Sentencia Definitiva N° 1.129/2019

Montevideo, veinte de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva en autos caratulados: “LENTIX S.A. C/ FONDO NACIONAL DE RECURSOS - DAÑOS Y PERJUICIOS – CASACIÓN”, IUE: 2-28711/2016 venidos a conocimiento de esta Corporación en mérito al recurso de casación interpuesto por la actora contra la Sentencia Definitiva SEF 0008-000063/2018, de 23 de mayo de 2018 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno RESULTANDO : 1) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 34/2017, de 13 de junio de 2017, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14º Turno, se falló: “Amparando parcialmente la demanda condenando al Fondo Nacional de Recursos a pagarle a la actora Lentix S.A. el importe de noventa y cuatro mil setenta y ocho dólares U$S 94.778, con más el interés legal desde la demanda hasta su efectivo pago (...)” (fojas 245-253 vto.) 2) El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, por Sentencia Definitiva SEF 0008-000063/2018, de 23 de mayo de 2018, falló: “Revócase la sentencia apelada y, en su lugar, desestímase la demanda incoada (...)” (fs. 312-328). 3) A fs. 331 y ss. la parte actora, interpuso recurso de casación manifestando en síntesis: que la sentencia aplicó erróneamente los principios de congruencia y iura novit curia (artículos 11, 25.1, 26.3, 198 y 117 num. 4 del Código General del Proceso). El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7mo. Turno consideró que el Juez de Primera Instancia se apartó del principio de congruencia, ya que condenó al demandado a indemnizar un daño no solicitado. El Tribunal infringió el principio de congruencia al haber limitado el objeto del proceso dándole una extensión y contenido mucho más reducido al que corresponde. El sentenciante de primera instancia condenó a indemnizar por pérdida de chance, cuando lo que se había reclamado, a criterio del Tribunal, fue un lucro cesante cierto y concreto. El Tribunal realiza una interpretación errónea del principio de congruencia. El fallo de primera instancia no modificó la plataforma fáctica que fue expuesta en la demanda, ni cambió la pretensión deducida, sino que, por el contrario, aplicó el principio iura novit curia. La sentencia de primera instancia tomó los hechos expuestos en la demanda y los calificó jurídicamente y no modificó la causa petendi. Consideró irrelevante que la sentencia hubiera calificado los hechos como fuente de responsabilidad precontractual y también que la situación jurídica de Lentix SA fuera de interés legítimo, en lugar que de derecho subjetivo. Alegó además la violación de la cosa juzgada por parte del Tribunal ad quem. La sentencia recurrida desconoce lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones de 3er. Turno en la Sentencia No. 5/2014 en los autos “Lentix SA c/ FNR. Anulación para-estatal”, IUE 2-3915/2013. Dicha sentencia anuló la resolución del FNR por la cual se adjudicó a Nafferton S.A. el Concurso de Precios No. 3/2012 para el suministro de stents coronarios. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7mo. Turno, en la impugnada desconoce la cosa juzgada cuando expresa que el acto fue anulado por falta de motivación, pero que, en realidad, se fundaba en informes técnicos que aconsejaban la contratación con Nafferton S.A. que no fueron plasmados en la resolución. Además, agrega el Tribunal, que la corrección de ese acto se ve corroborada por el hecho de que la actora no se presentara al segundo concurso de precios. La sentencia no puede desconocer la ilegitimidad del acto de adjudicación que fue declarada por sentencia firme. La ilegitimidad del acto declarada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er. Turno generó per se daños a la actora, sin que sea posible alegar, como surge de la sentencia recurrida, que el hecho de que Lentix S.A. no se presentara al segundo concurso hace presumir la legitimidad del acto de adjudicación. Aún cuando se sostuviera que el fallo anulatorio no obligaba a adjudicar a Lentix S.A., por aplicación de los principios de buena administración, legalidad, motivación y transparencia, el FNR no debió prescindir de un llamado vigente. La sentencia recurrida califica erróneamente la situación en la cual se encuentran los sujetos que participan en un proceso licitatorio de personas públicas no estatales en cuanto expresa que el FNR no estaba sujeto a reglas fijas y que el oferente tiene una mera expectativa de ser seleccionado. Como acertadamente calificó el sentenciante de primer grado, el actor estaba en una situación jurídica de interés legítimo. Todos los oferentes contaban con un interés legítimo a que sus ofertas fueran analizadas y a que el FNR hiciera uso de su discrecionalidad reglada para optar, pero con apego a las reglas de la buena administración. La condena a reparar la perdida de la chance dispuesta en primera instancia no viene a ser sino el corolario del encuadre efectuado por el sentenciante de primer grado. Existió adecuado nexo causal entre la conducta asumida por el FNR disponiendo la nulidad de las licitación por razones ajenas al oferente y los daños sufridos por Lentix SA la que fue desplazada arbitrariamente de una licitación. Solicitó en definitiva se case la recurrida y en su lugar se deje firme el pronunciamiento de primera instancia. 4) A fojas 353-355 compareció la representante de la demandada, evacuando el traslado conferido y solicitando que el recurso fuera desestimado 5) Los autos fueron recibidos el día 16 de agosto de 2018(fs. 362). 6) Por Auto No. 2421/2018, de fecha 3 de setiembre de 2018, se dispuso el pase a estudio y autos para sentencia (fs. 363 a vto.). 7) Culminado el estudio, se acordó el dictado de sentencia para el día de la fecha. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por mayoría conformada por los Dres. Chediak, Martínez y el redactor habrá de desestimar el recurso de casación interpuesto por la parte actora. II) En forma previa a ingresar al análisis de los agravios propuestos corresponde realizar una somera síntesis de las actuaciones cumplidas tanto en sede administrativa como judicial. En cuanto a las actuaciones previas al proceso de autos surge : a) Apertura del Concurso de Precios No. 03/2012: con fecha 14 de setiembre de 2012 se realizó la apertura de ofertas al Concurso de Precios No. 03/2012, con la finalidad de llamar a interesados en suministrar Stent Coronarios para Actos de Cardiología Intervencionista en el marco de procedimientos cubiertos, a los efectos de atender la demanda de los beneficiarios del Fondo de Nacional de Recursos (en adelante, F.N.R.) en todo el país, con una duración de tres años, prorrogable por dos más en caso de que las partes lo acuerden (fs. 8-18 de estos autos). b) Por resolución de fecha 19 de noviembre de 2012, de la Comisión de Compras del F.N.R., ratificada por resolución