Sentencia Definitiva N° 1.151/2019

Montevideo, treinta de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ H.H. - UN DELITO DE HOMICIDIO EN REITERACIÓN REAL CON DOS DELITOS DE LESIONES PERSONALES - CASACIÓN PENAL ” e individualizado con el IUE: 426-14/2013 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación deducido contra la sentencia definitiva de segunda instancia nro. 126/2017, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva de primera instancia nro. 2/2016, de 18 de febrero de 2016, el Señor Juez Letrado de Primera Instancia de Young de 1º Turno, Doctor Eduardo Guevara, falló: “ Condenando a H.H. como autor penalmente responsable de UN DELITO DE HOMICIDIO EN REITERACIÓN REAL CON DOS DELITOS DE LESIONES PERSONALES AGRAVADOS a la pena de ONCE (11) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PENITENCIARÍA con descuento de la preventiva sufrida y siendo de su cargo las prestaciones legales de rigor. Condenando a J.J. y S.S. como autores penalmente responsables de UN DELITO DE LESIONES PERSONALES AGRAVADO a la pena de DOCE (12) MESES DE PRISIÓN con descuento de la preventiva sufrida y siendo de su cargo las prestaciones legales de rigor. Condenando a M.M. como autores penalmente responsables de UN DELITO DE LESIONES PERSONALES AGRAVADO a la pena de OCHO (8) MESES DE PRISIÓN con descuento de la preventiva sufrida y siendo de su cargo las prestaciones legales de rigor. (...)”. (fojas 454-467). II) Por sentencia definitiva de segunda instancia nro. 126/2017, de 29 de junio de 2017, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, integrado por los Doctores Ángel Cal, Luis Charles y Gabriela Merialdo, redactada por el Ministro Ángel Cal, falló: “ Confirmando la sentencia apelada respecto al encausado H.H., salvo en cuanto relevó la agravante de la alevosía y en cuanto a la pena en lo que se revoca y sin perjuicio de las precisiones formuladas en el cuerpo del presente ” (fojas 527/532 vto.). III) A fojas 536-547 compareció la defensa de H.H., dedujo recurso de casación y, en síntesis, expresó los siguientes agravios: 1) La sentencia en recurso infringe la valoración de la prueba, lo cual, a su criterio, apareja un vicio en la motivación. No resulta de autos prueba suficiente para tener por acreditada la plataforma fáctica en base a la cual se atribuyó al Sr. H.H. el delito de homicidio. El Tribunal descarta sin explicación razonable las tachas que la defensa ha planteado respecto de la testigo E.E., quien, supuestamente, habría visto cuando el imputado le asestaba una puñalada al occiso. Esa declaración tiene inconsistencias e irregularidades graves, ya que los funcionarios actuantes en sede administrativa le exhibieron a la testigo la cédula de identidad de H.H. El Tribunal también se funda en la declaración de O.O., pero, éste afirmó a fojas 61 que no vio cómo apuñalaron a la víctima. No emerge probada la participación de H.H. en el homicidio que se le imputa y la escasa prueba que existe no es concluyente, lo que debe llevar a su absolución. 2) Error en la calificación jurídica. A criterio de la recurrente, el hecho debe ser calificado como riña y no como homicidio. De autos emerge que los ----- conformaron un bando que vino en búsqueda de una satisfacción por la agresión de la cual había sido objeto momentos antes. En ese enfrentamiento, sin que aún se pueda determinar, más allá de toda duda razonable, quién fue el autor de las puñaladas mortales, ocurre el deceso de autos. La calificación correcta de la plataforma fáctica se adecuaría plásticamente al delito de riña, siendo un error de calificación el haber atribuido la comisión de un delito de homicidio. El Tribunal en su sentencia comete un error en la calificación de los hechos que se tienen por ciertos que tiene como consecuencias en cuanto al fallo de la sentencia, variando notoriamente la pena a aplicar. El error de derecho cometido por el Tribunal tiene incidencia en la parte dispositiva de la sentencia y en la pena. El delito de riña tiene una pena mínima de 20 meses de prisión. El Tribunal de segunda instancia impuso una pena de 10 años de penitenciaría, la cual duplica a la pena máxima del delito de riña. Esa pena resulta absolutamente arbitraria, en mérito