Sentencia Definitiva N° 1.176/2019

Montevideo, diez de junio de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “O.O. SU MUERTE. PROVIENE DE IUE: 2-21986/2006: ‘ORGANIZACIÓN DE DDHH Y DR. P. CHARGOÑA Y OTROS - DENUNCIA C/ MANDOS CIVILES, MILITARES, POLICIALES. ATTES’ - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 2 Y 3 DE LA LEY Nº 18.831”, IUE: 88-153/2011. RESULTANDO : I) A fs. 63-64 de estos autos las Sras. R.R. y M.M. denunciaron el homicidio del Sr. O.O. Señalaron que la víctima militaba en el Partido Comunista y que fue detenido dos veces: la primera, el 13 de mayo de 1975, por su afiliación a dicho partido; la segunda, el 16 de diciembre de 1975, por un grupo de 20 o 30 personas pertenecientes a las Fuerzas Conjuntas. Luego de la segunda detención, fue trasladado al Batallón 13, ubicado en Avda. de las Instrucciones y luego al cuartel de “La Paloma”, en el Cerro. El 17 de febrero de 1976 es herido de bala por un cabo de custodia. Falleció en el Hospital Militar, luego de ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades. Según las denunciantes: “Este homicidio es atribuible a los mandos de la época. Fue cometido en el territorio nacional y por agentes del Estado, dentro de un plan de exterminio de opositores políticos” (fs. 64). II) Conforme emerge de fs. 307-308 vto., por Sentencia No. 1525/2010, de fecha 29 de octubre de 2010, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales e inaplicables al subexamine los arts. 1, 3 y 4 de la Ley No. 15.848. III) Por Resolución No. 1717/2013, de fecha 12 de junio de 2013, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7mo. Turno, citó a declarar, en su calidad de oficial posiblemente involucrado en el caso y en los términos del art. 113 del C.P.P., al Capitán N.N. (fs. 483). IV) Con fecha 30 de julio de 2014, compareció el Sr. N.N. (fs. 522-524 vto.), oportunidad en la que designó su defensa y, conjuntamente, solicitó el archivo y clausura de las presentes actuaciones. V) Por Sentencia Interlocutoria de Primera Instancia No. 2682/2014, de fecha 14 de octubre de 2014 (fs. 534-544), se desestimó la solicitud del co-indagado N.N. VI) El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er. Turno, por Sentencia No. 175/2015, dictada el día 31 de julio de 2015, confirmó el pronunciamiento recurrido (fs. 591-617vto.). VII) El fallo de segunda instancia fue confirmado por la Corporación, en mayoría, por Sentencia No. 950/2016, de fecha 20 de junio de 2016 (fs. 666-682). VIII) Finalmente, con fecha 7 de febrero de 2018, el co-indagado N.N. interpuso excepción de inconstitucionalidad de los arts. 2 y 3 de la Ley No. 18.831 (fs. 715-722 vto.). En necesaria síntesis, expresó que resulta evidente que la entrada en vigencia de la Ley No. 18.831, al derogar o anular la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ha habilitado la iniciación de estos procedimientos sumariales, en los que ha sido citado en su calidad de indagado. Afirmó que, en el caso en concreto, la anterior titular de la Sede ha desestimado la excepción de prescripción oportunamente opuesta, en atención a que son delitos de lesa humanidad, por lo tanto, aunque no se mencione directamente, es obvio que en autos se da la aplicación de la norma cuya inconstitucionalidad se plantea. Indicó que la ley impugnada, por disponer sobre materia penal con carácter retroactivo, colide con el segundo inciso del art. 10 de la Carta, el cual implícitamente veda el principio de irretroactividad de la ley penal, por ser frontalmente contraria al accionar libre de los seres humanos. Asimismo, alegó que resulta vulnerado el derecho a la seguridad jurídica. IX) Por Providencia No. 1.986/2018, de fecha 30 de julio de 2018, la Suprema Corte de Justicia confirió traslado al Sr. Fiscal Letrado Nacional de Crímenes de Lesa Humanidad por el plazo de 10 días (art. 516.1 del C.G.P.) y dio vista al Sr. Fiscal de Corte por el término de 20 días (art. 516.1 del C.G.P.). X) El Sr. Fiscal Letrado Nacional de Crímenes de Lesa Humanidad evacuó el traslado conferido, abogando por el rechazo de la excepción opuesta (fs. 777-778). XI) El Sr. Fiscal de Corte, por las razones que expuso en el Dictamen No. 25/2019, de fecha 7 de febrero de 2019, consideró que no correspondía que se pronunciara sobre la constitucionalidad o no de las disposiciones legales cuestionadas, por ser inaplicables al caso (fs. 783-800). XII) Por Providencia No. 145/2019, de fecha 13 de febrero de 2019, se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia (fs. 802). CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros, desestimará la defensa de inconstitucionalidad movilizada, por cuanto el excepcionante carece de un interés que pueda ser calificado como directo, personal y legítimo, esto