de fecha 22 de noviembre de 2012 de la Comisión Honoraria Administradora del F.N.R., se decidió “...adjudicar el llamado a la opción B de la firma Nafferton SA...” (fs. 25-27). c) La actora Lentix S.A., luego de recurrir por la vía administrativa, dedujo demanda anulatoria de las citadas resoluciones ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, autos caratulados “Lentix S.A. C/ Fondo Nacional de Recursos. Anulación Paraestatal” I.U.E. 2-3915/2013. d) Por Sentencia Definitiva SEF-0007-000005/2014 – DFA-0007-000016/2014, de fecha 5 de febrero de 2014, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, falló: “Amparando la demanda y en su mérito, anulando la resolución de fecha 19/11/2012 adoptada por la Comisión de Compras en uso de facultades delegadas y ratificada el 22/11/2012 por la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos –Acta resolutiva No. 21/2012, en el Concurso de Precios No. 03/2012 para el suministro de Stens Coronarios...” (fs. 548-554 del citado acordonado). e) En Acta Resolutiva No. 1, de fecha 6 de febrero de 2014 de la Comisión Honoraria Administradora del F.N.R., se resolvió por unanimidad: “2.2) Stents coronarios. Se resuelve por unanimidad: 1) En virtud de lo resuelto por la Sentencia No. 0007-000005/2014 de fecha 5/2/2014 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno por la que se dispone: ‘Amparando la demanda y en su mérito, anulando la resolución de fecha 19/11/2012 adoptada por la Comisión de Compras en uso de facultades delegadas y ratificada el 22/11/2012 por la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos – Acta Resolutiva Nº 21/2012, en el Concurso de Precios Nº 03/2012 para el suministro de Stents Coronarios’, dejar sin efecto las resoluciones referidas. 2) Tomando en consideración que los dispositivos que se adquirían por medio de las resoluciones anuladas, son de imprescindible y continúa disposición para la realización de los procedimientos de Angioplastia Trasluminal Coronaria (ATC) que financia el Fondo Nacional de Recursos, se encomienda a la Dirección General con los asesoramientos internos pertinentes, la adopción de las medidas provisorias para el suministro de los dispositivos que sean necesarios entre tanto se defina un nuevo sistema al respecto. 3) Encomendar a la Dirección General con los asesoramientos internos pertinentes el estudio y la elaboración de propuesta de un sistema de suministro que sustituya el transitorio referido en el apartado anterior. 4) Se autoriza a efectivizar esta resolución sin esperar a la firma del acta que al contiene” (fs. 96-99). f) Por Resolución de fecha 13 de febrero de 2014, que luce en Acta 1.2014, dictada por la Comisión de Compras del F.N.R., se resolvió “Dejar sin efecto el Concurso de Precios 03/2012, para el Suministro de Stents Coronarios. Notificar a todos quienes fueron oferentes en su oportunidad” (fs. 45 de los acordonados I.U.E. 2-17.168/2014). g) En Acta Resolutiva No. 2, de fecha 20 de febrero de 2014 de la Comisión Honoraria Administradora del F.N.R., se sometió a ratificación el asunto relativo a la provisión de stents coronarios “En cumplimiento del apartado 2) de la resolución del punto 2.2 del Acta nº 01/14, Dirección General informa respecto a las medidas provisorias adoptadas para el suministro de los dispositivos que sean necesarios, entre tanto se defina un nuevo sistema al respecto. En cumplimiento del apartado 3) de la referida resolución se propone la realización de un llamado a precios, cuyo proyecto de llamado se presentará a considerarse en la próxima sesión” (fs. 100-103). h) En Acta Resolutiva No. 3, de fecha 13 de marzo de 2014 de la Comisión Honoraria Administradora del F.N.R., por decisión unánime, se resolvió en cuanto a la licitación para la provisión de stents: “Encomendar a la Dirección Técnico Médica la elaboración de un borrador sobre cómo se encarará el llamado a licitación, a fin de considerar el tema en la próxima sesión de 27 de marzo” (fs. 105). i) En Acta Resolutiva No. 4, de fecha 27 de marzo de 2014 de la Comisión Honoraria Administradora del F.N.R., por decisión unánime, se resolvió: “Solicitar a la Comisión de Compras que eleve una propuesta de base para un nuevo llamado, considerando los elementos vistos en Sala, la que se incluirá para su consideración en el orden del día de la próxima sesión del 10 de abril” (fs. 109). j) Con fecha 9 de mayo de 2014, Lentix S.A. promovió demanda anulatoria respecto del numeral 2.2) de la Resolución de fecha 6 de febrero de 2014 (contenida en el acta Resolutiva No. 1/2014), sustanciándose los autos “Lentix S.A. c/ Fondo Nacional de Recursos. Anulación paraestatal” I.U.E. 2-17.168/2014. Ello por cuanto, en el citado numeral “se mantiene el vínculo comercial (compra de stents) con la empresa Nafferton SA y se anuncia que se procederá a realizar un nuevo llamado para la provisión de stents coronarios” (fs. 22). Esto es, se deja sin efecto el llamado anterior incumpliendo, a criterio de la accionante, sin motivación válida y con desviación de poder, la sentencia definitiva SEF-0007-000005/2014 – DFA-0007-000016/2014, de fecha 5 de febrero de 2014, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno (fs. 17-20 del acordonado). k) Por Sentencia Definitiva SEF-0007-000039/2015, de fecha 24 de marzo de 2015, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno desestimó la demanda anulatoria impetrada (fs. 115-123). Finalmente, se realizó un nuevo llamado (No. 3/2014) para el suministro de stents coronarios en el marco de la financiación del F.N.R., en el que no se presentó la accionante (de fs. 111 y ss.). Actuaciones cumplidas en autos. A fs. 68 y ss. de estos autos compareció Lentix S.A. quien dedujo demanda de daños y perjuicios contra el Fondo Nacional de Recursos. Reclamó los daños derivados de la resolución de adjudicación de fecha 19 de noviembre de 2012, adoptada por la Comisión de Compras del F.N.R., en uso de facultades delegadas y ratificada el 22 de noviembre de 2012 por la Comisión Honoraria del F.N.R.; las que fueron anuladas por Sentencia No. 5/2014, de fecha 5 de febrero de 2014, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno. Liquidó los rubros reclamados de la siguiente manera: i) lucro cesante U$S 888.527, 69 y; ii) pérdida de la chance U$S 197.549,66. Todo más los intereses legales. A fs. 133 y ss. el F.N.R. evacuó el traslado abogando por la desestimatoria, fundando su posición en la inexistencia de la responsabalidad atribuida y ausencia de sus elementos. En primera instancia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14º Turno, por Sentencia Definitiva No. 34/2017, de fecha 13 de junio de 2017 (fs. 245-253 vto.), falló: “Amparando parcialmente la demanda y en su mérito condenando al Fondo Nacional de Recursos a pagarle a la actora Lentix S.A. el importe de noventa y cuatro mil setecientos setenta y ocho dólares U$S 94.778 con más interés legal desde la demanda hasta su efectivo pago...”