a las atenuantes que concurren. IV) A fojas 580 y siguientes se pronunció el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, quien manifestó que no corresponde hacer lugar al recurso de casación impetrado. V) Por decreto nro. 707/2018, de 9 de abril de 2018, los autos pasaron a estudio y luego para sentencia, citadas las partes (fojas 588). CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimará el recurso de casación deducido. II) Hechos que se tuvieron por probados en la sentencia recurrida. A efectos de la mejor comprensión del caso, corresponde transcribir los hechos que fueron tenidos por probados por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno: “ se probó plenamente que aproximadamente a la hora 6 del día 9/3/13, cuando H.H. -27 años de edad, chofer, primario absoluto-, M.M., P.P. y L.L., salían del local bailable ‘Akiabara’ en Young, tuvieron un incidente con otras personas, entre las que estaba A.A. con quien H.H. terminó peleando por diferencias anteriores; en la pelea el encausado rompió la campera de A.A.. Finalizada la misma, cuando H.H. y sus acompañantes se retiraban, A.A. y los que estaban con él los siguieron tirándoles piedras una de las cuales impactó en la cabeza de H.H. provocándole la lesión que da cuenta el certificado forense de fs. 1. El encausado y los demás se fueron en el auto de L.L. a la casa del primero donde le contó a su madre (que lo curó) y a su hermano S.S., lo que le había pasado. En conocimiento de los hechos, Pipi instó a su hermano y a los demás salir en busca de los agresores. Todos, menos L.L. que intentó disuadirlos, aceptaron la invitación. Con tal determinación, H.H. se armó con una cuchilla que llevó cubierta con una prenda de vestir; al salir de la casa se encontraron con otro hermano de H.H., J.J., que también se unió al grupo. A poco de iniciar la marcha, L.L. los alcanzó en el auto y los arrimó a una cuadra del local bailable donde los dejó y se retiró. En el lugar, H.H. identificó como su agresor a B.B., el que cuando advirtió que venían por él se metió en el bar que permanecía abierto después del baile, buscando guarida. El dueño del bar, T.T., trató de impedir el ingreso de los perseguidores a su local interponiéndoseles, pero el encausado superó el obstáculo asestándole tres puñaladas en zona vital, una de las cuales terminó con la vida del comerciante a pesar de la asistencia médica que recibió (autopsia y ampliación de fs. 5 a 9 y 56). El encausado y sus acompañantes dieron con B.B. un sofá del bar y le empezaron a pegar uno con los puños; otro con una cachiporra y el encausado con la hoja de la cuchilla. De tal forma provocaron a la víctima las lesiones personales certificadas médicamente (fs. 4), por las que formuló instancia en legal forma. Cuando D.D. (el Dedo) quiso intervenir para separar, fue agredido por el encausado con la cuchilla y por M.M. a puñetazos, provocándole las lesiones personales en cabeza y espalda certificadas médicamente, por las que también formuló instancia (fs. 125). En la última incidencia el encausado y sus acompañantes también hirieron a F.F., que no formuló instancia”. III) Respecto a la valoración de la prueba por parte del Tribunal. La defensa del indagado deduce agravios en relación a la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal. Los Ministros de la Corporación tienen distintas posiciones respecto de este tipo de agravios en sede de casación penal. A) Los Doctores Jorge Chediak, Bernadette Minvielle y Luis Tosi, respecto de la errónea valoración de la prueba como causal de casación en materia penal, reiteran lo expresado por la Corte en sentencia nro. 134/2018: “ A juicio de los Dres. HOUNIE, CHEDIAK y la redactora (Dra. MINVIELLE) corresponde partir de la base de que, en nuestro derecho procesal penal, el recurso de casación únicamente puede fundarse en una errónea aplicación del Derecho, ya sea en el fondo (juzgamiento error in iudicando) o en la forma (procedimiento, error in procedendo) (Cfme. GARDERES, Santiago y VALENTÍN, Gabriel: ‘Código del Proceso Penal Comentado (con la colaboración de Soledad Díaz)’, La Ley Uruguay, Montevideo, 2012, pág. 638). Al decir de BARRIOS DE ANGELIS, la máxima fundamental de la casación, es