Sentencia Definitiva N° 1.208/2019

Montevideo, veintinueve de julio de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ AA - UN DELITO COMPLEJO DE HOMICIDIO MUY ESPE-CIALMENTE AGRAVADO - CASACIÓN PENAL”, IUE: 89-49/2012 , venidos a conocimiento de esta Corporación en mérito al recurso de casación interpuesto por la defensa del encausado contra la Sentencia Definitiva N° 170/2018, de fecha 30 de agosto de 2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno. RESULTANDO : I) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia N° 110/2015 , de fecha 5 de mayo de 2015, la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 16° Turno, Dra. Julia STARICCO CAMPODÓNICO, se condenó a AA, a título de dolo directo, como autor penalmente respon-sable de un delito de homicidio muy especialmente agravado por la modalidad de concurso, en reiteración real con un delito continuado de apropiación indebida, a la pena de treinta (30) años de penitenciaría y de su cargo los gastos previstos en el lit. e) y d) del art. 105 del Código Penal y art. 246 del C.P.P. (fs. 806/835). II) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia N° 170/2018 , de fecha 30 de agosto de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3° Turno confirmó la sentencia de primer grado, salvo en cuanto a que en esta instancia se condenó a AA como autor de un delito complejo de homicidio muy especialmente agravado, y se relevó la agravante muy especial prevista en el art. 312 num. 4° del Código Penal, revocándose la computada por la sede a quo (art. 312 num. 6° del C.P.) (fs. 1058/1070). III) En tiempo y forma, el defensor del encausado, Dr. BB, interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia (fs. 1075/1083). En su libelo impugnativo planteó, en concreto, los siguientes cuestionamientos: En primer lugar, sostuvo que no está probado que el indagado se encontrara en la finca cuando ocurrieron los tres homicidios que se le imputan. En realidad, está acreditado que el indagado estuvo en el lugar de los hechos algo después de las 7 de la mañana y hasta las 8:39 AM. La pericia forense ubica temporalmente los homicidios dentro de las 24 horas previas a la autopsia. Por lo cual, a criterio de la defensa, los homicidios pueden haber ocurrido después de las 9 de la mañana. Es más; existen elementos que permiten ubicar a las muertes después de las 9:50 AM. A esa hora estaba detenido el reloj pulsera de la víctima CC pudiendo descartarse que se detuviera por un golpe. Asimismo, a las 10:07 AM, un cliente de CC llamó por teléfono, sin que nadie le respondiera. En segundo lugar, adujo que no está probado que CC permaneciera por más de una hora en el local de su vecino, el herrero DD. AA afirma que CC fue a visitar a DD y que volvió a los 5 minutos. El motivo de lo rápido de la visita fue que DD no se encontraba en su domicilio, ya que había ido a visitar a su padre que se encontraba hospitalizado. Esa versión fue corroborada por la testigo EE, quien posteriormente se rectificó. No obstante, a criterio de la defensa, en nada cambia que CC se ausentara durante 5 o 40 minutos, ya que no está acreditado que los homicidios hubieran ocurrido antes de las 9 de la mañana. Por otro lado, dijo que no resulta claro el motivo de AA para cometer los homicidios. El Tribunal sostiene que el móvil del crimen fue quedarse con el negocio de las máquinas tragamonedas y el reparto que tenía CC, dado que AA conocía lo redituable del negocio, por ser empleado en aquél. Tal conclusión no se compadece con el hecho de que no se sustrajera ninguna de las pertenencias de la familia, ni aún la suma de $100.000 que había en el bolsillo de CC. A criterio de la defensa, los homicidios fueron producto de un “hurto entregado” y los perpetradores solo buscaron dinero en los dormitorios, por creer que allí lo encontrarían. Añadió que, por otra par-te, AA era propietario de máquinas tragamonedas antes de relacionarse con CC. Asimismo, le compró a CC algunas máquinas más, las cuales