. El a quo entendió que la demandada, al excluir ilegítimamente a la accionante del proceso licitatorio, infringió las normas de buena administración, lo que importó un apartamiento del principio de buena fe objetiva en el periodo precontractual. En cuanto a los daños, indicó que la accionante tenía una chance o probabilidad cierta de resultar adjudicataria de la licitación de la que fue arbitrariamente desplazada, la cual estimó en un 10% (U$S 88.852) de la ganancia esperada en el periodo inicial (3 años) y un 3% (U$S 5.926) de la ganancia que se hubiera percibido en el caso de extenderse el contrato por acuerdo de las partes (por 2 años más). En segunda instancia, por sentencia DFA 0008-133/2018 SEF 0008-000063/2018, de fecha 23 de mayo de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno revocó la impugnada y, en su mérito, desestimó la demanda en todos sus términos. La Sala edificó la solución revocatoria en tres pilares claramente delimitados: 1) La cosa juzgada refleja obtenida en los autos caratulados “Lentix S.A. c/ Fondo Nacional de Recursos. Anulación paraestatal” I.U.E. 2-17.168/2014, Sentencia Definitiva SEF-0007-000039/2015 – DFA-0007-000089/2015, de fecha 24 de marzo de 2015, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno (Considerando No. V- fs. 312-323); 2) Vulneración del principio de congruencia (arts. 117.4 y 198 del C.G.P.) al indemnizar por pérdida de la chance o probabilidad cierta cuando se reclamó el resarcimiento de un daño cierto y concreto (Considerando No. VI- fs. 324-326) y; 3) valoración de la prueba obrante, que la condujo a concluir que la adjudicación de la licitación a la empresa Nafferton S.A. fue fundada en información objetiva (Considerando No. VII- fs. 326-327). III) En cuanto a los agravios propuestos en sede casatoria, la actora articuló dos agravios contra el fallo impugnado: a) la errónea aplicación de los tanto del principio de congruencia así como del principio iura novit curia (arts. 11, 25.1, 26.3, 117 No. 4 y 198 del C.G.P.) en el Considerando No. VI- (No. 3.1 fs. 331 vto.-338 del escrito de casación) y b) vulneración de la cosa juzgada obtenida en los autos “Lentix S.A. c/ Fondo Nacional de Recursos. Anulación Paraestatal” I.U.E. 2-3915/2013, Sentencia Definitiva SEF-0007-000005/2014 – DFA-0007-000016/2014, de fecha 5 de febrero de 2014, del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno en el Considerando No. VII (No. 3.2 fs. 338-343 del medio impugnativo). IV) Como punto de partida del recurso en examen se advierte que la recurrente omitió impugnar uno de los fundamentos esgrimidos por la Sala en el Considerando No. V- fs. 312-323 para arribar a solución desestimatoria y que guarda relación con la cosa juzgada obtenida en los autos caratulados “Lentix S.A. c/ Fondo Nacional de Recursos. Anulación paraestatal” I.U.E. 2-17.168/2014. Como se señaló anteriormente, la Sala desestimó la demanda en base a una triple fundamentación: 1) La cosa juzgada refleja obtenida en los autos caratulados “Lentix S.A. c/ Fondo Nacional de Recursos. Anulación paraestatal” I.U.E. 2-17.168/2014, Sentencia Definitiva SEF-0007-000039/2015 – DFA-0007-000089/2015, de fecha 24 de marzo de 2015, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno (Considerando No. V- fs. 312-323); 2) vulneración del principio de congruencia (arts. 117.4 y 198 del C.G.P.) al indemnizar por pérdida de la chance o probabilidad cierta cuando se reclamó el resarcimiento de un daño cierto y concreto (Considerando No. VI- fs. 324-326) y; 3) valoración de la prueba obrante, que la condujo a concluir que la adjudicación de la licitación a la empresa Nafferton S.A. fue fundada en información objetiva (Considerando No. VII- fs. 326-327). Conforme emerge del recurso de casación interpuesto, el fundamento relativo a la existencia de cosa juzgada sobre la licitud de la conducta de la demandada, obtenida en los autos caratulados “Lentix S.A. c/ Fondo Nacional de Recursos. Anulación paraestatal” I.U.E. 2-17.168/2014, no fue impugnado por la recurrente . Ello, resulta razón suficiente a los efectos de desestimar el medio impugnativo movilizado. Señaló la Sala a fs. 322 y ss. “ Formuladas estas apreciaciones, es dable agregar que el caso cuenta con aristas especiales, derivadas de la actuación anterior de la jurisdicción, en las sentencias dictadas en los procesos anulatorios de las resoluciones del FNR incoados por Lentix y que tuvieron los resultados ya enunciados. En este marco, no es dable compartir la tesis expuesta en la demanda y la apelación, en el sentido que el FNR debía proceder, una vez declarada la nulidad de la primer Resolución que adjudica a la competencia de LENTIX el referido llamado, a adjudicar, derechamente y sin otro trámite, a la accionante, el suministro de los stents. A este respecto, el T.A.C. 3° fue sumamente claro, al establecer que ‘Dentro de las potestades de la Persona Pública no limitadas por la sentencia anulatoria de esta Sala, estaba la clausura de la licitación y el llamado a una nueva, siendo el actuar del FNR optando por esta posibilidad conforme a derecho, lo que enerva la pretensión anulatoria’. Y por efecto de la cosa juzgada refleja que se desprende de dicha decisión, inhibe, también, a Lentix, de reclamo alguno en vía jurisdiccional por este accionar del FNR. Lo cual conduce, inexorablemente, a desestimar el rubro ‘lucro cesante’ peticionado. Conforme se dijo, la parte actora tan sólo tenía una expectativa a resultar adjudicataria y no un derecho cierto a ello”. Pues bien, de acuerdo a lo que surge de la transcripción realizada, como primer y principal argumento a efectos de revocar el fallo de primer grado, la Sala alegó la existencia de cosa juzgada en relación a la legitimidad de la actuación del F.N.R. (clausura del llamado, convocatoria a uno nuevo y no contratación con la accionante) “... lo cual conduce, inexorablemente, a desestimar el rubro ‘lucro cesante’ peticionado” . Punto sobre el cual, la actora Lentix no dedujo agravio alguno. Conforme señala Morales Molina “...cuando una sentencia se apoya en varios fundamentos se necesita atacarlos todos para que prospere el recurso, pues si se deja de atacar cualquiera de ellos... no se casa la sentencia... Aún cuando sean fundados algunos de los motivos alegados por el recurrente en casación para infirmar la sentencia del tribunal, ella no es casable, si se apoya en otras razones no combatidas por el recurrente...” (cf. MORALES MOLINA, Hernando. “Técnica de Casación Civil” , págs. 137-138). Atento a lo expuesto, la Corporación en mayoría estima que, el recurso de casación interpuesto no puede prosperar, sin perjuicio de lo cual, dada la complejidad de la cuestión debatida y a mayor abundamiento, existen otras razones que también imponen la