Sentencia Interlocutoria N° 970/2019

Montevideo, veintitrés de mayo del dos mil diecinueve VISTOS: Estos autos caratulados: AA – EXTRADICIÓN – CESE DE DETENCIÓN – IUE: 1-39/2019. RESULT ANDO: 1.- En autos la Defensa de AA peticionó el inmediato cese de su detención administrativa (fs. 379/384 vta.). 2.- La Defensa afirma que el arresto administrativo, supera ampliamente los 120 días, más específicamente, sostiene que son 252 los días de prisión efectiva. Expresa que si bien existen dos Tratados celebrados entre Uruguay y EE.UU., uno de ellos es el Tratado de Extradición y Cooperación en Materia Penal, ratificado por nuestro país por el Decreto Ley 15.476, y por otro lado el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, ratificado por Ley 16.431, ninguno de ellos establece plazo alguno respecto a la duración del arresto administrativo de la persona requerida. En consecuencia, al no existir plazo determinado en el Tratado entre Uruguay y EE.UU., sostiene que resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 339.3 de la Ley 19.293, por resultar más benigna que su modificativa, la Ley 19.653, y en consonancia con ello, el art. 16 del NCPP, dispone que las normas procesales penales son de aplicación inmediata y alcanzan incluso a los procesos en trámite. Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto por el inc. 5) del art. 7 y el inc. 1) del art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, extremo este recogido asimismo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el párrafo 3) del art. 9. Y concluye que 120 días (253 más aún), han sido considerados por nuestro legislador un plazo razonable dentro del proceso de extradición para que el individuo permanezca privado de su libertad, y todo lo que lo supere, será un “exceso”, y por ello solicita el cese inmediato del arresto. Agrega que si los Sres. Ministros lo entendieran pertinente, podrán incluso disponerlo con medidas limitativas a la libertad ambulatoria, como puede ser colocación de la tobillera electrónica, el cierre de fronteras, el retiro del pasaporte personal o a sus familiares directos, etc. Agrega por último, que su defendido posee arraigo social y familiar en nuestro país, ya que es padre de dos hijos menores, posee vínculo matrimonial estable con BB y tiene radicación desde el año 2015 en nuestro país, en la ciudad de Montevideo. 3.- Por Providencia No. 630 de 11.IV.2019 los autos pasaron en vista al Sr. Fiscal de Corte quien dictaminó a fs. 391/392 vta. en el sentido de que se rechace la solicitud en vista. CONSIDERANDO: 1.- La Suprema Corte de Justicia no hará lugar a lo solicitado, en coincidencia parcial con los argumentos del Sr. Fiscal de Corte, los cuales hace suyos y reitera a continuación. 2.- La solicitud de extradición en trámite, se enmarca en el Tratado suscrito entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, suscrito en Washington el 6 de abril de 1973, el cual fue aprobado por nuestro país, por el Decreto-Ley No. 15.476. Y según establece la Ley No. 19.293 en su artículo 329, se aplicarán las disposiciones que esta norma prevé en cuanto al régimen y procedimiento de la extradición, sólo en caso de defecto o insuficiencia de los tratados o convenciones internacionales ratificados por la República. Ahora bien, analizando el Tratado de Extradición que nos vincula con los EE.UU., resulta que el mismo prevé tres hipótesis en las cuales procede disponer la libertad de la persona. El art. 11, establece que si dentro de un plazo máximo de 45 días contados desde la fecha de su arresto provisorio, la Parte requirente no presenta el pedido formal de extradición, “la persona reclamada será puesta en libertad”. En el siguiente artículo, se dispone que si la Parte requerida solicita comprobantes o información adicional para poder decidir sobre el pedido de extradición, y la mismo no se cumpliera en el plazo fijado, dicha persona “será puesta en libertad”. Y el art. 15 ejusdem edicta que: “La parte requerida comunicará de inmediato a la Parte requirente, por vía diplomática, la decisión tomada sobre la solicitud de extradición. Si se dicta por la autoridad competente un auto u orden de extradición de la persona reclamada y ésta no es retirada del territorio de la Parte requerida dentro del plazo de treinta días, contados desde la fecha de dicha comunicación será puesta en libertad y la Parte requerida podrá denegar posteriormente su extradición por el mismo delito”. En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto por la última norma citada aplicable a la situación en trámite, el arresto preventivo cesará una vez que hayan transcurridos 30 días desde que se comunicó al Estado Requirente la orden de extradición (art. 15). 3.- Por lo tanto, en la especie aún no ha comenzado a transcurrir el plazo dispuesto en el citado art. 15. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia RESUELVE: NO HACER LUGAR A LO SOLICITADO.