Sentencia Definitiva N° 1.155/2019

Montevideo, treinta de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva en estos autos caratulados: “OLAGÜE OLIVERA, CAROLINA C/ ASOCIACIÓN URUGUAYA DE TENIS - PROCESO LABORAL ORDINARIO LEY 18.572 - CASACIÓN ” , IUE: 2-11916/2018 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia definitiva DFA-0012-000583/2018 SEF-0012-000398/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1er. Turno, el día 21 de diciembre de 2018. RESULTANDO : I) A fs. 127 y ss. compareció la Sr. Carolina Olagüe Olivera, quien dedujo demanda laboral contra la Asociación Uruguaya de Tenis. Reclamó el pago de los siguientes rubros: salarios impagos, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido, horas extra (e incidencias) e indemnización por daño moral. Todo con más los intereses y reajustes, multa y daños y perjuicios preceptivos. Liquidó los rubros reclamados en la suma total de $6.723.859. II) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 52/2018, dictada el día 3 de setiembre de 2018, el Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo de la Capital de 11vo. Turno, falló: “ Haciendo lugar parcialmente a la demanda y en su mérito, condénase a la demandada a pagar a la actora la suma de $518.935, más el 10% sobre los rubros de naturaleza salarial, más 10% de multa legal, más intereses y actualización hasta la fecha de su pago efectivo y la suma de U$S2.500...” (fs. 363-387). III) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia DFA-0012-000583/2018 SEF-0012-000398/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1er. Turno, el día 21 de diciembre de 2018, se falló: “Confírmase la sentencia apelada. Costas de oficio y sin especial condenación en costos” (fs. 441-451). Extendió discordia la Sra. Ministra Dra. Doris Perla Morales Martínez, por entender que corresponde hacer lugar al reclamo de horas extra formulado por la actora, estando a su liquidación (fs. 451 vto.-459). IV) Contra dicha sentencia, la parte actora dedujo el recurso de casación en estudio (fs. 462-477). En tal sentido, expresó, en síntesis, los siguientes agravios: a) Infracción o errónea aplicación del art. 117 nral. 4º del C.G.P. y del art. 8 de la Ley No. 18.572. La actora se agravió por la aplicación que la Sala hizo de las referidas disposiciones normativas. Indicó que de la lectura de la demanda laboral presentada no quedan dudas de que cumplió a cabalidad con la carga de la sustanciación. Narró precisa y detalladamente los extremos fácticos fundantes de su pretensión e individualizó cada uno de los rubros laborales reclamados con la debida explicación y detalle. A tal punto lo hizo, que su proceder no mereció reproche alguno de la demandada ni del decisor de primera instancia. El escrito cumple con la debida sustanciación y quien realiza una lectura errónea es el Tribunal. Indicativo de esa lectura errónea, es que le reprocha no haber alegado al demandar que quedaba “a la orden” luego de retirarse de la Asociación Uruguaya de Tenis. Ello no es cierto, como surge del pasaje obrante en el numeral 6º de la demanda. En suma, la Sala no leyó siquiera correctamente el escrito al que se le reprocha el incumplimiento con las reglas formales exigidas por la ley procesal. Recordó las aseveraciones consignadas en la demanda y postuló que esos desarrollos cumplen a cabalidad los requisitos impuestos por la ley procesal. En suma, controvirtió que haya existido algún incumplimiento de los requisitos impuestos por los arts. 8 de la Ley No. 18.572 y 117.4 del C.G.P. b) Infracción o errónea aplicación del principio de primacía de la realidad. Vulneración de lo dispuesto en los arts. 14 del C.G.P. y 30 y 31 de la Ley No. 18.572. La Sala cometió una infracción a los arts. 14 del C.G.P., 30 y 31 de la Ley No. 18.572 al interpretar y aplicar los arts. 8 de la Ley No. 18.572 y 117.4 del C.G.P. Las reglas infringidas regulan la forma en que deben interpretarse las disposiciones procesales. La interpretación de los requisitos rituales de la demanda se realizó, en este caso, soslayando el principio de primacía de la realidad. El Tribunal exigió un grado de formalidad y solemnidad al reclamo de la actora, al