Sentencia Definitiva N° 1.126/2019

Montevideo, veinte de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ SALGADO CHRISTIENSEN, JORGE Y OTROS C/ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN”, IUE: 2-48033/2015 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la Sentencia Definitiva SEF 0004-000151/2018 DFA 0004-000598/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, el día 26 de setiembre de 2018. RESULTANDO : I) A fs. 60 y ss. comparecieron los integrantes de la parte actora (Jorge Salgado, Sylvia Belmonte, María del Rosario Paglia y Fernando Lebich) oportunidad en la que promovieron demanda por daños y perjuicios, contra el Estado – Poder Ejecutivo – Ministerio de Defensa Nacional (en adelante, “Estado-MDN”), el Estado – Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones Exteriores (en adelante, “Estado-MRREE”) y el Instituto Uruguayo de Meteorología (en adelante, “INUMET”). II) A fs. 362 y ss. compareció el Estado-MDN, oportunidad en la que contestó la demanda y, en el mismo acto, impetró excepciones de incompetencia, falta de legitimación pasiva, defecto legal en el modo de preparar la demanda por indebida acumulación inicial de pretensiones, prescripción, caducidad e improponibilidad manifiesta de la demanda por ausencia de un proceso prejudicial previo. A fs. 399 y ss. hizo lo propio el INUMET quien también contestó la demanda y, conjuntamente, interpuso excepciones previas de incompetencia, caducidad, prescripción, defecto en el modo de proponer la demanda, falta de legitimación pasiva y falta de legitimación activa. Finalmente, a fs. 409 y ss. evacuó el traslado el Estado-MRREE quien, asimismo, interpuso defensas de caducidad y de falta de legitimación pasiva. III) Por Sentencia Interlocutoria No. 3373/2016, de fecha 20 de octubre de 2016, el Juzgado letrado de Primera Instancia en lo Civil de 12º Turno resolvió: a) Desestimar las excepciones de incompetencia opuestas por el INUMET y el Estado-MDN. b) Diferir para la etapa del dictado de la sentencia definitiva la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Estado-MDN. c) Acoger las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por el INUMET respecto de los coaccionantes Paglia y Lebich. d) Amparar parcialmente la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado-MRREE exclusivamente en relación a los coactores Salgado y Belmonte. e) Desestimar las excepciones de defecto legal en el modo de proponer la demanda, interpuestas por el Estado-MDN y el INUMET. f) Rechazar las excepciones de caducidad impetradas por el Estado-MDN y el INUMET. g) Recibir parcialmente las excepciones de prescripción interpuestas por el Estado-MDN y el INUMET, respecto de los eventuales créditos o rubros exigibles con anterioridad al 16 de noviembre de 2011. h) Repeler la defensa de falta de agotamiento previo de la vía administrativa impetrada por el Estado-MDN (fs. 490-496 vto.). IV) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 30/2017, de fecha 14 de junio de 2017, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 12º Turno, falló: “ Acogiendo la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Ministerio de Defensa Nacional, por el de Relaciones Exteriores y declarando que I.N.U.M.E.T. no reviste legitimación pasiva en la causa...” (fs. 627-640). V) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia identificada como DFA 0004-000598/2018 SEF 0004-000151/2018, de fecha 26 de setiembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, falló: “ Confírmase la sentencia apelada, por otros fundamentos, sin especial condena en costas ni costos de la alzada ” (fs. 706-711 vto.). VI) A fs. 717-721 la parte actora interpuso el recurso de casación en estudio. En síntesis, expresó: a) La Sala confirmó, por fundamentos diversos, la sentencia de primera instancia. Dichos argumentos refieren al objeto de la decisión definitiva. Sin embargo, el Tribunal únicamente debió considerar los aspectos vinculados con la legitimación pasiva, porque ese fue el objeto del recurso de apelación. La causa de la apelación deriva de la decisión de considerar la falta de legitimación pasiva de los demandados. El ad quem al expresar que los actores no acreditaron los fundamentos de su pretensión y que no dedujeron, en su momento, los recursos administrativos contra las resoluciones de redistribución, en realidad, se separó del asunto que debió decidir. En este sentido, la Sala modificó el contenido y el objeto de la sentencia de primera instancia. En efecto, la infracción a la norma de derecho se basa en que el Tribunal no se limitó al abordaje de la legitimación en la causa, sino que, en su lugar, excedió la materia objeto de juzgamiento en función del contenido del recurso de apelación. b) La recurrida infringió el art. 257.1 del C.G.P. que, en nuestro Derecho, consagra el principio del “ non reformatio in peius” . La sentencia impugnada está modificando en perjuicio de la parte demandante el contenido de la decisión de primera instancia. En el caso, no medió apelación ni adhesión por parte de los demandados, tal como lo consignó el Tribunal en el Resultando II) in fine. La Sala estaba inhabilitada para modificar en perjuicio de la apelante la resolución