es, no posee legitimación activa. Asimismo, por mayoría, conformada por los Sres. Ministros Dres. Turell, Martínez, Tosi y el redactor, no impondrá especial sanción procesal. II) A juicio de la Corporación, lo que determina la ausencia de legitimación activa del excepcionante es la existencia de cosa juzgada respecto a la prescripción oportunamente promovida, lo cual lo priva de ser titular de un interés que pueda ser calificado como “directo”. El excepcionante cuestionó la constitucionalidad de los arts. 2 y 3 de la Ley No. 18.831, disposiciones que establecen: - Art. 2º: “No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley”. - Art. 3º: “Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte”. En el subexamine, conforme emerge de la relación de antecedentes, tanto las sentencias de mérito como la Suprema Corte de Justicia en sede casatoria, desestimaron la solicitud de clausura y archivo de las actuaciones planteada por el co-indagado N.N.. En efecto, respecto de la cuestión de si ha operado o no la prescripción en el caso, existe cosa juzgada derivada de la Sentencia No. 950/2016 de la Suprema Corte de Justicia que desestimó el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia No. 175/2015. A partir de lo anterior, a criterio de los Sres. Ministros, la excepción planteada debe rechazarse por inadmisible, dado que la existencia de la cosa juzgada referida privó al interés de quien la planteó del carácter de “directo”, nota requerida por la Constitución de la República en su art. 258 para habilitar una pretensión de declaración de inconstitucionalidad como la aquí planteada. Y ello, porque el interés de la parte ya no aparece alcanzado por la supuesta incompatibilidad de la o las disposiciones legales impugnadas con la Carta (lo que implicaría la existencia de un interés directo), sino la inmutabilidad de la situación derivada de la existencia de cosa juzgada respecto a la improcedencia de la clausura por prescripción de estas actuaciones (Cf. Sentencia No. 263/2018 de este Cuerpo). Esto es, como ya ha señalado este Colegiado en la sentencia citada, el excepcionante “... dejó de tener un interés directo en obtener la desaplicación de la Ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos investigados cuando se resolvió con autoridad de cosa juzgada la improcedencia de su solicitud de clausura de la investigación por haber operado la prescripción, fundamento suficiente para repeler el excepcionamiento”. En definitiva, un pronunciamiento en sede de inconstitucionalidad sobre el punto “ importaría un juicio abstracto y genérico” , esto es, no relevante para la resolución de un “caso concreto”, lo que no habilita el ordenamiento (art. 259 de la Constitución de la República). Finalmente, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Turell, Martínez, Tosi y el redactor, a diferencia de lo sostenido por el Sr. Fiscal Letrado Nacional de Crímenes de Lesa Humanidad, a los efectos de determinar la legitimación del excepcionante resulta irrelevante si (al resolver la solicitud de prescripción y clausura) las decisiones de las Sedes de mérito y la dictada por la Corporación, se fundaron o no en la Ley No. 18.831 (ahora impugnada mediante la interposición de la excepción de inconstitucionalidad). Como ha sostenido la Corporación, para que resulte procedente el plantea-miento y el examen de inconstitucionalidad es necesario que el texto que se tacha de inconstitucional sea de aplicación ineludible al caso concreto, puesto que la Suprema Corte de Justicia no está facultada para efectuar declaraciones genéricas e inútiles; su competencia sobre el punto se ejercita siempre que la ley impugnada deba aplicarse, necesariamente a un caso concreto (Cf. Sentencias Nos. 56/1991, 629/1994, 64/1997, 234/2000, 872/2003, 1195/2005, 45/2006, 664/2008, 1198/2009 y 9/2017, entre otras). Y ello porque la Constitución requiere que quien plantea la inconstitucionalidad sea titular de un interés directamente afectado por la norma que se reputa inconstitucional. Como ha señalado reitera-damente este Cuerpo, lo relevante a efectos de determinar la legitimación es si la ley que se considera inconstitucional es o no aplicable al caso concreto. Ahora bien: en qué circunstancias una ley debe aplicarse no depende, de regla, de la voluntad de sus destinatarios ni de la aplicación dada en las instancias de mérito, si no de que los primeros se encuentren en el supuesto de hecho previsto por la regla legal de que se trate. Por ello, mal podría la Corte considerar que la mera afirmación de la parte tiene la virtualidad de hacer inaplicable una ley. Si una parte comparece solicitando la declaración de inconstitucionalidad de una ley, es porque considera que esa ley puede serle aplicada