que ella solo comprende el punto de Derecho y no tiene intervención en la cuestión de hecho (Cfme. BARRIOS DE ANGELIS, Dante: ‘Cuestiones de hecho y de derecho en la casación’, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República, Año XIII (No. 3), Montevideo, 1962, pág. 579). Ahora bien, la jurisprudencia de la Corporación -que se comparte- ha admitido la posibilidad de revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando estas resultan arbitrarias, irracionales o contrarias a las reglas de la lógica. Como señala COLOMBO, si bien la revalorización de la prueba resulta excepcional, la Corte –en base a la Teoría del absurdo evidente puede hacerlo cuando media error notorio, lo que equivale a manifiesto, patente, evidente, palmario, claro, ostensible. De este modo se abre un nuevo campo para la casación, el cual se admite con un entorno sumamente restrictivo, para realizar y actuar la justicia como último instrumento para evitar la iniquidad del fallo (COLOMBO, Erik H.: ‘Casación: Teoría del absurdo evidente’, RUDP 1/1983, págs. 57/58). Como bien postulan VALENTÍN y GARDERES, el C.P.P. no contiene una referencia similar a la del art. 270 del C.G.P., que incluye expresamente como error de Derecho, la infracción a las reglas legales sobre valoración de la prueba. Empero los mismos argumentos que permiten revisar la aplicación de los criterios legales de valoración de la prueba en la casación civil, deben admitirse como fundamento de la casación penal. En esencia, la sana crítica es una regla legal, y si las conclusiones probatorias del fallo resultan claramente absurdas, esa regla legal de valoración probatoria se encuentra afectada (teoría del ‘absurdo evidente’, recogida en la jurisprudencia civil de la Suprema Corte de Justicia). En definitiva, expresan los comentaristas en términos plenamente compartibles, que el art. 270 inc. 2 del C.P.P. no establece algo distinto de lo previsto con carácter general en el art. 270 C.G.P. (‘el recurso sólo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho...’), y la aclaración referida a la intangibilidad de los hechos debe interpretarse en ese marco conceptual clásico, sustentado en la distinción entre hechos y derecho, que no supone negar el carácter normativo (Derecho) de las reglas legales sobre valoración de la prueba (Cfme. GARDERES, Santiago y VALENTÍN, Gabriel: ‘Código del Proceso Penal Comentado’, LA LEY URUGUAY, 1ª Edición, Montevideo, 2012, pág. 638). Ya BARRIOS DE ANGELIS enseñaba, en su señero trabajo, que hay error de derecho cuando se incurre en error al aplicar las normas en materia de prueba (BARRIOS DE ANGELIS, Dante: ‘Cuestiones...’, cit., pág. 586) ” (cf.. sentencias nros. 134/2018 y 1.492/2018, entre otras). A.1) Ahora bien, en la especie, a criterio de los Ministros Jorge Chediak, Bernadette Minvielle y Luis Tosi, no resulta posible calificar al razonamiento probatorio de la Sala como absurdo o arbitrario. El juicio fáctico se revela coherente y fundado en las probanzas rendidas en estos obrados. La crítica formulada por el recurrente se basa en análisis individual y parcializado de los testimonios recabados en la etapa presumarial e, incluso, mediante descontextualizaciones que lo llevan a conclusiones probatorias equivocadas. A.2) Sin perjuicio de la conclusión anterior, los Ministros Doctores Bernadette Minvielle y Luis Tosi consideran del caso realizar las siguientes consideraciones. No resultan de recibo las supuestas contradicciones en la declaración de la testigo Sra. E.E. que denuncia la recurrente. Ante la pregunta referida a la identidad de H.H., la testigo contestó: “ Es el que me dijo la policía que era el que había apuñalado. En el lugar... yo nunca dije que era H.H., yo lo único que hice fue describirlo...me mostraron la cédula de esa persona y de los otros dos hermanos, y yo reconocí como el que había visto en la pelea apuñalando a T.T.... ” (fojas 73). No es cierto que se haya vulnerado el procedimiento del artículo 70 de la ley 18.315, porque no se le presentó únicamente la cédula –en la que consta la fotografía de H.H.