Sentencia Definitiva N° 1.140/2019

Montevideo, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ M.M. Y OTROS C/ I.I – DAÑOS Y PERJUICIOS – CASACIÓN”, IUE: 2-47615/2013. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva de primera instancia N° 41/2017 , el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2º turno decidió: “ I) AMPARAR PARCIALMENTE LA DEMANDA INSTAURADA, CONDENANDO A LA PARTE DEMANDADA A PAGAR A LA PARTE ACTORA POR CONCEPTO DE DAÑO MORAL LA SUMA ESTABLECIDA EN EL CONSIDERANDO QUINTO. II) ADICIONAR A LA CONDENA LOS INTERESES LEGALES DESDE LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA. III) DESESTIMAR LA DEMANDA EN LO DEMAS ” (fs. 231/241). II) Por sentencia definitiva de segunda instancia identificada como DFA-0005-000214/2018 - SEF – 0005-000066/2018 , del 2 de mayo de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º turno falló: “ Revócase parcialmente la sentencia objeto de impugnación en cuanto al porcentaje de responsabilidad atribuido a la parte demandada en el insuceso y fijase el mismo en el 50% y en su mérito condenase a la parte demandada a abonar a la parte actora M.M. U$S 15.000 A F.F. U$S 15.000 y a V.V. U$S 10.000 sin especial condenación en el grado. Confírmase la sentencia en los restantes puntos ” (fs. 277/295). La sentencia se emitió con el voto discorde de los Sres. Ministros Dres. Tabaré Sosa Aguirre y Álvaro França. Como surge de los fundamento de sus discordias, los citados integrantes del Tribunal Civil consideraron que correspondía desestimar íntegramente la demanda, porque no puede establecerse una relación de causalidad entre las omisiones endilgadas al I.I. y la muerte de la familiar de los reclamantes. III) Contra la sentencia de segunda instancia dictada por el TAC 2º, movilizaron sendos recursos de casación la actora y la demandada. Esta última (I.I.) lo hizo por vía principal en tanto la actora hizo lo propio por vía adhesiva. III.I) El recurso de casación interpuesto -por vía principal- por el I.I.. La parte recurrente por vía principal planteó, en su memorial de agravios, los siguientes puntos de cuestionamiento: (i) Inexistencia de falta de servicio como presupuesto de la responsabilidad del Estado. Expresó que no quedó probada la falta de servicio que el Tribunal le endilgó al I.I.. La prueba diligenciada fue erróneamente valorada, en infracción a lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.G.P. No se aplicaron debidamente las máximas de la experiencia en el caso concreto. Se perdió de vista que la víctima realizaba denuncias y luego las retiraba. La Sala realizó una errónea aplicación de las referidas disposiciones normativas (arts. 140 y 141 del C.G.P.), al pretender elevar una falta administrativa cometida por funcionarios policiales en un procedimiento administrativo al rango de causa de la responsabilidad del Estado. Debió advertirse que los sujetos de la responsabilidad son distintos. La decisión del Tribunal colide también con los arts. 24 de la Constitución y 1319 y 1324 del Código Civil, porque se le atribuye al I.I. una responsabilidad de tipo objetivo, cuando es un valor entendido que el Estado no responde objetivamente. De la prueba diligenciada en autos, no surge probado que el servicio no haya funcionado como era debido, ni que se le haya negado a la víctima la protección debida. No se probó la existencia de un hecho ilícito, que es uno de los presupuestos necesarios para responsabilizar al Estado por su accionar. El hecho ilícito, como antecedente del daño, es siempre necesario para que pueda existir responsabilidad y, en la especie, no se perfila. El luctuoso final de la víctima, se debió únicamente al accionar del agresor y no al obrar del Estado. (ii) Incongruencia de la sentencia del Tribunal de Apelaciones por analizar la regularidad del procedimiento policial. Denunció que la sentencia resulta contraria a Derecho, por haber ingresado a analizar la regularidad jurídica del procedimiento policial realizado. Ello supuso mudar la plataforma fáctica y jurídica del accionamiento, ya que tal extremo no fue planteado en la demanda. La reclamante únicamente refirió en su demanda a la responsabilidad de la Administración por su omisión de enterar al Poder Judicial de la última denuncia de violencia doméstica realizada por la víctima. La condena se basa en una realidad fáctica y jurídica diversa a la planteada por la pretensora, lo que colide con lo preceptuado por el art. 198 del C.G.P. (iii) La relación de causalidad entre el obrar de la Administración y la muerte de la víctima. Denunció que la sentencia incurre en error de Derecho, porque concluye que existió relación de causalidad entre el obrar del I.I. y el fallecimiento de la víctima. Contrariamente a lo afirmado por el Tribunal, no haber enterado al Juzgado Penal de la denuncia no es un elemento que, por sí solo, permita inferir la existencia del necesario nexo causal. El personal policial asistió a la denunciante [y víctima]; luego que radicara la denuncia correspondiente fue a buscar al agresor. Como no se lo encontró, se le dejó una citación. A partir de esa actuación, no se puede llegar al extremo de concluir que existió un ligamen entre la omisión de la policía y la muerte de la víctima. En suma, no está probado otro de los elementos necesarios para que nazca la responsabilidad del Estado: la relación de causalidad entre el obrar estatal y el daño sufrido por el reclamante. (iv) Absurda valoración de la prueba sobre la existencia del daño moral y desmesura de las condenas impuestas. Finalmente, planteó que la Sala incurrió en una valoración absurda de los elementos probatorios y llegó a la imposición de condenas exorbitantes. Los montos a los que se ha condenado al I.I., por concepto de daño moral propio, resultan absurdos por desmesurados. Dichos montos deben ser reducidos considerablemente, porque no hay prueba que acredite que los actores hicieron o tomaron medida alguna en salvaguarda de la vida de la víctima, para sacarla de la situación de violencia que atravesaba. No se tomaron en consideración las circunstancias fácticas en las cuales acontecieron los hechos y, simplemente, se optó por condenar en forma arbitraria y desmedida a la demandada. III.II) El recurso fue debidamente sustanciado con el correspondiente traslado a la actora, que lo evacuó en los términos que surgen del escrito que corre a fs. 310/316. En dicho escrito, también interpuso -por vía adhesiva- recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia. III.III) El