Sentencia Definitiva N° 1.146/2019

Montevideo, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SUÁREZ CABALLERO, RAÚL OMAR C/ PÉREZ DUARTE, DANY FABIÁN - DEMANDA LABORAL - CASACIÓN”, IUE: 508-205/2016 , venidos a conocimiento de la Corte en mérito a los recursos de casación interpuestos por la parte actora y la parte demandada y; RESULTANDO : I) Emerge de autos que, con fecha 3 de mayo de 2016, a fs. 4/10, compareció el accionante Raúl Omar SUÁREZ CABALLERO, ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de 3° Turno, a promover demanda laboral contra Dany Fabián PÉREZ DUARTE. Alegó, en síntesis, que fue contratado por el demandado el 14 de diciembre de 2006 para trabajar, en un inicio, como oficial soldador, en la empresa de aquél, de fabricación de galpones prefabricados que instala en todo el territorio nacional, así como en la preparación de los materiales para su armado, lo que se realiza en la planta taller de la ciudad de Tarariras, en el kilómetro 28,500 de la de Ruta No. 22. Expuso que, al poco tiempo de su ingreso, la empresa del demandado fue creciendo hasta superar los veinte operarios, diez de los cuales pasaron a estar a cuidado y dirección del accionante, sin que se le pagara a éste el salario correspondiente a sus nuevas responsabilidades. Sostuvo que cumplía tareas de encargado de montaje y personal, oficial soldador y chofer de camión, pero solo se le pagaba su salario como medio oficial soldador categoría C, y no por las demás tareas. Adujo que el empleador pagó por mucho tiempo todas las horas extras como simples, y recién en los últimos meses de la relación laboral se le pagaron doble, como es de Ley. La jornada de trabajo nunca era menor a las 12 horas de labor, y rara vez, en invierno, trabajaban solamente 10 horas. Anotó que su salario era de $ 183 por hora de trabajo, aunque en los hechos los recibos figuraban por $ 135 la hora, pagándose el resto en negro, al igual que los demás operarios. Añadió que el empleador nunca le pagaba viáticos, presentismo, ni antigüedad, y que los rubros salario vacacional, licencia y aguinaldo se pagaban por el valor de los recibos oficiales, y no por lo efectivamente ganado. Asimismo, nunca pagó la compensación por pernoctar en el lugar de las obras. Afirmó que su despido se debió pura y exclusivamente a que el empleador se molestó porque se enteró que un hermano del accionante, quien también trabajaba para el demandado, le había solicitado al actor que testificara en el juicio laboral que se disponía iniciarle por rubros adeudados por su empresa, por lo que se configuró un despido totalmente injustificado y abusivo. Reclamó los siguientes rubros, en todos los casos con la correspondiente actualización: salarios impagos al momento del despido; diferencia de salarios por recibir un sueldo menor al que correspondía a su categoría; diferencia de categoría, por cuanto trabajó como encargado, chofer y capataz de obra, pero solo recibió el jornal de medio oficial soldador categoría C; horas extras, a razón de un promedio de 20 horas extras semanales; licencia generada en 2014 y no gozada, correspondiendo 7 días, más la licencia generada en 2015, a la que corresponde el pago de 18 días; salario vacacional, por idéntico monto al indicado para el rubro licencia; aguinaldo, por los 60 jornales trabajados luego del último que fuera abonado; antigüedad, la que nunca le fue abonada; indemnización por despido abusivo; viáticos por las 1.200 jornadas de trabajo cumplidas a más de 50 kilómetros de su domicilio; multa legal equivalente al 10% de la sumatoria de los rubros reclamados; daños y perjuicios de precepto, estimados en el 20% de la suma reclamada; aportaciones al BPS omitidas por la empresa. Total reclamado: $ 4.692.939. En definitiva, solicitó que se condenare a la demandada a abonar la suma reclamada, más sus acrecidas legales, costas y costos. I.I) Con fecha 9 de agosto de 2016, a fs. 79/90 vta., compareció el demandado Dany PÉREZ DUARTE, a efectos de oponer la excepción de prescripción y contestar la demanda entablada. En primer lugar, sostuvo que los rubros viáticos y falta de aportación al BPS no fueron solicitados en el formulario al momento de solicitar la audiencia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ni en el acta de audiencia, por lo que se encuentra prescripta la acción respecto a dichos rubros. En segundo lugar, señaló que se encuentran prescriptos, por haber operado la prescripción quinquenal prevista en el art. 2° de la Ley 