y tiene interés en impedir esa aplicación, independientemente de que considere que no correspondería su aplicación (cuestión que puede resistir mediante los recursos correspondientes y que, en todo caso, será objeto de contralor por los órganos de mérito). Al presentarse una solicitud de declaración de inconstitucionalidad, la Corte, actuando como Tribunal Constitucional, tiene el poder-deber de determinar si efectivamente la ley cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende es o no aplicable al caso planteado y tal extremo, de regla, no depende de la voluntad del sujeto involucrado, sino de la voluntad del legislador (Cf. Sentencias Nos. 651/2017, 835/2017, 1173/2017, entre muchas otras). En autos, el excepcionante se encuentra dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la disposición impugnada, empero, como se señaló, carece de un interés calificable como directo, en la medida de que en autos existe sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que desestimó la prescripción solicitada por el co-indagado. III) Adicionalmente la Sra. Ministra Dra. Minvielle, estima del caso precisar que resulta claro que la sentencia de la Corporación nº 950/2016, que desestimó la solicitud de clausura y archivo planteada por el Sr. N.N., se fundó en otras normas diversas a la Ley No. 18.831. El argumento determinante del fallo fue que no había operado la prescripción porque no podía computarse el tiempo transcurrido durante el gobierno de facto de la dictadura militar y el lapso en el que la Ley nº 15.848 constituyó un obstáculo jurídico para el progreso de las investigaciones. En consecuencia, como bien indicó el Sr. Fiscal Nacional de Crímenes de Lesa Humanidad: “... la Dra. Figueredo debió abstenerse de formular la excepción de inconstitucionalidad, puesto que su defendido no solo carecía de un interés directo, sino que además, aun cuando se admitiera y decretara la inconstitucionalidad ello no tendría relevancia jurídica alguna, puesto que la prescripción, vexata quaestio en consideración, ya se encontraba resuelta por la Suprema Corte de Justicia” (fs. 774). En esta oportunidad, el indagado N.N. pretende la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 2 y 3 de la Ley No. 18.831. Respecto del art. 2, por el que se declara “... que no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad en el período 22.12.1986 y la vigencia de esta ley... ”, en opinión de la Sra. Ministra, se pretende nuevamente discutir la prescripción de los delitos objeto de denuncia, “aunque ahora bajo otro ropaje jurídico” . No debe dudarse que es diferente la imprescriptibilidad establecida por la Ley No. 18.831 a la declaración recaída en autos (en dos instancias y en casación, en el sentido de que no han prescripto las eventuales figuras penales que pueden concurrir en los hechos denunciados). Recién y muy eventualmente, en la presente causa, se actualizaría el interés del excepcionante cuando hayan transcurrido todos los plazos de prescripción que establece el orden interno anterior a la ley impugnada (al que refieren las sentencias dictada en autos) y no se hubiera llegado a una solución al conflicto penal planteado, pretendiéndose entonces, a los efectos de la continuación de las actuaciones, convocar la imprescriptibilidad al socaire de la Ley No. 18.831. En términos trasladables, señaló Giorgi que interés directo significa inmediato, no eventual. La existencia de un interés directo implica que el particular se encuentra en una situación jurídica definida y actual (Cf. GIORGI, Héctor: “ Contencioso Administrativo de Anulación” , Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, 1958, pág. 188). Entonces, a juicio de la Sra. Ministra Dra. Minvielle, tampoco existe un interés actual en la declaración puesto que la investigación puede seguir por los carriles del derecho interno anterior a la Ley No. 18.831. En el caso, el excepcionante es titular de un interés “eventual” por oposición a directo, el cual ni siquiera puede calificarse como futuro pero de inevitable acaecimiento. Para Durán Martínez, el calificativo “directo” es por oposición a “indirecto”, rechaza así lo eventual pero no necesariamente lo futuro. Si lo futuro es inequívoco, entiende el autor que no existe razón para no comprenderlo. Apela al calificativo de directo para aquello que se encamina derechamente a una mira u objeto (Cf. DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “Contencioso Administrativo” , FCU, 1ª Edición, Montevideo, 2007, págs. 117-118). En el subexamine, siempre a criterio de la Sra. Ministra Dra. Minvielle, el hecho de que una vez vencidos los plazos del derecho condensado en el Código Penal aún no se hubiera resuelto el conflicto penal de que tratan los autos (sea por el dictado del auto de procesamiento –que interrumpe la prescripción- o la clausura de las actuaciones), de acuerdo al régimen del C.P.P. de 1980, no constituye un supuesto de acaecimiento previsible y menos inexorable. Conforme expresa Berro Oribe, la declaración de inconstitucionalidad de una ley supone que esta sea de aplicación ineludible. Vale decir, que dicha ley deba aplicarse fatalmente, que la contienda no pueda resolverse con arreglo sino a esa ley y no a otra. Se trata de la eficacia relativa para ese caso contencioso, de una ley o disposición legal que inevitablemente aparece indicada para su decisión, en razón de su colisión con determinado texto o principio constitucional (Cf. BERRO ORIBE, Guido: “ Del juicio extraordinario de inaplicación de disposiciones legales por razón de constitucionalidad ” en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales”, Año XIV, No. 2, abril-junio, Montevideo, 1963, págs. 268 y 269). En igual sentido, para Vescovi, es natural que si se pretende obtener un pronunciamiento que valdrá para el caso que se está controvirtiendo ante el Juez, el mismo tenga que tener una relación directa con la causa en cuestión. Si fuera ajeno, carecería de razón plantearla en el juicio principal. En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia se muestran exigentes reclamando que la “quaestio” planteada deba ser un antecedente lógico y necesario para la resolución del Juez. Es imprescindible que exista una conexión entre la ley impugnada y la cuestión en discusión (pertinencia). La doctrina ha referido a que debe tratarse de una aplicación “ineludible” (o “inexcusable”) de la norma legal, en el entendido de que si se puede resolver la situación por aplicación de otra ley, que no sea la impugnada, debe recurrirse a aquélla antes que declarar inaplicable ésta (Cf. VESCOVI, Enrique: “El Proceso de Inconstitucionalidad de la Ley” , Cuadernos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, No. 18, Montevideo, 1967, págs. 161 y 162; ver discordia de la Sra. Ministra integrando la Corte en Sentencia No. 382/2014). En definitiva, a juicio de la Sra. Ministra, en el estado en que se encuentran estas actuaciones, la normativa impugnada no aparece como de forzosa e indispensable convocatoria para el progreso de las actuaciones, lo que determina la ausencia de legitimación del excepcionante por no ser titular de un interés calificable como directo. IV) A criterio del Colegiado, en mayoría, conformada por los Sres. Ministros Dres. Turell, Martínez, Tosi y el redactor, la correcta conducta del excepcionante no supone una especial sanción procesal y, en consecuencia, estarán a su cargo las costas por ser de precepto, sin especial condenación en costos (art. 523 del C.G.P.). Por los diversos fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTIMANDO EL EXCEPCIONAMIENTO PLANTEADO. COSTAS DE CARGO DEL EXCEPCIONANTE, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS (ART. 523 DEL C.G.P.). HONORARIOS FICTOS 20 B.P.C. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. MINISTRA DRA. MINIVIELLE DISCORDE PARCIALMENTE por los siguientes fundamentos: considero que corresponde imponer al excepcionante la condena en costas y costos del proceso así como declarar la pérdida del derecho al cobro de honorarios profesionales de la Dra. Graciela FIGUEREDO (art. 523 del C.G.P.); y todo ello por cuanto es indisimulable el afán dilatorio perseguido por el excepcionante que, en su escrito de oposición de la excepción de inconstitucionalidad, sostuvo que la entrada en vigor de la Ley 18.831 habilitó la iniciación de los procedimientos presumariales en los que ha sido citado como indagado (fs. 715 vta.). La sinrazón del excepcio-nante resulta a todas luces manifiesta, toda vez que la ley cuya inaplicabilidad requiere no sirvió de base justificante para la prosecución de los procedimientos ordenada en autos, sino que, como ya resultaba de este mismo expediente, la continuación ordenada se fundó en la desestimatoria de la excepción de prescripción por corrimiento del “ dies a quo ” del plazo respectivo. Como enseña GOZAÍNI -con apoyo en la jurisprudencia argentina-, incurre en temeridad el litigante que deduce pretensiones o defensas cuya inadmisibilidad o falta de fundamento no puede ignorar, con arreglo a una pauta mínima de razonabilidad. En cambio, se reputa maliciosa la conducta que exterioriza a través de peticiones o articulaciones exclusivamente destinadas a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso a retardar el pronunciamiento de la decisión final (GOZAÍNI, O, “Temeridad y malicia en el proceso”, Rubinzal-Culzoni Editores, 2a edición ampliada y actualizada, Santa Fe, 2010, pág. 141). La prosecución de las actuaciones se