Sentencia Interlocutoria N° 1.490/2019

Montevideo, cinco de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia interlocutoria estos autos caratulados: “M.M. - DENUNCIA - OTRO - INCIDENTE DE RECUSACIÓN”, IUE: 1-33/2019. RESULTANDO : I) Que con fecha 25 de marzo de 2019, a fs. 2/5 vto., comparecieron las Dras. Graciela FIGUEREDO y Rossana GAVAZZO, en representación de S.S. y D.D., en los autos caratulados “M.M. - DENUNCIA”, IUE: 316-10015/1987, a efectos de promover demanda incidental de recusación de la Sra. Ministra de esta Corporación, Dra. Bernadette MINVIELLE. Señalaron que el 20 de marzo de 2019, la Sra. Ministra recusada fue entrevistada en el programa “En Perspectiva”, emitido por Radio 1170 AM, oportunidad en la que emitió una serie de opiniones que, a juicio de los comparecientes, afectan su imparcialidad e implican un pronunciamiento indebido dirigido hacia los jueces que intervienen en las causas que se relacionan con hechos que involucran la actuación de las Fuerzas Armadas durante el período de facto cívico militar. Indicaron que, en la referida entrevista, la Sra. Ministro dijo en relación a la Defensa que asistió a los militares juzgados por presuntos crímenes cometidos durante la última dictadura militar, entre otras cosas, que “... interpusieron excep-ciones de inconstitucionalidad, excepciones de prescrip-ción, cuanta dilatoria había...” y “... algún juez tuvo que haber parado el carro, no lo hizo, no les pararon el carro, al contrario los dejaron correr muchas veces...”. Afirmaron que tales comentarios, referidos en general a la Defensa que los presentes defensores desempeñaron en distintos expedientes relativos a estos hechos, son de una gravedad inadmisible e injustificable, al punto que afectan su imparcialidad en la decisión a tomar en futuros pronunciamientos, y los términos en que se expresa implican un juicio de valor personal respecto de lo que los jueces deberían hacer ante la defensa de los indagados militares. Máxime cuando, actualmente, se encuentran pendientes de su decisión múltiples excepciones de inconstitucionalidad, entre otras, la relativa a la creación y actuación de la Fiscalía de Lesa Humanidad. Sostuvieron que el alto cargo en la jerarquía del Poder Judicial que la entrevistada ocupa le impide tales pronunciamientos sobre la actuación de los jueces y sobre las herramientas legales que la defensa hace valer válida y legítimamente en la asistencia a los indagados. Las manifestaciones de la Sra. Ministra vulneran las garantías del debido proceso de los indagados en las causas a las que la magistrada estaba refiriendo en la entrevista, garantías que no solo son o deben ser formales y aparentes, sino que se componen de un elemento de fondo fundamental en un sistema republicano, como lo es el sometimiento a tribunales imparciales. Quien define las herramientas legítimas de defensa como “dilatorias” y manifiesta públicamente que los subordinados al órgano que integra debieron “parar el carro”, sin duda padece de un designio anticipado que la obliga a apartarse de las causas. Añadieron que la Sra. Ministra vulnera otro sagrado principio de raigambre constitucional, como lo es la independencia de los jueces en el ejercicio de su función, al que también refiere en un pasaje de la entrevista. Dijeron que las expresiones por demás infelices dan cuenta de la afectación de su credibilidad, o mejor dicho, de la imparcialidad a la hora de pronunciarse. Se verifica en el caso “circunstancia comprobable que pueda afectar la imparcialidad del Juez por interés en el proceso en que interviene o afecto o enemistad a las partes o sus abogados o procuradores, así como por haber dado una opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento)”. Agregaron que la magistrada transgredió la obligación que impone a los jueces el art. 94 de la Ley No. 15.750. Por lo expuesto, solicitaron a la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE que se abstenga de intervenir en el asunto, y, para el caso contrario, a la Corporación que reciba la prueba ofrecida, remita los autos al Ministerio Público y, en definitiva, dicte sentencia haciendo lugar a la recusación planteada, separando a la cotitular de la Corporación de la decisión, así como de cualquier participación del asunto que se ventila en estos autos y en todas las causas relacionadas con hechos denunciados durante el proceso cívico militar. II) Con fecha 3 de abril de 2019, se formó la presente pieza separada en cumplimiento de lo dispuesto por Auto No. 528 de fecha 1º de abril de 2019, dictado en los autos IUE: 316-10015/1987, la que quedó registrada en la IUE: 1-33/2019. III) Que con fecha 8 de abril de 2019, a fs. 12/16, la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE contestó la demanda de recusación y abogó por su rechazo. Señaló en primer lugar que la demanda de recusación resulta de rechazo por razones de forma. Indicó que se pretende invocar una causal superviniente, relativa a la imparcialidad de su persona, que se hace valer durante el curso de un proceso de inconstitucionalidad, y, a su vez, insólitamente, se pretende que una decisión estimatoria irradie sus efectos en su actuación en