recurso de casación interpuesto -por vía adhesiva- por la parte actora. En su impugnación, la actora cuestionó la decisión de la Sala de atribuir al I.I. un grado de participación en el evento dañoso del 50% (cincuenta por ciento), sobre la base de que el restante 50% (cincuenta por ciento) correspondió al grado de contribución causal del victimario. Indicó que no puede atribuirse el mismo porcentaje de participación causal a la demandada y al victimario, por la sencilla razón de que los funcionarios policiales actuaron con desidia, negligencia e impericia. Si los funcionarios hubiesen cumplido con su función, la Sra. C.C. estaría viva, como lo indican las reglas de la razonabilidad. Por ende, considera que corresponde establecer en el 100% el grado de incidencia causal del obrar del I.I.. III.IV) El recurso de casación interpuesto por vía adhesiva fue debidamente sustanciado mediante el traslado correspondiente, que fue evacuado por la demandada en los términos que surgen del escrito de fs. 320/321 vuelto. IV) Por providencia del 31 de julio de 2018 (fs. 323), el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º turno decidió franquear el recurso de casación interpuesto para ante esta Corporación, a la que arribaron estos autos el 14 de agosto de 2018 (fs. 328). V) Por Decreto Nº 2422, del 3 de setiembre de 2018 (fs. 329 vuelto), se ordenó el pase de los autos a estudio por su orden y se citó a las partes para sentencia, la que fue debidamente acordada en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestimará los recursos de casación movilizados por vía principal y adhesiva. II) El caso de autos El presente juicio se originó por el reclamo reparatorio promovido por los padres y el hermano de C.C., quien fue asesinada por su ex concubino, J.J., el 28 de noviembre de 2012. Como no ha resultado controvertido, a comienzos el año 2012 la relación de la víctima y su concubino estaba seriamente deteriorada, a raíz de lo cual, durante los primeros meses de ese año, C.C. decidió separarse. Los hechos que interesan a efectos de este caso, ocurrieron luego de la separación de la pareja. II.I) La primera denuncia y la intervención del Juzgado Letrado de Familia Especializado en Violencia Doméstica de 5º turno. El 2 de junio de 2012, estando separada fue agredida por su ex concubino. Realizó la correspondiente denuncia policial (fs. 10/10 vuelto del expediente acordonado). Recibió asistencia médica inmediata y se constató que presentaba un hematoma y una pequeña erosión en mucosa interna de su labio superior. También se detectó que presentaba erosiones en su codo derecho y en su rodilla izquierda. Como consta en la actuación policial a fs. 10 vuelto del acordonado, se enteró al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1º turno, que dispuso la libertad del agresor y dar cuenta al Juzgado Letrado de Familia Especializado. Enterado el referido Juzgado de 5º turno, dispuso el retiro del hogar del agresor y la prohibición de acercamiento a un radio de 200 metros, por un lapso de 90 días (ver también fs. 59/60 del principal). II.II) La segunda denuncia realizada (de la que no se dio cuenta al Poder Judicial). El 3 de noviembre de 2012 fue nuevamente agredida por el Sr. J.J.. En esta ocasión también fue víctima de la agresión la madre de la Sra. C.C.. Radicaron denuncia policial; sin embargo, de dicha denuncia no surge que se haya dado cuenta al Juzgado competente (fs. 61/63 vuelto). La denuncia fue ampliada por la Sra. C.C. el 8 de noviembre de 2012, luego de recibir mensajes de texto amenazantes, provenientes del agresor (ver fs. 63). II.III) La tercera denuncia realizada (de la que tampoco se dio cuenta al Poder Judicial). El 21 de noviembre de 2012 fue víctima de una nueva agresión. El Sr. J.J. la agredió con un cuchillo “Tramontina”, lo que le ocasionó lesiones en el cuello. Fue atendida en el Centro Coordinador del Cerro, diagnosticándosele “Equinosis de cara anterior de cuello sin compromiso”. De esa nueva denuncia tampoco se dio cuenta al Juez competente. Según consta en el registro de la actuación policial, la víctima con anterioridad, había realizado otras denuncias que luego había dejado sin efecto. Se intentó localizar al agresor y, como no se lo pudo ubicar, se le dejó una cédula citatoria (fs. 64/65 vuelto). II.IV) El luctuoso desenlace. El 28 de noviembre de 2012, C.C. fue estrangulada por su ex concubino (fs. 21 y 30/48 y 53), quien luego se quitó la vida, ahorcándose (fs. 30/48). II.V) El reclamo reparatorio promovido por los familiares de la víctima. Los padres y el hermano de la víctima reclamaron al I.I. la reparación de los daños causados por el asesinato de su familiar. Accionaron en el entendido que existe responsabilidad del Estado por la omisión de poner en conocimiento al juez competente los hechos oportunamente denunciados por su familiar. Adujeron que por dicha falla del servicio policial la autoridad competente (Poder Judicial), no pudo disponer las medidas preventivas que hubiesen evitado el trágico desenlace. La Sra. C.C. confió que la seccional policial cumpliría con su función de dar oportuna cuenta al Poder Judicial de los hechos constitutivos de la violencia doméstica sufrida. Sin embargo, ello no aconteció. Existió un funcionamiento defectuoso del servicio, que posibilitó que el victimario diera muerte a su ex concubina. Añadieron que las omisiones de la policía en las denuncias realizadas por su familiar, fueron investigadas por la Dirección de Asuntos Internos del MM. La investigación interna se disparó por una denuncia que realizó el coactor y hermano de la víctima V.V.. Luego de tres años de indagatoria, las irregularidades en el funcionamiento del servicio fueron puestas al descubierto por la propia Administración demandada. Insistieron en que las fallas en el funcionamiento del servicio policial y, en particular, las omisiones de los funcionarios de dar el trámite correspondiente a las denuncias, generaron el resultado de la muerte de la víctima. Existe evidente relación de causalidad entre las omisiones de la agencia estatal demandada y el evento dañoso. Reclamaron la reparación de los daños y perjuicios causados por la muerte de su familiar, que discriminaron en los rubros daño moral y lucro cesante. II.VI) Las decisiones judiciales que recayeron. La pretensión reparatoria fue parcialmente amparada -tanto en primera como en segunda instancia- en los términos detallados ut supra en los resultandos I y II. En particular, la sentencia impugnada por los recursos a