Sentencia Definitiva N° 1.196/2019

Montevideo, veintisiete de junio de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CANZIANI YAQUES, JOAN ANDRÉS C/ JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ Y OTRA - ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 1, 2, 3 Y 4 DEL DECRETO Nº 7766/2018 DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ”, IUE: 1-101/2018. RESULTANDO : I) Con fecha 30 de agosto de 2018, compareció Joan Andrés CANCIANI YAQUES, a promover acción de inconstitucionalidad de los arts. 1 a 4 del Decreto No. 7766/2018 de la Junta Departamental de Paysandú, contra la Junta Departamental y la Intendencia Departamental de Paysandú. En síntesis, expresó que posee legitimación activa para impugnar las normas en cuestión por cuanto inició un trámite solicitando autorización a los efectos de realizar carrera de galgos. Su petición fue presentada el día 15 de agosto de 2018. Manifestó que pretendía organizar un espectáculo público que tenía como objeto las carreras de galgos, donde cobraría una entrada a los asistentes y prestaría un servicio acorde al público concurrente. Al promulgarse y entrar en vigencia el Decreto Departamental No. 7766/2018, el cual prohíbe las carreras de galgos en el Departamento de Paysandú, se selló la suerte de la petición formulada. Expresó que el espectáculo público constituye una modalidad de ejercicio del derecho de reunión y del derecho de libertad (arts. 38 y 7 de la Constitución de la República, respectivamente). Asimismo, se vincula con el precepto constitucional consistente en la libertad económica (art. 36 de la Carta); así como, con el derecho a la propiedad (arts. 7 y 32 de la Carta). La normativa impugnada (Decreto Departamental No. 7766/2018) limita esos derechos constitucionales, aun cuando no se trata de una Ley nacional. A diferencia de ello, se trata de un Decreto sancionado por la Junta Departamental de Paysandú que, como tal, tiene fuerza de Ley en su jurisdicción. A efectos de limitar derechos fundamentales se requiere que se realice a través de una Ley nacional (requisito orgánico-formal) y por razones de interés general. Esto es, constitucio-nalmente no resulta admisible que se restrinjan derechos fundamentales a través de actos legislativos departamentales. Tampoco existe una Ley que le atribuya competencia prohibitiva al Gobierno Departamental de Paysandú. En efecto, si bien el legis-lador nacional, en uso de sus facultades constitu-cionales para delimitar la competencia del Gobierno Departamental, dictó la Ley 9.515 (Ley Orgánica Municipal) y, en su art. 19 num. 34) estableció la competencia a los efectos de regular los espectáculos públicos, la disposición le autoriza a “reglamentar” lo cual es absolutamente diferente a “prohibir”. En consecuencia, si bien el legislador departamental puede reglamentar las carreras de galgos (ej. establecer lugares y horarios), escapa a su competencia la posibilidad de prohibirlas. Asimismo, por el Decreto impugnado se establece una norma prohibitiva, sin embargo, no se invoca ninguna razón valedera en protección del interés general. Precisó que la norma cuestionada infringe el principio de igualdad consagrado en el art. 8 de la Constitución de la República, dado que existen otros espectáculos públicos en que participan animales y no están prohibidos en el Departamento de Paysandú (carreras de caballos, criollas y raid hípico). Indicó que el propio art. 297 en su num. 9) de la Constitución de la República reconoce como fuente de recursos de los Gobiernos Departamentales “los impuestos a los juegos de carreras de caballos y demás competencias en que se efectúen apuestas mutuas, con excepción de los establecidos por la Ley...” . Por lo tanto, al prever que pueden constituir materia gravada otras competencias donde se desarrollen apuestas (como lo es la carrera de galgos), la Carta reconoce su origen lícito y, en consecuencia, solo puede ser limitada por Ley (art. 10 de la Carta). II) Por providencia No. 2407/2018, de fecha 3 de setiembre de 2018 (fs. 32) se confirió traslado los demandados y al Sr. Fiscal de Corte, por el término común de 20 días (art. 517 del C.G.P.). III) A fs. 44/50 y 65/79 respectivamente, comparecieron la Junta Departamental de Paysandú y la Intendencia Departamental de Paysandú, oportunidad en la que evacuaron el traslado conferido y bregaron por el rechazo de la acción movilizada. IV) Oído el Sr. Fiscal de Corte (Dictamen No. 931/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018 glosado a fs. 83/84), manifestó que corresponde el rechazo de la inconstitucionalidad impetrada. V) Por providencia No. 253/2019 de fecha 28 de febrero de 2019 (fs. 190), se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia, citadas las partes. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, desestimará la acción de inconstitucionalidad promovida, con costas de precepto (art. 523 del C.G.P.). II) Legitimación activa . En lo inicial, debe de verse que el accionante es titular de un interés directo, personal y legítimo, por lo tanto ostenta legitimación activa a los efectos promover este accionamiento. En efecto, según luce a fs. 1 y ss. el día 6 de agosto de 2018 el Sr. CANCIANI promovió una petición ante la Intendencia Departamental de Paysandú, la cual tenía por objeto obtener la autorización a los efectos de organizar espectáculos públicos consistentes en carreras de galgos. Adjuntó reglamento del canódromo, nota de las profesionales que se encargarían del control sanitario y constancia de pago del tributo departamental correspondiente. Si bien no emerge del expediente administrativo agregado si la petición fue denegada expresamente, ni el accionante ni la Intendencia Departamental de Paysandú echaron luz al punto en sus respectivos actos de proposición inicial (pues nada señalaron al respecto), igualmente, la legitimación del Sr. CANCIANI resulta incuestionable. En efecto, con indepen-dencia del procedimiento administrativo, lo cierto es que el accionante, quien pretende organizar espectáculos públicos cuyo objeto es la carrera de galgos, tiene un interés directo, personal y legítimo en obtener la desaplicación del Decreto No. 7766/2018, en la medida que la norma prohíbe tal actividad. III) Legitimación pasiva de la Junta Departamental de Paysandú y del Gobierno Departamental de Paysandú . La legitimación pasiva en el proceso de inconstitucionalidad en que se pretende la declaración de inaplicabilidad de un Decreto de la Junta Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción, corresponde al Gobierno Departamental respectivo. La Junta Departamental, en tanto órgano de la persona pública Gobierno Departamental, carece de legitimación pasiva. La Suprema Corte de Justicia ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el punto, reiterando su jurisprudencia anterior, al señalar que: “ La Junta Departamental, en tanto órgano de la persona pública Gobierno Departamental, carece de legitimación pasiva. La Corpo-ración ha sostenido en un caso análogo, en términos estrictamente trasladables: '...la representación jurí-dica del departamento en sus relaciones con los Poderes del Estado o con los demás Gobiernos Departamentales o en sus contrataciones con órganos oficiales o privados corresponde al Intendente Municipal según expreso pre-cepto constitucional, art. 276. El art. 276 de la Carta dispone: ‘Corresponde al Intendente representar al Departamento en sus relaciones con los poderes del Estado o con los demás Gobiernos Departamentales, y en sus contrataciones con órganos oficiales o privados’'. 'Tal como lo expuso Martins... : ‘el Intendente no representa al Departamento -circunscripción territorial en la cual ejercen sus poderes jurídicos otros órganos estatales-, sino al Gobierno Departamental, que es una persona jurídica pública integrada por varios órganos: Junta Departa-mental, Intendente, Juntas Locales’, y concluye infra en la misma página: ‘La norma debe ser interpretada en el sentido que la persona jurídica pública ‘Gobierno Departamental’ es representada por el Intendente’ (MARTINS, DANIEL HUGO, ‘El Gobierno y la Administración de los Departamentos’, pág. 229)’ (Cfr. sentencia No. 941/2008). Por consiguiente, la Junta Departamental de Canelones carece de legitimación pasiva en el presente accionamiento’ (sentencia Nº 735/2014 ; ver también, en el mismo sentido, las sentencias Nos. 280/2013 , 298/2013 , 379/2013 y 405/2013 entre otras)” (sentencia No. 1.537/2018). Con tales entendimientos, debe convenirse que la legitimación pasiva en este proceso la tiene el Gobierno Departamental de Paysandú, al que también (correctamente) la pretensora demandó. Por ende, corresponde declarar la falta de legitimación pasiva de la Junta Departamental de Paysandú y, a su vez, que quien ostenta legitimación para ser demandado, es el Gobierno Departamental de Paysandú (Cf. sentencias Nos. 301/2018 y 1.537/2018, entre otras). IV) Normas impugnadas . El accionante cuestionó íntegramente la constitucionalidad del Decreto Departamental No. 7766/2018. Este cuerpo normativo establece en su art. 1º que : “Quedan expresamente prohibidas las carreras de perros cualquiera sea su raza, en espectáculos públicos o privados, y con cualquier fin ya sea comercial, recreativo o deportivo en todo el territorio del departamento de Paysandú”. En el art. 2º prescribe que: “La Intendencia Departamental, a través de sus Direcciones correspondientes, deberá ordenar la realización de procedimientos de fiscalización e inspectivos, así como la incautación de los animales encontrados en tal situación, pudiendo requerir el auxilio o colaboración de la autoridad policial y demás organismos públicos”. En el art. 3º dispone que : “ Los lugares, instituciones, centros que promuevan y/o realicen carrer as de perros serán clausurados y pasibles de las multas que se establecerán en la reglamentación del presente decreto, hasta un máximo de 400 UR (cuatrocientas unidades reajustables ) ”. Por último, en el art. 4º se ordena la comunicación de la nueva normativa sancionada ( “Comuníquese” ). V) Sobre la supuesta incons-titucionalidad del art. 1º del Decreto Departamental No. 7766/2018 . Conforme surge del numeral anterior, el art. 1º del Decreto Departamental No. 7766/2018 dictado por la Junta Departamental de Paysandú, prohíbe en el territorio del departamento de Paysandú las carreras de perros cualquiera sea su raza, en espectáculos públicos o privados, y con cualquier fin ya sea comercial, recreativo o deportivo. El accionante expresó que la norma infringe la Constitución de la República en cuanto: a) la limitación de derechos fundamentales exclusivamente se puede realizar a través del dictado de una Ley o, en su defecto, cuando la norma nacional lo autoriza, por un Decreto Departamental con fuerza de Ley en su jurisdicción, lo que no ocurrió en el caso (arts. 7 y 36 de la Constitución de la República) y; b) vulnera el principio de igualdad (art. 8 de la Carta). VI) Vulneración de los arts. 7, 36 y 297.9 de la Constitución de la República. La limitación de derechos fundamentales a través del dictado de un Decreto Departamental con fuerza de Ley en su jurisdicción . A juicio de la Corpo-ración, no le asiste razón al accionante. La discusión acerca de la posibilidad de limitar derechos fundamentales mediante el dictado de Decretos Departamentales con de fuerza de Ley en su jurisdicción, ha sido objeto de constante debate en la dogmática de Derecho Público. En efecto, prestigiosos autores han abordado la temática con la finalidad de delimitar a qué se refiere la Constitución de la República cuando habla de la “Ley” a secas (ej. art. 7 de la Carta), esto es, si exclusivamente alude a la Ley nacional (orgánico-formal) o, también, a los Decretos Departamentales con fuerza de Ley en su jurisdicción -leyes departamentales- (Cf. Aguirre Ramírez, G. “Derecho Legislativo” , Tomo I -Teoría general de la Ley-, FCU, Montevideo, 1997, págs. 57 y 148/152; Cajarville Peluffo, J, “Limitación de derechos reconocidos por la Constitución por Decretos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción”, en Revista Jurídica del Centro de Estudiantes de Derecho, 2ª época, año IV, Nº 8, Montevideo, 1993, págs. 86/93; Durán Martínez, A., “Neoconstitucionalismo y Derecho Administrativo” , LA LEY URUGUAY, Montevideo, 2012, págs. 780/797; Esteva Gallicchio, E., “La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre los decretos de los Gobiernos