Sentencia Interlocutoria N° 1.304/2019

Montevideo, diecinueve de julio de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia interlocutoria estos autos caratulados: “AA - CO-AUTOR DE UN DELITO DE HOMICIDIO - OTRO - INCIDENTE DE RECUSACIÓN” , IUE: 1-25/2019 . RESULTANDO : I) Que con fecha 25 de marzo de 2019, a fs. 2/5, compareció la Dra. BB, en representación de AA, en los autos caratulados “AA (...)”, IUE: 87-289/1985, a efectos de promover demanda incidental de recusación de la Sra. Ministra de esta Corporación, Dra. Bernadette MINVIELLE. Señaló que el 20 de marzo de 2019, la Sra. Ministra recusada fue entrevistada en el programa “En Perspectiva”, emitido por Radio 1170 AM, oportunidad en la que emitió una serie de opiniones que, a su juicio, afectan su imparcialidad e implican un pronunciamiento indebido dirigido hacia los jueces que intervienen en las causas que se relacionan con hechos que involucran la actuación de las Fuerzas Armadas durante el período de facto cívico militar. Indicó que, en la referida entrevista, la Sra. Ministra dijo en relación a la Defensa que asistió a los militares juzgados por presuntos crímenes cometidos durante la última dictadura militar, entre otras cosas, que “... interpusieron excep-ciones de inconstitucionalidad, excepciones de prescrip-ción, cuanta dilatoria había...” y “... algún juez tuvo que haber parado el carro, no lo hizo, no les pararon el carro, al contrario los dejaron correr muchas veces...”. Afirmó que tales comenta-rios, referidos en general a la Defensa que los presentes defensores desempeñaron en distintos expe-dientes relativos a estos hechos, son de una gravedad inadmisible e injustificable, al punto que afectan su imparcialidad en la decisión a tomar en futuros pronun-ciamientos, y los términos en que se expresa implican un juicio de valor personal respecto de lo que los jueces deberían hacer ante la defensa de los indagados militares. Máxime cuando, actualmente, se encuentran pendientes de su decisión múltiples excepciones de inconstitucionalidad, entre otras, la relativa a la creación y actuación de la Fiscalía de Lesa Humanidad. Sostuvo que el alto cargo en la jerarquía del Poder Judicial que la entrevistada ocupa le impide tales pronunciamientos sobre la actuación de los jueces y sobre las herramientas legales que la defensa hace valer válida y legítimamente en la asistencia a los indagados. Las manifestaciones de la Sra. Ministra vulneran las garantías del debido proceso de los indagados en las causas a las que la magistrada estaba refiriendo en la entrevista, garantías que no solo son o deben ser formales y aparentes, sino que se componen de un elemento de fondo fundamental en un sistema republicano, como lo es el sometimiento a tribunales imparciales. Quien define las herramientas legítimas de defensa como “dilatorias” y manifiesta públicamente que los subordinados al órgano que integra debieron “parar el carro”, sin duda padece de un designio anticipado que la obliga a apartarse de las causas. Añadió que la Sra. Mi-nistro vulnera otro sagrado principio de raigambre constitucional, como lo es la independencia de los jueces en el ejercicio de su función, al que también refiere en un pasaje de la entrevista. Dijo que las expresiones por demás infelices dan cuenta de la afectación de su credibilidad, o mejor dicho, de la imparcialidad a la hora de pronunciarse. Se verifica en el caso “cir-cunstancia comprobable que pueda afectar la impar-cialidad del Juez por interés en el proceso en que interviene o afecto o enemistad a las partes o sus abogados o procuradores, así como por haber dado una opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento)”. Agregó que la magistrada transgredió la obligación que impone a los jueces el art. 94 de la Ley No. 15.750. Por lo expuesto, solicitó a la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE que se abstenga de intervenir en el asunto, y, para el caso contrario, a la Corporación que reciba la prueba ofrecida, remita los autos al Ministerio Público y, en definitiva, dicte sentencia haciendo lugar a la recusación planteada, separando a la cotitular de la Corporación de la decisión, así como de cualquier participación del asunto que se ventila en estos autos y en todas las causas relacionadas con hechos denunciados durante el proceso cívico militar. II) Con fecha 1º de abril de 2019, se formó la presente pieza separada en cum-plimiento de lo dispuesto por Auto No. 468 de fecha 28 de marzo de 2019, dictado en los autos IUE: 87-289/1985, la que quedó registrada en la IUE: 1-25/2019. III) Que con fecha 4 de abril de 2019, a fs. 12/16, la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE contestó la demanda de recusación y abogó por su rechazo. Señaló en primer lugar que la demanda de recusación resulta de rechazo por razones de forma. Indicó que se pretende in-vocar una causal superviniente, relativa a la impar-cialidad de su persona, que se hace valer durante el curso de un proceso de inconstitucionalidad, y, a su vez, insólitamente, se pretende que una decisión estima-toria irradie sus efectos en su actuación en las restantes causas relacionadas con las FF.AA. durante el período de facto. Sostuvo que el planteo realizada por las Defensoras es extemporáneo, pues las consideraciones que hoy se estiman parciales y sustento de un indebido proceso hacia sus defendidos, ya habían sido realizadas por la compareciente en momento de dictar sentencia como titular del Tribunal de Apela-ciones en lo Penal de 3er. Turno, y adquirieron estado público. En tal ocasión, realizó idénticas apreciaciones aunque con mayor rigorismo técnico, porque el acto procesal así lo exigía. En esa ocasión (sentencia dictada en 2016) se exhortó a los Magistrados de primera instancia a que, en supuestos de incidencia (ya sea por prescripción, ya por nulidad), hicieran cabal uso del art. 297 del CPP (trámite por separado) y fundaran, en su caso, la razón por la cual se suspendía el desarrollo del proceso principal. Dijo que los cuestiona-mientos que en su momento se realizaron obedecieron a la estrategia defensiva que se realizaba