solución desestimatoria del recurso. V) Ausencia de nexo causal entre la conducta ilícita (hecho generador de la responsabilidad) y los daños reclamados . Como precisión previa, debe señalarse que la actora Lentix S.A., única y exclusivamente, fundó la responsabilidad del Fondo Nacional de Recursos en el dictado de la Resolución de fecha 19 de noviembre de 2012, de la Comisión de Compras del F.N.R., ratificada por resolución de fecha 22 de noviembre de 2012 de la Comisión Honoraria Administradora del F.N.R., la que decidió “...adjudicar el llamado a la opción B de la firma Nafferton SA...” (fs. 25-27). Resoluciones que fueron anuladas por Sentencia Definitiva SEF-0007-000005/2014 – DFA-0007-000016/2014, de fecha 5 de febrero de 2014, del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno. En este sentido, conforme emerge de su acto de proposición inicial (68-78) y de los sucesivos escritos presentados en autos, la recurrente se limitó a reclamar los daños y perjuicios derivados de la citada resolución. Por el contrario, como expresamente lo manifiesta, no accionó por una eventual responsabilidad de la demandada originada en la resolución de fecha 6 de febrero de 2014 de la Comisión Honoraria Administradora (contenida en el Acta Resolutiva No. 1) ni en la resolución de fecha 13 de febrero de 2014 de la Comisión de Compras (Acta 01.2014), las cuales, entre otros puntos, resolvieron dejar sin efecto el llamado y convocar a uno nuevo, así como adoptar medidas que aseguren el suministro provisorio de los stents. En su demanda, al fundar la legitimación activa, la parte actora expresó: “El 19/11/2012, la Comisión de Compras del FNR, en uso de facultades delegadas y con ratificación de la Comisión Administradora del Fondo Nacional de Recursos (Acta Resolutiva nº 21/2012), designó adjudicataria de ese concurso de precios, a la empresa Nafferton SA (fs. 20, de los Antecedentes Administrativos agregados al expediente de Nulidad IUE 2-3915/2013). Dicha adjudicación fue anulada por sentencia de fecha 5/02/2014, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno (...) El TAC de 3er Turno, anuló la adjudicación realizada a la empresa Nafferton SA, dado que la misma realizó en violación de las normas que regularon el llamado a la oferta pública para la compra de los stent coronarios y siendo que la oferta presentada por Lentix SA era la más conveniente. La actuación ilegítima del FNR ocasionó a la actora daños y perjuicios de entidad, los que deben ser reparados” (fs. 68 vto.). Más adelante, en relación a la resolución de fecha 6 de febrero de 2018, señaló: “El 6/02/2014, el FNR adopta una resolución, en relación a lo dispuesto en la sentencia nº 5 del 5/02/2014 dictada por el TAC de 3er Turno (...). En otros términos, el Fondo Nacional de Recursos, anula el acto de adjudicación a Nafferton SA, en base a lo dispuesto en la mencionada sentencia nº 5 del 5/02/2014, dictada por el TAC de 3er Turno. Sin embargo por la misma resolución encomienda a la Dirección General ‘los asesoramientos internos pertinentes, la adopción de las medidas provisorias para el suministro de los dispositivos que sean necesarios entre tanto se defina un nuevo sistema al respecto’ y encarga a la Dirección general, la ‘elaboración de un sistema de suministro que sustituya al transitorio referido en el apartado anterior’. Cabe reiterar que el FNR omite recomponer el acto de adjudicación, siendo que la sentencia nº 5 de de 05/02/2014, solo anuló el acto de adjudicación y no el llamado público para el suministro de stent coronarios (...). Dicha resolución del FNR de 6/02/2014 (...) fue impugnada por Lentix SA, en vía administrativa y en vía judicial y si bien no se hizo lugar a la solicitud de la actora, debe tenerse presente que los daños y perjuicios que se demandan, se ocasionaron con la resolución de adjudicación de fecha 19/11/2012 adoptada por la Comisión de Compras del FNR, en uso de facultades delegadas y ratificada el 22/11/2012 por la Comisión Honoraria del Fondo Nacional de Recursos, las que fueron anuladas por sentencia nº 5 del 5/2/2014 –TAC 3er Turno y siendo que el FNR no procedió a recomponer el acto de adjudicación” (fs. 73-74). A fs. 74 vto.-75 agregó “Al adjudicar el llamado de manera arbitraria y sin respetar las condiciones que el Pliego respectivo establecía, se violó el derecho adquirido de Lentix SA, de ser designada adjudicataria, provocando daños y perjuicios, equivalentes a la ganancia que al empresa hubiera percibido (lucro cesante) así como la pérdida de la chance de una eventual extensión del plazo del suministro, siendo que en el pliego de condiciones se estableció que el FNR, una vez finalizado el plazo de 3 años del contrato de suministro, podía prorrogarlo por 2 años más (...). Lentix SA recurrió la resolución del FNR (...) y posteriormente dedujo acción de nulidad. El TAC 3er Turno (...) que intervino en dicha acción, mediante sentencia de fecha 24/03/2015, desestimó la demanda (...) Sin embargo no resultaba necesario, a los efectos de salvaguardar los derechos de la actora, impugnar la resolución del FNR 13/02/2014, siendo que los daños y perjuicios causados a la compareciente, se produjeron a la fecha en que se encontraba vigente el llamado a la oferta pública para la compra se stent coronarios y el haber dejado ‘sin efecto dicho llamado’, no tiene ni puede tener efectos retroactivos, respecto del daño causado; el cual se reclama mediante la presente acción ”. Este extremo fue corroborado por la propia accionante en oportunidad de deducir el recurso de casación en estudio al expresar: “Lentix SA promovió demanda de daños y perjuicios contra el FNR, indicando como hecho generador de la responsabilidad que reclama la adjudicación efectuada a Nafferton SA, por resolución de 19/11/2012, dictada por la Comisión de Compras del FNR, en uso de facultades delegadas y ratificada por la Comisión Administrativa del FNR (Acta Resolutiva nº 21/2012), adjudicación que fue anulada por sentencia del TAC 3ro, de fecha 5/2014, dictada en el expediente caratulado ‘Lentix SA c/ FNR- Anulación Paraestatal’, IUE 2-3915/2013...” (fs. 337). También en el acta de conciliación previa de fs. 7, se precisa el objeto del futuro juicio en los términos señalados anteriormente. En definitiva, si bien Lentix S.A. hizo referencia a las actuaciones administrativas posteriores a la resolución de fecha 19 de noviembre de 2012 de la Comisión de Compras del F.N.R., ratificada por resolución de fecha 22 de noviembre de 2012 de la Comisión Honoraria Administradora del F.N.R., sin lugar a dudas, fundó la responsabilidad del FNR y reclamó los daños, única y exclusivamente, derivados de esta. A partir de lo anterior, sin que resulte necesario examinar los agravios relativos a la vulneración de la cosa juzgada obtenida en los autos “Lentix S.A. C/ Fondo Nacional de Recursos. Anulación