Sentencia Definitiva N° 1.127/2019

Montevideo, veinte de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados : “DE LAFUENTE, DAVID C/ QUEST CAPITAL ADVISERS AGENTE DE VALORES S.A. Y OTRA - DAÑOS Y PERJUICIOS – CASACIÓN”, IUE: 2-10004/2016 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia definitiva SEF-0004-000140/2018 DFA-0004-000544/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to. Turno, el día 5 de setiembre de 2018. RESULTANDO : I) A fs. 415 y ss. compareció el Sr. David De Lafuente, oportunidad en la que promovió demanda por daños y perjuicios, contra Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A. (en adelante, “Quest” o “demandada”) y Andorra Banc Agricol Reig S.A. II) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 54/2017, de fecha 12 de setiembre de 2017, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14to. Turno, falló: “ Amparando parcialmente la pretensión y en su mérito, condenando a la codemandada Quest Capital Advisers Agentes de Valores S.A., a pagarle al actor David De Lafuente, la cantidad de (USD 77.792) setenta y siete mil setecientos noventa y dos dólares americanos, con más los intereses legales desde la fecha de la demanda. Desestimando los restantes reclamos formulados. Sin especial condenación...” (fs. 1701-1706 vto.). III) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia identificada como DFA-0004-000544/2018 SEF-0004-000140/2018, de fecha 5 de setiembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to. Turno, falló: “ Revócase la sentencia apelada, déjase sin efecto la condena recaída y desestímase la demanda de autos; sin especial condena en costas ni costos de la alzada ” (fs. 1813-1818 vto.). IV) A fs. 1822-1839 la parte actora interpuso el recurso de casación en estudio. En necesaria síntesis, expresó que la sentencia se sostiene en un equivocado y absurdo razonamiento probatorio, que contraría el baremo de la sana crítica al que debe ceñirse la valoración de los elementos probatorios, conforme al art. 140 del C.G.P. Desarrolló sus argumentos en los siguientes términos: a) Inconsistencias lógicas del razonamiento probatorio de la Sala. Indicó que el razonamiento probatorio de la Sala, que concluyó que está probada la proposición de la demandada de que De Lafuente ordenó verbalmente la venta de los bonos y que no acreditó haber informado a Quest de que estaba intentando cobrar los bonos por vía judicial en Estado Unidos, adolece de inconsistencias lógicas inocultables. Dichas conclusiones se sostienen en que el actor tenía acceso a su cuenta en la página web y cuenta de inversiones, por lo que podía consultar la información completa. Además, se basa en que recibía, vía correo electrónico, los estados de cuenta. Existe un error lógico en el paso de las premisas a la conclusión, porque de las referidas premisas, no se derivan las conclusiones probatorias que justifican el fallo atacado. Es, por otra parte, un absurdo lógico, afirmar que existiría prueba suficiente para concluir que se habría dado la orden de vender los bonos, por el solo hecho de que no habría acreditado fehacientemente el actor haber comunicado a Quest de la pendencia del juicio que tramitaba en Estados Unidos. Dicha afirmación carece de respaldo probatorio. En autos quedó acreditada documentalmente su intención de mantener los bonos. Es irracional la justificación basada en que no se habría comunicado la tramitación del juicio en Estados Unidos, lo que evidencia un equivocado entendimiento del asunto por parte del Tribunal. Poco importa, además, si Quest sabía o no que el actor se encontraba tramitando un juicio en Estados Unidos. El hecho de que hubiera vendido los títulos vedaba por sí mismo toda posibilidad de cobro de los mismos, sea que el juicio estuviera en trámite o que se esperara la sentencia, para luego adherirse. Es un dato irrelevante el conocimiento que Quest pudiera tener de tal extremo y es indiferente si le fue explicado por el actor. Insistió en que la orden de venta de los bonos, que el Tribunal dio por probada, no tiene respaldo en ningún elemento probatorio. No lo tiene en el acceso por parte del actor a