por goteo, en el propio proceso principal y con continua paralización de su decurso. Pero no se cuestionaba a los Defensores, quienes adoptaron la estrategia de Defensa que mejor servía a los intereses de sus defendidos. Sí se cuestionaba la actuación de los Sres. Jueces de ins-tancia, que no hacían uso del poder-deber de dirección y ordenación del proceso que dimana del CGP y resulta aplicable a los procesos penales por la norma de reenvío o complementación contenida en el art. 6 del CPP. Anotó que dicho asunto tu-vo repercusión mediática, tal como se acredita con la nota de la revista “Caras y Caretas” del 2 de octubre de 2016. Concluyó al respecto que esa exhortación y hasta llamado de atención a los Sres. Jueces de instancia (no a los “subordinados”, como dicen los demandantes), lo fue para que en uso de la potestad legítima que le otorga la ley, evitaran las dilatorias injustificadas, significando a su vez que la Sra. Ministra actuó en el ámbito de sus legítimas potestades como órgano de alzada. Indicó que, en ese marco, sus dichos en el programa radial se limitaron a reeditar aquel pronunciamiento, en el tono coloquial propio de una entrevista radial. Apuntó, por otro lado, que al margen de las razones formales indicadas, corresponde rechazar la demanda porque las manifestaciones reali-zadas no reflejan, en absoluto, que haya perdido impar-cialidad e independencia, o que haya socavado la inde-pendencia de los jueces y tribunales de menor jerarquía. Manifestó al respecto, en primer lugar, que la expresión está sacada de contexto. Si se atiende a éste, se advertirá que lo que estaba defendiendo era la regularidad jurídica de los procesos penales seguidos contra los militares acusados de viola-ciones a los derechos humanos en el pasado reciente. En tal sentido, expresó en la entrevista: “...discrepo en cuanto a que no hubo un juicio justo, que no tuvieron garantías; es más, tuvieron todas las garantías habidas y por haber, tuvieron un abogado, interpusieron excep-ciones de inconstitucionalidad, excepciones de prescrip-ción, hicieron uso de cuanta dilatoria había, en el ejercicio legítimo del derecho de defensa. Algún juez debió haber parado el carro, pero no se les paró el carro, al contrario, se los dejó correr muchas veces, y con eso se iban los años”. Dijo que esa “parada de carro” exigida a las Sres. Jueces de primera instancia habían sido expresadas ya en sentencia, en el marco de las potestades que como superior procesal le alcanzaban, exigiéndose a aquéllos el uso del poder-deber de dirección y ordenación del proceso, frente a defensas por goteo o individuales y reiteradas. En nada afectó la independencia de los letrados penales de primera instancia y en nada, tampoco, se vio afectada su impar-cialidad. Lo actuado fue en el marco de la Constitución y la ley. Agregó que sus expresiones están en el encuadre de un discurso que se dirige a defender la integridad de la actuación del Poder Judicial en dichos procesos. Señaló que no ve afectada su imparcialidad por defender la actuación de otros jueces, que aplicaron el Derecho positivo vigente. Tampoco por referir a estrategias forenses que pretendió frenar. No se critica la estrategia defensiva; sí se exige a los jueces de instancia la consideración ordenada y dirigida del proceso que permita que la tan manida eficacia judicial no se resuelva en una quimera. Por lo expuesto, rechazó la recusación planteada, abogando por el rechazo de la demanda. IV) Que con fecha 29 de abril de 2019, a fs. 18, la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE solicitó la agregación de prueba supervinien-te. V) Que con fecha 2 de mayo de 2019, a fs. 20, la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE designó al Dr. Gabriel VALENTÍN como letrado patrocinante y le confirió la representación del art. 44 del C.G.P. VI) Por Decreto No. 793, de fecha 6 de mayo de 2019, a fs. 26, se dispuso la integración de la Corte, en función de no haberse arribado al quórum legalmente requerido (art. 56 inc. 2º de la Ley No. 15.750). VII) Se realizó el sorteo correspondiente para proceder a la integración de la Corte. Recayó la suerte en la persona de la Sra. Ministra Dra. María Rosina ROSSI (fs. 35). VIII) Culminado el estudio, se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Corporación, por el número de voluntades legalmente requerido (art. 56 inc. 2º de la Ley No. 15.750), desestimará en forma liminar la solicitud de recusación planteada, en función de considerar que los motivos aducidos por la recusante no encuadran dentro de las causales de recusación previstas en el art. 325 del C.G.P. II) En ausencia de regulación del proceso de recusación en el C.P.P. de 1980, al que se somete el proceso principal, conforme a lo dispuesto en su art. 5º corresponde acudir a la regulación establecida en los arts. 325 y ss. del C.G.P. El art. 325 del C.G.P. establece: “ Será causa de recusación toda circunstancia comprobable que pueda afectar la imparcialidad del Juez por interés en el proceso en que interviene o afecto o enemistad en relación a las partes o sus abogados y procuradores, así como por haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento) ”. Lo primero que cabe seña-lar, en relación a la interpretación de esta dispo-sición, es que para que resulte afectada la imparcia-lidad de un juez, debe existir una “circunstancia comprobable” a partir de la cual se demuestre la existencia de alguno de estos supuestos: a) interés del juez en el proceso en que interviene; b) afecto del juez en relación a las partes, sus abogados o procuradores; c) enemistad del juez en relación a las partes, sus abogados o procuradores; d) haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento). En la presente demanda incidental de recusación, la demandante no indica con suficiente precisión cuál de los referidos cuatro supuestos se habrían configurado en el caso, a partir de las declaraciones vertidas por la Dra. MINVIELLE en el programa “En Perspectiva”. No obstante lo cual, a partir de una interpretación contextual de su libelo, es posible entender que aquéllos consideran