estudio hizo lugar a la reclamación, pero entendió que la responsabilidad no era exclusiva del I.I., sino que tenía una contribución causal del 50% (cincuenta por ciento), correspondiéndole el restante 50% (cincuenta por ciento) al victimario. En lo sucesivo, corresponde examinar los agravios planteados en el mismo orden en que fueron expuestos en ambos recursos. III) Análisis del recurso de casación interpuesto por vía principal. De acuerdo al juicio unánime de la Corporación, el recurso de casación interpuesto por vía principal debe ser rechazado. Sin perjuicio de lo cual, no existe coincidencia total en cuanto a las razones por las que, desde el punto de vista técnico-jurídico, se impone ese rechazo. III.I) Sobre la existencia de la falta de servicio y los criterios jurídicos empleados por la Sala para juzgar el accionar de la Policía. La Corte, por unanimidad, coincide con la Sala en lo Civil en que existió falta de servicio imputable al I.I.. De acuerdo a los hechos reseñados al describir el caso de autos, resulta evidente que la actuación policial infringió las reglas de procedimiento policial que le imponían dar cuenta a la autoridad judicial, en forma inmediata al conocimiento de los hechos constitutivos de violencia doméstica. El Decreto del Poder Ejecutivo Nº 317/2010 de 26 de octubre de 2010, reglamentario de la Ley de Procedimiento Policial, establece la forma en que se debe proceder por parte de la autoridad policial cuando se tiene noticia de hechos con apariencia de violencia doméstica. Estas normas, pese a su rango reglamentario, constituyen el desarrollo de normativa de mayor jerarquía, de fuente interna e internacional, que consagran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia doméstica (Convención de Belém do Pará ratificada por nuestro país en 1994 y Ley Nº 17.514 entre otras). En efecto, el art. 14 del referido decreto Nº 317/2010 impone a la Policía un curso de acción bien preciso. Ante las denuncias de violencia doméstica debe dar cuenta a la autoridad judicial. El precepto reza del siguiente modo: “ Todo episodio con apariencia de violencia doméstica, deberá ser puesto en conocimiento del Juez competente de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II y en el Capítulo VI de la Ley 17.514 de Violencia Doméstica, y en la Acordada Nº 7.457 de la Suprema Corte de Justicia ”. A su vez el art. 15 añade: “ La policía deberá transmitir una comunicación exhaustiva, objetiva y directa de la situación al Juez competente, en el entendido que es a partir de la misma que éste dispondrá las medidas a tomar. ”. Basta con repasar cómo se dieron los hechos, para advertir que la Policía, en el caso que ambientó la muerte de la familiar de los reclamantes, hizo caso omiso a estos preceptos que la obligaban. Los incumplió por partida doble. La primera vez, cuando la víctima radicó su denuncia del 3 de noviembre de 2012 y, la segunda, cuando volvió a denunciar la agresión de la que fue víctima el 21 de noviembre de 2012. En este escenario, la omisión del Estado constitutiva de la falta de servicio como elemento de la responsabilidad del Estado aparece resplandeciente. Como enseña Sayagués Laso, de acuerdo a nuestro régimen constitucional la responsabilidad por el ejercicio de la función administrativa comprende, tanto la derivada de actos como de hechos. El Estado debe responder civilmente por sus omisiones, porque la inactividad configura un hecho (Cfme. Sayagués Laso, E: “Tratado de Derecho Administrativo”, T. I, Montevideo, 1998, pág. 547; en idéntico sentido véase Delpiazzo, C: “Estudios sobre la Responsabilidad de la Administración”, Universidad de Montevideo, Montevideo, 2009, pág. 18). En definitiva, en el caso en examen existieron inocultables fallas en el servicio policial, que omitió dar cuenta a los órganos del Poder Judicial con competencia para reprimir los actos de violencia doméstica y disponer las medidas de protección de la víctima. En otro orden, ningún reproche merece que el Tribunal haya juzgado el caso a la luz de las reglas que disciplinan el procedimiento policial. No hubo por ello ningún quebrantamiento del principio de congruencia, como lo denuncia la recurrente por vía principal. Los hechos narrados en la demanda y que resultaron probados, pueden ser encuadrados por el Tribunal en las Reglas de Derecho aplicables, con prescindencia de las que las partes hayan invocado en sus escritos o en las que hayan fundamentado su accionamiento. Como lo sostuvo esta Corporación en sentencia redactada por el Dr. Torello: “ El vicio de incongruencia aparece cuando se falla más allá, menos o sobre objeto diverso al pedido (ultra, minus y extrapetita), sin perjuicio de que también se incurra en incongruencia cuando se decide variando la causa petendi. Es claro, entonces, que difícilmente incurrirá el Juez en incongruencia cuando, ejercitando al amparo del principio iura novit curia su poder - deber de ubicar la situación fáctica postulada y probada, en la hipótesis normativa pertinente, haga lugar a la pretensión en base a un fundamento legal diverso al invocado, sin modificar el sustento fáctico propuesto; es decir, sin variar la causa petendi o sea, el conjunto de hechos jurídicamente relevantes que fundamentan la pretensión. En lo concerniente a los requisitos de la demanda en materia de precisiones de los fundamentos de hecho de la pretensión y determinativos de la causa petendi, nuestro sistema positivo sigue la doctrina de la sustanciación (VESCOVI: ‘Derecho Procesal Civil’; t. 4; págs. 74 - 76; TEITELBAUM; ‘El proceso acumulativo’; págs. 95 a 101). Se exige una precisa relación de los hechos jurídicos relevantes que originan el derecho que se hace valer en juicio y que fundamentan el petitium que se formula al órgano jurisdiccional (arts. 284; No. 4; Código de Procedimiento Civil; 117; No. 4; Código General del Proceso). Lo que apareja la consecuencia de que la tarea de calificación jurídica de la relación litigiosa no corresponde sea realizada atendiendo sólo y necesariamente a las normas invocadas por las partes sino en función de las especificaciones fácticas que constituyen el fundamento de la pretensión. El Juez, que para decidir el litigio y luego de constatada la veracidad de esos hechos, debe ubicarlos en la constelación normativa, calificándolos y determinando, por fin, el efecto jurídico pertinente, no se halla vinculado en esta operación, a los criterios de las partes, por aplicación del ya citado principio iura novit curia; pues dados los hechos él determinará el derecho aplicable (damihi factum, dabo tibi ius) (cf. CALAMANDREI: ‘Estudios ... etc.’; págs. 369 a 417; CARNELUTTI: ‘Sistema ... etc.’; t. 2; No. 161; ‘Couture; ‘Fundamentos ... etc.