los movimientos de la cuenta y a la recepción de los estados de cuenta vía correo electrónico. Ello nada incide sobre el thema decidendum . Lo expresado, a juicio del impugnante, es motivo suficiente para casar la sentencia y confirmar el pronunciamiento de primera instancia. b) Los elementos probatorios disponibles no sostienen adecuadamente la conclusión de que el actor dio la orden de vender los bonos del tesoro en poder de la demandada. La conclusión probatoria, de que el actor dio la orden de vender, se sostiene únicamente en la declaración de un funcionario de la demandada (el Sr. Malgarino), que es un testigo sospechoso. La Sala dio crédito a esa declaración y, al mismo tiempo, soslayó el voluminoso caudal probatorio disponible en autos, que prueba en su contra. Constituye una violación a los cánones valorativos de la prueba no considerar en absoluto la prueba disponible en el juicio, cuando esta indicaba que, indudablemente, la intención del actor fue la de no desprenderse de los bonos. Es inconsecuente afirmar que se habría dado una orden de venta, porque no se probó la comunicación de la existencia del juicio en Estados Unidos. De cualquier modo, no resulta creíble que Quest desconociera que el actor había iniciado acciones legales en Estados Unidos. Máxime cuando rechazó adherir al canje del año 2010 que le fue ofrecido. Es de toda evidencia que, en ese contexto, si no adhirió al canje fue porque tenía expectativas de salir airoso del proceso emprendido ante los estrados de los Estados Unidos. Asesores financieros y expertos en mercados de valores en Argentina, no podían estar al margen de estos hechos. Quest enajenó los bonos sin autorización alguna de De Lafuente, a pesar de que conocía su negativo interés a vender los bonos y las razones por las cuales no quería hacerlo. Y ello fue realizado sin explicación alguna. La única justificación que suministra la Sala es el peregrino testimonio de un funcionario de la demandada que, obviamente, es un testigo sospechoso, por lo que el absurdo en la valoración de la prueba es evidente. Tampoco pueden sostenerse las conclusiones probatorias de la Sala en que el actor controlaba los estados de cuenta por la página web y recibía correos electrónicos con su estado de cuenta. No se advierte cómo, el ingresar a un estado de cuenta en una página web, puede ser indicativo de haber dado la orden de vender bonos. Además, los ingresos a la web son posteriores a referida enajenación. Ingresó apenas dos veces, casi un año después de la venta de los títulos. Este extremo no es indicativo de lo que el Tribunal pretende considerar probado, lo que deja al descubierto lo absurdo de su razonamiento. c) Otro punto en el que estriba el razonamiento del Tribunal, es en que el actor sería un consumidor avezado en materia financiera, por lo que debe ser juzgado tomando en cuenta esta cualidad. Pues bien, la prueba disponible demuestra todo lo contrario; los propios funcionarios de Quest narraron la índole de las consultas que el actor les hacía, que distan de ser reveladoras de una especial expertise en materia financiera. d) Error en la interpretación de la discrecionalidad otorgada a Quest para disponer de sus activos. La potestad otorgada a Quest no puede leerse, de ninguna manera, como habilitante para actuar de cualquier manera, a cualquier costo, bajo cualquier circunstancia, tomando cualquier decisión (por absurda que sea) sin ninguna responsabilidad. Discrecionalidad no significa irresponsabilidad. Ha quedado acreditado que, al margen de las facultades de las demandadas, existía un diálogo fluido. Las partes conversaban acerca de las actuaciones de Quest sobre el portafolio de inversiones del actor. De esta forma, no pude desconocerse, como lo hizo flagrantemente el Tribunal, contrariando el art. 1.301 del C.C., lo acordado contractualmente. La demandada no se ajustó a la conducta esperable de un asesor de negocios, lo que la hace incurrir en responsabilidad. En el contexto de la relación que mantenía con Quest, no es explicable racionalmente la decisión de vender los bonos sin su consentimiento. No había autorización para comercializar