18.091 los créditos correspondientes a los rubros diferencia de salarios, diferencia de categorías, horas extras, antigüedad y viáticos, desde la fecha de ingreso del actor hasta el mes de mayo de 2011. En cuanto al fondo, reconoció la existencia de la relación laboral pero controvirtió todos los rubros solicitados por el accionante. Señaló que todos los días efectivamente trabajados se declaraban en los recibos y ante el BPS. Dijo que cuando los trabajadores se quedaban por las noches en las obras, pernoctaban en una casilla con baño y demás comodidades. Sostuvo que surge de los recibos y planilla de trabajo que el actor se desempeñaba como oficial soldador montaje categoría C, abonándosele correctamente dentro de su categoría (oficial) la suma de $ 183 por hora de trabajo, y no de $ 135 como alega el promotor, no adeudándose por tanto ninguna diferencia de salario. Adujo que no es cierto que el actor impartiera órdenes a sus compañeros de trabajo, ni que tuviera personal a cargo. Nunca fue designado como encargado, ni tampoco en los hechos desempeñó tareas como tal. A su vez, la categoría de encargado/capataz no está prevista en el Convenio Colectivo, no existe norma que la especifique y le atribuya un régimen salarial. Alegó que la falta de fundamento del reclamo por diferencias salariales por categoría hace caer no solo la pretensión principal, sino las pretensiones derivadas por concepto de diferencias de horas extras, aguinaldo, licencia y salario vacacional. Controvirtió el monto de la indemnización, en tanto toma en cuenta un salario que no corresponde a la categoría. Afirmó que el accionante no realizaba 20 horas extras semanales, y que las que efectivamente realizaba, en forma ocasional, le fueron abonadas y surgen declaradas en los recibos de salario. No es cierto que el actor trabajara por las noches, ya que no es posible realizar el trabajo sin luz solar. A su vez, a los efectos de no laborar los sábados, la jornada era redistribuida de lunes a viernes, por lo que la jornada era de 9.6 horas, tomando el trabajador el descanso intermedio de una hora para almorzar. Sostuvo, por otro lado, que la relación laboral no cesó por los motivos expuestos por el actor, sino por la crisis económica, que condujo al cese no solo del accionante sino también de otros empleados. Expresó que no existe obligación legal de abonarle la compensación por antigüedad, la que no surge del Convenio Colectivo Grupo 8. En relación a los viáticos, señaló que los que eran realizados mensualmente se le pagaban al actor, abonándosele el 20% del básico de viático, porque se le proporcionaba la locomoción y alimentación, de acuerdo al convenio colectivo. Reconoció que se le adeuda al actor $ 11.019 por licencia del año 2015, $ 13.970 por salario vacacional, y $ 4.502 por concepto de aguinaldo. Afirmó que los daños y perjuicios preceptivos no pueden ser mayores al 10%, habiéndose acreditado la existencia de una hija. Dijo que no corresponde el cobro por esta vía del reclamo por aportaciones al BPS. En suma, solicitó que se acoja la excepción de prescripción y que se desestime la demanda, con costas y costos a cargo de la actora. II) Por sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de 3° Turno No. 11/2018, de fecha 5 de marzo de 2018, aclarada por providencia No. 672/2018, se amparó parcialmente la demanda y, en su mérito, se condenó a la demandada a abonar a la parte actora la suma de $ 2.762.725, por concepto de: salarios impagos, diferencia de salarios y categoría, horas extras, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, antigüedad, viáticos, daños y perjuicios preceptivos y multa (recargo) legal, con más su oportuno reajuste e interés legal hasta el momento de su efectivo pago. Se desestimó lo restante peticionado por el actor, así como el excepcionamiento opuesto por la parte demandada. Costas y costos por su orden (fs. 421/433 vto. y 437). III) En segunda instancia, por sentencia del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4° Turno DFA 0511-000303/2018 SEF 0511-000232/2018, de fecha 24 de agosto de 2018, se falló: “ C onfírmase la sentencia apelada, salvo en cuanto condena al pago de diferencias salariales, diferencia por categoría, viáticos y antigüedad en lo que se revoca y en su lugar, se absuelve de su pago a la demandada; en cuanto a la cantidad y monto de horas extras amparadas en lo que se revoca y en su lugar se dispone estar a la liquidación formulada en la apelación y en cuanto al monto de