Sentencia Definitiva N° 1.154/2019

Montevideo, treinta de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva en estos autos caratulados: “LEME DE OLIVERA, ADALBERTO C/ BIOXEL S.A. – EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA” , IUE: 1-103/2018 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia. RESULTANDO : I) Con fecha 6 de setiembre de 2018 (fs. 33-34), compareció el Sr. Adalberto Leme de Olivera deduciendo demanda de ejecución de sentencia extranjera de condena contra Bioxel S.A. (fs. 33-34). Señaló que oportunamente inició un juicio por rescisión de contrato de servicios de responsabilidad técnica y por daños y perjuicios, del cual, con fecha 28 de setiembre de 2010, resultó sentencia de condena contra la empresa Bioxel S.A. Expresó que con fecha 4 de noviembre de 2014 se intimó el cumplimiento de la sentencia, con las actualizaciones correspondientes. Afirmó que, ante el incum-plimiento y habiéndose acreditado por la justicia brasileña que la empresa tiene su sede en la República Oriental del Uruguay, procedió a realizar la intimación de Bioxel S.A. mediante carta rogatoria en el domicilio establecido en Uruguay. En definitiva, solicitó que se haga lugar a la ejecución de la sentencia, remi-tiéndose los autos al tribunal competente. II) Conferido el traslado de rigor, a fs. 144 y ss. compareció Bioxel S.A., quien abogó por la desestimatoria. En lo inicial, opuso excepción de falta de legitimación pasiva, en el en-tendido de que no reviste la calidad de parte condenada en la sentencia cuya ejecución se pretende en estos obrados. Expresó que la demanda de ejecución de sentencia extranjera carece de todo tipo de precisión jurídica y no se condice con los hechos ocurridos. El fundamento base de la demanda entablada por el Sr. Leme de Olivera radica en considerar a Bioxel S.A. como la misma persona jurídica que Bioxel Comércio E Serviços Ltda., sin realizar distinción entre ambas sociedades. De la propia documentación aportada por la parte actora surge la distinción, siendo el accionante totalmente omiso en especificar dichas diferencias. Alegó que Bioxel S.A., parte demandada en estos obrados, nunca fue citada, emplazada o notificada, ni tuvo conocimiento de dichos procedimientos (en primera y segunda instancia), ya sea como parte demandada, tercerista, perito, testigo, etc. Indicó que, tal como lo acredita la parte actora con el certificado registral emitido por la Junta Comercial del Estado de San Pablo, Bioxel Comércio E Serviços Ltda., es una sociedad limitada, constituida bajo las leyes de la República Federativa de Brasil, el 20 de octubre de 1988. Mientras que Bioxel S.A. es una sociedad anónima constituida al amparo de las leyes de la República Oriental del Uruguay, en el año 1983 y bajo la denominación de “Momol S.A.”. Bioxel S.A. no es una fi-lial, sucursal, matriz o entidad controlante o contro-lada de Bioxel Comércio E Serviços Ltda. Se trata de dos sociedades distintas, sin vinculación asociativa entre ambas. Por lo expuesto, afirmó que se configura la falta de legitimación pasiva de Bioxel S.A., ya que no fue la persona jurídica condenada por la justicia brasileña, lo cual era de pleno cono-cimiento por parte del accionante. En otro orden de cosas, sostuvo que la sentencia de condena que se pretende ejecutar en el Uruguay no reúne los requisitos esenciales para su eficacia. En efecto, Bioxel S.A. nunca fue notificada o emplazada en legal forma, de acuerdo a las leyes de la República Federativa del Brasil; tampoco fue garantizado el derecho a la debida defensa y; no existe cosa juzgada a su respecto. Por último, solicitó que se condene a la parte actora al pago de las costas y costos del presente proceso, atento a la ligera y temeraria actitud asumida al litigar. Precisamente, porque el accionante tenía conocimiento al iniciar este proceso de que no era posible acreditar que Bioxel S.A. es la misma persona jurídica que la sociedad condenada en la sentencia que pretende ejecutar. Ello, en el caso, sumado a que no probó fehacientemente el cumplimiento de los requisitos esenciales para la eficacia de la sentencia de condena. III) Por Auto No. 3046/2018, de fecha 17 de octubre de 2018 (fs. 163), se ordenó el diligenciamiento de la prueba solicitada. IV) Por Decreto No. 3653/2018, de fecha 13 de diciembre de 2018 (fs. 178), se dispuso el pase a estudio y autos para sentencia, al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros, desestimará la