– sino que, además, como indica la testigo, le fueron mostradas también las cédulas de identidad de los otros hermanos ------. No se da, en el caso, un supuesto de direccionamiento o predisposición al testigo para guiar la individualización del autor del delito de homicidio. Los policías intervinientes aportaron documentos de identidad de distintas personas –con sus respectivas fotos– y fue la testigo, luego de haber realizado su descripción, la que sindicó al encausado como el autor de las puñaladas al Sr. T.T. Es la testigo E.E. quien aclara que no sabía el nombre de H.H., en los siguientes términos: “... yo lo único que hice fue describirlo... yo reconocí como el que había sido visto en la pelea apuñalando a T.T... ” (fojas 73). Los Ministros Bernadette Minvielle y Luis Tosi entienden que la actuación administrativa, en principio, no afecta la jurisdiccional, salvo si ésta última se ve inficionada por el obrar vicioso a nivel policial, lo que, a todas luces, no ocurrió en el caso. Como señalara el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno en sentencia nro. 482/2010: “... de ocurrir prácticas viciosas o defectuosas en relación a esta diligencia, realizadas en la órbita administrativa ello no afecta la actividad jurisdiccional, ya que lo realmente trascendente es de qué forma y bajo qué circunstancias se practican las mismas en la órbita judicial. Si con las garantías del debido proceso se interroga a denunciantes y testigos, si se practican reconocimientos o inspecciones a personas, cosas o lugares, etc., no puede hablarse de irregularidades por lo actuado administrativamente...”. Por otra parte, el hecho de que la testigo identificara como una sola la puñalada que determinó el fallecimiento del Sr. Bueno no deslegitima su testimonio. Es verdad que la autopsia realizada por el médico forense determinó que las puñaladas mortales fueron dos y que el fallecido había recibido tres puñaladas (fojas 5 vta.), pero, esta circunstancia no priva de valor a lo declarado por E.E., por lo que se expresará a continuación. Como bien indicó el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno, al descartar los motivos de sospecha o tachas alegadas por la defensa: “ Se trata de una testigo presencial del hecho, la que más allá de la situación que se estaba desarrollando y de la pluralidad de personas que participaban de la misma, afirmó categóricamente que observó cuando el encausado apuñaló a la víctima y luego lo reconoció judicialmente con todas las garantías... Su testimonio y su reconocimiento tampoco se haya afectado porque en sede policial se le haya mostrado la cédula de identidad del encausado; esto es así porque también se le mostraron las cédulas de los otros dos hermanos, pero por sobre todo, porque fue en Sede Judicial que, con todas las garantías del debido proceso legal, reconoció indubitablemente a H.H. como el autor de las puñaladas ” (fojas 529 vta./530). La testigo estaba a una distancia de 3 metros aproximadamente y había bastante gente en el local –según sus dichos– (fojas 71 y 73), esto último es corroborado por otros testigos que depusieron en la instrucción presumarial. En este panorama, seguramente, el campo visual, la aglomeración de personas, la tensión y el vértigo de la propia situación no permitieron a la testigo determinar con exactitud cuántas puñaladas le asestó el recurrente al Sr. T.T. Menos aún puede compartirse, como pretende el recurrente, considerar que el testimonio de la Sra. E.E. haya sido la única base probatoria para justificar la condena del Sr. H.H. por el delito de homicidio. Existen, a criterio de los Doctores Bernadette Minvielle y Luis Tosi, otros elementos que -globalmente apreciados- cimientan la condena impuesta. En efecto, el encausado al subir al vehículo que lo transportaría al local bailable para saciar su ánimo de revancha: 1) portaba un cuchillo antes de ingresar al local; 2) es visto en las instalaciones del bar con el cuchillo; 3) agrede con ese mismo cuchillo a otras dos personas. Así, el testigo L.L., quien trasladó en su vehículo al bando de los ----- sostuvo: “ Yo tengo un auto chiquito, subieron un arriba del otro...Hasta ese momento no había visto nada, después que todos se bajaron, veo que H.H. llevaba algo en la mano, era una cuchilla que llevaba. A los otros no vi que llevaran nada ” (fojas 86). La testigo