Sentencia Definitiva N° 1.125/2019

Montevideo, veinte de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva en estos autos caratulados: “CONDE SANTANA, ANA GRACIELA Y OTROS C/ DE LOS SANTOS CAJIGA, MANUEL - DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN” , IUE. 289-178/2015 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia Definitiva DFA 0003-000616/2018 SEF 0003-000157/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno el día 26 de setiembre de 2018. RESULTANDO : I) A fs. 153 y ss. de estos autos comparecieron los Sres. Ana Graciela Conde y Pablo Ferreira, ambos por sí y en representación de su menor hijo Luciano Ferreira Conde, y la Sra. Vanessa Ferreira Conde, quienes promovieron demanda de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, contra el Sr. Manuel de los Santos. II) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 63/2017, de fecha 22 de noviembre de 2017, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5º Turno, se falló: “ Ampárase parcialmente la demanda, condenándose a la parte demandada, al pago a la actora Conde en concepto de daño moral, la suma de $ 513.053, más actualización desde el hecho ilícito e intereses legales desde la demanda, en concepto de daño material, la suma de $ 246.620, actualizados desde el hecho ilícito e intereses legales desde la demanda y la suma de U$S 169.000 con sus intereses legales desde la demanda. El lucro cesante pasado y futuro se diferirá en su liquidación a la vía incidental del art. 378 del CGP. Condénase a la demandada al pago en concepto de daño moral al coactor Luciano Ferreira, de la suma de $ 96.260, a Pablo Ferreira la suma de $ 80.000, sumas que serán con intereses legales desde la demanda. Todo sin especial condenación procesal...” (fs. 387-409). III) Por Sentencia Definitiva DFA 0003-000616/2018 SEF 0003-000157/2018, de fecha 26 de setiembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, falló: “ Confírmase la sentencia apelada, salvo en cuanto a los siguientes puntos: A) En cuanto fijó los montos del daño moral de Ana Conde y de Luciano Ferreira en las sumas de 900.000 y de $ 150.000, respectivamente, y en su lugar, se las fija en $ 750.000 y $ 130.000 para cada uno de ellos; B) En cuanto no dispuso la actualización de las sumas percibidas al amparo de la Ley 18.412 por dichos coactores y, en su lugar, se ordena se proceda según lo indicado en el Considerando III; C) En cuanto incluyó en la condena por daño emergente los gastos de traslado y el costo de tratamiento odontológico, en cuyo aspecto se la revoca; D) En cuanto condenó a pagar suma líquida por el gasto en órdenes médicas y el costo de adquisición de futuras prótesis y de su mantenimiento, los que se deberán determinar por el procedimiento previsto en el art. 378 del CGP y según las pautas establecidas en el Considerando IV; E) En cuanto ordenó indemnezar lucro cesante pasado y futuro, en cuyo aspecto se la revoca y, en su lugar, se desestiman dichas pretensiones. Sin especial condenación en la instancia (...)” (fs. 470-475 vto.). IV) A 480 y ss. compareció la parte demandada, oportunidad en la cual dedujo el recurso de casación en estudio. En síntesis, expresó los siguientes agravios: a) La Sala infringió lo dispuesto en los arts. 24 y 25 del C.G.P., disposiciones que establecen las facultades y los deberes de los Tribunales. En efecto, el Tribunal dispuso de oficio la realización de una pericia a efectos de cuantificar el costo de la prótesis y de su mantenimiento (art. 378 del C.G.P.). Si bien el Tribunal tiene iniciativa probatoria, tiene límites en cuanto a la naturaleza del medio probatorio y su tempestividad. En este sentido, la Sala debió ejercitar su iniciativa antes del dictado de la sentencia definitiva (arts. 204 y 344 del C.G.P.). Máxime en el subexamine , en el cual la parte actora renunció a la pericia oportunamente solicitada. El Tribunal no puede suplir la actividad de la parte actora en esta instancia y, menos aún, para la oportunidad del art. 378 del C.G.P., etapa en la que las bases ya deben estar dadas por la sentencia dictada en el proceso de conocimiento. b) La Sala infringió las reglas legales que disciplinan la valoración de la prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P.) al: i) determinar el monto por concepto de daño moral en beneficio de los coaccionantes Ana Conde y Luciano Ferreira, el que resulta arbitrario por excesivo y no se ajusta a los parámetros jurisprudenciales; ii) ordenar liquidar por la vía del art. 378 del C.G.P. el daño emergente derivado del costo de las órdenes por consultas médicas y por medicamentos; iii) pronunciarse acerca de los gastos por mudanza u acondicionamiento, deferencias de alquiler y plazo; iv) disponer que se liquide el daño emergente derivado de la adquisición de la prótesis (así como su mantenimiento y/o recambio) mediante la tramitación del incidente establecido en el art. 378 del C.G.P., ordenando que se practique una pericia a tales efectos. V) Sustanciado el recurso en la forma de estilo (fs. 497) fue evacuado por la contraparte a fs. 499 y ss., quien abogó por su desestimatoria. VI) Franqueada la casación, los autos fueron recibidos por la Corporación el día 14 de diciembre de 2018 (fs. 513). VII) Por Auto No. 196/2019, de fecha 20 de