Sentencia Definitiva N° 1.178/2019

Montevideo, diez de junio de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ABELLA, MAGALLI Y OTROS C/ ESTADO - PODER EJECUTIVO - DIFERENCIAS RUBROS SALARIALES - CASACIÓN”, IUE: 2-1637/2013 , venidos a conocimiento de esta Corporación en mérito al recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia definitiva DFA-0009-000201/2018 SEF-0009-000076/2018, de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno. RESULTANDO : I) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 49/2017 de fecha 22 de agosto de 2017, el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14to. Turno, Dr. Fernando TOVAGLIARE, amparó parcialmente la demanda y, en su mérito, condenó al Estado - Poder Ejecutivo - Ministerio de Economía y Finanzas, a pagar a los accionantes (salvo a quienes se les tuvo por desistidos de la pretensión) las diferencias salariales generadas por la aplicación del 1,5% en lugar del 2,02% del incremento por recuperación del salario real, e incidencias sobre el sueldo anual complementario y prima por rendimiento grupal, menos los aportes legales de seguridad social e IRPF en cuanto corresponda, desde el 8 de mayo de 2010 hasta su efectivo pago, más el reajuste e interés legal (liquidables en la forma indicada en los Considerandos 9 y 10). Difirió la liquidación a la vía prevista por el art. 378 del C.G.P. Asimismo, condenó a la demandada a que corrija el porcentaje de incremento por concepto de recuperación de salario real para el futuro. Sin especial condenación en el grado (fs. 1253/1257). II) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia identificada como DFA-0009-000201/2018 SEF-0009-000076/2018 , de fecha 17 de mayo de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno confirmó la sentencia de primera instancia; sin sanciones especiales en el grado (fs. 1301/1310 vto.). III) En tiempo y forma, la parte demandada interpuso el recurso de casación en examen (fs. 1315/1321 vto.). En su libelo impugnativo planteó, en concreto, los siguientes cuestionamientos. En primer lugar, sostuvo que la sentencia de segunda instancia incurre en un supuesto de absurdo evidente, en tanto asigna naturaleza de prueba fehaciente a una prueba testimonial que de ninguna manera reviste tal calidad. De allí en más, el Tribunal desencadena una serie de razonamientos que culmina en un fallo totalmente absurdo y equivocado. Indicó que en la sentencia atacada la Sala basa su argumentación en el principio de igualdad y en que el Decreto No. 42/009 es ilegal, sin tomar en cuenta las declaraciones de testigos propuse-tos, la prueba por informe de Contaduría de DGI y los recibos agregados. Sin embargo, opta por no aplicar el Decreto No. 42/009, por exceder las facultades previstas en la Ley No. 17.930, sin siquiera valorar adecuadamente la prueba producida en autos, conforme los criterios de la sana crítica (art. 140 del C.G.P.). Agregó que los actores no solo no impugnaron el decreto que les causa agravios, sino que reclaman diferencias salariales (0,52%) respecto a la aplicación del Decreto No. 42/009, cinco años después de su entrada en vigencia, siendo aplicable a su respecto la “Teoría del acto propio”, actitud que merece las sanciones causídicas por actuar con conciencia de su sinrazón. En segundo lugar, adujo que existió error en la aplicación de una regla de Derecho (principio de legalidad). Expresó al respecto que el Tribunal no tuvo en cuenta que el art. 454 de la Ley No. 7.930 no es una norma autoejecutable, ya que tanto su aplicación como su determinación se dejaron a cargo del Poder Ejecutivo, el que a través de un decreto debe aplicar la ley. Además, para que se apliquen las consecuencias de la norma se necesita que los funcionarios públicos estén incluidos en el presupuesto de hecho y que exista un salario real que “recuperar”. Y, en el presente caso, el salario no fue depreciado ni disminuido, sino que por el contrario, los accionantes adquirieron un incremento que oscilaba entre un 40 y un 300%. Señaló que la Ley No. 17.706 en su art. 2º estableció el régimen de dedicación exclusiva de los funcionarios que revistan en la DGI. La ley fue reglamentada luego a través del Decreto No. 166/005. Es decir, el salario real de los funcionarios de la DGI fue objeto de una nueva tarifa total en el año 2005, a valores de mayo de 2005. Conforme a ello, no perdió valor real del salario de los funcionarios, porque sus montos totales fueron fijados ex novo en mayo de 2005; por tanto, no les es aplicable a los actores lo dispuesto en el art. 454 de la Ley No. 17.930, y procede en cambio la exclusiva aplicación del aumento por variación del IPC del 5%, al igual que ha correspondido al resto de los funcionarios de los incisos 02 a 15, más el incremento del 1,5% (art. 5º). Expuso que el reclamo de la supuesta diferencia de 0,52% por concepto de diferencia de recuperación salarial carece de fundamento fáctico y jurídico, ya que la Administración cumplió con lo acordado en la negociación colectiva en su totalidad y también el incremento a futuro sería 0%. En suma, solicitó que se case la sentencia impugnada en todos sus términos y se revoque la sentencia de primer grado. IV) Conferido el traslado de precepto, fue evacuado por los actores en los términos que surgen de los escritos que corren a fs. 1325/1327 y 1328/1336. V) El recurso fue debidamente franqueado (fs. 1337) y los autos fueron recibidos por este Cuerpo el 17 de agosto de 2018 (fs. 