Sentencia Interlocutoria N° 1.003/2019

Montevideo, veintisiete de mayo del dos mil diecinueve VISTOS: Estos autos caratulados: NEGRIN CAIRUS, ELBIO C/ NEGRIN CAIRUS, DANIEL – DESALOJO RURAL – CASACIÓN – IUE: 443-155/2016. RESULTANDO: 1.- Por Sentencia DFA-0007-000010/2019 SEF-0007-000004/2019 de 4.II.2019 el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno falló: “Revócase la sentencia de primera instancia y en su mérito, mantiénese firme el mandamiento de desalojo liminar el que deberá ser ejecutado, a partir del vencimiento del plazo del contrato. Sin especial condenación. Honorarios fictos 6 BPC. Notifíquese personalmente. Oportunamente devuélvase” (fs. 172/189). 2.- La parte demandada interpuso recurso de casación (fs. 195/209 vta.). 3.- Por Providencia DFA-0007-000096/2019 – MET-0007-000040/2019 de 27.III.2019 el ad quem franqueó el recurso de casación por ante la Corporación (fs. 230). CONSIDERANDO: 1.- La Suprema Corte de Justicia declarará inadmisible el recurso de casación interpuesto. 2.- En los casos de desalojos rurales –como el de autos– el recurso de casación es admisible, siempre que se verifiquen todos los supuestos requeridos por la norma procesal a los efectos (artículos 268 y 269 C.G.P.). 3.- El Decreto-Ley No. 14.384 en su artículo 40 in fine establece que: “La sentencia definitiva de segunda instancia, así como las providencias ulteriores a la misma, no admitirán recurso ordinario o extraordinario de especie alguna”. Ello, de por sí, haría inadmisible el recurso interpuesto en la medida en que dicha norma regula en forma específica las situaciones arrendaticias rurales. Ahora bien, véase que la norma que viene de mencionarse resulta anterior al dictado del Código General del Proceso y de la Ley No. 16.320. El art. 40 del Decreto-Ley No. 14.384 se encuentra derogado. No es posible sostener la vigencia de dicha norma si consideramos la redacción de nuestros codificadores (arts. 268 y ss. C.G.P.), máxime si tenemos presente lo preceptuado por el art. 377 de la Ley No. 16.320. Nuestro Código General del Proceso habilita la interposición de casación en forma amplia, debiéndose interpretar las excepciones de manera restrictiva. Su regulación es posterior a la del Decreto-Ley No. 14.384 y no se incluyó en las previsiones del art. 269 C.G.P. una norma como el art. 4 de la Ley No. 14.951 (que actualmente no se encuentra vigente). La Ley No. 16.320 en su art. 377 regula: “En los asuntos relativos a arrendamientos, para la determinación del monto a que refiere el Numeral 3º del Artículo 269 del Código General del Proceso, se estará a lo que dispone el Artículo 40 de la Ley No. 15.750, de 24 de junio de 1985. En su defecto, la cuantía se fijará por un monto equivalente a sesenta veces el alquiler mensual vigente al momento de deducirse la pretensión correspondiente”. No es dable sostener la inadmisibilidad del recurso de casación en los desalojos rurales, cuando la norma utiliza la expresión “asuntos relativos a arrendamientos”, sin distinción. Sabido es que donde la ley no distingue no ha de distinguir el intérprete. La ley fija pautas de admisibilidad en materia arrendaticia en lo que hace a la cuantía, partiendo de la premisa de la admisibilidad. Los desalojos rurales son materia arrendaticia, por lo que sí se verifican todos los supuestos regulados en la norma procesal (arts. 268 y 269), con las pautas incorporadas por el art. 377 mencionado anteriormente, la casación procede. 4.- No corresponde aplicar en el caso lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 15.750 pues no se acompañaron con la demanda ni la cédula catastral ni otros documentos de los que surja el valor del inmue-ble. Entonces, descartado el criterio principal indicado en el art. 377 de la Ley 16.320, corresponde acudir al criterio subsidiario, consistente en fijar la cuantía en el monto equivalente a 60 veces el alquiler mensual. 5.- A saber el monto del asunto que surge del contrato de arrendamiento: U$S8.312 y U$S5.276; valor dólar julio/2016: $30,03; valor U.R. julio/2016: $907,20 lo que da un total de 2.248,91 U.R., el cual no alcanza al mínimo legal habilitante requerido por la norma para la procedencia del recurso de casación, lo que determina la suerte del planteo. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTAS Y COSTOS. HONORARIOS FICTOS: 20 BPC Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉL-VANSE.