los bonos y, esa errónea decisión, privó a De Lafuente de la posibilidad de cobrarlos a su valor nominal con más los intereses correspondientes. e) Finalmente, indicó que la recurrida incurre en un verdadero razonamiento ilógico, al entender que el actor debió requerir expresamente que fuera Quest la que asumiera el sobrecosto de la recompra de los bonos en default. Ello implica trasladar el error y la responsabilidad por un actuar negligente a quien sufrió el perjuicio. Pone sobre los hombros del actor una carga que de ninguna manera debió asumir. Quien genera un perjuicio es quien debe repararlo. En este caso existió un incumplimiento por parte de Quest y, naturalmente, al margen de lo que se exprese o deje de expresar, la situación debe ser resarcida. V) Sustanciado el recurso de casación impetrado (fs. 1841), fue evacuado por la contraparte, quien abogó por su desestimatoria (fs. 1844-1865 vto.). VI) Franqueada la casación (fs. 1868), los autos fueron recibidos por la Corporación con fecha 23 de noviembre de 2018 (fs. 1873). VII) Por Auto No. 3.618/2018, de fecha 10 de diciembre de 2018 (fs. 1874 vto.), se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia, al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, desestimará el recurso de casación impetrado por la parte actora y, en su mérito, confirmará la impugnada, sin especial condenación procesal. II) El caso de autos . a) En cuanto a la demanda. David de Lafuente es un ciudadano argentino, titular de bonos emitidos por la República Federal Argentina que cayeron en “default” en el año 2001, por un total de USD 696.000 (dólares americanos seiscientos noventa y seis mil). En resumidos términos, corresponde recordar que el gobierno argentino, luego de la crisis del año 2001/2002, intentó sucesivos planes de canje de deuda (canje de esos bonos incumplidos por otros). En paralelo, también se sustanció un proceso jurisdiccional promovido por los tenedores de los bonos en “default” en los Estados Unidos (por ser -supuestamente- la jurisdicción competente para entender en las diferencias entre los inversionistas y el Estado emisor). En dicho proceso intervino el juez Thomas Griesa quien, finalmente, condenó al Estado Argentino a pagar los bonos a su valor nominal, con más los intereses correspondientes. Los tenedores de los bonos que ingresaron en default en el año 2001 (según narra el reclamante) tomaron uno de estos dos caminos; o bien ingresaron en algunos de los canjes propuestos por el Gobierno argentino o bien adhirieron a algunas de las demandas judiciales iniciadas en Estados Unidos. De Lafuente optó por este último camino. Decidió iniciar acciones judiciales en Estados Unidos, para lo cual contrató un estudio de abogados en ese país, por intermedio de un estudio bonaerense. Por ese entonces, los títulos (bonos) cuyo pago reclamaría, se encontraban en custodia en la firma financiera Lehman Brothers. En el año 2008 Lehman Brothers entró en bancarrota, impactada por la crisis financiera (de las hipotecas subprime ) en Estados Unidos y, en ese contexto, los bonos del actor fueron transferidos a una cuenta en la codemandada Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A. Con esta última entidad el actor operaba desde mucho tiempo antes. En el año 2010, el Gobierno Argentino realizó una nueva oferta de canje de deuda. Quest, en su calidad de intermediario de valores, debió informar a los titulares de los bonos que tenía en custodia de esa propuesta. De Lafuente (siempre según las afirmaciones de su demanda) no aceptó ingresar en ese nuevo canje de deuda y remarcó a la financiera que no le interesaba deshacerse de los títulos, cuyo cobro coactivo estaba intentando en Estados Unidos mediante las acciones legales emprendidas. Pese a que le manifestó a la demandada que esa era su intención, esta le hizo propuestas de vender los bonos en el año 2011, lo que revelaba que no había comprendido cuáles eran sus propósitos. Para su sorpresa, algunos meses después, advirtió que la demandada había procedido a vender los bonos al 40,75% de su valor nominal, en contra de su voluntad largamente manifestada de no