G.G. indicó, con claridad: “ Yo crucé la calle, me iba despacio, y de repente llega el mismo auto, a una cuadra de la rotonda por Wilson Ferreira, paró el auto ahí, era el mismo auto, H.H. se bajó primero. También bajaron J.J. y “S.S”. que es S.S., los dos son hermanos de H.H., también bajó M.M. El primero que bajó fue H.H. con el cuchillo en la mano, en la otra mano tenía la remera blanca que estaba con sangre y envolvió el cuchillo” (fojas 67/68). El testigo V.V. expresó que: “ De los que venían, uno venía armado, un poco más alto que yo, de barba, medio flaco, yo no lo conozco. El traía una cuchilla de unos 30 cm, mango de color negro, la traía envuelta en un buzo, no sé dónde la traía, yo solo vi cuando la sacó llegando a lo de T.T., antes de subir...no se de donde la sacó, la traía en la mano. El sacó el arma cuando lo iba a atacar al Puchero... ” (fojas 64). Asimismo, el testigo C.C. señaló que el que tenía el cuchillo y andaba cortando estaba sin camisa, no muy alto, con barba. Al que estaba en el piso, al A.A., lo cortó en los brazos (fojas 60). Dicha descripción se ajusta a la planilla prontuarial del encausado (estatura media y barba (fojas 226). La testigo I.I. en similares términos expresó que: “... venía ese H.H. con los hermanos y amigos, venía con una cuchilla con cabo blanco, la traía tapada con una toalla, yo lo vi bien al cuchillo, venía sin camisa y gritaba ...” (fojas 95). La testigo E.E., por su parte, afirmó que el agresor de “T.T.” después de que lo cortó a éste siguió pegando al Puchero con el filo del cuchillo (fojas 71). V.V. al declarar en el decurso del sumario penal, precisó: “ Yo lo vi. Yo no vi cuando mataron a T.T., vi al muchacho que fue el autor de todo. Yo vi que estaba con el cuchillo. T.T. estaba delante mío, yo estaba como a unos 3 metros de distancia de él. Yo el momento mismo de la cuchillada no lo vi, yo vi que el muchacho tenía un cuchillo en la mano y que lo vi próximo a T.T., no lo iba a matar con un dedo ” (fojas 408). Por otra parte, en la rueda de reconocimiento, los testigos V.V., E.E. y C.C. identificaron al Sr. H.H. como el autor de las puñaladas a “T.T.” (fojas 122). La diligencia de reconocimiento se realizó con la presencia de la defensa que no la objetó por la previa actuación policial que, supuestamente, habría direccionado la declaración de la testigo E.E. Lo que cobra mayor relevancia si se tiene presente que esa supuesta predisposición de la testigo por la actuación policial previa radicaba en que la Policía le “ habría mostrado cédulas del Sr. H.H. y de sus hermanos ”, según lo que fuera atestiguado por E.E. en sede penal (fojas 73). Sin perjuicio de que, a criterio de los Doctores Bernadette Minvielle y Luis Tosi, existen pruebas de sobra que habilitan la condena, debe agregarse que el encausado señaló que no recordaba si portaba un cuchillo o no. Pero sí reconoció, en cambio, que estaba con el torso desnudo (fojas 121), lo que coincide con la individualización del portador del cuchillo como un hombre “sin la remera puesta”. Por estas razones precedentemente relacionadas, no puede más que compartirse la justificación del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno en cuanto a que: “... dado las circunstancias previas, concomitantes y posteriores al delito, resulta que la recabada en el caso es plena para condenar ya que existe una certeza razonada de la autoría por parte del encausado (único hecho que controvierte la Defensa) así como la agresión a otras dos personas con la misma arma con la que salió de su domicilio. Las declaraciones y reconocimientos de testigos intachables se ven complementadas con indicios de oportunidad ya que estuvo en el lugar del hecho cuando estos acaecieron; de los cuatro partícipes en la agresión, era el único que concurrió armado... ” (fs. 530 vta.). En base a los elementos de juicio incorporados al expediente judicial existe plena certeza de la culpabilidad del encausado. Al no advertirse un supuesto de absurdo evidente, cabe desestimar el agravio articulado por el recurrente. B) A criterio de los Doctores Eduardo Turell y la redactora, en cambio, si bien coincide con la mayoría en cuanto expresan que estamos ante un supuesto exiliado del control casatorio, se