1342). VI) Por Decreto No. 2465 de fecha 10 de setiembre de 2018 (fs. 1343 vto.), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia. VII) El Sr. Ministro Dr. Eduardo TURELL se declaró inhibido de oficio para conocer en los presentes autos, por haber suscrito la Sentencia DFA-0009-00517/2013 SEI-0009-000092/2013 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno, obrante a fs. 464/465 (fs. 1348). VIII) Conforme a lo antedicho, se realizó el sorteo correspondiente para proceder a la integración de la Corte. Recayó la suerte en la persona de la Sra. Ministra Dra. Loreley PERA (fs. 1352), con quien se prosiguió el estudio de la causa (fs. 1353). IX) Culminado el estudio, se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por mayoría, desestimará el recurso de casación movilizado. II) Antecedentes procesales . II.I) Los actores, funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI), demandaron el pago por diferencias salariales y condena de futuro contra el Estado - Poder Ejecutivo (fs. 99/240). Señalaron en su demanda que el Poder Ejecutivo, a través del Decreto No. 42/009, otorgó a los funcionarios de la DGI un porcentaje de recuperación inferior al concedido a los restantes funcionarios de la Administración Central. Concreta-mente, la referida normativa les fijó un incremento por concepto de recuperación del 1,5%, en lugar del 2,02% dispuesto para los demás funcionarios comprendidos en los Incisos 02 a 15 del Presupuesto Nacional (art. 4 lit. b) y art. 5 del Decreto No. 42/009). Específicamente, solicitaron que se condenara al Estado - Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía y Finanzas a pagar a los reclamantes los montos dinerarios por diferencias salariales generadas por la aplicación del 1,5% en lugar del 2,02% del incremento por recuperación del salario real, desde enero de 2009 hasta diciembre de 2012. Asimismo, peticionaron que se condene a futuro al Estado a la corrección del porcentaje de incremento por concepto de recuperación de salario, esto es, que se aplique el 2,02% y no el 1,5%. II.II) En primera instancia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14to. Turno, por Sentencia Definitiva No. 49/2017, de fecha 22 de agosto de 2017, amparó parcialmente la demanda y, en su mérito, condenó al Estado - Poder Ejecutivo - Ministerio de Economía y Finanzas, a pagar a los accionantes (salvo a quienes se les tuvo por desistidos de la pretensión) las diferencias salariales generadas por la aplicación del 1,5% en lugar del 2,02% del incremento por recuperación del salario real, e incidencias sobre el sueldo anual complementario y prima por rendimiento grupal, menos los aportes legales de seguridad social e IRPF en cuanto corresponda, desde el 8 de mayo de 2010 hasta su efectivo pago, más el reajuste e interés legal (liquidables en la forma indicada en los Considerandos 9 y 10). Difirió la liquidación a la vía prevista por el art. 378 del C.G.P. Asimismo, condenó a la demandada a que corrija el porcentaje de incremento por concepto de recuperación de salario real para el futuro (fs. 1253/1257). II.III) En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno, por Sentencia DFA-0009-000201/2018 SEF-0009-000076/2018, de fecha 17 de mayo de 2018, confirmó la sentencia definitiva de primera instancia en todos sus términos (fs. 1301/1310 vto.). III) Admisibilidad del recurso . En la especie, pese a la existencia de dos sentencias coincidentes y sin discordias, el recurso de casación interpuesto por la accionada resulta admisible, dado que en el caso se ha demandado a un órgano del Estado (Ministerio de Economía y Finanzas - Poder Ejecutivo) y la cuantía del asunto supera las 6.000 U.R., por lo que la especie ingresa dentro de lo previsto en la parte final del art. 268 inc. 2º del C.G.P. IV) Respecto a la valoración probatoria efectuada por la Sala . IV.I) La Administración demandada, al interponer el recurso de casación en examen, se agravió por entender que el Tribunal valoró en forma absurda la prueba incorporada en autos. IV.II) A juicio de la Corporación, no le asiste razón en su planteo. En primer lugar, carencias expositivas determinan el rechazo de la causal. En efecto, la recurrente, con absoluta liviandad argumental, endilga a la Sala el hecho de haber valorado en forma absurda la prueba diligenciada en autos. Sin embargo, esa crítica en ningún momento logra articular y relacionar con los elementos de juicio incorporados en la causa. La recurrente no alega que existan elementos probatorios que hayan sido olímpicamente desconsiderados y que, por ende, puedan deslegitimar el razonamiento probatorio realizado por el Tribunal. En tal sentido, estima la Corte que el invocado apartamiento de las reglas de la sana crítica debe ir acompañado, necesariamente, de la solución jurídica que se estima correcta en sustitución de la atacada. Si la valoración ha sido absurda, como sostiene la recurrente, entonces ésta debe atacar la estructuración del razonamiento probatorio y demostrar los errores manifiestos en los que habría incurrido la Sala. Idéntica conclusión, esti-ma la Corte, cabe consignar en cuanto a la valoración de la prueba que denuncia como motivo de impugnación, dado que su orfandad explicativa es manifiesta. Por tanto, en este punto, la recurrente incumple con el requisito del art. 273 num. 2º del C.G.P., ya que simplemente no concuerda con la decisión del Tribunal, pero no explicita de qué modo se habría concretado el error de