Sentencia Definitiva N° 1.157/2019

Montevideo, treinta de mayo del dos mil diecinueve VISTOS: Estos autos caratulados: “PULERO, BERTA Y OTRO C/ I.N.A.U. - DEMANDA LABORAL - CASACIÓN” –IUE: 317-851/2016 RESULTANDO: 1.- A fs. 14 y ss. comparecieron las Sras. Berta Patricia Pulero y Dora Angélica Duré, oportunidad en la que promovieron demanda laboral contra el Instituto de la Niñez y de la Adolescencia del Uruguay (en adelante, I.N.A.U.). 2. - A fs. 75 y ss. evacuó el traslado el I.N.A.U., quien contestó la demanda, abogando por la desestimatoria. 3. - Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 207/2017, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Fray Bentos de 2º Turno, el día 7 de noviembre de 2017, se falló: “ Desestímase la demanda incoada en autos. Costas y costos por el orden causado” ( fs. 146-160). 4. - Por sentencia definitiva de segunda instancia DFA-0009-000435/2018 SEF-0009-000147/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, el día 3 de octubre de 2018, se falló: “ Confírmase la sentencia de primera instancia, sin especial condenación procesal” (fs. 206-211 vto.). 5. - A fs. 214 y ss. compareció la parte actora, oportunidad en la que interpuso el recurso de casación en estudio. En síntesis, expresó, lo siguiente: a) La Sala no aplicó y desatendió, erróneamente, un conjunto de normas que garantizan a las co-accionantes los derechos reclamados en autos (art. 55 de la Ley Nº 12.996; art. 535 de la Ley Nº 16.170; art. 391 de la Ley Nº 15.809 y art. 229 de la Ley Nº 15.903). b) Asimismo, la Sala infringió lo dispuesto en los arts. 197 y 198 del C.G.P. en la medida de que no analizó los agravios articulados contra la sentencia de primera instancia en los numerales 6 a 10 del recurso de apelación. También aplicó erróneamente los arts. 16 del C.C. y 7, 8, 53, 54, 72 y 332 de la C.N.; así como, las leyes Nos. 10.449, 15.996, 7.318, 12.590 y D.L 14.977. c) La impugnada al afirmar que las actoras no aprecian debidamente la importancia del rol que cumplen al acoger en su hogar a niños y/o adolescentes interpretó equivocadamente el art. 2 de la Ley Nº 15.977. Ello por cuanto, la función que desempeñan (Cf. el Decreto 580/87) le corresponde al Estado, quien no ha encontrado la forma para prestarla. d) El Tribunal efectuó una errónea aplicación del concepto jurídico de relación laboral. La parte actora acreditó en debida forma la existencia de la relación de trabajo, habiéndose sustanciado prueba clara y concluyente de hechos concretos que relevan que los servicios fueron prestados en carácter subordinado. e) La recurrida yerra al afirmar que no es posible que exista una vinculación de tipo laboral entre los particulares y el Estado, sino que, solo se admite el arrendamiento de servicios y la relación en régimen de funcionario público. En realidad, no existe libertad para elegir la forma jurídica de la relación de trabajo, encontrándose el trabajador en un absoluto plano de desigualdad. En este sentido, el Tribunal desatiente el principio de primacía de la realidad. f) Se equivocó la Sala al afirmar que las particularidades de las tareas de la cuidadora, así como el vínculo especial que se crea con la demandada, la familia alternativa y el niño (arts. 6 y 10 del Decreto 580/87 y 9 del Reglamento) no resultan compatibles con las notas caracterizantes de una relación laboral. Que el trabajo se desarrolle en el domicilio de las trabajadoras, no obsta la existencia del vínculo laboral. Si no se puede ejercer el control disciplinario es porque el contrato de trabajo en este caso tiene esa peculiaridad de protección del menor. Lo mismo sucede con el horario de trabajo. Por otra parte, no se puede fundar la inexistencia de la relación laboral en la propia omisión de la demandada en ejercer el control. Máxime si se tiene en cuenta que la formas en que se ejerce el poder disciplinario puede variar según las particularidades de la relación. g) Finalmente, la sentencia atacada no toma en consideración la Ley orgánica del I.N.A.U. (Ley Nº 15.977), de la que emerge que la actividad de las cuidadoras se encuentra dentro de sus cometidos esenciales (art. 2). Emerge de la prueba obrante que las cuidadoras cumplen cabalmente con esa obligación asumida por I.N.A.U., por lo que el enfoque de la Sala conduce a la conclusión absurda de que esta función se equipara a la de un voluntario. h) En definitiva, solicitó que se ampare el recurso de casación impetrado y, en su mérito, de haga lugar a la demanda en todos sus términos. 