Departamentales que tienen fuerza de ley en su jurisdicción y la regulación de derechos consagrados por el Artículo 7 de la Constitución” en “Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político”, Tomo IX, No. 49, Junio-Julio, Montevideo, 1992, págs. 79/85; Jiménez De Aréchaga, J., “La Constitución Nacional”, Tomo I, Cámara de Senadores, Montevideo, 1988, págs. 225/226; Risso Ferrand, M. “Derecho Constitucional”, Tomo III, Ingranusi Ltda., Montevideo, 1998, págs. 73/75 y también en “Derecho Constitucional”, Tomo I, FCU, 2ª Edición, Montevideo, 2006, y págs. 479/480; Lanziano, W., “Construcciones de edificios paralizadas. Sus problemas y posibles soluciones” , Montevideo, 2005, págs. 31/45; Vázquez, C., “Algunas reflexiones acerca de los criterios aplicables a la solución de antinomias entre ley nacional y acto legislativo departamental” en “Anuario de Derecho Administrativo”, Tomo III, FCU, Montevideo, 1990, pág. 233). Aún entre quienes sos-tienen que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución solo pueden ser limitados mediante el dictado de una Ley (criterio orgánico-formal), admiten la regulación por Decreto con fuerza de Ley en el Departamento cuando la propia Carta lo prevé a través de la Ley, la cual debe brindar los lineamientos generales, siempre por razones de interés general. En tal sentido, señala Durán Martínez que “La distribución de competencias entre el Estado Central y los Gobiernos Departamentales se efectúa teniendo en cuenta el territorio y la materia, como ha sostenido CASSINELLI MUÑOZ. Pero también se debe tener en cuenta los poderes jurídicos, como lo advirtió MARTINS. Por ejemplo, los Gobiernos Departamentales carecen de poderes jurídicos para limitar derechos humanos, salvo los casos expresamente determinados por la Constitución o en los que exista ley habilitante. (...) Es ya un lugar común en la doctrina el afirmar que cada vez que nuestra Constitución alude al término ley lo hace en sentido orgánico formal. Por tanto, estos derechos solo pueden limitarse por ley en sentido orgánico formal. Esta limitación la puede efectuar directamente la ley, pero en algunos casos lo puede hacer indirectamente cometiendo la limitación a otro acto jurídico, lo que otorga un mínimo de cobertura legal” (“Neoconstitucionalismo y Derecho Administra-tivo” , LA LEY URUGUAY, Montevideo, 2012, págs. 777 y 780/781). Más adelante y, luego de un preciso y detallado análisis, señala el citado autor: “En suma, se puede afirmar que los derechos constitucionales solo pueden ser limitados por los decretos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción si esa posibilidad surge directamente de la Constitución o de una ley, entendida esta expresión en su sentido orgánico formal. Incluso en este último caso, esa habilitación legal solo será jurídicamente posible sino estamos ante una materia que sea de la esencia de lo nacional; es decir, esa habilitación legal solo será constitucionalmente posible para limitar un derecho constitucional en una materia esencialmente departamental o que se encuentre en esa 'zona gris' a que aludía CASSINELLI MUÑOZ” (trabajo citado, págs. 795/796). Por su parte, Cajarville Peluffo ha manifestado que “ Para respetar la Constitución, la privación, regulación o limitación de los derechos debe resultar, al menos en sus líneas generales, de la propia ley; quedando al decreto con ‘fuerza de ley’, al regular la materia departamental de que se trate, la adopción de las soluciones específicas que se entiendan adecuadas a las circunstancias de hecho e idóneas para lograr los fines que deben perseguirse, dentro de los lineamientos o márgenes de afectación de derechos contenidos en la ley. La ley habilitante podrá contener entonces la atribución a los Gobiernos Departamentales de una potestad de normación derivada, y una normación inicial u originaria, en materia de privación, limitación o regulación de derechos constitucionalmente reconocidos. (...) La atribución por norma constitucional al legislador nacional de la potestad normativa en materia de privación, limitación o regulación de derechos, impone límites a la potestad derivada que puede conferirse al legislador departamental (...)” (“ Limitación de derechos recono-cidos por la Constitución por Decretos Departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción ”, en Revista Jurídica del CED, 2ª época, año IV, Nº 8, cit., pág. 91). Más adelante, concluye el citado Profesor que “ a) Los Gobiernos Departamentales ejercen la función legislativa en 'materia departamen-tal', con exclusión de los órganos legislativos nacionales. b) La 'materia departamen-tal' se delimita por ley nacional, sobre ciertas pautas y algunas soluciones concretas de la Constitución. c) Los derechos fundamen-tales reconocidos por la Constitución solo pueden ser objeto de privación, limitación o regulación por ley dictada conforme a Sección VII de la Constitución. d) En virtud de esa distribución constitucional de competencias, la afectación de aquellos derechos que sea necesaria para regular la materia departamental debe resultar de la ley, al menos en sus lineamientos generales, dentro de cuyo marco el decreto departamental adoptará las soluciones específicas adecuadas a los hechos e idóneas para lograr los fines debidos. e) La ley sólo podrá conferir a los Gobiernos Departamentales una potestad de normación derivada, y nunca de normación inicial u originaria, en materia de privación, limitación o regu-lación de derechos constitucionalmente reconocidos. Esa potestad no puede considerarse implícita en la atribución de una materia del Gobierno Departamental, ni puede considerarse tampoco una potestad genérica de limitar derechos o alguno de ellos. f) Debe existir una rela-ción razonable entre la materia departamental a regular, los fines que deben perseguirse con esa regulación y los derechos y aspectos o contenidos de los mismos que resulten afectados; la violación de esos límites de razonabilidad acarrea ilegitimidad del acto legislativo o administrativo de que se trate”. En similar sentido, Esteva ha postulado que “Los decretos legislativos departamen-tales que establecen determinados tributos se fundamentan en expresas previsiones constitucionales que atribuyen la potestad a los órganos de las personas jurídicas Gobiernos Departamentales (Constitución, arts. 273, ord. 3º, 275, ord. 4º, 297, etc.). Esto significa que la Carta ha distribuido la potestad tributaria entre las personas jurídicas Estado y Gobiernos Departamen-tales, por lo que si los órganos de los Gobiernos Departamentales actúan dentro de los límites competenciales constitucionalmente establecidos, los actos que expidan serán, en principio, compatibles con la Constitución. Los decretos con fuerza de ley en su jurisdicción de los Gobiernos Departamentales que establecen normas viales o edilicias pueden ser compatibles con la Constitución si una ley les ha confiado dichas atribuciones. Ello porque tanto las Juntas Departamentales como las Intendencias Municipales son órganos de competencia constitucionalmente abierta (Constitución, art. 273, inc. 3º: 'Además de las que la ley determine, serán atribuciones de las Juntas Departamentales...'; Constitución art. 275: 'Además de las que la ley determine, sus atribuciones son...'). Todo sin perjuicio, obviamente, de la eventual inconstitucionalidad de la ley que los hizo competentes; o de la eventual inconstitucionalidad del decreto legislativo departamental por vicio en los motivos; etc. En suma, en estos casos no nos hallamos en el ámbito del art. 7, sino de otros preceptos de la Constitución que o bien asignan por sí una atribución a los Gobiernos Departamentales (por ej., art. 279), o bien prevén la ampliación por ley de la competencia de sus órganos (por ej., 273, inc. 3º)” ( “La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre los decretos de los Gobiernos Departamentales que tienen fuerza de ley en su jurisdicción y la regulación de derechos consagrados por el Artículo 7 de la Constitución” en “Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político”, Tomo IX, No. 49, Junio-Julio, Montevideo, 1992, págs. 83/84). Pues bien, trasladando los conceptos señalados al caso en estudio, cabe resaltar que la Ley 9.515 (Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales) en su art. 19 num.34, establece que compete a la Junta Departamental, dentro de su Departamento y en cuanto no se oponga a la Constitución ni a las Leyes de la República: “Reglamentar los espectáculos públicos, velando especialmente por todo lo que haga referencia con la cultura, moral, decoro y orden en el desarrollo de los mismos, así como en lo referente a la higiene, seguridad y comodidad de sus locales, sin perjuicio de lo dispuesto en los Códigos Penal y del Niño”. Se trata de una Ley que confiere amplias facultades al legislativo departamental en la reglamentación de los espectáculos públicos que se organicen en el Departamento. Este punto fue reconocido por el propio accionante quien afirmó a fs. 28 que si bien el legislador nacional en uso de sus facultades constitucionales delimitó la competencia de la Junta Departamental (Ley 9.515), el Legislativo Departamental se encuentra legitimado por el art. 19 num. 34 únicamente a los efectos de “reglamentar” los espectáculos públicos, empero, no puede prohibirlos. El razonamiento del accionante, a juicio de la Corporación, no resulta acertado. Dentro de la potestad encomendada por el legislador nacional de reglamentar los espectáculos públicos, naturalmente, se encuentra comprendida la posibilidad de limitarlos, por ejemplo, por su objeto . De seguirse la tesis postulada por el impugnante, cualquiera fuera la naturaleza del espectáculo público que se pretendiera organizar, la potestad de la Junta Departamental se restringiría a reglamentar su funcionamiento, careciendo de facultades a los efectos de limitarlo y/o prohibirlo por razones de interés general. A partir de lo anterior y, con independencia de la posición que se asuma en relación a la posibilidad de restringir derechos fundamentales mediante el dictado de Decretos con fuerza de Ley en su jurisdicción, al existir una Ley que atribuye específicamente competencia en la materia al Legislativo Departamental (art. 19 num. 34 de la Ley 9.515), corresponde desestimar la acción instaurada. VII) Vulneración del principio de igualdad . Sobre el punto, se limitó a señalar el accionante que: “Se violenta el principio de igualdad consagrado en el art. 8 de la Constitución, en atención a que ciertos espectáculos públicos con animales no están prohibidos en Paysandú ni mucho menos en todo el territorio nacional, a saber carreras de caballos, criollas, raid hípicos, y el compareciente no puede organizar una carrera de galgos que dura 15 segundos cada 15 días” (fs. 28). Nada más indicó al respecto. De modo que, en este aspecto, el excep-cionamiento no se ajusta a lo establecido en el art. 512 del C.G.P. En este sentido, en reiterados pronun-ciamientos, la Corte (en aplicación de lo dispuesto por el art. 512 del C.G.P.) ha declarado inadmisibles los planteamientos de inconstitucionalidad en los que se omite desarrollar las razones en las que se funda el cuestionamiento (ver sentencias Nos. 1621/2018, 1625/2018, 1626/2018, 1643/2018, 3778/2018, 1647/2018, 115/2019 y 139/2019, entre otras); y de conformidad con el referido criterio, corresponde declarar inadmisible el planteo de inconstitucionalidad formulado en el punto, pues si bien el excepcionante solicita que se declare la inconstitucionalidad, no desarrolla con la precisión y claridad que exige el art. 512 del C.G.P. los fundamentos por los cuales considera que se produce la alegada colisión con la normas constitucionales. Sin perjuicio de lo anterior y, aun de entenderse que el accionante cumplió mínimamente con la carga de alegación prevista en la norma aludida, igualmente el accionamiento no puede prosperar. Las normas impugnadas en el caso no verifican ninguna vulneración del principio de igualdad constitucional . Ello, porque mal podría considerarse vulnerado tal principio cuando la delimitación de quiénes se encuentran incluidos en la Ley alcanza a todos aquellos que se encuentran en igual situación (a quienes pretendan organizar un espectáculo público que tenga por objeto la carrera de canes) y no se establecen distinciones ni diversos tratamientos entre ellos. Al analizar la regularidad constitucional de