ya habían sido pagadas al momento de los homicidios. Sostuvo, asimismo, que no es acertado tener por ciertos los dichos de CC en cuanto a la necesidad de realizar el reparto por sí mismo por tener deudas que cubrir. A criterio de la defensa, los dichos de CC se justifican como los típicos de un comerciante a sus vecinos, pero no son útiles para hacer caer la versión de AA. Afirmó que no se puede descartar que existiera otra camioneta idéntica a la de CC en la cual se podría desplazar el verdadero homicida. Al respecto, corresponde destacar que el testigo EE expresó haber visto a dos personas en la camioneta, cuando, en el caso, AA se retiró solo del domicilio de CC. Apuntó que el hecho de que AA condujera la camioneta de su empleador, CC, no era inhabitual, como lo sostiene el Tribunal. El hecho de que el indagado condujera ese vehículo fue corroborado por los testigos GG y HH. El homicidio puede haber sido cometido por otro sujeto (conocido o que se hizo pasar por un comprador), que haya dado muerte a los integrantes de la familia. Señaló que no puede con-siderarse como un elemento relevante la versión de los hechos que AA le dio a II acerca de la forma en la cual ocurrió el homicidio de JJ. Al día siguiente de los homicidios, AA le expresó a II que JJ estaba durmiendo y que se fue corriendo al baño, donde fue asesinado. El Tribunal concluye que ese hecho solo lo podía conocer AA de haber estado presente. El indagado no recuerda haber realizado tal comentario, pero, en caso de haberlo hecho, fue después de las 18:30 horas del 6 de enero de 2012, cuando los cadáveres habían sido encontrados la noche anterior. La información pudo haber sido extraída de la prensa o de los policías intervinientes en la investigación. Refirió luego a las dudas generadas por el hallazgo de las llaves de CC en la gaveta de la camioneta. El Tribunal expresa que el hallazgo de las llaves de la vivienda de CC en la gaveta de la camioneta le genera incertidumbres y dudas. Las llaves fueron encontradas en la camioneta después de que la autoridad policial se la entregó a EE. Se realizaron tres inspecciones policiales en el vehículo y las llaves no fueron ubicadas. Agregó que la posibilidad de la existencia de tres juegos de llaves, sostenida por el indagado, se deriva del hecho de que en la casa vivieran tres personas. Dijo, por otro lado que, en el momento en el cual AA se retiró de la vivienda de CC éste se quedó conversando con una vecina de nombre II. Esta versión de los hechos no pudo ser corroborada por el deterioro de la salud mental de la vecina. Pero esas conversaciones eran habituales, por tanto sería normal que así hubiera ocurrido también ese día. En relación a la conducta de AA posterior a los homicidios, indicó que el Tribunal considera significativo que el condenado concurriera a la mañana siguiente de los homicidios a los lugares donde CC tenía instaladas máquinas tragamonedas para pretender llevárselas. Pero tal conclusión no resulta de la prueba. En el caso, solo visitó a un cliente con máquinas tragamonedas, ya que los restantes que fueron visitados no las tenían. Expresó, asimismo, que la sentencia no analiza las resultancias de las pericias realizadas en la camioneta y en la ropa que llevaba AA, de las cuales no surge ningún elemento incriminatorio. A su vez, tampoco se tuvo en cuenta la pericia psicológica realizada como medida para mejor proveer, de la cual no surge ningún elemento que permita sindicar a AA como autor de los homicidios. En definitiva, solicitó que se proceda a casar la sentencia de segunda instancia impugnada y que se disponga, en su mérito, la absolución de su defendido. IV) Por mandato verbal de fecha 26 de setiembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3 er Turno resolvió elevar los autos a la Suprema Corte de Justicia (fs. 1084), los que fueron recibidos por la Corporación el día 11 de octubre de 2018 (fs. 1089). V) Conferido el traslado de precepto a la Fiscalía Letrada en lo Penal de