requerirle la indicación de una hora determinada de inicio y finalización de las horas extra, sin advertir que en la realidad de los hechos, ello no acontecía en forma lineal. Fue un hecho alegado y admitido por la demandada al contestar que la actora no tenía un horario fijo de trabajo; por ende, no puede reprochársele no haber precisado desde qué hora cumplía trabajo extraordinario. Las horas extra no eran realizadas siempre en el mismo horario, como parece entender el Tribunal. La realización del horario no era lineal, como pretende la Sala, por lo que no está justificado el razonamiento. Se incurre además en una violación flagrante del principio de igualdad, porque mientras a la parte actora se la juzga con severidad en orden a examinar el ajuste de sus actos procesales a los requisitos formales, se soslayan los incumplimientos de la demandada con las cargas que gravitaban sobre ella. Puntualmente, no se le reprocha que no haya precisado el horario que realizaba la trabajadora. La exigencia formal del Tribunal para hacer caer el reclamo por el rubro horas extra, determinó que al interpretar las normas procesales no considerara el principio de primacía de la realidad, en infracción a lo previsto en el art. 30 de la Ley No. 18.572. La exigencia y formalidad impuesta no resulta admisible, puesto que choca frontalmente con la realidad material de la relación laboral existente entre las partes; en especial con el dato de que la actora no cumplía un horario fijo. En otro orden, también señaló que la demandada no controvirtió la realización de las horas extra denunciadas, sino que su defensa se fundamentó únicamente en la condición de personal superior de la reclamante. c) Infracción a las reglas legales de valoración de la prueba. Violación del art. 140 del C.G.P. La Sala arribó al fallo cuestionado y confirmó la sentencia impugnada en cuanto rechazó el rubro horas extra, empleando un criterio absolutamente desigual con las partes en juicio. Fue tolerante ante el incumplimiento de la carga de la prueba obligatoria del empleador, pero impuso un nivel de exigencia desmesurado a cargo del trabajador, al punto de reclamarle que acredite incluso la cantidad de horas extras cumplidas. No se valoró debidamente el material probatorio, que demuestra la realidad de las partes, por lo cual quedaron acreditados los extremos alegados al demandar. La Sala no realizó una valoración conjunta de todos los medios probatorios, lo que colide con el art. 140 del C.G.P. En definitiva, la adecuada valoración del material probatorio debió conducir al Tribunal a imponer la condena al pago del rubro horas extras. Habiéndose acreditado la realización, la prueba de su cantidad incumbía a la demandada, cuyo incumplimiento determina indudablemente que se ampare el rubro reclamado. d) Violación de los arts. 7, 53, 54 y 57 de la Constitución y del principio protector. Insistió en que se ha tratado de forma desigual a las partes en el proceso, desde el momento en que se ha sido particularmente exigente al escrutar el cumplimiento de las cargas que pesaban sobre la actora y laxo al hacer lo mismo con las de la demandada. Ello desconoce el programa constitucional de protección del trabajo y del traba-jador, en tanto sujeto débil de la relación subordinada. El proceder tampoco se alinea con los principios rectores y las directrices consagradas en la Ley No. 18.172, reguladora del proceso laboral. V) Sustanciado el recurso de casación (fs. 580) fue evacuado por la contraparte a fs. 582 y ss., quien abogó por su desestimatoria. VI) Franqueado el medio impugnativo movilizado (fs. 587), los autos fueron recibidos en este Cuerpo el día 1 de abril de 2019 (fs. 593). VII) Por Auto No. 573/2018, de fecha 3 de abril de 2019 (fs. 594), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia, al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestimará el recurso de casación impetrado por la parte actora, sin especial sanción procesal. II) El caso de autos . Corresponde tener presente los aspectos centrales del subexamine , a efectos de facilitar el examen de los puntos controversiales. En tal sentido, es menester recordar que la actora, Carolina Olagüe Olivera, es