deshacerse de los mismos. Inicialmente, ante el reclamo del actor, la intermediaria de valores alegó haber recibido órdenes verbales de vender. Sin embargo, se probó que dichas órdenes no fueron dadas, por lo que pasaron a alegar el conferimiento de “facultades discrecionales”, para actuar en nombre del inversor. En definitiva, lo que ocurrió fue que en frontal desconocimiento de las órdenes impartidas, Quest vendió los bonos cuyo pago estaba reclamando el actor en Estados Unidos por vía judicial. La demandada intentó remediar el daño causado y logró recomprar parte de los bonos; pero de las cinco series de bonos que inicialmente tenía, solamente se pudieron recuperar tres, faltando dos series. Dicha situación aparejó un daño para el actor, puesto que al día de hoy los juicios en Estados Unidos se ganaron (lo que permite cobrar los bonos por su valor facial más los intereses correspondientes), pero carece de todos los títulos para poder reclamar. Además, debió pagar al estudio que lo patrocinó un porcentaje del valor de todos los bonos reclamados en Estados Unidos y, al final del día, solamente contaba con parte de ellos. Requirió la reparación de los daños y perjuicios que experimentó por la imposibilidad de recuperar los bonos que la demandada vendió inconsultamente. Concretamente, reclamó la pérdida de la ganancia que hubiese obtenido en caso de tener la totalidad de los bonos, que podrían haber sido cobrados por su valor nominal con más sus intereses, al amparo de las sentencias dictadas en Estados Unidos. b) En cuanto a las sentencias de mérito . En primera instancia, el decisor amparó parcialmente la demanda incoada por el Sr. De Lafuente, empero, dicha decisión fue revocada por la Sala Civil de 5to. Turno, la cual desestimó íntegramente la demanda. La sentencia atacada consideró que el actor no se desembarazó de la carga de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión. En particular, concluyó que el actor no acreditó haber informado a Quest que había promovido un juicio en Estados Unidos, para cobrar coactivamente los bonos. Por otra parte, la Sala también hizo caudal de que el actor tenía un conocimiento adecuado de las inversiones que hacía y de que, periódicamente, accedía a su estado de cuenta, donde podía ver los movimientos que se hacían. Tenía acceso por la web y se le enviaban correos electrónicos y documentos en papel con las transacciones. Los bonos fueron vendidos en junio del año 2011. Luego de la venta, el actor consultó reiteradamente su estado de cuenta (lo hizo al menos en mayo y en junio de 2012). Recién en agosto de 2012 le manifestó a su asesor financiero en Quest que desconocía las transacciones efectuadas y le reclamó que recomprara los bonos. Todos estos elementos condujeron a la Sala a dar por probada la afirmación de la demandada, de que el actor ordenó verbalmente la venta de los bonos luego de una reunión mantenida en junio de 2011 y, recién un año después, con el panorama más favorable (en virtud de las resultancias del proceso en Estados Unidos), pretendió deshacer lo hecho, por conveniencia. III) En cuanto al mérito . Como fácilmente se advierte, la totalidad de los agravios articulados por el impugnante se dirigen a cuestionar la valoración de la prueba realizada por la Sala, la cual, en definitiva, la condujo a desestimar la demanda. En relación a la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal ad quem , los Sres. Ministros, reiteran la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que la revaloración del material fáctico tenido en cuenta por los tribunales de mérito se encuentra vedada en la etapa de casación, salvo en hipótesis de absurdo evidente, arbitrariedad o ilogicidad en la ponderación realizada por dichos órganos. Sobre el particular, este Colegiado ha sostenido en forma reiterada que a pesar de que el art. 270 del C.G.P. prevé la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba como causal de casación, el ámbito de la norma queda circunscripto a la denominada prueba legal o tasada y, en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando se incurre en absurdo evidente por lo grosero