demanda de reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera, sin especial condenación procesal. II) El caso de autos . El actor solicitó la eje-cución de la sentencia dictada en Brasil por el Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo – Comarca de Sao Paulo – Foro Regional II – Santo Amaro – 2ª Vara Cível, contra el Bioxel S.A. En el procedimiento principal fue emplazado Bioxel Comércio E Serviços Ltda., y, luego de resultar ganancioso, se intimó el pago de la deuda a la mencionada empresa pero en dos domicilios de Uruguay, librándose carta rogatoria (fs. 15). La demandada lo que expre-sa en su contestación es que se tratan de dos empresas diferentes, que no surge de autos que tuvieran alguna vinculación y que la empresa Bioxel S.A. no fue debi-damente emplazada. III) En cuanto al derecho apli-cable al presente proceso de exequatur . Cabe señalar, a pesar de no ser alegado por ninguna de las partes, que este proceso está regulado por el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa adoptado por nuestro país en el ámbito del Mercosur, que fuera aprobado por la Ley No. 16.971, así como por la Enmienda a ese Protocolo (Decisión CMC 07/02). Como lo señala la doctrina especializada, este convenio prima sobre el convenio bilateral sobre ejecución de sentencias extranjeras aprobado por la Ley No. 16.728 que nos vinculara con Brasil (cf. TELLECHEA BERGMAN, Eduardo “ Derecho Interna-cional Privado” , Editorial: La Ley Uruguay, 2010, págs. 81-82 y Sentencia No. 691/2017 de este Cuerpo). IV) El principio de la efec-tiva circulación internacional de los fallos jurisdic-cionales . La Corte debe, natural-mente, ser rigurosa a la hora de habilitar la ejecución de una sentencia extranjera en nuestro país, tarea en la cual no debe perderse de vista que existe un principio en materia de cooperación jurídica internacional que impone privilegiar la circulación de los fallos extran-jeros. Tal como la Corporación lo ha puesto de manifiesto “... cuando exista duda en torno al tema del reconocimiento de una sentencia extranjera, debe privilegiarse precisamente el reconocimiento. Ello porque el principio general en materia de cooperación judicial internacional -y también en materia de eficacia de la sentencia extranjera- es el de la efectiva circulación internacional de los fallos (...). En efecto, es valor entendido en la doctrina internacional que la acción de la Justicia no debe detenerse en las fronteras de los Estados. Es más, hay tendencias que promueven el reconocimiento automático de los fallos extranjeros. Si bien es cierto que dicho reconocimiento está sujeto a normas, éstas deben interpretarse siempre a favor del reconocimiento, pues su función es pre-cisamente superar las divergencias legislativas de los Estados y el respeto por las normas y fallos de cada uno (sentencia n° 136/2006, con cita de Eduardo Vescovi, Derecho Procesal Civil Internacional, págs. 164-165)” (Cf. Sentencia No. 691/2017 de la Corporación) . V) Los requisitos para habi-litar la ejecución de la sentencia en el caso . El Protocolo de Coopera-ción y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, aprobado por la Ley No. 16.971, establece que las sentencias tendrán eficacia territorial si cumplen con las siguientes condiciones: V.a) Que vengan revestidas de las formalidades externas necesarias para que sean consideradas auténticas en el Estado de donde proceden (artículo 20, literal a) . En el caso, se ha cumplido con esta condición, desde que toda la documentación pertinente ha sido presentada en debida forma (fs. 1-30). Como señala un reconocido especialista en la materia, la Enmienda al Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional entre los Estados Parte del Mercosur, Decisión CMC 07/02, al prever la presentación del fallo por la propia parte interesada, exige la legalización (Eduardo Tellechea Bergman, Derecho Internacional Privado , La Ley Uruguay, 2010, pág. 108). V.b) Que la documentación relevante esté debidamente traducida (artículo 20, li-teral b) . Tal como surge de fs. 10-14, 16-17, 19-20 23-24 y 27-30, esta condición está cumplida. V.c) Que los fallos emanen de un órgano jurisdiccional competente, según las normas del Estado requerido sobre jurisdicción internacional (artículo 20 literal c) . De acuerdo con lo esta-blecido en el artículo 539.1 numeral 4 del C.G.P., corresponde relevar si el sentenciante tenía jurisdic-ción en la esfera internacional para conocer en