que la Sra. Ministra habría incurrido en las hipótesis indicadas con las letras a) y/o d). III) Previo a ingresar al mérito del asunto cabe pronunciarse respecto a la tempestividad del incidente propuesto. El art. 326.4 del C.G.P establece que: “(...) si la causal fuere superviniente, deberá ser deducida dentro de los tres días de tenerse conocimiento de su existencia ”. En los variados signifi-cados de “conocimiento”, el que nos ocupa es el de “ Información, instrucción, debida notificación de un hecho ” (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Vocabulario Jurídico ). En la especie, de la demanda incidental de autos surge que los demandantes fundan su solicitud de recusación en los dichos vertidos por la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE en el programa radial “En Perspectiva” del día 20 de marzo del corriente año. Y bien. En relación a lo expresado por la recusada en la referida entrevista radial, es claro que se está dentro del plazo previsto en el art. 326.4 del C.G.P. para presentar la demanda recusatoria. En efecto, la entrevista fue emitida el día 20 de marzo de 2019 y la demanda incidental fue promovida el día 25 del mismo mes, dentro del término previsto al efecto por la disposición citada. En consecuencia, no caben dudas en relación a la tempestividad de la demanda recusatoria. IV) En lo sustancial, conforme fuera adelantado, corresponde el rechazo in limine de la pretensión en análisis. A efectos de resolver la cuestión, corresponde determinar si en la especie los dichos expresados por la referida Sra. Ministra suponen su incursión en un supuesto de “imparcialidad”, que sea “causa de recusación” en la presente contienda. Tal como señala TARIGO, un requisito fundamental, una condición esencial en el Juez, es el de su imparcialidad frente al litigio. Enseña el autor: “ Cuando definimos al Juez como un tercero supraordinado a las partes, presuponemos en él la imparcialidad más estricta y más absoluta. A tal punto que, si no lo fuera, dejaría automáticamente de ser ese tercero a quien el Estado le confía la función jurisdiccional ” (Cfme. TARIGO, Enrique, Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código , tomo II, FCU, Montevideo, 2007, pág. 396). Al decir de ATIENZA, la imparcialidad es uno de los tres principios rectores de la ética judicial, junto con los de independencia y de motivación. Manifiesta el autor español respecto del primero de dichos principios: “ El de imparcialidad supone que el juez debe aplicar el Derecho sin sesgo de ningún tipo y deriva de la posición del juez como tercero frente a las partes, ajeno al conflicto ” (ATIENZA, Manuel, “Ética judicial”, en ATIENZA, Manuel, Cuestiones Judiciales , Editorial Fontmara, Ciudad de México, 2016, págs. 152/153). En relación al concepto de imparcialidad, al que refiere el art. 325 del C.G.P. y las normas subsiguientes, señalan LANDONI y colabo-radores: “ En palabras de BARRIOS DE ANGELIS, la imparcialidad a que refieren estos artículos es la estructural, ello significa que el juez que sentencia debe ser ajeno a los intereses específicos del objeto del proceso. CHIOVENDA se refiere a las condiciones por las cuales un Juez puede encontrar afectada su imparcialidad, a tal efecto expresa: ‘Tales condiciones pueden resumirse así: que el órgano juris-diccional no corra el peligro de carecer de la inde-pendencia, de la severidad e imparcialidad necesarias para su función, por encontrarse en una relación: a) Con otros órganos con-currentes en el mismo pleito. b) Con las partes liti-gantes. c) Con el objeto del plei-to’. (...) Las causales originadas por el vínculo del juez con las partes litigantes se refieren al vínculo existente entre el magistrado y los abogados o procuradores de éstas, mientras que el vínculo entre el juez y el litigio se refiere a los supuestos de prejuzgamiento o al interés específico del juez en el objeto del proceso ” (Cfme. LANDONI, Ángel, Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay. Comentado, con doctrina y jurisprudencia , Volumen III-A, Editorial BdeF, Montevideo, 2006, págs. 1318/1319). V) Como fuera indicado, las partes no pueden recusar a un juez por “cualquier cosa” que a su criterio afecte su imparcialidad, sino que deben fundarse en los motivos específicos previstos en el art. 325 del C.G.P. COUTURE, refiriéndose al viejo C.P.C., enseñaba que en el derecho comparado existen principalmente dos formas de recusación: la recusación perentoria o recusación sin causa; y la recusación motivada o recusación con causa. Indicaba el Maestro que en la legislación española, así como en algunas de las que fueron fondo de nuestro sistema legal, se admitían las dos clases de recusación, pero nuestro Código (refiere al C.P.C.) no admitió la primera de ellas, sino solamente la recusación motivada (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, pág. 161). Añade luego el autor que, dentro del régimen de la recusación motivada, existen dos fórmulas en el derecho comparado: a) aquella en la cual el legislador prevé específicamente las causas de recusación y no hay causa de recusación que no tenga texto expreso, tal como ocurre en nuestro sistema (del C.P.C.); b) aquella en la que no se enumeran específicamente las causales de recusación y se esta-blece como criterio general que toda vez que medie un motivo grave que haga recelar la independencia del magistrado, procede la recusación para ese caso concreto (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, pág. 162). En nuestro sistema, luego de la sanción del C.G.P., se acudió, al decir de TARIGO, a un concepto sintético y no analítico de recusación, en tanto el art. 325 da una noción del instituto y no una enumeración casuística (Cfme. TARIGO, Enrique, Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código , Tomo II, FCU, Montevideo, 2007, pág. 396). Aun así, es claro que la circunstancia que invoque la parte como fundamento de la imparcialidad debe estar relacionada a alguno de los siguientes conceptos, expresamente enunciados en la norma: “ interés en el proceso en que interviene o afecto o enemistad en relación