Sentencia Definitiva N° 1.212/2019

Montevideo, cinco de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados : “TELESHOW S.A. C/ PODER LEGISLATIVO Y OTRO - ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 1, 10, 11, 115, 24 LETRAS B Y D, 26, 28, 31 A 37, 39, 40, 42, 60, 61, 63 A 68, 70, 86, 87 INC. 2, 91, 94, 96, 176 A 186, 87, 101, 102, 99 INC. 1, 95, 142, 97, 98 Y 113 DE LA LEY N° 19.307”, IUE: 1-128/2017. RESULTANDO : I) Que con fecha 22 de diciembre de 2017, a fs. 52/70, compareció la accionante a efectos de promover, por vía de acción, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1, 10, 11, 115, 24 letras B y D, 26, 28, 31 a 37, 39, 40, 42, 60, 61, 63 a 68, 70, 86, 87 inc. 2, 91, 94, 96, 176 a 186, 87, 101, 102, 99 inc. 1, 95, 142, 97, 98 y 113 de la Ley 19.307, denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (en adelante LSCA). Sostuvo que los artículos impugnados lesionan el interés directo, personal y legítimo de su representada, ya que es titular de una licencia de telecomunicaciones clase “D” para la prestación de servicios de televisión para abonados (según documento agregado a fojas 2 y siguientes). Expresó que las disposi-ciones impugnadas transgreden el principio de igualdad previsto por el artículo 8 de la Constitución. Al respecto, señaló que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1°, inciso 4°, literal A, la ley no se aplica a los servicios de comunicación audiovisual que utilizan la plataforma de protocolo internet, los que quedan exentos de cumplir con las obligaciones y gravámenes que la ley impone a la actora. Dijo que se excluye a situaciones que no son diferenciables, por lo que la distinción carece de justificación. A su vez, de dicha trans-gresión constitucional, la actora derivó, en vía de consecuencia, la inconstitucionalidad de las siguientes disposiciones de la Ley 19.307: artículos 10, 11, 24 lit. B y D, 26, 28, 31 a 40, 51, 53, 56, 59 y 60, 63 a 68, 70, 86, 87, 91, 94 a 99, 101 y 102, 113, 115 a 117, 142 a 145, y 176 a 186. Indicó que la ley define al servicio de comunicación audiovisual como aquel que proporciona una oferta estable y permanente de programas que se trasmiten a distancia, sean sonoros o audio-visuales. Aquí no se puede establecer diferencia alguna entre servicios, cualquiera sea la plataforma a partir de la cual se transmitan, por lo que todos deberían estar sometidos al mismo estatuto. Expresó que los presta-dores de servicios de comunicación audiovisual que, como la promotora, utilizan la red de cable físico, son colocados por la ley en una posición de desventaja frente a los que utilizan internet. Los primeros deberán cumplir con una serie de normas referidas a cuotas de producciones nacionales y locales, prestación de servicios gratuitos al Estado y a otros particulares, pago de cánones, restricciones e incompatibilidades en la titularidad de licencias. En cambio, los prestadores que utilizan internet están desregulados. Anotó que, de acuerdo con el criterio que ha manejado la Suprema Corte de Justicia, el tratamiento diferencial se justifica por la mayor trascendencia o relevancia de los servicios de comunicación que no se trasmiten por internet y por la imposibilidad de contralor. Por el contrario, a su criterio, los servicios que se trasmiten a través de internet han cobrado una relevancia extraordinaria en relación a los que utilizan el espectro radioeléctrico o el cable. En relación al punto, re-señó una serie de datos referidos al exponencial aumento de usuarios de medios de comunicación por plataforma internet. Agregó que tampoco es po-sible alegar la imposibilidad técnica de la regulación de los medios que se trasmiten a través de internet. Los sujetos que desarrollan sus actividades en el Uruguay a través de internet deben ser igualmente regulados. Así, la plataforma a través de la cual se desarrolle la actividad no puede ser un factor para no regularla. Ejemplificó diversos tra-tamientos penales y tributarios de conductas desarro-lladas a través de internet, a efectos de justificar que no son diferentes al resto de las conductas humanas (las que se desarrollan fuera de internet). Sostuvo que el legislador, al tomar la decisión de excluir a los prestadores de servicios de comunicación audiovisuales que trasmiten a través de internet, estaba pensando en sujetos radicados fuera de nuestro territorio. El hecho de que sea frecuente que los servicios trasmitidos por internet estén radicados fuera del territorio nacional no es exclusivo de este tipo de servicios, ya que existen casos de prestadores tradicionales (que no utilizan la internet como plataforma) que también están radicados en el extranjero. Por tal motivo, no se justifica la diferencia de tratamiento. Añadió que no existe impo-sibilidad técnica de regular servicios prestados a través de internet. Así, pueden verse los ejemplos de la regulación de las plataformas de Uber, Easy go, etc. Tampoco existe imposibilidad de controlar empresas radicadas en el extranjero. Dijo que los servicios de comunicación audiovisual que se trasmiten a través de internet también deberían contribuir a alcanzar los objetivos y fines de la ley de medios. No existe justificación alguna para que los medios de comunicación que utilizan la plataforma de internet para trasmitir sus contenidos no cumplan con las siguientes normas: artículos 10, 11 y 115; 24 lits. B y D, 26, 28, 32, 33 y 34, 35 a 37, 39, 42, 51 a 59, 60 y 61, 188, 63 a 68, 70, 86, 87 inc. 2, 91, 96 y 176 a 186, 95 y 142; 87, 96, 101 y 102, 95 y 142, 97, 98 y 113 de la Ley 19.307. En base a lo expuesto, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 19.307 en los preceptos individualizados en la comparecencia. II) Por Decreto N° 20 de fecha 1/2/2018, se confirió traslado a los demandados y al Sr. Fiscal de Corte (fs. 72). III) Que con fecha 6/3/2018, a fs. 180/191 vto., compareció el representante del Estado – Poder Ejecutivo, a efectos de evacuar el traslado del accionamiento, abogando por su rechazo. IV) Que con fecha 19/3/2018, a fs. 196/244, compareció el representante del Poder Legislativo, a efectos de evacuar el traslado del accionamiento, quien también abogó por su rechazo. V) El Fiscal de Corte evacuó el traslado con fecha 22/3/2018, mediante Dictamen N° 260, a fs. 78/178 vto., por el cual se pronunció por declarar la inconstitucionalidad de los arts. 33 (f), 39 inc. 3°, 40, 56 inc. 1°, 60, 68 (lit. Y), 91, 95 (lit. C), 98 inc. 2°, 102 in fine , 178, (lit. J), 179 (lits. b, c, d, e, f, j), 180, 181 (lit. C), 182, 192 y 194 inciso final, y por desestimar la demanda en lo restante. VI) Luego de diligenciada la prueba, las partes presentaron sus alegatos. El Poder Legislativo lo hizo a fs. 397/403 vto., el Poder Ejecutivo a fs. 405/409 y la actora a fs. 411/429. VII) El Fiscal de Corte, por Dictamen N° 29, a fs. 390, se remitió in totum a su anterior Dictamen N° 260, obrante a fs. 78/178 vto. de autos. VIII) Por Decreto N° 155 de fecha 18/2/2019, se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia (fs. 431). CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por mayoría de sus integrantes, desestimará la acción de inconstitucionalidad deducida respecto del art. 1° inc. 4° lit. A) de la Ley 19.307, y por unanimidad, desestimará la pretensión ejercitada res-pecto de las restantes disposiciones impugnadas, en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. II) Ausencia de legitimación pasiva del Poder Legislativo Si bien la parte actora no justificó por qué demandó al Poder Legislativo, puede deducirse que lo fue en su calidad de órgano que sancionó la norma objeto de impugnación. Pues bien, en estos tér-minos, no puede admitirse legitimación causal alguna del Poder Legislativo, pues aquella condición no resulta suficiente para asignar interés y legitimación en la presente causa. En este sentido se ha pronunciado la Corporación en la Sentencia N° 643/2018, en la que se señaló: “ Concretamente, en punto a la legitimación del Poder Legislativo para ser en-juiciado en la presenta acción impugnativa, no se advierte en qué sentido su condición de mero órgano autor de la disposición resistida , lo vuelve un sujeto que, beneficiado por la norma, pudiera