Sentencia Definitiva N° 1.175/2019

Montevideo, diez de junio de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ FIDEICOMISO EL PINAR C/ BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. Y OTRO – RESPONSA-BILIDAD CONTRACTUAL - CASACIÓN” – IUE: 2-6276/2016 . RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva nro. 1, de fecha 5 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 10º Turno, se falló: “ Amparase la demanda ins-taurada. En su mérito, condenase a la demandada Berkley International Seguros S.A. -Uruguay- a abonar a la actora el monto reclamado de U$S 200.000 (Doscientos Mil Dólares Estadounidenses) con intereses corrientes desde el siniestro. Ampárase el excepciona-miento formulado por las citadas en garantía... ” (fs. 572/581). II) Por sentencia individuali-zada como DFA-0005-000555/2018, SEF-0005-000151/2018, de fecha 26 de setiembre de 2018 (fs. 641-650), dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, se dispuso: “ Revócase la sentencia apelada y desestímase la demanda, con costas y costos del grado por su orden ” (fs. 641/651). III) Contra dicha sentencia, la parte actora interpuso el recurso de casación en estudio (fs. 655/672). En tal sentido, expresó, en síntesis, los siguientes agravios: i) Errónea interpretación de los arts. 6 y 8 de las Condiciones Generales y art. 13 de las Condiciones Específicas del Seguro de Fianza . Adujo que la Sala obvió por completo el art. 6 de las Condiciones Generales del Seguro de Fianza, que hace inoponible los incumpli-mientos del tomador al asegurado. Contrariamente a lo esta-blecido en la póliza, el Tribunal entiende que la parte actora incumplió la obligación de informar la situación del tomador, siendo que esa obligación es la propia del tomador y, por ende, inoponible al asegurado. Asimismo, interpretó que de acuerdo al art. 8 de las Condiciones Generales del Seguro de Fianza, la accionada violó el contrato y aumentó el riesgo, puesto que la reticencia alegada por la sentencia es anterior en el tiempo; tampoco hubo tal aumento de riesgo, ni se probó mediante un perito, como exige la póliza. Finalmente, la Sala alude al supuesto incumplimiento del art. 13 de las Condiciones Específicas del Seguro de Fianza, sin explicitar por qué se habría incumplido, ya que solo se hace referencia a una supuesta modificación contractual. ii) Infracción de las reglas de valoración de la prueba (arts. 140, 141 y 184 del C.G.P.): existencia de un aumento en el riesgo . Señaló la impugnante que existió error absurdo y evidente en la valoración de la prueba. De ninguno de los elemen-tos probatorios de autos se desprende el aumento del riesgo. La recurrida arribó a dicha conclusión fundándose en que el riesgo se agravó como consecuencia del pago que la parte actora realizó a los subcontratistas para que estos siguieran proveyendo de material a la obra. Dicha valoración no es lógica, ya que el pago a los proveedores hacía posible que la obra avanzara y que los acopios fueran devolviéndose. En consecuencia, el pago de los proveedores no aumentó el riesgo de que la constructora incumpliera, sino que, por el contrario, permitió que la obra siguiera avanzando y que pudiera pagar los acopios. iii) Errónea interpre-tación de la póliza: inexistencia de mala fe de parte de la actora . Expresó que actuó de buena fe, pues no tenía obligación de informar sobre la situación financiera de la tomadora. Era carga de la aseguradora valorar el riesgo que cubría. El Tribunal confunde al tomador con el asegurado. Refiere a la actora y al asegurado como personas diferentes, cuando son la misma persona. La actora es el FIDEICOMISO, quien fue designado en la póliza como el asegurado (fs. 36). Esta gruesa confusión lle-vó al Tribunal a entender en forma errónea y grave que la parte actora (asegurado) tiene obligaciones que en realidad son de CALPUSA URUGUAYA S.A. (tomador). La demandante es un ter-cero, no es el tomador de la póliza, por tanto, no tenía obligación de aportar información cuando la constructora contrató la póliza. No participó en la selección de la aseguradora, no firmó la solicitud de cobertura, ni tampoco suscribió la póliza, ni asumió ninguna obliga-ción frente a la demandada. Se trata de un tercero beneficiario de la fianza que nace con la suscripción de la póliza. El asegurado no es parte, solamente se lo designa