¡’ No. 181; t. Ed.; ALSINA: Tratado ... etc.’; t. 4; págs. 82 a 84; GUASP: ‘Derecho Procesal Civil’; págs. 235 a 236; ROSENBERG: ‘Tratado ... etc.’; t. 2; pág. 411; VESCOVI: op. cit; págs. 92 a 94 y RUDP: año 1977; No. 2; págs. 64 a 66; TEITELBAUM: op. cit.; págs. 98 y 109 a 110). Consiguientemente, en la labor de interpretar la demanda, el Juez no se encuentra constreñido ni por la categorización de los actos o negocios ni por la interpretación de que dichos actos o negocios efectúen las partes; es el Juez el que individualiza el derecho aplicable, aun mismo en contradicción con el propuesto o sugerido por aquellas (ODRIZOLA: ‘Interpretación de la demanda’; Rev. Judicatura; No. 10; pág. 253). De lo dicho se infiere que si el Juez, al interpretar la demanda, puede modificarla en ciertos aspectos (por ejemplo: en cuanto al nomen iuris), cuando teniendo el poder - deber de hacerlo, no lo hace, su fallo es susceptible de estar afectado por error in iudicando en razón de la omisión en aplicar la norma propia y correspondiente a la situación planteada; siendo su sentencia pasible de ser impugnada y, eventualmente, casada...”. (Sentencia Nº 87 bis/1991 ). Con tales entendimientos, resulta irrelevante que los actores no hayan invocado en su demanda las reglas sobre procedimiento policial. El oficio no estaba impedido de aplicar a los hechos narrados que resultaron probados las reglas que por Derecho correspondía, en base al principio iura novit curia . El principio de congruencia encuentra su fundamento en que las partes tienen la libertad de resolver cuáles hechos someten a la decisión del juez, y que éste no puede ejercer su magisterio fuera de aquello que las partes someten a su decisión. Son las partes las que determinan el objeto del proceso y tal determinación sujeta al juez. El juez tiene la limitante de que no puede fallar extrapetita ni ultrapetita ni incorporar a la causa hechos que no hayan sido alegados por los contendientes. De ese modo el principio de congruencia protege, por un lado al actor contra el desvío de su pretensión, pero también resguarda al demandado acotando la posible decisión, no solo al petitum sino también al cuadro fáctico – questio facti -. De ahí que se sostenga que ese principio como el dispositivo se justifica por el derecho de defensa, garantía básica del debido proceso (Cfme. Castro, A. y Reyes, A.: “Algo más sobre la congruencia en el Código General del Proceso”, RUDP 2/99, págs. 245 y 246; ver también pág. 249). En este caso, el Tribunal no se pronunció sobre hechos distintos a los invocados por la actora ni falló más allá de lo pedido, por lo que no hubo quebrantamiento alguno del principio de congruencia. III.II) Sobre la relación de causalidad entre las omisiones del servicio policial y el evento dañoso. III.II.I) La Corte, también por unanimidad, entiende que puede establecerse una relación de causalidad inequívoca entre el deficiente funcionamiento del servicio en este caso y el trágico desenlace. El sistema de prevención y represión de la violencia doméstica con el que cuenta el Uruguay supone la intervención de la Jurisdicción para la protección de las víctimas. A efectos de proteger a una persona que sufre violencia doméstica, el Juez cuenta con la posibilidad de adoptar una serie de medidas más o menos coercitivas. La intervención requerida será determinada por el Magistrado de acuerdo con las circunstancias del caso. En la especie, no fue posible poner en marcha el mentado sistema de protección porque, simplemente, no se puso en conocimiento de los hechos a la única autoridad competente: la jurisdiccional. Los episodios de violencia doméstica que no fueron puestos en conocimiento del Juez competente merecen el calificativo de extremadamente graves. No pueden caber dudas de que el ingreso forzado a una vivienda, los golpes de puño y la agresión con un cuchillo de cocina que provocó lesiones en el cuello son en extremo graves. Nótese, que esa misma agresión en el cuello con similar arma (cuchillo de cocina) fue realizada por J.J. antes de darle muerte a C.C.. Realmente cuesta imaginar situaciones de violencia más extremas que las vividas por C.C.. Por tanto, al tiempo de realizarse las denuncias del 3 de noviembre de 2012 y 21 de noviembre de 2012 el riesgo del daño era inminente. En ese contexto, el Juez competente habría tomado las medidas tendientes a evitar ese daño previsible a través de las herramientas que la Ley Nº 17.514 le brinda a tal efecto. Resulta claro el grado ascendente de la violencia ejercida por J.J. respecto de C.C., en particular, en los episodios que no fueron puestos en conocimiento del Poder Judicial, lo cual hacía predecible el desenlace final. En el caso, se pudo haber dispuesto la detención inmediata del agresor o, inclusive, la custodia policial a la víctima. En cualquier caso, la pronta intervención judicial pudo haber evitado el lamentable resultado, al menos, en un grado considerable de probabilidad. III.II.II) El punto en el que existe discrepancia entre los miembros de la Corporación es en el encuadre técnico jurídico del caso, en cuanto a los fundamentos de la condena al I.I.. (i) Para la mayoría integrada por los Señores Ministros Doctores Elena Martínez, Jorge Chediak y Eduardo Turell, la responsabilidad que se le atribuye al I.I., tiene su origen o fuente en un cuasidelito, constituido por la falta de servicio en que incurrió la demandada, punto que no resulta objeto de disidencias entre los miembros de este Colegiado. La pretensión resarcitoria se dirige solo contra el I.I., pese a que fue el ex concubino de la víctima quien le dio muerte, pero no se dedujo pretensión en su contra. En hipótesis de concurrencia de un delito y de un cuasidelito en la causación del daño, el artículo 1331 del Código Civil no resulta aplicable, punto en el cual coinciden todos quienes suscriben esta decisión. A la misma conclusión de considerar inaplicable el art. 1331 del Código Civil se llega si se considera que, en el caso, quienes concurren a la causación del daño resultan responsables extracontractualmente (el agresor en virtud de lo que dispone el artículo 1319 CC) y contractualmente el I.I., al incurrir en violación de obligaciones legales preexistentes. El punto de discordancia radica en determinar si la responsabilidad que cabe atribuirle a los distintos