resultar afectado por su declaración de inconstitucionalidad, circuns-tancia que, a la luz del art. 517.1 del Código General del Proceso, torna inadmisible su convocatoria en juicio. Este Colegiado, en ante-rior integración, ya se había pronunciado en el sentido apuntado. Si bien, en esa oportu-nidad, lo hizo en referencia al órgano Legislativo Departamental, igualmente, tales conceptos son, natu-ralmente, trasladables a hipótesis como la de autos, donde el órgano autor de la norma es el Legislativo Nacional. En el aludido fallo, la Corte manifestó: ‘En realidad el Gobierno Municipal de Montevideo, es meramente el autor de la norma objetada por inconstitucional, de lo que resulta notoriamente la falta de legitimación pasiva, por cuanto el art. 517.1 del Código General del Proceso dispone que cuando y como en el caso de autos, la declaración de inconstitu-cionalidad se propone por vía de acción, los legitimados pasivos son ‘los afectados por la norma’ o sea los que beneficiados por ella resultarían afectados por su declaración de inconstitucionalidad. Tal carácter no lo tienen obviamente los órganos municipales concretamente propuestos como exclusivos destinatarios de la acción, sino los feriantes que en aplicación de lo dispuesto por la norma, ejercen su actividad comercial conforme con la disposición que se entiende inconstitucional’ (Cf. Sentencia No. 167/1995). Entonces, a juicio de la Corporación, en vía de acción y en el caso concreto, el organismo demandado no puede ser considerado como una ‘parte a quien afectare la Ley o la norma’, pues, su sola condición de ‘autor’ de la Ley, sin otro adita-mento, no lo coloca en una situación jurídica que le confiera un interés que la disposición atacada podría afectar. Esta posición no se en-cuentra huérfana de respaldo, pues prestigiosa doctrina especializada también se ha pronunciado en el sentido apuntado. En referencia a las partes en el proceso de inconstitucionalidad por vía principal y con especial referencia a los ‘sujetos de derecho público que dictaron la norma’, el Prof. Enrique VESCOVI se pronunció negando categóricamente su legitimación pasiva. Específicamente, expresó: ‘Parte de nuestra doctrina ha sostenido que el proceso de inconstitucionalidad por vía directa, debería entablarse contra los Entes públicos que han dictado la norma impugnada (ley o decreto de la Junta Depar-tamental)’. ‘(...)’ ‘Resulta inadmisible... esta posición’. ‘De la naturaleza del proceso se deduce que el que acciona por inconstitucionalidad de la ley no litiga contra el órgano que dictó la ley. Mucho menos en nuestro derecho en el cual la sentencia dejará siempre en vigor la norma impugnada y la desaplicará, solamente, para el caso concreto’. ‘La intervención del Par-lamento (u otro órgano del que emane una norma impugnada por inconstitucionalidad) está totalmente fuera de sus funciones, y sólo podría ser admisible cuando se realiza un contralor de tipo político y no jurisdiccional, como es el nuestro. Por lo demás no se ve claro por qué razón habría de intervenir el órgano que dictó la ley y no la parte afectada por la resolución que va a emanar de la Corte (es decir el particular a quien la ley afecto o confiere un Derecho)...’. (...) Finalmente, a modo de conclusión, el autor nacional citado señaló: ‘De todo lo expresado, resulta que la única posición que corresponde a la naturaleza de nuestro proceso constitucional de declaración de inconstitucionalidad de la ley, consiste en sostener que tiene legitimación pasiva en éste el titular del derecho que la ley impugnada tutela, es decir, el interesado en que se mantenga ésta en vigor y sea aplicada a la relación concreta, respecto de la cual el actor pide su apartamiento (inaplicación). Y sola-mente con relación a este demandado valdrá la sentencia dictada. No podemos admitir que los demandados sean todos los que pueden estar eventualmente interesados en la aplicación de la ley. Esto se ha sostenido en nuestro país y se ha llegado a concluir -erróneamente- que si no se ha demandado a todos los que pudieron ser emplazados en virtud de su interés, aunque