como beneficiario del pago en caso de que se produzca el siniestro. El seguro de caución es considerado por gran parte de la doctrina como un contrato a favor de un tercero, por lo que claramente no asume ninguna obligación para informar a la empresa aseguradora respecto de los riesgos que asume al emitir la póliza. Esto se pone de manifiesto en el art. 6 de las Condiciones Generales del Seguro de Fianza: “ los actos, declaraciones, acciones y omisiones del Proponente de la póliza, incluida la falta de pago del premio en la fecha convenida, no afectará en modo alguno los derechos del asegurado frente al Asegurador ” (fs. 37). El fallo interpreta la póliza en forma incorrecta incurriendo en errores graves. De su simple lectura se desprende que una eventual falta de información sobre las condiciones económicas en las que se encontraba la tomadora al solicitar la póliza, no puede imputarse a la parte actora. La responsabilidad es de CALPUSA URUGUAY S.A. Como establece el art. 6 de las Condiciones Generales, la eventual omisión en aportar información no puede afectar los derechos de cobro del FIDEICOMISO. iv) Infracción de las reglas de valoración de la prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P.): prueba de la reticencia . Afirma que la demandada no logró acreditar que CALPUSA le haya omitido información. No presentó ningún elemento probatorio sobre la infor-mación que valoró cuando emitió la póliza, simplemente se limitó a decir que le omitieron información rele-vante. La recurrida dio por cier-to lo expresado por la accionante, lo que se considera un error evidente en la valoración de la prueba, que se suma a una incorrecta interpretación del art. 8 de las Condiciones Generales del Contrato de Seguro de Fianza y de la ignorancia respecto de los efectos del art. 6. La sentencia omitió valo-rar la conducta negligente y cómplice de la aseguradora, quien tenía la obligación de valorar el riesgo que estaba tomando. No hizo el más mínimo esfuerzo por valorar el riesgo que estaba cubriendo. Fue negligente y coadyuvó al engaño que sufrió la accionante en su calidad de beneficiaria de la cobertura. La exigencia de la cober-tura a la constructora era para garantizar la devolución del adelanto financiero a la actora. Quedó acreditado que la recurrente cumplió con todas las exigencias establecidas en denunciar el siniestro y brindó todo el detalle que la aseguradora solicitó, por lo que no hubo reticencia en brindar información. De la declaración de parte del Sr. Germán BELLO, emerge que la accionante no tuvo ningún contacto con la demandada al momento de emitir la póliza y que no se le solicitó ninguna documentación. Es imperativo del interés de la aseguradora constatar el riesgo que se asegura. Es criticable entender que hubo una reticencia a brindar información cuando es tan responsable el tomador como la aseguradora. v) Incorrecta aplicación del art. 8 de las Condiciones Específicas . Afirmó la impugnante que el Tribunal realizó una incorrecta interpretación del citado art. 8 y de las obligaciones que supuestamente tenía a cargo el FIDEICOMISO. Como surge de autos, cuatro días después de que se otorgó la póliza, CALPUSA se presentó a concurso de acreedores. Ello no debió haber sorprendido a la accionada, si hubiera hecho un análisis serio y responsable del riesgo. En definitiva, no había nada que denunciar, porque la situación era la misma que cuando se emitió la póliza. La Sala se equivoca cuando expresa que “ la denuncia efectuada en julio 2015 de un hecho que conocía desde al menos tres meses antes, es extemporánea...” . La parte actora denunció el siniestro cuando se verificó la rescisión del contrato de obra (fs. 8) y lo hizo en los plazos previstos en la cobertura. En la póliza se indican claramente los casos en que el asegurado debe brindar información: a) según el art. 10 de las Condiciones Generales, el asegurado deberá proceder a la denuncia del siniestro adjuntando todos los documentos acredi-tantes dentro de los 10 días y según el art. 13 dentro del año de haberse producido la exigibilidad de la obligación incumplida y b) los actos u omisiones del tomador que puedan dar lugar a la afectación de la póliza dentro de los diez días de ocurridos. Todos esos puntos fueron cumplidos por la recurrente. Entonces, no hay justifi-cación para entender que hubo reticencia