de primera instancia que consideró que la Comisión de Adecuación Presupuestal es a quien se debió demandar. El órgano de alzada mudó en su perjuicio la sentencia apelada, porque ni siquiera consideró que la ONSC, la OPP y la CGN son legitimados pasivos, sino el Estado-MDN, el Estado-MRREE y el INUMET, confirmando la sentencia de primera instancia. El Tribunal en su decisión agregó causales referidas a lo que quedó fuera del recurso, esto es, los temas sustanciales de la cuestión debatida. c) La atacada aceptó que los demandados sí ostentan legitimación pasiva. Sin perjuicio de ello, el órgano de mérito (pese a que ingresó indebidamente a un asunto sobre el que no versó el recurso de apelación) igualmente valoró erróneamente la prueba referida a los aspectos sustanciales del litigio. El Tribunal no aceptó, en su caso, que se probó que los viáticos no estaban sujetos a rendición de cuentas, lo que fue claramente demostrado con la documentación agregada con la demanda. La Sala nuevamente ingresa en aspectos centrales del proceso cuando afirmó que los actores “ no dedujeron en su momento los recursos administrativos pertinentes contra las resoluciones de redistribución ”. Los reclamantes no debían deducir recursos contra las referidas resoluciones, porque estaban de acuerdo en ser redistribuidos. Lo que los actores adujeron y acreditaron fue que nunca se les notificó la resolución en la que se les liquidaba los haberes. El ad quem no tiene en cuenta que la redistribución y adecuación presupuestal no fue lo que causó el perjuicio, sino que éste se origina en la falta de notificación de la liquidación de la que resulte la cuantía del salario a percibir. d) La Sala invocó el Decreto No. 544/1990 como causa para el rechazo de la apelación, norma que contradijo lo dispuesto en la Ley No. 16.127. Esta última, a su vez, estableció que no se debía alterar la remuneración que el funcionario percibe en su organismo de origen y que, si ésta fuere mayor, se tendría en cuenta la diferencia como compensación. La recurrida consideró que no pudo acreditarse “ que la adecuación retribucional hubiera sido contraria a lo que disponía la normativa aplicable ” cuando, en realidad, la normativa es clara: los funcionarios al ser redistribuidos no deben percibir menos de lo que percibían en su organismo de origen (art. 23 de la Ley No. 16.127). En consecuencia, el Tribunal aplicó un decreto ilegal (Decreto No. 544/990), ya que la Ley es terminante en que no puede rebajarse administrativamente lo que los demandantes percibían en la empresa Pluna. VII) Franqueada la casación (fs. 746), los autos fueron recibidos por la Corporación con fecha 11 de diciembre de 2018 (fs. 752). VIII) Por Auto No. 93/2019, de fecha 11 de febrero de 2019 (fs. 753 vto.), se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia, al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, desestimará el recurso de casación impetrado por la parte actora y, en su mérito, confirmará la impugnada, sin especial condenación procesal. II) El caso de autos . Los accionantes señalaron que eran tripulantes y personal de vuelo (auxiliares y Jefes de Cabina) de Pluna ente autónomo, en donde percibían un salario que además del sueldo y partidas correspondientes, se integraba con los viáticos por compensación por alimentación los que se liquidaban como un porcentaje fijo y por pernocte, al tener que realizar vuelos fuera del país, con destinos regionales, internacionales e intercontinentales. Dichos viáticos, eran parte de la remuneración que percibían y no existía obligación de rendir cuentas sobre ellos. Luego, cumplieron funciones en la sociedad de economía mixta Pluna S.A., entonces como funcionarios excedentarios de Pluna ente autónomo, donde también se les siguió abonando el mismo salario con las compensaciones por viáticos referidas, sin exigencia de rendición de cuentas. Precisaron que, promedialmente, percibían viáticos a razón de U$S 700 por mes. La situación de los viáticos y su naturaleza salarial fue reconocida por el mismo Directorio de Pluna ente autónomo, tal como resulta de las expresiones vertidas en la Comisión de Legislación, de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, en sesión del 16 de julio de 1992. Afirmaron que, tiempo después, dejaron de ser funcionarios excedentarios de Pluna ente autónomo al ser finalmente redistribuidos e incorporados como funcionarios presupuestados en otros organismos del Estado. En el caso de los Sres. Jorge Salgado y Sylvia Belmonte fueron incorporados como funcionarios presupuestados del Ministerio de Defensa Nacional, en la Dirección de Meteorología, el 17 de diciembre y el 4 de mayo de 2004, respectivamente. Posteriormente, la Dirección de Meteorología fue sustituida por la Ley No. 19.158 por el INUMET, por lo que pasaron a ser funcionarios de dicho Instituto. Por su parte, los Sres. María del Rosario Paglia y Fernando Lebisch, fueron incorporados como funcionarios presupuestados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 7 de junio de 2001 y el 7 de mayo de 2001, respectivamente. En todos los casos, la incorporación a los Organismos de destino se produjo después de haberse dictado la sentencia que condenó a Pluna al