6 .- A fs. 224 y ss. la parte demandada evacuó el traslado conferido, abogando por la desestimatoria. 7 .- Franqueada el recurso de casación (fs. 236), los autos fueron recibidos por el Cuerpo el día 6 de diciembre de 2018 (fs. 241). 8. - Por resolución Nº 72/2019, de fecha 4 de febrero de 2019, se dispuso el pasaje de estudio y autos para sentencia. CONSIDERANDO: 1.- La Suprema Corte de Justicia desestimará el recurso de casación interpuesto. 2.- Agravios relativos a la errónea aplicación de los arts. 197 y 198 del C.G.P . Señaló la impugnante que el Tribunal vulneró lo dispuesto en los arts. 197 y 198 del C.G.P. ya que no analizó los agravios articulados contra la sentencia de primera instancia en los numerales 6 a 10 del recurso de apelación (fs. 164 y ss.). El agravio no resiste el menor análisis. En efecto, resulta suficiente con leer la recurrida (fs. 207 y ss.) para advertir que la Sala analizó cada uno de los puntos esgrimidos por la parte actora al interponer el recurso de apelación, por lo que no le asiste razón a la recurrente. 3.- En cuanto a los restantes agravios , la Corporación ya ha tenido oportunidad de pronunciarse anteriormente en supuestos en los que, por ser análogos al de autos, corresponde reeditar lo oportunamente expresado. En sentencia 437/2012, señaló la Suprema Corte de Justicia: “En primer término corresponde destacar que las recurrentes, en lo medular, cuestionaron la naturaleza jurídica del vínculo que unió a los actoras con el I.N.A.U., la subsunción de los hechos dados por probados por la Sala de mérito, para determinar si fueron correctamente ingresados en el concepto jurídico de contrato de trabajo, imputándole también el desconocimiento del principio de ‘primacía de la realidad’. La Corte ha sostenido reiteradamente que la existencia o no de relación de trabajo subordinado es ‘quaestio iuris’; en cambio, son ‘quaestio facti’ los hechos y circunstancias que conforman su realidad histórica. La corrección de la tipificación jurídica de tales hechos, relevados por el órgano de mérito, puede ser, por tanto, reexaminada en el grado, por implicar, la errónea subsunción, infracción de derecho (cf. entre otras, Sents. Nos. 862/95, 867/96 y 185/98, 14/01, 408/2003, 8/07, 6/10 y 462/10 e/o). Por ello, al examinar la relación entre las partes, si ésta constituyó o no una relación de carácter laboral, la Corporación considera que de acuerdo con el informativo histórico relevado, no existió, por parte del Tribunal, errónea aplicación del concepto jurídico ‘relación laboral’, por lo que desestimará la pretensión casatoria ejercitada por la parte actora. (…) Cabe recordar que la relación laboral debe ser acreditada por quien alega su existencia cuando la parte demandada lo niega (art. 139 C.G.P.), teniendo la carga, la actora, de adjuntar prueba clara y concluyente de hechos concretos que revelaran que los servicios prestados para la accionada fueron de carácter subordinado. Es decir que, como fue expuesto en Sentencia No. 181/2005 por la Corporación: ‘Lo que interesa fundamentalmente en el contrato de trabajo es que el servicio, cualquiera sea su naturaleza, se preste en forma subordinada (cf. Nicoliello en R.D.L., T, XIV, pág. 252)’. Sobre el punto cabe recordar que la Corte en Sentencia No. 343/00, indicó que para que se tenga por configurada la subordinación jurídica se requiere la presencia de dos elementos: ‘...uno que es la facultad jurídica del patrono, en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, instrucciones y órdenes convenientes para obtener el fin que se ha propuesto la empresa y otra es la obligación, también jurídica del empleado, de cumplir con esas normas cuando presta su labor (cfr. De la Cueva: ‘El nuevo derecho mexicano del trabajo’, Tomo I pág. 203)...’