a brindar información. En definitiva, las refe-rencias de la sentencia en el sentido de que la reclamante no actuó de buena fe, son desacertadas, producto de una inadecuada interpretación de la póliza y de la errónea valoración de la prueba diligenciada en autos. vi) Errónea interpretación de la naturaleza de la póliza: seguro de garantía. Aduce que la impugnada incurrió en una errónea interpretación de la póliza, por cuanto se trata de un seguro de garantía y, en consecuencia, el destino del asegurado no puede estar atado a la voluntad del tomador. La sentencia relaciona y confunde en todo momento la figura del tomador y el asegurado. Si el tomador (CALPUSA) omitió información al contratar la póliza, no es algo que sea oponible al FIDEICOMISO. El asegurado no es parte del contrato de seguro y, por lo tanto, no le son oponibles las estipulaciones establecidas en dicho contrato. En efecto, la caución se caracteriza por ser un contrato en el cual intervienen tres partes: el tomador, el asegurado y el asegurador. No obstante, el asegurado (en el caso la accionante) no es parte del contrato de seguro y, por lo tanto, no le son oponibles las estipulaciones en él establecidas. Ello emerge de la propia póliza (art. 6). La función que cumple la caución es la de sustituir un depósito realizado por el deudor, en dinero o títulos, en garantía del cumpli-miento de sus obligaciones. Dicha función no puede quedar subordinada al incumplimiento del tomador del seguro. La Sala se equivoca al avalar que se excluya el siniestro y se deje a la impugnante sin garantía, como consecuencia de un incum-plimiento de la obligación de aportar información que es imputable en forma exclusiva a CALPUSA URUGUAY S.A. vii) Errónea aplicación de las normas relativas a la valoración de la prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P.): prueba del agravamiento del riesgo derivado de la modificación del contrato . Refiere que la Sala se equivocó al valorar la prueba, dado que no se verificó una agravación del riesgo, ni una modificación del contrato. La recurrida, valorando en forma irracional la prueba aportada en autos, concluyó, entre otros argumentos, que el pago efectuado por el FIDEICOMISO a los subcontratistas “ alteró la ecuación negocial al agravar el riesgo sin consentimiento del ente asegurador y ello contraviene la cláusula 8° de las condiciones generales ”. La conclusión es errónea y carece de absoluta lógica, ya que no existió agravación del riesgo. En autos no se diligenció prueba pericial que estableciera en forma específica la agravación del riesgo como lo exige la póliza en el art. 8 de las Condiciones Generales. La demandada presentó un informe de parte que no tiene la calidad de pericia. Incluso, en el caso de que se considerara como tal, en ningún momento se pronuncia en forma expresa sobre el agravamiento del riesgo. Asimismo, el pago a los proveedores en lugar de agravar el riesgo lo redujo, ya que ello permitió el avance de la obra y acrecentó las posibilidades de que la constructora pudiera amortizar los anticipos financieros (art. 2 de las Condiciones Específicas). En su informe el Ingeniero no estableció de manera cierta una agravación del riesgo como lo requiere el art. 8. Es más, cuando refiere a los incumplimientos contractuales que tenía CALPUSA con la recurrente, siempre pone de relieve que no se relacionan con la póliza (fs. 353). La razón por la cual, erróneamente, el perito entendió que no debe indemni-zarse al asegurado es por la retención del pago del certificado de BPS de marzo de 2015, pero no por la agravación del riesgo (fs. 355). El art. 2 de las Condi-ciones Específicas del Contrato de Seguro de Fianza hace referencia a que la póliza se iría desafectando a medida que el tomador realizara las entregas, por lo que la acción antes descrita permitió el avance de la obra, el pago de los anticipos y, por ende, la desafectación de la póliza, favoreciendo a la aseguradora La impugnante accedió a realizar pagos en forma directa a subcontratistas y proveedores de manera que tuvieran certeza de pago. Esta modalidad no tiene absolutamente ninguna relación con el hecho de que la constructora dejara de percibir anticipos financieros. CALPUSA ya había recibido los anticipos financieros en línea con lo previsto en el contrato de obra. Lo que restaba es que la obra