Sentencia Definitiva N° 1.122/2019

Montevideo, veinte de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ HONORIO, ÁLVARO C/ SENTENCIA Nº 37, DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR EL JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 4º TURNO - RECURSO DE REVISIÓN ” , IUE: 1-96/2017. RESULTANDOS : I) A fs. 8 compareció Álvaro HONORIO, promoviendo recurso de revisión contra la sentencia definitiva nº 37, de fecha 18 de abril de 2017, dictada por el Juzgado Letrado de Familia de 4º Turno en los autos “ Bonvicini Herández, Laura c/ Honorio Cambon, Alvaro – Pensión alimenticia mayor ” - IUE nro. 0002-020857/2016 . En tal sentido, expresó, en síntesis, lo siguiente. a) Refiere que la senten-cia impugnada quedó ejecutoriada el día 5 de junio de 2017. Aduce que no tuvo conocimiento del juicio iniciado por la Sra. Laura BONVICINI, ni de su resultado, hasta el mes pasado (agosto) en que al recibir el detalle del cobro de haberes jubilatorios de BPS, advierte la retención judicial que se le efectuó. b) Anota que al examinar el expediente en la Sede, advirtió que el emplazamiento se efectivizó el día 16/6/2016, en la calle Carlos María Ramírez nro. 1522. Alega que nunca residió en dicho domicilio. Luego de su separación y posterior retorno al país en el mes de marzo de 2016, se domicilió en la calle Pérez Castellano 1347, apto. 105, hasta el momento en que se retiró nuevamente del país, el 4 de junio de 2016. Actualmente continúa residiendo en el exterior, en Gran Canaria, España. c) Sostiene que no tuvo posibilidad de contestar en tiempo y forma la demanda por pensión alimenticia congrua presentada por su ex cónyuge. Afirma que nos encontramos ante un claro caso de indefensión, lo que habilita la revisión impetrada (art. 283 num. 7 del C.G.P.). II) Previo cumplimiento de las formalidades requeridas a fs. 11, por decreto nro. 2347, de fecha 4 de diciembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia resolvió dar ingreso al recurso de revisión, a la par de requerir al Juzgado Letrado de Familia de 4º Turno los autos en los que recayó la sentencia impugnada (fs. 24). III) Cumplido con lo anterior (fs. 38), por providencia nro. 1008, del 3 de mayo de 2018, se dispuso emplazar a la Sra. Laura BONVICINI (fs. 39), a fin de que comparezca a contestar el recurso de revisión en el plazo de treinta días (art. 288 del CGP), lo que hizo a fs. 43, abogando por su rechazo. IV) Por auto nro. 2051, de 6 de agosto de 2018, la Corte ordenó que, en punto a la prueba ofrecida, la parte emplazada cumpla con las exigencias previstas por el art. 159 inc. 1º del CGP (fs. 46); transcurrido un plazo razonable sin dar cumplimiento a lo requerido, la Corte, por resolución nro. 3407, de fecha 19 de noviembre de 2018, dispuso no hacer lugar al diligenciamiento de la prueba ofrecida por la Sra. BONVICINI (fs. 51). V) Por providencia nro. 3532, de fecha 28 de noviembre de 2018 (fs. 55), se dispuso la agregación de la prueba documental incorporada a fs. 1/7 y 14/21; asimismo, en el mismo acto, se ordenó el estudio de la causa, culminado el cual se acordó senten-cia en el día de hoy. CONSIDERANDOS : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, hará lugar al recurso de revisión impetrado y, en su mérito, declarará la nulidad de la sentencia impugnada, por los siguientes fundamentos. II) Del cumplimiento de las formalidades previstas en el art. 285 del C.G.P. El promotor fundó la tem-pestividad de la recurrencia en la circunstancia de que tomó conocimiento del juicio antecedente, en el mes de agosto de 2017, en oportunidad de cobrar su pasividad, en la que advirtió la existencia de una retención judicial. Acompañó a tales efectos copia de los recibos expedidos por el Banco de Previsión Social correspon-dientes a los meses de julio y agosto de 2017 (fs. 14/16). Conforme a dicha documen-tación, la retención recién se hizo efectiva al liquidarse los haberes correspondientes al mes de agosto del año 2017, por lo que habiéndose presentado el recurso en examen con fecha 4 de octubre de 2017 (fs. 10), resulta indiscutible su tempestividad (art. 285 del C.G.P.), extremo, incluso, no cuestionado por la Sra. BONVICINI (fs. 43 y ss.). Por otra parte, en el caso, la nulidad por indefensión no pudo hacerse valer por otra vía (recursiva o incidental), puesto que el fallo impugnado pasó en autoridad de cosa juzgada y el proceso en el que se dictó ya