Sentencia Definitiva N° 1.124/2019

Montevideo, veinte de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ AA– VIOLENCIA PRIVADA EN FORMA CONTINUADA - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 75 Y 76 NUMERAL 14 DEL C.N.A., ART. 268 INC. 2 DEL C.G.P. Y ART. 22 LITERAL B) DE LA LEY Nº 19.551 - CASACIÓN Y REVISIÓN ”, IUE 438-124/2017 . RESULTANDO : I) Tramita en autos proceso infraccional adolescente, iniciado con fecha 15 de mayo de 2017. II) Por sentencia definitiva de primera instancia nº 67, de fecha 1º de setiembre de 2017, el Juzgado Letrado de Adolescentes de 2º Turno, se falló: “ Declarando a AA autora de una infracción grave de violencia privada continuada, imponiéndose como medida socio-educativa, doce meses de libertad asistida en RENACER, con descuento de los sesenta días, ya cumplidos” “ (...)” (fs. 518/528). III) Por sentencia definitiva de segunda instancia, identificada como DFA-0010-000321/2018, SEF 0010-000058/2018, de fecha 11 de abril de 2018, el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1º Turno, se dispuso: “ Confírmase la sen-tencia de primera instancia ” (fs. 688/728). IV) Presentado recurso de ampliación y solicitud de reserva del expediente, por parte de la defensa de la adolescente (fs. 731/735 vto.), fue rechazado en los términos que surgen a fs. 737. V) A fs. 818 compareció el Dr. LL, en su calidad de Defensor privado de la adolescente enjuiciada, oportunidad en la que dedujo recurso de casación. Asimismo y, para el caso de que la Suprema Corte de Justicia considere que el medio impugnativo movilizado resulta inadmisible en atención a la existencia de dos soluciones coincidentes, interpuso la excepción de inconstitucionalidad por vía de excepción de los arts. 75 y 76 nº 14 del l C.N.A. (en la redacción dada por la ley nro. 17.823), del art. 268 inc. 2º del C.G.P. y del art. 22 lit. b) de la ley nro. 19.551. En tal sentido, indivi-dualizó los siguientes vicios de inconstitucionalidad. a) Consideró que dichas normas vulneran el principio de igualdad (art. 8); las garantías del debido proceso (art. 12 y 72), el principio de protección especial de la delincuencia infantil (art. 43); el principio de presunción de inocencia (art. 20 y 72) y el principio de libertad (art. 7 y 10 de la Constitución). b) Señaló que las dispo-siciones legales vulneran el principio de presunción de inocencia y el de protección del interés superior del niño y adolescente reconocido en la Convención de los Derechos del Niño (arts. 3 y 40 lit. b). c) Por otra parte, alegó que las normas transgreden el principio de la ley penal más benigna reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 9) y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (art. 15). d) Sostuvo que si la Corte interpretara que los adultos no tienen la limitación a la hora de interponer recurso de casación en materia penal y que por el reenvío legal del C.N.A. al C.G.P., sí la tendrían los adolescentes, se estaría configurando una vulneración del principio de igualdad constitucional (art. 8), así como un golpe de gracia a las garantías del debido proceso penal reconocidas y protegidas por la Constitución (arts. 12 y 72), en tanto se le está privando al adolescente de una garantía procesal más favorable para la protección de su derecho a impugnar todas las sentencias que lo perjudiquen, sin limitación de clase alguna. e) Alegó que también se activa el presente recurso de inconstitucionalidad para el caso que la Corte entendiera que el art. 76 num. 14 del CNA en su redacción original, limita la posibilidad de recurrir en casación, porque solo se prevé en dicha norma el recurso de apelación contra las sentencias definitivas e interlocutorias. Si así se entendiera, el art. 76 num. 14 en su redacción original, también sería inconstitucional por vulnerar los mismos principios y derechos enunciados anteriormente. f) Adujo que también se activa dicho recurso y control de convencionalidad, para el caso que la Corte entendiera que, por aplicación del art. 22 lit. b de la ley nro. 19.551, el art. 75 del C.N.A. en su nueva redacción dada por dicha ley, no aplica al presente, si así se entendiera, significaría la vulneración del principio de igualdad, las garantías del debido proceso y el principio de la ley procesal penal más benigna. Por efecto de esta declaración de inconstitucionalidad y no aplicabilidad al caso de autos de estas normas, no regiría la limitación de la casación civil de doble instancia confirmatoria y sin discordia, y se aplicarían las reglas de la casación penal previstas en el nuevo C.P.P. por la remisión realizada por el art. 75 del C.N.A. en la redacción dada por la ley nro. 19.551. Considera que el trato diferenciado entre mayores y menores respecto a la admisibilidad del recurso de casación es ilegítima, ya que no existe razonabilidad, el fin perseguido no es legítimo y no existe proporcionalidad entre el fin perseguido y los medios utilizados. El art. 22 lit. b) de la ley 19.551 sería inconstitucional en cuanto establece que la nueva redacción del art. 75 del C.N.A. no aplicaría a las causas en trámite, como sería el caso de autos. En su