Sentencia Interlocutoria N° 1.236/2019

Montevideo, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia interlocutoria, estos autos caratulados: “ FISCALÍA LETRADA DEPARTAMENTAL DE ROSARIO C/ CC - UN DELITO DE VIOLENCIA PRIVADA - UN DELITO DE LESIONES PERSONALES ESPECIALMENTE AGRAVADO Y UN DELITO DE DESACATO EN RÉGIMEN DE R.R. - CONTIENDA DE COMPETENCIA ” - IUE: 224-86/2018 . RESULTANDO : I) En el marco de un proceso penal abreviado, por sentencia definitiva nro. 4, de fecha 1º de febrero de 2019, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rosario de 3er. Turno, se condenó a CC, como autor penalmente responsable de un delito de violencia doméstica agravado, un delito de lesiones personales especialmente agravado y un delito de desacato en régimen de reiteración real, a la pena de 12 meses de prisión con descuento de la preventiva sufrida. Dicha sentencia fue con-sentida en la propia audiencia (fs. 135). II) Seguidamente, el día 5 de febrero de 2019, el Juez Letrado de Rosario de 3er. Turno dispuso: “ En tanto la sentencia nº 4/2019 ha quedado ejecutoriada (fs. 135), remítanse al Juzgado de Ejecución y Vigilancia que por territorio y turno corresponda con las formalidades de estilo (arts. 289 y 290 del CPP) ” (fs. 137). III) Recibidos los autos por el Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de 2º Turno, surge constancia de la Oficina Actuaria, mediante la cual se dispuso: “ Se devuelve al Jdo. de Rosario 3º Turno dando cuenta que no luce agregada en el presente expediente la liquidación de pena correspon-diente así como también debería descartarse una eventual unificación de penas” (fs. 142vto). IV) En virtud de lo que esta-blecen los arts. 289.5 y 290 del C.G.P. (que disponen la remisión al Juzgado de Ejecución y Vigilancia “ una vez ejecutoriada la sentencia ”), el Sr. Juez Letrado de Rosario de 3º Turno se declaró incompetente, remitiendo los autos a la Sede de Ejecución y Vigilancia de Montevideo de 2º Turno (fs. 144/145). V) Nuevamente, a fs. 146 surge constancia de la Oficina Actuaria mediante la cual se informó: “ Al despacho con resolu-ción que surge a fs. 144, proveniente del Jdo. De Rosario 3º Turno, dando cuenta que la presente causa fue remitida a esta sede por art. 289 NCPP sin liquidación de pena, sin las comunicaciones de sentencia corres-pondientes y sin planilla actualizada que descarte una eventual unificación de penas” . VI) Por decreto nro. 322/2019, la Sede de Ejecución y Vigilancia, dispuso: “ Sin asumir competencia, devuélvase a la Sede de origen a efectos del cumpli-miento de lo que resulta pendiente, según dictamen precedente de la Oficina Actuaria ” (fs. 147) . VII) Recibidos los autos por el Juzgado Letrado de Rosario de 3er. Turno, se declaró la incompetencia absoluta de esa Sala por razón de materia, elevando las actuaciones a la Corte a efectos de resol-ver la presente contienda de competencia (fs. 150). VIII) Los autos fueron re-cibidos en la Corte el día 17 de mayo de 2019 (fs. 157). IX) Finalizado el estudio de precepto (fs. 159 y ss.), se acordó el dictado de sentencia para el día de hoy. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por el número de voluntades legalmente requerido (art. 56 inc. 2 de la ley nro. 15.750), declarará competente para continuar conociendo en las presentes actuaciones, al Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Montevideo de 2º Turno, en función de los siguientes fundamentos. II) En el caso contienden ne-gativamente los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Rosario de 3er. Turno y el Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Montevideo de 2° Turno, respecto (principalmente) a qué Sede corresponde reali-zar la liquidación de la pena relativa a la sentencia de condena del penado CC. Tal como surge de autos, el fallo que dispuso la condena se encuentra firme, al haber sido consentido expresamente por ambas partes, adquiriendo por ello la calidad de cosa juzgada. En este marco, tal como se ha sostenido en doctrina: “El proceso de ejecución (o fase de ejecución del proceso penal) comienza cuando la sentencia definitiva dictada en el proceso de cono-cimiento adquiere la cualidad de la cosa juzgada, momento en el que cesa la competencia del juez de conocimiento y deviene competente el juez de ejecución y vigilancia (C.P.P., art. 25.1 en redacción dada por Ley N.