Sentencia Definitiva N° 1.150/2019

Montevideo, treinta de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “FALCÓN, DIOLMERINA Y OTROS C/ SENTENCIA DFA-0010-000306/2017, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE APELACIONES DE FAMILIA DE 1ER. TURNO - RECURSO DE REVISIÓN” , IUE: 1-4/2018 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de revisión interpuesto contra la Sentencia Definitiva de Segunda Instancia SEF 0010-0000060/2017 DFA 0010-000306/2017, dictada por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1º Turno, el día 23 de marzo de 2017, en los autos caratulados: “ FALCÓN HERNÁNDEZ, DIOLMERINA, WIL-SON, DIEGO Y AQUILES HERNANDEZ HERNANADEZ, DEOLMERINA, FALCÓN HERNÁNDEZ, HUGO Y JACINTA – PARTICIÓN” I.U.E. 468-542/2012. RESULTANDO : I) Diego Falcón Cabral, padre de los recurrentes, falleció el día 31 de diciembre del año 1977. Su acervo sucesorio se componía de un único bien inmueble, consistente en un padrón rural identi-ficado con el No. 7409, ubicado en la primera sección catastral de Cerro Largo (Paraje Puntas de Conventos) con una extensión de 62 hectáreas y 763 centiáreas. Su sucesión fue abierta judicialmente y fueron declarados únicos y universales herederos sus hijos legítimos Hugo, Jacinta, Diego, Aquiles, Wilson, Diolmerina y Zully Falcón Hernández; sin perjuicio de los derechos de la cónyuge supérstite Deolmerina Hernández Hernández. II) El día 12 de noviembre del año 2012, Diolmerina, Wilson, Diego y Aquiles Falcón Hernández, comparecieron ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de 5º Turno a promover la partición judicial del inmueble de la sucesión de su padre (fs. 2-4 de los autos caratulados “ Falcón Hernández, Diolmerina, Wilson, Diego Y Aquiles Hernández Hernández, Deolmerina, Falcón Hernández, Hugo y Jacinta – Partición” I.U.E. 468-542/2012.). A la referida pretensión se opuso su hermano Diego Falcón Hernández, quien postuló que los pretensores carecían de legitimación activa porque oportunamente habían cedido sus derechos hereditarios sobre la sucesión de su padre. Argumentó que el día 21 de febrero de 1984 sus hermanos, Sully o Zully y Aquiles Falcón Hernández prometieron cederle sus derechos hereditarios y, su madre, Deolmerina Hernández Hernández prometió, en ese mismo acto, cederle sus derechos como porcionera. A su vez, el día 22 de febrero de 1985, Diego, Wilson y Diolmerina Falcón Hernández prometieron cederle sus derechos hereditarios (ver fs. 106-107). Añadió que desde esa última fecha (1985) hasta el presente, ha poseído el bien como dueño, cuidado del predio, abonado los gastos de manutención, contribución y demás, a vista y paciencia de vecinos. Lo ha hecho con título hábil y buena fe, por cuanto suma a los derechos emanados de la documentación auténtica que le confiere derecho la ejecución de esos contratos, la posesión y el transcurso del tiempo en el ejercicio de sus derechos de dueño. III) Durante el curso del pro-ceso se ordenó formar pieza separada (autos caratulados “Falcón Hernández, Hugo C/ Falcón Hernández, Diolmerina y Otros. Pieza incidental por prescripción” IUE 468-519/2013) a efectos de resolver, de forma incidental, sobre la prescripción de la acción para pedir la partición (art. 1.150 del C.C.) que fuera planteada como defensa (fs. 32). En dicho incidente, por Sentencia No. 4583/2015, de fecha 16 de octubre de 2015 (fs. 84-90) se rechazó la excepción de prescripción de la acción de partición opuesta. IV) Por su parte, en el pro-ceso principal, por Sentencia de Primera Instancia No. 98/2016, de fecha 17 de agosto de 2016 (fs. 135-149 de los autos caratulados “ Falcón Hernández, Diolmerina, Wilson, Diego Y Aquiles Hernández Hernández, Deolmerina, Falcón Hernández, Hugo