causantes del daño es proporcional, o si corresponde responsabilizar a cada uno en función de relaciones de causalidad independientes, recurriendo a la responsabilidad “in solidum”. A juicio de la mayoría, la tutela integral de la víctima y los actuales desarrollos en materia de derecho de daños, conducen a recibir, toda vez que ello sea posible, la solución de la solidaridad pasiva, o de la responsabilidad “ in solidum ” de los distintos deudores, en función del principio “ favor victimae ” que rige en la materia. La recepción de la tesis de la responsabilidad “in solidum”, cuyos fundamentos fueron expuestos en trabajo del Doctor Leslie Van Rompaey titulado “¿Es admisible la condena in solidum en la responsabilidad extracontractual?”, publicado en ADCU, Tomo XXII, página 471 y siguientes, conduce a sostener que la responsabilidad del autor material del delito y causante directo del daño, puede ser del 100%, en función de lo que dispone el artículo 1319 del CC. Cabe destacar que, en el caso, no se dirigió pretensión alguna en su contra. El I.I., por su parte, al haber incumplido su obligación de poner en conocimiento del Poder Judicial los hechos denunciados por la víctima, permitiendo así la adopción de medidas de protección, contribuyó causalmente al resultado final. Si bien no se conceptualizó el nexo causal entre la conducta del demandado y la causación del daño como pérdida de chance, ésta es la figura que corresponde, a juicio de la mayoría, aplicar en la especie. La pérdida de chance es un “minus” respecto al elemento nexo de causalidad e integra, sin duda, la cadena causal que conduce a un determinado resultado. No existe incertidumbre respecto de su existencia: “ la chance es cierta; lo que es incierto es el resultado ” (cf. Gamarra, J. Responsabilidad civil médica, T. 2, FCU, p. 319). Si bien la demanda atribuyó a la omisión o incumplimiento de las obligaciones a cargo de los funcionarios de la demandada la producción del daño (muerte de la víctima), nada impide, iura novit curia mediante, una recalificación de la relación de causalidad. Y ello porque es quaestio iuris , cuya consideración a esta altura del proceso en nada agrede al derecho de defensa. A tal calificación se arriba al considerar que no existe plena certeza de que, aún cuando el demandado hubiera cumplido sus obligaciones de dar cuenta al Juez competente (penal y de violencia doméstica), ajustándose estrictamente al protocolo de actuación, hubiera podido evitarse el resultado muerte de la víctima, máxime cuando las efectivas medidas de protección debían ser adoptadas por un sujeto distinto: el Poder Judicial. No existe certeza de que las máximas medidas de protección, aún cuando se hubiera hecho la comunicación que correspondía, se hubieran adoptado, ni que éstas hubieran sido plenamente eficaces para impedir la muerte, ni tampoco que una vez que la autoridad competente tomara conocimiento del asunto, lo hubiera hecho en tiempo útil y ajustándose a las necesidades del caso. Pero sí puede sostenerse, con el grado de certeza necesario, que si se hubiera actuado de conformidad con las obligaciones a cargo del I.I., existía una chance probable, de acuerdo con parámetros de normalidad, de haber evitado la muerte a manos del agresor. El porcentaje fijado por la Sala de mérito, en mayoría, parece razonable, aún cuando se lo califique como pérdida de chance, tal como viene de argumentarse precedentemente. Pero debe quedar claro que ni el hecho de la víctima, ni el hecho del agresor –quien respondería por el 100% de haber sido demandado–, inciden en el porcentaje que se atribuye a la incidencia causal (pérdida de chance) de la omisión en que incurrió el demandado. Aún cuando la víctima hubiera realizado varias denuncias y las hubiera retirado, y aun cuando continuara conviviendo con el agresor, las denuncias que formuló en noviembre de 2012 fueron de tal gravedad que nada puede justificar la inacción de los funcionarios policiales. Finalmente, la responsabilidad “ in solidum ”, instituto que, a juicio de la mayoría, corresponde aplicar en el caso, sin que la circunstancia de que no se condene al I.I. por el todo constituya un obstáculo para ello, encuentra su fundamento en la diversidad del título o fuente de la obligación resarcitoria, así como en la existencia de dos hechos ilícitos distintos, causalmente independientes respecto a un mismo resultado final (muerte de la víctima). A ello cabe agregar que no resultan admisibles las defensas basadas en la propia culpa de quien las introduce, en el caso, I.I., tal como lo expone Van Rompaey en la obra citada supra. La Suprema Corte de Justicia en sentencia nro. 140/2015, de 20/5/2015, ha recibido la condena “ in solidum ” en un caso de incumplimiento de contrato, así como también lo hizo en sentencia nro. 37/2015, de 2/3/2015, en un caso de responsabilidad extracontractual por accidente de tránsito, ambos casos citados por la Doctora Beatriz Venturini en trabajo conjunto con la Doctora Marcela Tabakian, bajo el título: “La condena ‘in solidum’ en la jurisprudencia uruguaya reciente”, publicado en “Doctrina y jurisprudencia de Derecho Civil”, Tomo IV, página 257 y siguientes. Finalmente, se destaca que el principio “ a causación parcial, responsabilidad parcial ” (Gamarra, J., TDCU, T. XIX, ed. 1981, pág. 325) encuentra su fundamento en el artículo 1331 CC, consagratorio de la proporcionalidad como criterio de determinación del nexo causal en caso de existencia de distintos autores materiales del mismo daño, disposición que no resulta, por los motivos expuestos precedentemente, aplicable en el caso. (ii) Para el Sr. Ministro Dr. Luis Tosi y la redactora sin embargo, no resulta cuestionable el encuadre técnico-jurídico que realizó la Sala y, en su mérito, entendemos que el I.I. debe responder por su contribución causal a la causación del evento. (ii.i) En primer lugar, cabe señalar que la responsabilidad que se le endilga al I.I. no tiene su causa generatriz en un delito, sino en un cuasi delito: la falta de servicio en la que -según el juicio unánime de la Corporación (ver ut supra Considerando III.I)- ha incurrido la demandada. Ello determina que el asunto quede fuera del ámbito de lo dispuesto en el inciso primero del art. 1331 del Código Civil, que establece la responsabilidad solidaria entre los autores cuando un delito ha sido cometido por dos o más personas. En efecto, no puede postularse que, en este caso, el evento dañoso (muerte de C.C.) derive de un delito cometido por dos o más