las restantes causas relacionadas con las FF.AA. durante el período de facto. Sostuvo que el planteo realizado por las Defensoras es extemporáneo, pues las consideraciones que hoy se estiman parciales y sustento de un indebido proceso hacia sus defendidos, ya habían sido realizadas por la compareciente en momento de dictar sentencia como titular del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno, y adquirieron estado público. En tal ocasión, realizó idénticas apreciaciones aunque con mayor rigorismo técnico, porque el acto procesal así lo exigía. En esa ocasión (sentencia dictada en 2016) se exhortó a los Magistrados de primera instancia a que, en supuestos de incidencia (ya sea por prescripción, ya por nulidad), hicieran cabal uso del art. 297 del C.P.P. (trámite por separado) y fundaran, en su caso, la razón por la cual se suspendía el desarrollo del proceso principal. Dijo que los cuestionamientos que en su momento se realizaron obedecieron a la estrategia defensiva que se realizaba por goteo, en el propio proceso principal y con continua paralización de su decurso. Pero no se cuestionaba a los Defensores, quienes adoptaron la estrategia de Defensa que mejor servía a los intereses de sus defendidos. Sí se cuestionaba la actuación de los Sres. Jueces de instancia, que no hacían uso del poder-deber de dirección y ordenación del proceso que dimana del C.G.P. y resulta aplicable a los procesos penales por la norma de reenvío o complementación contenida en el art. 6 del C.P.P. Anotó que dicho asunto tuvo repercusión mediática, tal como se acredita con la nota de la revista “Caras y Caretas” del 2 de octubre de 2016. Concluyó al respecto que esa exhortación y hasta llamado de atención a los Sres. Jueces de instancia (no a los “subordinados”, como dicen los demandantes), lo fue para que en uso de la potestad legítima que le otorga la ley, evitaran las dilatorias injustificadas, significando a su vez que la Sra. Ministra actuó en el ámbito de sus legítimas potestades como órgano de alzada. Indicó que, en ese marco, sus dichos en el programa radial se limitaron a reeditar aquel pronunciamiento, en el tono coloquial propio de una entrevista radial. Apuntó, por otro lado, que al margen de las razones formales indicadas, corresponde rechazar la demanda porque las manifestaciones realizadas no reflejan, en absoluto, que haya perdido imparcialidad e independencia, o que haya socavado la independencia de los jueces y tribunales de menor jerarquía. Manifestó al respecto, en primer lugar, que la expresión está sacada de contexto. Si se atiende a éste, se advertirá que lo que estaba defendiendo era la regularidad jurídica de los procesos penales seguidos contra los militares acusados de violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente. En tal sentido, expresó en la entrevista: “...discrepo en cuanto a que no hubo un juicio justo, que no tuvieron garantías; es más, tuvieron todas las garantías habidas y por haber, tuvieron un abogado, interpusieron excepciones de inconstitucionalidad, excepciones de prescripción, hicieron uso de cuanta dilatoria había, en el ejercicio legítimo del derecho de defensa. Algún juez debió haber parado el carro, pero no se les paró el carro, al contrario, se los dejó correr muchas veces, y con eso se iban los años”. Dijo que esa “parada de carro” exigida a las Sres. Jueces de primera instancia habían sido expresadas ya en sentencia, en el marco de las potestades que como superior procesal le alcanzaban, exigiéndose a aquéllos el uso del poder-deber de dirección y ordenación del proceso, frente a defensas por goteo o individuales y reiteradas. En nada afectó la independencia de los letrados penales de primera instancia y en nada, tampoco, se vio afectada su imparcialidad. Lo actuado fue en el marco de la Constitución y la ley. Agregó que sus expresiones están en el encuadre de un discurso que se dirige a defender la integridad de la actuación del Poder Judicial en dichos procesos. Señaló que no ve afectada su imparcialidad por defender la actuación de otros jueces, que aplicaron el Derecho positivo vigente. Tampoco por referir a estrategias forenses que pretendió frenar. No se critica la estrategia defensiva; sí se exige a los jueces de instancia la consideración ordenada y dirigida del proceso que permita que la tan manida eficacia judicial no se resuelva en una quimera. Por lo expuesto, rechazó la recusación planteada, abogando por el rechazo de la demanda. IV) Que con fecha 29 de abril de 2019, a fs. 18, la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE solicitó la agregación de prueba superviniente. V) Que con fecha 2 de mayo de 2019, a fs. 20, la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE designó al Dr. Gabriel VALENTÍN como letrado patrocinante y le confirió la representación del art. 44 del C.G.P. VI) Por Decreto No. 801, de fecha 6 de mayo de 2019, a fs. 26, se dispuso la integración de la Corte, en función de no haberse arribado al quórum legalmente requerido (art. 56 inc. 2º de la Ley No. 15.750). VII) Se realizó el sorteo correspondiente para proceder a la integración de la Corte. Recayó la suerte en la persona de la Sra. Ministra