licencia, salario vacacional y aguinaldo en lo que se revoca y en su lugar se dispone estar a la liquidación de la apelación, intereses, reajustes, multa y daños y perjuicios preceptivos, todo con más los intereses y reajustes que continúen generándose hasta su pago. Sin especial imposición de costos y costas en el grado ” (fs. 480/486 vto.). IV) Con fecha 10 de setiembre de 2018, a fs. 489/491, la parte actora interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por el ad quem . En lo medular, sostuvo que dicha sentencia realiza una incorrecta valoración de la prueba producida en autos, en tanto los extremos que dieron lugar al fallo de primera instancia se encuentran indubitablemente probados en la causa, por lo que correspondía la confirmación de la condena impuesta por la sentencia del a quo , quien tuvo inmediatez en la recepción de los medios probatorios. Se agravió por la afirmación del Tribunal respecto a que el accionante no probó la calidad de encargado, ya que en esa tarea no existía, según la Sala, una habitualidad y permanencia en la dedicación del trabajador, siendo que los testigos fueron contestes en que el actor era el encargado de la cuadrilla, llevaba y traía el personal de las obras, se encargaba del traslado de los materiales y maquinarias, de los insumos para el alojo y alimentación del personal, todas labores muy distintas a las de la categoría de un oficial soldador, no solo por las tareas, sino en responsabilidad y duración de la jornada laboral. Agregó al respecto que el accionante fue un “poli-funcional”, hombre de confianza del demandado, cumplió múltiples tareas en beneficio de su empleador, con responsabilidades muy superiores a las de un oficial soldador y, por ende, de salario, incluso de horarios. Luego de trabajar como soldador, lo continuó haciendo en el traslado del personal, descarga de máquinas y herramientas de la empresa, acondicionamiento de la unidad, y liquidación con el demandado, todo lo cual está debidamente probado en la causa e incorrectamente valorado en el fallo recurrido. En cuanto al pago de viáticos y antigüedad, dijo que el primer rubro fue pagado en muy pocos meses, como se probó, y en forma parcial, mientras que el segundo nunca se abonó a pesar de los años que duró el vínculo laboral, no existiendo razones para que se haya revocado la condena a su pago, en tanto quedaron acreditados los extremos que las tareas se hacían generalmente lejos de Tarariras y pernoctando toda la semana en los lugares de las obras. Respecto al abatimiento del rubro horas extras, sostuvo que se encuentran suficientemente probadas las mismas, en jornadas cumplidas de sol a sol, incluso de noche, trabajando no solo de lunes a viernes, sino incluso los fines de semana y feriados. No se entiende la razón por la cual se ampara una liquidación realizada por la contraria, de difícil interpretación y desarrollo, y lo que es peor, sin el análisis y posterior cálculo por parte de la Sala. El actor probó la existencia de jornadas de labor de 12, 14 y más horas, también tareas fuera de horarios y categorías, siendo lo calculado y reclamado en la demanda un mínimo de lo que se adeuda por horas extras. Adujo, por último, que el fallo dispone además que los rubros licencia, salario vacacional y aguinaldo se paguen por la liquidación de la contraria, sin siquiera controlar la misma, ni explicar las razones por las que se revoca el monto fijado en primera instancia, extremo que también le causa perjuicio. En suma, solicitó que la Corte case la sentencia impugnada, manteniendo en un todo la condena dispuesta en primera instancia. V) Con fecha 27 de setiembre de 2018, a fs. 500/509, la parte demandada evacuó el traslado del recurso de casación y, además, adhirió a dicho recurso. Dijo que la liquidación de las horas extras efectuada en ocasión de interponer su recurso de apelación, que fuera la adoptada por el ad quem en su sentencia, se realizó en función de las 4 horas extras diarias que oportunamente había condenado el juez a quo . Sin embargo, dado que la jornada diaria del actor era de 9.36 horas, y que éste afirma que “en ocasiones trabajaba 12 horas”, no se explica el reclamo de 4 horas extras diarias, porque realizando una simple operación aritmética no puede concluir que trabajaba 4 horas extras por día. Agregó que no debe pasarse por alto, además, que fue el propio actor que afirmó que en invierno trabajaban solo 10 horas, lo que permite concluir que en invierno el trabajador no realizaba