debe a la aplicación de otras normas, extremo plenamente conocido e imposible de ser soslayado por la Defensa del Sr. N.N.. La compulsa ordenada y adecuada del expediente judicial, como pauta mínima de razonabilidad, le permitía al excepcionante advertir la manifiesta inutilidad procesal e infundabilidad de una excepción o defensa de inconstitucionalidad contra una ley que no rige su situación jurídico-procesal en el caso en concreto por efecto de la cosa juzgada. De modo que no cabe más que concluir que el único interés del excepcionante, atento a la paralización constante de las actuaciones, no es otro que dilatar su comparecencia en audiencia ya que había sido citado como indagado . Como ha señalado el Tribunal Constitucional Español, en términos plenamente compartibles: “... uno de los deberes de colaboración de las partes en el proceso, a fin de que pueda obtenerse una rápida y eficaz tutela efectiva, estriba precisamente en la obligación procesal de actuar en el proceso de buena fe (...), con probidad, sin chicanas, ni enredos ” (sentencia No. 206/1991). Esta necesidad de actuar de buena fe se extiende a las partes en el proceso penal y a las defensas por inconstitucionalidad en particular lo que, entre otras cosas, exige la utilización ponderada de las herramientas jurídicas que el ordenamiento pone a su disposición. En términos trasladables, ha señalado el Tribunal Supremo Español que: “...la actividad judicial, a través del proceso penal, está obligada al mantenimiento de un orden procedimental, de unas “maneras formales” y de un trámite obligado, lo que en alguna medida constriñe el derecho a pedir en tanto ello ha de hacerse conforme a determinados condicionamientos formales siquiera sea por la buena fe que ha de presidir la actuación procesal, de la mano de la lealtad que las partes entre sí han de guardar si se quiere que la claridad presida cualquier confrontación jurídica. ” (sentencia de 30 de marzo de 1999, citada por PICÓ I JUNOY, Joan: “El principio de la buena fe procesal”, Bosch Editor, 2a edición, España, 2013, pág. 216, el destacado me pertenece). El derecho de defensa del indagado que atañe propiamente a su defensa material que nadie discute y es garantizado por la normativa, debe diferenciarse de su actuación formal en el proceso que no alienta ni concibe estructurar cualquier tipo de dilación o entorpecimiento de las actuaciones penales. En tal sentido, enseña PICÓ I JUNOY en su magnífica obra que: “... [el] reconocimiento constitucional del imputado a no confesar su culpabilidad, me conduce al interrogante acerca de si ello comporta igualmente la admisión de que pueda actuar de mala fe en el proceso, con total impunidad, esto es sin ninguna consecuencia negativa para su persona. Para resolver este interrogante, y evitar planteamientos confusos, entiendo que deben distinguirse de forma clara dos ámbitos de actuación del imputado: el material, esto es, el que hace referencia al fondo de la cuestión investigada en el proceso penal, respecto del cual no le es exigible que actúe de buena fe, por lo que tiene derecho al silencio, e incluso a mentir; y el procesal, a saber, el que guarda relación al modo de intervenir en el juicio, respecto del cuál sí es exigible que intervenga de buena fe, no actuando, por ejemplo, con ánimo dilatorio” (PICÓ I JUNOY, Joan: “El principio de la buena fe procesal”, cit., pág. 222). En lo concreto, la litiga-ción abusiva presentada a través de una estrategia forense perlada, repetitiva y completamente desconectada de la orden clara de persecución dada en su momento por esta Corporación (sentencia No. 950/2016), resulta de franco rechazo. Considero que en esta oportunidad una respuesta institucional adecuada, requiere sancionar conductas endoprocesales carentes de probidad y lealtad pues comporta el único medio para garantizar el desarrollo de una investigación imparcial, seria, efectiva, encaminada y dirigida al conocimiento de la verdad y el eventual castigo de los sujetos responsables. La solitaria condena en costas de precepto (art. 523 del C.G.P.), a mi juicio, no constituye una respuesta efectiva y proporcional del órgano jurisdiccional ante una marcada actitud obstruccionista del interesado. Menos aún puede catalogarse a la conducta de la parte como correcta, cuando la propia fundamentación de la Corte para desestimar la excepción opuesta es indicativa de la discordancia manifiesta entre el relato efectuado por el excepcionante (fs. 715 vta.) y la verdadera situación jurídico-procesal que surge de decisiones judiciales ejecutoriadas en autos. El abuso o exceso procesal no puede recibir tutela en materia procesal penal so riesgo de desconsiderar otros intereses y derechos igualmente tutelables en dicho marco.