Dra. Doris MORALES (fs. 36). VIII) Culminado el estudio, se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Corporación, por el número de voluntades legalmente requerido (art. 56 inc. 2º de la Ley No. 15.750), desestimará en forma liminar la solicitud de recusación planteada, en función de considerar que los motivos aducidos por la recusante no encuadran dentro de las causales de recusación previstas en el art. 325 del C.G.P. II) En ausencia de regulación del proceso de recusación en el C.P.P. de 1980, al que se somete el proceso principal, conforme a lo dispuesto en su art. 5º corresponde acudir a la regulación establecida en los arts. 325 y ss. del C.G.P. El art. 325 del C.G.P. establece: “ Será causa de recusación toda circunstancia comprobable que pueda afectar la imparcialidad del Juez por interés en el proceso en que interviene o afecto o enemistad en relación a las partes o sus abogados y procuradores, así como por haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento) ”. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Eduardo TURELL y del redactor, lo primero que cabe señalar, en relación a la interpretación de esta disposición, es que para que resulte afectada la imparcialidad de un juez, debe existir una “circunstancia comprobable” a partir de la cual se demuestre la existencia de alguno de estos supuestos: a) interés del juez en el proceso en que interviene; b) afecto del juez en relación a las partes, sus abogados o procuradores; c) enemistad del juez en relación a las partes, sus abogados o procuradores; d) haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento). En la presente demanda incidental de recusación, la demandante no indica con suficiente precisión cuál de los referidos cuatro supuestos se habrían configurado en el caso, a partir de las declaraciones vertidas por la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE en el programa “En Perspectiva”. No obstante lo cual, a partir de una interpretación contextual de su libelo, es posible entender que aquéllos consideran que la Sra. Ministra habría incurrido en las hipótesis indicadas con las letras a) y/o d). Por su parte, a juicio de la Sra. Ministra Dra. Doris MORALES, la demanda recusatoria no cumple con la carga de la afirmación, tal como será desarrollado más adelante. III) Previo a ingresar al mérito del asunto cabe pronunciarse respecto a la tempestividad del incidente propuesto. El art. 326.4 del C.G.P establece que: “(...) si la causal fuere superviniente, deberá ser deducida dentro de los tres días de tenerse conocimiento de su existencia ”. En los variados significados de “conocimiento”, el que nos ocupa es el de “ Información, instrucción, debida notificación de un hecho ” (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Vocabulario Jurídico ). En la especie, de la demanda incidental de autos surge que los demandantes fundan su solicitud de recusación en los dichos vertidos por la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE en el programa radial “En Perspectiva” del día 20 de marzo del corriente año. Y bien. En relación a lo expresado por la recusada en la referida entrevista radial, es claro que se está dentro del plazo previsto en el art. 326.4 del C.G.P. para presentar la demanda recusatoria. En efecto, la entrevista fue emitida el día 20 de marzo de 2019 y la demanda incidental fue promovida el día 25 del mismo mes, dentro del término previsto al efecto por la disposición citada. En consecuencia, no caben dudas en relación a la tempestividad de la demanda recusatoria. IV) En lo sustancial, conforme fuera adelantado, corresponde el rechazo in limine de la pretensión en análisis. A efectos de resolver la cuestión, corresponde determinar si en la especie los dichos expresados por la referida Sra. Ministra suponen su incursión en un supuesto de “imparcialidad”, que sea “causa de recusación” en la presente contienda. Tal como señala TARIGO, un requisito fundamental, una condición esencial en el Juez, es el de su imparcialidad frente al litigio. Enseña el autor: “ Cuando definimos al Juez como un tercero supraordinado a las partes, presuponemos en él la imparcialidad más estricta y más absoluta. A tal punto que, si no lo fuera, dejaría automáticamente de ser ese tercero a quien el Estado le confía la función jurisdiccional ” (Cfme. TARIGO, Enrique, Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código , Tomo II, FCU, Montevideo, 2007, pág. 396). Al decir de ATIENZA, la imparcialidad es uno de los tres principios rectores de la ética judicial, junto con los de independencia y de motivación. Manifiesta el autor español respecto del primero de dichos principios: “ El de imparcialidad supone que el juez debe aplicar el Derecho sin sesgo de ningún tipo y deriva de la posición del juez como tercero frente a las partes, ajeno al conflicto ” (ATIENZA, Manuel, “Ética judicial”, en ATIENZA, Manuel, Cuestiones Judiciales , Editorial Fontmara, Ciudad de México, 2016, págs. 152/153). En relación al concepto de imparcialidad, al que refiere el art. 325 del C.G.P. y las normas subsiguientes, señalan LANDONI y colaboradores: “ En palabras de BARRIOS DE ANGELIS, la imparcialidad