avance, para ir cancelando en forma paulatina esos anticipos. La sentencia se equivoca y denota graves deficiencias en la interpretación de la prueba al confundir el pago de anticipos financieros con el pago a los proveedores. El pago directo a los proveedores no puede ser considerado como un agrava-miento del riesgo. La obligación que la de-mandada garantizó fue el pago de los anticipos financieros entregados a CALPUSA para la construcción de viviendas de interés social. El FIDEICOMISO habría agravado el riesgo si hubiese realizado alguna actividad que impidiera el pago de los anticipos. Sin embargo, no existió omisión alguna. La póliza garantizaba la devolución de los acopios al FIDEICOMISO y, en conse-cuencia, los contratos existentes en el marco de la obra de construcción no deben ser objeto de análisis. Si de todas formas se considera que dicha situación debe ser analizada, resulta claro que no hubo una agravación del riesgo. Las condiciones en las cuales se había determinado el riesgo no cambiaron. El pago del FIDEICOMISO a los subcontratistas no cambia las condiciones en las que la demandada contrató con la empresa constructora. En la póliza la empresa aseguradora se constituyó como fiadora solidaria, garantizando a la accionante el pago de la suma de U$S 200.000 de la que resulta obligado CALPUSA URUGUAY S.A., por afectación de la garantía del contrato de arrendamiento de obra celebrado. La póliza garantiza solo los acopios y no el contrato celebrado entre la tomadora y la asegurada. De modo que el Tribunal se equivoca al interpretar que en autos se verificó el supuesto del art. 8 de las Condiciones Generales. El Tribunal confunde el contrato de seguro de caución con el contrato de obra. El seguro solo aseguraba el riesgo de que los acopios no fueran devueltos. La obra no está incluida en la póliza. Por lo que el pago a los proveedores es indiferente a la garantía sobre los acopios, porque la obligación de devolución de dicha suma se mantuvo incambiada. No se produjo ningún cam-bio en el contrato, sino que se intentó darle conti-nuidad a la obra para que de esa manera la empresa constructora pudiera cumplir con los anticipos y se concluyera con la obra. viii) Errónea aplicación de las normas de valoración de la prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P.): existencia de un contrato de seguro con otra empresa aseguradora . Refiere que la Sala incu-rrió en un error absurdo y evidente en la valoración de la prueba. El contrato de seguro de SANCOR era anterior al celebrado con la accionada y no tiene ningún impacto en el caso de autos. La impugnada, en forma absolutamente errónea, refiere a la existencia de otro seguro como argumento para declarar que hubo un incum-plimiento en el deber de informar. Entendió que ese elemento también constituye reticencia por parte del asegurado a brindar información. El Tribunal olvida mencio-nar que dicho seguro era temporalmente anterior al seguro de caución en cuestión y que la póliza ya había sido devuelta al asegurador. La falta de denuncia de un seguro anterior no constituye reticencia, porque no tiene influencia en el riesgo. Tal como se desprende de la propia póliza (fs. 36), la cobertura es por cuatro meses, por lo que una vez finalizada, es necesario la contratación de una nueva. La obligación de informar dichos extremos era del tomador, por lo que, en el improbable caso de entender que hubo reticencia, de todos modos no puede ser imputada al asegurado. IV) A fs. 677 la parte demandada evacuó el traslado conferido, abogando por el rechazo de la impugnación. A fs. 699 y ss. hicieron lo propio los citados en garantía Stella FERNÁNDEZ y Alejandro CHERTKOFF. V) Recibidos los autos por la Corte (fs. 708), por decreto nro. 3666, de fecha 17 de diciembre de 2018, se ordenó el pase a estudio de la presente causa (fs. 709 vta.) y culminado el estudio, se acordó el dictado de sentencia para el día de hoy. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestimará el recurso de casación interpuesto en autos, por los fundamentos jurídicos que se expresarán, pues los agravios arti-culados como sustento de la casación no resultan eficientes para resolver en sentido contrario a lo decidido en segunda instancia. II) El caso de autos, de los fundamentos que edifican el fallo absolutorio de segundo grado y de la medida de los agravios . II.1) Conforme emerge de las actuaciones obrantes en autos, no es objeto de discusión que la empresa constructora CALPUSA URUGUAY S.A., contrató un seguro de caución con la enjuiciada BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A., designándose como beneficiaria a la accionante FIDEICOMISO EL PINAR (Póliza de Seguro de Fianzas nº 1.714). En virtud del citado negocio, la empresa constructora tomó un seguro de caución (el 9 de abril de 2015), en virtud del cual la aseguradora se constituyó en fiadora hasta la suma de U$S 200.000, en garantía del anticipo financiero entre-gado por FIDEICOMISO para la construcción de viviendas de interés social. Asimismo, no se encuentra controvertido por las partes que el día 9 de julio de 2015 la reclamante denunció formalmente el siniestro ante la demandada (art. 10 de las Condiciones Especí-ficas). Ahora bien, la cuestión debatida se ciñe a determinar si, en la especie, se configura algún supuesto de “exclusión” de la indemni-zación como lo alega la accionada, o, si por el contrario, le asiste razón a la parte actora en punto a que la empresa aseguradora debió dar cobertura al siniestro. II.2) En dicho marco, la Sra. Juez “a-quo” concluyó que la demandada no acreditó ninguna de las causales de exclusión invocadas, razón por la cual amparó la demanda en todos sus términos. Por su parte, en segunda instancia, el Tribunal entendió correcta la exclusión alegada por la empresa aseguradora, por lo que procedió a revocar el fallo de primer grado, desestimando la demanda en todos sus términos. En tal sentido, en líneas generales, las bases sobre las cuales la Sala edificó la solución revocatoria, pueden resumirse en las siguien-tes: a) Incumplimiento de los arts. 5 y 8º de las Condiciones Específicas. Expresó el Tribunal que surge acreditado que la parte actora (beneficiaria) y CALPUSA URUGUAY S.A. (tomadora del seguro), no denun-ciaron las dificultades económicas que padecía esta última. Incluso, señala el Tribunal que la propia actora admitió que, al menos desde abril de 2015 (mes en que se emitió la póliza), conocía las dificultades que cursaba su co-contratante. A partir de lo anterior, a juicio del Colegiado de segunda instancia, la denuncia realizada en el mes de julio de 2015, de un hecho que conocía desde al menos tres meses antes, resulta extemporánea por haber caducado el plazo de 10 días previsto en el art. 8 de las Condiciones Específicas (fs. 646 y ss.). b) Infracción al deber de actuar de buena fe: reticencia en brindar información. Señaló la impugnada que la buena fe que prevalece en cualquier estructura negocial, le imponía a la accionante y a CALPUSA URUGUAY S.A., que informaran a la demandada la real situación económica-financiera, lo que no aconteció. Situación que, en opinión de la Sala, debe calificarse como reticencia. Dicha información, ocultada o falsamente declarada, resultaba relevante, ya que tenía la suficiente aptitud para alterar las condiciones del seguro o, lisa y llanamente, decidir no contratar. A partir ello, el Tribunal consideró que fue correcta la conducta de la empresa asegurada, al excluir la cobertura por reti-cencia. c) Violación del art. 8 de las Condiciones Generales y 13 de las Condiciones Específicas: modificación del contrato que derivó en una alteración de la ecuación negocial al agravar el riesgo, sin el consentimiento de la parte demandada. Afirmó la Sala que la parte actora admitió expresamente que accedió a realizar pagos directos a proveedores y subcontratistas, bajo la excusa de que lo hizo para salvaguardar la continuidad de la obra. A juicio del “ad quem”, lo relevante es la modificación objetiva del negocio, lo que significó que CALPUSA URUGUAY S.A. no percibiera esos importes como anticipo financiero y, por consiguiente, no los volcara a la obra. De ello, a juicio de la Sala, se extrae que la agravación del riesgo resulta ostensible. d) Infracción de los arts. 2 y 10 de las Condiciones Específicas. e) Omisión de informar acerca de la existencia de una póliza anterior contra-tada con SANCOR SEGUROS URUGUAY S.A.: reticencia por restricción de información relevante. Refiere la Sala que este hecho no fue controvertido, ni probado en contra por la parte actora, cuando pudo y debió hacerlo (art. 640 del C.Com.). Tal omisión constituye reticencia por restric-ción de información