Paraestatal. I.U.E. 2-3915/2013” y la infracción al principio de congruencia (arts. 117.4 y 198 del C.C.) al condenarse por pérdida de la chance cuando lo solicitado fue un daño concreto y directo, igualmente el recurso de casación movilizado debe ser desestimado; porque no existe nexo causal entre el hecho ilícito generador de la responsabilidad (resolución de fecha 19 de noviembre de 2012, de la Comisión de Compras del F.N.R., ratificada por resolución de fecha 22 de noviembre de 2012 de la Comisión Honoraria Administradora del F.N.R.; anulada por el TAC 3º) y el daño reclamado y amparado en primera instancia, esto es, la probabilidad de resultar adjudicataria. Sobre el punto el a quo señaló: “...corresponde entender que en el subexámine, existió un nexo causal entre la conducta asumida por el FNR disponiendo la nulidad de la licitación por razones ajenas al oferente (e imputables a su irregular motivación en la adjudicación anulada) y los daños sufridos por Lentix S.A., la que fue desplazada arbitrariamente de un licitación, en la que se presentó con una oferta, que tenía una probabilidad cierta de resultar aceptada, pues contenía el precio que resultó más bajo” (fs. 250 vto.). Respecto de lo señalado por la Sede de primer grado se imponen realizar dos precisiones. En primer lugar, como se señaló, la parte actora no fundó su demanda en la conducta de la accionante consistente en el dictado de las resoluciones posteriores (de fecha 6 y 13 de febrero, respectivamente). En segundo lugar, la legitimidad y licitud de las citadas resoluciones, que a criterio del a quo desplazaron “...arbitrariamente de una licitación” a la actora, ya fue analizada con anterioridad por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno en los autos caratulados “Lentix S.A. c/ Fondo Nacional de Recursos. Anulación paraestatal” I.U.E. 2-17.168/2014, existiendo cosa juzgada como lo señaló la Sala. La pérdida de la chance de que Lentix S.A. resultara adjudicataria en el Concurso de Precios No. 3/2012 no deriva la resolución que le adjudicó el llamado a Nafferton S.A., la que fue anulada por el TAC 3º. Invalidada la resolución la actora, hasta ese momento, ninguna chance había perdido. Muy por el contrario, al igual que su competidora, potencialmente aún podían resultar adjudicatarias en el Concurso. El daño impetrado es en todo caso una consecuencia de la decisión de la demandada de clausurar el proceso licitatorio (Resolución de fecha 13 de febrero de 2014), aspecto que, como se señaló, escapa a la pretensión deducida por la parte actora. Véase que si el F.N.R. no hubiese decidido legítimamente dejar sin efecto el llamado, la chance que alega haber perdido la actora permanecería intacta. En definitiva, si bien resulta irrefutable que existió un actuar ilegítimo del F.N.R. al adjudicar el llamado a Nafferton S.A. (resolución anulada por el TAC 3º), no hay nexo causal entre esa conducta de la accionada y la pérdida de la chance de que Lentix S.A. resultara adjudicataria. El menoscabo de esa eventual probabilidad derivó de la decisión del F.N.R. de dejar sin efecto el llamado, aspecto en el que la accionante no edificó su pretensión. VI) Existencia de cosa juzgada acerca de la licitud de la decisión del F.N.R. de clausurar el Concurso de Precios No. 3/2012. Aún en el caso de entenderse, como lo hizo el a quo , que la parte actora reclamó daños derivados de la decisión de la demandada de no seguir adelante el Concurso, el recurso tampoco puede prosperar. En este punto podría sostenerse que la accionante pretendió que una vez anulado el acto de adjudicación correspondía que la accionada recompusiera el Concurso de Precios y lo adjudicara a la oferente Lentix S.A. Sin embargo, conforme lo señaló la Sala en el considerando No. 5 (fs. 322-323), la conducta del F.N.R. ya fue examinada con anterioridad por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno en los autos caratulados “Lentix S.A. c/ Fondo Nacional de Recursos. Anulación paraestatal” I.U.E. 2-17.168/2014, existiendo cosa juzgada. En el citado proceso prejudicial el TAC 3º ya se pronunció sobre la licitud de la decisión de la demandada de anular el llamado, punto que no puede ser revisado en este proceso como lo hizo el a quo (fs. 249 y ss.). En los citados autos Lentix S.A. dedujo demanda anulatoria del numeral 2.2) de la Resolución de fecha 6 de febrero de 2014 (contenida en el acta Resolutiva No. 1/2014). Ello por cuanto, en el citado numeral “se mantiene el vínculo comercial (compra de stens) con la empresa Nafferton SA y se anuncia que se procederá a realizar un nuevo llamado para la provisión de stens coronarios” (fs. 22). Esto es, se deja sin efecto el llamado anterior incumpliendo, a criterio de la accionate, sin motivación válida y con desviación de poder, la Sentencia Definitiva SEF-0007-000005/2014 – DFA-0007-000016/2014, de fecha 5 de febrero de 2014, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno (fs. 17-20 del acordonado). Por Sentencia Definitiva SEF-0007-000039/2015 – DFA-0007-000089/2015, de fecha 24 de marzo de 2015, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno desestimó la demanda anulatoria impetrada. En lo que interesa, señaló: “... es importante resaltar que hay dos actos emitidos como consecuencia de la sentencia anulatoria de este Tribunal: el impugnado, y uno posterior de fecha 13 de febrero de 2014, que era conocido por la accionante al momento de demandar, según emerge de la notificación de fs. 55 (en copia del Informe de Asesoría Letrada se menciona el acto de la Comisión de Compras y su contenido). El primer acto emitido –resolución del 6 de febrero de 2014 atacada- tiene como contenido: 1) dejar sin efecto la adjudicación anulada; 2) dado lo imprescindible del material se encomienda a la Dirección General la adopción de medidas provisorias para el suministro de los dispositivos, 3) encomienda a dicha Dirección la elaboración de una propuesta de un sistema de suministro que sustituya al transitorio referido precedentemente; 4) se autoriza a cumplir lo dicho sin esperar la firma del acta que al contiene (fs. 31). El segundo acto emitido (fs. 45) -resolución de la Comisión de Compras de fecha 13 de febrero de 2014– con fundamento en lo resuelto por este Tribunal, resuelve ‘Dejar sin efecto el Concurso de precios 03/2012, para el Suministro de Stens coronarios. Dicho acto no consta en obrados que fuera atacado por la actora’. La existencia de este segundo acto, al que no se refiere la parte actora resuelve dejar sin efecto el llamado; lo que es de suma importancia, ya que se impone al Tribunal expedirse sobre qué fue lo que se anuló y qué era lícito hacer luego e la anulación. Así, ha de concluirse (...) que parece indudable que lo anulado es el acto final del proceso de adjudicación, esto es, la adjudicación misma. Lo que tiene como consecuencia, por el