febrero de 2019, se dispuso el pase a estudio y autos para sentencia (fs. 514 vto.), al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por mayoría de sus miembros, desestimará el recurso de casación movilizado, sin especial condenación procesal. II) A juicio de la mayoría, conformada por los Sres. Ministros Dres. Turell, Martínez, Tosi y el redactor, el recurso de casación impetrado por la parte demandada resulta inadmisible, de conformidad a lo establecido en el art. 268 del C.G.P. En efecto, la sentencia de primer grado amparó parcialmente la demanda incoada y, en su mérito, condenó al demandado “... al pago a la actora Conde en concepto de daño moral, la suma de $ 513.053, más actualización desde el hecho ilícito e intereses legales desde la demanda, en concepto de daño material, la suma de $ 246.620, actualizados desde el hecho ilícito e intereses legales desde la demanda y la suma de U$S 169.000 con sus intereses legales desde la demanda. El lucro cesante pasado y futuro se diferirá en su liquidación a la vía incidental del art. 378 del CGP (...) al pago en concepto de daño moral al coactor Luciano Ferreira, de la suma de $ 96.260, a Pablo Ferreira la suma de $ 80.000, sumas que serán con intereses legales desde la demanda”. Por su parte, ante el recurso de apelación interpuesto por el propio demandado -fs. 411 y ss.- (quien ahora dedujo el recurso de casación en estudio), la Sala confirmó el fallo de primera instancia excepto en cuanto: “ A) (...) fijó los montos del daño moral de Ana Conde y de Luciano Ferreira en las sumas de 900.000 y de $ 150.000, respectivamente, y en su lugar, se las fija en $ 750.000 y $ 130.000 para cada uno de ellos; B) (...) no dispuso la actualización de las sumas percibidas al amparo de la Ley 18.412 por dichos coactores y, en su lugar, se ordena se proceda según lo indicado en el Considerando III; C) (...) incluyó en la condena por daño emergente los gastos de traslado y el costo de tratamiento odontológico, en cuyo aspecto se la revoca; D) (...) condenó a pagar suma líquida por el gasto en órdenes médicas y el costo de adquisición de futuras prótesis y de su mantenimiento, los que se deberán determinar por el procedimiento previsto en el art. 378 del CGP y según las pautas establecidas en el Considerando IV; E) (...) ordenó indemnizar lucro cesante pasado y futuro, en cuyo aspecto se la revoca y, en su lugar, se desestiman dichas pretensiones”. Atento a lo señalado, a juicio de la mayoría, resulta evidente que en relación a los puntos sobre los cuales se agravió el impugnante, ambas sentencias resultan coincidentes, por lo que el recurso movilizado resulta inadmisible al amparo de lo establecido en el art. 268 del C.G.P. Como ha señalado la Corporación, la “ratio legis” del art. 268 del C.G.P. impide que se revisen en el grado casatorio aspectos de la pretensión sobre los cuales recayeron pronunciamientos jurisdiccionales coincidentes en dos instancias. De acuerdo con ello, corresponde aplicar la previsión normativa contenida en el art. 268 del C.G.P. respecto de aquellas cuestiones resueltas en primera instancia que fueron confirmadas por la Sala, aspectos sobre los cuales, justamente, la parte demandada se agravió en sede casatoria (el máximo de los importes de las indemnizaciones por daño extrapatrimonial; el reajuste de la indemnización por SOA –más allá de la forma de su determinación-; la procedencia de la condena por gastos de ordenes médicas y; el costo de adquisición de futuras prótesis y de su mantenimiento). III) Por su parte, la Dra. Bernadette Minvielle, discrepando con el criterio de la mayoría, considera que el recurso de casación interpuesto por el demandado es admisible. En tal sentido, coincide con la posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia, o la confirme pero con discordia, la sentencia, en su integridad, resultará pasible de ser revisada en casación. A juicio de la Dra. Minvielle, esta tesis es la que mejor condice, no solamente con el texto legal, sino con el sistema procesal en su conjunto. Ello, porque es la que mejor realiza el principio de libertad impugnativa, que está consagrado en el artículo 244.1 del C.G.P. Consecuentemente, cualquier restricción a la libertad de impugnación (como la que en este caso consagra la disposición legal en estudio) debe interpretarse con sentido restrictivo. Sobre esa base, entiende que no resultaría obturada la posibilidad de revisar, en esta oportunidad, los aspectos del pronunciamiento de primer grado que fueron confirmados por la sentencia de segunda instancia hostilizada mediante el recurso de casación en examen. Y ello, desde el momento en que la sentencia objeto del recurso de casación no confirmó en todo y sin discordias la de primera instancia, sino que revocó algún punto de la primera. Finalmente, estima que como su posición sobre la admisibilidad del recurso es minoritaria, resulta estéril que ingrese a examinar el recurso movilizado, el cual, a juicio de quienes conforman la mayoría del Cuerpo, está vedado el control en esta instancia casatoria. IV) La correcta conducta procesal de ambas partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del C. Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 20 BPC. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.