personas (que en la especie serían el I.I. y el matador). Consideramos, por el contrario, que en la producción del evento dañoso concurrieron causalmente un delito, cometido exclusivamente por el ex concubino de la víctima, y un cuasi delito, imputable al I.I. Ello determina que tampoco sea de aplicación al casus la disposición prevista en el inciso segundo del art. 1331 del Código Civil, la cual regula la hipótesis en la que “ el daño proviene de cuasidelito ”, estableciendo que en dicho caso sus autores responden proporcionalmente. En la especie, como se dijo, el daño proviene de la sumatoria de un cuasi delito y un delito. Se trata de un supuesto que no fue previsto a texto expreso en el mencionado art. 1331 del Código Civil. La disposición regula en el primer inciso aquellos casos en los que el daño es causado por un delito cometido por dos o más personas, y en el segundo inciso aquellos casos en que un cuasi delito es cometido por dos o más personas. No regula, en cambio, las hipótesis en las que intervienen en la producción del daño un delito (cometido por una o más personas) y un cuasi delito (cometido por una o más personas). Ante la falta de previsión normativa expresa, cabe aplicar la regla general en materia de responsabilidad civil, que es la de la proporcionalidad. Cada uno de los autores debe responder en forma proporcional a su grado de participación en el evento dañoso. En efecto, la solidaridad es excepcional y requiere texto legal expreso, que en el caso está ausente. En tal sentido, enseña Gamarra que la división de la responsabilidad es el principio general: a causación parcial, responsabilidad parcial (Cfme. Gamarra, J.: “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, T. XIX, Montevideo, 2009, págs. 324/326). En consecuencia, en el casus , el I.I. debe responder en forma proporcional a su porcentaje de participación en la causación del perjuicio. A nuestro juicio, el enfoque de la Sala, de responsabilizar al I.I. por su contribución causal al evento dañoso, resulta técnicamente más apropiada. En efecto, es posible afirmar que las omisiones del servicio crearon las condiciones para que la acción del homicida pudiera desarrollarse y, desde este punto de vista, no parece forzado concluir que existió una contribución causal de aquellas omisiones en relación al evento dañoso de marras (muerte de la víctima). Puede establecerse una relación de causalidad entre la probada omisión de la policía, en dar cuenta tempestiva al Poder Judicial de los hechos constitutivos de violencia doméstica, con el desenlace fatal -derivado de una espiral de violencia- que, finalmente, segó la vida de C.C.. Como vimos, efectivamente existió una contribución causal, por la omisión de la Policía a la causación del evento. La Sala concluyó que: “ ...la inactividad estatal favoreció a que el concubino aumentara la violencia y pudiera acceder fácilmente, a la víctima como lo hizo y ultimarla. (...) existe una relación clara y directa de la omisión del servicio prestado por la demandada y el aumento del riesgo que, en definitiva, facilitó la realización del evento dañoso ” (fs. 287). En este contexto, si bien no es posible aseverar que la omisión del I.I. haya sido la única circunstancia causante de la muerte de C.C., resulta indudable que contribuyó a crear un contexto causal que aumentó el riesgo y, en consecuencia, posibilitó que el asesinato se produjera. Como enseña el civilista argentino Isidoro Goldenberg, frente a la interpretación generalizadora, según la cual basta la existencia de una vinculación causal entre un antecedente en la sucesión de hechos y el efecto final, para configurar la responsabilidad del sujeto, se formulan por parte de la dogmática jurídica las “teoría individualizadoras” (a modo de ejemplo y, sin agotar la lista: “teoría de la causa próxima”; “teoría de la causa adecuada”; “teoría de la causa eficiente y preponderante” etc.). Según estas “teorías”, la causa ya no es la suma de todas las condiciones necesarias para el resultado o alguna de ellas, sino que debe individualizarse cuál posee esa aptitud genética. El problema consiste, precisamente, en seleccionar cuál será la o las condiciones relevantes que habrán de elevarse a la categoría de causa, a los fines de la atribución jurídica de las consecuencias que de ellas deriven (Cfme. Goldenberg, I: “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, La Ley, Buenos Aires, 2000, pág. 19). En el mismo sentido, el Profesor de Girona Jordi Ferrer Beltrán observa que necesitamos restringir el conjunto infinito de circunstancias que contribuyen causalmente para la producción de un determinado evento. La noción de causalidad jurídica opera seleccionando -bajo criterios diversos y no siempre compatibles- un subconjunto de las causas en sentido material a los efectos de la posterior atribución jurídica de responsabilidad. Criterios como el de la causa próxima, la causa específica, la causa eficiente, la causa adecuada entre otros, operan precisamente en ese sentido. En definitiva, la causalidad material y la jurídica están relacionadas de modo que la segunda presupone a la primera pero no a la inversa. La selección de las circunstancias que, dentro del contexto causal, se considerarán como las causas en sentido jurídico -como bien apunta Ferrer Beltrán- no es neutra sino que es producto de un juicio valorativo (Cfme. Ferrer Beltrán, J: “La prueba de la causalidad en la responsabilidad civil” en AA. VV.: “Causalidad y atribución de responsabilidad (Diego M. Papayanis (Coord.)”, Madrid, 2014, págs. 218/219). Por esta razón, parece razonable que esa toma de decisión no sea considerada parte de las operaciones destinadas al establecimiento de la premisa fáctica ( quaestio facti ) sino una verdadera quaestio iuris . Supone decisión del Tribunal, no sobre los hechos probados sino a partir de un conjunto de hechos probados (aquellos que componen el contexto causal). Y, como lo ha señalado reiteradamente la Corporación, el juicio sobre la relación de causalidad atañe a una quaestio iuris (revisable en casación) y no a una quaestio facti , de regla excluida. Si se asume que establecer la relación de causalidad se relaciona con la calificación por el juzgador de los hechos que se tiene por ciertos y los que han sido probados (art. 198 CGP) desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, es evidente que no tiene que ver con la prueba de los hechos -más precisamente: con las proposiciones sobre los hechos- sino con su encuadre en las