fuere eventual, a ellos no podría, luego oponerse la excepción de inconstitucionalidad’ (cf. El proceso de inconstitucionalidad de la ley, Ed. Facultad de Derecho, Montevideo, 1967, págs. 210/211 y 214). Tales argumentos son com-partidos por Augusto DURÁN MARTÍNEZ, quien sostuvo: ‘Nuestra Constitución no regula la legitimación pasiva. Sí lo hace el Código General del Proceso, aun sin emplear tal terminología. Con relación a la vía de acción, el artículo 517 del Código, al prever que se dé ‘traslado a las partes a quienes afectare la ley o la norma con fuerza de ley’ impugnada, obviamente les asigna legitimación pasiva. Quien debe ejecutar la ley o, en términos generales, el afectado por la ley, es quien posee legitimación pasiva’. ‘(...)’ ‘Este artículo no menciona al órgano legislativo que dictó el acto, por lo que estimo que carece de legitimación pasiva. A menudo se ha demandado al órgano legislativo o se le cita en ga-rantía, pero considero que esto sería legítimo única-mente en casos en que este órgano fuere afectado por la ley o norma con fuerza de ley... impugnada. Como se percibe, nuestra solución de derecho positivo se aparta en este punto de la opinión doctrinaria enunciada por GONZÁLEZ PÉREZ con relación al derecho español, en virtud de la cual asigna legitimación pasiva a quien dictó el acto. Una cosa es la comunicación al Poder Legislativo y al Gobierno Departamental correspondiente de toda sentencia que declare una inconstitucionalidad, prevista en el artículo 522 del Código General del Proceso y otra, muy distinta, es la legitimación pasiva en el proceso. En la vía de excepción o de defensa, el artículo 516 del mismo Código, al prever un traslado a las demás partes, les está confiriendo legitimación pasiva, y en la vía de oficio el artículo 518, al prever un traslado a las partes, confiere a todas ellas legitimación pasiva’ (cf. ‘Estudios de Derecho Administrativo’, No. 12/2015, Ed. La Ley, págs. 261/262; ver también, en la misma obra, Gabriel VALENTÍN: ‘Cuatro cuestiones sobre el proceso de inconstitucionalidad de la Ley’, págs. 341/343). En base a tales coor-denadas, no puede aceptarse el planteo del promotor, según el cual, en definitiva, el Poder Legislativo revestiría legitimación pasiva, pues, en la especie, el natural demandado en la presente acción (sujeto a quien la norma favorece y cuya inconstitucionalidad puede afectar), es exclusivamente el Estado, Persona Jurídica Mayor (Poder Ejecutivo). Evidentemente, el órgano que tiene la posibilidad de solicitar la ejecución de la ley en el caso ocurrente es el Poder Ejecutivo (Ministerio de Economía) y, en consecuencia, es el que, en exclusividad, debió ser demandado en el presente conflicto. En otro enfoque: el caso concreto en la vía de acción, se delimita por la identidad del actor, la identidad de la disposición legislativa tachada de inconstitucional y la identidad de la lesión al interés directo, personal y legítimo invocado, a lo cual corresponde agregar la mención de la persona o personas demandadas, en tanto elemento definidor de la relación jurídica o sustancial que se invoca como fundamento de la pretensión declarativa (Cf. Lorenzo SÁNCHEZ CARNELLI, ‘Declaración de inconstitu-cionalidad de actos legislativos’, Ed. F.C.U./2005, pág. 114). A juicio de la Corpo-ración, el aserto resulta concluyente, circunstancia que justifica la declaración -de oficio- de la ausencia de legitimación causal pasiva del Poder Legislativo. La ausencia de legitima-ción se ve corroborada si se piensa cuál sería el efecto de un eventual amparo de la declaración de inconstitu-cionalidad planteada respecto al Poder Legislativo. Está claro que ninguno ” (los destacados son originales). En suma, por iguales fun-damentos a los expuestos en la sentencia que viene de citarse, corresponde declarar –de oficio- la falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo. III) En cuanto a la legitima-ción activa de la promotora y al mérito de la pretensión. El art. 1° inc. 4° lit. A de la Ley 19.307 no transgrede el principio de igualdad (art. 8 de la Constitución) III.I) La transgresión del principio constitucional de igualdad se derivaría, a criterio de la promotora, de la distinción realizada por el artículo 1°, inciso 4°, literal A de la Ley 19.307 (denominada Ley de Servicios de Comunicación Audio-visual; en adelante: LSCA). El art. 1° de la LSCA establece: “ (Objeto de la ley).