a que refieren estos artículos es la estructural, ello significa que el juez que sentencia debe ser ajeno a los intereses específicos del objeto del proceso. CHIOVENDA se refiere a las condiciones por las cuales un Juez puede encontrar afectada su imparcialidad, a tal efecto expresa: ‘Tales condiciones pueden resumirse así: que el órgano jurisdiccional no corra el peligro de carecer de la independencia, de la severidad e imparcialidad necesarias para su función, por encontrarse en una relación: a) Con otros órganos concurrentes en el mismo pleito. b) Con las partes litigantes. c) Con el objeto del pleito’. (...) Las causales originadas por el vínculo del juez con las partes litigantes se refieren al vínculo existente entre el magistrado y los abogados o procuradores de éstas, mientras que el vínculo entre el juez y el litigio se refiere a los supuestos de prejuzgamiento o al interés específico del juez en el objeto del proceso ” (Cfme. LANDONI, Ángel, Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay. Comentado, con doctrina y jurisprudencia , Volumen III-A, Editorial BdeF, Montevideo, 2006, págs. 1318/1319). V) Como fuera indicado, estiman los Sres. Ministros Dres. Eduardo TURELL y el redactor que las partes no pueden recusar a un juez por “cualquier cosa” que a su criterio afecte su imparcialidad, sino que deben fundarse en los motivos específicos previstos en el art. 325 del C.G.P. COUTURE, refiriéndose al viejo C.P.C., enseñaba que en el derecho comparado existen principalmente dos formas de recusación: la recusación perentoria o recusación sin causa; y la recusación motivada o recusación con causa. Indicaba el Maestro que en la legislación española, así como en algunas de las que fueron fondo de nuestro sistema legal, se admitían las dos clases de recusación, pero nuestro Código (refiere al C.P.C.) no admitió la primera de ellas, sino solamente la recusación motivada (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, pág. 161). Añade luego el autor que, dentro del régimen de la recusación motivada, existen dos fórmulas en el derecho comparado: a) aquella en la cual el legislador prevé específicamente las causas de recusación y no hay causa de recusación que no tenga texto expreso, tal como ocurre en nuestro sistema (del C.P.C.); b) aquella en la que no se enumeran específicamente las causales de recusación y se establece como criterio general que toda vez que medie un motivo grave que haga recelar la independencia del magistrado, procede la recusación para ese caso concreto (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, pág. 162). En nuestro sistema, luego de la sanción del C.G.P., se acudió, al decir de TARIGO, a un concepto sintético y no analítico de recusación, en tanto el art. 325 da una noción del instituto y no una enumeración casuística (Cfme. TARIGO, Enrique, Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código , Tomo II, FCU, Montevideo, 2007, pág. 396). Aun así, es claro que la circunstancia que invoque la parte como fundamento de la imparcialidad debe estar relacionada a alguno de los siguientes conceptos, expresamente enunciados en la norma: “ interés en el proceso en que interviene o afecto o enemistad en relación a las partes o sus abogados y procuradores, así como por haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento) ”. Señala TARIGO que, dentro de dicho concepto previsto en el art. 325 del C.G.P., “(...) quedan comprendidas, genéricamente, todas las numerosas causales de impedimento y de recusación que contenían los arts. 784 y 786 CPC, que se reducen, en último análisis a cuatro elementos fundamentales, cualquiera de los cuales es suficiente y bastante para comprometer la imparcialidad del Juez: el interés, el afecto, el odio y el amor propio ” (Cfme. TARIGO, Enrique, Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código , Tomo II, FCU, Montevideo, 2007, pág. 397). Lo que corresponde efectuar al intérprete es, entonces, examinar si, en la especie sometida a su decisión, el magistrado ha incurrido en alguna de estas cuatro hipótesis: interés en el proceso; afecto en relación a las partes o abogados; enemistad en relación a tales sujetos; prejuzgamiento. A su vez, en virtud del principio de congruencia, el Tribunal que juzgue la cuestión solamente examinará aquellas causales de recusación que hayan sido opuestas por la parte recusante. VI) En el casus , a partir de una interpretación contextual de la demanda incidental, consideran los Sres. Ministros Dres. TURELL y el redactor, que los recusantes entienden que la Sra. Ministra , a raíz de las declaraciones efectuadas en el programa “En Perspectiva ”, habría incurrido en la causal de prejuzgamiento , definida por la ley como: “ haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión ”. Adicionalmente, podría llegar a entenderse, a partir de una interpretación amplia del libelo introductorio, que se cuestionaría también la existencia de un interés de la Sra. Ministra en el proceso en que interviene . Del repaso puntual de sus argumentos, puede extraerse que los demandantes sostienen que los términos en que se expresó la Sra. Ministra en el programa de radio: a) implican