horas extras. A su vez, el accionante reconoció que en los últimos meses de la relación laboral el empleador había pagado doble las horas extras, por lo que tampoco correspondería condenar a la demandada al pago de las horas extras de ese último período de la relación laboral. Concluyó que resulta incompatible la condena al pago de 4 horas extras, cuando el propio accionante afirma en su demanda que trabajaba 12 horas, y en invierno 10 horas, y que en los últimos meses de la relación laboral le fueron pagadas las horas extras. Por lo cual, debería abatirse la cantidad de horas extras condenadas a pagar a la demandada. Por lo expuesto, solicitó que se rechace el recurso de casación interpuesto por la actora, y que se disponga un abatimiento en las horas extras objeto de condena. VI) Por providencia No. 86 de fecha 6 de febrero de 2019 (fs. 535), se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia, la que se acordó dictar en legal forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, desestimará el recurso de casación interpuesto por la parte actora y el recurso de casación interpuesto -por vía adhesiva- por la parte demandada, en base a los siguientes fundamentos. II) Recurso de casación interpuesto por la actora II.I) Respecto a la admisibilidad del recurso La parte demandada, al evacuar el traslado, adujo que el recurso es inadmisible, en tanto incumple ostensiblemente con los requisitos formales que debe tener el recurso de casación de acuerdo a lo dispuesto en el art. 273 del C.G.P. Si bien el recurso presenta una parca fundamentación, logra cumplir con las exigencias dispuestas por el art. 273 del C.G.P., más allá de que no se mencionan expresamente las normas que a juicio de la recurrente habrían sido infringidas, emerge de la lectura del escrito impugnativo que se estructuró un elenco de agravios, que denota los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación. Ello, sin perjuicio de lo que se dirá a continuación, respecto de algunos de los agravios deducidos por la recurrente, los cuales carecen por completo de fundamentación que los sustente. II.II) Ausencia de fundamentación de los agravios relativos a los rubros: viáticos, antigüedad, licencia, salario vacacional y aguinaldo Algunos de los agravios expuestos por la recurrente no han sido debidamente fundados, no habiéndose cumplido a su respecto con la carga de la debida fundamentación. Así acontece con los planteos de la impugnante relativos a los siguientes rubros: viáticos, antigüedad, licencia, salario vacacional y aguinaldo. En efecto, emerge de la lectura del recurso que, en lo que respecta a los referidos puntos, la recurrente se limita a cuestionar la revocatoria del Tribunal en relación a la procedencia o el monto de los mencionados rubros, pero sin explicar de qué manera la sentencia atacada infringiría la regla de Derecho, o supondría una valoración manifiestamente errónea de la prueba reunida en obrados. Lo expuesto determina, sin necesidad de ulterior análisis, el rechazo de los agravios relativos a los referidos rubros. II.III) Respecto al agravio relativo al rubro diferencias salariales por categoría II.IV) Los restantes agravios enumerados por el actor en su recurso dicen relación con sendos cuestionamientos a la valoración del material probatorio efectuado por el ad quem . De acuerdo a lo que se expondrá, considera la Corte que los agravios no resultan de recibo, lo que conducirá al rechazo del recurso interpuesto. Respecto al rubro diferencias salariales por categoría, señaló el recurrente que los testigos fueron contestes en que el actor era el encargado de la cuadrilla, llevaba y traía el personal de las obras, se encargaba del traslado de los materiales y maquinarias, de los insumos para el alojo y alimentación del personal, todas labores muy distintas a las de la categoría de un oficial soldador, no solo por las tareas, sino en responsabilidad y duración de la jornada laboral. Agregó al respecto que el accionante fue un “poli-funcional”, hombre de confianza del demandado, cumplió múltiples tareas en beneficio de su empleador, con responsabilidades muy superiores a las de un oficial soldador y por ende de salario, todo lo cual está debidamente probado en la causa e incorrectamente valorado en el fallo recurrido. El agravio resulta de rechazo. En el caso, lo que pretende el impugnante es una revalorización del material fáctico en casación, mediante una mera disconformidad con lo decidido en base al material