el asunto y que la materia no fuera exclusiva de los tribunales uruguayos. Tratándose de un reclamo por recisión de contrato y daños y perjuicios respecto de una empresa brasilera, parece claro que también se cumplió con esta condición. V.d) Que la parte contra quien se pretende ejecutar la decisión hubiese sido debidamente citada y que se hubiera garantizado su derecho de defensa (artículo 20 literal d) . El cumplimiento de este requisito, en cuanto requiere la citación en forma de la persona contra quien se pedirá la ejecución, ha sido expresamente cuestionado por la demandada (fs. 144-161), argumentando que se trataría de sujetos de derecho distintos. A juicio de la Corpora-ción, le asiste plena razón a la parte demandada, por lo que se rechazará la pretensión deducida en autos. Tal como surge del subexamine , la sentencia que se pretende ejecutar condenó a Bioxel Comércio E Serviços Ltda al pago de R$ 43.934,91. Esta demandada fue debidamente emplazada en el proceso de conocimiento en su domicilio en Brasil. Luego, se libró carta ro-gatoria a Uruguay a efectos de comunicar la intimación a la empresa Bioxel Comércio E Serviços Ltda. con sede en Avda. Italia 3917 y calle Gral. Nariño 1625, a efectos de que efectúe el pago debido. Dicha carta rogatoria se cursó a solicitud del actor alegando que la referida empresa tiene sede en Uruguay. En tanto la aquí accio-nada, Bioxel S.A., no es la misma persona jurídica que fuera demandada en el proceso seguido en Brasil (Bioxel Comércio E Serviços Ltda.), es claro que no se verifican en la especie los requisitos exigidos en el citado art. 20 literal d) del Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa (MERCOSUR), ya que “ la parte contra la que se pretende ejecutar la decisión ” (Bioxel S.A.) no ha sido “ debidamente citada ” y no se ha “ garantizado el ejercicio de su derecho de defensa ” durante el proceso de conocimiento seguido en Brasil, en el que recayó la sentencia que aquí pretende ejecutarse. Por otra parte, el accio-nante en su acto de proposición inicial no expresó la razón por la cual promueve la ejecución contra una persona que no fue condenada en la sentencia, por lo que, a juicio de la Corporación, la falta de legiti-mación pasiva de la demandada debe ser catalogada como manifiesta, ya que resulta de los términos de la propia demanda. VI) En opinión de los Sres. Ministros Dres. Turell, Martínez, Tosi y Chediak, lo expresado anteriormente resulta razón suficiente a los efectos de desestimar la demanda. VII) La Sra. Ministra Dra. Minvielle, adicionalmente, considera del caso realizar las puntualizaciones que se referirán a continuación acerca de la ausencia de identidad entre la sociedad condenada (Bioxel Comércio E Serviços Ltda.) y la socie-dad demandada en el subexamine (Bioxel S.A.). De la prueba documental incorporada al proceso surge que Bioxel Comércio E Serviços Ltda., es una persona jurídica distinta de Bioxel S.A., ambas sociedades han sido constituidas en países diferentes y no se ha acreditado, siquiera, que exista una vinculación entre ambas. En efecto, no existe prueba alguna que de cuenta de que se trate de una entidad controlada por la otra. Por un lado, la ficha del registro completa de la Junta Comercial del Estado de San Pablo consigna que la primera de las sociedades se constituyó el 20 de octubre de 1998, bajo la deno-minación Jolara Comercio E Serviços Ltda. (fs. 22-23). Al constituirse la socie-dad, los socios eran los Sres. José Manuel Duarte Laranjeira (socio gerente) con una participación social de $8.000 y Paulo Roberto Laranjeira con una partici-pación social valuada en $2.000. En sesión de fecha 17 de marzo de 2000, se retiraron de la compañía los socios “fundadores” y, en su lugar, se admitió a: i) Carlos Alberto Bonilla López, en la situación de socio gerente, con una participación valuada en $5.450, domiciliado en el Uruguay y; ii) Justo Emilio Menes García. Asimismo, fue electo como Director de la Sociedad el Sr. Claudio Berttoti (quien renunció el 9 de junio de 2003 al cargo). En sesión de fecha 23 de enero de 2001 se dispuso la modificación del nombre empresarial a Bioxel Comércio E Serviços Ltda. El objeto social de Bioxel Comércio E Serviços Ltda., es: “ Representantes comer-ciales y agentes del comercio de medicamentos, cosmé-ticos y productos de perfumería, comercio mayorista de medicamentos y drogas de uso humano, comercio minorista, productos farmacéuticos, sin manipulación de