Sentencia Interlocutoria N° 1.253/2019

Montevideo, veintisiete de junio de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia interlocutoria en estos autos caratulados: “ RAMELA, CARLOS - ACCIÓN DE-CLARATORIA - CONTIENDA DE COMPETENCIA”, IUE 2-21417/2018. RESULTANDO : I) Surge de autos que con fecha 31 de mayo de 2018, el Dr. Carlos Ramela Regules, compareció a solicitar la declaración judicial de disolución de la sociedad Fiducias Inmobiliarias S.R.L., en virtud de haber expirado el plazo por el cual fue constituida el día 26 de julio 2006 (fs. 11 y vto.). II) Por providencia nº 1502/2018, de fecha 31 de mayo de 2018, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19° Turno, requirió previamente el cumplimiento de lo dispuesto en los nos. 3 y 6 del art. 117 del C.G.P. y la especifi-cación de la estructura procesal por la que se pretendía sustanciar la pretensión impetrada (fs. 13). III) A fs. 14 y vto. compareció el Dr. Carlos Ramela Regules oportunidad en la que indicó que, al amparo del art. 162 de la Ley nº 16.060 y al no haberse procedido por los socios a hacer efectiva la disolución de la sociedad, correspondería que la Sede actuante dicte la sentencia declarativa a tales efectos. Asimismo, señaló que la estructura procesal aplicable es el voluntario y que el asunto no es susceptible de apreciación pecuniaria. IV) Por providencia nº 1827/2018, de fecha 26 de junio de 2018 (fs. 15), atento a lo expresado por el compareciente y en función de los arts. 68 nº 1° y 72 de la Ley nº 15.750, la Juez actuante solicitó que el Sr. Ramela aclare el fundamento normativo en relación a la competencia que le atribuyó a la Sede. V) Con fecha 6 de agosto de 2018, compareció nuevamente el Dr. Ramela, ocasión en la que, en virtud de lo dispuesto en el art. 72 de la Ley nº 15.750 y tratándose de un asunto no contencioso, solicitó que la Sede remita el expediente a la ORDA para la distribución del asunto al Juzgado de Paz Departa-mental de la Capital que por turno corresponda (fs. 16). VI) Por resolución nº 2180/2018, de fecha 6 de agosto de 2018, la Sede declinó competencia en la forma solicitada, oficiándose a la ORDA a tales efectos (fs. 17). VII) Recibidos los autos por el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 23° Turno, por providencia nº 3010/2018, de fecha 8 de octubre de 2018 (fs. 24), resolvió: “ Atento a lo mani-festado, y a lo dispuesto por los arts. 159 2) y 162 de la Ley N.º 16.060, y el art. 18 de dicha norma que establece que cuando la Ley disponga o autorice una acción judicial la misma se sustanciará por los arts. 346 y 347 del CGP., salvo disposición legal en contrario, y teniendo presente el monto del capital social que resulta de la cláusula 5ta., a fs. 2, se provee: Determine con precisión el fundamento legal de la estructura voluntaria para esta acción ” (fs. 24). VIII) El compareciente, en cumplimiento de lo ordenado por la Sede, señaló que no puede existir (en el caso) contradictorio, y que en función de los arts. 68 nº 1) y 72 de la Ley nº 15.750, se trata de un proceso de naturaleza voluntaria. Sin perjuicio de ello, expresó que si la Sede considerara aplicable el art. 18 de la Ley nº 16.060, solicitó dar traslado de la demanda (fs. 25-25 vto.). IX) Por providencia nº 3201/2018, de fecha 22 de octubre de 2018, se dispuso que el interesado estime el monto del asunto (fs. 27). X) Con fecha 21 de noviembre de 2018, dando cumplimiento a la providencia, el Sr. Ramela señaló que el asunto no es susceptible de estimación pecuniaria (fs. 28). XI) Por sentencia interlocuto-ria nº 3585/2018, de fecha 22 de noviembre de 2018 (fs. 29-30), la Sra. Juez de Paz Departamental de la Capital se declaró incompetente para entender en el asunto. En lo medular, la Magistrada expresó: “ El art. 162 de la Ley Nº 16.060 dispone que producida alguna de las causas de disolución y si los socios, de común acuerdo, no proce-dieran a hacerla efectiva, cualquiera de ellos o los terceros interesados, podrán solicitar la declaración judicial de disolución. El acuerdo o la sentencia declarativa se inscribirá en el Registro Público de Comercio. Y el art. 18 de dicha norma establece que cuando la ley disponga o autorice una acción judicial, ella se sustanciará por el procedimiento establecido por los arts. 346 y 347 del CGP, salvo disposición legal en contrario (...) Entonces, y en función de la pretensión de disolución de la sociedad de respon-sabilidad limitada planteada, sino existe acuerdo entre los socios, a criterio de la suscrita debe acudirse a la vía judicial y promover el respectivo proceso de estruc-tura extraordinaria, y no un proceso voluntario. 2) En cuanto a la cuantía del asunto. Por auto N.º 3201/2018 se requirió a la parte que estimara el monto del asunto. Y según actuación a fs. 28, manifestó que tratándose de una acción declarativa no es susceptible de estimación pecuniaria. Ahora bien. El art. 49 de la Ley N.