mérito, no deben aplicarse los arts. 75 y 76 num. 14 del C.N.A. en su redacción original, el art. 268 inc. 2 del C.G.P. y tampoco el art. 22 lit. B de la ley 19.551, por contravenir los Pactos y Declaraciones de Derechos Humanos. En su lugar se debe aplicar el art. 75 del C.N.A., en la redacción dada por el art. 1º de la ley 19.551 en tanto el reenvío pleno al CPP tiene como consecuencia la aplicación del recurso de casación previsto en los arts. 368 y ss., por ser la ley procesal penal más benigna que mejor protege especialmente el derecho a la garantía del debido proceso. Finalmente, con carácter subsidiario, dedujo recurso de revisión, en los términos que surgen de fs. 830. VI) Elevados los autos para ante la Suprema Corte de Justicia (fs. 981), fueron recibidos el día 15 de junio de 2018 (fs. 985). VII) Conferido traslado a la Fiscal Letrado de Adolescentes, fue evacuado en los términos que corren a fs. 994/1001, ocasión en la que solicitó el rechazo de la impugnación. VIII) En igual sentido se pronunció el Sr. Fiscal de Corte (fs. 1005/1007), por entender que la impugnación fue planteada de manera condicional (dictamen Nº 00694/2018). IX) Por providencia nro. 2336, de 29 de agosto de 2018, se ordenó el pase a estudio de la causa (fs. 1009); culminado el estudio y previa audiencia de informe “in voce” (registrada en audio del sistema AUDIRE), se acordó sentencia en el día de hoy. . CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, hará lugar a la excepción impetrada en autos y, en su mérito, declarará inconstitucional y, como tal, inaplicable a la impugnante, el art. 268 inc. 2º del C.G.P. (por la remisión efectuada por el art. 75 C.N.A.), de acuerdo a los siguientes fundamentos. II) De la normativa relativa a la procedencia del recurso de casación aplicable al “subexamine” . En lo inicial, antes de ingresar al mérito de la impugnación en estudio, y a los efectos de determinar la legitimación activa de la excepcionante, esto es, si la encausada es titular de un interés que pueda ser calificado como directo, personal y legítimo, corresponde -a criterio de la unanimidad de los integrantes de la Corte-, abordar los siguientes puntos litigiosos. 1) Cuáles son las normas efectivamente aplicables a la causa. 2) Si en virtud de ellas, resulta o no admisible la inconstitucionalidad movilizada. En este ámbito, cabe aclarar que la excepcionante, luego de bregar por la admisibilidad del recurso de casación, planteó distintos escenarios, según la normativa que se entienda aplicable al caso, deduciendo la excepción de inconstitucionalidad para el supuesto de que la Corte lo considere inadmisible. Como ha expresado este Colegiado, para que resulte procedente el planteo y examen de constitucionalidad, es necesario que el texto que se tacha de inconstitucional sea de aplicación ineludible al caso concreto, puesto que la Corte, actuando como Tribunal Constitucional, no está facultada para efectuar declaraciones genéricas e inútiles. Su competencia sobre el punto se ejercita siempre que la ley impugnada deba aplicarse necesariamente a un caso concreto (cf. sentencias nros. 56/1991, 629/1994, 64/1997, 234/2000, 872/2003, 1195/2005, 45/2006, 664/2008, 1198/2009 y 9/2017, entre otras). Y ello porque la Constitución requiere que, quien plantea la inconstitucionalidad, sea titular de un interés directamente afectado por la norma que se reputa inconstitucional. Lo relevante a efectos de determinar la legitimación es si la ley que se considera inconstitucional es o no aplicable al caso concreto. Ahora bien, en qué circunstancias una ley debe aplicarse no depende, de regla, de la voluntad de sus destinatarios, ni de la aplicación dada en las instancias de mérito, sino de que los sujetos de interés se encuentren en el supuesto de hecho previsto por la regla legal de que se trate. Por ello, mal podría la Corte considerar que la mera afirmación de la parte tiene la virtualidad de hacer inaplicable una ley. Si una parte comparece solicitando la declaración de inconstitucionalidad de una ley, es porque considera que esa ley puede serle aplicada y tiene interés en impedir esa aplicación, independientemente de que considere que no corres-pondería su aplicación (cuestión que puede resistir mediante los recursos correspondientes y que, en todo caso, será objeto de contralor por los órganos de mérito). Al presentarse una solicitud de declaración de inconstitucionalidad, la Corte tiene el poder-deber de determinar si efecti-vamente la ley impugnada es o no aplicable al caso planteado y tal extremo, de regla, no depende de la voluntad del sujeto involucrado, sino de la voluntad de la ley (cf. sentencias nros. 651/2017, 835/2017, 1173/2017, entre muchas otras). Por su parte, la redactora se remite -a su vez- a la posición que sobre el punto sostuvo en sentencia nro. 634/2016. Dicho esto, corresponde a continuación, analizar cada una de las temáticas “supra” propuestas. II.1) De la normativa apli-cable al recurso de casación impetrado . A juicio de la unanimidad de los integrantes de la Corte, la norma de procedencia aplicable al medio impugnativo movilizado es el art. 268 del C.G.P., por