- Esta ley tiene por objeto establecer la regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual. Se entiende por servicio de comunicación audiovisual un servicio que proporciona una oferta estable y permanente de señales de radio o televisión. Comprende, por tanto, una o más programaciones, con su respectivo formato, cada una de ellas entendida como la planificación y organi-zación, en forma coherente, de una serie de programas de radio o televisión. No son objeto de regula-ción en la presente ley: A) Los servicios de comu-nicación que utilicen como plataforma la red de protocolo internet. B) Las redes y servicios de telecomunicaciones que transporten, difundan o den acceso a un servicio de comunicación audiovisual, así como los recursos asociados a esos servicios y los equipos técnicos necesarios para la recepción de estos, que estarán sujetos a lo dispuesto en la normativa sobre telecomunicaciones. C) Los servicios de tele-comunicaciones y de comercio electrónico a los que se acceda a través de un servicio de comunicación audio-visual. D) La difusión de con-tenidos audiovisuales limitada al interior de un inmueble o un condominio de propietarios, u otros de circuito cerrado limitados a espacios o centros comer-ciales o sociales de una entidad o empresa ” (los destacados no son originales). La actora pretende identi-ficar en la norma transgresiones al principio de igualdad (art. 8 de la Constitución), ya que excluye de la LSCA a aquellos servicios de comunicación que utilizan “ como plataforma la red de protocolo internet ”. Considera que tal distinción es injustificada y arbi-traria. Pues bien. A juicio de la mayoría de la Corporación, integrada por los Ministros Dra. Elena MARTÍNEZ, Dr. Eduardo TURELL, Dra. Bernadette MINVIELLE y el redactor, corresponde reiterar en la especie los argumentos que se desarrollaron por la mayoría de la Corte en la Sentencia N° 462/2016, ante la impugnación de esta misma disposición legal. A diferencia de lo que sostiene la promotora, se estima que no se han aportado en autos argumentos de relevancia que permitan modificar lo resuelto por la Corte en casos anteriores en los cuales se había impugnado el mismo precepto normativo. III.II) En forma preliminar, debe señalarse que la accionante cuenta con legitimación para deducir la presente impugnación. Tal como surge de su sola lectura, la disposición impugnada excluye del marco legal general de los prestadores de servicios de comunicación a aquellos que utilicen como plataforma “la red de protocolo de internet”. Ello implica, como es notorio, la exclusión de un sector muy relevante en el mercado de los servicios de comunicación audiovisual. Relevancia tanto actual como futura, ya que es igualmente notorio que la prestación del servicio audiovisual televisión por vía de internet se abre paso sostenidamente. Dado que la accionante ha acreditado, a fojas 2, que tiene la calidad de prestadora de un servicio de comunicación audiovisual, se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 19.307 (marco jurídico general de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual). Ello supone que, a priori , tiene un derecho a participar en ese mercado en igualdad de condiciones que sus competidores (artí-culos 7, 8 y 36 de la Carta), lo cual implica que es titular de un interés directo, personal y legítimo a actuar, en el marco jurídico general de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, en igualdad de condiciones que el resto de los actores de ese mercado. Dado que la disposición impugnada, por la vía de excluir los servicios de comunicación audiovisual que utilizan la plataforma de internet, está excluyendo del marco legal regulatorio del mercado de los servicios audiovisuales a actores de notoria relevancia en tal sector de actividad, va