Montevideo de 4° Turno (fs. 1091 y 1094), no fue evacuado por ésta. VI) Los autos pasaron en vista al Sr. Fiscal de Corte, quien en su dictamen concluyó que correspondía desestimar el recurso movilizado (Dictamen Nº 1044 de fecha 17 de diciembre de 2018 , a fs. 1098/1105 vto.). VII) Por Decreto N° 3732 de fecha 21 de diciembre de 2018 (fs. 1108), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia. VIII) Ante la inhibición de oficio de la Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE, se convocó a sorteo para proceder a la integración de la Corte (Decreto N° 958, de fecha 23 de mayo de 2019, a fs. 1117). IX) Se realizó el sorteo co-rrespondiente para proceder a la integración de la Corte. Recayó la suerte en la persona del Ministro Dr. José BALCALDI (fs. 1122). X) Culminado el estudio, se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Jus-ticia, por unanimidad, desestimará el recurso de casación interpuesto. II) Plataforma fáctica tenida por probada por el Tribunal La Sala ad quem entendió acreditada, en lo sustancial, la plataforma fáctica emergente de la sentencia de primera instancia. Señaló que los hechos del caso fueron los siguientes: “... El 5 de enero de 2012 próximo a la hora 07.30, como lo hacía habitualmente, el encausado AA llegó al domicilio de CC para comenzar el reparto. CC lo recibe a los pocos minutos y le entregó la lista de pedidos de mercadería para distribuir ese día. A la hora 08.00, mientras AA cargaba la camioneta, CC le manifestó que iba hasta la herrería de su vecino, DD, ubicada en XX, a interesarse por la salud del padre de éste. Allí CC estuve desde las 08.05 hasta las 08.40, momento en que le dijo a su vecino DD ‘que se tenía que ir a hacer el reparto ya que necesitaba recaudar para cubrir cheques para el lunes 9 de enero de 2012...’. El herrero vio que CC, tenía en su mano un par de llaves. Mientras tanto, el encausado AA, ingresó a la finca, tomó una barra de hierro en forma de ‘v’ que CC utilizaba para trabar el portón mientras cargaba la mercadería. Golpeo con ella en cuatro oportunidades a HH, una de frente y tres en la nuca, lo que provocó la caída de la mujer al piso. Los golpes ocasionados, produjeron la muerte de la Sra. HH. DD dormía en su cuarto, AA se dirige hasta el dormitorio del adolescente. Se acercó hasta la cama y lo golpeo en la cabeza con la misma arma. El adolescente se levantó, tratando de evitar la agresión, pero el encausado terminó golpeándolo nuevamente en el baño, propinándole nuevamente varios golpes también en la cabeza. AA volvió al depósito a esperar a CC. Cuando éste regresó de la visita vecinal, AA lo sorprendió dándole tres golpes en la nuca con la barra de hierro, que le provocaron su muerte. Luego, el encausado le quitó a CC las llaves del portón del depósito y del portón de reja, que este tenía en su mano... y desordenó el dormitorio del matrimonio y del adolescente. El encausado salió de la finca por el portón de chapa, y lo cerró con llave, así como lo hizo con el portón vehicular de reja, abandonando el lugar conduciendo la camioneta. A la hora 09.00 se dirigió hasta la casa de su padre, AA, ubicado en 1111111 en Punta de Rieles, donde vivía... su concubina NN. Allí el encausado se bajó y se cambió de ropa. Para luego, próximo a la hora 11.30 salió con su pareja a visitar a dos clientes de CC en la camioneta...”. “Este hecho llamó la aten-ción a los clientes, porque ... siempre era CC quien salía en el reparto. AA y su pareja concurrieron al comercio ubicado en la calle Sixtina, propiedad de OO y de PP . Y próximo a la hora 13 fueron al comercio ubicado en Camino Corrales 3233 propiedad de QQ y FF. Desde allí vuelven al domicilio de CC, siendo ya la hora 13.30, con la intención que los vecinos registraran que estaba reintegrando la camioneta de su patrón. Desde ese entonces empezó a mostrar su ‘preocupación’ porque la familia CC no contestaba sus llamados. Lo que trasmitió a su padre, a su madre .... a su concubina y a la policía, llamando al 911...”