expresa remisión del art. 75 del C.N.A., en la redacción dada por la ley nro. 17.823. En efecto, a diferencia de lo sostenido por la excepcionante (con apoyatura en la consulta extendida por el Prof. Santiago PEREIRA CAMPOS, a solicitud de parte) y, sin perjuicio de la inconstitucionalidad planteada en punto al art. 22 literal b (defensa a la que se hará referencia en el CONSIDERANDO II.2.2. del presente fallo), se considera que el nuevo régimen implantado por la ley nro. 19.551, que da nueva redacción al art. 75 del C.N.A. y que se remite en lo no previsto al nuevo Código del Proceso Penal (ley nro. 19.293), en lo que acá interesa, no le resulta aplicable a la adolescente de autos, por cuanto su situación continúa rigiéndose por la ley nro. 17.823, hasta que la sentencia definitiva pase en autoridad de cosa juzgada, aspecto que no se verificaría si se admite la procedencia del medio impugnativo movilizado. Tal aserto obliga a analizar los diferentes escenarios. II.1.1) De las causas que tengan inicio a partir de la fecha de entrada de la ley nro. 19.551 . En punto a la vigencia temporal, el art. 21 de la ley nro. 19.551 establece que: “...entrará en vigencia en forma conjunta con la Ley nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 y sus modificativas, Código del Proceso Penal” ; vale decir, entró en vigencia con fecha 1º de noviembre de 2017. Asimismo, el art. 22 (“Disposición transitoria”) disciplina el ámbito de aplicación objetivo del citado cuerpo normativo. En tal sentido, el literal A) establece que desde la entrada en vigencia de la ley, esto es, desde el 1º de noviembre de 2017, “... el nuevo régimen se aplicará a todas las causas que tengan inicio a partir de dicha fecha, entendiéndose por fecha de inicio de una causa aquella en la cual el hecho con apariencia delictiva que la motiva llega a conocimiento del Ministerio Público, con independencia de la fecha de su comisión...” . Entonces, en punto a este primer literal, resulta claro que no se aplica a la impugnante el nuevo régimen procesal, por cuanto este proceso fue iniciado con fecha 18 de mayo de 2017. II.1.2) De las causas en trámite para la fecha de entrada del nuevo régimen legal . Por su parte, el literal B) regula qué sucede con los procesos ya iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley nro. 19.551, situación en la que, precisamente, se encuentra la “subexamine”. Al respecto, preceptúa la norma: “Las causas en trámite, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones establecidas en la Ley Nº 17.823 , de 7 de setiembre de 2004 y sus modificativas, hasta que la sentencia definitiva de primera instancia pase en autoridad de cosa juzgada ” . Conforme prescribe la disposición, los procesos como el de autos, en que a la fecha de entrada en vigencia de la ley nro. 19.551 ya se encontraban en trámite, se siguen rigiendo por la ley nro. 17.823 y sus modificativas, hasta que haya sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada . Esto es, hasta que la sentencia de primera instancia ya no sea susceptible de recursos (entre ellos el de casación), o si las partes la consienten expresamente (art. 215 del C.G.P.). En consecuencia, resulta evidente para la Corte, que el recurso de casación -el que, de interponerse y hasta su resolución, impide que la sentencia adquiera el referido atributo-, continuará rigiéndose por las disposiciones establecidas en la ley nro. 17.823 , de fecha 7 de setiembre de 2004 y sus modificativas. Una vez ejecutoriada la sentencia, recién resultará aplicable el nuevo régimen, en lo pertinente. No antes. La interpretación defendi-da por la excepcionante, en el sentido de que lo que determina “per se” el ámbito objetivo de aplicación de la ley nro. 19.551 es la sola existencia de sentencia en primera instancia , resulta absolutamente ajena al texto normativo, a la par de resultar en el punto abrogatoria del texto legal. Sobre el punto, resulta del caso señalar que el legislador fue claro -más allá de compartirse o no la solución-, en cuanto a que en las causas en trámite el punto de inflexión entre uno u otro régimen lo marca la obtención de la cosa juzgada (... hasta que la sentencia definitiva de primera instancia pase en autoridad de cosa juzgada... ” , extremo que echa por tierra la interpretación postulada por la impugnante. Por otra parte, a fin de reforzar su defensa impugnativa, la excepcionante plantea que en materia de medios impugnativos aplica el NCPP y no el CGP, por entender que es una ley procesal penal más benigna y rige, incluso, para los casos anteriores a su entrada en vigencia. Tampoco le asiste razón en el punto. Tal como se vio, la regla de derecho transitorio (art. 22 lit. B) estableció que las causas ya iniciadas se regirían por el marco normativo vigente hasta el momento, esto es, el C.N.A. en su redacción original que, en materia procesal, remitía al C.G.P. Y esa aplicación de la normativa anterior el legislador la extendió hasta que la sentencia de primera instancia pasara en autoridad de cosa juzgada. Por más criticable -como lo plantea el Prof. Santiago PEREIRA CAMPOS a fs. 747- que sea la norma contenida