un pronunciamiento indebido dirigido hacia los jueces que intervienen en las causas que se relacionan con hechos que involucran la actuación de las Fuerzas Armadas durante el período de facto cívico militar (fs. 1); b) implican un juicio de valor personal respecto de lo que los jueces deberían hacer ante la defensa de los indagados militares (fs. 2); c) vulneran las garantías del debido proceso de los indagados en las causas a las que la magistrada estaba refiriendo en la entrevista (fs. 2); d) evidencian que la Sra. Ministra padece de un designio anticipado, al haber definido las herramientas legítimas de defensa como “dilatorias” y al haber manifestado públicamente que los subordinados al órgano que integra debieron “parar el carro” (fs. 2/3); e) vulneran el principio de independencia de los jueces en el ejercicio de su función (fs. 3). VII) Pues bien. Estiman los Sres. Ministros Dres. Eduardo TURELL y el redactor, que ninguno de los argumentos ensayados por los demandantes logra dar en el blanco, en cuanto a justificar la existencia de algunas de las causales de imparcialidad previstas en el art. 325 del C.G.P., lo que habilita el rechazo liminar de la demanda recusatoria. En primer término, en lo que dice relación con la causal de “prejuzgamiento” , se estima que tal supuesto no se ha verificado en obrados, puesto que según surge de los términos de la demanda incidental, la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE, en la entrevista multicitada, no formuló “ opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión ” . Por el contrario, lo que surge de las expresiones contenidas en la demanda es que la referida magistrada realizó consideraciones de índole general sobre el desenvolvimiento de los procesos penales seguidos contra militares por causas vinculadas con el período de facto, sin aludir concretamente a ningún juicio en particular, por lo que de modo alguno puede entenderse que haya adelantado opinión en relación a la presente causa. En la especie, la recusación se sustenta en determinados comentarios de la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE que hacen referencia a hechos pasados, relativos a otras actuaciones en las que se habrían ejercido defensas que se califican como dilatorias. Además, su opinión estuvo en todo caso relacionada con los avatares procesales de dichas causas, y no con las cuestiones de fondo resueltas en tales casos por los magistrados, y mucho menos con las que, a futuro, tendrá que resolver la Suprema Corte en relación a causas que involucren a militares por presuntos delitos cometidos durante el período de facto. COUTURE, al analizar la causal de recusación recogida en el art. 786 inc. 5º del C.P.C., de acuerdo con el cual, constituía causal de recusación el hecho de “ haber emitido opinión o dictamen o dado recomendación acerca del pleito, antes o después de comenzado, y aun cuando no revistiere todavía el carácter de juez ”, señalaba: “ A esta situación se la denomina prejuzgamiento; se reputa que es haber juzgado antes (prejuzgado), haber dado parecer, según esta disposición, antes o durante el litigio. Así, por ejemplo, si antes del litigio, el juez ha dicho verbalmente o por escrito, ‘el actor tiene razón’; ‘Fulano es hijo natural de Mengano’; ‘yo recomendaría al marido que promoviera divorcio contra su mujer’, habría creado evidentes situaciones de prejuzgamiento que le inhiben de conocer ulteriormente en el asunto. Ese prejuzgamiento puede ocurrir también en el curso del litigio. Así, por ejemplo, si el juez ha dictado una sentencia definitiva y esa sentencia después es anulada, el mismo juez no puede volver a conocer en el asunto, si no han variados los elementos de decisión ” (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, págs. 163/164). Tal como exige la doctrina, y se desprende del propio texto normativo, el prejuzgamiento, para ser tal, debe haber recaído sobre la especie en concreto sometida actualmente a decisión del magistrado . En cambio, cuando las expresiones del juez refieren a un litigio anterior, y por ende distinto, aunque hubiera involucrado a las mismas partes, no se verifica la causal. Al respecto, expresa COUTURE en la obra citada: “ No constituyen, en cambio, motivos de recusación por prejuzgamiento , las opiniones que el juez haya sostenido como profesor; o lo resuelto antes en relación a un asunto análogo entre las mismas partes o entre otras ; o las opiniones que haya sostenido el juez como abogado, o las que haya emitido en un libro y que luego deban ser aplicadas como juez. La jurisprudencia sostiene firmemente que no configuran el prejuzgamiento a que se refiere el inciso 5º, el simple dictamen o sentencia anterior sino las opiniones concretas dadas acerca del pleito ” (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, págs. 164/165; los destacados no son originales). En el mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia en Sentencia No. 1014 de 3 de mayo de 2010. En ella se señala “(...) tal como enseña De María, ‘Hay que tener presente que la opinión, para que sea causa de recusación, debe ser concreta y acerca del pleito mismo que ha de sentenciarse’ (Lecciones, III, pág. 136). En el mismo sentido Gelsi Bidart requiere para la configuración de la causal de ‘prejuzgamiento’ que el juez ya se haya pronunciado sobre la solución del caso concreto (Curso de Derecho Procesal, T. III, pág. 136) ”. Asimismo, esta Corporación, en Sentencia No. 428/2004, ha sostenido que: “ Para que constituya causal de recusación, el prejuzgamiento debe: a) ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo que debe decidirse en el proceso; b) debe tratarse del mismo proceso pendiente (...)”