. “En ese segundo llamado al 911 es que la policía concurrió a la finca, ya próximo a la hora 00.58 del 6 de enero de 2012. A través de la banderola del baño uno de los funcionarios policiales vio un cuerpo en el piso”. “... se constató que en el baño estaba el adolescente JJ, sin vida...”. “Posteriormente se ubica en una pieza pegada a la cocina, que funcionaba como depósito y churrasquera, el cuerpo sin vida de HH, arrodillada en el suelo y recostada contra las fundas de refrescos apiladas, presentando sangrado en su cabeza...”. “También fue encontrado CC sin vida, boca abajo con gran sangrado en la cabeza, tirado en el suelo de dicho depósito, a dos o tres metros de su esposa...”. “La casa se encontraba totalmente cerrada, sin las llaves de acceso a la misma... Apareciendo las únicas llaves que había dentro de la camioneta Fiorino. Según surge del informe médico forense, la víctima HH, no presentaba signos de lucha ni defensa ... la causa de la muerte fue fractura de hundimiento de cráneo...”. “En el caso de JJ se constató gran hematoma de cuero cabelludo de extensión global que involucra ambos músculos tempo-rales. Fractura coronal, hematoma interhemisférico, edema encefálico, fractura piso anterior base cráneo, causa de muerte: trauma cráneo encefálico”. “Y respecto a CC, herida corto contuso en cruz de 15 x 8 y otra de 11 cms lineal. Fractura fronto biparietal temporo occipital en base de cráneo. Causa de muerte Traumatismo craneo-encefálico grave...”. “...según surge del memo-rándum agregado a fs. 522, el médico forense informó que las muertes fueron dentro de las 24 horas. Señalando que la autopsia se hizo a la hora 9.00. El mismo día del hallazgo, el encausado AA le comunicó a los comerciantes que tenían las maquinitas tragamonedas de CC que éste había fallecido y que él pasaría a levantar las maquinas dado que su patrón se las había vendido. Los comerciantes se negaron a entregar las maquinitas, así como la recaudación a AA, a pesar de su insistencia. Es más, éste llegó a ir con un flete para recogerlas. Sin embargo, KK y SS entregaron al encausado la recaudación de tres máquinas que tenían en su comercio ubicado en la zona de Piedras Blancas... recibiendo un total de $ 160.000 aproximadamente... ” (fs. 1060/1061 vto.). Corresponde estar a la prolija y detallada reconstrucción de los hechos de autos, reseñados por los órganos de mérito en la forma que viene de transcribirse. III) Respecto a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal III.I) El recurrente se agravia, a lo largo de todo su libelo, por la valoración probatoria realizada en la sentencia de la Sala. Estima que varias de las afirmaciones realizadas por el Tribunal respecto a los hechos del caso no se encuentran plenamente probados. Alega que las conclusiones y conjeturas a las que arriba la Sala son erróneas y a su vez escapan a las reglas de la sana crítica, y por momentos se transforman en arbitrarias o contrarias a las máximas de la experiencia. Concluye que los hechos probados no demuestran por sí, no reúnen la calidad de prueba necesaria para hacer caer el principio de inocencia de que goza su defendido y determinar su responsabilidad penal. III.II) En cuanto a la in-fracción a las normas de valoración probatoria en materia penal, los Ministros Dra. Elena MARTÍNEZ, Dr. Eduardo TURELL y Dr. José BALCALDI, consideran que bajo ningún supuesto resulta posible discutir los hechos tenidos por probados en segunda instancia. Y ello en función del claro tenor del inciso segundo del artículo 270 del Código del Proceso Penal, el cual establece: “ No podrán discutirse los hechos dados por probados en la sentencia, los que se tendrán por verdaderos ”. Los hechos son intangibles y debe estarse a los dados por probados por el tribunal de mérito, siendo únicamente posible apreciar si medió o no error en la aplicación de las normas jurídicas o en la subsunción de los hechos al derecho que los regula. La función de la Corte es tomar