en el art. 22 lit. B) de la ley nro. 19.551, la voluntad legislativa fue la de alcanzar bajo el mismo régimen procesal a las causas iniciadas hasta su culminación mediante una sentencia de primera instancia pasada en autoridad de cosa juzgada. La norma no admite otra interpretación razonable. Más allá de que los términos empleados carezcan del “tecnicismo” requerible, lo cierto es que aun cuando la sentencia de segunda instancia fuere totalmente revocatoria de la sentencia de primera instancia, la norma también se aplicaría a este supuesto. Precisamente, porque lo que el legislador pretendió fue que la regulación anterior rigiera hasta que el proceso culminara mediante una decisión judicial ejecutoriada, independientemente de que ésta fuera impugnada o no. A criterio de la Corte, esta interpretación es la que consulta la clara voluntad legislativa, que fue la deslindar marcadamente los procesos regidos por la anterior normativa -que ya se habían iniciado bajo el antiguo régimen- y que se siguieran rigiendo por el mismo marco legal. Asimismo, la norma reedita para el proceso penal juvenil la ya contenida en el proceso penal de adultos (art. 402 del NCPP), incurriendo en la misma ausencia de tecnicismo señalada. Tampoco puede compartirse otro resultado interpretativo que plantea la defensa y que es la intelección que refiere a que la ley nro. 19.551 no sería aplicable a las causas en trámite hasta que se dicte la sentencia de primera instancia, pero sí lo sería a las etapas subsiguientes. Y no se comparte porque, esta segunda línea interpretativa contraría -nuevamente- la clara voluntad legislativa, que hizo expresa referencia a la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada como etapa del procedimiento hasta la cual se aplica el viejo régimen normativo. No es posible, en el caso, bajo el pretexto de apelar al principio “favor minoris”, dar preferencia a un resultado interpretativo que prescinde del requisito de la cosa juzgada y reducir la aplicación del anterior marco normativo hasta el dictado de la sentencia de primera instancia. Por otra parte, en la normativa juvenil y de adultos se aclara o se precisa cuáles deben ser considerados procesos nuevos: cuando el hecho con apariencia delictiva llega a conocimiento del Ministerio Público, sin importar la fecha de su comisión. Lo que se quiso fue mantener el mismo régimen adjetivo para las causas en trámite hasta su finalización y consolidación de la decisión judicial. Es ilógico que el legislador haya previsto la ultractividad de un sistema procesal únicamente hasta dictarse la sentencia de primera instancia y que luego para su impugnación regulen los medios impugnativos por la nueva normativa. Debe anotarse que el legislador del C.N.A. dispuso como normativa procesal subsidiaria el Código General del Proceso, descartando el Código del Proceso Penal. Se inclinó entonces por la oralidad del C.G.P. que hace posible el cumplimiento de los breves plazos que establece. Al respecto, destacaron Jacinta BALBELA y Ricardo PÉREZ MANRIQUE que, a través del art. 75 del C.N.A., se determina una forma de integración ante vacío o insuficiencia de la norma, disponiéndose que en esos casos se debe recurrir al Código General del Proceso. Se ha seguido este criterio por entenderse que es la norma procesal más moderna vigente en el país, marco en el cual los principios de inmediación y oralidad constituyen elementos esenciales, en detrimento de las normas del procedimiento penal, escrito y farragoso, pero que, en realidad, por razones de materia, son las más afines. Se entendió que no era adecuado remitir al Código del Proceso Penal como norma de integración (cf. aut. cit.: “Código de la Niñez y la Adolescencia. Anotado y comentado. Ley 17.823”, Editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2005, pág. 133). Debe verse que la aplicación del art. 268 numeral 2º del C.G.P., en el ocurrente, se debe a la remisión del art. 75 del C.N.A. en cuanto postula que en los casos en que se investigue la responsabilidad del adolescente, el procedimiento se ajustará a los trámites establecidos por este Código y subsidiariamente por el C.G.P. El procedimiento, obvia-mente, incluye -en lo no previsto en el art. 76- la regulación de los medios impugnativos. Finalmente, la excepcio-nante, erróneamente, sostiene que el recurso de casación podría entenderse inadmisible por la regulación contenida en el art. 76 num. 14) del C.N.A.; punto en el que tampoco le asiste razón. En efecto, el numeral referido simplemente establece que se aplicará el régimen impugnativo que la ley establece y, entre paréntesis, remite a los arts. 253 y 254 del C.G.P. Ahora bien, a partir del hecho de que el legislador hace alusión expresamente al recurso de apelación y al instituto de la apelación automática, no es posible en materia procesal penal juvenil postular una interpre-tación a “contrario sensu” para reducir el elenco de garantías procesales. Es decir, no es viable la interpretación a contrario para establecer normas prohibitivas respecto a la admisibilidad de un medio impugnativo. En tal sentido, como indican BALBELA y PEREZ MANRIQUE, es