entiende que no corresponde ingresar a la revalorización de los hechos aun en aquellos supuestos en que se constate una valoración probatoria que se considere absurda o arbitraria (posición que sí se sostiene para la materia civil, en función de la normativa aplicable). La norma procesal penal (270 del Código del Proceso Penal) es distinta a la prevista en materia procesal civil (270 del Código General del Proceso); y la primera no ha sido derogada por la segunda (en este punto, se comparte la posición expresada por los Dres. Chediak y Hounie en sentencia nro. 135/2015 de esta Corporación). En materia procesal civil, contando con la habilitación del inciso 2 del artículo 270 del Código General del Proceso, se acotó el control casatorio respecto de las normas de valoración de la prueba para aquellos supuestos en que la valoración resulte “absurda o arbitraria”. Pero, la referida limitación se aplica partiendo de la base de la habilitación legal del inciso 2 del artículo 270 del Código General del Proceso. Al no existir tal previsión en el Código del Proceso Penal, no resulta posible acudir al mecanismo al que solo se puede ingresar a través de una norma habilitante no consagrada para este supuesto. IV) Error de calificación jurídica. La defensa del encausado recurrente estima que los hechos deben ser tipificados como delito de riña con resultado muerte. No le asiste razón. En el caso, no existió reciprocidad o intercambio de actos hostiles entre ambos bandos. Antes bien, la Sala explicitó con total claridad que el encausado fue agredido por un grupo de personas a la salida del local bailable y, a raíz de esa agresión, resultó con una lesión en la cabeza. Se retiró del lugar, sin enfrentamiento, respuesta o ánimo de reñir con los agresores. Una vez que llega a su casa y su madre cura su herida, concierta con sus hermanos y otros amigos -que se encontraban en su domicilio- concurrir nuevamente al local bailable para “ajustar cuentas” por la agresión sufrida. No hay, en este supuesto, reciprocidad de acciones. Como afirma Camaño Rosa, la riña debe distinguirse de la agresión, tanto cuando el agredido no reaccione como cuando lo haga para defenderse, aún excediéndose. En estos casos no hay lucha (ni, por ende, riña), sino agresión, por una parte y pasividad o reacción defensiva, por otra (cf. Camaño Rosa, Antonio, Estudios penales y procesales , Vol. II, Amalio M. Fernández, Montevideo, 1973, pág. 141; en la jurisprudencia véase la sentencia nro. 277/2016 del TAP 3°). En el caso, frente a la inicial agresión mediante “pedradas” al encausado y sus amigos, no hubo respuesta mediante otras acciones que ambientaran el resultado lesivo que luego, en otra secuencia fáctica, aconteció. Como ha señalado el TAP 3° en sentencia nro. 307/2011: “... no hubo ataque y contraataque como sugiere la calificación que se propicia... ”. No se trató, en esta instancia, de una verdadera gresca o refriega en la que los participantes, visiblemente acalorados, vengan a las manos, a las vías de hecho, dando lugar a una lucha violenta y, por tanto, peligrosa para la integridad personal (cf. Camaño Rosa, Antonio: Op. Cit., p. 141). La versión histórica validada por el órgano de mérito, se concretó en una agresión con pedradas al encausado y sus allegados, hostilidad que no fue respondida en ese momento y circunstancias (de tiempo y lugar). Es recién al llegar a su domicilio y ser “curado” por su madre –enfermera- que junto a sus hermanos y otros allegados deciden concurrir al local bailable a “vengarse” por la agresión que recibiera. De modo que no existió un intercambio de actos de violencia sino, en su caso, acciones independientes, temporalmente distantes, la segunda para saciar la sed de revancha generada por la primera. Tan es así, que el bando de los ------ lo que procuró fue, en todo momento, ubicar y agredir al supuesto autor de la pedrada que lesionara al Sr. H.H. Pero, claro está, en el momento en el que se produjo la ubicación de quien fuera su agresor, éste no se trabó en lucha, sino que trató de defenderse frente a las puñaladas del encausado. Lo mismo cabe decir de otro individuo que también resultó lesionado, pues éste lo que pretendió fue simplemente disuadir