relevante. Hasta acá lo sustancial de los argumentos articulados por la recurrida como sus-tento del fallo absolutorio. Entonces, tal como viene de reseñarse, la Sala concluyó que se encontraba justificada la exclusión de la cobertura en base a diferentes fundamentos, cada uno de ellos individual-mente suficientes a efectos de desestimar la pretensión ejercitada. Vale decir, como premisa del análisis en casación, habrá de tenerse presente que el Tribunal arribó a la solución exculpatoria en razón de diversos argumentos, todos ellos autónomos y autosu-ficientes . A partir de lo anterior, a juicio de la Corte, la suerte de la impugnación movilizada está sujeta a que la parte actora logre conmover los fundamentos esgrimidos por el Tribunal, en cada uno de los puntos anteriormente referidos. De tal forma que, basta que los agravios dirigidos contra uno de los argumentos no sean de recibo, para que deba desestimarse el recurso de casación en estudio, lo que da paso al siguiente análisis. II.3) En el sentido apun-tado, los agravios articulados por la promotora pueden resumirse en los siguientes: 1) La Sala, al considerar que no se denunciaron oportunamente las dificultades financieras “del asegurado”, entendiendo por tal a CALPUSA, incurrió en error de derecho. El asegurado es BERKLEY INTERNATIONAL S.A. En tanto es un tercero en el tipo de seguro contratado, no tenía obligación de aportar información cuando se pactó la póliza entre ambas partes (CALPUSA y BERKLEY). 2) La Sala omitió valorar adecuadamente la conducta de BERKLEY, en cuanto fue negligente al emitir la póliza sin interiorizarse de la situación económica de CALPUSA. Es la aseguradora quien tenía que evaluar el riesgo que aseguraba. 3) La Sala aplicó errónea-mente la cláusula 8 de las Condiciones Específicas, ya que la actora no tenía obligación alguna de aportar información cuando CALPUSA contrató la póliza. La actora no participó en la contratación de la póliza. No fue parte del contrato y tampoco fue consultada en esa oportunidad por la aseguradora. 4) El Tribunal incurrió en error al interpretar la póliza, ya que el seguro de autos es un seguro de garantía, lo cual implica que el destino del asegurado no puede estar atado a la voluntad del tomador del seguro. 5) El Colegiado, al consi-derar que se alteró la ecuación negocial, al agravarse el riesgo sin consentimiento del asegurador, realizó una valoración de la prueba ilógica. No existió prueba pericial que concluyera que se agravó el riesgo, como lo requiere la póliza, ni tampoco el pago directo a subcontratistas por parte de FIDEICOMISO EL PINAR implicó una agravación del riesgo. 6) La Sala también incu-rrió en una valoración de la prueba absurda al concluir que hubo una modificación contractual. El hecho de que FIDEICOMISO EL PINAR y CALPUSA, luego de iniciada la relación contractual y a raíz de que la última de las nombradas estuviera en concurso de acreedores (lo que determinó que el comitente pagara directamente a los subcontratistas), no supuso una agravación del riesgo. 7) El “ad-quem”, al consi-derar relevante el hecho de que se hubiera contratado por CALPUSA una póliza con SANCOR antes de la contra-tación de la de BERKLEY, incurrió en una valoración de la prueba absurda. Pues bien, en lo sucesivo -sobre la premisa señalada en el CONSIDERANDO Nº II.2 “in fine”-, la Corte procederá a valorar la suerte de la impugnación, aunque, en su seno, existen diferencias en punto al fundamento autosuficiente para arribar a la decisión desestimatoria. III) De los cuestionamientos a la valoración probatoria de la Sala . Los diversos cuestiona-mientos a la valoración probatoria de la Sala, con-tenidos en la recurrencia, pretenden socavar la plata-forma fáctica tenida por acreditada en segunda ins-tancia. Sin embargo, a juicio de la Corte, tales cuestionamientos no pueden prosperar, toda vez que, pese a los términos utilizados en la recurrencia, en realidad, no se alega ninguna arbitra-riedad o absurdo en la valoración de la Sala; por lo menos, con las características y gravedad requeridas para habilitar su revisión jurídica en el grado. Tal circunstancia, que describe una carencia formal de la impugnación, es fundamento bastante para desestimar, por improcedente, este sector de la impugnación, atento a las exigencias y particularidades que tiene la errónea valoración