Reglas de Derecho. Por ende, se trata de una quaestio iuris , no exiliada del control casatorio (Cfme. Carnelli, S. y Sarlo, O.: “Culpa, nexo causal y su prueba en la casación civil uruguaya”, ADCU, T. XXXVIII, pág. 803 y sentencias de esta Corporación Nos. 2029/2017 y 1.209/2018 ). Cuando adscribimos a un agente la cualidad de agente causal, porque determinamos cual es la causa de un determinado resultado no estamos ante una mera cuestión descriptiva. Entre una serie de distintos acontecimientos, todos ellos condición necesaria o contribuyente al efecto (que constituyen lo que podría llamarse el “contexto causal”), hay que seleccionar uno como la causa [jurídica]. Dicho acontecimiento suele ser el elemento anormal del contexto. Pero lo más importante es lo siguiente: la selección del acontecimiento que se erigirá como la causa jurídica de determinado evento, es una cuestión de decisión y, por cierto, tiene un grado irreductible de discrecionalidad. Y es, como se dijo más arriba, contextual y revocable (Cfme. Feinberg, J.: “La filosofía de la acción”, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, pág. 168, citado por González Lagier, D.: “Las paradojas de la acción”, Marcial Pons, Madrid, 2013, pág. 56). En nuestra mejor doctrina, no existe una solución uniforme ni una doctrina que, siempre y en todos los casos, resulte de aplicación ineluctable. Antes bien, la labor de determinar la relación de causalidad en la labor jurisprudencial tiene un innegable carácter heurístico. Corresponde, únicamente, descartar la tesis de la equivalencia de las condiciones, porque el art. 1331 del Código Civil así lo impone. En palabras de Gamarra: “... es inaceptable la teoría de la equivalencia. Pero la ley no va más allá y no toma partido por ninguna teoría o doctrina ...” (Cfme. Gamarra, J.: “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”; T. XIX, FCU, Montevideo, 2000, pág. 318; sobre las diferentes teorías sobre la relación de causalidad véase un excelente racconto en Soba Bracesco, I.: “La relación de causalidad y la prueba pericial”, La Ley Uruguay, Montevideo, 2016, págs. 47 a 116). En base a estas premisas conceptuales, consideramos que la decisión de la Sala de establecer una relación de causalidad entre las omisiones del servicio policial –omisiones que tal como fuera dicho se dan en el marco normativo de un deber hacer- y la muerte de C.C., resulta jurídicamente justificada. A la hora de seleccionar cuáles condiciones, de las que intervienen en la producción de un evento, pueden erigirse en “causa” –desde el punto de vista jurídico-, resulta un criterio generalmente aceptado el de tomar en consideración aquellos hechos (u omisiones) que probable o regularmente producen determinada consecuencia, o en otras palabras, aquellas condiciones que producen adecuadamente un determinado efecto. Sobre el punto, ha sostenido la Corporación en Sentencia N° 91/2003 , citando a su vez el pronunciamiento N° 440/2000: “ Desde luego, podría decirse que toda condición o todo factor que ha intervenido en la producción del evento, es su causa. Con lo cual, entonces, la serie causal sería ilimitada, no habría criterio para excluir alguna de ellas por más alejada que esté en el tiempo, por cuanto ‘... a cada causa preceden otras causas, hasta lo infinito, y más allá de cada efecto se suceden siempre otros efectos ulteriores’ (Hartmann, citado por Karl Larenz: Derecho de las Obligaciones, t. I, pág. 199; Cf. sentencia de la Corporación No. 553/94). Para hacer ese descarte se tiene que partir de un criterio de probabilidad o de regularidad. Así para Von Kries ‘... un acontecimiento no puede ser considerado como la causa de un daño por el solo hecho de que se haya comprobado que, sin ese acontecimiento, el perjuicio no se habría producido. Entre todos los acontecimientos que concurren a la realización de un daño, que son condiciones de él, todos no son ‘su causa’ desde el punto de vista de la responsabilidad: no todos le obligan a su autor a reparación. Sólo pueden ser considerados como causas de un perjuicio los acontecimientos que deberían producirlo normalmente: se precisa que la relación entre acontecimiento y el daño que resulte de él sea ‘adecuada’, y no simplemente ‘fortuita’’ (teoría referida por Henri y León Mazeaud - André Tunc: Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil, t. 2, vol. 2, pág. 18). Esto es, la condición que asume la calidad de causa, aquélla que adquiere relevancia como para vincular el accionar del agente con el daño, es la ‘adecuada’ para concretarlo ... ...Será causa aquella condición que produce ‘adecuadamente’ un determinado efecto. Aquélla que un hombre normal, razonable, el prototipo del ‘buen padre de familia’, ha considerado como consecuencia natural de un cierto comportamiento... (Cf. entre otras, sent. No. 323/97) ”. (Cfme. Sentencia N° 91/2003 ; en igual sentido: Sentencia N° 867/2008). Aplicando tales conceptos al subexamine corresponde considerar que la subsunción realizada por la Sala resultó correcta, desde que el hecho ilícito (falta de servicio) que protagonizara el demandado, al no haber dado cuenta al juez competente, corresponde ser considerado como “causa adecuada” –conjuntamente con otras- de los perjuicios alegados, en tanto éstos resultaron ser consecuencia razonable, en relación de verosimilitud, de la omisión imputable al I.I.. No es posible soslayar la acción del matador, pero tampoco se puede soslayar que ésta se vio facilitada por la inexistencia de medidas que restringieran su acercamiento a la víctima u otras cautelas apropiadas a las circunstancias. Meses antes, se había dispuesto una medida de no acercamiento que había mantenido a raya al ex concubino. Sin embargo, la persistencia de su designio agresor no halló por parte de los órganos encargados de cumplir la ley valla alguna en sus posteriores embates. Es así que el victimario volvió a la carga una y otra vez, sin que las autoridades encargadas –y que habían sido debidamente noticiadas- posibilitaran la represión de sus actos violentos. La omisión del I.I. en hacer las comunicaciones al Poder Judicial, para que los órganos judiciales tomaran las medidas correspondientes, facilitó el acceso del agresor a su víctima. No fue el único elemento causante del infortunio, como bien lo pone al descubierto la Sala, pero su contribución causal resulta innegable. Exactamente en qué medida contribuyó a que el asesinato se produjera, resulta difícil establecerlo con precisión. La Sala, en temperamento que se comparte, lo