Sentencia Definitiva N° 1.166/2019

Montevideo, seis de junio del dos mil diecinueve VISTOS: Estos autos caratulados: “AAC/ BB DAÑOS Y PERJUICIOS. EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD LEY Nº 16.096” – IUE: 2-39696/2016. RESULTANDO: I) En autos, el Sr. AA promovió demanda de daños y perjuicios y, en subsidio, por enriquecimiento injusto contra el BB. Señaló que sufrió persecución, hostigamiento y acoso laboral para, finalmente, ser despedido en el año 2006. En el año 2014 se jubiló por incapacidad total y realizó “changas” para vivir hasta el año 2016. Precisó que el acoso laboral sufrido le ha provocado un daño de gran significación y de carácter continuado hasta el presente. II) Por sentencia definitiva No. 54/2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, se amparó parcialmente la excepción de cosa juzgada y, a su vez, se amparó la excepción de prescripción opuestas por el demandado. En lo que interesa a los efectos de este proceso, la Sra. Juez indicó que la presente demanda de daños y perjuicios y enriquecimiento injusto en subsidio, se basa en el reclamo del actor referido a su desempeño en el BB, los que tendrían lugar en el marco de una relación individual de trabajo, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la normativa impone amparar la excepción de prescripción. III) La sentencia de primera instancia fue apelada y, en ese marco, la parte actora opuso la excepción de inconstitucionalidad contra el art. 29 de la Ley 16.906, en base a los siguientes fundamentos. Alegó que la norma cuestionada resulta violatoria del art. 53 de la Carta, pues una de las proyecciones del precepto consiste en que la protección de los créditos laborales debe ser mayor que la de otros créditos. Asimismo, señaló que se contradice el principio de seguridad jurídica al afectarse derechos adquiridos y el art. 12.2 del CIT No. 95 según el cual al término del contrato de trabajo debe realizarse un ajuste final de todos los créditos debidos. Indicó que la norma violenta el principio de igualdad, ya que al titular de un crédito proveniente de un título valor dispone -vencido el plazo de las acciones cambiarias- de un plazo de 20 años. En definitiva, solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 29 de la Ley 16.906. IV) Por providencia No. 2020/2018 se dispuso la suspensión de los procedimientos y la elevación de las actuaciones con las formalidades de estilo (fs. 188). V) Recibidos los autos por la Corte (fs. 193), se confirió traslado a la contraparte (fs. 194), el que fue evacuado en los términos obrantes a fs. 198/198 vta. VI) Oído el Sr. Fiscal de Corte (Dictamen No. 00135/2018 glosado a fs. 202/202 vta.), aconsejó desestimar el excepcionamiento en vista. VII) Por decreto No. 416 de fecha 21 de marzo de 2019 (fs. 205), se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia, citadas las partes. CONSIDERANDO: I) La Suprema Corte de Justicia desestimará la excepción de inconstitucionalidad interpuesta. II) Si bien la norma impugnada se trata de un precepto que se encuentra derogado (ha cesado en su eficacia) por obra del art. 6 de la Ley 18.091 igualmente, le asiste razón que es una norma con vocación aplicativa al juicio de mérito. III) Incidenter tantum cabe consignar que no le asiste razón a la Juez actuante, pues entiende que la Ley 18.091 es la aplicable a la situación de marras. El análisis a formularse está reducido a determinar la pertinencia del juicio de constitucionalidad que debiera formular la Corte. Es imprescindible que exista una conexión indispensable entre la ley impugnada y la cuestión en discusión (pertinencia)(VESCOVI, Enrique: “El Proceso de Inconstitucionalidad de la Ley”, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Cuadernos N° 18, Montevideo, 1967, pág. 162). En nuestro caso, como surge de la demanda, el actor cesó en la relación de trabajo que le ligó con el BB en el año 2006 y la Ley 18.091 fue publicada en el Diario Oficial el 19 de enero de 2007, entrando en vigencia recién el 29 de enero de 2007. IV) Quiere decir que no se aplica al caso la prescripción de la acción laboral prevista por la Ley 18.091, siendo la norma pertinente y relevante, a los efectos de la resolución del conflicto sustancial, el art. 29 de la Ley 16.906. De acuerdo a lo consignado por la Juez de primera instancia, la relación laboral cesó el 6 de noviembre de 2006 y, de acuerdo al art. 5 de la Ley 18.091, la prescripción prevista en los arts. 1 y 2 (de la acción derivada y de los créditos laborales) incluyó a las relaciones laborales vigentes a la fecha de entrada en vigencia de dicha Ley . Sucede que la relación laboral que involucró al excepcionante se extinguió con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 18.091, por lo que la norma que reguló su situación jurídica es la emanada del art. 29 de la Ley 16.906. V) Despejado