Derecho denunciado. Como enseña DE LA RÚA, la enunciación del motivo debe ser clara y expresa, de modo que permita individualizar concretamente el vicio que justifica la impugnación (Cfme. DE LA RÚA, Fernando, El recurso de casación. En el Derecho Positivo Argentino , Víctor P. DE ZAVALÍA-Editor, Buenos Aires, 1968, pág. 223). En igual sentido, señala MOLINA SANDOVAL que la idea esencial es que, de la sola lectura del recurso, el tribunal pueda tener una idea lo más aproximada posible a la problemática suscitada y, fundamentalmente, los intereses de las partes, que son los que sustentan las pretensiones procesales. Se requiere una adecuada armonía entre autosuficiencia, claridad y síntesis, pero fundamentalmente estrategia recursiva. El recurso de casación debe evitar hacer desarrollos de carácter general y debe procurar desarrollar un esquema argumental concreto y específico con relación a lo que es objeto de la crítica (Cfme. MOLINA SANDOVAL, Carlos A., Recurso de Casación , ADVOCATUS, Córdoba, 2016, págs. 231/232). En el caso, la impugnante ha incumplido, como se dijo, con el requisito formal-mente establecido, por cuanto el desarrollo plasmado en este punto se revela como crítica absolutamente general, desaprensiva y desconectada de la sentencia, sin un análisis que indique, con claridad, el error en que incurriera la decisión jurisdiccional de segunda instan-cia. Es más, la recurrente dedica varias fojas de su escrito a transcribir simplemente opiniones doctrinarias y realizar citas jurisprudenciales sobre la teoría del absurdo evidente (véase fs. 1317/1319). Finalmente, hace hincapié en que la Sala no consideró la declaración testimonial de dependientes de la DGI, ni la prueba por informe de la Contaduría de la DGI, ni los recibos agregados, pero sin ahondar mínimamente en qué consistiría el error denunciado. IV.III) Sin perjuicio de lo expuesto, pierde de vista la impugnante que el presente litigio implica, en definitiva, una cuestión de puro Derecho , en cuanto a si procede o no el pago de las diferencias salariales reclamadas, ya que de lo que se trata en el caso es de determinar el alcance de disposiciones legales. En nada incide, a tal efecto, la respetable opinión de los funcionarios TABÁREZ y SERRA, ni el informe elaborado por la contaduría de la DGI, porque se circunscribe al criterio técnico adoptado por la Administración en materia salarial, irrelevante a los efectos de la decisión a adoptar en este caso. IV.IV) Por otro lado, dentro de la misma causal de impugnación, la Administración recurrente hace caudal de que los actores no impugnaron el decreto que les causa agravios (se refiere al Decreto No. 42/009). A juicio de los Sres. Ministros que integran la mayoría, el planteo de la impugnante, relativo a la falta de agotamiento de la vía administrativa, no resulta de recibo. Ello, por las diferentes razones que pasan a enunciarse. IV.IV.I) A criterio de los Sres. Ministros Dres. Bernadette MINVIELLE, Loreley PERA y el redactor, la defensa no resulta de recibo por cuanto no se ventila en el presente caso una acción reparatoria patrimonial, derivada de los daños y perjuicios causados a los actores por un acto administrativo, sino una acción de cobro de pesos, por diferencias salariales generadas por lo que los accionantes entienden como una incorrecta interpretación por parte de la Administración de las normas legales aplicables. Como enseña desde la doctrina CASSINELLI MUÑOZ, el accionamiento dirigido a reclamar diferencias salariales, fundado en la presunta vulneración de un derecho subjetivo, no requiere gestión administrativa previa, ni el previo agotamiento de la vía administrativa (véase a este respecto: CASSINELLI MUÑOZ, Horacio, “El pago de haberes atrasados no tiene naturaleza indemnizatoria”, en Derecho Constitucional y Administrativo , La Ley Uruguay, Montevideo, 2010, págs. 1103/1119). En tal sentido, la causa generatriz del daño reclamado en la especie no deriva del acto regla indicado por la demandada. Lo que reclaman los actores son las diferencias salariales generadas por la incorrecta interpretación de las normas legales aplicables. La causa de pedir ( causa petendi ) del reclamo de los accionantes se ubica en las reglas de Derecho objetivo -de rango legal y reglamentario- que colacionan en su demanda y, según expresan, pretenden el cobro de sueldos y demás haberes remuneratorios conexos o accesorios que se les adeuda en cuanto funcionarios presupuestados. Cuando se acciona en base a un derecho subjetivo, aún si existiera un acto dañoso, la omisión de resistirlo administrativamente no obtura la procedencia del reclamo (art. 8 in fine de la Ley No. 15.869). En tal sentido, ha dicho el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6to. Turno (con discordia de la actual Sra. Ministra de la Corporación Dra. Elena MARTÍNEZ), en términos enteramente trasladables al sub lite : “(...) tratándose de una reclamación que se sustenta en la invocación de un derecho subjetivo, es sumamente ajustada la cita de Cassinelli Muñoz que hace la actora en su libelo recursivo, que se transcribe a continuación: ‘...para hacer valer en Justicia un derecho subjetivo a que la Administración ejecute una prestación se puede acudir directamente al Poder Judicial mediante acciones declarativas o de condena..., mientras que el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto administrativo necesita formular una petición administrativa y agotar los recursos administrativos contra el acto que la deniegue, antes de entablar una demanda de nulidad que le permitirá obtener una sentencia anulatoria de la denegación y declarativa de la ilegitimidad del comportamiento configurativo de la causal de nulidad invocada y acogida...’ (fs. 135 vto.). Por lo expuesto, no resulta de recibo el agravio de la accionada concerniente a la falta de agotamiento de la vía administrativa, porque, en puridad, los actores reclaman el cobro de pesos fundado en un derecho subjetivo, por lo que no es necesaria ni la gestión administrativa previa ni el agotamiento de la vía administrativa . Como dice la Sala homóloga de 4º turno, la acción instaurada es parangonable a las de cobro de facturas, rubros salariales, como en el caso de autos (sent. Nº 188/2003, LJU, T. 130, c. 14.944)” (Cfme. Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6to. Turno No. 147/2012, el destacado no es original; en igual sentido, véase la sentencia de la misma Sala No. 298/2012). Apunta al respecto CASSINELLI MUÑOZ que la verdadera diferencia entre la protección jurisdiccional del derecho subjetivo y la del interés legítimo consiste en que, para hacer valer ante la Justicia un derecho subjetivo a que la Administración ejecute una prestación, se puede acudir, directamente, al Poder Judicial mediante acciones declarativas o de condena; mientras que el titular de un interés legítimo en la ejecución de determinado acto administrativo necesita recorrer la vía del artículo 318 de la Constitución mediante la petición administrativa y los recursos correspondientes (Cfme. CASSINELLI MUÑOZ, Horacio, “El interés legítimo como situación jurídica garantida por la Constitución uruguaya”, en AA. VV., Perspectivas del Derecho Público en la segunda mitad del siglo XX, publicación en homenaje al Profesor Enrique Sayagués Laso , Tomo III, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1969, págs. 289/290 y 301). IV.IV.II) Por su parte, la Sra. Ministra Dra. Elena MARTÍNEZ, en relación a la falta de agotamiento de la vía administrativa, entiende que, a pesar de que era teóricamente posible su admisión (por los fundamentos expresados en la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia No. 260/2016), no corresponde, sin embargo, relevar en el caso dicho presupuesto procesal. En tal sentido, emerge de autos que la demandada dedujo la excepción relacionada, la que fue desestimada por el sentenciante de primera instancia, en ocasión de dictarse el despacho saneador (fs. 1177/1179 vto.). La referida decisión fue apelada con efecto diferido (fs. 1180); pero luego, en ocasión de interponer el recurso de apelación contra el fallo definitivo, la demandada no fundó aquella impugnación (fs. 1265/1270 vto.). Con tales entendimientos, estima la Sra. Ministra Dra. MARTÍNEZ que, tal como sostuvo conjuntamente con el Dr. HOUNIE en Sentencia de la Corte No. 685/2017: “(...) no resulta posible aplicar el artículo 216 del C.G.P. por un órgano distinto al que dictó la sentencia respectiva (cf. sentencias N os 217/2007, 299/2007 y 59/2008 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno). De acuerdo con esta posición, la posibilidad de modificar lo resuelto por una sentencia interlocutoria firme que no ponga fin al proceso debe limitarse, en su ejercicio, al momento de la sentencia definitiva del mismo grado, única forma de lograr un cierto equilibrio entre la potestad del juez de revisar sus decisiones, la seguridad jurídica y el derecho de defensa (sentencia Nº 117/2006 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno)”. Tal coyuntura impide, siempre a juicio de la Sra. Ministra Dra. MARTÍNEZ, que la Corte pueda ahora relevar de oficio la falta de agotamiento de la vía administrativa, como cuestión prejudicial de la acción civil promovida, habilitando de este modo el análisis del mérito del debate. IV.V) Por último, dentro de la misma causal de casación, alega la recurrente que resulta aplicable a los actores la “teoría de los actos propios” . A juicio de la Corpora-ción, tampoco le asiste razón en el punto. El reclamo de los actores se circunscribió, de acuerdo a lo que surge de la Sentencia Interlocutoria No. 22/2017 dictada por el decisor de primer grado, a los créditos no prescriptos, esto es, a aquellos devengados desde mayo de 2010 en adelante (fs. 1177/1179 vto.). La alegada dilación en promover la acción judicial únicamente frustró la posibilidad de extender el reclamo a créditos anteriores a mayo de 2010; pero, de ningún modo, la pretensa aplicación de la “teoría de los actos propios” puede vedar la pretensión de condena por diferencias salariales por créditos generados y no extinguidos por prescripción ni por caducidad cuatrienal, como bien afirman los actores al evacuar el traslado de la casación. Debe tenerse presente, al respecto, lo dispuesto por el art. 8 de la Ley No. 16.226 y el art. 39 de la Ley No. 11.925. Lo expuesto resulta suficiente para repeler el agravio. V) Respecto a la normativa aplicable y la estructuración de los aumentos por “recuperación salarial” . V.I) En cuanto al fondo del asunto, adujo la recurrente que existió error en la aplicación de una regla de Derecho, en tanto el Tribunal no tuvo en cuenta que el art. 454 de la Ley No. 17.930 no es una norma autoejecutable, ya que tanto su aplicación como su determinación se dejaron a cargo del Poder Ejecutivo, el que a través de un decreto debe aplicar la ley. Además, para que se apliquen las consecuencias de la norma se