estaba concluido. III) Del mérito de la revisión movilizada . El recurrente fundó su im-pugnación en que no tuvo conocimiento del juicio iniciado por la Sra. BONVICINI, sino hasta el mes de agosto de 2017 en el que, al recibir el detalle de cobro de haberes jubilatorios, advirtió la retención judicial. Indicó que con fecha 22 de junio de 2016 fue emplazado en la calle Carlos María Ramírez nº 1522 (fs. 38 del acordonado), domicilio en el que jamás residió. Luego de su separación y posterior retorno al país en el mes de marzo de 2016, se domicilió en la calle Pérez Castellano 1347 apartamento 105, hasta el momento en que se retiró nuevamente hacia el exterior el día 4 de junio de 2016. En definitiva, señaló que padeció indefensión, ya que nunca tuvo la posibilidad de contestar la demanda, tomando conocimiento del juicio recién cuando la sentencia ya estaba ejecutoriada (art. 283 nº 7 del C.G.P.). Tal como se anunció, la Corte estima que corresponde admitir la revisión impe-trada. En efecto, del material probatorio producido en la causa surge plenamente acre-ditado que, al momento en que se concretó el empla-zamiento objetado (22 de junio de 2016), el Sr. HONORIO no se domiciliaba en la calle Carlos María Ramírez nº 1522 de la ciudad de Montevideo. En tal sentido, a fs. 1 surge agregada copia simple del escrito inicial del divorcio por sola voluntad iniciado por el Sr. HONORIO contra la Sra. BONVICINI; ocasión en la que el deman-dante (hoy recurrente) denunció como domicilio real el emplazado en la calle Pérez Castellano 1347 apartamento nº 105. Si bien se trata de una copia simple, en la cual no consta la fecha de presentación ante el Juzgado, la propia demandada al evacuar el traslado de autos expresamente reconoció que “ ...con fecha 31 de Mayo de 2016 la compareciente es emplazada por primera vez del divorcio promovido por el Sr. Honorio, dónde se le notifica la audiencia del día 21 de julio de 2016” (fs. 43 vto.). Esto es, por lo menos al 31 de mayo de 2016 (fecha en que fue emplazada la Sra. BONVICINI en el juicio de divorcio), el Sr. HONORIO ya había denunciado como su domicilio la calle Pérez Caste-llano 1347 apartamento nº 105. Tal extremo resulta tam-bién corroborado a partir de la información que dimana del “Permiso Internacional Para Conducir” agregado a fs. 5, el que fue expedido con fecha 1º de junio de 2016. De dicho documento surge como domicilio también la calle Pérez Castellanos 1347 apartamento 105. Igualmente, a fs. 6 luce incorporado el poder para pleitos concedido por el recurrente a favor de la Dra. Analila MONZÓN con fecha 21 de mayo de 2016, del cual también surge como domicilio real el ya referido. Dicho esto, si bien la Sra. BONVICINI al contestar el presente recurso, mani-festó que la prueba documental aportada por el impug-nante no cumple con los requisitos previstos en el art. 72.1 del CGP, ciertamente no se opuso a su agregación, ni alegó la falsedad de los mismos, por lo que habrá de estarse a lo dispuesto por el art. 170.3 del CGP. Pero, además, es del caso señalar que si bien, inicialmente, la Sra. BONVICINI también indicó que el emplazamiento fue realizado en legal forma (fs. 43), luego, sin embargo, en la misma oportunidad (fs. 43 vto.), ciertamente reconoció que le asiste razón a la contraparte, al referir que: “Tal como surge del propio proceso de divorcio por sola voluntad en ningún momento se requiere dar traslado de la demanda de divorcio porque se trata de un proceso voluntario, por lo tanto la Sra. Bonvicini no tenía conocimiento fehaciente de que el Sr. Honorio se encontraba domiciliado en la calle Pérez Castellanos 1347 apartamento 105 o se encontraba residiendo fuera del país conforme afirma en su recurso de revisión ” (el destacado y subrayado no pertenece al original). Es valor entendido que es carga de la parte actora identificar correctamente el domicilio del demandado (art. 117.3 del C.G.P.) y, en caso de que ello no pueda ser posible, igualmente cuenta con los mecanismos legales a efectos de garantizar el derecho de defensa de su contraparte (art. 127 del C.G.P.). En dicho marco, cuando se afecta el debido proceso por falta de emplazamiento válido, como ocurre en la “subexamine”, la consecuencia es la nulidad de las actuaciones cumplidas (arts. 129 y 283.7 del C.G.P), tal como sobre el particular ha sostenido este Colegiado, por ejemplo, en sentencia nro. 289/2018, la que, en lo medular, se