el punto relativo a la determinación de la legitimación activa en el proceso de inconstitucionalidad, corresponde rechazar la excepción por las razones ya explicitadas por la Suprema Corte de Justicia en Sentencia No. 19/2000. En dicha oportunidad se analizaron los mismos argumentos, ahora desarrollados por el excepcionante: “ Es cierto que la Constitución señala que "El trabajo está bajo la protección especial de la Ley" (art. 53). Pero de ello no se sigue inexorablemente que se impida al legislador que -si lo considera necesario o conveniente- reglamente el crédito laboral, y establezca plazos de prescripción -y aún de caducidad- para las acciones correspondientes. Con el criterio del impugnante, debiera llegarse, incluso, en vía de exageración, a postular la imprescriptibilidad de los mismos, lo que nadie ha sostenido. Por otra parte, si no se declaró inconstitucional el art. 1 del Decreto-Ley No. 14.490 -que establecía un plazo de caducidad de un año, que se contaba a partir del día en que debió pagarse la prestación-, menos podría hacérselo ahora, con el art. 29 citado. No podría negarse, establece un régimen menos severo que el anterior (V. Sentencia No. 312/95). En esta sentencia, precisamente, defendiendo la constitucionalidad de la aludida norma, se dijo, repitiendo decisión de vieja data: "... por lo que una norma que obligue a que se cumpla con la obligación, so riesgo de caducidad, no vulnera ningún principio fundamental, máxime que el obrero no se encuentra aislado como antes, y la actividad sindical opera en contra de cualquier abuso patronal; por lo demás, una norma que procura clarificar la ecuación económica trabajador - empresario redunda al final en beneficio de ambas partes: el obrero percibe la prestación laboral en tiempo y el empresario no está expuesto a reclamaciones indefinidas con motivos imprevisibles ...". Para más adelante agregar: "... la circunstancia de que se dé una protección especial al trabajador no significa crear una desigualdad en favor del obrero. Este tiene para su defensa y protección todos los elementos tuitivos que creó el legislador. Pero pretender que no pueda limitarse su accionamiento en el tiempo, en aras de la tranquilidad social y económica es, precisamente, quebrar el citado principio" (citas de la Sentencia No. 64/77). Sólo si una disposición legal estableciera un plazo de prescripción -o de caducidad- tan breve que hiciera ilusoria la posibilidad de los trabajadores de reclamar los créditos laborales impagos, podría llegarse a considerarla inconstitucional. De otra manera, cualquier plazo caería en la zona tachable de la violación de norma superior. Adviértase, la norma impugnada no obsta al reclamo de haberes impagos, sino que, más bien obliga al trabajador a actuar de modo diligente y a exigir, por lo tanto, por la vía respectiva, la satisfacción de su crédito. En este sentido, afirma el distinguido laboralista citado: "Una de las consecuencias probables de la nueva ley, es que los trabajadores se sentirán más motivados para iniciar reclamos judiciales durante la vigencia de su relación laboral. Antes podían esperar 10 años para reclamar. Ahora a los dos años queda definitivamente prescrito el crédito. Puede ocurrir que más de uno -o, por lo menos, algunos más que antes- se animen a plantear su reclamación", para agregar seguidamente: Es posible también que más de un empleador responda con el despido o la persecución al trabajador reclamante. Obviamente no invocarán ese motivo. Pero puede haber múltiples ocasiones para enviarlo al seguro de paro y luego despedirlo, para postergarlo en su carrera funcional o para tratarlo con extrema severidad. Las variedades de reacción son infinitas" (op. cit. pág. 211). Pero, desde luego, las consecuencias son muy claras y categóricas: "Un despido que se produce como respuesta a la presentación de una demanda laboral o una citación al Ministerio de Trabajo configura un caso típico de despido abusivo" (op. cit. pág. 211). No podría pedirse un ejemplo más típico en ese sentido: quien usa de su derecho, no puede verse perjudicado; el empleador que lo despidiera directa o indirectamente, incurriría en abuso de derecho. Ante una represalia con esas características, el despido abusivo se configuraría diáfanamente. Es cierto, por lo demás, que la nueva ley se aplica también hacia el pasado, afectando así derechos adquiridos de los trabajadores. Pero, como bien anota el Sr. Fiscal de Corte (fs. 72 vto.), en el inciso final del art. 29 de la Ley de Inversiones, se establece un plazo de 60 días a partir de la fecha de promulgación de la ley para que los trabajadores reclamen los créditos laborales impagos que tuvieran a su favor. De este modo, se diluyen las críticas que se podrían hacer al legislador y el trabajador que actuó diligentemente, y presentó la demanda dentro de ese plazo, no