probatorio reunido en autos, pero sin denunciar concretamente la existencia de irracionalidad o absurdo evidente en la valoración efectuada por la Sala. Sin perjuicio de las carencias del escrito recursivo, del examen del expediente de autos no se desprende, en absoluto, que la sentencia atacada haya incurrido en absurdo evidente al valorar la prueba. Por el contrario, se asiste en la especie, a un razonamiento fundado del Tribunal, que valoró adecuadamente los escritos alegatorios de las partes y la prueba producida en el expediente, concluyendo que correspondía revocar la sentencia en el punto y desestimar las diferencias salariales reclamadas por el accionante en virtud del presunto desempeño de tareas superiores a las de su categoría. Al analizar este rubro, señaló la Sala que: “ En cuanto a los agravios por las diferencias salariales y categoría, entendemos que le asiste razón al recurrente, pues de los recibos de salarios agregados surge que se le abonaba como oficial soldador C, conforme al salario laudado para el grupo y sub grupo de actividad al que pertenece la demandada. La sentencia (fs. 426 vto.-427), ampara el reclamo por diferencias salariales y categoría, en base a las declaraciones testimoniales que analiza y que dan cuenta de la categoría de oficial soldador, pues tenía a cargo peones cuyo trabajo supervisaba, así como conocimiento del oficio; empero tales características no lo ubican en la categoría de Encargado, como se reclama sin mucho detalle en la demanda. En efecto, como bien se sostiene por la recurrente, la carga de relacionar en forma la descripción de la categoría superior a la de oficial soldador por la que se le remuneraba según los recibos de salarios que la sentencia no menciona ni analiza, así como de probarla recaía sobre el actor, y de la prueba examinada como viene de decirse, no se desprende que realizara tareas propias de encargado o prevalentes propias de dicha categoría superior que, como se dijo más arriba, no se describen en el escrito introductorio, correspondiendo la revocatoria de la sentencia apelada en dichos puntos. Además de que el actor no cumplió con su carga de la debida sustanciación de la demanda, al no establecer la descripción de la categoría que pretende de acuerdo a los laudos aplicables, tampoco lo hizo con la carga probatoria, de acreditar su desempeño en la categoría de encargado que reclama, (superior a la de oficial soldador), en las tareas que la comprende según el laudo aplicable, para luego demostrar hacerlo en forma predominante. (...) El operario que pretende ser remunerado en la categoría superior, ha de demostrar la predominancia en el ejercicio de la misma, cuestión que no se verificó en la especie, ya que ni siquiera demostró el cumplimiento de las tareas que implicaban su inclusión en la categoría que aspiraba y la realización de las mismas, extremos que no fueron correctamente evaluados en primera instancia, lo que determina la recepción de los agravios y revocatoria de la recurrida ” (fs. 484/485). Tal como señaló correctamente el órgano de alzada, la actora -en su demanda- no relacionó en forma la descripción de la categoría superior a la de oficial soldador (por la cual se le remuneraba, según surge de los recibos de salarios), ni logró probar que realizara tareas propias de encargado u otras prevalentes, propias de dicha categoría superior, extremo que era su carga acreditar para que pudiera prosperar su pretensión. Ante la falta de descripción suficiente de la categoría superior en que alega haberse desempeñado ( id est : incumplimiento de la carga de la debida sustanciación), así como ante la ausencia de prueba en relación al efectivo desempeño de tareas superiores a las de su cargo, quedó sellada la suerte de su reclamo. II.V) La Sra. Ministra, Dra. Elena MARTÍNEZ, entiende del caso agregar que respecto de la casación fundada en errónea aplicación de las normas de admisibilidad o de valoración de la prueba, adhiere a la posición que entiende que dicha causal se reduce a los supuestos en los que se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada; o, en el caso de que corresponda aplicar el sistema de la sana crítica, cuando se incurra en absurdo evidente, por lo grosero e infundado de la valoración realizada (criterio sostenido por mayoría de la Corporación en Sentencias Nos. 594/2013, 452/2013, 273/2013, 4248/2011, 52/2010, 441/2017, entre otras). En el caso, la parte no cumple con alegar cuál es el concreto motivo de agravio