Sentencia Definitiva N° 1.162/2019

Montevideo, tres de junio de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PORTELLA, Cecilia c/ FUNDACIÓN PELUFFO GUIGENS. Proceso laboral ordinario. Ley 18.572. Casación” , IUE 2-12633/2017, venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 4º Turno el 5 de diciembre de 2018, identi-ficada como SEF 0511-000381/2018. RESULTANDO : I) A fs. 926-946 vto. compa-reció Cecilia Portela y demandó a la Fundación Peluffo Giguens para obtener su condena al pago de diversos créditos laborales. Sostuvo que comenzó a prestar servicios como “informática” para la demandada en agosto de 2012, egresando por despido el 31 de enero de 2017. Afirmó que a la fecha de su egreso se desempeñaba como Directora del Centro de Telemedicina de la Fundación (CTM). Adujo que fue despedida en forma abusiva como consecuencia de sus reiterados reclamos tendientes a la regularización de diversos aspectos de su relación laboral. Reclamó un total de $U 18.092.128,60 (dieciocho millones noventa y dos mil ciento veintiocho pesos uruguayos con sesenta centavos) más su actualización e intereses desde el incumplimiento y hasta su efectivo pago. Los rubros reclamados fueron los siguientes: diferencias de salario y salarios caídos, antigüedad, horas extra, guardias de retén, viáticos, incidencias, “rubros por egreso”, indemni-zación por despido común y abusivo, multa legal y daños y perjuicios de condena preceptiva. A mayor abundamiento, cabe señalar que en su demanda expresó haber sido contratada inicialmente como Informática para la creación del Centro de Telemedicina (CTM). En esa época era estudiante de la carrera de Ingeniería de sistemas y contaba con el título intermedio de dicha carrera: Ayudante de Ingeniero de Sistemas. Trabajaba de 8:00 a 14:00 horas, lo cual le permitía seguir estudiando y trabajar en otro emprendimiento. Dijo que entre 2012 y 2013 la vinculación fue documentada como un arrendamiento de servicios, que encubría el vínculo de subordinación, ya que la Fundación estaba atravesando una reestructura y un conflicto con los médicos, lo cual derivó en la desvinculación de aquéllos para formar la Fundación Pérez Scremini. Señaló que durante el de-sarrollo de la relación las tareas asignadas excedieron a aquellas por las cuales fue contratada, así como la jornada. Afirmó que implementó el Centro de Cómputos de Telemedicina, así como sus puntos remotos (instalación, configuración de redes e infraes-tructura, cableado, etc.), lo cual posibilitó la co-nexión del CTM de Peluffo Giguens con hospitales de ASSE de nueve departamentos del país y con otros centros en Montevideo. Estas tareas la obligaban a viajar al interior. Esta circunstancia implicó el aumento de su carga horaria de 6 a 8 horas de labor. Señaló también que: (i) En junio de 2013 se desvinculó al Jefe de Sistemas, Pablo Varela, quien era su jefe directo. Desde entonces pasó a estar subordinada directamente a la Directora Elisa Martínez y a cumplir las funciones de Jefe de Sistemas. Sin embargo, no le aumentaron el salario en forma acorde. (ii) En febrero de 2013, como consecuencia de que ya no había médicos en la planilla de la Fundación, se modificó el Grupo de los Consejos de Salarios, lo cual implicó una disminución de derechos y un ejercicio abusivo del ius variandi . (iii) En junio de 2015 renunció la directora del CTM, Rosario Collazo, pasando la actora a responder directamente al Doctor Bartesaghi. Pasó a ocupar el puesto de Directora del CTM. En esta nueva función llevó adelante diversos proyectos, pero nunca tuvo un aumento de salario por las nuevas responsabilidades. De ese modo, comenzó a reclamar para que se le reconocieran sus derechos con el final referido. II) Por sentencia definitiva de primera instancia N° 69/2018, dictada el 24 de setiembre de 2018 por la Dra. Karina Martínez Larrosa, titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo de la Capital de 20º Turno, se acogió parcial-mente la demanda, condenándose al pago de $U 3.197.130 (tres millones ciento noventa y siete mil ciento treinta pesos uruguayos), (fs. 1693-1711 vto.) actualizado a la fecha de su efectivo pago. Los rubros objeto de con-dena fueron los siguientes: diferencias de salario e incidencias, horas extra como retén, reliquidación de indemnización por despido, indemnización por despido abusivo, multa y daños y perjuicios. III) En segunda instancia en-tendió el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 