fórmulas, holdings de instituciones no financieras, otras acti-vidades profesionales científicas y técnicas no especi-ficadas anteriormente ” (fs. 23 vto.). Por su parte, Momol S.A. es una persona jurídica constituida el 9 de agosto de 1983, al amparo de la normativa uruguaya. En Asamblea Extraordinaria de fecha 26 de febrero de 1987 se resol-vió modificar el estatuto y se cambió su denominación por la de Basa Uruguay S.A. Años más tarde, por Asam-blea General Extraordinaria de fecha 1º de noviembre de 1996, se resolvió nuevamente variar el estatuto y se pasó a denominar Bioxel S.A. Por Acta General Extraor-dinaria de fecha 9 de junio de 2016 se resolvió alterar el estatuto en su texto completo, modificándose, entre otras, las cláusulas de su objeto social, representación y capital social (fs. 62). En el año 2017 se designó como Presidente de Bioxel S.A. y único integrante del Directorio al Sr. Carlos Alberto Bonilla López (fs. 62 vto.) El objeto social de Bioxel S.A. es el siguiente: “ A) Fabricación, importación, exportación, representación, producción, elaboración y toda forma de comercialización, para sí o para terceros, de especialidades farmacéuticas y/o medicamentos, para uso humano y animal, domisanitarios (detergentes, anti-sépticos y desinfectantes de uso hospitalario y do-méstico), productos para la salud (equipamientos médi-cos, material de curaciones, dispositivos terapéuticos y reactivos), fitofarmacéuticos, alimentos de uso medi-cinal, hierbas medicinales y también productos de uso hospitalario regulados por el Departamento de Alimentos, cosméticos, perfumería y otros del Ministerio de Salud Pública. B) Compra, venta, arrendamiento, construcción y toda clase de operaciones con bienes inmuebles, excepto rurales. C) Participación, constitución o adquisición de empresas que operen en los ramos pre indicados ” (fs. 62 vto.-63). Conforme lo expresado, a juicio de la Dra. Minvielle, resulta claro que se trata de dos personas jurídicas diferentes y constituidas, respectivamente, una conforme a la normativa de la República Federativa de Brasil y, la otra, al amparo de las leyes de la República Oriental del Uruguay. El objeto social de ambas sociedades parcialmente coincide y el socio gerente de Bioxel Comércio E Serviços Ltda., es, a su vez, Presidente de Bioxel S.A. Estos dos elementos, a juicio de la Sra. Ministra, no sirven, por sí solos, para acreditar que ambas sociedades estén vinculadas ni que Bioxel S.A. sea la empresa matriz como afirmó el accionante ante la justicia brasilera. No hay ningún elemento de prueba que acredite que una sociedad ejerza influencia o mantenga tal grado de vinculación con la otra (conforme un grupo económico o grupo de empresas, sean sociedades vinculadas, etc.). De hecho, quien figura como socio gerente de Bioxel Comércio E Serviços Ltda., desde el año 2000, fue designado Presidente de Bioxel S.A. en Uruguay en el año 2017, en tanto la sentencia de condena extranjera que se pretende ejecutar es de fecha 28 de setiembre de 2010 (cuando no consta que fuera parte del Directorio de Bioxel S.A.) y quedó ejecuto-riada en el año 2012. En base a lo expuesto, a criterio de la Dra. Minvielle, asiste razón a la parte demandada en cuanto a que el accionante no acreditó, como era debido, los requisitos procesales para el reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera previstos en el referido art. 20. En términos trasladables, la Corte con anterioridad ha afirmado: “ No se hará lugar a la ejecución de sentencia extranjera que se impetra en autos. Como bien lo señala el Sr. Fiscal de Corte la sentencia glosada en autos condena a Dae Bong Corporation, sin hacer alusión alguna a los codemandados en autos Redellmar S.A. y Cevelmar S.A., respecto de las cuales se invoca un privilegio que seguiría a los buques anteriormente de propiedad de aquélla. Pero la actora no acredita en autos el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 5 y 6 del artículo 539.1 del Código General del Proceso: que el demandado haya sido notificado o emplazado en legal forma de acuerdo con las normas del Estado de donde provenga el fallo, y que se haya asegurado la debida defensa de las partes, no agregando comprobante alguno al respecto (art. 539.2 del C.G.P.). Tampoco se acredita que la sentencia haya pasado en autoridad de cosa juzgada (art. 539.1 nal. 7 del C.G.P.), solamente se expresa a f. 14 numeral 3 que ‘la misma puede ser ejecutada provi-sionalmente’ lo que