y en qué sentido no comparte la valoración de la prueba realizada por el Tribunal. No imputa a éste ningún proceder arbitrario o absurdo al reflejar el juicio de los hechos, lo que resulta suficiente para desestimar el agravio. La exposición de la recurrente en su escrito de casación no resulta más que la manifestación de su discordancia o su desacuerdo con la valoración realizada, la que, en ningún sentido, puede calificarse como absurda o arbitraria. La parte recurrente no realiza una exposición de los medios probatorios que entiende que el Tribunal debió haber considerado, lo que denota lo endeble de la calificación de arbitrariedad que atribuye a la valoración de las Sedes de mérito. Por lo tanto, no corresponde a la Corporación revalorizar todo el material probatorio para encontrar la valoración alternativa. Es carga de la parte detallar en qué pruebas se funda la valoración que entiende adecuada y de qué forma el Tribunal se apartó de las pruebas y reglas de valoración aplicables. II.VI) Respecto al agravio relativo al rubro horas extras Respecto al rubro horas extras, la recurrente sostuvo que se encuentran suficientemente probadas aquéllas, en jornadas cumplidas de sol a sol, incluso de noche, trabajando no solo de lunes a viernes, sino incluso los fines de semana y feriados. El agravio tampoco resulta de recibo. Nuevamente, la actora se agravia por la valoración de la prueba efectuada por la Sala, pero sin denunciar la existencia de una ponderación absurda o irracional de los elementos probatorios por parte del Tribunal. La Dra. MARTÍNEZ, por su parte, considera que todos los agravios referidos a la valoración de la prueba deben ser desestimados, en el caso, por defecto de alegación. Sin perjuicio de lo cual, no se advierte en absoluto que el ad quem haya incurrido en ilogicidad o absurdo evidente en la valoración del material probatorio reunido en el expediente, lo que conduce a desestimar el agravio de la recurrente. En relación a este rubro, sostuvo el Tribunal en su sentencia: “(...) sobre los agravios por la condena de horas extras y la liquidación amparada en la sentencia, cabe señalar que han de ser de recibo parcial. Ello porque, si bien de los recibos de salarios agregados al expediente surge el pago de horas extras, nada de lo que fuera ponderado en la atacada y que acredita –en principio- la existencia de las mismas, no es menos cierto que los testigos dieron cuenta de una cantidad mayor a las que surgen pagas. Ahora bien, el actor en la demanda afirma que las horas extras eran pagas en forma simple y según las declaraciones testimoniales que la sentencia toma en cuenta para amparar el reclamo de horas extras, surge acreditado su cumplimiento de lunes a viernes, permanencia en el lugar de la obra, todo lo que da cuenta de que se hacían más horas extras que las abonadas. Por lo que, al no haberse agregado registro de control de horarios, los mentados testimonios corroboran una realidad que le da la razón al actor. Sin embargo, también es cierto que no se trabajaban los sábados, por lo que dichas horas se redistribuían en los demás días de la semana en jornadas de 9.36 horas con descanso intermedio de una hora, emergiendo de los recibos (fs. 62), que se abonaba la media hora de descanso. Por lo tanto, tales elementos probatorios que debieron considerarse en la sentencia apelada, determinan su revocatoria en cuanto a la cantidad de horas extras objeto de condena y su liquidación, debiéndose estar a la liquidación de alternativa realizada en la apelación ” (fs. 485 y vto.). En el pasaje citado, el Tribunal funda adecuadamente las razones que lo determinaron a apartarse de las conclusiones del a quo, y a condenar al pago de un monto, por concepto de horas extras, menor al que fuera dispuesto en primera instancia. Por otra parte, con relación a la elección de la liquidación alternativa realizada por la demandada en su apelación, la recurrente arguye que el ad quem optó por una liquidación “ de difícil interpretación y desarrollo ”, sin “ análisis y posterior cálculo por parte de la Sala ”. No obstante, no señala cuáles serían concretamente los errores o carencias de la liquidación efectuada, lo que sella la suerte de su agravio. III) Adhesión a la casación interpuesta por la demandada La adherente se agravió por el monto de la condena correspondiente al rubro horas extras, pretendiendo un abatimiento de la cuantía dispuesta en segunda instancia. III.I) A juicio de los Sres. Ministros, Dres. Eduardo