de suyo que la accionante, en su calidad de prestadora de tales servicios, está legitimada para impugnar su regularidad constitucional. Si ello no fuera así, sería ilusorio el concepto tantas veces reiterado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, respecto a que el principio de igualdad no se viola cuando se legisla para clases o grupos racionalmente configurados. En efecto: ¿cómo podría alguien que entiende que fue discriminado por haber sido excluido de la clase o grupo beneficiado por la ley –como se invoca en este caso– obtener la tutela de lo que la Constitución le acuerda? La respuesta implica reconocer la legitimación activa de quien participa de la categoría regulada (en el caso: prestadores de servicios audiovisuales). En la jurisprudencia de la Corporación, puede verse a este respecto la funda-mentación expuesta en la referida Sentencia N° 462/2016. III.III) Despejada la cuestión relativa a la legitimación causal activa de la re-clamante, cabe ingresar al mérito de la inconstitu-cionalidad denunciada. El principio de igualdad reconocido por la Constitución impide imponer por vía legal un trato desigual a aquellos que son iguales, pero ello no implica que la ley no pueda regular en forma desigual a quienes no son iguales. En el caso de la dis-posición impugnada, no se verifica ninguna vulneración del principio de igualdad constitucional. Ello, porque mal podría considerarse vulnerado tal principio cuando la delimitación de quiénes se encuentran excluidos de la ley resulta razonable, alcanza a todos aquellos comprendidos en igual situación (los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que utilicen como plataforma la red de protocolo internet), y no se establecen distinciones ni diversos tratamientos entre ellos. Como enseña JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, al analizar la regularidad constitucional de una norma presuntamente violatoria del derecho de igualdad, “[e] s necesario, en primer lugar, que todos los miembros de la clase sean alcanzados igualmente por la Ley que para la clase se dicte (...) Pero, además, es necesario que cuando la Ley define un grupo de personas para hacerla objeto de una legislación especial, la constitución de ese grupo sea razonable y no arbitraria. (...) Naturalmente, la razonabi-lidad de la formación de los grupos o clases no puede ser juzgada independientemente del objeto mismo perse-guido por la Ley ” (Cfme. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Justino, La Constitución Nacional , Tomo I, Edición de la Cámara de Senadores, Montevideo, 1991, págs. 367/368). Como expresa RISSO FE-RRAND, el principio aludido: “(...) no impide una legislación para grupos o categorías de personas especiales, sino que esta diferenciación puede ser admitida siempre que cumpla con algunos requisitos específicos ” (Cfme. RISSO FERRAND, Martín, Derecho Constitucional , FCU, Montevideo, 2005, pág. 471). Este autor distingue, dentro de lo que se denomina el “juicio de razona-bilidad”, como parámetro valorativo de las causas de distinción en clases o grupos efectuada por el legislador, otros niveles. Así, expresa que existen hipótesis en las que no surge de la Constitución, en forma explícita o implícita, la causa de ciertas distinciones. En estos casos, la razonabilidad de una determinada disposición legal se establece tomando en cuenta si ella plasma arbitrariedad o capricho y si resulta contraria a lo dispuesto por la Constitución. Al juicio de razonabilidad, en el sentido expresado en primer término, se adiciona, con carácter esencial para el análisis de la constitucionalidad o inconstitu-cionalidad de una disposición a la luz del principio de igualdad, el reclamo de que exista una “finalidad legítima” consagrada por la norma que en concreto se analice. Ello se enmarca, enseña RISSO FERRAND, en un concepto que se suele denominar “racionalidad”, que es habitual que se presente en forma indiferenciada, formando parte del referido juicio de razonabilidad. El concepto de racionalidad, así estruc-turado, ya sea que se lo considere autónomo o comprendido en