principio general de los efectos de las nulidades que, la situación volviera al estado en que se encontraba antes del acto nulo. De allí que el FNR tiene la facultad de dejar sin efecto el llamado, pues no existe un deber legal que lo impida, por cuanto aún no se ha resuelto la adjudicación, y por ende no hay obligaciones contractuales asumidas (...) En este marco, resulta que el acto que clausura el proceso licitatorio –de fecha 13 de febrero de 2014- que no fuera impugnado, se encontraba dentro del haz de conductas posibles y lícitas del FNR, y no estaba prohibido (...) Ha de verse que, aún entendiendo que en forma implícita la accionante atacó al clausura, al expresar que debió adjudicársele a Lentix S.A. el suministro, resulta que la actora no funda la ilicitud del acto del 13 de febrero de 2014, solo afirma que el FNR estaba obligado a adjudicar en los términos pretendidos (...) En otras palabras, fuera de tal argumento, no expresa por qué el acto del 13 de febrero de 2014 que dejó sin efecto el llamado era ilícito, por lo que el Tribunal queda acotado al objeto de su pretensión tal cual fuera formulada que, se insiste, se reduce a afirmar que había un deber de actuar en un solo sentido. En consecuencia, dentro de las potestades de la Persona Pública no limitadas por la sentencia anulatoria de esta Sala, estaba la clausura de la licitación y el llamado a una nueva, siendo el actuar del FNR optando por esta posibilidad conforme a derecho, lo que enerva la pretensión anulatoria. Atendiendo a la plataforma fáctica y causa esgrimida por la accionante, no puede sostenerse que el acto impugnado haya sido dictado con desviación de poder en contra una norma prohibitiva” (fs. 32-35). En definitiva, como se señaló, la conducta del F.N.R. posterior a la anulación del acto de adjudicación consistente en llamar a un nuevo llamado de precios, resultó ajustada a derecho y no resulta reprochable razón por la cual la solución desestimatoria se impone. VII) Sin especial condenación procesal. Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia por mayoría, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 40 BPC. Y DEVUÉLVASE. Dra. Bernardette Minvielle y Dr. Luis Tosi DISCORDES:POR CUANTO ENTENDEMOS QUE CORRES PONDE CASAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y MANTENER LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. A criterio de los suscritos, los fundamentos que sostienen tanto la sentencia recurrida de la Sala en lo Civil de 7º turno como la sentencia de la Corporación, en mayoría, no resultan ajustados a Derecho. Corresponde partir por recordar los extremos centrales del caso en examen, para justificar adecuadamente nuestro punto de vista divergente con el de la mayoría. 1) El caso de autos. 1.1) El caso en examen se inició por el reclamo reparatorio-patrimonial planteado por LENTIX S.A. contra el Fondo Nacional de Recursos (en adelante: FNR). La demanda reparatoria se fundó en la ilegítima exclusión de la actora de un procedimiento selectivo, denominado “Concurso de Precios Nº 03/2012 ”, para el suministro de Stent Coronarios. 1.2) El Concurso de Precios Nº 03/2012 desarrollado en el año 2012 y la ilegitimidad del acto de adjudicación. LENTIX S.A. se presentó al Concurso de Precios Nº 03/2012 , para el suministro de Stent Coronarios, al que oportunamente convocó el FNR (ver bases del llamado a fs. 35 y ss. – 1ª Pieza del acordonado identificado como IUE 002-003915/2013 (en adelante: “el acordonado”)). Por resolución de la Comisión de Compras del FNR, del 19 de noviembre de 2012 , ratificada por la resolución de la Comisión Honoraria Administradora del FNR, del 22 de noviembre de 2012 , se decidió adjudicar el llamado a la firma NAFFERTON S.A. (ver resolución de adjudicación y su homologación a fs. 487/489 del acordonado – Pieza 2). 1.3) La impugnación jurisdiccional de la resolución administrativa de adjudicación y su anulación por el TAC 3º . LENTIX resistió, primero en vía administrativa y luego en vía jurisdiccional, la resolución administrativa que decidió la adjudicación del llamado, por entender que resultaba contraria a la regla de derecho y porque había sido dictada con desviación de poder. El procedimiento contencioso-anulatorio paraestatal, se sustanció ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º turno (TAC 3º) y culminó con el dictado de la sentencia definitiva identificada como SEF-0007-000005/2014 – DFA-0007-000016/2014 de 5 de febrero de 2014. Por dicha sentencia el referido órgano jurisdiccional anuló por razones de legitimidad (con efecto ex tunc ) la resolución de adjudicación impugnada. La Sala consideró ilegítima a la resolución adjudicatoria por defectos en su motivación y por haber sido dictada con desviación de poder (ver sentencia a fs. 548/554 del acordonado – 2ª Pieza). 1.4) La actuación administrativa posterior a la anulación. Al día siguiente del dictado de la sentencia anulatoria, esto es, el 6 de febrero de 2014 , la Comisión Honoraria Administradora del FNR decidió lo siguiente: “ 1) En virtud de lo resuelto por la sentencia Nº 0007-000005/2014 de fecha 5/2/2014 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer turno por la que se dispone: ‘Amparando la demanda y en su mérito, anulando la resolución de fecha 19/11/2012 adoptada por la Comisión de Compras en uso de facultades delegadas y ratificada el 21/11/2012 por la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos – Acta Resolutiva Nº 21/2012, en el CONCURSO DE PRECIOS Nº 03/2012 para el suministro de Stents Coronarios’, dejar sin efecto las resoluciones referidas. 2) Tomando en consideración que los dispositivos que se adquirían por medio de las resoluciones anuladas, son de imprescindible y continúa disposición para la realización de los procedimientos de Angioplastia Trasluminal Coronaria (ATC) que financia el Fondo Nacional de Recursos, se encomienda a la Dirección General con los asesoramientos internos pertinentes, la adopción de las medidas provisorias para el suministro de los dispositivos que sean necesarios entre tanto se defina un nuevo sistema al respecto. 