errónea la referencia entre paréntesis exclusivamente al recurso de apelación conforme está regulado en el Código General del Proceso, entendiéndose que el régimen impugnativo que la ley establece hace referencia a todos los recursos del CGP, especialmente el de casación y el de revisión (cf. “Código de la Niñez y la Adolescencia. Anotado y comentado. Ley 17.823”, cit., pág. 147). Atento a lo expresado, a criterio de la unanimidad de los integrantes de la Corte, en la especie y en lo que respecta al recurso de casación, la norma de procedencia aplicable es el art. 268 del C.G.P., por expresa remisión del art. 75 del C.N.A., en la redacción dada por la ley nro. 17.823. En este punto, corresponde a continuación analizar el mérito de la impugnación. II.2) De la defensa de inconstitucionalidad impetrada en autos . En este ámbito, el planteo impugnativo comprende dos bloques normativos diferentes; a saber: 1) el referido a los arts. 75 y 76 nº 14 del C.N.A. (en la redacción dada por la ley nro. 17.823), del art. 268 inc. 2º del C.G.P.; 2) el conexo al art. 22 lit. B) de la ley nro. 19.551. Su estudio se concretará en el orden relacionado. II.2.1) De la inconstitucio-nalidad de los arts. 75 y 76 nº 14 del C.N.A. (en la redacción dada por la ley nro. 17.823) y 268 del C.G.P. (aplicable por reenvío ). En este ámbito, señala la excepcionante que las normas impugnadas son inconsti-tucionales por cuanto infringen el principio de igualdad y el de protección especial a los menores. Ello, por cuanto el recurso de casación se admite para mayores sin ninguna limitación, esto es, aun cuando existan dos sentencias coincidentes y sin discordias. Aduce que las normas cuestionadas realizan una diferenciación ilegí-tima e inconstitucional respecto de los adultos, que sí tienen derecho a la casación. Afirma que no hay causa razonable para la diferenciación. En este sentido vulneran el principio de igualdad contenido en los arts. 8, 12 y 43 de la Constitución Nacional y demás Instrumentos Internacionales. Asimismo, refiere que las normas atacadas contravienen el principio de inocencia y el de protección del interés superior del niño y adolescente. El hecho de cercenarse la posibilidad de impugnar mediante el recurso de casación, implica una grave vulneración del principio de inocencia consagrado en la Carta y demás Instrumentos Internacionales. Ello desemboca en la afectación del principio del debido proceso, del cual se derivan los preceptos anteriormente mencionados. Señala que las disposi-ciones cuestionadas infringen el principio de la ley penal más benigna (art. 72 de la Carta, art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 15 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos). Hasta acá lo sustancial de la defensa. A juicio de la Corte, por unanimidad, le asiste plena razón a la excepcionante en su planteo impugnativo. Inicialmente, para un mejor análisis de las diferentes cuestiones en debate, corresponde precisar que la embestida impugnativa está orientada a denunciar los siguientes vicios de inconstitucionalidad: 1) transgresión de los principios de igualdad y de protección especial a los menores; 2) infracción del debido proceso legal y de sus principios derivados. Seguidamente, en el orden propuesto, serán analizadas cada unas de dichas defensas. II.2.1.1) De la vulneración del principio de igualdad y protección diferenciada de los menores . En cuanto al primer punto, esto es, la alegada infracción del principio de igualdad y protección especial de los menores, la defensa edifica el cuestionamiento a partir de la comparación de la situación de los mayores (en el “nuevo” -ley nro. 19.293- y “antiguo” -ley nro. 15.032- C.P.P.) y de los adolescentes (arts. 75 y 76 nº 14 de la ley nro. 17.283 y 268 del C.G.P.), en relación a la procedencia del recurso de casación, en supuestos en los que recaigan dos sentencias conformes. Situación que, a su entender, además de vulnerar el principio de igualdad, contraviene el principio de la especial tutela que debe garantizarse a los menores. Pues bien, a juicio de la Corte, la defensa movilizada en la causa es de pleno recibo, tal como se examinará seguidamente. II.2.1.1.1) En lo preli-minar, la Dra. Bernadette MINVIELLE considera necesario realizar algunas puntualizaciones respecto a lo dicho en la sentencia nro. 2.371/2017, ocasión en la que la Corte declaró un recurso de casación inadmisible en el marco de un proceso infraccional de adolescentes. En esa oportunidad, se dictó el pronunciamiento porque para la declaración de inconstitucionalidad de oficio (art. 509 del C.G.P.) era necesaria, al menos, una mayoría del órgano proclive a promover la solicitud que, en esa instancia de deliberación -a través del mecanismo de decisión anticipada-, no era propicia para su obtención y planteo. Como bien dijera la Corte en sentencia nro. 29/1965 (citada por VESCOVI, Enrique: “El Proceso de Inconstitucionalidad de la Ley”, cit., pág. 230): “ puede por sí misma abordar el problema de la inconstitucionalidad cuando abocada regularmente al conocimiento de un asunto, le corresponda dictar sentencia ”. En el caso referido, esa