. En la misma línea, sostiene desde la doctrina española JIMÉNEZ ASENSIO, al estudiar la imparcialidad judicial y su proyección sobre los deberes y derechos fundamentales del juez, que “(...) lo realmente importante a nuestros efectos radica en que la imparcialidad como principio de actuación de los jueces y magistrados debe conectarse con el ejercicio de la función jurisdiccional y con su proyección sobre un caso concreto , en el que, de modo efectivo o de forma indirecta, puede ponerse en tela de juicio la imparcialidad del juzgador ” (Cfme. JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael, “Imparcialidad judicial: su proyección sobre los deberes (código de conducta) y derechos fundamentales del juez”, en SAIZ ARNAIZ, Alejandro (director), Los derechos fundamentales de los jueces , Marcial Pons, Madrid, 2012, pág. 34; los destacados no son originales). Teniendo en cuenta lo desarrollado, la causal de recusación invocada por los incidentistas no encuadra dentro de las previstas por el ordenamiento procesal. En consecuencia, al amparo de lo dispuesto en art. 328.5 del C.G.P., corresponde rechazarla de plano. Ha dicho COUTURE que la calificación del grado constituye “(...) un pronunciamiento preliminar sobre la admisibilidad del medio procesal empleado y no sobre su fundamento. (...) lo único que se trata de establecer es si la causa aducida es o no legal (artículo 906, inciso 1o.). El superior no entra a averiguar, por ahora, si la causa es verdadera. Sólo averigua si el motivo aducido es de aquellos que, en el sistema de la ley, han sido considerados como causa de impedimento o de recusación. Si lo es, da entrada al incidente y el procedimiento sigue (...) Si no lo es, queda desechada la recusación in limine ” (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, págs. 176–177). Por tanto, bajo este enfoque, y aun adoptando un sentido amplio del concepto de “prejuzgamiento”, concluyen los Sres. Ministros Dres. TURELL y el redactor que las declaraciones emitidas por la Sra. Ministra no pueden interpretarse en modo alguno como emisión de opinión sobre la causa sometida a su decisión. VIII) La otra causal o motivo de recusación que podría llegar a estar involucrada en el caso, de acuerdo con la interpretación amplia de la demanda efectuada por los Sres. Ministros Dres. Eduardo TURELL y el redactor, es la relativa a la existencia de un interés del juez en el proceso en que interviene . Al analizar las “ inhibiciones que provienen del objeto mismo del conflicto ”, indica COUTURE que éstas son “(...) aquellas que establecen un lazo de interés material o moral entre las cosas que se debaten y la persona del magistrado. Nadie duda que de que el juez no puede ser juez en la causa en la que tiene un interés personal, porque ello equivaldría a erigirlo simultáneamente en juez y parte dentro del conflicto ” (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, pág. 134). Posteriormente, al examinar en concreto el “ motivo de interés ” o “ interés en el pleito ” previsto como causa legal de impedimento en el art. 784 inc. 1º del C.P.C., señala el autor: “ La garantía del absoluto desinterés del magistrado es la suprema garantía judicial. Puede decirse que todo el régimen de incompatibilidades queda naturalmente subordinado a esta circunstancia. El desinterés que requiere el inciso 1º del artículo 784, no es sino el mismo desinterés que surge del propio sistema constitucional. Las mismas garantías de independencia a que se refiere el artículo 1º: C.O.T., no son sino una manifestación particular de la necesidad de que el juez no sufra influencia alguna que pueda hacer oscilar su conciencia en el momento de resolver la cuestión. (...) La ley española establece en el artículo 189, que ese interés puede ser directo o indirecto, pecuniario o moral. Aún sin texto expreso, debe reputarse vigente entre nosotros esa distinción ” (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, págs. 147/148). Entonces, lo que corresponde es definir si las expresiones de un Magistrado en un medio de comunicación sobre lo que ha sido su experiencia en el ejercicio de la jurisdicción ingresan en el “interés en el pleito” o “interés en el proceso”. En la especie, afirman los demandantes que la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE, a raíz de las declaraciones vertidas en un programa radial respecto a la estrategia procesal utilizada por los defensores de militares imputados en causas relativas a presuntos delitos cometidos durante el período de facto, así como en relación a la actitud seguida frente a tal estrategia por los jueces de primera instancia, ha dejado entrever su imparcialidad