y separar al encausado, evitando la agresión. Tampoco ese sujeto intervino o participó en una refriega o reyerta. Por último, el fallecido –dueño del bar– recibió tres puñaladas por intentar evitar que el encausado ingresara al local. De modo que, no le asiste razón al recurrente en cuanto señala que la Sala incurrió en un error de calificación jurídica, porque el delito que debió tipificarse es el de riña con resultado muerte (artículo 323, inciso 2 del Código Penal). El error en la calificación jurídica que atribuye a la Sede parte de una equivocación de la defensa que se basa en que el encausado no ha sido individualizado como el autor del homicidio del Sr. T.T. pretendiéndose rectificar indebidamente la plataforma fáctica. La riña con resultado muerte, como expresa Bayardo Bengoa, tiene lugar confusa y tumultuosamente, de suerte que no puede saberse quiénes han sido los autores de la muerte. En este supuesto –afirma Bayardo– el autor responde por el solo hecho de la participación, es decir que se consagra la total desvinculación e independencia respecto a la responsabilidad que pudiera corresponderle por la muerte que se deriva del hecho. Y ello, en mérito a la indeterminación de la participación de los corriñentes respecto del evento sobrevenido, bien que –sin embargo– es preciso su concurrencia en la refriega (Bayardo Bengoa, F., Derecho Penal Uruguayo , Tomo VIII, Vol. V, Amalio M. Fernández, Montevideo, 1981, pág. 218). No obstante, si es posible identificar al causante de la lesión o muerte, éste responderá como autor del delito de riña en reiteración real con las lesiones o el homicidio en su caso y los demás copartícipes responderán por riña calificada (cf. Cairoli, Milton, Código Penal. Comentado, anotado y concordado , Tomo I, LA LEY URUGUAY, Montevideo, 2014, pág. 836 y del mismo autor: El Derecho Penal Uruguayo y las nuevas tendencias dogmático penales , Tomo III, FCU, 3ª Edición, Montevideo, 2004, pág. 117). De manera que, aún en el supuesto de que el encausado hubiera participado en una riña –lo cual no aconteció en el caso- ello tampoco invalidaría que respondiera como autor de un delito de homicidio, en la medida que ha sido individualizado como el sujeto que asestó las puñaladas al dueño del bar. En la especie, no hay indeterminación del agresor, ya que H.H. fue perfectamente individualizado como el sujeto que asestó las puñaladas a la víctima. V) Error de derecho con incidencia en la individualización de la pena impuesta . Como viene de señalarse, el recurrente en su escrito expresa que, al mediar un error de calificación delictual, la pena fijada por el órgano de mérito, en puridad, duplica el máximo legal para el delito de riña con resultado de muerte (artículo 323, inciso 2 del Código Penal). No le asiste razón al impugnante. En efecto, es claro que el agravio está estrechamente vinculado con el error de calificación denunciado. Para que existiese sobrepujamiento de los límites legales a la hora de determinar el quantum del reproche, debe existir una equivocada subsunción del material fáctico en otro tipo penal. Esto no es lo que ocurrió en este caso. La Sala, por los fundamentos consignados más arriba, con absoluta claridad tipificó correctamente el delito de homicidio (artículo 310 del Código Penal). Si la acción se adecua típicamente a la figura del homicidio, mal puede imputarse al órgano de alzada un supuesto sobrepujamiento de los límites legales de la pena, pues la aplicada está dentro de los márgenes previstos en la normativa vigente (artículos 310 y 316 del Código Penal). Y, a mayor abundamiento, no puede soslayarse que el Tribunal de hecho consideró que la pena impuesta por el Juez de Primera Instancia (11 años y 6 meses) era excesiva y la abatió atendiendo a la entidad de los hechos atribuidos, calificación delictual, circunstancias alteratorias relevadas, personalidad y peligrosidad demostrada por el agente en la ejecución del ilícito y precedentes judiciales en casos similares (ver fojas 531 vta./532). VI) Corresponde distribuir las costas de oficio. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN DEDUCIDO, CON COSTAS DE OFICIO. HONORARIOS FICTOS 3 B.P.C. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.