a las partes o sus abogados y procuradores, así como por haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento) ”. Señala TARIGO que, dentro de dicho concepto previsto en el art. 325 del C.G.P., “(...) quedan comprendidas, genéricamente, todas las numerosas causales de impedimento y de recusación que contenían los arts. 784 y 786 CPC, que se reducen, en último análisis a cuatro elementos fundamentales, cualquiera de los cuales es suficiente y bastante para comprometer la imparcialidad del Juez: el interés, el afecto, el odio y el amor propio ” (Cfme. TARIGO, Enrique, Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código , Tomo II, FCU, Montevideo, 2007, pág. 397). Lo que corresponde efec-tuar al intérprete es, entonces, examinar si, en la especie sometida a su decisión, el magistrado ha incurrido en alguna de estas cuatro hipótesis: interés en el proceso; afecto en relación a las partes o abogados; enemistad en relación a tales sujetos; prejuz-gamiento. A su vez, en virtud del principio de congruencia, el Tribunal que juzgue la cuestión solamente examinará aquellas causales de recu-sación que hayan sido opuestas por la parte recusante. VI.I) A juicio de la Sra. Ministra Dra. Rosina ROSSI, la acción incoada pone en juego tres derechos fundamentes : el derecho de acceso a la justicia del Sr. AA, el derecho a la libertad de expresión de la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE, y el derecho a la información del que es titular la comunidad. La acción deducida –de recusación de un Juez, prevista en el Código General del Proceso- constituye una garantía instrumental al derecho humano de acceso a la justicia y del debido proceso, reconocido por el análisis dialogado entre los arts. 25 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Acceso a la justicia que importa no solo la existencia de un procedimiento teóricamente efectivo sino que su promoción constituya una garantía real en los términos del estándar del debido proceso: con derecho a ser oído, en plazo razonable, por un juez competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad a por la ley. Vale decir el derecho del Sr. AA, de acceso a la justicia en el sentido indicado en el proceso penal principal que le sigue el Estado. Por otra parte, también está en juego, el derecho a la libertad de expresión de la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE (art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros). Libertad de expresión, en su dimensión individual, atendiendo a los especiales contornos que presenta, debido a su desempeño en la función judicial en el más alto cargo de la organización de la Justicia del Estado del Uruguay, o sea la Suprema Corte de Justicia. Y por otra parte el derecho a la información de toda la comunidad que, desde la jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, deriva de la dimensión colectiva del derecho de la libre expresión que consiste en el derecho de la sociedad (terceras personas) a procurar y recibir información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada. (CIDH, caso Kimel vs. Argentina Fondo Reparaciones y costas. Sentencia C del 3.5.2008 Serie C N 177 parr. 53) Derecho de la comunidad que constituye un requisito indis-pensable para el control ciudadano del funcionamiento del Estado y de la gestión pública. (sentencia de la Corte IDH caso Claude Reyes y otros, del 19.9.2006 Serie C N 151 párr. 86 y 87) De lo que se infiere que en lo sustancial, en el caso correspondería analizar cómo fueron actuados los derechos sustantivos involucrados: de un lado, el derecho de acceso a la justicia del Sr. AA en el proceso penal pendiente, de otro lado el derecho a la libertad de expresión de la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINIVIELLE respecto de sus dichos en la entrevista en el programa periodístico En Perspectiva el día 20.3.2019, en conexión con el derecho a la información a través de la prensa, de toda la comunidad. VI.II) El Sr. AA pretende la tutela de su derecho a través de la acción de recusación prevista en el art. 325 del C.G.P. respecto de la actuación de la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE. De allí que es esta acción el instrumento para llegar analizar si los tres derechos humanos que en este proceso demandan tutela, por lo que no puede dejar de abordarse previamente las exigencias formales de su consecución. Por su parte, la trascendencia de la determinación de los derechos sustanciales en juego, consiste en que siendo tal el linaje, los estándares interpretativos de la acción instaurada no podrían ceñirse sin más, a los previstos en el Código General del Proceso. Sino, deberían ensancharse abarcando los aplicativos de los derechos humanos. Vale decir, desentrañar el sentido de la reglamentación de la acción del art. 325 del C.G.P. promovida, “desde” los derechos humanos. Esto significa que la consideración de la pretensión, deberá transitar, inexorablemente por la evaluación de la necesidad, la proporcionalidad y la idoneidad de las expresiones de la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE que el accionante le reprocha como conculcatorias de su derecho a que el proceso penal pendiente esté dotado de la garantía judicial que constituye –estando a lo que manifiesta– la imparcialidad del juzgador. VI.III) Ahora bien. A criterio de la Sra. Ministra Dra. Rosina ROSSI, el objeto de la pretensión es parcialmente improponible. Debe verse que se peticiona la separación y/o apartamiento de la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE de la decisión así como de cualquier participación del asunto que se ventila en estos autos y en todas las causas relacionadas con hechos denunciados durante el proceso cívico militar. Se exponen a continuación las razones por las cuales la Sra. Ministra Dra. ROSSI considera que esta petición es parcialmente improponible. La primera . Solo puede perseguirse que se dicte una sentencia que provoque efectos en el mismo proceso en el que se promueve la pretensión (art. 218.1 C.G.P.). Incluso los casos de efectos reflejos de la sentencia se encuentra detalladamente