y Jacinta – Partición” I.U.E. 468-542/2012) se desestimó la demanda al concluirse que los promotores carecen de legitimación activa para pedir la partición. La decisión se fundamentó en que, más allá de las formalidades de los documentos en los que el negocio jurídico de cesión de derechos hereditarios se instrumentó, Hugo Falcón Hernández adquirió por medio de los contratos celebrados en 1984 y 1985, los derechos sucesorios de sus hermanos. En consecuencia, se sustituyó en los elementos activos y pasivos que se le prometieron transmitir como heredero enajenante por sucesión a título universal por causa de muerte. Por tal motivo, concluyó la decisora de primera instancia que los actores care-cían de legitimación activa para pedir la partición y desestimó su pretensión. En segunda instancia, por la sentencia ahora impugnada (DFA 0010-000306/2017 SEF 0010-000060/2017, de fecha 23 de marzo de 2017 -fs. 182-190 de los referidos autos-) se mantuvo la decisión del grado precedente, empero, por otros fundamentos. En efecto, la Sala entendió que Hugo Falcón Hernández poseyó el inmueble con título hábil desde el año 1985 y, por lo tanto, lo adquirió por prescripción adquisitiva. Indicó que el título está compuesto por las cesiones de promesa oportunamente otorgadas con sus hermanos en los años 1984 y 1985 que, si bien no se trata de un título perfecto, es un título al fin. La posesión detentada por el Sr. Hugo Falcón Hernández desde 1985 ha sido, a juicio de la Sala, con justo título y buena fe, por lo que resulta hábil para adquirir el dominio del inmueble al amparo de lo previsto en los arts. 1204, 1296 y concordantes del C.C. V) En el subexamine, los Sres. Diolmerina, Wilson, Diego y Aquiles Falcón Hernández, promovieron el recurso de revisión en examen contra la referida sentencia de segunda instancia (fs. 18 y ss.). Denunciaron que la sentencia, cuya revisión pretenden, contraría manifiestamente el principio de congruencia (art. 198 del C.G.P.), porque se pronuncia sobre la prescripción adquisitiva del inmueble cuando éste fue un aspecto que no formó parte del objeto del proceso. La Sala confirmó la sentencia de primera instancia excediendo el marco de los actos de proposición (en este caso, de los agravios y su contestación) y contradiciendo en forma expresa dos sentencias ejecutoriadas que se dictaron en el litigio entre las mismas partes. Indicaron que la Sala soslayó la relevancia de la sentencia dictada en el incidente que rechazó la excepción de prescripción extintiva treintenaria al amparo de lo previsto en el art. 1.150 del C.C. Argumentaron que el carácter declarativo de dicha sentencia determina que no resulte un obstáculo para ingresar ( iura novit curia ) al estudio de la posesión detentada por el coheredero a los efectos de la prescripción adquisitiva del único bien integrante de la universalidad objeto de la pretensa partición. El criterio en el cual la Sala funda la revisión de lo decidido en una sentencia judicial ejecutoriada, es profundamente erróneo. La clasificación de las sentencias en función de su contenido o de la especie de proceso de conocimiento al que la sentencia pone fin o la naturaleza de la pretensión hecha valer en el proceso, tiene un origen doctrinario carente de sostén legal. La Sala no se funda en una regla de derecho positivo, sino en meras elaboraciones doctrinarias. No existe en el ordenamiento legal ninguna disposición que permita diferenciar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia en base a la clasificación de la misma, de acuerdo con las enseñanzas de la doctrina. En este caso, la sentencia dictada en el incidente que desestimó el excepcionamiento de prescripción extintiva de la pretensión opuesto por el