es contradictorio con la autoridad de cosa juzgada que el Código requiere” (Sentencia No. 42/1999). Este requisito, como seña-la Tellechea Bergman, tiene como finalidad asegurar que la parte contra la cual se invoque la sentencia, haya tenido efectiva y real oportunidad de defensa de sus intereses en juicio (Cf. TELLECHEA BERGMAN, E. “ Libro II, Título X del Código General del Proceso, ‘Normas Procesales Internacionales’. Una nueva regulación del Derecho Internacional Privado Procesal de la República ” en RUDP, No. 4, Montevideo, 1988, pág. 547). En idéntico sentido, expresa Landoni Sosa que aquel contra quien se pretende hacer valer el fallo debe haber tenido la razonable oportunidad de contestar, contradecir, de producir prueba, de recurrir, todo conforme a la ley del lugar del proceso. En suma, que haya tenido lugar un proceso justo, con todas las garantías de imparcialidad, bila-teralidad e igualdad (cf. “ Eficacia internacional de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros ” en AA.VV., “Estudios sobre el proceso de ejecución en homenaje a Enrique E. TARIGO” , FCU, 2ª. Edición, Montevideo, 2009, pág. 332). En el subexamine , a quien se demanda en el actual proceso no se le notificó ni se le emplazó en el juicio seguido ante la autoridad judicial brasileña. El error del Sr. Leme de Olivera (siempre a criterio de la Dra. Minvielle) es considerar que Bioxel Comércio E Serviços Ltda., es la misma entidad societaria que Bioxel S.A. cuando, en realidad, se trata de dos personas jurídicas diversas. La alegación, ante la jus-ticia brasileña, al solicitar que se intimara en los domicilios de Bioxel S.A. en Uruguay no permite llegar a esa conclusión. Véase que la intimación judicial, cursada vía carta rogatoria, fue dirigida a la entidad brasileña Bioxel Comercio E Serviços Ltda., identifi-cándose como domicilios de la supuesta empresa matriz a los de Bioxel S.A. Sin perjuicio de ello, para la Dra. Minvielle, no existen elementos de juicio que permitan afirmar que existe tal vinculación entre las sociedades comerciales. Con lo cual, ante sujetos de derecho que mantienen individualidad jurídica, debe concluirse que Bioxel S.A. no fue notificada ni requerida su comparecencia en el juicio que se siguió únicamente contra Bioxel Comércio E Serviços Ltda. Por idénticas razones, la sentencia que se pretende ejecutar en Uruguay no reúne como condición que se haya asegurado, en el marco de dicho proceso, la debida defensa de las partes. No existió contradictorio entre el Sr. Leme de Olivera y Bioxel S.A., puesto que esta sociedad no tuvo cono-cimiento oficial del pleito. En definitiva, por las ra-zones expuestas, a juicio de la Sra. Ministra, corres-ponde desestimar la demanda deducida en autos. VIII) En cuanto a las cos-tas y costos del proceso. La demandada, al evacuar el traslado, solicitó que se condene expresamente en costas y costos a la parte actora por haber litigado con conciencia de su sinrazón. A juicio de la Corpora-ción, no corresponde especial sanción procesal. En efecto, si bien es cierto que el letrado patrocinante del Sr. Leme de Olivera, como representante de la sociedad Basa Participações Ltda. (que había previamente suscripto un convenio concordatario con Bioxel S.A. -fs. 131-132 vto.-) tuvo conocimiento de que Bioxel S.A. es una sociedad constituida al amparo de la normativa uruguaya, los términos en los que el Juez exhortante requirió la cooperación internacional a los efectos de practicar la intimación, resultan equívocos y bien pudieron servir de insumo a la parte para considerarse asistida de razón para litigar en Uruguay. Es más, existe jurispru-dencia de la Corte -Sentencia No. 737/2014 dictada en mayoría- que entendió que la normativa no requiere que la persona contra quien se pide la ejecución de sentencia extranjera sea la misma que fuera objeto de condena en ella, cuestión que (en todo caso) dilucidará la Sede competente para entender sobre el fondo del asunto en la oportunidad correspondiente. Por este motivo, a juicio del Cuerpo, no corresponde imponer la condena en costas y costos, porque la parte actora no litigó a sabiendas de su sinrazón ni con malicia que merezca la nota de temeridad (art. 688 del Código Civil). IX) Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE LA PRETENSIÓN DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE CONDENA EXTRANJERA. HONORARIOS FICTOS 20 BPC. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, ARCHÍVESE.