previstos y no incluyen la hipótesis de autos (arts. 218.2 y 218.3 del C.G.P.). La segunda . En el orde-namiento jurídico nacional referido al servicio de Justicia del Estado, el único órgano que cumpliendo funciones jurisdiccionales puede dictar una sentencia con efectos generales y absolutos es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en las circunstancias previstas en el art. 311 inc. 2º de la Constitución. La tercera . Incluso si-quiera precisa cuáles serían esos otros procesos judiciales a los que –según pretende– la sentencia a dictarse en esta causa deberían alcanzar. Obsérvese que refiere a “todas las causas relacionadas con hechos denunciados durante el proceso cívico militar”. Semejante imprecisión podría dar a entender juicios iniciados pero también juicios a iniciarse en el futuro siempre que refirieran a hechos, denunciados durante el proceso cívico militar. VI.IV) A su vez, estima la Sra. Ministra Dra. ROSSI que l a demanda infringe ostensible e insalvablemente las exigencias del art. 117 inc. 4º del C.G.P. La demanda incidental omite la narración precisa de los hechos y la invocación del derecho en que se funda. Ello por las siguientes razones: La primera . Por las ra-zones ya señaladas, entiende la Sra. Ministra Dra. ROSSI que corresponde interpretar la demanda en su condición de acto procesal, la regla del art. 117.4 del C.G.P., y el alcance del art. 325 del mismo cuerpo normativo, teniendo en cuenta los derechos humanos en pugna. Vale decir, teniendo en cuenta que en el caso, se ve comprometido no solo el derecho del Sr. AA a que su proceso penal transite con garantías judiciales, sino también el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual en la persona de la Sra. Ministra recusada y en su dimensión colectiva en el acceso a la información de toda la comunidad. En tal sentido el fundamento de derecho que se erigía en fundamento de la pretensión debía ser explicitado en forma clara y concreta atendiendo a que la disposición procesal contenida en el art. 325 C.G.P., plantea más de una hipótesis. Y en la medida que el amparo de la pretensión derivaría de un lado en la tutela del derecho humano del Sr. AA pero al tiempo en la restricción del derecho a la libertad de expresión de la Sra. Ministra recusada y de la comunidad, la identificación de la causa, resultaba inexorable para poder analizarlos articuladamente en una verdadera tarea de ponderación. La segunda . Debe verse que la parte promueve la acción de recusación prevista en el art. 325 del C.G.P. Pero ésta, es una disposición normativa compleja en tanto sea interpretada desde la instrumentalidad que representa para la tutela de un derecho humano que se contrapone en la emergencia con otros del mismo linaje. Desde esta perspectiva, no puede inferirse que deberá disponerse el apartamiento de un juez teniendo en cuenta la existencia de una circunstancia que pueda afectar su imparcialidad, sino, que esa circunstancia para erigirse en tal, además, debe ser “comprobable” y derivada de por lo menos una de las seis causas que el art. 325 indica. Vale decir, “toda cir-cunstancia”, “comprobable” que pueda afectar la imparcialidad de un juez, pero derivada de alguna de las siguientes causas: interés en el proceso en que interviene; afecto en relación a las partes; afecto en relación a los abogados o procuradores; enemistad en relación a las partes; enemistad en relación a los abogados o procuradores; haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento). La razón adicional para postular este alcance del art. 325 del C.G.P. deriva de que la Jueza – persona, es un habitante de la comunidad y se vincula con ésta también desde su lugar de persona. No puede pensarse en una jueza o un juez que no interactúe con la comunidad y con la prensa como parte de ésta, por lo que, la indefinición de las causales para que procediera su apartamiento conllevaría la limitación –borrosa– de sus posibilidades de actuación social en su condición de persona. Ahora bien. Interpretada la demanda desde la perspectiva de la efectividad de la tutela de los derechos sustanciales, cabría deducir que el Sr. AA ubica la “circunstancia comprobable” en el contenido de las declaraciones de la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE en el programa radial “En perspectiva” emitido por Radio “Radiomundo 1170 AM” el día 20 de marzo de 2019. Y estas declaraciones serían las elocuentes, según dijo, de su parcialidad respecto de los “indagados en las causas a las que la Magistrada se estaba refiriendo en la entrevista” (fs. 2 vto.). En realidad lo único que está claro en la demanda, es que califica las expresiones de la Sra. Magistrada recusada en la entrevista radial como demostrativas de que su intervención en los procesos penales referidos violentaría su derecho a que resolviera su causa un juez imparcial. Ahora bien. Imparcialidad significa que el juez no tenga ideas preconcebidas en cuanto al asunto en el que entiende y que no actúe de manera de promover los intereses de una de las partes (Comité de Derechos Humanos. Caso Karttunen vs.Finlandia par 7.2). Por su parte ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “(...) lo decisivo no es el temor subjetivo de la persona interesada con respecto a la imparcialidad que debe tener el tribunal que se ocupa del juicio, sino el hecho de que pueda sostenerse que sus temores se justifican objetivamente” (Caso Gómez López c. Venezuela parr. 22 1977). Sin embargo, la demanda no identifica con precisión en cuál de las causales ubica la imparcialidad que reprocha. En lugar de ello, confunde hechos con calificaciones jurídicas y no concreta ni unos ni otros. La tercera. Ensayando la comprensión de la pretensión deducida, y partiendo de la interpretación que realizo de las causales que meritarían el apartamiento de una causa por parte del juez, podrían descartarse las causales que parecerían no estar comprometidas: “interés en el proceso en que interviene” , “afecto en relación a las partes ”, “ afecto en relación a los abogados o procuradores “, “enemistad en relación a las partes ”. Pero la parte no logra concretar si invoca las restantes conjuntamente o una ellas y en tal caso cuál es: “enemistad en relación a los abogados o procuradores”, “haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento)”. Afirmo que no lo logra concretar por las siguientes razones: Una de las razones : A fs. 2 vto. expresa que la Sra. Ministra “en relación a la Defensa que asistió a los militares juzgados por presuntos crímenes cometidos durante la última dictadura militar, entre otras cosas, que interpusieron excepciones de inconstitucionalidad, excepciones de prescripción, cuanta dilatoria había (...)”