codemandado Hugo Falcón Hernández, fue desconocida. En esa sentencia la decisora afirmó que la posesión que se hubiera requerido probar para que la misma fuese admitida, debería tener los mismos caracteres que la necesaria para declarar la usucapión. En consecuencia, la declaración de falta de fundamentos de la pretensión del codemandado es más extensa y excluye la posibilidad de que se dicte una sentencia amparando la pretensión de que este hubiese adquirido por prescripción el inmueble de origen sucesorio. La sentencia dictada en el incidente fue consentida y adquirió eficacia de cosa juzgada. No existe ningún fundamento legal ni regla de derecho positivo que habilite a un Tribunal a revisar y desconocer la eficacia de la cosa juzgada de la sentencia desestimatoria del excepcionamiento de prescripción extintiva y de la correlativa prescripción adquisitiva treintenal. La sentencia que así lo hace es mani-fiestamente ilegal, causa agravio y es susceptible de ser revisada. En otro orden, también es-grimieron que la sentencia de la Sala contraría la cosa juzgada de la Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 98/2016, de fecha 17 de agosto de 2016, en los puntos en que ha adquirido eficacia de cosa juzgada. La sentencia de primera instancia se refiere expresamente a la defensa de pres-cripción adquisitiva opuesta por el codemandado. Tanto a la prevista por el art. 1.211 del C.C. (treintenaria) como la regulada por el art. 1.204 del mismo cuerpo normativo; es decir, la de diez años con justo título y buena fe. Del análisis de la defensa surge que estos argumentos del accionado Hugo Falcón Hernández, fueron implícitamente desestimados en la sentencia, en virtud de que su decisión no se había incluido en el objeto del proceso. Por ende, no correspondía un pronunciamiento al respecto en la decisión y, en su mérito, debería el interesado haber hecho valer por otra vía los derechos que estimaba que le correspondían. En la medida de que esta exclusión expresa de la decisión sobre la pretensión del demandado (en virtud de su no inclusión en el objeto del proceso) constituye un antecedente lógico de la deci-sión, la misma ha adquirido la calidad de cosa juzgada y resulta inmutable. No fue impugnada en actitud coincidente con la observada al tiempo de la determinación del objeto del proceso y de la prueba. En definitiva, la sentencia que se impugna en cuanto decide acogiendo la excepción de prescripción opuesta por el codemandado Hugo Falcón Hernández y la prescripción corta (posesión por diez años con justo título y buena fe, art. 1204 del C.C.), resulta contradictoria con la sentencia de primera instancia en cuanto había adquirido eficacia de cosa juzgada. Es decir, en todos aquellos puntos que resultan consentidos, en la medida en que no se impugnó ni se expresaron agravios en relación con la decisión implícita contenida en dicha sentencia. Afirmaron que la resolución que se impugna, por todo lo expuesto, no se ajusta a Derecho por resultar contradictoria con dos sentencias ejecutoriadas dictadas con anterioridad entre las mismas partes . VI) Por Sentencia Interlocutoria No. 392/2018, de fecha 12 de marzo de 2018 (fs. 26), se decidió dar ingreso al recurso de revisión interpuesto y oficiar al Tribunal de Apelaciones de Familia de 1º Turno, solicitándole los autos en los que recayó la sentencia impugnada. Asimismo, por Resolución No. 523/2018, de fecha 21 de marzo de 2018, se ordenó librar oficio al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de 4º Turno (fs. 43). VII) Recibidos los autos solicitados (fs. 49), por Decreto No. 1655/2018, de fecha 18 de junio de 2018, se emplazó a los Sres. Hugo Falcón, Diolmerina Hernández, Zully Falcón y Jacinta