en la decisión a tomar en futuros pronunciamientos. Pues bien. Entendiendo el interés como la aspiración de una persona a la realización de una determinada conducta (Cfme. COUTURE, Eduardo, Vocabulario jurídico ), las manifestaciones que pudieran realizarse a partir de la experiencia en el conocimiento y resolución de procesos que involucraban a terceras personas, es decir, que no son las que dan origen al principal y a esta incidencia -aunque todos pueden estar comprendidas dentro de la calidad de indagados o encausados por presuntos delitos de similar etiología-, no permiten concluir en la existencia del “interés”, en una decisión afectada por parcialidad. No concreta una hipótesis en la que la relación del juez con alguna de las partes o con la materia controvertida sea susceptible de afectar la garantía de imparcialidad que es inherente al ejercicio de la función judicial (Cfme. PALACIO, Lino, Derecho Procesal Civil , Tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1979, págs. 321 y ss.). En el caso, las declara-ciones cuestionadas, no traslucen interés alguno en proceso concreto y menos aún en la presente causa. En relación a la estrategia procesal utilizada por los defensores en las referidas causas, no se advierta que existe propiamente un juicio de disvalor emitido por la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE en los citados pasajes de la entrevista. En efecto, según surge de la propia demanda de recusación (véase el numeral 6, a fs. 2 vto.), la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE reconoció expresamente en la entrevista que las defensas ejercidas en la asistencia de los indagados habían sido válidas y legítimas. De las palabras expresadas por la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE, según se recoge en la demanda incidental, no puede extraerse, en absoluto, la existencia de un “ interés en el proceso en que interviene ”, esto es, en el que está ahora sometido a la decisión de la Corte. Por lo demás, no se comparte que la expresión “dilatoria”, utilizada por la Sra. Ministra recusada, deba interpretarse como referida a una “chicana”. Por el contrario, la calificación de “dilatoria” se refiere a lo que tiende a postergar la contestación en razón de carecer la demanda de requisitos para su admisibilidad y andamiento, que lleva a pedir al demandado que le dispense de contestar la demanda hasta que cumpla con los requisitos. Como fuera indicado, no surge de la demanda incidental que la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE se haya pronunciado en algún momento respecto del mérito de las causas que nos ocupan, por lo que no se comparte que la expresión “cuanta dilatoria había” pueda interpretarse como una predisposición o prejuicio que afecte su imparcialidad. En suma, a criterio de los Sres. Ministros Dres. Eduardo TURELL y del redactor, las consideraciones realizadas por la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE no suponen la existencia de un interés de aquella magistrada en el proceso sometido a su decisión, y por ende no puede decirse que afecten su imparcialidad. IX) Por su parte, a juicio de la Sra. Ministra Dra. Doris MORALES, el escrito de demanda incumple con la carga de la afirmación. En tal sentido, entiende la referida Magistrada que la demanda de recusación debe analizarse, como cualquier otro acto de proposición, desde la óptica del principio dispositivo y según señalan VESCOVI y colaboradores ( CGP Anotado, Tomo 1, pág. 58) en un enfoque puro “ el principio dispositivo implica que el juez se ha de atener exclusivamente a la actividad desplegada por las partes, sin que le sea permitido tomar iniciativas encaminadas a promover el proceso ni a establecer la verdad, valiéndose de hechos o pruebas no afirmados o propuestos por las partes ”. Los actores señalaron como justificativos de la afectación de la imparcialidad, el hecho de que la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE hubiera calificado de antemano como dilatorias al legítimo derecho de defensa, afirmando que a ese derecho debía ponérsele límites, según se extraería de la expresión “parar el carro” utilizada. Los recusantes, aun cuando citan el artículo 94 de la Ley No. 15.750, no hacen hincapié en la existencia de prejuzgamiento, en la medida que no dicen que la Sra. Ministra haya “dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión”, sino que fundan su pretensión en el concepto general al que acude el artículo 325 C.G.P. Siempre a juicio de la Sra. Ministra Dra. MORALES, el Código General del Proceso no hace una enumeración casuística de las causas de recusación, puesto que parte de la base que se trata de “ toda circunstancia comprobable que pueda afectar la imparcialidad del juez (...)” (art. 325), lo que ha determinado que TARIGO ( Lecciones de Derecho Procesal Civil , Tomo II, pág. 389), dijera que quedan incluidas todas aquellas causas que eran indicadas expresamente en el Código del Procedimiento Civil, pero indicando que en todo caso deberá analizarse si se afectan los cuatro elementos fundamentales de recusación que son “el interés, el afecto, el odio y el amor propio”, expresando que basta con