4º Turno, integrado por los Dres. Sylvia de Camilli, Adolfo Fernández de la Vega y Rita Patrón, órgano que, por sentencia definitiva identificada como SEF 0511-000381/2018, dictada el 5 de diciembre de 2018, revocó la sentencia recurrida en cuanto condenó al pago de las diferencias salariales y sus incidencias, a la reliqui-dación de la indemnización por despido y despido abusivo y, en su lugar, absolvió a la demandada del pago de esos rubros, confirmando lo resuelto en primera instancia en lo demás (fs. 1786-1794). IV) La actora interpuso recur-so de casación (fs. 1797-1809 vto.). Luego de justificar la procedencia formal de su medio impugnativo, sostuvo, en lo medular, lo siguiente: 1) La Sala, al desestimar la condena pretendida al pago de las diferencias salariales y la reliquidación de la indemnización por despido, vulneró la siguiente normativa constitucional: los principios de razonabilidad, congruencia, realidad así como otros principios aplicables. El derecho a la remunera-ción es un derecho humano fundamental y ha sido desconocido por la Sala, tal como surge de la valoración de la prueba que reseñó a fs. 1804-1805. Se violaron los artículos 139, 140, 141, 197, 198 y 270 del Código General del Proceso; 7, 54 y 332 de la Constitución; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-rales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador). 2) La Sala no invocó nor-mas ni fundamentos de sus conclusiones, no hace remisión a las pruebas de autos, ni siquiera las que fueron tenidas en cuenta en primera instancia. La valoración de la prueba es, entonces, arbitraria y absurda. 3) En cuanto desestima las diferencias de salario, incidencias y reliquidación de la indemnización por despido, el Tribunal de Apelaciones se apartó del principio de primacía de la realidad, ya que no consideró que la dicente percibía el mismo salario desde que ingresó a trabajar para la demandada, incrementado exclusivamente por los ajustes legales. No se valoró la prueba por la cual quedó acreditado que esta recurrente era, en los hechos, la Directora del CTM, lo que resulta del análisis probatorio realizado por la sentenciante de primera instancia. Mientras desarrollé las tareas de Directora percibía un salario mucho más bajo que quienes tuvieron ese cargo con anterioridad y, en el caso, la demandada no alegó ni probó razones objetivas que lo justifiquen. El Tribunal modificó la defensa de la demandada, violando el principio de congruencia, ya que introdujo razones económicas para no aumentar el salario, que no fueron oportunamente ale-gadas como defensa. La demandada había alegado que el cargo de Dirección ya no era necesario, lo cual no es cierto; por el contrario, existe prueba de que los proyectos continuaban en desarrollo (ver fojas 590). Cuando la anterior direc-tora, Rosario Collazo, se retiró, estaban en curso el proyecto del Hospital Policial, el convenio con Antel y Teletón. Dichos proyectos fueron concluidos por la dicente. En la sentencia se afirma que el sector que yo dirigía quedó en manos de pocas personas después de que fui despedida. Pero eso no es cierto, ya que el Centro de Telemedicina continúa con el mismo número de trabajadores, incluso se contrató a un suplente. El Tribunal consideró que no se probó que la dicente realizara tareas de Directora, más allá de que ocupara la oficina de la anterior Directora o firmara como tal, pues el Centro de Telemedicina ya estaba funcionando cuando la supuesta antecesora se retiró de la Fundación. Cuando Collazo se retiró de la Fundación me dejó encargada de todas sus tareas. El Directorio de la Funda-ción conoció y avaló que yo fuera Directora. Todos los Directores de la Fundación cumplían horario, por lo cual resulta erróneo que el Tribunal sostenga que me contradigo al reclamar horas extras. La sentencia de primera instancia analizó correctamente la prueba, en particular las declaraciones de Rosario Collazo, Patricia Sosa, Florencia Báez, Lucía Nemmer, Julio Romano y Jorge Bartesaghi. 