pago de diversos rubros salariales, computando los viáticos de alimentación como salario. Por lo tanto, los organismos de destino sabían perfectamente que los viáticos integraban el salario. Alegaron que, al ser presupuestados en los nuevos organismos, no se puso de manifiesto el expediente correspondiente a su redistribución y presupuestación. Precisaron que no se le confirió vista previa al dictado del acto, ya que únicamente se les notificó la resolución por la que fueron redistribuidos y quedaban presupuestados en los nuevos organismos con un grado y sueldo. Nunca conocieron informes previos ni supieron, a ciencia cierta, si se habían computado o no la totalidad de los viáticos que percibían en Pluna S.A., ni cómo se había llegado a determinar el salario que iban a percibir en el organismo de destino. Es así que únicamente supieron el lugar y el monto del salario que se les pagaría. Es de verse que, en el caso de los funcionarios excedentarios de Pluna, debió tenerse en consideración la resolución de su Directorio No. 8191/92. El citado acto administrativo expresamente dispuso que para el caso de redistribución de funcionarios se debía tener en cuenta el sueldo y todas las sumas percibidas por antigüedad, mayor horario, viático de alimentación y reestructura, lo que no se cumplió (según afirmaron) en su caso. Tal solución fue recogida por el art. 42 de la Ley No. 16.320. En base a lo expuesto, reclamaron el pago de U$S 700 adicionales por mes (que era la suma que percibían mensualmente por concepto de viáticos en Pluna), desde el momento en el que fueron incorporados en los nuevos organismos. A su vez, solicitaron el pago del total de los aumentos acordados en relación a los sueldos sobre los elementos que no fueron incluidos al ser redistribuidos hasta el cese de la relación funcional. III) En cuanto a la admisibilidad formal del medio impugnativo impetrado. Con carácter liminar y, antes de ingresar al mérito, corresponde analizar la admisibilidad del recurso de casación impetrado en razón de cuantía, aspecto que fue cuestionado por el INMUET en oportunidad de evacuar el traslado. A juicio de la Corporación, no resulta compartible la forma en la cual el INUMET pretende que sea cuantificado el monto del asunto para determinar la admisibilidad del recurso de casación, atendiendo a que la parte actora está constituida por un litisconsorcio. Como ya lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia, cuando interviene un litisconsorcio activo facultativo, el monto del asunto estará determinado por la suma de los reclamos de todos los coactores. Por otra parte, el valor que ha de ser considerado, en supuestos de pretensiones personales como la deducida en estos autos, es el denunciado en la demanda y no el de la sentencia, como lo pretende la demandada. La Corte ya ha tenido oportunidad de rebatir la argumentación ensayada por la demandada en Sentencia No. 1802/2017, a cual resulta oportuno remitirse. IV) En cuanto a los principios de congruencia y de “ non reformatio in peius” . Inicialmente debe precisarse que los tres primeros agravios expresados en el recurso de casación giran en torno a la misma temática. Los recurrentes esbozaron que la Sala se pronunció sobre el objeto principal de la controversia cuando, en realidad, en función de la medida de los agravios planteados en la apelación, su abordaje debió limitarse a si los codemandados están legitimados pasivamente. En tal sentido, los recurrentes en casación señalaron que se violó el principio de “ non reformatio in peius”, la regla contenida en el art. 257.1 del C.G.P. y el principio de congruencia. A juicio del Colegiado, no les asiste razón en su planteo. La sentencia de primera instancia acogió la excepción de falta de legitimación pasiva del Estado-MDN y del Estado-MRREE, así como declaró la falta de legitimación pasiva del INUMET. En dicha sentencia definitiva la Sra. Juez de primera instancia no se pronunció sobre el objeto principal del proceso, al relevar un presupuesto que obstaba, a su juicio, al análisis sustancial o de mérito. Es así que, en segunda instancia, al conocer del recurso de apelación, la Sala (en criterio divergente) consideró que los codemandados estaban plenamente legitimados en la causa para ser demandados. Si bien la Sala Civil de 5º Turno en la parte dispositiva del fallo especificó que “ confirma la sentencia apelada, por otros fundamentos ”, es claro que incurrió en un evidente error material. El órgano de mérito a través de la sentencia impugnada (interpretada correctamente) revocó la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la falta de legitimación pasiva y, en su lugar, dictó un fallo analizando el objeto principal de la controversia. Los recurrentes realizan una interpretación parcializada de la sentencia impugnada, atendiendo únicamente a la parte dispositiva del fallo y sin un enlace lógico y contextual con la parte expositiva. En el Considerando No. II), luego de citar un antecedente jurisprudencial de la propia Sala, se concluye que “ corresponde revocar la sentencia apelada e ingresar al mérito del asunto ” (fs. 709 vto.). La recurrente postula que el Tribunal al ingresar al análisis sustancial empeoró su situación