. Si bien a continuación pasa a otro tema –que también le reprocha pero que no guarda relación con la actuación de la Defensa– a fs. 3 vto. vuelve sobre el punto expresando que “sus dichos, al punto que lamenta que, algún juez (subordinado suyo), tuvo que haber parado el acarro y no lo hizo (...)”, constituyen “expresiones por demás infelices (...)” que “dan cuenta de la afectación a su credibilidad, o mejor dicho de la imparcialidad a la hora de pronunciarse”. Las referencias a la actuación de la Defensa del Sr. AA, aportarían razones para inferir que se quiso situar en la causal relacionada con los “abogados y procuradores “de la causa. Ahora, si efectivamente fuera ésta la causal invocada, debería haber explicado las razones por las cuales las “expresiones por demás infelices” referidas a que algún juez habría que haberles “parado el carro”, se subsumían en la prevista como “enemistad en relación a los abogados o procuradores”. Nada dijo al respecto. Y, sin ninguna explicación que lo justifique –lo que suponía fundar el derecho que entendía aplicable-, la interpretación a la luz del sentido común, determina que un planteo en tal sentido, no resistiría análisis razonable de tipo alguno. Otra de las razones . Esas mismas palabras atribuidas a la Sra. Ministra en otros pasajes del escrito se califican como “opiniones”, “(...) que afectan su imparcialidad e implican un pronunciamiento indebido dirigido a los jueces que intervienen en las causas que se relacionan con hechos que involucran la actuación de las Fuerzas Armadas durante el período de facto cívico militar” (fs. 2). Podría conjeturarse que la parte promotora pretendió inscribir los hechos que relata –las expresiones de la Sra. Ministra en el programa radial– en la causal “haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento)”. Pero en esta hipótesis también el relato de hechos estaría incompleto en tanto faltarían hechos principales a tener en cuenta: la identificación de la opinión concreta sobre esta causa. Ello por cuanto debe verse que la causal del art. 325 que se examina, no plantea que la emisión de opinión de un juez sobre una causa sometida a su decisión sea causal de recusación, sino, la “opinión concreta” con valor de “prejuzgamiento”. Y la promotora, no aporta siquiera un dato acerca de cuál sería la opinión concreta sobre la causa del Sr. AA cuya emisión atribuye a la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE y que violentaría su imparcialidad. Su referencia a la situación de los jueces, participa de la misma indefinición a tal punto que no realiza un planteo concreto sino que se limita a recoger las expresiones de la Sra. Ministra recusada, que claramente son genéricas como lo da a entender con la referencia a “algún juez”. En definitiva, concluye la Sra. Ministra Dra. ROSSI que la indefinición de la causal del elenco del art. 325 del C.G.P., que debiera provocar que la Sra. Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE se apartara de este proceso, es la razón que impide el abordaje ponderativo de los derechos humanos involucrados en esta causa. VII) Por su parte, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Eduardo TURELL y el redactor , a partir de una interpretación contextual de la demanda incidental, cabe considerar que los recusantes entienden que la Sra. Ministra , a raíz de las declaraciones efectuadas en el programa “En Perspectiva ”, habría incurrido en la causal de prejuzgamiento , definida por la ley como: “ haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión ”. Adicionalmente, podría llegar a entenderse, a partir de una interpretación amplia del libelo introductorio, que se cuestionaría también la existencia de un interés de la Sra. Ministro en el proceso en que interviene . Del repaso puntual de sus argumentos, puede extraerse que los demandantes sos-tienen que los términos en que se expresó la Sra. Ministra en el programa de radio: a) implican un pronunciamiento indebido dirigido hacia los jueces que intervienen en las causas que se relacionan con hechos que involucran la actuación de las Fuerzas Armadas durante el período de facto cívico militar (fs. 1); b) implican un juicio de valor personal respecto de lo que los jueces deberían hacer ante la defensa de los indagados militares (fs. 2); c) vulneran las garantías del debido proceso de los indagados en las causas a las que la magistrada estaba refiriendo en la entrevista (fs. 2); d) evidencian que la Sra. Ministra padece de un designio anticipado, al haber definido las herramientas legítimas de defensa como “dilatorias” y al haber manifestado públicamente que los subordinados al órgano que integra debieron “parar el carro” (fs. 2/3); e) vulneran el principio de independencia de los jueces en el ejercicio de su función (fs. 3). VIII) Pues bien. En criterio de los Sres. Ministros Dres. TURELL y el redactor, ninguno de los argumentos ensayados por los demandantes logra dar en el blanco, en cuanto a justificar la existencia de algunas de las causales de imparcialidad previstas en el art. 325 del C.G.P., lo que habilita el rechazo liminar de la demanda recusatoria. En primer término, en lo que dice relación con la causal de “prejuzgamiento” , se estima que tal supuesto no se ha verificado en obrados, puesto que según surge de los términos de la demanda incidental, la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE, en la entrevista multicitada, no formuló “ opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión ” . Por el contrario, lo que surge de las expresiones contenidas en la demanda es que la referida magistrada realizó consideraciones de índole general sobre el desenvolvimiento de los procesos penales seguidos contra militares por causas vinculadas con el período de facto, sin aludir concretamente a ningún juicio en particular, por lo que de modo alguno puede entenderse que haya adelantado opinión en relación a la presente causa. En la especie, la recusa-ción se sustenta en determinados comentarios de la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE que hacen referencia a hechos pasados, relativos a otras actuaciones en las que se habrían ejercido defensas que se califican como dilatorias. Además, su opinión estuvo en todo caso relacionada con los avatares procesales de dichas causas, y no con las cuestiones de fondo resuel-tas en tales casos por los magistrados, y mucho menos con las que, a futuro, tendrá que resolver la Suprema Corte en relación a causas que involucren a militares por presuntos delitos cometidos durante el período de facto. COUTURE, al analizar la causal de recusación recogida en el art. 786 inc. 5º del C.P.C., de acuerdo con el cual, constituía causal de recusación el hecho de “ haber emitido opinión o dictamen o dado recomendación acerca del pleito, antes o después de comenzado, y aun cuando no revistiere todavía el carácter de juez ”, señalaba: “ A esta situación se la denomina prejuzgamiento; se reputa que es haber juzgado antes (prejuzgado), haber dado parecer, según esta disposición, antes o durante el litigio. Así, por ejemplo, si antes del litigio, el juez ha dicho verbalmente o por escrito, ‘el actor tiene razón’; ‘Fulano es hijo natural de Mengano’; ‘yo recomendaría al marido que promoviera divorcio contra su mujer’, habría creado evidentes situaciones de prejuzgamiento que le inhiben de conocer ulteriormente en el asunto. Ese prejuzgamiento puede ocurrir también en el curso del litigio. Así, por ejemplo, si el juez ha dictado una sentencia definitiva y esa sentencia después es anulada, el mismo juez no puede volver a conocer en el asunto, si no han variados los elementos de decisión ” (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, págs. 163/164). Tal como exige la doc-trina, y se desprende del propio texto normativo, el prejuzgamiento, para ser tal, debe haber recaído sobre la especie en concreto sometida actualmente a decisión del magistrado . En cambio, cuando las expresiones del juez refieren a un litigio anterior, y por ende dis-tinto, aunque hubiera involucrado a las mismas partes, no se verifica la causal. Al respecto, expresa COUTURE en la obra citada: “ No constituyen, en cambio, motivos de recusación por prejuzgamiento , las opiniones que el juez haya sostenido como profesor; o lo resuelto antes en relación a un asunto análogo entre las mismas partes o entre otras ; o las opiniones que haya sostenido el juez como abogado, o las que haya emitido en un libro y que luego deban ser aplicadas como juez. La jurisprudencia sostiene firmemente que no configuran el prejuzgamiento a que se refiere el inciso 5º, el simple dictamen o sentencia anterior sino las opiniones concretas dadas acerca del pleito ” (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, págs. 164/165; los destacados no son originales). En el mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia en Sentencia No. 1014 de 3 de mayo de 2010. En ella se señala “(...) tal como enseña De María, ‘Hay que tener presente que la opinión, para que sea causa de recusación, debe ser concreta y acerca del pleito mismo que ha de senten-ciarse’ (Lecciones, III, pág. 136). En el mismo sentido Gelsi Bidart requiere para la configuración de la causal de ‘prejuzgamiento’ que el juez ya se haya pronunciado sobre la solución del caso concreto (Curso de Derecho Procesal, T. III, pág. 136) ”. Asimismo, esta Corpora-ción, en Sentencia No. 428/2004, ha sostenido que: “ Para que constituya causal de recusación, el prejuzgamiento debe: a) ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo que debe decidirse en el proceso; b) debe tratarse del mismo proceso pendiente (...)”. En la misma línea, sos-tiene desde la doctrina española JIMÉNEZ ASENSIO, al estudiar la imparcialidad judicial y su proyección sobre los deberes y derechos fundamentales del juez, que “(...) lo realmente importante a nuestros efectos radica en que la imparcialidad como principio de actuación de los jueces y magistrados debe conectarse con el ejercicio de la función jurisdiccional y con su proyección sobre un caso concreto , en el que, de modo efectivo o de forma indirecta, puede ponerse en tela de juicio la imparcialidad del juzgador ” (Cfme. JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael, “Imparcialidad judicial: su proyección sobre los deberes (código de conducta) y derechos fundamentales del juez”, en SAIZ ARNAIZ, Alejandro (director), Los derechos fundamentales de los jueces , Marcial Pons, Madrid, 2012, pág. 34; los destacados no son originales). Teniendo en cuenta lo de-sarrollado, la causal de recusación invocada por los incidentistas no encuadra dentro de las previstas por el ordenamiento procesal. En consecuencia, al amparo de lo dispuesto en art. 328.5 del C.G.P., corresponde recha-zarla de plano. Ha dicho COUTURE que la calificación del grado constituye “(...) un pronun-ciamiento preliminar sobre la admisibilidad del medio procesal empleado y no sobre su fundamento. (...) lo único que se trata de establecer es si la causa aducida es o no legal (artículo 906, inciso 1o.). El superior no entra a averiguar, por ahora, si la causa es verdadera. Sólo averigua si el motivo aducido es de aquellos que, en el sistema de la ley, han sido considerados como causa de impedimento o de recusación. Si lo es, da entrada al incidente y el procedimiento sigue (...) Si no lo es, queda desechada la recusación in limine ” (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, págs. 176–177). Por tanto, bajo este en-foque, y aun adoptando un sentido amplio del concepto de “prejuzgamiento”, las declaraciones emitidas por la Sra. Ministra no pueden interpretarse