necesita que los funcionarios públicos estén incluidos en el presupuesto de hecho y que exista un salario real que “recuperar”. Y, en el presente caso, el salario no fue depreciado ni disminuido, sino que por el contrario, los accionantes adquirieron un incremento. Señaló, asimismo, el salario real de los funcionarios de la DGI fue objeto de una nueva tarifa total en el año 2005, a valores de mayo de 2005, conforme a lo cual, no perdió valor real el salario de los funcionarios, porque sus montos totales fueron fijados ex novo en dicha fecha. Por tanto, no les es aplicable a los actores lo dispuesto en el art. 454 de la Ley No. 17.930, y procede en cambio la exclusiva aplicación del aumento por variación del IPC del 5%, al igual que ha correspondido al resto de los funcionarios de los incisos 02 a 15, más el incremento del 1,5% (art. 5º). V.II) Pues bien. A juicio de la Corporación, en mayoría, el planteo de la recurrente no resulta de recibo. El art. 6 de la Ley No. 15.809 dispuso que el Poder Ejecutivo, en períodos no menores a tres meses ni mayores de cuatro, adecuará las remuneraciones de los funcionarios comprendidos en los Incisos 02 a 13, de modo de mantener y recuperar progresivamente el poder adquisitivo del trabajador público. Se indicó asimismo, en la referida disposición legal, que los ajustes serían realizados tomando en consideración la variación del índice general de precios al consumo (IPC) confeccionado por la Dirección General de Estadística y Censos y las disponibilidades del Tesoro Nacional. Posteriormente, por el art. 1º de la Ley No. 16.903, se modificaron los períodos de adecuación previstos en el art. 6 de la Ley No. 15.809, conforme a los siguientes criterios: “ A) Dentro de cada ejercicio financiero el Poder Ejecutivo podrá adecuar las remuneraciones comprendidas en la citada disposición legal, por períodos no menores de seis meses ni mayores de doce, siempre que la variación de precios al consumo, tomada en años móviles, resulte inferior al 10% (diez por ciento) anual en cada una de las mediciones mensuales posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior. B) Si la variación en los precios al consumo fuere inferior al 23% (veintitrés por ciento) anual en cada uno de los meses posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior y superior al 10% (diez por ciento) anual como mínimo en una de las mediciones mensuales posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior, ambas medidas en años móviles, el Poder Ejecutivo adecuará las citadas remuneraciones por períodos no menores de cuatro meses ni mayores de seis. C) Si la variación en los precios al consumo fuere igual o superior al 23% (veintitrés por ciento) anual, como mínimo en una de las mediciones mensuales posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior, el Poder Ejecutivo adecuará dichas remuneraciones por períodos no menores de tres meses ni mayores de cuatro” . Por igual, el art. 3 de la Ley No. 17.930 dispuso que los créditos establecidos para sueldos habrían de cuantificarse a valores de 1º de enero de 2005 y se ajustarían en la forma dispuesta -entre otras normas- por el art. 6 de la Ley No. 15.809 y sus modificativas. Asimismo, consideró que la base de aplicación del ajuste sería la suma de los créditos referidos más los incrementos diferenciales de las remuneraciones otorgadas por el Poder Ejecutivo en el Ejercicio 2005. Finalmente, por el art. 454 de la Ley No. 17.930, se asignaron partidas en moneda nacional, destinadas a la recuperación de los salarios reales de los funcionarios públicos de los Incisos 02 a 27 del Presupuesto Nacional, con excepción del Inciso 16 “Poder Judicial”, de los Ministros, Procurador del Estado, Procurador Adjunto, Secretarios Letrados y Prosecretarios Letrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; y de los Fiscales, Secretarios Letrados y Prosecretarios Letrados del Ministerio Público y Fiscal, cuya recuperación se encuentra contemplada en los artículos correspondientes de la Ley. Se dispuso asimismo, en la citada norma, que “ La oportunidad y forma de distribución de las partidas serán determinadas por el Poder Ejecutivo en función de las pautas acordadas en los convenios con los funcionarios públicos, y de la evolución de la situación fiscal. Autorízase a la Contaduría General de la Nación a realizar las reasignaciones de los créditos necesarios a efectos de dar cumplimiento a dicha distribución. Una vez efectuada la reasignación a los restantes Incisos del Presupuesto Nacional tendrá el carácter de permanente en los mismos” . Posteriormente, por el art. 2 de la Ley No. 18.046, se reiteró el criterio general de actualizaciones y ajustes. V.III) Huelga recordar que la Corte cuenta con antecedentes jurisprudenciales dispares en relación al tema objeto de debate. Así, en la Sentencia No. 313/2016, en un caso relativo a funcionarios de URSEC, sostuvo la Corporación: “ Los Sres. Ministros Dres. Chediak, Pérez Manrique y Hounie, consideran que, atento a lo establecido en la Ley No. 18.046, es ajustado a derecho que no se les abone dicha partida. Si tal beneficio remuneratorio tenía por objeto recuperar el salario real, mal puede aplicarse la recuperación salarial votada en el año 2005 a una escala salarial creada en el año 2006. A juicio de los Sres. Ministros, es evidente que el fin último de aquella partida era lograr que en el quinquenio, los funcionarios pudieran tener un aumento en el salario real a efectos