. ‘ Y tal como sostiene D. Rivas, la subordinación jurídica, que permite diferenciar al trabajador subordinado y por ende protegido, del trabajador autónomo, supone fundamentalmente el poder del empleador de organizar (determinación por el empleador de cuál es la manera más idónea de utilizar la prestación del trabajo para lograr el resultado empresarial que se persigue); dirigir (dar órdenes relativas al modo, al lugar y al tiempo de la ejecución de las tareas realizadas por el trabajador); controlar (a efectos de que la prestación se adecue a la organización y órdenes impartidas); y disciplinar la actividad de éste (la sanción del incumplimiento del trabajador es una manifestación directa de la subordinación) (´Los indicios del trabajo subordinado en la jurisprudencia nacional´ Rev. Jud. No. 36 pgs. 76 a 80)’ (Sentencia No. 38/2004 S.C.J.). ‘ Asimismo existen otros criterios ‘complementarios’ o ‘sustitutivos’ idóneos para poner de manifiesto la subordinación, tales como: la continuidad entendida como permanencia o estabilidad de la relación, o referida a la prestación; la profesionalidad, entendida como el empleo u oficio que cada trabajador tiene y ejerce públicamente a cambio de un salario; la ajenidad de los frutos del trabajo cuya atribución corresponde inicial y directamente al empleador; y la ajenidad del trabajador en relación con la propiedad de los medios de producción y la organización empresarial; etc. (D. Rivas, op. cit. Pgs. 82 y 83).’ ‘ Y expresa por último el autor citado, que existe un tercer conjunto de elementos indiciarios con la función residual de reforzar los elementos reseñados anteriormente. Entre ello se destacan: el cumplimiento de un horario; la forma y modalidades de remuneración, esto es, el pago de rubros salariales, etc.’ (Sents. cit.). (…) Ahora bien, partiendo de los hechos dados por probados por el órgano de mérito, corresponde analizar si la subsunción de los mismos dentro de la norma jurídica a aplicar fue realizada en forma correcta. Y al respecto, se entiende que el material fáctico obrante en autos no habilita a tener por configurada la existencia de un contrato laboral entre la parte actora y el demandado, habiendo realizado la Sala una correcta valoración de la prueba allegada a la causa, resultando acorde la misma con las reglas de la sana crítica. Jurisprudencialmente el punto ha sido objeto de numerosos fallos. La Corte ha expresado que, para que se entienda configurada la subordinación jurídica se requiere la facultad jurídica del patrono, en virtud de la cual puede dictar lineamientos, instrucciones y órdenes, situación que como fue puesto de manifiesto por la Sala, no se da en el caso de las actoras, ya que: ‘...Si bien la demandada –como responsable legal del niño o adolescente ejerce funciones de contralor y seguimiento de ellos y de la Cuidadora, no resulta procedente confundir dicha situación con la existencia de la subordinación jurídica definidora de la relación laboral, entendida como poder de dirigir la actividad de ejecución, el dictado de órdenes en la modalidad de ejecución. Por el contrario, el aporte probatorio documental reunido en estos autos...revela la ausencia de la posibilidad del poder de la demandada de dirigir, controlar y disciplinar la actividad de las actoras’ (fs. 869 vto.). Como indicó el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7mo. Turno, en Sentencia No. 190/2011 ‘... la actividad en cuestión está regulada por el Decreto 580/1987 que aprueba el denominado Reglamento de Cuidadoras (...), extremos en puridad no controvertidos, donde -en lo atinente al tema en debate– constan las obligaciones que deben asumir (...), sin poder soslayarse que aparecen como naturales y propias de la principal, cual es la de proporcionar a los menores a su cargo todos los cuidados que aseguren su correcta formación integral, refiriendo en forma expresa pero no taxativa a alimentación, ropas, cuidados de salud, instrucción, capacitación, ‘etc.’