º 19.679, art. 3; y art. 26) y culmina con la extinción de la pena...” (Jorge VEIRAS: “Curso sobre el Nuevo Código del Proceso Penal -Ley 19.293, Volumen 2, Ed. 2019, pág. 406). Pues bien, dicho esto, la Corte considera que la presente contienda debe resol-verse a partir de lo dispuesto por los artículos 289.5 y 290 del CPP (normas comprendidas en el Libro III que regula el Proceso de Ejecución). En tal sentido, el art. 289.5 prescribe: “ Cuando las funciones del juez de sentencia y del juez de ejecución no coincidieren, una vez ejecutoriada la sentencia de condena o liquidada la pena, el expediente será remitido de acuerdo con los incisos anteriores ”. A su vez, el art. 290 prevé: “ (Liquidación de la pena). Una vez recibidos los autos, se efectuará la liquidación de la pena impuesta , determinando su monto y fecha de vencimiento en el plazo de cinco días. La liquidación se notificará al fiscal y al defensor y, de no deducirse oposición dentro del plazo de cinco días, se tendrá por aprobada. En caso de deducirse oposición, la misma se tramitará por la vía incidental ”. En base a tales premisas normativas, este Colegiado comparte lo resuelto por el Sr. Juez Letrado de Rosario de 3° Turno, en el sentido de que, una vez ejecutoriada la sentencia de condena, cesó su competencia material en punto a la ejecución de dicha sentencia. De ahí en más, la compe-tencia es exclusiva del Juzgado de Ejecución y Vigi-lancia de Montevideo, por estar recluido el Sr. CC en el Establecimiento de Reclusión Santiago Vázquez. Cabe puntualizar que la liquidación de la sentencia penal constituye una actividad propia de la fase de ejecución, cuyo presupuesto es la existencia de una sentencia de condena ejecutoriada, tal como se desprende de los artículos citados. En este mismo sentido se pronunció VEIRAS en el trabajo citado: “[El Juez competente para conocer en el proceso de cono-cimiento] ...carece de jurisdicción para ejecutar la sentencia definitiva, ya que una vez que ésta quede firme, este poder-deber le es asignado a los Jueces Letrados de Ejecución y Vigilancia ”. “ La liquidación de la pena es la actividad procesal que tiene por objeto determinar el momento en que se tendrá por efectivamente cumplida la pena dispuesta por sentencia ejecutoriada ”. “ La sentencia de liquida-ción penal no se pronuncia sobre ningún objeto principal del proceso penal (responsabilidad, pena, monto) sino que simplemente viene a establecer la fecha de vencimiento de la pena ” . “ Por este motivo, la li-quidación de la sentencia penal constituye una actividad propia de la fase de ejecución, cuyo presupuesto preci-samente es la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada ” . “ En conclusión, el inci-dente de liquidación de la sentencia penal es una actividad propia del proceso de ejecución... ” (cf. págs. 415, 431/432). Finalmente, como argumento coadyuvante, cabe recordar que la solución antedicha era la prevista a texto expreso en el art. 320 del CPP (ley nro. 15.032), en tanto establecía, en solución parangonable con el citado 290 (ley nro. 19.293), que: “ El Juez de la ejecución ordenará a la oficina actuaria que realice el cómputo de la pena fijada, determinando su monto y la fecha de su vencimiento, a cuyo efecto aquella dispondrá de cinco días ”. No existen motivos para que, actualmente, se adopte una solución distinta. Por los fundamentos expuestos y normas legales citadas, la Suprema Corte de Justicia, RESUELVE : DECLÁRASE COMPETENTE PARA CONTINUAR CONOCIENDO EN ESTOS PROCEDIMIENTOS AL JUZGADO LETRADO DE EJECUCIÓN Y VIGILANCIA DE MONTEVIDEO DE 2º TURNO, AL QUE SE LE REMITIRÁN LAS ACTUACIONES, CON NOTICIA DE SU CONTENDIENTE .