una norma presuntamente violatoria del principio de igualdad “Es necesario, en primer lugar, que todos los miembros de la clase sean alcanzados igualmente por la ley que para la clase se dicte. (...) Pero, además, es necesario que cuando la ley define un grupo de personas para hacerla objeto de una legislación especial, la constitución de ese grupo sea razonable y no arbitraria. (...) Naturalmente, la razonabilidad de la formación de los grupos o clases no puede ser juzgada independientemente del objeto mismo perseguido por la ley ” (Cf. Jiménez De Aréchaga, J., “La Constitución Nacional”, Tomo I, cit., págs. 367 y 368). Como expresa Risso Ferrand, el principio aludido: “(...) no impide una legislación para grupos o categorías de personas especiales, sino que esta diferenciación puede ser admitida siempre que cumpla con algunos requisitos específicos ” (“Derecho Constitucional”, Tomo I, FCU, 2ª Edición, Montevideo, 2006, pág. 504). El autor distingue dentro de lo que se denomina “ el juicio de razonabilidad ”, como parámetro valorativo de las causas de distinción en clases o grupos efectuada por el legislador, otros niveles. Así, expresa que existen hipótesis en las que no surge de la Constitución, en forma explícita o implícita, la causa de ciertas distinciones. En estos casos, la razonabilidad de una determinada disposición legal se establece tomando en cuenta si ella plasma arbitrariedad o capricho y si resulta contraria a lo dispuesto por la Constitución. Al juicio de razona-bilidad, en el sentido expresado en primer término, se adiciona, con carácter esencial para el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una dispo-sición, a la luz del principio de igualdad, el reclamo de que exista una finalidad consagrada por la norma que en concreto se analice. Ello se enmarca, enseña el citado autor, en un concepto que se suele denominar racionalidad, que es habitual que se presente en forma indiferenciada, formando parte del referido juicio de razonabilidad. El concepto de racionalidad, así estructurado, ya sea que se lo considere autónomo o comprendido en el de razonabilidad, implica, asimismo, que exista una relación positiva entre los medios utilizados y los fines perseguidos en la norma cuya constitucionalidad se analiza (obra citada, págs. 505 a 506). El accionante afirmó que se vulnera el precepto constitucional en la medida de que se prohíben las carreras de galgos (como especie canina), cuando están permitidas en Paysandú y en todo el territorio nacional las carreras de caballos, raid hípico y criollas. La delimitación de las categorías no es absurda ni irracional en la medida que no resultan asimilables los espectáculos públicos en que participan equinos con las carreras de canes. En primer lugar, pues como lo relevó el propio impugnante en su libelo, la Carta sí hace referencia expresa a las carreras de caballos en el art. 297 num. 9) como fuente de recursos de los Gobiernos Departamentales, lo que no ocurre respecto a los canes. En segundo término, las carreras de caballos, raid hípico y criollas poseen marcadas diferencias con las carreras de canes, las cuales habilitan a tratarlas como una categoría diferente (a vía de ejemplo: diferencias entre los animales y en su vinculación con el hombre, participación del ser humano en la competencia, tradiciones, controles y reglas, etc.). En definitiva, corresponde desestimar el accionamiento en el punto. VIII) Inconstitucionalidad de los arts. 2 a 4 del Decreto No. 7766/2018 . La solución desestimatoria anunciada en relación al art. 1 (norma prohibitiva) torna innecesario pronunciarse sobre los restantes preceptos impugnados, pues no hacen más que facilitar la aplicación de la norma prohibitiva plenamente ajustada a la Constitución de la República. En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : DESESTÍMASE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA, CON COSTAS DE PRECEPTO (ART. 523 DEL C.G.P.). MODIFÍQUESE LA CARÁTULA, CON-SIGNÁNDOSE CORRECTAMENTE EL NOMBRE DEL ACCIONANTE. A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 30 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, ARCHÍVESE.