4) La Sala, al desestimar la indemnización por despido abusivo, por entender que esta recurrente fue despedida por una reestructura del sector en el cual trabajaba, para ahorrar gastos, infringió el principio de realidad y valoró erróneamente la prueba de autos. El órgano de segunda instancia concluyó que la tecnología ya estaba instalada y que las condiciones habían cambiado, por lo que los servicios de la actora ya no eran necesarios, ya que los médicos habían aprendido a usarlos y se realizaban menos conferencias. Esto determinó que se prescindiera de los cargos de Dirección, Jefatura y técnicos, valiéndose exclusivamente de administrativos. Asimismo, se terce-rizó en la empresa Czyber algún tema puntual de servi-dores y demás. No es cierto que mi des-pido respondiera a temas económicos. Quedó acreditado que la Fundación aumentó el salario a quienes trabajaban en el área de Telemedicina y contrató a otra persona para esa área y a un Gerente General con un salario similar al de la dicente. El Sr. Rotunno afirmó ha-ber tomado la decisión de despedirme, luego de analizar la situación de la Fundación. Pero, a criterio de la recurrente, resulta claro que ese análisis no puede haber sido realizado en 5 días sin cometer abusos, tal como se concluyó en la sentencia de primera instancia. Existen contradicciones en autos entre la declaración de los testigos y motivo alegado por la empresa para despedir a la actora. Quedó plenamente acredi-tado que el despido se debió a mis reclamos de regula-rización de mi situación. La demandada violó la bue-na fe al pretender introducir elementos que no fueron alegados al contestar la demanda. En el acto de contestación se expresó que el motivo del despido fue una reestructura por razones económicas. Posteriormente se agregó una pérdida de interés y merma del trabajo del sector de Telemedicina. 5) En definitiva, solicitó que se anulara la recurrida y que, en su lugar, se mantuviera lo resuelto en primera instancia. V) La Fundación Peluffo Giguens evacuó el traslado del recurso de casación oportunamente conferido a fs. 1814-1831, abogando por su rechazo. VI) Por providencia identifi-cada como SEI 0511-000006/2019, dictada el 25 de febrero de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 4º Turno resolvió conceder la casación para ante la Suprema Corte de Justicia (fs. 1833). VII) El expediente se recibió en la Corte el 11 de marzo de 2019 (fs. 1837). VIII) Por providencia N° 421/2019 se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia (fs. 1838). IX) Una vez cumplidos los trá-mites de estilo, se acordó dictar sentencia en el día de la fecha. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia desestimará el recurso de casación interpuesto. II) En cuanto a la errónea valoración de la prueba . 1) Precisión inicial . Cabe señalar que más allá de los concretos agravios que fueron derechamente fun-dados en la infracción a las reglas de valoración de la prueba, existen otros que se fundaron en la infracción de otras normas pero que, en puridad, a poco que se examinen, no cuestionan otro punto que no sea el de la valoración probatoria de la Sala. En efecto, si bien la re-currente señala la violación de diversas normas -artí-culos 139, 10, 141, 197, 198 y 270 del Código General del Proceso; principio de realidad; artículos 7, 54 y 332 de la Constitución; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Proto-colo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos- tales infracciones normativas o bien son consecuencia de la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de segunda instancia valoración de la prueba o bien derechamente refieren a tal valoración. Por ejemplo, se alegó la infracción del derecho a la remuneración porque no se tuvo por acreditado el desempeño de un cargo superior, etcétera. Esta precisión se impone en atención al régimen que tiene la errónea valoración de la prueba como causal de casación, de acuerdo con el alcance del artículo 270 del C.G.P., por todos conocido, y al que nos referiremos seguidamente. En efecto, ninguno de los párrafos en los que se articuló el recurso referidos contiene otra cosa que no sea una crítica a la valoración probatoria de la Sala, que llevó a ese órgano colegiado a revocar parcialmente lo resuelto en primera instancia. 