º 15.750 consagra que sin perjuicio de las asignaciones especiales de competencia que pueda hacer la ley, para el efecto de determinarla se reputarán como de valor de más de N$400.000 (nuevos pesos cuatrocientos mil) los asuntos que versen sobre materias que no están sujetas a determinada apreciación pecuniaria, como por ejemplo, los relativos al estado civil de las personas, a la crianza y cuidado de los hijos y la apertura y protoco-lización de testamentos. Según Acordada N.º 8002/2018 del 22/10/2018, estableció los montos indi-cados por el art. 49 referido, en más de $5.862.000. Por su parte, el art. 36 de la Ley N°15.750 regula que si el demandante acompa-ñase documentos que sirvan de apoyo de su acción, y en ellos apareciere determinado el valor de la cosa dispu-tada se estará, para fijar la competencia, a lo que conste de dichos documentos salvo que se tratara de acciones reales sobre inmuebles. Por el documento de cons-titución de ‘Fiducias Inmobiliarias SRL’ adjunto en autos, se estableció el valor del capital social en la suma de $840.000, fs. 2. Teniendo presente que la Acordada Nº 7826/2018 del 24/10/2004, estableció la competencia de los Juzgados de Paz de la Capital, en hasta $500.000, tampoco esta Sede sería competente por razón de cuantía para tramitar el asunto”. XII) Finalmente, por pro-videncia nº 1082/2019, de fecha 12 de abril de 2019, se dispuso elevar las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia, con las formalidades de estilo, a efectos de resolver la contienda negativa de competencia (fs. 33). XIII) Los autos fueron re-cibidos en la Corporación el día 8 de mayo de 2019 (fs. 35). XIV) Por auto nº 833/2019, de fecha 13 de mayo de 2019, se dispuso el pasaje de los autos a estudio para resolución (fs. 36), al término del cual se acordó sentencia en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por el quórum legalmente requerido (art. 56 inc. 2 de la ley 15.750), declarará competente para continuar conociendo en el presente proceso al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19º Turno, con noticia al contendiente. II) Conforme emerge de los antecedentes anteriormente extractados, el Dr. Carlos Ramela Regules compareció ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19º Turno para solicitar la disolución judicial de la sociedad Fiducias Inmobiliarias S.R.L. Ante diversos requerimien-tos de la Sede, el interesado expresó que el proceso iniciado es de naturaleza voluntaria (no contenciosa) y no es susceptible de apreciación pecuniaria. Finalmente, el Juzgado Le-trado de Primera Instancia en lo Civil de 19° Turno, declinó competencia para entender en el asunto, en base a lo dispuesto en los arts. 68 nº 1° y 72 de la Ley nº 15.750. Por los fundamentos que seguidamente se expondrán, a juicio del Colegiado, no le asiste razón. III) En cuanto a la estructura por la que debe tramitarse la pretensión deducida en autos . La Ley nº 16.060 prescribe con claridad en su art. 18 que, en supuestos en los que la propia Ley prevea una acción judicial y expresamente no se disponga una estructura procesal específica, la acción tramitará por la estructura del proceso extraor-dinario. Así, señala la norma refe-rida: “(Procedimiento. Norma general). Cuando esta ley disponga o autorice una acción judicial ella se sustan-ciará por el procedimiento establecido por los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso salvo disposi-ción legal en contrario”. Rippe, c omentando la norma transcripta, señala : “La ley establece como norma general que toda vez que la ley disponga o autorice una acción judicial, ella se sustanciará por los proce-dimientos establecidos en los arts. 346 y 347 del Código General del Proceso, salvo disposición legal en con-trario, art. 18; disposiciones que se refieren especí-ficamente al procedimiento y los recursos en el proceso extraordinario” ( RIPPE, Siegbert: “Sociedades Comer-ciales. Ley Nº 16.060” , 10ª. Ed. FCU, junio 2005, pág. 38) En tal sentido, se pro-nunció Teitelbaum al señalar que la disolución de la Sociedad por las causales del art. 159, se tramita como proceso extraordinario (arts. 346 y 347 C.G.P.) ya que así lo dispone el art. 18 de la Ley de Sociedades Comerciales (TEITELBAUM, Jaime: “ Reunión Científica sobre aspectos procesales de la ley de Sociedades Comerciales (Ley 16060) ” en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, No. 4/1990, FCU, Montevideo, 1991, pág. 573). En similar orientación conceptual, expresa Guerra Pérez que la Ley nº 16.060 tiene una norma general como es el art. 18 que regula el tema y que dispone que cuando esta ley se oponga o autorice una acción (pretensión) judicial, ella se sustanciará por el procedimiento establecido por el art. 346 y 347 del C.G.P. (normas que regulan la estructura del proceso extraordinario). La elección del proceso extraordinario para tramitar las cuestiones societarias que no tienen una estructura definida por la ley, obedece a varias razones que, más que a motivos pro-cesales, responden a la naturaleza del derecho a tutelar (GUERRA PÉREZ, Walter D.: “ Ley de Sociedades Comer-ciales: aspectos procesales ” en Revista de Derecho y Tribunales, No. 11, Amalio M. Fernández, Montevideo, 2009, pág. 45). Asimismo, señala Rodríguez Mascardi que el legislador societario no sólo no desconoció el aspecto procedimental, sino que, cons-ciente de la entrada en vigencia de un nuevo cuerpo normativo se preocupó por armonizar sus disposiciones con las del C.G.P., ya sea por remisión expresa, como por ejemplo, en materia de intervención judicial (art. 188) o bien mediante la consagración con carácter general del proceso extraordinario como instrumento idóneo para movilizar las pretensiones en materia societaria (RODRÍGUEZ, Teresita: “ Reunión Científica sobre aspectos procesales de la ley de Sociedades Comerciales (Ley 16060) ” en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, No. 4/1990, FCU, Montevideo, 1991, pág. 574). Por otra parte, el art. 162 de la Ley nº 16.060 prevé la procedencia de la acción de disolución judicial de la sociedad cuando los socios, de común acuerdo, no hicieran efectiva la disolución, por lo que resulta claro que, al estar consagrada la acción (art. 162 de la Ley nº 16.060) y al no existir una estructura legalmente prevista (art. 18 de la Ley nº 16.060), la pretensión deberá tramitarse por la vía del proceso extraordinario (art. 346 y ss. del C.G.P.). En mérito a lo señalado, esto es, a la estructura por la que debe tramitarse la pretensión deducida en autos, no se aplica al subexamine el inc. 1° del art. 72 de la Ley nº 15.750, norma que atribuye competencia a los Juzgados de Paz Departa-mentales de la Capital, en los asuntos judiciales no contenciosos, que no correspondan a los Juzgados Le-trados de Familia, cualquiera sea su cuantía, salvo que se suscite contienda u oposición. IV) En cuanto a la competencia en razón de cuantía . A juicio de los Sres. Ministros que concurren al dictado de la presente resolución, aunque por fundamentación parcialmente di-símil, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19º Turno es el competente en razón de cuantía, ya que el monto del asunto excede el máximo previsto para la intervención de la Justicia de Paz, esto es, los $500.000 (Cf. Acordada nº 7.826, de fecha 22 de octubre de 2014, que rige desde el 1 de enero de 2015). Para la Sra. Ministra Dra. Minvielle, la de autos, al tratarse de una acción declarativa (disolución por expiración del plazo), versa sobre materia que no se encuentra sujeta a estimación pecuniaria (art. 49 de la Ley 15.750), tal como lo aclaró el propio accionante a fs. 28. En su mérito, al amparo de lo establecido en la Acordada 7826 de fecha 22 de octubre de 2014 (Circular 158/2014) (vigente al momento de la promoción de la acción -31 de mayo de 2018-), el asunto tiene una cuantía de $4.000.000. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Turell y el redactor, la acción deducida en autos sí versa sobre una materia que se encuentra sujeta a apreciación pecuniaria (disolución de una sociedad comercial), siendo indiferente la naturaleza declarativa, constitutiva o de condena de la pretensión movilizada. En consecuencia, conforme emerge de la documentación aportada por el Sr. Ramela (fs. 2) y no existiendo otra estimación, el valor de la cosa disputada asciende a $840.000, que es el capital social de Fiducias Inmobiliarias S.R.L. (art. 36 de la Ley nº 15.750). A criterio de la Corpo-ración, vale la pena aclarar que, en este punto, no asiste razón a la Sra. Juez de Paz Departamental, en cuanto cita en su apoyo la Acordada nº 8.002 de fecha 22 de octubre de 2018, que expresamente en su nº 3 dispone que regirá para los asuntos iniciados a partir del 1 de enero de 2019. En la especie, la solicitud de disolución se presentó el 31 de mayo de 2018, por lo que no se aplica dicha Acordada sino, como se señaló, la nº 7.826. En definitiva, a juicio de este Colegiado, el monto del asunto excede con holgura la competencia en razón de cuantía del Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 23º Turno, por lo que corresponde declarar competente para seguir entendiendo en el subexamine al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19° Turno. Por las razones expuestas y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia RESUELVE : DECLÁRASE COMPETENTE PARA CON-TINUAR CONOCIENDO EN EL PRESENTE PROCESO AL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE 19º TURNO, REMITIÉNDOLE LOS AUTOS PARA QUE CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO, CON NOTICIA AL CONTENDIENTE. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, CUMPLIDO, REMÍTANSE EN LA FORMA DISPUESTA.