TURELL, Jorge CHEDIAK, Elena MARTÍNEZ y Luis TOSI, el agravio no puede prosperar, por existir dos sentencias con soluciones coincidentes (art. 268 inc. 2° del C.G.P.). En tal sentido, la sentencia de primera instancia condenó al pago de horas extras de acuerdo con la liquidación que formulara el actor en su demanda ($ 1.002.022), y posteriormente, la sentencia de segunda instancia abatió dicho monto, tomando por buena la liquidación alternativa formulada por la demandada al interponer el recurso de apelación, por lo que condenó a pagar por horas extras la suma de $ 437.684. Como señalara la Corporación en la Sentencia No. 1248/2002: “... si la revocatoria no es motivo de agravio al modificarse en beneficio del pretendido recurrente, va de suyo que los agravios surgen de la parte confirmatoria. Ingresar por vía de un elemento que ni siquiera es motivo de agravio a cuestionar la confirmatoria de doble instancia, contradice el espíritu de la norma modificativa (Cf. Sentencias Nos. 1071/2002 y 1125/2001)(Cf. Sentencia No. 7/2003). Ello supone la existencia de dos sentencias con soluciones coincidentes en relación al monto condenado en ambas instancias ($ 437.684), lo que determina que solo sean admisibles los agravios que tengan por objeto la brecha existente entre el monto condenado en primera instancia ($ 1.002.022) y el dispuesto en segundo grado ($ 437.684). Atento a lo establecido en el art. 268 inc. 2° del C.G.P., y tratándose de un proceso en el cual no se demandó a una entidad pública de las previstas en la disposición mencionada, rige plenamente la regla que establece la improcedencia del recurso de casación respecto de aquellas cuestiones que han sido objeto de dos pronunciamientos coincidentes. Respecto del alcance de esta regla, la Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades: “(...) la «ratio legis» del artículo 268 del C.G.P. –con la redacción dada por el art. 37 de la ley Nº 17.243– radica en impedir que se revisen en el grado casatorio aspectos de la pretensión sobre los cuales recayeron pronunciamientos jurisdiccionales coincidentes en dos instancias, en razón de lo cual entiende la Corporación que aquellas cuestiones involucradas en el objeto de la litis y a cuyo respecto la decisión de primer grado fue confirmada en segunda instancia, se encuentran exiliadas del control casatorio (...)” (Cf. Sentencias Nos. 376/2009, 1221/2009, 122/2010, 884/2012, i745/2015 y 179/2015, entre otras). Al amparo de la disposición e interpretación referidas, no cabe más que declarar la inadmisibilidad del medio impugnativo ensayado respecto de aquellas cuestiones resueltas en primera instancia que fueron confirmadas por la Sala, sin discordia, como lo es lo relativo al punto objeto de análisis. III.II) La suscrita redactora, desde otra óptica de análisis, considera que el punto litigioso admite ser revisado en casación. Y ello porque existe otra lectura posible y más compatible con los principios propios de la vía impugnativa. Se postula en tal marco, una posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso que nos ocupa, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia o que la confirme, pero con discordia, la sentencia, en su integralidad , es pasible de ser revisada en casación. En criterio de esta redactora, esta tesis es la que mejor se condice no solamente con el texto legal, sino con el sistema procesal en su conjunto. En particular, es la que mejor realiza el principio de libertad impugnativa, que está consagrado en el art. 244.1 C.G.P., destacándose que cualquier restricción a la libertad de impugnación –como la que en este caso consagra la disposición legal en estudio- debe interpretarse con sentido restrictivo. La disposición en cuestión (art. 268 C.G.P.), se limita a determinar las sentencias que pueden ser objeto del recurso, pero en ningún momento limita el contenido de éste o establece qué partes de la sentencia pueden recurrirse o no. Desde luego que, como esta posición sobre la admisibilidad del recurso es minoritaria, resulta estéril ingresar a examinar el punto litigioso sobre el que, en criterio de la Corporación en mayoría, estará vedado su control en vía casatoria. IV) En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMANSE LOS RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS POR LA PARTE ACTORA Y POR LA PARTE DEMANDADA -ÉSTA POR VÍA ADHESIVA-, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 20 BPC. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN .