Sentencia Interlocutoria N° 1.477/2019

Montevideo, cinco de agosto del dos mil diecinueve VISTOS: Estos autos caratulados: “VV – UN DELITO DE DAÑO ESPECIALMENTE AGRAVADO EN REGIMEN DE REITERACIÓN REAL. DOS DELITOS DE LESIONES PERSONALES ESPECIALMENTE AGRAVADO EN CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN CON UN DELITO DE ATENTADO ESPECIALMENTE AGRAVADO - CONTIENDA DE COMPETENCIA” - IUE: 590-1/2019. RESULTANDO: 1) En lo que en esta contienda importa, tramita en autos un proceso penal, en el cual mediante la modalidad de proceso abreviado, por Sentencia Definitiva Nº 18/2019 de fecha 11/4/2019 del Juzgado Letrado de Rosario de 3º Turno, se condenó a VV como autor penalmente responsable de un delito de daño especialmente agravado en régimen de reiteración real con dos delitos de lesiones personales especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de atentado especialmente agravado a la pena de 22 meses de prisión, que se cumplirán, 10 meses de prisión efectiva y 12 meses de libertad vigilada. Dicha sentencia fue consentida en la propia audiencia (fs. 132 vto.). 2) Seguidamente, el día 24/4/2019, se remitieron los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de 1º Turno (fs. 137). 3) Recibidos los autos por el Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de 1º Turno, surge una constancia de la Actuaria del 7/5/2019 que dice: “Al despacho para asumir competencia dando cuenta que no surge liquidación de pena” (fs. 132 vto.). Seguidamente, por auto Nº 506/2019, el Sr. Juez Letrado de Ejecución y Vigilancia de 1º Turno, Dr. Martín Gesto, dispuso que atento a la dada cuenta que antecede, sin asumir competencia, remítase los autos a la Sede de origen a los efectos correspondientes. 4) Por resolución Nº 325/2019, el Sr. Juez Letrado de Rosario de 3º Turno, en virtud de lo establecido en los artículos 289.5 y 290 del C.P.P., en tanto establecen la remisión al Juzgado de Ejecución y Vigilancia “una vez ejecutoriada la sentencia”, se declaró incompetente remitiendo los autos nuevamente a la Sede de Ejecución y Vigilancia de Montevideo de 2º Turno (fs. 141/142). 5) Recibidos los autos por la Sede de Ejecución y Vigilancia de 1º Turno, por resolución Nº 768/2019, no asumió competencia atento a que es conveniente realizar la liquidación de la pena o su estimación, en forma previa a la remisión de los autos y elevó los autos a la Corporación a efectos de resolver la presente contienda de competencia (fs. 146/147). CONSIDERANDO: I) La Suprema Corte de Justicia declarará competente para continuar conociendo en autos al Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Montevideo de 1º Turno. II) En el caso contienden negati-vamente los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Rosario de 3º Turno y el Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de 1º Turno, en lo que respecta (principalmente) a quien corresponde realizar la liquidación de la pena relativa a la Sentencia de condena del penado VV. III) Tal como surge de autos, la Sentencia Nº 18/2019 de fecha 11/4/2019, se encuentra firme al haber sido consentida expresamente por ambas partes, adquiriendo la calidad de cosa juzgada. En este sentido, Vieiras sostiene: “El proceso de ejecución (o fase de ejecución del proceso penal) comienza cuando la sentencia definitiva dictada en el proceso de conocimiento adquiere la cualidad de la cosa juzgada, momento en el que cesa la competencia del juez de conocimiento y deviene competente el juez de ejecución y vigilancia (C.P.P., art. 25.1 en redacción dada por Ley Nº 19.679, art. 3; y art. 26) y culmina con la extinción de la pena...” (Curso sobre el Nuevo Código del Proceso Penal - Ley 19.293 – Volumen 2, Ed. 2019, pág. 406). Dicho esto, la presente contienda se resuelve a partir de lo dispuesto por los artículos 289.5 y 290 del C.P.P., artículos comprendidos en el Libro III que regula el Proceso de Ejecución. Estos artículos establecen: Art. 289.5: “Cuando las funciones del juez de sentencia y del juez de ejecución no coincidieren, una vez ejecutoriada la sentencia de condena o liquidada la pena, el expediente será remitido de acuerdo con los incisos anteriores” . Por su parte el art. 290: “(Liquidación de la pena). Una vez recibidos los autos , se efectuará la liquidación de la pena impuesta , determinando su monto y fecha de vencimiento en el plazo de cinco días. La liquidación se notificará al fiscal y al defensor y, de no deducirse oposición dentro del plazo de cinco días, se tendrá por aprobada. En caso de deducirse oposición, la misma se tramitará por la vía incidental” (subrayado no original). IV) En base a estas premisas, la Corporación comparte lo resuelto por el Sr. Juez Letrado de Rosario de 3° Turno, en cuanto una vez ejecutoriada la sentencia de condena, cesó su competencia en lo que refiere a la ejecución de dicha sentencia y remitió los autos, a tales fines, al Juzgado de Ejecución y Vigilancia de Montevideo, por estar recluido el Sr. VV en el Establecimiento de Reclusión Santiago Vázquez. El Juzgado de Ejecución y Vigilancia de Montevideo de 1º Turno, devolvió las presentes actuaciones a la Sede de Rosario en tanto en la práctica es conveniente remitir los expedientes una vez realizada una liquidación o al menos su estimación de forma previa, atento a los tiempos de remisión de los expedientes podrían ir en perjuicio del condenado (Resolución de fs. 146/147). Pues bien, no le asiste razón, por cuanto la liquidación de la sentencia penal constituye una actividad propia de la fase de ejecución, cuyo presupuesto es la existencia de una sentencia de condena ejecutoriada, tal como se desprende de los artículos citados. En este mismo sentido se pronuncia Vieiras en el trabajo citado ut-supra. “[El Juez competente para conocer en el proceso de conocimiento] ...carece de jurisdicción para ejecutar la sentencia definitiva, ya que una vez que ésta quede firme, este poder-deber le es asignado a los Jueces Letrados de Ejecución y Vigilancia” (ob. Cit., pág. 415). “La liquidación de la pena es la actividad procesal que tiene por objeto determinar el momento en que se tendrá por efectivamente cumplida la pena dispuesta por sentencia ejecutoriada. (…) La sentencia de liquidación penal no se pronuncia sobre ningún objeto principal del proceso penal (responsabilidad, pena, monto) sino que simplemente viene a establecer la fecha de vencimiento de la pena. (…) Por este motivo, la liquidación de la sentencia penal constituye una actividad propia de la fase de ejecución, cuyo presupuesto precisamente es la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada. (…) En conclusión, el incidente de liquidación de la sentencia penal es una actividad propia del proceso de ejecución...” (ob. Cit., págs. 431/432). V) Como argumento coadyuvante, cabe señalar que la propuesta, era la solución a texto expreso establecida en el art. 320 del C.P.P. (Ley 15.032), en tanto establecía en solución parangonable con el ya citado 290 (Ley 19.293), que: “El Juez de la ejecución ordenará a la oficina actuaria que realice el cómputo de la pena fijada, determinando su monto y la fecha de su vencimiento, a cuyo efecto aquella dispondrá de cinco días”. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia RESUELVE: DECLARAR COMPETENTE PARA CONTINUAR CONOCIENDO EN ESTOS PROCEDIMIENTOS, AL JUZGADO LETRADO DE EJECUCIÓN Y VIGILANCIA DE MONTEVIDEO DE 1º TURNO, AL QUE SE REMITIRÁN LOS AUTOS, CON NOTICIA DE SU CONTENDIENTE.