o infundado del razonamiento y la denuncia de tal error surge, explícita, del memorial de agravios o se infiere de la forma en que ellos han sido estructurados. En esta línea de razonamiento, la Corporación ha expresado que tanto la revisión de la plataforma fáctica como la revaloración de la prueba no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría a esta etapa de casación o de revisión meramente jurídica en una tercera instancia no querida por el legislador (cf. Sentencias Nos. 58/1993, 716/1996, 338/2002, 323/2003, 202/2005, 706/2008, 74/2009, 163/2009 –en R.U.D.P. 1-2/2010, c. 1122, págs. 596 y 597-, 685/2012, 243/2013, 534/2013, 16/2014, 306/2015 y 66/2016, 162/2016, 10/2017, 216/2017, 406/2017, por citar solamente algunas). Ahora bien, no sólo se requiere la existencia de una contradicción grosera de las reglas legales de valoración de la prueba, sino que, además, ello debe surgir de la forma en que se estructuraron los agravios, aun cuando el impugnante no hubiese utilizado, concretamente, las expresiones de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta (art. 273 del C.G.P.). Es necesario que del contenido de sus agravios surja, cualesquiera sean los términos que utilice, que lo que se denuncia es la existencia de una valoración absurda o arbitraria, extremo que el impugnante cumplió en el subexamine . El Tribunal llegó a las conclusiones probatorias cuestionadas a partir de considerar una serie de elementos probatorios. A saber: i) El actor otorgó un contrato con Quest por el que le confirió total discrecionalidad para manejar su portafolio de inversiones (fs. 207 y ss.). Tenía acceso regular a su cuenta en la web, en la que figuraban todos los movimientos, además de recibir periódicamente los estados de cuenta por correo electrónico o en papel. ii) La transacción cuestionada (venta de los bonos en default) se produjo en junio de 2011. Luego de esa fecha, el actor consultó al menos dos veces su estado de cuenta y, recién en agosto del año siguiente, formuló el reclamo a su asesor de inversiones relacionado con la venta de los multicitados títulos. iii) Tenía cierto conocimiento de inversiones; estaba en contacto regular con sus asesores y los consultaba sobre las colocaciones realizadas. De sus dichos resulta que controlaba sus estados de cuenta y el devenir de sus negocios. iv) No existe ningún elemento probatorio que acredite que el actor comunicó a Quest que había promovido un proceso en Estados Unidos, tendiente a cobrar coactivamente los bonos en default. A partir de estos elementos probatorios, la Sala consideró probado que el actor: a) no comunicó a Quest que estaba realizando un reclamo judicial en Estados Unidos y, por ende, que Quest tenía vedado disponer de los bonos en default y; b) dio la orden de vender los bonos en 2010 a un funcionario de la intermediaria de valores (el Sr. Malagarino). IV) La corrección lógica y jurídica del razonamiento probatorio del Tribunal . El argumento determinante del fallo de la Sala es que la demandada: “ ... no tenía como conocer que en concreto el actor había integrado un grupo de personas que en Estados Unidos había promovido pleito por los bonos cuya caída iniciara la secuela que desembocó en la promoción del presente pleito, de modo que únicamente si tal circunstancia le hubiera sido específicamente informada por quien mejor que nadie debería conocerla, podría comenzar a diseñarse incumplimiento, y esa circunstancia no fue prob ada (...) ... la parte actora no se desembarazó adecuadamente de la carga de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión y no se entiende verificado incumplimiento como factor de atribución de la responsabilidad hecha valer, de manera que corresponde desestimar la demanda... ” (fs. 1817 vto.