jurídico-procesal y que, por ello, se violentó el principio de “ non reformatio in peius” . Como se adelantó, no le asiste razón. En efecto, la sentencia de segunda instancia no empeoró ni cualitativa ni cuantitativamente la situación de los apelantes, ya que la decisión judicial de primera instancia, en ningún punto, había amparado la pretensión entablada. Como afirma Perera, el perjuicio puede ser cualitativo o cuantitativo, para lo cual resulta menester la identificación de las pretensiones que determinaron el objeto del proceso, el contenido de la resolución y el agravio del recurrente. Perjuicio cualitativo se configura cuando la sentencia de segundo grado sustituye la resolución anterior por otra de contenido diverso, pero más desventajosa para el impugnante. Mientras que existe perjuicio cuantitativo cuando, al decir de Barbosa Moreira, se aplica al apelante un plus o se le quita todo o algo de lo concedido por el juez de primer grado (PERERA, Jorge Carlos: “Apelación y segunda instancia. Proceso civil y penal” , Amalio M. Fernández, 2ª Edición, Montevideo, 2009, págs. 187-188). En primera instancia se había relevado la ausencia de legitimación pasiva de los codemandados y esa circunstancia de por sí habilitaba repeler el accionamiento. Mientras que, en tal caso, la sentencia de segunda instancia al pronunciarse sobre el objeto principal de la controversia la rechaza, empero, por razones sustanciales. En uno y en otro caso la acción entablada no podía prosperar por lo que en nada favorecieron a los recurrentes. Sin perjuicio de ello, los impugnantes plantearon que el Tribunal al examinar el fondo del asunto violó el art. 257.1 del C.G.P., porque el agravio planteado al apelar se circunscribió al relevamiento de la falta de legitimación pasiva de los codemandados. A diferencia de lo sostenido por los recurrentes (fs. 717 vto.-718), el objeto de la apelación no versó únicamente sobre los aspectos vinculados a la legitimación pasiva. En tal sentido, los impugnantes erróneamente plantean que la Sala, en su decisión, agrega “ causales referidas a lo que quedó fuera del recurso interpuesto ” (fs. 718). La parte actora al interponer el recurso de apelación, además de agraviarse por el acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva del Estado-MDN, del Estado-MRREE y del INUMET, planteó como tercer agravio que la Sra. Juez de primera instancia no se había expedido sobre lo demandado (fs. 652-657). En tal sentido, los recurrentes al apelar señalaron: “ ...la Sra. Juez omite expedirse sobre el fondo demandado, lo que nos causa lógico agravio. Es que no siendo la excepción opuesta una verdadera excepción de falta de legitimación pasiva y no siendo el Estado persona jurídica mayor quien tiene legitimación pasiva, debió rechazarse la excepción y fallar sobre el fondo (...) Y es por ello que nos causa agravio que se haya omitido dictar sentencia sobre el fondo condenando a los demandados como se impetró oportunamente, ya que se probaron en autos todos los extremos de hecho y se demostró igualmente, que no se cumplió con la ley N° 16.127 y, por el contrario, se aplicó un decreto ilegal, el Decreto N° 544/990, que rebajó a los demandantes el salario debido” (fs. 654, 656 vto. y 657). De manera que, en función de los límites de la instancia revisiva (al tenor del alcance del recurso de apelación) la Sala no incurrió en un vicio de incongruencia fallando sobre el objeto principal, sin que ello le haya sido solicitado. A mayor abundamiento, la Dra. Minvielle, considera oportuno referir a lo expresado por el Prof. Valentín, en cuanto señala que: “ Con todo, la revocación de la sentencia no implica necesariamente ingresar en el fondo del asunto. Volvamos al ejemplo de la falta de legitimación: si el tribunal de alzada revoca la sentencia de primera instancia, realizando el juicio negativo (iudicium rescindens), inmediatamente debe emitir la decisión positiva (iudicium rescissorium), es decir, declarar que existe legitimación en la causa, pero no necesariamente ingresar al mérito, resolviendo el objeto principal. En definitiva, los deberes poderes del tribunal de alzada dependerán del contenido de los agravios: tantum devolutum, quantum apellatum. El juez que resuelve erróneamente la cuestión previa al mérito y declara que no puede ingresar al fondo del asunto comete en realidad dos errores: el primero, en la resolución de la cuestión previa (por ejemplo, en cuanto declara la ausencia de legitimación en la causa); el segundo, condicionado por el primero, en cuanto omite resolver el objeto principal. Si el apelante sólo formuló como agravio el error del juez en cuanto a la cuestión previa (por ejemplo, en cuanto declaró la ausencia de legitimación en la causa), el tribunal de alzada debe limitarse a revocar la sentencia y declarar que no existe impedimento para resolver sobre el fondo (en el ejemplo, existe legitimación causal), reenviando el proceso a un tribunal inferior. En este caso, si el tribunal ingresara al fondo del asunto, resolviendo el objeto principal, estaría incurriendo en una incongruencia por exceso (CGP, arts. 198 y 257.3: el tribunal sólo puede pronunciarse sobre los puntos omitidos por el de primera ‘siempre