instancia regular no se verificó, pues la sentencia se dictó como consecuencia del control de admisibilidad. Pues bien, realizadas las precedentes precisiones, corresponde -ahora sí- abordar el mérito de la impugnación, en el sentido de cómo se verifica la violación del principio de igualdad ante la ley. II.2.1.1.2) Y bien, en una primera línea de análisis, debe considerarse si existe razonabilidad en el trato a dos colectivos de sujetos, si la finalidad perseguida por el legislador es legítima y, por último, realizar el juicio de proporcionalidad. Como se adelantó, a juicio de la Corte, en el caso la violación del principio de igualdad ante la ley, no admite dudas. En efecto, las categorías conformadas por el legislador para establecer la regulación procesal, en un examen comparativo de las soluciones empleadas, se advierte arbitraria, caprichosa o antojadiza por carencia de una justificación racional para retacear garantías procesales a uno de los colectivos de sujetos. El constituyente, a través de un mandato explícito (arts. 43 y 72 de la Carta), considera que los menores deben recibir una protección especial de la ley básicamente por las necesidades de desarrollo y ausencia de maduración plena a nivel biológico y cognitivo. Por este motivo, no puede entenderse que, en tanto seres humanos, a menores y adultos se les brinde disímil protección jurídica, pero en claro perjuicio de los adolescentes. Como señala Juana IBAÑEZ RIVAS, si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños, el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías. De acuerdo con la Corte, “ el tipo de medidas específicas son determinadas por cada Estado Parte y pueden incluir una representación directa o coadyuvante, según sea el caso, del menor de edad con el fin de reforzar la garantía del principio del interés superior del menor ”. Así, la Corte ha señalado que el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus derechos, procurando el mayor acceso del menor de edad, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso (cf. “Artículo 8. Garantías judiciales” en AA.VV.: “Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario”, Christian STEINER y Patricia URIBE (Editores), Konrad Adenauer Stiftung, Buenos Aires, 2014, págs. 250/251). Los adolescentes como colectivo de sujetos objeto de una tutela especial y diferenciada no pueden, en el caso, verse privados del acceso a una garantía procesal que, en nada, puede tildarse de despreciable. No existe una finalidad ajustada a la regla de Derecho que justifique la privación del acceso a la interposición de un medio impugnativo por parte del menor, para poder obtener la modificación de un fallo que sea adverso a su interés personal. Los fines perseguidos no pueden ser “arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”. En términos más específicos, puede decirse que la legitimidad de un fin se determina en función de su correspondencia con el marco de derechos y libertades establecidos en los instrumentos internacionales (cf. UPRIMNY YEPES, Rodrigo y SÁNCHEZ LUQUE, Luz María: “Artículo 24. Igualdad ante la ley” en AA.VV.: “Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario”, cit., pág. 594). El Dr. Martín RISSO FERRAND expresa con todo acierto que una ley que distinga entre mayores y menores de edad tendrá una causa de diferenciación constitucionalmente válida, pero si la finalidad no es la de proteger a los menores el fin será ilegítimo (cf. “Derecho Constitucional”, Tomo I, FCU, 2ª Edición, Montevideo, 2006, pág. 506). La normativa constitu-cional y convencional establece un mandato específico y definido de dispensar un trato progresivo y beneficioso a los niños y adolescentes atendiendo las especifi-cidades, finalidad que, claro está, no se logra desde el momento que las garantías judiciales tienen menor alcance u operatividad que en el sistema procesal penal de los adultos. En el supuesto de autos, la finalidad perseguida con la solución no tiende a proteger a los menores, porque impide que, ante dos pronunciamientos conformes de la justicia, no puedan perseguir la corrección del fallo si resulta contrario a sus intereses. En este punto únicamente se protege a los adultos a quienes bajo el C.P.P. (año 1980) se les posibilita la interposición del recurso de casación y la posibilidad de que, cumpliendo determinados requisitos, el órgano jerarca del Poder Judicial examine la regularidad de la sentencia de segunda instancia. Vale decir: a unos se les brindan los instrumentos procesales para tutelar el estado o presunción de inocencia y a otros, como son menores, se les impide “abrir discusión o debate” al respecto. Utilizar, en el caso, la edad de la persona para definir si puede o no interponer un medio impugnativo y posibilitar que se revea una decisión judicial no se apoya en una circunstancia objetiva y atendible que motive la distinción. Un aspecto biológico, madurativo, que atañe a la etapa de la vida en la que se encuentra la persona, no conduce razonablemente a reducir sus posibilidades de defensa jurídica. En este campo, conviene traer a colación que la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos (en temperamento replicado por este Colegiado y por la Corte Suprema Argentina), ha mirado con especial recelo aquellas discriminaciones en función de lo que se denominan las “categorías sospechosas”. Son categorías sospechosas -a modo de ejemplo- la edad, el sexo, la nacionalidad, la raza y todas aquellas construidas en base a un criterio carente de razonabilidad. En los casos en que se emplean estas categorías sospechosas, fundadas en criterios irracionales, la Jurisprudencia de la Corte Norteamericana propone lo que se denomina el “escrutinio estricto”. Esto implica poner de cargo del Estado la carga de justificar el trato diferente, exigiéndosele que demuestre que no está violando el principio de igualdad. La persona afectada asimétricamente, tiene la prerrogativa de no tener que argumentar que ha sido afectado en su derecho constitucional a la igualdad de trato ante la ley, pues en el caso de tratos diferentes fundados en categorías sospechosas, se presume que la afectación existió por el solo recurso a un criterio de estas características (cf. SABA, Roberto P.: “Igualdad, clases y clasificaciones: “Qué es lo sospechoso de las categorías sospechosas?” en AA.VV.: “Teoría y Crítica del Derecho Constitucional” (Roberto Gargarella (coord.)”, Tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, pág. 696; también sobre este punto véase: SALDIVIA, Laura: “ Categorías sospechosas, flexibles y contextuadas ” en “La Constitución en 2020. 48 propuestas para una sociedad igualitaria” (Roberto Gargarella coord.), Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires, 2011, págs. 36 y ss.). Si se bloquea a los adolescentes el acceso en materia de casación, se consagra un cerrojo al control jurisdiccional, impidiéndoles acceder -en determinadas condiciones- a un recurso para ante la Suprema Corte de Justicia como máximo órgano del Poder Judicial y, concomitantemente, se posibilita a los adultos tal medio impugnativo, puesto que el C.P.P. no contiene cortapisa alguna. Se estima que tal distinción es claramente discriminatoria por su irrazonabilidad. Justamente, porque el elemento característico que define la categoría, en este supuesto, no se basa en un parámetro objetivo que justifique ese disímil tratamiento legal. Tampoco la norma supera el “juicio de racionalidad” que, al decir del Dr. Martín RISSO FERRAND, se manifiesta en una adecuada relación de proporcionalidad entre el fin perseguido y los medios utilizados (cf. “Derecho Constitucional”, cit., pág. 507). Si el fin perseguido fuera la “protección especial” de los menores, el medio normativo utilizado (consagración de la regla de la doble confirmatoria en sede penal para los adolescentes) es absolutamente inidóneo para brindar un marco tutelar diferenciado. La especificidad del sistema penal juvenil como “horizonte tuitivo” no admite la utilización de herramientas procesales que les coloquen en una situación desventajosa respecto de los adultos en el ejercicio de los derechos. En suma, como bien señala el Prof. Santiago PEREIRA CAMPOS (en consulta agregada en autos): “... no se cumple ninguno de los requisitos exigidos por la doctrina y la jurisprudencia para habilitar una diferenciación desfavorable en el tratamiento procesal penal para los adolescentes en relación con los adultos . En efecto: No existe razonabilidad alguna en la causa de la distinción. a) El fin perseguido por la distinción no es legítimo (y además es desconocido porque jamás fue expuesto en ninguna exposición de motivos de las leyes analizadas ni formó parte del debate académico alguno). b) No existe propor-cionalidad entre el fin perseguido y los medios utilizados. Por el contrario, y como ya vimos, de conformidad con las normas constitucionales e internacionales de protección del menor, no puede otorgarse a un adolescente encausado menos garantías en juicio que a un encausado adulto ” (fs. 787). En este marco, el distinto tratamiento legislativo no resulta razonablemente justificado. Para decirlo de otra manera: en lo que hace al punto, para que pudiera apreciarse la existencia de discriminación contraria al principio constitucional de igualdad, es imprescindible que exista, como requisito esencial, lo que se ha dado en llamar “validez del término de comparación” (o, en palabras de la Corte en sentencia nro. 705/2017: “existencia de un término de comparación valido”), esto es, que las situaciones contempladas sean esencialmente iguales. De ahí que, en caso de alegarse la infracción del art. 8 de la Constitución, es necesario aportar un término de comparación válido y demostrativo de la identidad sustancial de situaciones jurídicas que hayan recibido trato diferente, sin causa objetiva y razonable que lo explique y justifique. En la causa, conforme a cuanto viene de decirse, se ha aportado, por parte de la impugnante, un término de comparación estricto que per-mite crear el presupuesto básico para entender que, en la especie, se produjo una vulneración del principio constitucional del referido precepto. En definitiva, por lo expresado, corresponde declarar inconstitucional e inaplicable al caso concreto el art. 