-1818). Como lo establece nuestra ley procesal, en sede de casación, corresponde atender a los errores de derecho que resulten determinantes de la parte dispositiva de la sentencia. El art. 270 inc. 2º del C.G.P., al describir las causales de casación, establece que no se tomarán en cuenta los errores de derecho que no determinen la parte dispositiva del fallo. Conforme Vescovi, esto es lo que se ha dado en llamar “la eficacia causal” del error, para ser tomado en cuenta en casación. Esa relación de causalidad entre el vicio y la sentencia, se hace más necesaria en la medida en que el recurso, más que en interés público (o en defensa de la legalidad), se concede en función del interés privado de la parte. Añade el autor que nuestra ley es muy clara en cuanto a que se requiere que la infracción sea determinante de la parte dispositiva del fallo. El error, aunque esté en las consideraciones (Considerando), debe repercutir en el fallo (Cf. VESCOVI, E., “El recurso de casación” , IDEA, Montevideo, 1996, págs. 63-64). Pues bien, bajo esta premisa, a juicio de la Corporación resulta claro que, para tener éxito, la recurrente debía demostrar la ilegitimidad de este razonamiento probatorio de la Sala, consistente en concluir que no acreditó debidamente uno de los extremos fundantes de su pretensión: el haber informado oportunamente a Quest de la promoción del juicio en Estados Unidos contra el Gobierno Argentino. En su recurso, ataca este punto por dos vías distintas. En primer lugar, postula que resulta un extremo irrelevante si comunicó o no a Quest que había promovido un juicio en Estados Unidos para cobrar los bonos en default y, en segundo lugar, entiende que el hecho está igualmente probado. En cuando a lo primero, basta con repasar la demanda, para advertir que el incumplimiento que le endilga a Quest, está fundado en que la accionada, a sabiendas de que se había iniciado un juicio en Estados Unidos, igualmente vendió los bonos cuyo cobro coactivo estaba persiguiendo. En este sentido, consignó en su escrito de demanda: “... mi representado tenía una fluida comunicación con Quest/AndBank, y la circunstancia de que se seguían juicios en EEUU por los títulos de deuda Argentina en default, estuvo planteada y manejada abiertamente siempre ” (fs. 418). Acto seguido reafirma que formuló la comunicación a su asesor financiero. Expresó que: “... cuando le fue informado por Quest/AndBank de esta ‘oportunidad’ [en referencia al canje de 2010] mi mandante volvió a remarcar que no le interesaba deshacerse de estos títulos y que continuaría las acciones legales en EEUU ” (fs. 418 vto.-419). Un poco más adelante, aseveró que: “... Quest/AndBank sabía o debía saber a esa altura, que mi representado se había decidido por un reclamo judicial en EEUU...” (fs. 420). Finalmente, en oportunidad de especificar las razones por las que pretende que se responsabilice a la demandada por su actuar imperito, afirmó: “... mi representado había aclarado en varias oportunidades que no le interesaba deshacerse de los títulos por estar reclamando su pago en juicios iniciados en EEUU; entre otras, cuando Quest/AndBank le notició de la propuesta de canje en la República Argentina en 2010” (fs. 421 vto.). En este contexto, parece incuestionable el criterio de la Sala de considerar que el conocimiento por parte de Quest de la pendencia del reclamo judicial de los bonos en Estados Unidos, era un elemento central para reprocharle un incumplimiento. Sin embargo, como bien lo puso al descubierto la sentencia atacada, ese extremo no fue puntualmente acreditado. Gravitaba sobre la actora la carga de la prueba y, como bien lo postula la Sala, no hay un solo elemento de juicio que respalde la conclusión de que la demandada conocía de la existencia del juicio en Estados Unidos en relación a los multicitados bonos en “default”. La inexistencia de ele-mentos probatorios y la operatividad de las reglas sobre carga de la prueba (art. 139.1 C.G.P.), determinan que deba tenerse por no probado este hecho. Hecho que fue puntualmente controvertido por la defensa de Quest como surge de la contestación de la demanda a fs. 819 y 822. Lo que selló la suerte del reclamante, es que no probó uno de los extremos fácticos en los que fundó el incumplimiento de Quest. Como enseña Taruffo, ante la incertidumbre de los hechos invocados, los ordenamientos jurídicos tienden a excluir la posibilidad del non liquet . Entran allí en juego las reglas de la carga de la prueba, que permiten en cualquier caso tomar