de compensar las pérdidas sufridas en años anteriores al 2005. No parece razonable aplicar una ‘recuperación’ a una escala que no existía al momento de sancionarse la Ley No. 17.930 porque no corresponde recuperar un salario cuyo monto fue establecido con posterioridad. (...) Si la escala salarial fue creada en el 2006, no pueden los actores pretender que se les abone un beneficio concedido para recuperar salarios anteriores al año 2005. Los actores no acreditaron que la nueva escala salarial los haya perjudicado con respecto a su situación anterior. Cabe tener presente que la Ley No. 17.930, en su artículo 454, establece un margen de discrecionalidad al Poder Ejecutivo, tanto respecto al momento como la forma en la cual se otorgará la partida de recuperación salarial. A criterio de los Sres. Ministros mencionados, resulta por demás razonable y acorde a las potestades delegadas por la Ley, no otorgar la partida a funcionarios cuya escala salarial fue establecida en forma posterior, por lo cual no tenían nada que recuperar. (...) En suma, en este enfoque, los actores fueron correctamente excluidos puesto que cuando se creó la norma que estableció la recuperación salarial, la escala de los funcionarios reclamantes aún no había sido creada. Por lo tanto, no existió violación alguna al principio de igualdad” (Cfme. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia No. 313/2016). En ese caso, la discusión versaba sobre si, por efecto de la nueva escala salarial del año 2006 de los funcionarios de URSEC, igualmente les era debido el incremento por recuperación salarial y, en base a ello, si fueron correctamente excluidos a través de decretos dictados por el Poder Ejecutivo. V.IV) En la especie, estima la Corporación, en mayoría, que no es posible crear por vía de decreto una exclusión que no fue prevista en la ley, por lo que resulta ilegal el criterio aplicado por la Administración en relación a los funcionarios accionantes. En tal sentido, ya fue señalado que el art. 454 de la Ley No. 17.930 asignó partidas por los montos detallados, destinadas a la recuperación de los salarios reales de funcionarios públicos de los Incisos 02 al 27 del Presupuesto Nacional y, expresamente , excluyó del elenco de beneficiarios al Inciso 16 “Poder Judicial”, al Inciso 19 “Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, Procu-rador del Estado y Procurador Adjunto en lo Contencioso Administrativo e integrantes del Ministerio Público y Fiscal, pues la recuperación salarial de tales funcionarios se encontraba “ contemplada en los artículos correspondientes de la presente ley” . Cabe entender que el legislador, en ocasión de nominar los colectivos excluidos de la partida por recuperación salarial, hizo tal explícita mención justamente porque entendía que, en esos supuestos, la recuperación salarial sí estaba contemplada en otros artículos de la Ley No. 17.930 . En cambio, crear por vía jurisprudencial o mediante el dictado de un decreto nuevas exclusiones, en base a fundamentos tales como que “no hay salario que recuperar”, o que “el salario fue recuperado por la nueva estructura organizativa que se implementó a raíz de la Ley No. 17.706”, desatiende la clara y explícita voluntad legislativa concretada en el art. 454 de la Ley No. 17.930 . El Tribunal de lo Conten-cioso Administrativo, en jurisprudencia constante, sos-tuvo que la Ley No. 17.930 en su art. 454 previó las partidas para otorgar a los funcionarios aumentos que permitieran recuperar el salario perdido en el último quinquenio, lo que no autorizaba a concretar la discriminación contenida en el Decreto No. 42/009. Por este motivo, entendió el referido Tribunal que el mencionado decreto violaba el principio de igualdad ante la Ley, en tanto la norma debía ser aplicada con criterio de igualdad a todos los afectados por ella (véase al respecto las Sentencias del TCA Nos. 707/2010, 880/2010, 919/2010, 555/2011, 817/2011, 971/2011, 1000/2011, 340/2012, 484/2010 y 662/2012, entre otras). Asimismo, la jurisprudencia de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil se ha expedido en términos similares para amparar reclamos análogos. En tal sentido, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6to. Turno, en la Sentencia No. 0006-000211/2014, sostuvo en términos compartibles: “ En cuanto al fondo del asunto, la Sala comparte los argumentos de la Sra. Juez ‘a quo’, relativos a que los actores tienen derecho a reclamar el cobro por recuperación salarial correspon-diente al año 2009, así como la posición del TCA sobre la ilegitimidad del Decreto Nº 42/2009. El referido decreto, en su art. 2, permite extraer la conclusión referida a su ilegitimidad o ilegalidad a la que arriba la Sra. Juez ‘a quo’. Especialmente, porque vulnera el principio de igualdad consagrado en el art. 8 de la Constitución, por cuanto la Administración no puede establecer una recuperación salarial para unos funcionarios y negársela a otros pertenecientes a un mismo colectivo, sin fundamento alguno ”. En similar sentido, véase la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno SEF-0009-000102/2015 y la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er. Turno SEF-0007-000060/2015. V.V) El multicitado Decreto del Poder Ejecutivo No. 42/009 exceptuó del aumento por recuperación salarial a los funcionarios del Inciso 5 Unidad Ejecutora No. 5 “Dirección General Impositiva” por el nuevo régimen extraordinario de retribuciones por dedicación exclusiva (art. 2 de la Ley No. 17.706). Pero lo cierto es que el legislador no vinculó la excepción al pago de la partida salarial a la inclusión de este colectivo de funcio-narios en un régimen extraordinario de remuneraciones y de dedicación exclusiva e incompatibilidades. En ningún momento la partida de recuperación salarial fue regulada como supuesto de excepción del pago. V.VI) Por si fuera poco, no puede obviarse que el argumento del demandado se da de bruces con lo previsto en el art. 5 del Decreto No. 42/009, que dispuso un incremento salarial del 1,5% por encima del aumento general establecido en el art. 1º del mismo decreto. Por un lado, el demandado (Estado - Poder Ejecutivo) quiere exceptuar a los actores del incremento por recuperación salarial y pretende justificar la exclusión en que no “hay salario para recuperar” por la nueva escala del año 2006 aplicable a los funcionarios de DGI. Sin embargo, por otro lado, ese mismo sujeto (Estado - Poder Ejecutivo) había dispuesto por intermedio del Decreto No. 42/009 un incremento para los funcionarios de DGI, menor al pretendido por los accionantes, pero incremento al fin. V.VII) La Corte, en el antecedente jurisprudencial previamente transcripto, segmentó la disposición legal y examinó únicamente el destino al que se volcaban las partidas de “recuperación de los salarios reales”. Pues bien. En opinión de la mayoría que suscribe la presente sentencia, el aumento salarial, tal como ha sido regulado, no permite avizorar que la partida salarial por recupero haya sido excepcionada en el pago por mérito de la nueva escala salarial derivada del régimen extraordinario de retribuciones en la DGI. El hecho de que se hubiera consagrado una nueva estructura salarial en el seno del Organismo no implica que el legislador, deliberadamente, haya excluido a sus funcionarios del supuesto normativo previsto en el art. 454 de la Ley No. 17.930. Justamente, la referida ley reguló un sistema de ajustes y recuperaciones de salarios, sin exclusión de funcionarios dentro de determinado inciso del presupuesto nacional. La demandada pretende forzar los textos normativos, considerando aisladamente el alcance de los términos “recuperación salarial”. La recurrencia –infructífera- a la semántica no tiene en consideración la explícita referencia al universo de funcionarios públicos de los Incisos 02 a 27 del Presupuesto Nacional (con determinadas excepciones, entre las que no se encontraban los funcionarios de DGI). Las excepciones a la regla debieron emanar de un precepto de igual rango normativo. Algunas fueron dispuestas por el legislador, pero el Poder Ejecutivo, mediante sucesivos decretos reglamen-tarios, en lugar de facilitar la ejecución de la norma legal, lo que hizo fue restringir ostensiblemente el campo de aplicación de la regla de superior jerarquía. V.VIII) En suma, las partidas previstas en el art. 454 de la Ley No. 17.930 abarcan a todo el universo de funcionarios pertenecientes a los Incisos 02 a 27 del Presupuesto Nacional, con excepción de los allí expresamente enumerados. Los actores son funciona-rios de la DGI – MEF (Inciso 05), por lo que están incluidos en el ámbito de aplicación subjetiva de la norma, por lo que les corresponde recibir aquellas partidas, destinadas a la recuperación de los salarios reales. Las únicas exclusiones admisibles son las que están previstas en la norma legal. La creación por vía reglamentaria de otras exclusiones desconoce la explícita voluntad legislativa. En definitiva, por los fundamentos señalados a lo largo del presente pronunciamiento, se concluye que el ad quem aplicó correctamente la norma de Derecho, al haber amparado el reclamo de los actores. Por lo cual, corresponde desestimar el recurso de casación incoado. VI) La correcta conducta procesal de ambas partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del Código Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). En suma, por los funda-mentos expuestos, y en atención a lo establecido en los arts. 268 y concordantes del Código General del Proceso, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASA-CIÓN INTERPUESTO POR LA DEMANDADA. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCE-SAL. FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 30 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE. MINISTRO DR. JORGE CHEDIAK DISCORDE PARCIALMENTE: A mi juicio, corresponde amparar el recurso de casación impetrado por la parte demandada y, en su mérito, deberá anularse la impugnada, desestimándose la demanda en todos sus términos. I) Me remito a la relación de hechos formulada por la mayoría. II) En cuanto al mérito, la cuestión se ciñe en determinar si asiste razón a los co-demandantes en que se les otorgó un incremento por concepto de recuperación del 1,5 % cuando les correspondía el 2,02%, conforme fue dispuesto para los demás funcionarios comprendidos en los Incisos 02 a 15 del Presupuesto Nacional (art. 454 de la Ley No. 17.930, arts. 4 lit. b y art. 5 del Decreto No. 42/009) o, si por el contrario, tiene razón la demandada en que, dada la nueva escala salarial calculada a mayo de 2005 (Ley No. 17.706 y Decreto No. 166/2005), no existe salario a recuperar. A mi criterio y, sin perjuicio de la opinabilidad de la cuestión debatida, asiste razón a la recurrente y, en su mérito, corresponde anular la impugnada, desestimando la demanda en todos sus términos. En efecto, en Sentencia No. 313/2016 y en discordia extendida en Sentencia