una persona que estuvo ligada al mundo del tenis desde pequeña, a través del club Carrasco Lawn Tenis donde se inició en la práctica de dicho deporte. Luego de recibirse de Licenciada en Psicología, dicha institución deportiva le propuso comenzar a dar clases de tenis para niños. Posteriormente, en el año 2010, el Presidente de la Asociación Uruguaya de Tenis le ofreció comenzar a trabajar para dicha institución. El 1º de junio de 2010, Olagüe Olivera pasó a desempeñarse como Coordinadora Deportiva y/o Gerente Deportiva de la Asociación Uruguaya de Tenis. La relación laboral se extendió hasta el 9 de noviembre de 2017, data en que se produjo su egreso por despido. El horario pactado inicialmente fue de 4 horas diarias, de lunes a viernes. Dicho régimen le permitió continuar con el desempeño de sus otras actividades laborales; en particular, su nuevo trabajo le resultaba compatible con su tarea de docente de tenis en el Carrasco Lawn Tenis. Indicó que, pese a ese acuerdo inicial, a partir del año 2012 su carga horaria en la Asociación Uruguaya de Tenis se vio incrementada. Se le aumentaron notoriamente las tareas, por lo cual su jornada laboral comenzó a insumir muchas más horas que las contractualmente acordadas. A partir de ese año, empezó a realizar múltiples horas extras, al punto de que cada día las realizaba en número de cuatro o cinco. Además, comenzó a trabajar los fines de semana, debiendo concurrir y/o estar presente en los diferentes torneos organizados por la Asociación Uruguaya de Tenis. Afirmó que pese al incremento de las horas de trabajo, su salario no se vio modificado. Tal extremo generó el derecho al cobro de las horas extra realizadas, que nunca le fueron abonadas y cuyo pago demanda en este juicio. Reclamó el pago, como horas extras, de aquellas que sobrepujaban la jornada de trabajo convencionalmente pactada. Indicó que tiene derecho al cobro de dicho rubro, porque su categoría laboral no puede encuadrarse como personal superior, en los términos descriptos por el Decreto nº 611/980. Por tal concepto, reclamó el pago de las 4 horas extra diarias realizadas a partir del año 2012. Cuantificó dicho rubro en $3.263.280 (pesos uruguayos tres millones doscientos sesenta y tres mil doscientos ochenta). En primera instancia, en lo que interesa, el a quo desestimó su pretensión por entender que la actora se desempeñó como personal superior y, por ende, no tiene derecho al cobro de horas extras. Concluyó que: “... la pretensión al cobro de horas extras no puede ser amparada en virtud de que la reclamante se desempeñó para la AUT como personal superior” (fs. 381). En segunda instancia, la Sala confirmó la decisión adoptada en el grado sobre el punto en cuestión, empero, por otros fundamentos. El Tribunal concluyó que el rubro horas extras debía ser rechazado por dos órdenes de razones: i) Incumplimiento de la debida sustanciación . Por un lado, sostuvo que la demanda por este rubro no puede progresar por los defectos del libelo pretensivo de la actora. Dicho acto de proposición inicial no cumple (en relación al reclamo por el rubro horas extra) con los requisitos formales impuestos por los arts. 8 de la Ley No. 18.572 y 117.4 del C.G.P. La Sala postuló que: “... la pretensión referida a horas extra no puede prosperar porque la demanda falló la carga de la afirmación (arts. 117.4 del C.G.P y 8 de la Ley 18.572). La demanda no cumple con la carga impuesta por la teoría de la sustanciación, porque no establece concretamente cuando comenzó en el año 2012 a realizar horas extra, cuando era que las realizaba específicamente, lo que en el caso era esencial puesto que la demandada anteriormente había dicho que hacía un horario part-time, porque sus múltiples otras actividades no le permitían hacer más (daba clases de tenis, atendía pacientes como psicóloga y los testigos refieren además a que tenía un emprendimiento inmobiliario), ni tampoco establece, ni prueba que en algún momento hubiera dejado de cumplir con esas otras actividades. En suma, falló la carga de la afirmación (...) no se aportaron todos los elementos fácticos necesarios para que por un lado la demandada pudiera ejercer adecuadamente su defensa