que en los agravios se solicitare el respectivo pronunciamiento’). En cambio, si además de ese agravio el apelante invocó el segundo error (es decir, la omisión en resolver el objeto principal) el superior también debe ingresar al fondo del asunto, resolviendo el objeto principal. En este caso, si el tribunal no ingresara al fondo del asunto resolviendo el objeto principal estaría incurriendo en una incongruencia por restricción (CGP, arts. 198 y 257.3: ya que en este supuesto el pronunciamiento fue requerido en la formulación de agravios)” (VALENTÍN, Gabriel: “ Los deberes poderes del tribunal de alzada: determinación de los casos en que procede el reenvío ” en XIVas. Jornadas Nacionales de Derecho Procesal”, FCU, 1ª Edición, Montevideo, 2009, págs. 179-180). Como viene de señalarse, la parte actora requirió del superior procesal un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ya que la decisión de primer grado le causaba agravio al haber omitido pronunciarse sobre el punto. En definitiva y, por las razones expuestas, corresponde rechazar los agravios articulados en el punto. V) En cuanto a la redistribución de los reclamantes y la no consideración de los viáticos al momento de su adecuación presupuestal. La Sala desestimó la pretensión entablada a partir de una doble fundamentación. A saber: a) que los reclamantes no acreditaron los extremos fundantes de su pretensión y b) que no recurrieron los actos administrativos que dispusieron su redistribución. En este sentido, afirmó el ad quem : “ A su vez, analizada la prueba, surge de la contestación del oficio a Pluna Ente (fs. 550 y ss. y recibos adjuntos sin foliar) que los actores percibieron únicamente el viático por alimentación en agosto y octubre del 98. Posteriormente, percibieron sueldo por intermedio de ONSC (fs. 563). A fs. 587, efectuado el análisis de los criterios utilizados para efectuar la readecuación y redistribución, informó la Comisión de Adecuación Presupuestal que los actores fueron adecuados contemplando lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 16.320, esto es, viáticos por alimentación. Ello surge incluso explícitamente a fs. 483 respecto de la Sra. Belmonte, no así respecto de los restantes actores. Como se advierte, los actores no lograron acreditar los extremos fundantes de su pretensión, y conforme surge del relato formulado en el acto de proposición, no dedujeron, en su momento, los recursos administrativos pertinentes contra las resoluciones de redistribución (...) De modo que, en atención a la prueba rendida y en mérito a la falta de pericia contable que pudiera desvirtuar lo informado, corresponderá desestimar la acción incoada ” (fs. 710 vto.-711). Acto seguido se analizarán los agravios articulados por la parte actora en relación a cada uno de los puntos referidos por la Sala. VI) a) Agravios relativos a la errónea aplicación de las normas relativas a la valoración de la prueba . Señalaron los recurrentes a fs. 719 que el Tribunal “Cuarto agravio (...) el Tribunal (...) valora indebidamente la prueba referida a los aspectos sustanciales del juicio. Expresa que ‘los actores no lograron acreditar los extremos fundantes de su pretensión’, pero no acepta que se probó que los viáticos no estaban sujetos a rendición de cuentas, lo que fue claramente demostrado con la documentación agregada en la demanda. También expresa que ‘en mérito a la falta de pericia contable que pudiera desvirtuar lo informado, corresponderá desestimar la demanda’ (considerando III in fine), no aceptando al prueba producida en cuanto a la no existencia de rendición de cuentas en el caso de los viáticos que percibían los demandantes, ingresando nuevamente a lo referido a la prueba del derecho, asunto que no fue objeto del recurso de apelación”. La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, aunque por fundamentación disímil, desestimará el recurso de casación articulado en el punto. VI.1) A criterio de los Dres. Turell, Martínez, Tosi y el redactor, este sector de agravios no cumple con lo dispuesto en el artículo 273 del C.G.P., lo cual determina la inadmisibilidad del medio impugnativo movilizado. Liminarmente, cabe señalar que los Sres. Ministros, respecto de la casación fundada en errónea aplicación de las normas de admisibilidad o de valoración de la prueba, adhieren a la posición que entiende que dicha causal se reduce a los supuestos en los cuales se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada; o, en el caso de que corresponda aplicar el sistema de la sana crítica, cuando se incurra en absurdo evidente, por lo grosero e infundado de la valoración realizada (criterio sostenido por la mayoría de la Corporación en Sentencias Nos. 408/2000, 52/2010, 4248/20, 594/2013, 640/2017, entre otras). En el caso, a juicio de los Dres. Turell, Martínez, Tosi y el redactor, la parte no cumple con alegar cuál es el concreto motivo de agravio y en qué sentido no comparte la valoración de la prueba realizada por el Tribunal. No imputa a éste ningún proceder arbitrario o absurdo al reflejar el juicio de los hechos, lo que resulta suficiente para desestimar el agravio. La exposición de la recurrente en su escrito de casación no resulta ser más que