el de razonabilidad, implica, asimismo, que exista una relación positiva entre los medios utilizados y los fines perseguidos en la norma cuya constitucionalidad se analiza (Cfme. RISSO FERRAND, Martín, Derecho Constitucional , págs. 471/476). Trasladando tales con-ceptos al caso de autos, surge, en forma palmaria, la relación positiva aludida entre los medios utilizados (regular en forma uniforme a aquellos servicios de comunicación audiovisual más relevantes y con un soporte técnico que así lo permita) y los fines perseguidos (la prestación de los servicios de comunicación audiovisual bajo cierta concepción acerca de su naturaleza y de los principios que deben regirlos, concepción explicitada en los artículos 5 y 13 de la LSCA). En efecto. Adviértase, en lo que a los medios utilizados cuestionados por la accionante refiere, que la exclusión de los servicios audiovisuales que utilizan como plataforma la red de protocolo internet se explica por la necesidad de regular en forma uniforme a aquellos servicios de comunicación audiovisual de mayor trascendencia a la fecha y que utilizan un soporte técnico que permite su contralor. Así lo manifestó la parte demandada y surge de los antecedentes parlamentarios. Por ejemplo, en el curso de la discusión parlamentaria se explicitaron argumentos razonables acerca de por qué se realizó la exclusión cuya regularidad constitucional se cuestiona: carencias de conocimiento referidas a las complejidades de la internet; el hecho de que se trate de un medio en desarrollo; las experiencias negativas en sistemas comparados; y el denominado “principio de neutralidad de la red” (Cfme. Diario de sesiones de la Cámara de Senadores N° 307, de 16 de diciembre de 2014, intervención del senador Daniel MARTÍNEZ; y Diario de sesiones de la Cámara de Representantes N° 3903, de 10 de diciembre de 2013, intervención del diputado VARELA NESTIER). Las diferencias que carac-terizan a la expresión a través de la internet y las dificultades para su regulación por los Estados ha sido reconocida, asimismo, por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase al respecto: BOTERO MARINO, Catalina, “Libertad de Expresión e internet”, CIDH, OEA, 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf ). En definitiva, la desi-gualdad se verificaría si, dentro del grupo o categoría regulado por la ley como excluido de sus disposiciones (los servicios de comunicación que utilicen como plataforma la red de protocolo internet), se crearan diferentes categorías estableciéndose diversa inclusión por parte de la misma disposición legal, sin base razonable de distinción. Ello no se verifica en el presente caso: no se ha establecido una desigualdad no razonable entre quienes se encuentran alcanzados por la ley (como es el caso de la accionante) y quiénes no. Partiendo de tales consi-deraciones y atendiendo a lo preceptuado por la normativa impugnada que regula a todos los medios de comunicación, y que los distingue según la forma en la que emiten, se estima que nada impone al legislador regularlos de forma igualitaria. Por el contrario, su di-verso tratamiento parece adecuado dadas las diferencias entre los servicios de comunicación audiovisual regula-dos por la ley y los que utilizan “como plataforma la red de protocolo internet”. Y, específicamente, en cuanto a la vulneración del referido principio, tampoco se advierte que la ley coloque a la accionante en una situación de desventaja, sino que, contrariamente a lo sostenido por ella, no existe, en su caso, una discriminación injustificada en la regulación estable-cida por la norma impugnada (véase, en igual sentido, la referida Sentencia N° 462/2016). III.IV) Por otra parte, cabe señalar que la promotora no acreditó la invocada ausencia de justificaciones técnicas para dejar afuera del alcance subjetivo de la LSCA a los servicios comunicacionales que hacen uso de tecnología específica basada en el protocolo internet. Al respecto, si bien emerge de obrados que la actora agregó un informe que aborda esta temática, lo cierto es que éste no configura prueba, sino que su alcance