de la prueba como causal de casación en nuestro régimen jurí-dico, señaladas por la Corte en múltiples y reiterados fallos, a los que cabe remitirse (cf. sentencias nros. 408/2000, 52/2010, 4248/20, 594/2013, 640/2017, 1.210/2018, entre muchas otras). IV.1) De los agravios rela-tivos a la exclusión de la cobertura justificada por el Tribunal en el incumplimiento de la cláusula 5 de las Condiciones Específicas del Seguro de Fianza en Garantía de Anticipo Financiero . En este punto, los Sres. Ministros Dres. Luis TOSI y Bernadette MINVIELLE, entienden que cabe partir de considerar el siguiente argumento de la Sala: “ (...) la modificación del contrato alteró la ecuación negocial [la actora, FIDEICOMISO EL PINAR] admite que accedió a realizar pagos directos a subcontratistas y proveedores (...) como bien señala la demandada, la alteración de las cláusulas de las condiciones específicas es plamaria (...) lo que interesa es objetivamente la modificación del negocio (...) En este sentido, como bien señala la demandada, la alteración de las cláusulas de las condiciones específicas es palmaria (...). En suma, por esta causal también la exclusión de la cobertura se encontraría justificada” (fs. 648/649). Se trata, tal como lo señalamos en el Considerando II.2, de un argumento que, individualmente considerado, es suficiente para arribar al fallo de segunda instancia recurrido. Pues bien, a juicio de los Ministros referidos, debe considerarse en primer término que el hecho de que luego de suscripto el contrato de construcción que vinculara a la actora (comitente de la obra) y a la constructora CALPUSA (contrato que fue el que se tuvo en cuenta para la emisión de la póliza), este fue modificado o alterado, surge de la propia demanda (fs. 341/342). A su vez, en segundo término, consideran que debe tenerse presente que es un hecho no controvertido en esta litis que, luego de emitida la póliza, a los pocos días, la tomadora, CALPUSA URUGUAY S.A., entró en situación concursal (concurso voluntario; fs. 42). En dicho marco, a juicio de los Sres. Ministros referidos, la exclusión fundada en el incumplimiento de la cláusula 5 de las “Condi-ciones Específicas”, resulta justificada. En efecto, como lo señaló la Sala, hubo alteraciones del contrato que vinculaba a CALPUSA y FIDEICOMISO EL PINAR, que, de acuerdo con los términos de la póliza, debieron ser informadas a la aseguradora so pena de que se perdiera la cobertura de la póliza. Asimismo, hubo actos del “tomador”, CALPUSA URUGUAY S.A., que debieron ser notificados a la aseguradora; por ejemplo, y en primer lugar: que había solicitado su concurso judicial. En tal sentido, en la cláusula 5° (fs. 39/40), se pactó: “ Modificaciones al Contra-to de obra o Suministro.- El Asegurador quedará liberado de toda responsabilidad cuando las modificaciones o alteraciones realizadas al Contrato no cuenten con su conformidad previa, expresa y fehaciente. Sin perjuicio de lo esta-blecido la garantía que instrumenta esta póliza man-tendrá su vigencia aún en el caso en que el Asegurado conviniere con el Tomador modificaciones o alteraciones al Contrato, siempre que éstas estuvieren genéricamente previstas en el mismo y siempre que: a) Correspondan a trabajos de la misma naturaleza que constituyen su objeto. b) No produzcan, en ningún caso, más de un 10% de aumento o disminución con relación al monto originario de la oferta o del Con-trato. c) No importen modifica-ciones de las cláusulas a que se refieren las Condi-ciones Particulares y/o Generales de esta póliza ”. Entonces, en razón de la plataforma fáctica tenida por acreditada -inmutable en casación-, se descarta que se verifiquen algunas de las condiciones previstas en dicha cláusula, que habilita-rían a modificar el contrato sin perder la cobertura. Además, en lo que refiere al incumplimiento de esta cláusula, cabe consignar que no se verifica la condición prevista en el literal “a”, ya que la modificación del contrato original, del 28 de julio de 2014, por la cual el comitente pasó a gestionar la obra “por administración”, asumiendo el pago de los subcontratos, mutó totalmente el contrato, que tenía por expreso objeto la ejecución de la obra “ bajo la moda-lidad llave en mano ” (cláusula Quinta “Objeto del contrato”, fs. 10). Si bien basta con que no se cumpla una de esas tres condiciones para que