y por otro el Tribunal resolver con la debida ilustración de los hechos ” (Considerando II- a fs. 444-445). ii) Orfandad probatoria sobre la realización de las horas extra reclamadas . El segundo extremo en el que la Sala basó su decisión de confirmar el rechazo de la condena al pago del rubro horas extras, fue por entender que no resultó probado que la actora haya realizado la cantidad de trabajo extraordinario que denunció. Concretamente, consignó el Tribunal que: “... tampoco se advierte que efectivamente resulte probado que efectivamente la actora trabajara la cantidad de horas extra que afirma, a tal punto que en la apelación tampoco se cita ninguna prueba concreta que acredite que fuera habitual que a partir del año 2012 trabajara 8 horas diarias o más (como si lo hizo en el alegato a fs. 346, 346 vta., pero advirtiéndose además que allí se hace referencia a una permanencia ‘a la orden’ que ni siquiera fue alegada en la demanda)... ” (fs. 449). En suma, el otro argumento en el que se fundó la sentencia impugnada, fue que la actora no probó la realización de las horas extra que dijo haber cumplido. III) En cuanto al mérito . A juicio de la Suprema Corte de Justicia, el recurso de casación debe ser desestimado, porque la recurrente no logra conmover uno de los dos extremos determinantes de la parte dispositiva de la sentencia (art. 270 del C.G.P.). En efecto, como se puntualizó en el Considerando No. II), la sentencia hostilizada se fundamentó en dos órdenes de razones; a saber: i) En que la actora no cumplió, al formular su demanda, con la carga de la debida sustanciación o fundamentación de su pretensión sobre el rubro horas extra (lo que contraría lo establecido en los arts. 117.4 C.G.P. y 8 de la Ley No. 18.572) y; ii) En que la prueba sobre el trabajo extraordinario que denunció haber realizado es insuficiente y, por ende, no puede tenerse por acreditado el presupuesto fáctico necesario para la imposición de la condena pretendida. La forma en que organizó su fundamentación la Sala, atendiendo a su estructura, es lo que en teoría de la argumentación se denomina una argumentación múltiple. Este tipo de argumentación consiste en sostener defensas alternativas del mismo punto de vista [en este caso: la improcedencia de la condena por el rubro horas extra] presentando una defensa luego de la otra. Las dos defensas (en este caso: incumplimiento de la debida sustanciación y orfandad probatoria sobre las horas extra) no son interdependientes entre sí para sostener el punto de vista; tienen en principio un peso equivalente. Cada defensa puede sostenerse sola y es presentada como suficiente para mantener el punto de vista (Cf. VAN EEMEREN, Frans; GROOTENDORST, Rob y SNOECK HENKEMANS, Francisca: “Argumentación” , Biblos, Buenos Aires, 2006, pág. 70). Cuando una sentencia se fundamenta en varios argumentos o, conforme a la perspectiva de la Teoría de la Argumentación, en una argumentación que, conforme a su estructura, puede calificarse como múltiple, la ley procesal impone al recurrente atacar todos los extremos determinantes del fallo (art. 270 C.G.P.). Ha dicho la Corporación reiteradamente que: “(...) cuando una sentencia se apoya en varios fundamentos, se necesita atacarlos todos para que prospere el recurso, pues si se deja de atacar cualquiera de ellos (...) no se casa la sentencia (...) Aun cuando sean fundados alguno o algunos de los motivos alegados por el recurrente en casación para impugnar la sentencia del tribunal, ella no es casable si se apoya en otra u otras razones no combatidas por el recurrente. Entonces, tratándose de la impugnación por la causal primera, en cuyo campo es de rigor que se demuestre la infracción ya directa, ya indirecta, de la Ley sustancial, es preciso que por el recurrente se ataquen todos los fundamentos de derecho de esta especie, sobre cualquiera de los cuales, aunque no hubiese sido expresamente considerado por el juzgador, pudiera la sentencia quedar en pie (cf. Hernando Morales Molina, Técnica de Casación Civil, Ed. Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá, año 2014, pág. 115)” (Sentencia No. 860/2017 y, en el mismo sentido, véase la Sentencia No. 1617/2018). A criterio del Cuerpo, en el subexamine , como se verá en los próximos numerales, la recurrente no articuló en su escrito motivos de sucumbencia suficientes para conmover el argumento de la Sala de que la actora no acreditó haber realizado el trabajo extraordinario, que oficia de presupuesto fáctico de su pretensión de condena al pago del rubro horas extra. IV) Agravios relativos a la errónea aplicación del art. 130.2 del C.G.P.: ausencia de controversia de la realización de trabajo extraordinario . Corresponde despejar en lo inicial la razón expuesta por la recurrente a fs. 470 vto., donde sugiere que no existió controversia y contradicción de la demandada sobre la realización de las horas extra. Este planteo pretende hacer prevalecer la regla de la admisión (art. 130.2 C.G.P.) y sus consecuencias. Ahora bien, no se condice con lo que surge del expediente ni con lo dispuesto en las normas adjetivas. Si se repasa la contestación de demanda, se advierte que la accionada controvirtió categóricamente la ejecución del trabajo extraordinario. Concretamente aseveró que: “... no es cierto que [la reclamante] trabajara en la forma y los horarios que afirma; debe tenerse presente que la actividad de torneos no es constante y que contaba con una Secretaria Deportiva que trabajaba a sus órdenes; además, la carga horaria pretendida resultaría inconciliable con la pluralidad de otras actividades propias que desarrollaba la Actora;... ” (fs. 262). La controversia sobre la realización del trabajo extraordinario fue categórica y suficiente, de acuerdo a los requisitos de las reglas de rito. Sin perjuicio de lo cual, no puede soslayarse que se incluyó en el objeto del proceso la determinación de si corresponde el pago de los rubros salariales reclamados (lo que incluye las horas extra) (fs. 266 y 318 vto.). Y, sobre todo, que se diligenciaron los medios probatorios propuestos en orden a acreditar la realización del trabajo extraordinario, por lo que es evidente que se consideró que el mismo constituía un hecho controvertido (art. 137 y concordantes del C.G.P.), sin que ninguna de las partes lo haya objetado en la estación procesal oportuna. Por ende, aún si se tratara de un hecho que la accionada no controvirtió, que se haya diligenciado prueba para establecer si correspondía considerarlo debidamente acreditado, determina que deba priorizarse lo que surge del informativo probatorio. Como lo ha expresado la Corporación en la reciente Sentencia No. 393/2019, si por un lado no cabe dudar de la operatividad de la regla de la admisión, esta debe ceder cuando existen elementos de juicio en el expediente que prueban en contra del hecho que la ley ordena tener por admitido. Y máxime (como lo subraya nuestra jurisprudencia civil) cuando esos elementos se incorporaron con la aquiescencia de la parte beneficiada por la regla de la admisión. En este sentido, Tarigo enseñaba lo siguiente: “ Puede perfectamente acontecer que una vez producida la prueba resulte incuestionable que, respecto a determinado hecho afirmado por el acto en su demanda, haya quedado perfectamente demostrada su falsedad. Si el demandado no negó categóricamente tal hecho, ¿deberá el tribunal tenerlo por admitido pese a la prueba de su falsedad? Se dirá que si el hecho no fue categóricamente negado por el demandado quedó fuera del objeto de la prueba, por resultar admitido” (...) [sin embargo] “ Por encima de la imperatividad con que fuera concebida la redacción de esta norma, parecería sensato que en tal hipótesis, el tribunal no debería prescindir de lo que, en definitiva, constituye nada menos que la esencia racional del proceso, esto es, la convicción del tribunal acerca de la verdad objetiva, real de los hechos y la utilización racional y no mecánicamente obligatoria de las formas puestas a su servicio” (TARIGO, Enrique: “La carga de la contradicción del demandado compareciente en el proceso de conocimiento” en AA. VV.: “VIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal”, La Paloma – Rocha, Abril de 1995, pág. 190). En similar orientación y apelando también al “carácter racional de todo proceso, y del mecanismo lógico de ilustración y formación de la voluntad jurisdiccional” , Simón enseña que corresponde privilegiar la prueba disponible por sobre las consecuencias de la regla de admisión. Por ejemplo, cuando la prueba documental incorporada por el propio actor demuestra la falsedad de alguna afirmación que realiza (Cf. SIMÓN, Luis : “¿Corresponde diligenciar prueba en casos de falta de comparecencia o contradicción del demandado? en AA. VV.: “VIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal” , La Paloma – Rocha, Abril de 1995, especialmente pág. 253). En igual sentido ver Sentencia No. 167/2012 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno. La actora, que ahora pone en tela de juicio este proceder, oportunamente no hizo cuestión de que se diligenciara prueba sobre ese hecho supuestamente admitido, lo que sella la suerte del agravio. Con los elementos probatorios a la vista, corresponde privilegiar la verdad material que surge del informativo probatorio por sobre la regla de admisión. Por tal motivo, no puede hacerse valer, a esta altura del proceso, la regla de la admisión para invalidar las conclusiones probatorias de la Sala. En suma, a criterio del Colegiado, corresponde descartar de plano el argumento de que la realización de trabajo extraordinario no fue controvertido. La lectura contextual de la demanda demuestra que lo fue y, aún en el caso contrario, corresponde priorizar lo que surge del informativo probatorio disponible por sobre la regla de la admisión. V) Agravios relativos a la infracción o errónea aplicación de los arts. 140 y 141 del C.G.P.: prueba del trabajo extraordinario . En el caso, a juicio de la Corporación, la parte no cumple con alegar cuál es el concreto motivo de agravio y en qué sentido no comparte la valoración de la prueba realizada por el Tribunal. No imputa a éste ningún proceder arbitrario o absurdo al reflejar el juicio de los hechos, lo que resulta suficiente para desestimar el agravio. La exposición de la recurrente en su escrito de casación no resulta ser más que la manifestación de su discordancia o su desacuerdo con la valoración realizada, la que, en ningún sentido, puede calificarse como absurda o arbitraria. En efecto, no realiza una exposición de los medios probatorios que entiende que el Tribunal debió haber considerado, lo que denota lo endeble de la postura. En definitiva, a juicio del Colegiado, es carga de la impugnante detallar en qué elementos se funda la valoración que entiende adecuada y de qué forma el Tribunal se apartó de las pruebas y reglas de valoración aplicables, lo cual no ocurrió en el subexamine . Si se repasa el pasaje dedicado (supuestamente) a controvertir este punto (fs. 471-474), se advierte que la recurrente no demuestra ni la irracionalidad ni la ilogicidad del razonamiento probatorio de la Sala en orden a concluir que el hecho no puede considerarse debidamente probado. La recurrente ni siquiera se detiene en explicitar cuáles medios probatorios disponibles demostrarían la realización del trabajo extraordinario que la Sala no consideró acreditado o cuáles serían los elementos probatorios que habrían sido erróneamente valorados. En suma, a juicio de la Corporación, la recurrente no cumplió con lo establecido en el art. 273 del C.G.P. y, en consecuencia, el medio impugnativo movilizado resulta insuficiente a los efectos de demostrar el error en que habría incurrido la Sala al valorar la prueba obrante y concluir que no se acreditó la realización del trabajo extraordinario (arts. 140 y 141 del C.G.P.). Por tal motivo, ante la ausencia de crítica útil (art. 273 del C.G.P.) respecto de una de las estructuras argumentales sobre las cuales la Sala edificó su solución desestimatoria (art. 270 del C.G.P.), corresponde confirmar la impugnada, sin que resulte necesario examinar los restantes agravios articulados por la parte. VI) La correcta conducta procesal de ambas partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del C. Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN IMPETRADO POR LA PARTE ACTORA Y, EN SU MÉRITO, CONFÍRMASE LA IMPUGNADA EN TODOS SUS TÉRMINOS. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 20 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.