una decisión en el supuesto de incertidumbre. Estas reglas están, por otra parte, en consonancia con la lógica de la hipótesis y de la confirmación: en efecto, el actor que no prueba el hecho constitutivo de su pretensión pierde el juicio. Y pierde no porque se haya probado la falsedad de la hipótesis de hecho que alegó, sino porque simple y realistamente, la ley impone al juez que tome en cuenta la permanencia de la incertidumbre sobre el hecho constitutivo y que extraiga las consecuencias que la propia ley considera más oportunas sobre la base de la dimensión subjetiva de la controversia (Cf. TARUFFO, M., “La prueba de los hechos” , Trotta, Madrid, 2009, págs. 247-248 y Viera, L.: “La Prueba” en AA.VV., “Curso de Derecho Procesal” , IUDP, Montevideo, 1974, págs. 84-85). Como enseña Valentín, cuando la valoración probatoria fracasa, porque no hay elementos de juicio que permitan considerar debidamente acreditado el hecho a probar, es que entran en juego las reglas sobre carga de la prueba. Las reglas de la carga de la prueba se aplican, justamente, cuando la valoración probatoria fracasa y permiten decidir la cuestión en contra de quien tenía la carga de la prueba y no se desembarazó adecuadamente de ella (Cf. VALENTÍN, G ., “La prueba y la sentencia. Las reglas para determinar la existencia (o inexistencia) de los hechos en el proceso jurisdiccional” , Revista Latinoamericana de Derecho Procesal, Nº 2, Diciembre de 2014). En el subexamine , ante la inexistencia de pruebas sobre un extremo clave para el progreso de la pretensión, como lo era el conocimiento de Quest sobre la pendencia del juicio en Estados Unidos, tendiente al cobro de los bonos en default, el Tribunal aplicó las reglas sobre la carga de la prueba y desestimó la pretensión, porque era sobre la actora que gravitaba la carga de probar ese hecho. La solución resulta justificada desde el punto de vista jurídico y lógico. Ante un escenario en que la firma asesora de inversiones contaba con una amplísima e indiscutida discrecionalidad para manejar el portafolio de inversiones del actor, no puede reprochársele que haya incumplido con el contrato por vender al 40,75 % de su valor nominal, en junio de 2011, bonos cuyo futuro era más que incierto por ese entonces. La demanda de la actora se fundamentó en que esa decisión de vender contrarió un mandato expreso, pero el reclamante no probó haber proferido esa orden ni el conocimiento de Quest de la pendencia del juicio en Estados Unidos en relación a sus bonos. En cuanto al segundo argumento que postula la recurrente, que asevera que era casi que un hecho notorio que los inversionistas que no se habían amparado al canje era porque habían iniciado acciones legales en Estados Unidos, tampoco resulta atendible. No puede extraerse, a partir de esa aseveración que Quest conocía (o debía conocer), que concretamente el actor había promovido esas acciones judiciales. En definitiva, el argumento determinante del fallo no resulta debidamente conmovido por el recurso, lo que resulta suficiente a afectos de confirmar la impugnada. V) En cuanto a los restantes agravios . Sin perjuicio de lo señalado anteriormente y, a mayor abundamiento, se analizarán los demás argumentos planteados por la parte actora. En concreto, el impugnante cuestiona por ilógico y absurdo el razonamiento de la Sala, de considerar probado que el actor habría dado, en el año 2011, la orden de vender los bonos en default. Los elementos probatorios en que se sustenta esta conclusión son algunos de los que se reseñaron más arriba, es decir que: i) El actor (que había firmado un contrato con Quest por el que le daba total discrecionalidad para manejar su portafolio de inversiones -fs. 207 y ss.