estableció en el 50% (cincuenta por ciento), lo cual luce razonable. Como enseña Gamarra, un evento puede darse a raíz de una pluralidad de causas. Por ejemplo, por el concurso de la acción de varios ofensores; entre el acto humano y el hecho de la naturaleza o entre el acto del ofensor y el de un tercero o la culpa de la víctima. Es una solución de principio en nuestro Derecho que el ofensor debe responder por el daño que ha causado y no más allá. La división de la responsabilidad es, por lo tanto, el principio general: a causación parcial, responsabilidad parcial. Nada impide determinar la proporción o diferente medida en que, distintas causas, han dado lugar a la causación de un determinado evento dañoso (Cfme. Gamarra, J.: “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, T. XIX, Montevideo, 2009, págs. 324/326). En este caso, la omisión del Estado en actuar determina que deba responder por la contribución causal que, por la no comunicación debida, contribuyó en la generación del daño cuya reparación reclaman los actores infolios. El grado de participación causal que ha atribuido la Sala resulta razonable y debe mantenerse. III.II.III) Legitimidad de la condena por daño moral impuesta. En cuanto al agravio concerniente a la cuantía de la condena por concepto de daño moral, el agravio no puede ser atendido. Esta Corporación ha manifestado en múltiples ocasiones que la fijación de las cifras de reparación de daño moral, pertenece a la órbita de discrecionalidad de la que gozan los tribunales de mérito, en la medida en que la estimación se efectúa teniendo en cuenta, esencialmente, las circunstancias de hecho. La única posibilidad de ingresar a analizar el monto de la indemnización, se presenta cuando la cantidad establecida resulta arbitraria o absurda, ya sea por lo ínfimo o por lo desmedido (Cfme. Sentencia Nº 54/2016 , ADCU, T. XLVII, c. 212, pág. 221 entre muchas otras), supuesto que no se perfila en el caso. Además, el cuestionamiento que formula el recurrente, señala que la Sala no tomó en cuenta que los actores no tomaron medida alguna en salvaguarda de la vida de la víctima, para sacarla de la situación. Tal extremo, se relaciona con la contribución a la causación del daño; atañe estrictamente a la relación de causalidad. La magnitud del daño que aquí cuestiona, es harina de otro costal, por lo que evidentemente la crítica no da en el blanco. IV) El recurso de casación interpuesto por vía adhesiva por la actora. El cuestionamiento que formula la recurrente por vía adhesiva, concierne al porcentaje atribuido a la demandada en la causación del evento dañoso. Como lo ha expresado la Corporación reiteradamente, el nexo causal y el grado de participación en el evento dañoso, constituyen quaestio iuris y, por ende, son pasibles de ser reexaminadas en casación. A modo de ejemplo, en la Sentencia Nº 341/2016 se sostuvo: “... este Alto Cuerpo tiene jurisprudencia firme en el sentido de que el nexo causal y el grado de participación en el evento dañoso constituyen quaestio iuris que, como tales, son pasibles de ser examinadas en la etapa casatoria. (...) si bien el establecimiento de la situación fáctica que se aduce como causa, origen o elemento productor del daño invocado por la parte actora es una cuestión de hecho (ajena, en principio, al ámbito casatorio), no es menos cierto que la determinación del nexo causal es una verdadera quaestio iuris, en la medida en que supone la calificación de si esa situación fáctica tiene la relación requerible con el hecho dañoso como para ser considerada, jurídicamente, la causa del daño en cuestión (cf. sentencias Nos. 323/1997, 196/2005, 187/2007, 14/2008, 148/2009, 418/2009, 46/2010, 2.089/2010, 3.497/2011, 896/2012, 464/2013, 792/2014, 89/2015, 85/2016 y 234/2016 de la Suprema Corte de Justicia, por citar solamente algunas a vía de ejemplo) ”. En efecto, como enseña González Lagier, la determinación de la relación de causalidad atañe a la calificación de los hechos; se trata de un tipo de interpretación de hechos, que se realiza desde la perspectiva de las normas jurídicas. Establecer si un hecho o evento tiene relación de causalidad con una determinada consecuencia, es algo atinente a la calificación jurídica; establecer que un hecho fue la causa del resultado lesivo no es independiente de las normas jurídicas y, por ende, es una quaestio iuris y no una quaestio facti . (Cfme. González Lagier, D.: “ Quaestio Facti (Ensayos sobre prueba, causalidad y acción)”, Palestra-Temis, Lima-Bogotá, 2005, págs. 41-42 y 48 a 52; véase también Carnelli, S. y Sarlo, O.: “Culpa...”, cit; pág. 803 y las sentencias de esta Corporación Nos. 2029/2017 y 1.101/2018 ). En suma, no hay obstáculos formales para revisar la decisión sobre el establecimiento del grado de participación causal en la causación del infortunio. Ahora bien, sin perjuicio de que el asunto pueda revisarse de acuerdo a las reglas de rito, no parece asistirle razón en cuanto al fondo a la recurrente. La decisión de la Sala de atribuirle un porcentaje en la causación al I.I., establecido en un 50% (cincuenta por ciento), resulta acertado de acuerdo a cómo se dieron los hechos. Si bien, como se ha dicho reiteradamente, la omisión del Estado contribuyó causalmente, no parece ser la única circunstancia del “contexto causal” en el que tuvo lugar el homicidio de C.C.. No es posible aseverar racionalmente -con un grado de certeza razonable- que la comunicación de las denuncias de noviembre de 2012 al Poder Judicial hubiera podido evitar el asesinato. Podría haber contribuido a evitarlo, a continentar o elevar las medidas de protección a la situación de la mujer víctima, pero es imposible aseverar, con un grado total de seguridad, que lo hubiese logrado. Por tal motivo, resulta razonable la decisión de la Sala de no adscribirle el cien por ciento (100%) de la responsabilidad al I.I. V) La correcta conducta procesal de las partes no justifica la imposición de especiales condenas causídicas (art. 688 del Código Civil). Por estos fundamentos, la Suprema Corte de Justicia por unanimidad FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN PROMOVIDO POR LA DEMANDADA POR VÍA PRINCIPAL Y EL RECURSO DE CASACIÓN PROMOVIDO POR LA ACTORA POR VÍA ADHESIVA; SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. A LOS SOLOS EFECTOS PARAFISCALES, FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS EN LA SUMA DE 30 BPC (ART. 71 LITERAL B DE LA LEY Nº 17.738). NOTIFÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.