en modo alguno como emisión de opinión sobre la causa sometida a su deci-sión. IX) La otra causal o motivo de recusación que podría llegar a estar involucrada en el caso, siempre a criterio de los Sres. Ministros Dres. TURELL y el redactor, de acuerdo con una interpretación amplia de la demanda incidental, es la relativa a la existencia de un interés del juez en el proceso en que interviene . Al analizar las “ inhibi-ciones que provienen del objeto mismo del conflicto ”, indica COUTURE que éstas son “(...) aquellas que establecen un lazo de interés material o moral entre las cosas que se debaten y la persona del magistrado. Nadie duda que de que el juez no puede ser juez en la causa en la que tiene un interés personal, porque ello equival-dría a erigirlo simultáneamente en juez y parte dentro del conflicto ” (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, pág. 134). Posteriormente, al exami-nar en concreto el “ motivo de interés ” o “ interés en el pleito ” previsto como causa legal de impedimento en el art. 784 inc. 1º del C.P.C., señala el autor: “ La garantía del absoluto desinterés del magistrado es la suprema garantía judicial. Puede decirse que todo el régimen de incompatibilidades queda naturalmente subor-dinado a esta circunstancia. El desinterés que requiere el inciso 1º del artículo 784, no es sino el mismo desinterés que surge del propio sistema constitucional. Las mismas garantías de independencia a que se refiere el artículo 1º: C.O.T., no son sino una manifestación particular de la necesidad de que el juez no sufra influencia alguna que pueda hacer oscilar su conciencia en el momento de resolver la cuestión. (...) La ley española establece en el artículo 189, que ese interés puede ser directo o indirecto, pecuniario o moral. Aún sin texto expreso, debe reputarse vigente entre nosotros esa distinción ” (Cfme. COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil , Tomo III, págs. 147/148). Entonces, lo que corres-ponde es definir si las expresiones de un Magistrado en un medio de comunicación sobre lo que ha sido su experiencia en el ejercicio de la jurisdicción ingresan en el “interés en el pleito” o “interés en el proceso”. En la especie, afirman los demandantes que la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE, a raíz de las declaraciones vertidas en un programa radial res-pecto a la estrategia procesal utilizada por los defensores de militares imputados en causas relativas a presuntos delitos cometidos durante el período de facto, así como en relación a la actitud seguida frente a tal estrategia por los jueces de primera instancia, ha dejado entrever su imparcialidad en la decisión a tomar en futuros pronunciamientos. Pues bien. Entendiendo el interés como la aspiración de una persona a la reali-zación de una determinada conducta (Cfme. COUTURE, Eduardo, Vocabulario jurídico ), las manifestaciones que pudieran realizarse a partir de la experiencia en el conocimiento y resolución de procesos que involucraban a terceras personas, es decir, que no son las que dan origen al principal y a esta incidencia -aunque todos pueden estar comprendidas dentro de la calidad de indagados o encausados por presuntos delitos de similar etiología-, no permiten concluir en la existencia del “interés”, en una decisión afectada por parcialidad. No concreta una hipótesis en la que la relación del juez con alguna de las partes o con la materia controvertida sea susceptible de afectar la garantía de imparcialidad que es inherente al ejercicio de la función judicial (Cfme. PALACIO, Lino, Derecho Procesal Civil , Tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1979, págs. 321 y ss.). En el caso, las declara-ciones cuestionadas, no traslucen interés alguno en proceso concreto y menos aún en la presente causa. En relación a la estra-tegia procesal utilizada por los defensores en las referidas causas, no se advierta que existe propiamente un juicio de disvalor emitido por la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE en los citados pasajes de la entrevista. En efecto, según surge de la propia demanda de recusación (véase el numeral 6, a fs. 2 vto.), la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE reconoció expresamente en la entrevista que las defensas ejercidas en la asistencia de los indagados habían sido válidas y legítimas. De las palabras expresadas por la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE, según se recoge en la demanda incidental, no puede extraerse, en absoluto, la existencia de un “ interés en el proceso en que interviene ”, esto es, en el que está ahora sometido a la decisión de la Corte. Por lo demás, no se com-parte que la expresión “dilatoria”, utilizada por la Sra. Ministra recusada, deba interpretarse como referida a una “chicana”. Por el contrario, la calificación de “dilatoria” se refiere a lo que tiende a postergar la contestación en razón de carecer la demanda de requi-sitos para su admisibilidad y andamiento, que lleva a pedir al demandado que le dispense de contestar la demanda hasta que cumpla con los requisitos. Como fuera indicado, no surge de la demanda incidental que la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE se haya pronunciado en algún momento respecto del mérito de las causas que nos ocupan, por lo que no se comparte que la expresión “cuanta dilatoria había” pueda interpretarse como una predisposición o prejuicio que afecte su imparcialidad. En suma, concluyen los Sres. Ministros Dres. TURELL y el redactor, que las consideraciones realizadas por la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE no suponen la existencia de un interés de aquella magistrada en el proceso sometido a su decisión, y por ende no puede decirse que afecten su imparcialidad. Por tales fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, RESUELVE : DESESTÍMASE LA SOLICITUD DE RECUSACIÓN PLANTEADA. SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL (ART. 328.6 C.G.P.). Y, OPORTUNAMENTE, ARCHÍVENSE. DISCORDES: MINISTROS DR. JORGE O. CHEDIAK Y DRA. ELENA MARTÍNEZ por los fundamentos expuestos en Sentencia No. 1245/2019.