3) Encomendar a la Dirección General con los asesoramientos internos pertinentes el estudio y la elaboración de propuesta de un sistema de suministro que sustituya el transitorio referido en el apartado anterior...” (fs. 97 del principal). Ante el escenario planteado por la anulación de la adjudicación del Concurso de Precios, el FNR se vio impedido de seguir comprándole los Stent Coronarios a la adjudicataria. No obstante lo cual, como resulta evidente, necesitaba de esos elementos para cumplir con su cometido. Por tal motivo, autorizó a la Dirección General para adoptar medidas provisorias que aseguraran la continuidad del servicio. Al mismo tiempo, ordenó la elaboración de un sistema alternativo de suministro para superar la contingencia; léase: la forma de instrumentar un nuevo procedimiento selectivo para resolver el tema del suministro de los Stent Coronarios. En la reunión siguiente de la Comisión Honoraria Administradora del FNR, celebrada el 20 de febrero de 2014 , la Dirección General informó acerca de las medidas provisorias adoptadas para el suministro de los dispositivos necesarios y, también, se propuso la realización de un nuevo llamado a precios. Estas medidas fueron ratificadas por el órgano jerarca del servicio (ver fs. 100 del principal). En la siguiente sesión de la Comisión Honoraria Administradora del FNR, realizada del 13 de marzo de 2014 , se decidió: “ Encomendar a la Dirección Técnico Médica la elaboración de un borrador sobre cómo se encarará el llamado a licitación [para la provisión de Stent Coronarios], a fin de considerar el tema en la próxima sesión de 27 de marzo ” (fs. 105). En la sesión del 27 de marzo de 2014 volvió a plantearse el tema de la compra de los Stent Coronarios. Allí se decidió: “ Solicitar a la Comisión de Compras que eleve una propuesta de base para un nuevo llamado, considerando los elementos vistos en Sala, la que se incluirá para su consideración en el orden del día de la próxima sesión del 10 de abril ” (fs. 109). Finalmente, como surge del informe que obra a fs. 111 y siguientes se decidió, por Resolución Nº 03/2014 , la realización de un nuevo llamado a precios. 1.5) La impugnación administrativa y jurisdiccional de la decisión de hacer el nuevo llamado a precios. Contra la resolución 03/2014 LENTIX S.A. interpuso los correspondientes recursos administrativos y promovió su declaración de nulidad ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, en el entendido que no correspondía la realización de un nuevo, llamado sino que correspondía adjudicarle directamente el llamado. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º turno, por sentencia identificada como SEF-0007-000039/2015 – DFA-0007-000089/2015 de 24 de marzo de 2015, rechazó la demanda anulatoria (fs. 115/123). 1.6) El reclamo reparatorio de LENTIX S.A. La actora demandó al FNR la reparación de los daños y perjuicios que estima le generó su obrar administrativo ilegítimo. Expresó que al adjudicar el llamado a otra oferente de manera arbitraria y sin respetar las condiciones del pliego, se violó su derecho adquirido a ser adjudicataria de la licitación. Pidió que se condene al pago del rubro lucro cesante, consistente en la ganancia que la empresa hubiera percibido de haber resultado adjudicataria. También reclamó, por concepto de “pérdida de la chance”, los daños por la eventual extensión del plazo del suministro, dado que el pliego preveía que el plazo del contrato podía prorrogarse por dos años más. 2) Las sentencias judiciales que recayeron. 2.1) En primera instancia, el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de 14º turno Dr. Fernando Tovagliare Romero, amparó parcialmente la pretensión reparatoria. Condenó a la demandada a reparar a LENTIX S.A., por concepto de pérdida de la “chance”, la pérdida de la probabilidad de realizar la ganancia que hubiese obtenido en caso de haber resultado adjudicataria del “Concurso de Precios” Nº 03/2012 , del que fue ilegítimamente excluida. También condenó al FNR a reparar la pérdida de la probabilidad de obtener una ganancia, por la posible prórroga del plazo contractual. 2.2) En segunda instancia, el TAC 7º revocó la condena impuesta y desestimó la demanda. La sentencia revocatoria se fundamentó en dos extremos. En primer lugar , la Sala puso al descubierto que la reclamante no demandó por concepto de pérdida de la “chance” por la adjudicación por el período inicial del contrato de suministro (aunque sí lo hizo por la eventual prórroga del contrato). Por tal motivo, postuló que existiendo una diferencia cualitativa entre el reclamo por la ganancia total y por la pérdida de la “chance”, no procedía condenar por este último concepto en lo concerniente al plazo del contrato, so pena de violentar el principio de congruencia. Indicó que, invocando el principio de iura novit curia , el decisor de primera instancia condenó a algo distinto a lo reclamado. En segundo lugar , la Sala indicó que la reparación de los daños y perjuicios a la que se demandó resulta improcedente, porque aun cuando la Administración hubiese recompuesto el procedimiento selectivo desde el estadio previo a la resolución anulada, igualmente el Concurso de Precios hubiese sido adjudicado en favor NAFFERTON S.A. y no de la actora. Postuló que existían infomes técnicos que demostraban que esa oferta era superior a la de la actora. Como indicio corroborante de tal afirmación, la Sala resaltó que la actora no se presentó al segundo llamado de precios realizado [en 2014] por parte del FNR. No lo hizo pese a que ello fue posible, merced a la anulación de la anterior adjudicación. Tal actitud colide con el principio de buena fe, que debe presidir las relaciones contractuales entre los organismos particulares. 3) Los cuestionamientos de LENTIX S.A. en su impugnación en casación. Apenas en titulares, corresponde recordar que la recurrente expresó los siguientes agravios: (i) Congruencia y iura novit curia . En primer lugar, indicó que existió una errónea aplicación de los principios de congruencia y de iura novit curia , por haber entendido que la sentencia de primera instancia violentó dichos principios, al condenar por concepto de pérdida de la “chance”. (ii) Violación de la cosa juzgada . Expresó que la Sentencia violó la cosa juzgada, al entender que el acto de adjudicación a NAFFERTON S.A. -que fue anulado por el TAC 3º por resultar falto de motivos válidos y teñido de desviación de poder- fue un acto legítimo porque mediaban razones técnicas en la adjudicación que no fueron plasmadas en el acto. Tal circunstancia estaría corroborada por el hecho de que LENTIX S.A. no se presentó a un segundo llamado de precios, efectuado luego de haber sido ilegítimamente apartada del procedimiento licitatorio. Dijo que la ilicitud de la adjudicación del primer llamado de precios Nº 3/2012 a la firma NAFFERTON S.A., quedó laudada por la sentencia del TAC 3º que pasó en autoridad de cosa juzgada. Ese acto ilegítimo, anulado por el TAC 3º, generó a LENTIX S.A. perjuicios per se , sin que sea admisible sostener, como lo hace la Sala impugnada, que su conducta de no haberse presentado a un segundo llamado de precios realizado por el FNR [dos años después] colide con los principios de buena fe y constituye un indicio corroborador de que el acto de adjudicación a NAFFERTON S.A. era en realidad legítimo. Este razonamiento desconoce la nulidad declarada por la sentencia. LENTIX S.A. reconoció en su recurso que no tenía un derecho subjetivo a resultar adjudicataria, sino que encontraba en una situación de interés legítimo lesionado. No correspondía que amparara la pretensión encaminada a reparar la ganancia que había percibido de aceptarse su oferta, pero sí correspondía la reparación de la “chance”, como porcentaje de la utilidad prevista para la ejecución contractual. Sostuvo que existió adecuado nexo causal entre la conducta asumida por el FNR, disponiendo la nulidad de la licitación por razones ajenas al oferente (e imputables a la irregular motivación de la adjudicación anulada) y los daños sufridos por LENTIX S.A. Se produjo su ilegítima exclusión del “Concurso de Precios”. Su oferta tenía una probabilidad cierta de ser aceptada, porque contenía el precio más bajo. En definitiva, bregó por el mantenimiento de la condena dispuesta en primera instancia a reparar la pérdida de la “chance”. 