-) tenía acceso regular a su cuenta en la web en la que figuraban todos los movimientos, además de recibir periódicamente los estados de cuenta por correo electrónico o en papel. ii) La transacción cuestionada (venta de los bonos en default), se produjo en junio de 2011. Luego de esa fecha, el actor consultó al menos dos veces su estado de cuenta y, recién en agosto del año siguiente, formuló el reclamo a su asesor de inversiones relacionado con la venta de los multicitados títulos. iii) Tenía cierto conocimiento de inversiones; estaba en contacto regular con sus asesores y los consultaba sobre las inversiones. De sus dichos resulta que controlaba sus estados de cuenta y el devenir de sus negocios. Estos elementos, hacen que no resulte creíble (a juicio de la Sala) que Quest vendió los bonos actuando por sí y ante sí, sin una orden verbal previa del Sr. De Lafuente. De lo visto debe descartarse, en forma liminar, el primer vicio lógico que la parte recurrente denuncia, donde afirma que la Sala dio por probada la orden de vender a partir del hecho de que este no informó a Quest de la existencia del juicio en Estados Unidos. Esa afirmación se basa en una errónea lectura de la sentencia. La posibilidad de censurar los vicios de orden lógicos del razonamiento judicial en la casación no ha resultado un punto exento de polémica (sobre este punto véase por todos: Viana Reyes, E., “Los paralogismos como motivo del recurso de casación” , RDJA, 1977, págs. 40 y ss. y Carnelli, S., “La casación en materia de prueba, interpretación del contrato, calificación negocial, ‘ley’ del contrato y simulación negocial” , ADCU, T. XXII, especialmente págs. 366 a 370). Ahora bien, en este caso, la falacia de inatinencia (conclusión que no se deriva de las premisas) que se denuncia, no es tal, porque las premisas no son las que considera la recurrente sino otras. Dicho esto, corresponde examinar si la conclusión probatoria enarbolada por la Sala, a partir de los elementos probatorios que efectivamente tuvo en cuenta, puede considerarse jurídicamente justificada o, por el contrario, resulta absurda o ilógica. La inferencia probatoria realizada por la Sala, es una de aquellas que desde la perspectiva teórica se denominan epistémicas. Son inferencias que están basadas en máximas de la experiencia, que tienen su fundamento en la observación más o menos regular entre dos hechos. Su solidez depende de los argumentos inductivos en los que descansa la máxima de la experiencia; cuanto mejor fundada esté la máxima de la experiencia, más sólida será la inferencia probatoria (Cf. GONZÁLEZ LAGIER, D., “ Quaestio Facti (Ensayos sobre prueba causalidad y acción” , Palestra - Temis, Lima – Bogotá 2005, págs. 61 y ss. y del mismo autor, “Presunción de inocencia, verdad y objetividad” en AA. VV., “Prueba y razonamiento probatorio en el Derecho (Debates sobre abducción) (Juan Antonio García Amado y Pablo Raúl Bonorino Coords)” , Comares, Granada, 2014, págs. 86/90). En el subexamine , la experiencia indica que un inversor de cantidades importantes de dinero, que regularmente chequea sus estados de cuenta y recibe reportes de la entidad asesora de inversiones, debía estar razonablemente al tanto de la venta de bonos por un importe superior al medio millón de dólares (que como no está discutido fue debidamente registrado en esos estados de cuenta). Por tal motivo, no resultó creíble para la Sala que haya advertido, recién un año después de realizada la operación, que los bonos se habían vendido sin su consentimiento. Antes bien, la Sala entendió que corresponde dar por probado que Quest vendió con el conocimiento y la anuencia del Sr. De Lafuente en el año 2011, cuando la perspectiva de los bonos en default era más que incierta. La Sala entendió que en el año 2012 (ya vistas las resultancias favorables del proceso en Estados Unidos) quiso volver sobre sus pasos, desconociendo lo actuado previamente. El razonamiento de la Sala no parece racionalmente descabellado ni lógicamente equivocado. Podrá ser discutible, pero no aparece aquí un caso de razonamiento probatorio absurdo, irracional o ilógico, únicos supuestos revisables en casación. En su mérito, corresponde rechazar los agravios articulados en el punto. VI) La correcta conducta procesal de las partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del C. Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA Y, EN SU MÉRITO, CONFÍRMASE LA SENTENCIA IMPUGNADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FÍCTOS 40 BPC. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.