debe limitarse a la mera alegación de parte interesada. En efecto, con el fin de acreditar su aserto relativo a la ausencia de justi-ficaciones técnicas en relación a la exclusión de los servicios que utilizan “como plataforma la red de protocolo internet”, la accionante debió ofrecer y producir prueba pericial, como en cualquier asunto donde esté en juego temática técnica y compleja. Lo que en el casus , no se ha verificado. El valor del informe del asesor técnico es un instituto afín al del asesor letrado y, en consecuencia, carece de las caracte-rísticas propias de un dictamen pericial. En punto a su eficacia en el proceso, debe descartarse toda consideración o valoración como acto probatorio. El informe del consultor privado de parte constituye, en realidad, un verdadero acto de proposición, integrando la alegación de la parte a quien asesora (véase a este respecto: CARDINAL, Fernando y KLETT, Selva, “El informe del asesor técnico de la parte: su naturaleza jurídica y valoración”, en AA. VV., IX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal , Universidad, Montevideo, 1997, págs. 209/217; en la jurisprudencia de la Corporación, véase entre otras las Sentencias N° 858/2017 , 1.634/2017 , 1.640/2017 y 1.031/2019 ). Evidentemente, todas estas cuestiones perjudican la posición de la actora, por afectar su legitimación para impugnar, específicamente en lo que respecta a las normas resistidas que, a su criterio, vulneran el principio de igualdad. Por lo expuesto, entonces, cabe desestimar el planteo de inconstitucionalidad deducido por la promotora en relación al art. 1°, inc. 4°, lit. A) de la Ley 19.307. IV) En cuanto a la impugnación de las restantes disposiciones atacadas IV.I) En relación a la ac-ción de inconstitucionalidad deducida respecto de los artículos 10, 11, 24 lit. B y D, 26, 28, 31 a 40, 51, 53, 56, 59 y 60, 63 a 68, 70, 86, 87, 91, 94 a 99, 101 y 102, 113, 115 a 117, 142 a 145, y 176 a 186 de la Ley 19.307, estiman los Ministros Dra. Elena MARTÍNEZ, Dra. Bernadette MINVIELLE y el redactor, que dicha impugna-ción, deducida en vía de consecuencia, no puede prosperar, en tanto se ha desestimado el planteo formulado en relación a la exclusión dispuesta en el artículo 1°, inciso 4°, literal A de la ley. Al respecto, es claro que la impugnación de aquellos preceptos ha sido deducida en vía de consecuencia. En tal sentido, emerge de la lectura de la demanda de obrados que aquellas disposi-ciones fueron impugnadas en base a la exclusión de los servicios de comunicación audiovisual que se trasmiten por internet. Por tanto, al haberse de-sestimado la alegada inconstitucionalidad de la referida exclusión, corresponde, asimismo, desestimar las res-tantes impugnaciones. El Sr. Ministro, Dr. Eduardo TURELL, consigna que comparte lo que viene de señalarse, lo cual a su juicio constituye el fundamento del incumplimiento de lo previsto en el artículo 512 del C.G.P., al no cumplir cabalmente tal impugnación las exigencias argumentativas previstas en esa disposición, como se lo refiere a continuación. IV.II) Por su parte, a jui-cio de los Ministros Dres. Jorge CHEDIAK y Eduardo TURELL, la impugnación deducida en relación a las referidas disposiciones legales no cumple con lo establecido en el art. 512 del C.G.P., lo cual determina per se la desestimatoria de la acción impetrada a su respecto. V) Las costas resultan de precepto (art. 523 C.G.P.) y no corresponde establecer especial condena en costos. Por estos fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE LA ACCIÓN DE IN-CONSTITUCIONALIDAD INCOADA. COSTAS DE CARGO DE LA PROMO-TORA. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PRO-CESAL. HONORARIOS FICTOS: 20 B.P.C. OPORTÚNAMENTE, ARCHÍVESE. SR. MINISTRO DR. JORGE CHEDIAK, DISCORDIA PARCIAL: I) A mi juicio, corresponde declarar inconstitucional y, por ende, inaplicable a la accionante, lo establecido en el artículo 1 inciso 4 literal A de la Ley n° 19.307. En el punto, me remito a lo expresado en discordia extendida en sentencia n° 462/2016 de la Corporación, entre muchas otras. II) Sin especial condena pro-cesal.