la manifestación de su discordancia o su desacuerdo con la valoración realizada, la que, en ningún sentido, puede calificarse como absurda o arbitraria. En efecto, no realiza una exposición de los medios probatorios que entiende que el Tribunal debió haber considerado, lo que denota lo endeble de la postura. En definitiva, a juicio de los Sres. Ministros, es carga de la impugnante detallar en qué elementos se funda la valoración que entiende adecuada y de qué forma el Tribunal se apartó de las pruebas y reglas de valoración aplicables, lo cual no ocurrió en el subexamine . VI.2) A juicio de la Sra. Ministra Dra. Minvielle, si bien los recurrentes sí cumplen con lo dispuesto en el art. 273 del C.G.P., no les asiste razón por cuanto la prueba diligenciada en estos obrados, en ningún caso, resulta suficiente para tener por acreditados los dichos de los promotores. Los reclamantes pretendieron acreditar la veracidad de sus afirmaciones con las siguientes pruebas: - Testimonio de la Sentencia No. 164/2003 del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2° Turno, recaída en los autos caratulados: “Milán López, Elsa Isabel y Otros C/ Pluna S.A. - Licencia, salario vacacional, viáticos, etc.” IUE 56/2003 (fs. 2-11). - Testimonio del documento privado de fecha 4 de mayo de 1998 suscrito por el Gerente de Administración y Recursos Humanos de Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. por el que se dejó constancia que la Sra. Raquel Castro se desempeñaba como Jefe de Cabina y, en su condición de tal, percibía un promedio mensual de U$S 700 por concepto de viáticos (fs. 14). - Testimonio de la declaración de la parte demandada en la audiencia celebrada en el juicio que diera mérito al dictado de la Sentencia No. 164/2003 del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2° Turno (fs. 15-18). - Versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado del día 16 de julio de 1992 sobre la situación funcional que afectaba a un sector del personal navegante del Organismo (fs. 19-42 vto.) En casación, los recurrentes afirmaron que la Sala no aceptó que se probó que los viáticos no estaban sujetos a rendición de cuentas lo que, a su juicio, fue claramente demostrado con la documentación agregada en la demanda. A juicio de la Sra. Ministra Dra. Minvielle, no les asiste razón. No se perfila en autos un supuesto de absurdo evidente que se erija como motivo casable. El razonamiento probatorio de la Sala tiene suficiente anclaje en la prueba diligenciada y disponible en la causa. La crítica formulada por los recurrentes es, en cualquier caso, una respetable, pero simple disconformidad con lo decidido en segunda instancia. Se pretende una revalorización del material fáctico en casación y ello no es posible, máxime cuando se advierte que el Tribunal ponderó los diferentes elementos de prueba allegados a la causa y, en base a ello, arribó a una conclusión probatoria que puede compartirse o no, pero lejos está de resultar absolutamente desconectada con la realidad. Antes bien, aparece como una adecuada y reflexiva compulsa del informativo probatorio incorporado a los autos, lo que lleva necesariamente a descartar el agravio por infracción a las reglas de valoración de la prueba. Como afirmara De La Rúa con apoyo en jurisprudencia argentina, en términos replicables, que la sola “ apreciación equivocada, discutible, objetable o poco convincente de la prueba” no constituye absurdo. No es motivo de recurso la mera discrepancia subjetiva con el criterio de valoración del Tribunal de mérito “ si no existen conclusiones en abierta contradicción con las constancias de la causa ni se registra la ausencia de un estudio lógico y razonado de los diversos elementos computados, vicios esos que constituyen lo propio del absurdo. Asimismo, tampoco es suficiente ‘exponer un criterio distinto al del sentenciante en cuanto al mérito de la prueba rendida, sino que es menester demostrar absurdo en la conclusión o violación de las leyes que regulan esa tarea’” (Cf. DE LA RÚA, Fernando: “El recurso de casación. En el Derecho Positivo Argentino” , Víctor P. ZAVALÍA-Editor, Buenos Aires, 1968, pág. 392). Más aun teniendo presente que el Tribunal casatorio no es un Tribunal de mérito. No existe libertad del órgano en profundizar los hechos y su esquema valorativo. La regla es clara, pues de otro modo se desvirtuaría la finalidad esencial del recurso (MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: “ Recurso de casación: aspectos sustanciales, argumentales y procesales” , ADVOCATUS, Córdoba, 2016, pág. 160). Siempre a criterio de la Dra. Minvielle, rectamente examinado el razonamiento probatorio de la Sala, no se advierten elementos de prueba cruciales que hayan sido desconsiderados, o una apreciación manifiestamente equivocada que determine la fragilidad de tal valoración. Incluso, estima la Sra. Ministra que, la valoración alternativa planteada (en que se asienta la crítica de los impugnantes) no logra dar en el blanco. Primero, la Sentencia No. 164/2003 del TAT 2° se dictó en un proceso en el que los actores fueron parte pero que, no puede obviarse, culminó por un modo extraordinario de finalización del proceso, como es la transacción homologada judicialmente. En la respuesta de Pluna Ente Autónomo al oficio No. 877/2016 (prueba considerada por la atacada) quedó especialmente claro que los coactores Salgado, Belmonte y Paglia en las liquidaciones de agosto de 1995 (que fueron las últimas que percibieron en PLUNA Ente Autónomo) cobraban un viático de alimentación de $1.108 (fs. 560-561). Por su parte, el coactor Lebich cobró en la última liquidación de octubre de 1995 que percibió de Pluna Ente Autónomo la suma de $1.190 por concepto de viático de alimentación (fs. 562). Debe tenerse presente que los actores luego usufructuaron licencia sin goce de sueldo en Pluna Ente Autónomo, a raíz de su incorporación a la sociedad de economía mixta Pluna S.A. Por lo tanto, lo que hubieren cobrado por viáticos a través de dicha Sociedad no les fueron abonados como funcionarios de Pluna Ente Autónomo. Al momento de su redistribución fueron adecuados presupuestalmente considerándose los viáticos por alimentación percibidos en el Organismo de origen. En el caso de la Sra. Belmonte, en la adecuación presupuestal para su redis-tribución, se consideró lo percibido por concepto de alimentación, en ese entonces, la suma ascendía (seguramente por obra de sucesivos aumentos percibidos mientras fue funcionaria excedentaria) a $2.327 (fs. 483 y 594). Por su parte, en las adecuaciones presupuestales de los coactores Sres. Salgado (fs. 591-591 vto.), Paglia (fs. 599) y Lebich (fs. 603) se establecieron e incluyeron compensaciones personales transitorias en función de que, en el organismo de origen, cobraban sumas superiores a las percibidas en el organismo de destino. Asimismo, en el formulario de redistribución del Sr. Salgado se hace expresa referencia a la percepción de un viático de alimentación por la suma de $1.810 (fs. 79). Los actores, con la prueba documental que incorporaron con la demanda no lograron acreditar que cobraran en Pluna Ente Autónomo viáticos por alimentación sin rendición de cuentas por la suma de U$S 700 mensuales. En efecto, la sentencia del TAT 2°, como dato de la realidad fáctica, no sirve. Simplemente trasluce el análisis que realizó un órgano jurisdiccional dentro de los límites de ese proceso (ni siquiera se pidió la prueba trasladada de las resultancias de ese expediente judicial), muy respetable, por cierto, pero no vinculante. Y, en particular, no es vinculante porque los codemandados no fueron parte en ese proceso, razón por la cual, mal podría serle oponible ese pronunciamiento. Pero, por si fuera poco, ese proceso culminó mediante una transacción homologada judicialmente, siendo el derecho alegado incierto (ver fs. 11 vto.-12 vto.). En segundo lugar, la constancia emitida por la Gerencia de Administración y Recursos Humanos de Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. (fs. 14) era de la sociedad de economía mixta y no de Pluna Ente Autónomo. Allí se dejó constancia de los viáticos que se pagaban a la Sra. Raquel Castro (que no es ninguno de los coactores de este proceso) por parte de esa Sociedad. Mismas reflexiones corresponde realizar respecto a la declaración de la parte demandada Pluna S.A. en el multicitado proceso laboral. Se refería a viáticos pagados a otra trabajadora (no demandante en este proceso) y abonados por una Sociedad y no por Pluna Ente Autónomo. En cuanto al testimonio de una versión taquigráfica de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado de fecha 16 de julio de 1992, simplemente refiere a la situación funcional de un “sector” del personal navegante de Pluna Ente Autónomo en relación a viáticos que cobraban (en el año 1992). En dicha oportunidad, autoridades de Pluna Ente Autónomo comparecieron al Parlamento para tratar este tema, pero, el grado de generalidad del planteo, impide extraer datos relevantes a los efectos de esta causa. Sin perjuicio de señalar, que esta prueba es ajena al punto litigioso porque lo que los actores debían acreditar (y no lo hicieron) era que en las últimas remuneraciones en Pluna Ente Autónomo percibían el viático por ese monto, esto es, que formaban parte de su remuneración. Para la Sra. Ministra, lo que está en discusión en este proceso es si los actores en el Organismo de origen, Pluna Ente Autónomo (subrayo este punto), percibían un viático de U$S 700. Ello, como bien puso de manifiesto la Sala, no ha sido acreditado. Y, en cualquier caso, lo que surge es exactamente lo contrario. El viático por alimentación que percibieron de Pluna Ente Autónomo lo fue por sumas sensiblemente menores a la que alegan. Además, esas sumas se computaron a través de las compensaciones personales transitorias al adecuarlos presupuestalmente en función de lo dispuesto en el art. 23 de la Ley No. 16.127. La normativa apunta, en primer lugar, a que los funcionarios redistribuidos no vean disminuida la remuneración que percibían en su oficina de origen, de acuerdo al principio general de la redistribución que consagra que la movilidad impuesta a los funcionarios no puede significar en modo alguno afectación de la retribución de origen (Sentencia de la Corte No. 436/2013). El punto, a juicio de la Dra. Minvielle, es que los actores no lograron probar que percibieran el cuantioso viático que alegan