268 inc. 2º del C.G.P. II.2.1.1.3) De la inconsti-tucionalidad por violación del principio de igualdad, con abstracción del principio de tutela especial de los menores . Cabe consignar que, aun sin considerar el mandato constitucional de tutela especial y diferenciada en favor de los menores, la vulneración del principio de igualdad es, a juicio de los Dres. Luis TOSI, Eduardo TURELL y Bernadette MINVIELLE, de todos modos clara. Se coincide con el excepcionante en punto a que en nuestro país, en el cual está habilitado el acceso a la etapa de casación en los procesos penales, toda norma que, como la cuestionada, vede - con vocación de permanencia - el acceso a la casación, en otro tipo de procesos en los que esté en juego la libertad de las personas, como sucede en los procesos infraccionales seguidos contra adolescentes, deviene inconstitucional por violar el principio de igualdad. En efecto, cuando en un ordenamiento jurídico coexisten, en forma permanente, dos estructuras procesales en cuyo marco pueda imponerse una limitación al derecho fundamental a la libertad de las persona imputada, y una de ellas ofrece menores garantías al imputado, se viola el principio de igualdad. Como se consignó, la inconstitucionalidad se verifica cuando coexisten dos estructuras en forma permanente o con vocación de permanencia. Cabe resaltar que tal violación no se verifica en supuestos en los cuales tales estructuras procesales coexisten en forma transitoria, por ejemplo, cuando se sustituye un sistema procesal por otro, como aconteció recientemente en nuestro país al reformarse el sistema procesal penal. En estos casos, la estructura procesal con menores garantías subsiste transitoriamente y es precisamente por esa característica -su vigencia acotada en el tiempo- que no puede tacharse de inconstitucional. Lógicamente, la natural evolución de cualquier ordenamiento jurídico admite la coexistencia transitoria de sistemas derivada de la sucesión de uno sobre el otro Es contrario al principio de igualdad que existan personas que, ante una igual situación de extraordinaria gravedad, como lo es ser imputados de la comisión de una conducta que puede dar lugar a que se le prive de su libertad ambulatoria, reciban un tratamiento desigual respecto a la posibi-lidad de impugnar la sentencia de segunda instancia que resuelve sobre uno de sus derechos fundamentales. Mientras que unos, por la sola circunstancia de ser mayores de edad, tiene el beneficio de contar con una estructura procesal que habilita un mayor control sobre lo decidido respecto de su libertad, otros se ven privados de tal garantía. Como bien lo sostuvo la excepcionante, el diferente régimen impuesto por las disposiciones impugnadas, en cuanto a la posibilidad de acceder a la etapa de casación, no supera el “test de razonabilidad”. Tal como lo sostuvo la Corte Constitucional de Colombia, el “test de razonabilidad” es “ una guía metodológica para dar respuesta a la (...) pregunta qué debe hacerse en todo problema relacionado con el principio de igualdad: ¿cuál es el criterio relevante para establecer un trato desigual? o, en otras palabras, ¿es razonable la justificación ofrecida para el establecimiento de un trato desigual?” (sentencia C-022/1996). Pues bien, en cuanto a la aplicación del “test de razonabilidad” en el caso, corresponde remitirse a lo ya expresado en el Considerando anterior. II.2.1.2) De la infracción del debido proceso legal y de sus principios derivados . En punto a este segundo vicio de inconstitucionalidad invocado en la impugnación (siempre en el ámbito de los arts. 75 y 76 nº 14 del C.N.A., en la redacción dada por la ley nro. 17.823; y 268 del C.G.P, aplicable por reenvío), conforme a la declaración de inconstitucionalidad a la que se arriba, deviene baladí un pronunciamiento en tal sentido. II.2.2) De la inconstitucio-nalidad del art. 22 lit. B) de la ley nro. 19.551 . Finalmente, respecto a este segundo sector de la impugnación movilizada en la causa, nuevamente, en razón de la solución declarativa de inconstitucionalidad a la que se arriba, carece de utilidad práctica su abordaje, porque, a partir de tal declaración (referida al art. 268 inc. 2° del C.G.P.), la enjuiciada tiene franqueado el acceso al recurso de casación. De modo que, en este punto, se satisface íntegramente su interés jurídico. III) De las costas y costos . Atento al contenido del fallo y la conducta procesal desplegada por las partes, no se impondrán condenas causídicas en el grado (arts. 56.1, 279 y 523 del C.G.P. y art. 668 del C.C.). Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, FALLA : I) DECLÁRASE INCONSTITUCIONAL Y, COMO TAL, INAPLICABLE A LA PROMOTORA, EL ARTÍCULO 268 INC. 2º DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (POR REMISIÓN EFECTUADA POR EL ART. 75 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA), EN CUANTO LIMITA EL ACCESO AL RECURSO DE CASACIÓN; DESESTÍMASE EN LO DEMÁS. II) COSTAS Y COSTOS EN EL ORDEN CAUSADO. I II) NOTIFÍQUESE A DOMICILIO , COMUNÍQUESE AL PODER LEGISLATIVO Y, OPORTUNAMENTE, PROSÍGANSE LAS ACTUACIONES CON SUJECIÓN A SU ESTADO. IV) HONORARIOS FICTOS: 30 B.P.C.