la póliza pierda validez (término este último utilizado en el contrato), cabe agregar que tampoco se cumple la condición prevista en el literal “b”, al surgir de los propios dichos de la actora que el incremento en el costo de la obra fue muy superior a los U$S 200.000, el 10% del precio pactado. Lo dicho -a juicio de los Sres Ministros referidos- resulta suficiente para recha-zar la impugnación en estudio. IV.2) De los agravios refe-ridos a la exclusión de la cobertura justificada por el Tribunal en el incumplimiento de la cláusula 8 de las Condiciones Específicas del Seguro de Fianza en Garantía de Anticipo Financiero Por su parte, los Dres. CHEDIAK, TURELL y la redactora, estiman que la solución desestimatoria se justifica a partir del fundamento autosuficiente referido al incumplimiento de la cláusula 8° de las “Condiciones Específicas” (fs. 39/40). En lo particular, la refe-rida cláusula prescribe: “ El Asegurado deberá dar aviso al Asegurador de los actos u omisiones del Tomador que puedan dar lugar a la afectación de esta póliza dentro de un plazo de 10 días de ocurridos, so pena de perder los derechos que le acuerda esta garantía” . En primer lugar y en cuanto a la inobservancia de lo prescrito por el art. 6 de las Condiciones Generales del Seguro de Fianza, que hace inoponible los incumplimientos del tomador al asegurado, el agravio no puede prosperar. En efecto, el citado art. 6 establece: “ Las relaciones entre Proponente y Berkley International Seguros S.A. (Uruguay) se rigen por la solicitud que origina esta póliza, cuyas disposiciones no podrán ser opuestas al Asegurado. Los actos, declaraciones, acciones u omisiones del Proponente de la póliza, incluida la falta de pago del premio en la fecha convenida, no afectarán en modo alguno los Derechos del Asegurado frente al Asegurador ” (fs. 37). Ahora bien, sin perjuicio de lo establecido en la citada norma contenida en las “Condiciones Generales”, el art. 8 de las “Condiciones Específicas” consagra explícitamente obligaciones a cargo del asegurado (en este caso, la parte actora), cuyo incumplimiento la Sala le imputó. En consecuencia, no existió una errónea desaplicación de la norma por parte de la Sala, sino que, por el contrario, le atribuyó el incumplimiento de una obligación expresa-mente pactada. Además, tanto el art. 2 de las “Condiciones Generales”, como el art. 1 de las “Condiciones Específicas”, preceptúan que en caso de discordancia en lo establecido entre ambos cuerpos normativos, prevalecerá lo estipulado en el segundo. Por añadidura, tampoco son de recibo los agravios dirigidos a convencer que existió una equivocada interpretación de la naturaleza del Contrato de Fianza en Garantía. Si bien el Tribunal al analizar el incumplimiento del art. 8 de las “Condi-ciones Específicas” refiere a omisiones y reticencias de la tomadora (CALPUSA), no es menos cierto que, expre-samente, hace alusión a la conducta omisa y reticente en que incurrió la asegurada al no poner en conocimiento la grave situación económica-financiera (anterior y posterior a la firma del contrato) en que se encontraba la tomadora, escenario que, por su magnitud, seguramente afectaría la póliza (art. 8 de las “Condiciones Especí-ficas”) (fs. 646 y ss.). En su recurso de casación, la actora parte de una premisa equivocada, consistente en que el incumplimiento que motivó la exclusión de la cobertura al amparo del art. 8, refiere -única y exclusivamente- a la conducta reticente de la tomadora. Tal circunstancia, justi-fica el rechazo del recurso movilizado en el punto, sin necesidad de realizar mayores consideraciones acerca de la naturaleza del negocio de garantía de marras. En suma, en razón de la premisa mencionada , surge como natural consecuencia que el rechazo de los agravios relativos a esta casual de exclusión de la cobertura (art. 8 de las Condiciones Específicas), torne innecesario un pronunciamiento sobre los restantes agravios. V) De las costas y costos La correcta conducta pro-cesal de las partes en litigio determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del C. Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : I) DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA; SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. II) HONORARIOS FICTOS: 20 B.P.C. III) NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.