en forma regular y permanente y que difiere de la prueba disponible en la causa. Si se atiende a la documentación remitida por Pluna Ente Autónomo, es claro que el viático por alimentación que cobraron los actores fue incluido a los efectos de la fijación de la retribución de acuerdo a las pautas establecidas en el art. 23 de la Ley No. 16.127. Razón por la cual, a criterio de la Sra. Ministra, no vieron en absoluto disminuida su remuneración. VII) b) Agravios relativos a la no recurrencia de los actos administrativos que dispusieron la redistribución de los accionantes . La Sala, como argumento coadyuvante de su postura (no como cuestión previa) señaló que: “... conforme surge del relato formulado en el acto de proposición, no dedujeron en su momento, los recursos administrativos pertinentes contra las resoluciones de redistribución ” (fs. 710 vto.). Los recurrentes expresaron que constituye “...una infracción a las normas sobre valoración de la prueba, porque los actores no tenían por que deducir recursos contra las referidas resoluciones, porque estaban de acuerdo en ser redistribuidos ” (fs. 719 y vto.). Sobre el punto, a juicio del Colegiado, la falta de recurrencia de dichos actos administrativos no constituyó un fundamento determinante del fallo del Tribunal. En efecto, si bien es correcto que la Sala apuntó en el Considerando III) de su sentencia que los accionantes “( ...) no dedujeron en su momento, los recursos administrativos pertinentes contra las resoluciones de redistribución” (fs. 710 vto.), de la lectura contextual de la sentencia emerge que dicho extremo no resultó determinante para el rechazo de la demanda. Antes bien, la Sala desestimó la pretensión promovida por los actores por cuanto entendió que éstos “ (...) no lograron acreditar los extremos fundantes de su pretensión” (fs. 710 vto.). En igual sentido, en la parte final de su Considerando No. III), el Tribunal concluyó: “De modo que, en atención a la prueba rendida y en mérito a la falta de pericia contable que pudiera desvirtuar lo informado, corresponderá desestimar la acción incoada” (fs. 711). En consecuencia, este sector de agravios resulta inadmisible al amparo de lo establecido en el art. 270 del C.G.P. VIII) En cuanto a la errónea aplicación del Decreto No. 544/1990 y de los arts. 23 lit a) de la Ley No. 16.127 y 42 de la Ley No. 16.320 . Por último, los recurrentes se agraviaron por entender que la Sala realizó una errónea aplicación del derecho al fundar la solución desestimatoria en el Decreto No. 544/1990 el que, a su juicio, es ilegítimo porque contradice los arts. 23 lit a) de la Ley No. 16.127 y 42 de la Ley No. 16.320. No les asiste razón en su planteo. En efecto, la Sala en su Considerando No. III) (fs. 709 vto.-710 vto.) consignó la normativa general y especial regulatoria de la redistribución de los funcionarios excedentarios (art. 23 de la Ley No. 16.127, art. 25 del Decreto No. 544/990 y art. 42 de la Ley No. 16.320). Asimismo, señaló que la norma particular (art. 42 de la Ley No. 16.320) contemplaría parcialmente la pretensión de los actores. Desde el punto de vista normativo consignó la Sala que el reclamo resultaría procedente en cuanto a los viáticos por alimentación, no así por pernocte. En base a ello, debe de verse que el Tribunal no rechazó la demanda por aplicación del art. 25 del Decreto No. 544/990. La Sala específicamente señaló: “ Prima facie, las normas citadas aparejarían la desestimatoria de la demanda, en tanto se reclama compensaciones por prestación de funciones específicas de Pluna ” (fs. 710). Sin embargo, a renglón seguido, indicó claramente que: “... existe norma particular para el caso de los funcionarios redistribuidos de Pluna, la cual contempla parcialmente la pretensión de los actores ” (fs. 710 vto.). En base a ello, es claro que el órgano de alzada no desestimó el reclamo, porque el art. 25 del Decreto No. 544/990 excluyera las compensaciones por funciones específicas, ya que encuadró el caso a través de lo que dispone la norma especial y particular, esto es, el art. 42 de la Ley No. 16.320. Dicha norma dispuso que la adecuación presupuestal de los funcionarios redistribuidos de Pluna debía tener en cuenta el sueldo y todas las sumas percibidas por antigüedad, mayor horario, viáticos de alimentación y reestructura, según resolución del Directorio No. 8191/92 de fecha 18 de agosto de 1992 (fs. 710 vto.). En definitiva, es evidente que el órgano de alzada no desestimó el reclamo porque el art. 25 del Decreto No. 544/990 excluyera las compensaciones por funciones específicas, sino por cuanto consideró que los actores “no lograron acreditar los extremos fundantes de su pretensión” (fs. 710 vto.). IX) Por lo expuesto, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, corresponde desestimar el recurso de casación impetrado. X) La correcta conducta procesal de las partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del C. Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). XI) Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA Y, EN SU MÉRITO, CONFÍRMASE LA SENTENCIA IMPUGNADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FÍCTOS 30 BPC. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.