2) En cuanto a la errónea valoración de la prueba como causal de casación . La Corte ha sostenido, con base en el artículo 270 del C.G.P.: “A pesar de que la referida disposición prevé, incluso, como causal de casación la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba, el ámbito de la norma queda circunscripto a la llamada prueba legal, o sea aquella en que la propia Ley prescribe que verificándose ciertos presupuestos por ella misma indicados, el Juez, aunque opine distinto, debe darle el valor y eficacia previa-mente fijados; o en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando incurre en absurdo evidente, por lo grosero e infundado. Es jurisprudencia cons-tante de esta Corporación que tanto la revisión de la plataforma fáctica como la revalorización de la prueba no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría esta etapa casatoria o de revisión meramente jurídica, en una tercera instancia no querida por el legislador (...). A mayor abundamiento: El ingreso al material fáctico en instancia casatoria requiere una condición o código de acceso ineludible: es menester que el error en la valoración de la prueba en que haya incurrido la Sala de mérito configure un absurdo evidente, un razonamiento notoriamente ilógico o aberrante, en suma, que la infracción a la regla de derecho contenida en el art. 140 C.G.P. revista una excepcional magnitud, fuera de toda discusión posible (...)”, (cf. sentencias N os 829/2012, 508/2013, 484/2014, entre otras). No solo se requiere la existencia de una contradicción grosera de las reglas legales de valoración de la prueba, sino que, adicional-mente, ello debe surgir de la forma en que se estructu-raron los agravios, aun cuando el impugnante no hubiese utilizado, concretamente, las expresiones de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta. En este sentido, ello im-porta un requisito de admisibilidad particular de este tipo de alegación: si lo que el recurrente expresa al agraviarse, cualesquiera sean los términos que emplee, no supone la denuncia de un razonamiento probatorio absurdo o arbitrario en forma evidente o grosera, el agravio por esa sola carencia en su alegación ya deviene improcedente. En este marco conceptual, y en consideración a la crítica realizada por la recurrente al desarrollar sus agravios, la Corte consi-dera que el agravio no puede prosperar. En primer término, porque el agravio en puridad no contiene la denuncia de un error en la valoración del calibre que habilita su consideración en la etapa de casación: no se denunció una valoración absurda o arbitraria, sino una mera discordancia con la valoración realizada. Mera discor-dancia que si bien fue seriamente fundada y articulada, no por ello deja de ser una mera discordancia que no contuvo la exposición de absurdo o arbitrariedad mani-fiesta alguna. A juicio del redactor, esta razón es suficiente para desestimar el agravio que sustenta el recurso. En segundo término, el recurso no puede prosperar porque la valoración de la prueba realizada por la Sala no supuso un apartamiento del canon legal de valoración establecido en los artículos 140 y 141 del C.G.P. que habilite su revisión en casación. En efecto, y por las razones que expondremos a continuación, el razonamiento probatorio de la Sala surge debidamente explicitado y revela una valoración de la prueba apegada a la sana crítica, coherente y lógica, carente de cualquier nota que evidencie un absurdo o una arbitrariedad. 3) La valoración probato-ria realizada por la Sala . En el caso, en la sentencia recurrida se realizó una correcta argumentación fáctica, exponiendo los medios de prueba que se tuvieron en cuenta para arribar a la determinación de hechos, de forma lógica, coherente y consistente. Ninguno de los cuestionamientos que realiza la parte recurrente permite calificar a la valoración realizada como absurda o arbitraria. En consecuencia, también desde esta óptica el recurso debe ser desestimado. III) En cuanto a la infracción del principio de equiparación salarial . En cuanto a la pretensión de equiparación del salario de la actora con el de la Directora Collazo, el Tribunal alegó un doble orden de razones para que no correspondiera. En primer lugar, consideró no acreditado el hecho de que la actora cumpliera tareas de dirección. En segundo lugar, hizo hincapié en que la carga de la prueba de la existencia de un trato discriminatorio en materia salarial gravaba a la actora. Se hará referencia al segundo argumento, el cual resulta suficiente para rechazar el agravio de la promotora en este punto. La actora no logró acre-ditar que la diferencia entre su salario y el de la Directora Collazo respondiera a razones extra-laborales, lo cual es suficiente para denegar su solicitud. La equiparación salarial que la actora solicitó en su demanda no podía prosperar desde el inicio. La promotora reclamó que su salario debía ser equiparado al que cobraban las personas que ocupaban los mismos cargos con anterio-ridad, sin invocar el cumplimiento de ninguna norma concreta y sin alegar una discriminación