dado que ha sido acogida como válida en la sentencia impugnada) para verificar si esta asunción está razonablemente justificada por los argumentos que el juez de mérito ha adoptado y las pruebas sobre las cuales se fundan aquellos argumentos. Este contralor puede versar sobre las inferencias probatorias formuladas por el juez de mérito o sobre el uso que haya hecho de las máximas de la experiencia; sin embargo, ello no quita que se trata de una verificación ex post , conducida respecto de la racionalidad de los argumentos que justifican el juicio de hecho, y no en función de una reformulación de este juicio. Como expresa textualmente este autor: “... las argumentaciones justificativas que constituyen la motivación son controlables en cuanto justificaciones, sin que ello implique la reformulación de la decisión ” (Cf. TARUFFO, M. “El vértice ambiguo (Ensayos sobre la casación civil)” , Palestra, Lima, 2005, págs. 180-181 y 194; la transcripción entrecomillada se encuentra íntegramente en esta última página). Parece algo evidente que el juicio de hecho es siempre relacional a determinados elementos de juicio (elementos probatorios), en los que la conclusión de cómo ocurrieron los hechos se sustenta. Es necesario, desde luego, que esos elementos probatorios se expliciten debidamente porque, de lo contrario, la conclusión probatoria no estará debidamente asentada las premisas que la sostienen y la justificación del razonamiento adolecerá de un vicio lógico. Como observa Jordi Ferrer Beltrán, la justificación de las decisiones judiciales sobre los hechos es siempre relacional a un conjunto de elementos de juicio. En sus palabras: “... un enunciado del tipo “Está probado que p” es, en realidad, un enunciado incompleto, puesto que debe necesariamente relacionarse con un conjunto de elementos de juicio perfectamente identificados. Este conjunto de elementos de juicio estará conformado por los medios de prueba admitidos y practicados en el proceso judicial. ”(Cf. FERRER BELTRÁN, J; “Motivación y racionalidad de la prueba” , Grijley, Lima, 2016, págs. 63-64). Un error judicial relativamente frecuente, ocurre cuando el órgano decisor (Juez o Tribunal) realiza una errónea interpretación de los hechos probatorios. Como observa Alicia Castro, es posible que el decisor incurra en error humano en la apreciación de los elementos probatorios (interpretación de un documento; de un testimonio; de una declaración de parte o de un dictamen pericial). Una valoración inexacta, defectuosa o derechamente inaceptable de las pruebas aportadas puede determinar que se tengan por probados hechos que no lo han sido o, inversamente, pase inadvertido que hay prueba fehaciente de hechos que se descartan como no probados. En cualquiera de estos casos, la decisión no estará fácticamente justificada (Cf. CASTRO, A: “Principio de tutela jurisdiccional efectiva y motivación de la sentencia” en “Estudios de Derecho Administrativo” , Nº 14 (2016), La Ley Uruguay, pág. 931). Con tales entendimientos, para los Sres. Ministros Dres. Minvielle y Tosi, el error de la Sala que denuncia la recurrente, más que un error en la valoración del material probatorio (como en algún pasaje del escrito impugnativo parece denunciarlo la recurrente), constituye un error de fundamentación o motivación de la sentencia. Constituye un vicio lógico en el razonamiento, en la medida de que presenta una conclusión (que el chofer inició el giro “desde la parada” sin aproximarse al eje medio) que no encuentra apoyatura en el medio probatorio que supuestamente la respalda (el testimonio de la Sra. Sánchez). No se trata de una discordancia en la valoración del testimonio, sino que directamente el contenido del testimonio no se relaciona, en absoluto, con la conclusión probatoria. XI) En cuanto al recurso de casación anunciado por la parte actora por vía adhesiva . Conforme emerge de fs. 231 y ss. la actora, al evacuar el traslado del recurso de casación interpuesto por la contraparte, si bien anunció que también adheriría a la casación, se limitó a contestar los agravios esgrimidos por la demandada, razón suficiente a los efectos de desestimar el medio impugnativo movilizado (art. 273 del C.G.P.). Sin perjuicio de lo anterior, la solución a la que se arribó en relación al recurso de casación interpuesto por vía principal, también conduce a la conclusión antedicha. XII) La correcta conducta procesal de ambas partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del C. Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). XIII) Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA: AMPÁRASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA Y, EN SU MÉRITO, ANÚLASE LA SENTENCIA IMPUGNADA, CONFIRMÁNDOSE EL FALLO DE PRIMER GRADO EN CUANTO DESESTIMÓ LA DEMANDA. DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR VÍA ADHESIVA. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 30 BPC. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO, PUBLÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.