el hecho narrado por el tribunal o tenido por probado como tal para reexaminar, eso sí, si la calificación jurídica es o no apropiada al hecho así narrado, tal como lo sostuvieron los referidos Ministros en las Sentencias Nos. 1985/2017 y 586/2017. Los Ministros Dra. MARTÍNEZ, Dr. TURELL y Dr. BALCALDI añaden que, a su entender, no es aplicable a las causas penales lo dispuesto por el artículo 270 del C.G.P., en el bien entendido de que no es un supuesto en el cual corresponda recurrir a la norma integradora contenida en el artículo 6° del C.P.P. Ello porque, atento al claro tenor del artículo 270 inciso 2° del C.P.P., no cabe más que concluir que la integración con la norma adjetiva civil resulta expresamente vedada en esta materia. La categórica proclama del texto legal impide toda flexibilidad de interpretación o integración por las que se deslice la posibilidad de invocar la infracción a las reglas de valoración de la prueba prevista como causal de casación en el artículo 270 inciso 1º del C.G.P. Ello, porque parece claro que la solución de la ley procesal civil se opone de manera terminante al precepto de la ley procesal penal (Cfme. Sentencia Nº 454/2013). En la misma línea de pensamiento se han expresado calificados estudios específicos sobre el tema. VESCOVI, en su clásica obra sobre el recurso de casación, señaló: “(...) nuestro régimen legal de la casación penal ha excluido el error en la apreciación de la prueba como juzgable en casación, diciendo que no se podrá discutir acerca de los hechos que la sentencia considere comprobados (...)” (Cfme. VESCOVI, Enrique, La casación civil , Idea, Montevideo, 1996, p. 83). Más recientemente, se pro-nunció en tal sentido VEIRAS, quien afirmó: “(...) la existencia de una previsión legal específica sobre el punto en el C.P.P. (artículo 270 inciso 2), contraria a la solución genérica establecida en el C.G.P. (artículo 270 inciso 1) –y salvo la excepción que se mencionará–, impide trasladar analógicamente esta última por vía de integración normativa (...)” (Cfme. VEIRAS, Jorge, “Casación Penal. Integración de sus normas con las del Código General del Proceso”, en AA. VV., XIV Jornadas Nacionales de Derecho Procesal , FCU, 2009, p. 347). La excepción que menciona el Prof. VEIRAS no se aplica al caso de autos, desde que ella refiere a la infracción de las reglas legales de valoración de la prueba cuando no se otorga a un determinado medio probatorio documental el valor que la ley le atribuye o cuando no se asigna eficacia probatoria a un cierto medio de prueba en casos en los que tal eficacia está impuesta legalmente. En función del posiciona-miento señalado, concluyen los Ministros Dra. MARTÍNEZ, Dr. TURELL y Dr. BALCALDI que corresponde desestimar los agravios formulado por el recurrente, por cuanto éste intenta una revalorización del material probatorio, lo que se encuentra vedado en esta etapa del proceso. III.III) Por su parte, para los Ministros Dr. Jorge CHEDIAK y el redactor, resulta posible en la etapa de casación (penal) revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando éstas resultan arbitrarias, irracionales o contrarias a las reglas de la lógica. Al respecto, señaló la Corte en Sentencia N° 134/2018: “ A juicio de los Dres. HOUNIE, CHEDIAK y la redactora (Dra. MINVIELLE) corresponde partir de la base de que, en nuestro derecho procesal penal, el recurso de casación únicamente puede fundarse en una errónea aplicación del Derecho, ya sea en el fondo (juzgamiento error in iudicando) o en la forma (procedimiento, error in procedendo) (Cfme. GARDERES, Santiago y VALENTÍN, Gabriel: ‘Código del Proceso Penal Comentado (con la colaboración de Soledad Díaz)’, La Ley Uruguay, Montevideo, 2012, pág. 638). Al decir de BARRIOS DE ANGELIS, la máxima fundamental de la casación, es que ella solo comprende el punto de Derecho y no tiene intervención en la cuestión de hecho (Cfme. BARRIOS DE ANGELIS, Dante: ‘Cuestiones de hecho y de derecho en la