a su persona. Tanto, en la medida en que no existe en nuestro derecho regla que imponga la equiparación salarial absoluta, no es posible hacer lugar a su reclamo. En esta línea argumental, el principio de equiparación salarial no significa que todas las diferencias por igual trabajo sean ilícitas, ni debe presumírselas como tales. Deben distinguirse las diferencias hechas con una finalidad discriminatoria de las que no la tienen, teniéndose presente que quien alega la discriminación debe probarla. Así se ha expresado en la jurisprudencia de segunda instancia: “Se reitera, no existe en nuestro derecho la obligación de equiparación absoluta, así entre otras en sentencia Nº 427 de 26.8.2011 el Similar de 3ª Turno integrado por los Ministros Dres. Piatniza, Odella y Contarín, estableció: ‘En lo medular como defiende la parte demandada, en nuestro Derecho no asistimos a un principio de equiparación salarial absoluta. Expresó Plá Rodríguez -refiriendo a los Convenios Internacionales Nº 100, 111, 156 ratificados por la ley Nº 16.083 de 6 de octubre de 1989– ‘lo que se prohíbe es la discriminación injustificada, o sea, la distinción, exclusión o preferencia basadas en motivos ilegítimos (raza, color, sexo, religión, opinión polí-tica, ascendencia nacional, origen social) que tiendan a anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. En otras palabras, se aplica la concepción más simple y modesta. No habilita para la equiparación salarial en todo caso de dife-rencia’ (Curso t.3. vol.2 edic. Idea 1994 página 111). Asimismo en la Fiscalía de Corte bajo la titularidad del Dr. R.R. se ha dicho que ni de los textos de los Convenios Internacionales ni de la protección al trabajo que ha sido consagrada en nuestra Constitución puede inferirse que resulte ilícito que los trabajadores perciban diferente remuneración a pesar de ocupar similares cargos en la empresa. Y en tanto no existe norma legal que así lo ampare, no existe en consecuencia un derecho subjetivo a reclamar identidad de salario fuera de los casos enunciados en los Convenios (Dictamen Nº 2900/995). Siendo en ello conteste la Suprema Corte de Justicia al expresar que es preciso atender entre las diferencias con sentido discriminatorio, que violan las normas o convenios vigentes y las que carecen de tal sentido discriminatorio, y quien alega la discriminación debe probar la motivación ilegítima de la diferencia salarial para reclamar la identidad de retribución. De todo ello resulta que nuestro sistema no recibió el principio de la equiparación salarial absoluta, lo que resulta ilícito es la desigualdad salarial entre trabajadores en virtud de causales prohibidas por el ordenamiento positivo (sentencia Nº 68/1997). Si para el actor medió discriminación, lo que debió demostrar es que la misma era ilícita, lo que no sucedió. Entiende el Cuerpo que sublite corresponde arribar a un pronun-ciamiento confirmatorio del recurrido en cuanto al mérito de la causa así lo determina y los agravios deducidos no conmueven tal decisión, habida cuenta que la misma efectúa adecuada valoración de la resultancia probatoria emergente para arribar a una respuesta dilu-cidatorio compartible’ (Conforme caso Nº 308 Anuario de Jurisprudencia Laboral 2011 página 308)” , (sentencia del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2° Turno, identificada como SEF-0013-000360/2013). En definitiva, en el caso, la actora ni siquiera ha alegado el trato discri-minatorio al promover su demanda, lo cual exime también a la Corporación de ingresar a cualquier consideración probatoria. IV) En cuanto a la violación del principio de congruencia . No se configura la viola-ción del principio de congruencia alegado por la actora. A criterio de la recu-rrente, la Sala modificó la defensa de la demandada, violando el principio de congruencia, ya que se intro-dujeron razones económicas para no aumentar el salario, que no fueron alegadas como defensa. El agravio no es de re-cibo. La sola lectura de la contestación de la demanda resulta suficiente para desestimar el agravio. De ella surgen las referidas razones económicas para no aumentar el salario de la actora. V) La conducta procesal de las partes no justifica imponer, en esta etapa, espe-ciales condenaciones en gastos causídicos (artículo 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : Desestímase el recurso de casación interpuesto. Sin especial condenación procesal. Honorarios fictos: 20 BPC. Y devuélvase.