pasará a trans-cribir: “ Couture enseña que la Suprema Corte de los Estados Unidos ha sostenido sistemáticamente que la garantía del debido proceso, en cuanto refiere a las actuaciones judiciales, consiste en una razonable oportunidad de hacerse escuchar, consti-tuida por una ‘notice’ y por una ‘hearing’. En un caso, se dijo que esa razonable oportunidad de hacerse escuchar significaba asegurarle al demandado ‘su día ante el tribunal’ (his day in Court). Interpretando el sentido del debido proceso, la Suprema Corte del mencionado país ha sostenido que ‘his day in Court’ implica, entre otras garantías, que el demandado haya tenido la debida noticia de la promoción de los procedimientos con los cuales su derecho puede ser afectado. El Maestro pone de relieve que, para que la garantía del debido proceso esté vigente a cabalidad, es menester, como elemento previo, la debida comunicación de la demanda al demandado. Este elemento (equivalente a la ‘notice’) está constituido, en el régimen procesal hispanoamericano, por los actos de citación y emplazamiento. La comunicación de la de-manda, en la medida en que constituye una efectiva garantía, es la piedra angular del proceso. Sin ella, nada puede cumplirse, salvo que el demandado subsane los errores o vicios de esa comunicación con su propia presencia; pero si tal cosa no acontece y no se han cumplido con estrictez y hasta con solemnidad las formas establecidas en la ley, todo lo actuado adolece de nulidad (Couture, Eduardo J., ‘Estudios de Derecho Procesal Civil’, Tomo I, 3a. edición, Lexis Nexis Depalma, Buenos Aires, 2003, págs. 44 a 46) ” (cf. sentencia nro. 289/2018). La jurisprudencia nacio-nal, desde larga data, ha entendido que la nulidad por indefensión ocurre cuando existe una pérdida efectiva y real de la oportunidad de tomar conocimiento del proceso y de ejercer, en tiempo, defensas en él. Del mismo modo, ha sostenido que la sanción de nulidad exige algo más que el mero apartamiento de las formas del empla-zamiento; esa desviación debe incidir negativamente en la garantía del debido proceso para llegar a configurar nulidad. El defecto del acto de comunicación de la demanda, cuando es de tal entidad que frustra u obsta a la obtención de la finalidad a la que ese acto está destinado, acarrea la nulidad de todo lo actuado ulteriormente, pues el proceso se ha seguido sin conocimiento de la parte demandada, colocándola en la situación que se califica como “indefensión”, violándose un fundamental derecho de defensa en juicio (en el sentido expresado, y solo por citar algunas, pueden verse sentencias publicadas en: R.U.D.P. nro. 4/2005, c. 648, 650 y 654, págs. 812 y 813; R.U.D.P. nro. 2/2006, c. 474, págs. 277 y 278; R.U.D.P. nº 2/2007, c. 495, pág. 289; R.U.D.P nros. 1-2/2009, c. 22, págs. 18 y 19; R.U.D.P. nros. 1-2/2010, c. 44, págs. 29 y 30; y R.U.D.P. nro. 1/2011, c. 32, págs. 26 y 27). En suma, apreciada la prueba, cada una de las producidas y en su conjunto, racionalmente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica (arts. 140 y 141 del C.G.P.), este Colegiado considera plenamente acreditada la causal de nulidad alegada en la presente causa, pues el emplazamiento y las demás notificaciones cumplidas en los acordonados, se efectivizaron en un domicilio que no pertenecía al recurrente, haciendo imposible el derecho a la defensa que le asiste. En mérito a lo señalado, corresponde hacer lugar al recurso de revisión impe-trado. IV) De las costas y costos . Habiendo la Sra. BONVICINI tenido directa participación en los hechos determinantes de la revocación por nulidad de la sentencia impugnada (fue ella quien, en su demanda de pensión alimenticia congrua, denunció como domicilio del demandado una dirección en la que éste no residía), las costas y costos de la presente revisión serán de su cargo (art. 292 inc. 2 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : I) AMPÁRASE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO Y, EN SU MÉRITO, ANÚLASE LA SENTENCIA DEFINTIVA Nº 37, DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR EL JUZGADO LETRADO DE FAMILIA DE 4º TURNO EN LOS AUTOS CARATULADOS “BONVICINI, LAURA C/ HONORIO, ÁLVARO – PENSIÓN ALIMENTICIA MAYOR” - IUE Nº 2-20857/2016. II) COSTAS Y COSTOS A CARGO DE LA VENCIDA. III) HONORARIOS FICTOS: 20 B.P.C. PARA CADA UNA DE LAS PARTES. IV) NOTIFÍQUESE Y, OPORTUNA-MENTE, DEVUÉLVASE EL AGREGADO; CUMPLIDO, ARCHÍVESE.