casación’, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la Repú-blica, Año XIII (No. 3), Montevideo, 1962, pág. 579). Ahora bien, la jurispru-dencia de la Corporación -que se comparte- ha admitido la posibilidad de revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando estas resultan arbitra-rias, irracionales o contrarias a las reglas de la lógica. Como señala COLOMBO, si bien la revalorización de la prueba resulta excepcional, la Corte –en base a la Teoría del absurdo evidente- puede hacerlo cuando media error notorio, lo que equivale a manifiesto, patente, evidente, palmario, claro, ostensible. De este modo se abre un nuevo campo para la casación, el cual se admite con un entorno sumamente restrictivo, para realizar y actuar la justicia como último instrumento para evitar la iniquidad del fallo (COLOMBO, Erik H.: ‘Casación: Teoría del absurdo evidente’, RUDP 1/1983, págs. 57/58). Como bien postulan VALEN-TÍN y GARDERES, el C.P.P. no contiene una referencia similar a la del art. 270 del C.G.P., que incluye expresamente como error de Derecho, la infracción a las reglas legales sobre valoración de la prueba. Empero los mismos argumentos que permiten revisar la aplicación de los criterios legales de valoración de la prueba en la casación civil, deben admitirse como fundamento de la casación penal. En esencia, la sana crítica es una regla legal, y si las conclusiones probatorias del fallo resultan claramente absurdas, esa regla legal de valoración probatoria se encuentra afectada (teoría del ‘absurdo evidente’, recogida en la jurisprudencia civil de la Suprema Corte de Justicia). En definitiva, expresan los comentaristas en términos plenamente compartibles, que el art. 270 inc. 2 del C.P.P. no establece algo distinto de lo previsto con carácter general en el art. 270 C.G.P. (‘el recurso sólo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho...’), y la aclaración referida a la intangibilidad de los hechos debe interpretarse en ese marco conceptual clásico, sustentado en la distinción entre hechos y derecho, que no supone negar el carácter normativo (Derecho) de las reglas legales sobre valoración de la prueba (Cfme. GARDERES, Santiago y VALENTÍN, Gabriel: ‘Código del Proceso Penal Comentado’, LA LEY URUGUAY, 1ª Edición, Montevideo, 2012, pág. 638). Ya BARRIOS DE ANGELIS enseñaba, en su señero trabajo, que hay error de derecho cuando se incurre en error al aplicar las normas en materia de prueba (BARRIOS DE ANGELIS, Dante: ‘Cuestiones...’, cit., pág. 586) ” (Cfme. Sentencia N° 134/2018; en igual sentido: Sentencia N° 1.492/2018). Ahora bien. En la especie, no se advierte, en absoluto, que el razonamiento pro-batorio de la Sala resulte absurdo, irracional, ilógico o arbitrario, únicos supuestos en los que se justi-ficaría su corrección en casación. De la lectura de la fun-dada sentencia atacada se desprende que la valoración efectuada por el Tribunal, obrante a fs. 1062/1068 vto., no evidencia apartamiento alguno de las reglas de la lógica; muy por el contrario, se trata de un razonamiento coherente, claro y fundado, con sólido basamento en las probanzas rendidas en autos. Al no advertirse un su-puesto de absurdo evidente en la valoración de la prueba, concluyen los Ministros Dr. CHEDIAK y el redactor que cabe desestimar los agravios articulados por el recurrente. III.IV) Por último, resta agregar que, a juicio de la unanimidad de la Corte, la alegada transgresión al art. 18 de la Constitución, en el planteo del impugnante, responde en puridad a la misma circunstancia (esto es, a la valoración de la prueba), por lo que dicho planteo también resulta de rechazo, por los fundamentos previamente señalados. IV) No se impondrán especiales condenaciones en gastos causídicos. Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PRO-CESAL. FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS DEL LETRADO DEFENSOR DEL ENCAUSADO EN 20 B.P.C. (ART. 71 LITERAL B) DE LA LEY 17.738). NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.