que se dé uno de esos supuestos para que quede comprometida la imparcialidad. Debe verse que los accionantes se preguntan si con los dichos de la Sra. Ministra no se demuestra un “ público y notorio interés en la causa a la que está llamada a decidir por su cargo y envestidura ” (fs. 3 vto.), pero no señalan cuál es ese interés, debiéndose tener presente que por tal concepto se entiende la “ aspiración legítima, de orden pecuniario o moral que representa para una persona la existencia de una situación jurídica o la realización de una determinada conducta ” (COUTURE, E., Vocabulario Jurídico , pág. 344) y en una concepción meramente lingüística, según el Diccionario la Real Academia Española, de acuerdo a una de la acepciones del vocablo es la “ inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración (...)” (consulta en línea). Si bien los recusantes no lo expresan claramente podría entenderse que pretenden atribuir a la Sra. Ministra una inclinación de su ánimo en contra de sus intereses. Ahora bien, como se señaló anteriormente por la Sra. Ministra Dra. MORALES, la demanda de recusación está sujeta a los mismos requisitos de cualquier acto de proposición, en cuanto al principio dispositivo y por tanto, no escapa a lo previsto por el artículo 117 numeral 4 C.G.P., puesto que el artículo 328.1 C.G.P. no hace mención a requisitos propios ni diversos a los que la norma general estatuye. Siendo así, debe verse que en la demanda las expresiones que, a juicio de los recusantes, determinan la afectación de la imparcialidad fueron las de calificar de “dilatorias” a los actos que determinaron el legítimo ejercicio de la defensa, pero no dicen en qué medida ello afecta la imparcialidad y menos aún dicen que la expresión dilatoria signifique acudir a la expresión coloquial de “chicanas”. Resulta del caso, entonces, determinar si calificar dilatoria a un acto que para otro es el ejercicio derecho de defensa, significa demostrar que se descalifica el accionar de quien acude o acudió a ellas, no resultando finalmente que pueda con esa mera mención interpretarse una finalidad de despreciar la actuación llevada a cabo, cuando además, aun hoy, en materia civil puede acudirse a la vieja calificación de excepciones dilatorias, sin que ello en sí mismo descalifique a quien las interpone. Los actores no dicen que con la calificación de dilatorias, que a su accionar le fue atribuido por la Sra. Ministra, significara descalificarlos por acudir a vulgares “chicanas”, sino que dice que se calificó de dilatorias a aquellas acciones que tendieron a ejercer su derecho de defensa, pero sin ir más allá, en la medida que no mencionan cual fue la calificación que sus defensas recibieron en los juicios respectivos. No queda clara la expresión a la que hacen mención los actores cuando dicen que “ al parecer, será ella quien asuma la acción de ‘haber parado el carro’ ” (fs. 4), dado que usa los tiempos verbales en presente y pasado, sin que pueda entenderse exactamente a qué refiere. Ahora bien, aun cuando pudiera considerarse que estrictamente no se acude a un supuesto de prejuzgamiento, debe verse que las recusantes indican que “ se encuentran pendientes de su decisión múltiples excepciones de inconstitucionalidad (...)” (fs. 2 vto.), por lo que no puede tampoco dejarse de lado apreciar que también indirectamente se alega la posibilidad no ya de un adelantamiento de la futura decisión, sino de un prejuicio derivado de la calificación que de las anteriores actuaciones se hizo. Con lo que viene de decirse se releva, siempre a juicio de la Sra. Ministra Dra. MORALES, que prácticamente el escrito de demanda incumple con la carga de la afirmación, en la medida que se pretende señalar falta de imparcialidad, pero no se dice en qué consiste la parcialidad que atribuyen a los dichos de la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE, a la vez que indirectamente parecerían indicar prejuzgamiento, pero tampoco explicitan cómo es que lo dicho indica adelantar opinión sobre una controversia a decidir. Tampoco los recusantes dicen en qué medida es que se ha violado la independencia de los jueces, puesto que solo lo expresan, no obstante lo cual, de estar a lo escasamente expresado, podría darse el supuesto de que cualquier crítica referida a la actuación de un inferior procesal determinaría apartarse de la Constitución violentando ese principio, por lo que llevado al extremo, podría llevar al absurdo que quien decide en última instancia sobre un asunto, estaría imposibilitado de formular toda crítica, determinando una limitación a la posición institucional de quien tiene como función la de revisar las actuaciones previas. En suma, a juicio de la Sra. Ministra Dra. MORALES, la vaguedad de la demanda la descalifica, por lo que no debe hacerse lugar a la recusación planteada. Por tales fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, RESUELVE : DESESTÍMASE LA SOLICITUD DE RECUSACIÓN PLANTEADA. SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL (ART. 328.6 C.G.P.). Y, OPORTUNAMENTE, ARCHÍVENSE. MINISTROS DRES. JORGE CHEDIAK Y ELENA MARTÍNEZ DISCORDES: por los fundamentos expuestos en Sentencia No. 1245/2019.