Falcón. VIII) El recurso fue evacuado por el coaccionado Hugo Falcón, quien abogó por su desestimatoria (fs. 64-67 vto.). IX) Se diligenció la prueba ofrecida (fs. 70 y ss.). X) Por Auto No. 3506/2018, de fecha 26 de noviembre de 2018 (fs. 87), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia, al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros, desestimará el recurso de revisión impetrado, con costas y costos de cargo de los recurrentes (art. 292 del C.G.P.). II) En lo sustancial, los re-currentes pretenden la revisión de la sentencia atacada sobre la base a la causal prevista en el art. 283 num. 4º del C.G.P., que establece que la revisión procederá cuando: “... la resolución fuere contraria a otra an-terior que tuviere entre las partes autoridad de cosa juzgada, siempre que no hubiere recaído pronunciamiento sobre la respectiva excepción ”. Concretamente, denuncian que la sentencia objeto del recurso colide con la cosa juzgada de dos sentencias. A saber: i) la que se resolvió el incidente sobre la prescripción de la acción de partición (Sentencia No. 4583/2015, de fecha 16 de octubre de 2015, dictada a fs. 84-90 de los autos caratulados “Falcón Hernández, Hugo C/ Falcón Hernández, Diolmerina y Otros. Pieza incidental por prescripción” IUE 468-519/2013) y; ii) la recaída en primera instancia, que en sus fundamentos rechazó la procedencia de la declaración de prescripción adquisitiva sobre el inmueble a favor de Hugo Falcón Hernández (Sentencia No. 98/2016, de fecha 17 de agosto de 2016, dictada a fs. 135-149 de los autos caratulados “ Falcón Hernández, Diolmerina, Wilson, Diego Y Aquiles Hernández Hernández, Deolmerina, Falcón Hernández, Hugo y Jacinta – Partición” I.U.E. 468-542/2012). III) Ahora bien, conforme emerge de los antecedentes referidos, la pretensión de partición oportunamente incoada tramitó por la vía del proceso voluntario y, en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 405 del C.G.P. lo allí resuelto no pasa en autoridad de cosa juzgada. En este sentido Partelli señala que: “El artículo 405 es una disposición loable y acertada. Establece expresamente criterios que no son nuevos, pues ya habían sido recogidos por la doctrina y la jurisprudencia en forma unánime, en cuanto que en la Jurisdicción Voluntaria no hay cosa juzgada, pudiendo las providencias dictadas en dichos procesos, ser revisadas y modificadas...” (PARTELLI, María Cristina. “Proceso voluntario” en el “Curso sobre el C.G.P.” , T II. 1a Edc. Obra colectiva del IUDP, FCU. Montevideo. 1989. Pág. 178). En igual sentido ver: BA-RRIOS DE ÁNGELIS, Dante. “El proceso civil”, Vol. 1. Idea. Montevideo. 1989. Pág. 283; TARIGO, Enrique. “Teoría general de los procesos voluntarios”, RUDP 1/2000, FCU, págs. 56-59; VALENTÍN, Gabriel. “Los Procesos regulados en la Ley de Unión Concubinaria”. 3ra. Edc. Ampliada y actualizada. FCU. Octubre de 2011. págs. 61-64; VARELA-MÉNDEZ, Edgar J. “Jurisdicción voluntaria” en “Procesos de Familia” , RUDP, Jorge Veiras -coordinador-, FCU, parágrafo No. 60 y ss., págs. 677 in fine-684”. El citado art. 405 del C.G.P. resulta aplicable tanto a la sentencia que se dicta al final del proceso voluntario, como a las que resuelven los incidentes que en su transcurso se suscitan. Por tanto, la causal invocada por la actora, esto es, que la “...resolución fuere contraria a otra anterior que tuviere entre las partes autoridad de cosa juzgada...” (art. 283 No. 4 del C.G.P.) , jamás podía prosperar. IV) Las costas y costos son de cargo de los recurrentes, por ser de precepto (art. 292 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO. COSTAS Y COSTOS DE CARGO DE LOS RECURRENTES. HONORARIOS FICTOS 20 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.