... Tampoco encuadra la situación en una relación de trabajo privada, atento a las peculiaridades y finalidad que involucra la tarea de las Cuidadoras, vinculada con la necesidad de encontrar mecanismos que habiliten insertar a niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad en un entorno familiar, donde se ofrecen para recibirlos en su domicilio para encargarse de su cuidado con específicas obligaciones a los efectos de cumplir la tarea en beneficio de los mismos. No obstante, lo antes expresado no revela la existencia de una relación de subordinación, tornando improcedente su asimilación a una laboral, pues -si bien es cierto lo afirmado por la a-quo en cuanto a que el INAU establece pautas para seleccionar las personas para desempeñar ese rol y también respecto de lo que debe acontecer con el menor mientras se encuentre en el hogar de alternativa, e inclusive se alude a obligación de concurrir a controles médicos, etc. o necesidad de comunicaciones o autorizaciones para desplazamientos- ello debe considerarse enmarcado en la responsabilidad del instituto de garantizar el ejercicio de derechos básicos para quienes ingresen en este sistema. En modo alguno podría interpretarse como nota de subordinación, sino que debe entenderse implícito en la obligación legal que recae sobre INAU de velar por la situación de los menores confiados a las Cuidadoras, subsistiendo su responsabilidad institucional por los mismos’. ‘ De conformidad a lo expuesto, se impone concluir que la calificación jurídica realizada por el Tribunal con respecto al vínculo existente entre las actoras y el instituto, se adecuó a los resultados de la prueba existente en autos, en tanto quedó debidamente acreditado que las actoras no estuvieron vinculados al demandado por una relación de dependencia de naturaleza laboral’. (…) Por último, tampoco es de recibo el agravio basado en que no correspondía aplicar la teoría de los actos propios, en función del principio protector. En primer lugar, se advierte una errónea consideración del recurrente en lo que se relaciona con el alcance del principio protector, en la medida que el mismo, en sus tres modalidades (‘regla in dubio pro operario’, ‘regla de la norma más favorable’ y ‘regla de la condición más beneficiosa’), cobra sentido el supuesto de interpretación de las normas y no cuando, como en el caso, se trata de valorar un hecho concreto (atraso en el ejercicio de la acción) (cfme. Sent. T.A.T 1 No. 359/07). Por lo demás, conforme la posición expuesta por la Corporación en Sentencia No. 6/2010, ‘...se trata de la aplicación del principio constitucional de la buena fe, del cual el ‘verwinkung’ o retraso desleal del ejercicio de la acción constituye una concreción en el ámbito de la ejecución de las obligaciones, conforma un fuerte indicio contrario a la fundabilidad de la pretensión el hecho de que transcurrieron largos años de ejecución del convenio sin que los hoy demandantes iniciaran acción alguna. Así lo indica el Dr. Garmendia en su consulta, cuando señaló que: “Durante más de veinte años los Agentes (omissis) no invocaron jamás su presunta condición de trabajadores dependientes, lo que representa un dato insoslayable de la realidad y fundamental para comprender de qué forma fue percibida la realidad por sus propios protagonistas’” (Cfme. Sentencias Nos . 664/2012, 631/2012 y 657/2012). Con tales antecedentes, el rechazo del recurso interpuesto por la parte actora se impone. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia FALLA: DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN IMPETRADO, CON COSTAS Y COSTOS EN EL ORDEN CAUSADO (ART. 279 DEL C.G.P.). HONORARIOS FICTOS: 20 B.P.C. NOTIFÍQUESE Y DEVUÉVASE.