No. 1341/2018, he tenido oportunidad de pronunciarme en asuntos en que, por tener aristas similares al subexamine , ‘mutatis mutandis’ corresponde reeditar: “ En la subexamine los actores dedujeron demanda de cobro de pesos corres-pondientes a las actualizaciones de las remuneraciones no abonadas y condena de futuro, pues, alegaron ser titulares de un derecho subjetivo insatisfecho emanado de las Leyes Nos. 15.903, 16.903, 17.930, y 18.046 (...) Partiendo de lo anterior, el nudo gordiano estriba en determinar si los funcionarios o ex funcionarios de la U.R.S.E.A. (Inciso 002/Presidencia. Unidad Ejecutora 006), quienes se encuentran dentro de los funcionarios a que hace referencia el art. 404 de la Ley No. 17.930 -Incisos 02 al 27 del Presupuesto Nacional-, tienen derecho al cobro de los incrementos por recuperación de los salarios, previstos en las normas por ellos invocadas. Esto es, si efectivamente tienen derecho a ‘recuperar salario’ dada su actual escala remuneratoria. En cuanto al mérito, considero que resultan trasladables al caso de autos las consideraciones que expresé conjuntamente con los Dres. Hounie y Pérez Manrique, en Sentencia No. 313/2016, por ajustarse exactamente al presente. En efecto, dado que el beneficio remuneratorio reclamado por los accionantes tenía por objeto recuperar el salario real, mal puede aplicarse la recuperación salarial votada en el año 2005 a una escala salarial que no existía con anterioridad (art. 190 de la Ley No. 17.930). ‘...es evidente que el fin último de aquella partida era lograr que en el quinquenio, los funcionarios pudieran tener un aumento en el salario real a efectos de compensar las pérdidas sufridas en años anteriores al 2005. No parece razonable aplicar una ‘recuperación’ a una escala que no existía al momento de sancionarse la Ley No. 17.930 porque no corresponde recuperar un salario cuyo monto fue establecido con posterioridad. De acuerdo al Código Civil las palabras deben ser interpretadas en su sentido natural y obvio (artículo 18); pues bien, el término ‘recuperar’, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española en su primera acepción significa ‘Volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía’. Ergo: no resulta aceptable que se pueda volver a tomar lo que antes no tenían. Si la escala salarial fue creada en el 2006, no pueden los actores pretender que se les abone un beneficio concedido para recuperar salarios anteriores al año 2005. Los actores no acreditaron que la nueva escala salarial los haya perjudicado con respecto a su situación anterior’ (...) El art. 454 de la Ley No. 17.930 estableció partidas destinadas a la recuperación de los salarios reales de los funcionarios públicos de los Incisos 02 al 27 del Presupuesto Nacional. Excluyó expresamente a los funcionarios del Inciso 16 ‘Poder Judicial’, de los Ministros, Procurador del Estado, Procurador Adjunto, Secretarios Letrados y Prosecre-tarios Letrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; y de los Fiscales, Secretarios Letrados y Prosecretarios Letrados del Ministerio Público y Fiscal, cuya recuperación se encuentra contemplada en los artículos correspondientes de la propia Ley. En cuanto a la oportunidad y forma de distribución de las partidas, se estableció que serán determinadas por el Poder Ejecutivo en función de las pautas acordadas en los convenios con los funcionarios públicos y de la evolución de la situación fiscal (...) En la subexamine, si bien el T.C.A. anuló el Decreto No. 326/010 por ilegítimo (extremo alcanzado por la cosa juzgada), ello no determina necesariamente que los accionantes tengan derecho a la ‘recuperación salarial’ prevista en el art. 454 de la Ley No. 17.930. En efecto, este punto no se encuentra alcanzado por la cosa juzgada, es competencia del Poder Judicial y, en definitiva, dependerá si los accionantes efectivamente tenían salarios a ‘recuperar’, lo cual, como ya señalé, resulta ajeno a su situación. En este sentido, cabe preguntarse si todos los funcionarios pertenecientes a los incisos 2 a 27 que no se encuentran excluidos en el art. 454 de la Ley No. 17.930 ¿tienen derecho a la recuperación prevista? Considero que no. Ello, por cuanto, el fin último de la disposición es que los funcionarios pudieran tener un aumento en el salario real a efectos de compensar las pérdidas sufridas en años anteriores al 2005. Si las mermas no se verificaron o la escala salarial es posterior, el derecho no nace. De lo contrario, no se trataría de partidas destinadas a la recuperación salarial, constituyendo verdaderos incrementos. Finalmente, tampoco consi-dero determinante el hecho de que en una oportunidad se le haya abonado la partida a los accionantes. Ello, por cuanto debe considerarse la relación estatuaria en la cual se encuentran los actores, a partir de la cual, no resulta posible concluir la existencia de un derecho de crédito que no emerge de la Ley presupuestal por ellos invocada. Aún más, si la Administración incurrió en error, no solo pudo sino que debió corregirlo” (Discordia extendida en Sentencia No. 1341/2018). En definitiva, habiéndose establecido una nueva escala retributiva prevista en el inciso segundo de la Ley No. 17.706, de fecha 4 de noviembre de 2003, y su Decreto Reglamentario No. 166/2005, que ya contempla las pérdidas salariales, en mi opinión, no existe salario a recuperar en los términos previstos en el art. 454 de la Ley No. 17.930. III) Sin especial condena procesal.