se vio, en definitiva, perjudicado por el advenimiento del nuevo régimen. Desde luego, se podría discutir acerca de la naturaleza jurídica del mismo: si es un plazo de prescripción o de caducidad. Punto sobre el que la doctrina laboralista discrepa, pues en tanto, Plá Rodríguez -quien cita a su favor, además, la opinión de Hugo Fernández Brignoni, precisamente el profesional que asiste al excepcionante y a Héctor Babace, sostienen la primera tesis-, Raso Delgue, afirma la posición contraria (Vé. op. cit., págs. 202 - 203). Si bien, se entiende que el tema no es decisivo y no corresponde que la Corporación se pronuncie ahora, sobre el mismo. Ya anteriormente, según se destacó, en la sentencia invocada, se dijo que era posible reglamentar el derecho al trabajo, aún con plazos de caducidad. En todo caso, la solución dependería del tiempo que concretamente se tenga en cuenta para disponer una consecuencia tan drástica. Incluso, en tanto haya dos posibles interpretaciones, la Corporación, como órgano defensor de la constitucionalidad, no debe hacer pronunciamiento alguno. Ello es propio de los tribunales de mérito, estando siempre abierta la posibilidad de que aquella diga su última palabra, conforme al sistema jurídico que se ha dado en la República. Máxime cuando el excepcionante, parte de la afirmación de que es un plazo de prescripción (fs. 48). Y sólo alude a la caducidad, por la vía de hacer más patente la eventual colisión que postula: "En esta posición la inconstitucionalidad es incuestionable..." (fs. 50). Circunstancia que debe inhibir a la Suprema Corte a formular un pronunciamiento expreso -y ahora- sobre el tema. Aunque, más allá de ello, no puede afirmarse, como lo hace el excepcionante, que se viola frontalmente el art. 32 de la Constitución. De ninguna manera, ello es así. La expropiación es un instituto del que se sirve la Administración para adquirir coactivamente bienes inmuebles o muebles, en cumplimiento de sus fines. Y, naturalmente, en el art. 29 citado, no se habla de ningún traspaso de la propiedad particular al Estado, sino, simplemente, la eventual pérdida de un derecho, por su no ejercicio durante un cierto tiempo. Tales consideraciones, exilian el tema del ámbito en que se le pretendió colocar. No se trata para nada del campo expropiatorio, sino del binomio derecho-tiempo, tan constante en el ordenamiento jurídico. Obviamente, tampoco se avasalla el principio de irrenunciabilidad. Sino que, como lo destaca la doctrina, los institutos de la prescripción y de la caducidad, no son una sanción contra el trabajador, antes bien, el resultado de la conclusión de que el derecho debe ser ejercitado, y no eternizarse en situaciones conflictivas o dudosas que conspiran contra el orden y la paz social (Plá Rodríguez, op. cit. pág. 124). Todo lo que lleva a desestimar la excepción o defensa planteada. ” VI) En cuanto a la presunta violación del principio de igualdad, resulta de plena aplicación lo señalado por la Corporación en la Sentencia No. 126/2000 al indicar que: “T ampoco se ha violado el principio de igualdad (consagrado en el art. 8 de la Constitución). Básicamente se sostiene que se coloca al trabajador en una posición sumamente desventajosa frente a otros acreedores (puesto que las acciones laborales prescriben mucho antes que otro tipo de acciones); pero entiende la Corporación que el legislador tuvo alguna razón legítima de interés general para establecer la diferencia impugnada (la de incentivar las inversiones en el país, al no quedar las empresas expuestas -por largo tiempo- a reclamaciones laborales). ” VII) Por último, el agravio relativo a que se contradice el art. 12.2 del CIT No. 95, según el cual al terminar el contrato de trabajo se debe realizar el ajuste final de todos los créditos debidos, incumple el art. 512 del C.G.P. Debió, en tal caso el promotor, explicitar las razones o fundamentos por los que entiende que se contraviene la mencionada norma de mayor valor y fuerza. Obviamente, no basta con identificar la norma superior presuntamente afectada, sino que tienen que desarrollarse con precisión y nitidez los argumentos por los que se considera que la norma impugnada es inconstitucional. El impugnante -en este punto- no ha cumplido adecuadamente con los requisitos exigidos por el art. 512 del C.G.P., al no desarrollar con claridad y precisión las razones en las que funda el cuestionamiento (ver Sentencias Nos. 414/1993, 760/1994, 989/1996, 221/1997, 131/1998, 215/2000, 606/2002, 150/2003, 524/2005, 54/2006, 2419/2008, 2076/2009 y 899/2010, 4/2015, 1.620/2016, 2.373/2017, entre otras). Por lo expuesto, a la Suprema Corte de Justicia FALLA: DESESTÍMASE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA, CON COSTAS DE PRECEPTO. CORRÍJASE LA CARÁTULA. HONORARIOS FICTOS: 20 B.P.C. Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVANSE.