Sentencia Definitiva N° 1.156/2019

Montevideo, treinta de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ AA – HOMICIDIO MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO - CASACIÓN PENAL ” , IUE: 96-10504/1986 . RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva nro. 111, de fecha 16 de setiembre de 2016, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno, falló: “ CONDENANDO A AASCOMO AUTOR RESPONSABLE DE UN DELITO DE HOMICIDIO MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO, A LA PENA DE VEINTIUN AÑOS DE PENINTENCIARÍA, CON DESCUENTO DE LA PREVENTIVA CUMPLIDA Y DE SU CARGO LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL ART. 105 NUMERAL E DEL CODIGO PENAL ” (fs. 1270/1294). II) Por sentencia definitiva nro. 223, de fecha 11 de octubre de 2017, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, se dispuso: “ CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO SE OMITIO COMPUTAR LA ATENUANTE POR VIA ANALÓGICA DE LA ADMISIÓN PARCIAL DE LOS HECHOS, LA QUE SE RELEVA EN EL GRADO. TAMBIÉN SE REVOCA EN CUANTO SE CALIFICÓ AL ENCAUSADO COMO AUTOR Y NO COMO COAUTOR, CONFORME LO ARGUMENTADO EN EL CONSIDERANDO II DE LA SENTENCIA, LO QUE CORRESPONDE AL CASO ” (fs. 1332/1343). III) Contra dicha sentencia la defensa del encausado interpuso el recurso de casación en estudio (fs. 1349/1359vto.). En lo medular, expresó lo siguiente: - Afirma que se infringieron las normas relativas a la caducidad y a la prescripción. Según la sentencia impugnada, la instauración del gobierno de facto amerita que legalmente no corresponda tomar en consideración dicho período a efectos del cómputo del plazo prescriptivo. Por tal motivo, la Sala entendió que la prescripción no operó. Refiere que la sentencia individualizó que el homicidio se consumó el 19 de agosto de 1973. En verdad, en el período de referencia la justicia uruguaya no se vio impedida de actuar. La sentencia parte del razonamiento que desde el 27 de junio de 1973 el Poder Judicial perdió por completo su autonomía y su capacidad de juzgar. Ello es un error, pues muchos magistrados continuaron ejerciendo sus funciones. No es cierto que hasta el 1º de marzo de 1985 el Estado, en tanto titular de la acción penal, se haya visto impedido de actuar. Esa falta de voluntad del Estado de actuar no puede perjudicar al enjuiciado. La dilación en el juzgamiento no solo debe apreciarse desde la perspectiva de la voluntad del Estado, sino desde la perspectiva del justiciable. Afirma entonces que el plazo prescriptivo debe computarse desde el año 1973, por tanto la imputación del homicidio debe ser desestimada por haber operado la prescripción de las conductas imputadas. Aduce que aún admitiendo que el plazo comenzó a correr el 1º de marzo de 1985, todos los delitos estarían, igualmente, prescriptos a partir del 1º de marzo de 2005. - Sostiene que se infringieron las normas que regulan la obediencia al superior (arts. 17 del Código Penal Militar y 29 del Código Penal). El Tribunal para no hacer lugar a la eximente, expresa que no hubo causa de justificación, en tanto las órdenes impartidas eran genéricas y no habilitaban a cometer los abusos que se llevaron a cabo. Vale decir, no debieron ser acatadas, por lo que resulta inadmisible sostener que el encausado actuó en el marco de dicha causa de justificación. Refiere el impugnante que los hechos imputados no son ciertos, pero, aun si lo fueran, se encontraría eximido de responsabilidad conforme lo disponen las normas relativas a la obediencia debida. - Alega que se infringieron las reglas relativas a la valoración de la prueba (art. 174 del C.P.P.). La defensa cuestionó el valor de la prueba testimonial recabada en primera instancia y validada por el fallo de segunda instancia. Se trata únicamente del testimonio de BB el cual manifestó no conocer a AA, ni haberlo visto. Ello deja en evidencia la falta de prueba que permita arribar a un fallo de condena Asimismo, esta infracción a las reglas de valoración de la prueba, deriva en una infracción al principio “in dubio pro reo” consagrado en los artículos 72 y 332 de la Constitución. IV) A fojas 1379/1384, compareció el Fiscal Letrado especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, abogando por el rechazo del recurso. V) En idéntido sentido se pronunció el Fiscal de Corte, a través del dictamen nro. 626, de fecha 3 de agosto de 2018 (fs. 1388/1396vto.). VI) Por auto nro. 2104, de fecha 8 de agosto de 2018, se dispuso el pasaje a estudio sucesivo (fs. 1398) y culminado el estudio, se acordó el dictado de sentencia para el día de hoy. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales –aunque por fundamentos parcialmente diferentes- desestimará el recurso de casación interpuesto por el encausado, por las razones jurídicas que se expresarán, pues ninguno de los agravios articulados como sustento de la casación resultan eficientes para resolver en sentido contrario a lo decidido en segunda instancia. II) De la defensa de prescripción . II.1) En cuanto a la defen-sa de prescripción invocada, los Dres. Eduardo TURELL, Bernadette MINVIELLE, Luis TOSI y la redactora, revalidarán lo sostenido en sentencia nro. 1.585/2016, cuyos fundamentos, por resultar enteramente trasladables al caso de autos, se pasarán a transcribir: “ Entienden que es cuestión zanjada por la jurisprudencia (Sentencias Nos. 1501/2011 y 935/2015 de la Suprema Corte de Justicia) que no es computable el período del régimen de facto para calcular el plazo de prescripción de la acción penal, ya que durante ese tiempo su titular estuvo impedido de promover las investigaciones correspondientes. Asimismo, para el caso concreto, tampoco cabe computar el período de vigencia de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Ley No. 15.848). En tal sentido, cabe partir de la interpretación de las normas contenidas en los arts. 117 a 125 del Código Penal para determinar si la prescripción prevista en ellos afecta a la norma sustantiva que determina el delito, o a la adjetiva, es decir, a la acción para hacer valer en juicio las normas sustantivas. Los referidos artículos se encuentran en el Título VIII, Capítulo I del Código Penal, bajo el ‘nomen iuris’: ‘De la extinción de los delitos’, lo que haría pensar, ‘prima facie’, que la prescripción, como instituto extintivo, provocaría la eliminación del delito y no solamente la de la acción. Pese a que el legislador utilizó en forma indistinta dos expresiones que no son sinónimas: ‘extinción’ y ‘prescripción’ del delito, lo cierto es que, en todos los casos, el Código Penal está regulando materia procesal, esto es, la prescripción de la acción penal, lo que surge, sin hesitaciones, de la simple lectura del art. 120 y se infiere, sin mayor esfuerzo, de los arts. 121 y 122. Por lo tanto, tratándose de prescripción de la acción penal y no de extinción del delito, son de aplicación las normas procesales que regulan los plazos en la materia. En efecto, el art. 120 del Código Penal establece, bajo el rótulo: ‘De la interrupción de la prescripción por actos de procedimiento’, lo siguiente: ‘El término de la acción penal se interrumpe por la orden judicial de arresto, empezando a correr de nuevo, desde que el proceso se paraliza’. En los delitos en que no procede el arresto, el término se interrumpe por la simple interposición de la denuncia. Esta norma debe compatibilizarse con la contenida en el art. 122 del mismo cuerpo legal, que establece: ‘La prescripción no se suspende salvo en los casos en que la Ley hiciera depender la iniciación de la acción penal o la continuación del juicio, de la terminación de otro juicio civil, comercial o administrativo’. Si bien, prima facie, parecería que el principio en materia procesal penal sería que la prescripción de la acción penal admite los excepcionales motivos de suspensión regulados a texto expreso en el art. 122 del Código Penal, también es cierto que el Código del Proceso Penal (norma adjetiva penal) es posterior en el tiempo y admite su integración con otras normas del ordenamiento jurídico, en especial, aquellas atinentes al proceso civil. En este aspecto, el art. 87 del C.P.P. es claro al establecer que: ‘La iniciación, suspensión, interrupción, término y cómputo del tiempo en que puedan o deban producirse los actos del proceso penal se regularán, en lo pertinente, por las normas del proceso civil’, sin perjuicio de que, aun cuando no existiera este artículo, se podría llegar a la misma conclusión en virtud de la norma de integración contenida en el art. 6 del C.P.P. En su mérito, el art. 122 del Código Penal debe complementarse con el art. 87 del C.P.P. y, por esta vía, recurrir a las normas contenidas en los arts. 92 a 99 del Código General del Proceso para determinar las causales de suspensión de los plazos procesales. Por ende, el principio de suspensión de los plazos contenido en el art. 98 del C.G.P. es plenamente aplicable al proceso penal y, en especial, al plazo de prescripción de la acción penal. Ahora bien; en virtud de tales argumentos, corresponde analizar si el dictado y la posterior vigencia de la Ley No. 15.848 configura una causal de suspensión del cómputo del plazo de prescripción de la acción penal. Siguiendo a Vescovi y a sus colaboradores en el Código General del Proceso, Anotado, comentado y concordado, Tomo 2, págs. 376 y 377, corresponde señalar que: Nuestra legislación admite (...) el principio general de suspensión de los plazos en caso de impedimento por justa causa, desde que éste comienza y hasta que cesa. La admisión se realiza con carácter sumamente restrictivo, ya que no cualquier razón o circunstancia constituye causa o fundamento ‘justo de impedimento, en la terminología legal, sino sólo aquellas hipótesis que configuren fuerza mayor o caso fortuito (...). Por ‘fuerza mayor’ ha de entenderse aquella que inhibe u obstaculiza totalmente la voluntad de la parte de realizar el acto, de carácter imprevisto e irresistible. La doctrina por lo general sostiene que caso fortuito y fuerza mayor constituyen expresiones equivalentes, y que pese a la falta de definición legal, ambas refieren a hechos cuya nota principal es la irresistibilidad (ya que niega autonomía a la imprevisibilidad frente a aquella). Esa nota de irresistibilidad coloca al sujeto en una situación de imposibilidad absoluta de realizar el acto, es decir, no se trata de una mera dificultad, sino de un obstáculo insuperable para la voluntad humana. Esa imposibilidad, en materia procesal, puede ser objetiva (en iguales circunstancias ningún sujeto hubiera podido resistir la fuerza contraria; refiere fundamentalmente al objeto del acto) o subjetiva (ese sujeto en especial vio obstaculizada de modo insuperable su voluntad) . En virtud de tales fundamentos, cabe sostener que la vigencia de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado significó un claro obstáculo insuperable (irresistible) para el ejercicio de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público. Ello, por cuanto el ámbito preciso para la investigación, resolución, imputación y reproche a los responsables de hechos de naturaleza delictiva es, únicamente, la justicia penal que funciona en la órbita del Poder Judicial. Lo único cierto es que, durante la vigencia de la Ley de caducidad, el Ministerio Público se vio impedido de ejercer su poder-deber de acción, situación jurídico procesal que debemos diferenciar bien de aquella en la que se encuentran los restantes sujetos procesales que tienen el derecho o la potestad de accionar en otras materias. Los delitos objeto de investigación e imputación provisoria en autos son reatos que no requieren la instancia del ofendido, razón por la cual el Ministerio Público se encontraba, ante el conocimiento de éstos, en situación de poder-deber de llevar adelante la correspondiente acción penal, mandato legal que no pudo cumplir mientras existió el obstáculo que significaba, para el cumplimiento de sus funciones, la vigencia de la Ley No. 15.848 en el caso concreto. Se coincide, entonces, con lo expuesto por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4to. Turno en Sentencia No. 185/2014, en que el reinicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción penal debe ubicarse en el momento en el cual habría de entenderse removido el obstáculo que provocaba la suspensión del plazo, momento que no es otro que el que se verificó en alguna de las tres hipótesis legales que, con absoluta claridad, la Sala indicó la referida sentencia, a saber: a) A partir de la fecha en que eventualmente el Poder Ejecutivo hubiese emitido un nuevo informe en un caso concreto, excluyendo el hecho presuntamente delictivo de la caducidad operada legalmente. b) A partir de la fecha del dictado de la Resolución No. 322/2011 –verificada el 30 de junio de 2011–, por la que se revocaron por el Poder Ejecutivo los actos administrativos que dictara anteriormente, en cumplimiento de lo establecido en el art. 3 de la Ley No. 15.848, y se declaró que los hechos que ameritaron dichos informes no estaban comprendidos en el art. 1o. de la precitada Ley. c) A partir de la fecha de entrada en vigencia del art. 1o. de la Ley No. 18.831, que se estableció a contar de su promulgación, la que se verificó el 27 de octubre de 2011 ” . Pues bien, habida cuenta del marco fáctico de la presente causa -inmutable en casación-, de las premisas que vienen de formularse y conforme a la circunstancia de que el presente caso fue excluido de lo establecido por el art. 1° de la ley nro. 15.548, corresponde tomar como “dies a-quo” del cómputo prescripcional, el 19 de octubre de 2009 (fs. 51). En suma, por lo dicho, a juicios de los Ministros nombrados, el agravio es de rechazo. II.2) Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Jorge CHEDIAK, estima igualmente que corresponde desestimar los agravios articulados en el punto, aunque por fundamentos diferentes a los expresados por la mayoría de los integrantes de la Corte. A saber. II.2.1) Del período transcurrido durante el gobierno de facto . Señaló el impugnante que la Sala incurrió en error de derecho al no tomar en consideración el término transcurrido entre la fecha en que se habría cometido el delito (19 de agosto del año 1973) y la fecha en que finalizó la dictadura cívico-militar (28 de febrero de 1985). Pues bien, no le asiste razón en su planteo. En lo particular, el Dr. CHEDIAK ya ha tenido oportunidad de pronunciarse anteriormente en términos que, por resultar trasladables al “subexamine”, considera oportuno reeditar: “ La Corte considera que el cómputo del plazo de prescripción en casos como el de autos, en los que los hechos delictivos denunciados se cometieron por agentes estatales por móviles políticos durante el régimen militar pasado, debe guiarse por ciertos criterios o pautas jurídicas ya expuestos en anteriores ocasiones. Un primer aspecto a considerar es que no corresponde computar el período transcurrido durante el gobierno de facto pues, como expresara la Corte en sentencia No. 1.501/2011 (entre otras): ‘...si el titular de la acción penal, el Ministerio Público, estaba impedido de ejercer su poder-deber, no le pudo correr el plazo de prescripción’. Por lo tanto, queda claro que con independencia de la fecha en que el ilícito fue cometido, el término de prescripción recién comienza a correr a partir del 1o. de marzo de 1985. Una segunda cuestión a tener presente es que en supuestos de ilícitos como el investigado en el presente caso, contrariamente a lo sustentado por la Defensa, resulta aplicable lo preceptuado en el artículo 123 del Código Penal. Se dispone en esa disposición la elevación del término de prescripción en un tercio. En tal sentido, resultan trasladables los fundamentos expuestos por la Corte en sentencia No. 2.294/2011, cuando dice que: ‘...el especial régimen previsto en la disposición atacada para sobrepujar el término de prescripción del delito, no se funda, únicamente, en las características personales del individuo, sino que, además, se basa en la gravedad ontológica del delito...’ (Sentencia No. 378/2009), resultando entonces lógico concluir que la evaluación de peligrosidad del sujeto deba relacionarse con el momento en que el delito se consumó y no -como pretende el recurrente- a ‘parámetros actuales’ (Cf. Sentencia No. 1.501/2011 cit.) ” (cf. sentencia nº 127/2015, entre muchas otras). II.2.2) De la incidencia de la Ley nº 15.848 . A diferencia de lo expresado por los otros integrantes de la Corte, en opinión del Dr. CHEDIAK, la ley nº 15.848 no significó en el caso un obstáculo a las investigaciones y al normal funcionamiento del Poder Judicial. En la presente hipótesis, no emerge acreditado, por ejemplo, que el Juez de la causa o el Fiscal se hubiesen visto imposibilitados de actuar en razón de haber recibido del Poder Ejecutivo la comunicación de que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el art. 1 de la Ley 15.848. Por el contrario, conforme surge de fs. 51, la Presidencia de la República declaró que los hechos investigados no estaban comprendidos en el art. 1 de la mencionada ley. En consecuencia, a juicio del Sr. Ministro, la sola existencia y vigencia de dicho texto legal no puede considerarse como un impedimento con virtualidad interruptiva del transcurso del plazo de prescripción (cf. discordias extendidas en sentencias nros. 259/2016, 950/2016 y 1.585/2016). Conjuntamente con el Dr. Felipe HOUNIE y en un caso análogo al de autos, el Dr. CHEDIAK señaló: “ ... en el presente caso, no surge que la Ley No. 15.848 hubiera significado un obstáculo a las investigaciones y al normal funcionamiento del Poder Judicial. Ello, por cuanto obra en autos testimonio de la comunicación del Poder Ejecutivo–Presidencia de la República, suscrita por el Presidente de la República del momento el 27 de octubre de 2008, donde claramente se establece: ‘Devuélvanse estos antecedentes al Poder Judicial, declarándose el caso de CC no comprendido dentro del ámbito del artículo 1o. de la Ley No. 15.848’ (fs. 121 y 143). En consecuencia, dado que a lo largo de la presente instrucción nunca fue recibida una comunicación del Poder Ejecutivo señalando que los hechos investigados se encontraban comprendidos en el artículo 1o. de la Ley No. 15.848, esta norma no ha significado obstáculo alguno al normal ejercicio de las facultades del Tribunal ni del Ministerio Público y, por lo tanto, la sola existencia de dicho texto legal no puede constituirse en impedimento con virtualidad interruptiva del transcurso del plazo de prescripción. El Dr. Chediak puntualiza que en otras causas similares entendió que no correspondía contabilizar el período durante el cual por efecto de la Ley No. 15.848 las investigaciones se vieron impedidas de continuar su curso regular. Pero en esos casos, a diferencia del presente, el Juez de la causa y el Ministerio Público se habían visto efectivamente imposibilitados de actuar en razón de haber recibido del Poder Ejecutivo la comunicación de que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1o. de la Ley No. 15.848 ” (sentencia nº 127/2015). Sin perjuicio de lo ante-rior y, a partir de las pautas analizadas en el CONSIDERANDO Nro. II.2.1 y en virtud de lo establecido en los arts. 2 y 3 de la ley nº 18.831, resulta claro -siempre a criterio del Dr. CHEDIAK-, que en autos no se verificó la prescripción reclamada por el enjuiciado, razón por la cual corresponde rechazar este sector de la impugnación. III) De la “ obediencia debida” alegada por el encausado . Nuevamente, en este punto, resultan trasladables al caso los conceptos vertidos en la citada sentencia nro. 231/2016, ocasión en la que la Corte señaló: “ Nuestro Código Penal reguló el estado de necesidad en su artículo 27, disposición ubicada dentro del capítulo que regula las ‘causas de justificación’. Nuestra doctrina ha destacado que este capítulo regula básicamente supuestos de inculpabilidad, causas que excluyen la culpabilidad de la conducta (cf. Milton Cairoli, ‘El Derecho Penal Uruguayo y las nuevas tendencias dogmático penales’, T. I, FCU, 1a. Ed., pág. 310). El inciso final del artículo 27 establece que el estado de necesidad no se aplica al que tuviere jurídicamente el deber de afrontar el mal de que se trate, lo que echa por tierra el argumento de CC. Y si se considera el agravio como fundado en lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal, que ubica a la ‘obediencia debida’ como una causa de justificación, tampoco podría pros-perar, ya que el encausado no se encontraba en una situación de coacción o de temor que le impidiera abstenerse de realizar los actos objeto de las presentes actuaciones. Se coincide con Bayardo Bengoa en que: ‘(...) dentro de nuestra organización jurídico–política existe más que la facultad, el deber de analizar la orden superior, y ello por cuanto si bien la obediencia a los superiores tiene el carácter de un deber, para que la obediencia sea debida, quien imparte la orden debe hacerlo dentro de una esfera de licitud. Como lo ha sostenido la casación italiana, un límite al deber de obediencia consiste en la manifiesta ilegitimidad de la orden en el cual se tiene, no el derecho, sino el deber de desobedecer’ (Derecho Penal Uruguayo, T. II, págs. 167 a 173), (citado en sentencia No. 643/2012 de esta Corte) ”. Conforme a lo señalado, este sector de la impugnación tampoco puede recibir el amparo jurídico requerido por el enjuiciado. IV) De la errónea valoración de la prueba . En concreto, en punto a los agravios relativos a la valoración de la prueba, el Sr. Ministro Dr. Eduardo TURELL y la redactora, estiman que no es posible ingresar a la revalorización de los hechos, ni siquiera en aquellos casos en los que se denuncie una valoración absurda o arbitraria, tal como ya se ha sostenido en sentencia de la Corte nro. 117/2016 (entre otras). Por este solo motivo, el agravio es de pleno rechazo. Esta postura es solo parcialmente compartida por los Sres. Ministros Dres. Bernadette MINVIELLE, Luis TOSI y Jorge CHEDIAK, tal como lo sostuvieron recientemente en sentencia nro. 140/2019. En efecto, si bien los referidos Sres. Ministros entienden que, de regla, no es posible la revalorización de los hechos tenidos por probados, de todos modos, reivindican la jurisprudencia de la Corte que ha admitido la posibilidad de revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando éstas resultan arbitrarias, irracionales o contrarias a las reglas de la lógica. En dicho enfoque, comprarten lo señalado por Erik COLOMBO, en el sentido de que si bien la revalorización de la prueba resulta excepcional, la Corte -en base a la teoría del absurdo evidente- puede hacerlo cuando media error notorio, lo que equivale a manifiesto, patente, evidente, palmario, claro, ostensible. De este modo se abre un nuevo campo para la casación, el cual se admite con un entorno sumamente restrictivo, para realizar y actuar la justicia como último instrumento para evitar la iniquidad del fallo (cf. “Casación: Teoría del absurdo evidente”, RUDP 1/1983, págs. 57/58). Como bien postulan Gabriel VALENTÍN y Santiago GARDERES, el CPP no contiene una referencia similar a la del art. 270 del CGP, que incluye expresamente como error de Derecho, la infracción a las reglas legales sobre valoración de la prueba, los mismos argumentos que permiten revisar la aplicación de los criterios legales de valoración de la prueba en la casación civil, deben admitirse como fundamento de la casación penal. En esencia, la sana crítica es una regla legal, y si las conclusiones probatorias del fallo resultan claramente absurdas, esa regla legal de valoración probatoria se encuentra afectada (teoría del “absurdo evidente”, recogida en la jurisprudencia civil de la Suprema Corte de Justicia). En definitiva, expresan los comentaristas en términos plenamente compartibles, que el art. 270 inc. 2 del CPP no establece algo distinto de lo previsto con carácter general en el art. 270 CGP (“el recurso sólo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho...”), y la aclaración referida a la intangibilidad de los hechos debe interpretarse en ese marco conceptual clásico, sustentado en la distinción entre hechos y derecho, que no supone negar el carácter normativo (Derecho) de las reglas legales sobre valoración de la prueba (cf. “Código del Proceso Penal Comentado”, La Ley Uruguay, 1ª Edición, Montevideo, 2012, pág. 638). Ya Dante BARRIOS DE ANGELIS enseñaba, en su señero trabajo, que hay error de derecho cuando se incurre en error al aplicar las normas en materia de prueba (cf. “Cuestiones...”, cit., pág. 586). Bajo tales premisas y en base a lo prescrito por el art. 270 del C.P.P., los referidos Ministros estiman que el razonamiento probatorio de la Sala no resulta, ni absurdo, ni arbitrario, único caso en el que se justificaría su corrección en casación. Por añadidura, entienden que tampoco se infringió el principio de “in dubio pro reo”, pues del material fáctico tenido por acreditado, surgen elementos contundentes respecto a la culpabilidad del recurrente. V) De las costas y costos . Conforme a la correcta conducta procesal desplegada por las partes, no se impondrá condena causídica alguna. Por lo expresado y normas legales citadas, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : I) DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL . II) HONORARIOS FICTOS: 30 B.P.C. III) NOTÍFIQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.