4) Análisis sustancial. A juicio de los suscritos asiste razón a la recurrente. Corresponde, a nuestro juicio, casar la sentencia y mantener la fundadísima decisión del Sr. Juez de primera instancia Dr. Fernando Tovagliare Romero, por resultar estrictamente ajustada a Derecho. En lo sucesivo, corresponde examinar los puntos de cuestionamiento en el mismo orden en que fueron expuestos. 4.1) El fallo de primera instancia y su congruencia con lo pedido en la demanda. La Sala en lo Civil entendió que, como la reclamante demandó por responsabilidad directa del FNR, no resulta posible condenar al organismo paraestatal por concepto de pérdida de la “chance”. No se advierte en la decisión de primera instancia violación alguna del principio de congruencia (art. 198 CGP y concordantes) ni de lo dispuesto en el art. 117.4 del CGP. Como lo tiene establecido la Corporación, es posible condenar por pérdida de la “chance” pese a que se haya demandado por responsabilidad directa, porque entre la primera y la segunda hay una diferencia de orden cuantitativo y no cualitativo. Si la demandada pudo defenderse de la responsabilidad por la totalidad de la ganancia que LENTIX S.A. hubiese obtenido de haber resultado adjudicataria, también pudo defenderse de la responsabilidad que pueda serle atribuida a título de pérdida de la “chance”. Como se sostuvo recientemente por parte de la Corporación: “... aun cuando la actora haya planteado su pretensión sin apelar a la pérdida de la ‘chance’ para conceptualizarla, nada impide que la sentencia así lo establezca. Como bien se señala en esa sentencia del T.A.C. 5º Turno de la que hace caudal la Sala: ‘Se trata de un ‘minus’ respecto del 100% que corresponde a la causalidad plena en consideración al perjuicio final y, por ello, no puede considerarse lesionado el derecho de defensa de la demandada .. .’” (Cfme. Sentencia Nº 645/2018 ). En definitiva, no resulta un argumento jurídicamente acertado para revocar la sentencia de primera instancia que haya condenado al FNR a reparar la pérdida de la “chance”, frustrada por la ilegítima resolución de adjudicación del Concurso de Precios Nº 03/2012 . 4.2) Sobre el argumento de la mayoría concerniente a la existencia de cosa juzgada sobre la licitud de la conducta de la demandada por lo resuelto en los autos caratulados “LENTIX S.A. C/ FONDO NACIONAL DE RECURSOS. ANULACIÓN PARAESTATAL” – I.U.E. 2-17.168/2014. La sentencia en mayoría postula que la recurrente no impugnó uno de los tres fundamentos en que se basó el TAC 7° para desestimar la demanda. Concretamente aquél que dice relación con la existencia de cosa juzgada sobre la licitud de la conducta de la demandada al haber clausurado la licitación y convocado a un nuevo llamado, lo que, a juicio de la Sala, conduce a desestimar el lucro cesante peticionado por la accionante. En base a ello, concluye que corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto, pues cuando una sentencia se apoya en varios fundamentos, se necesita atacarlos todos para que prospere el recurso (Considerando IV). Si bien este aspecto procesal resulta compartible, no tenemos el honor de comprartir la conclusión a la que arriba la mayoría del Cuerpo en relación a este punto. Corresponde en primer lugar transcribir el pasaje de la sentencia atacada en que se recoge el fundamento relativo a la existencia de cosa juzgada sobre la licitud de la conducta de la demandada: “ V) Formuladas estas apreciaciones, es dable agregar que el caso cuenta con aristas especiales, derivadas de la actuación anterior de la jurisdicción, en las sentencias dictadas en los procesos anulatorios de las resoluciones del FNR incoados por LENTIX y que tuvieron los resultados ya enunciados. En este marco, no es dable compartir la tesis expuesta en la demanda y la apelación, en el sentido que el FNR debía proceder, una vez declarada la nulidad de la primer Resolución que adjudica a la competencia de LENTIX el referido llamado, a adjudicar, derechamente y sin otro trámite, a la accionante, el suministro de los stents. A este respecto, el T.A.C. 3° fue sumamente claro, al establecer que ‘Dentro de las potestades de la Persona Pública no limitadas por la sentencia anulatoria de esta Sala, estaba la clausura de la licitación y el llamado a una nueva, siendo el actuar del FNR optando por esta posibilidad conforme a derecho, lo que enerva la pretensión anulatoria’. Y por efecto de la cosa juzgada refleja que se desprende de dicha decisión, inhibe, también, a LENTIX, de reclamo alguno en vía jurisdiccional por este accionar del FNR. Lo cual conduce, inexorablemente, a desestimar el rubro ‘lucro cesante’ peticionado. Conforme se dijo, la parte actora tan sólo tenía una expectativa a resultar adjudicataria y no un derecho cierto a ello ” (fs. 322/323). Como resulta evidente, el razonamiento que efectúa la Sala en el Considerando V) -del que hace caudal la mayoría- constituye una fundamentación ensayada por dicho Tribunal para “desestimar el rubro “lucro cesante” peticionado”. Tal argumentación, sin embargo, no resulta determinante para la solución revocatoria arribada por la Sala, pues también la sentencia de primera instancia había entendido que no correspondía la condena a indemnizar “lucro cesante”, sino solamente la reparación por la “pérdida de chance”. No tratándose de un fundamento determinante del fallo, no es exigible a la recurrente que dirija su pretensión impugnativa también contra dicho argumento, so pena de ver frustrado su intento impugnativo. En otras palabras, lo que pretende la recurrente en casación es el mantenimiento de la condena impuesta en primera instancia por concepto de pérdida de la “chance”; no la imposición de una condena por lucro cesante, rechazada en primera y segunda instancia. Como fuera indicado previamente, la actora había peticionado en su demanda la reparación del lucro cesante, derivado de la privación de las ganancias que habría obtenido en caso de resultar adjudicataria del llamado. La sentencia de primera instancia recalificó correctamente la cuestión, señalando que la actora no tenía un derecho subjetivo a que la demandada aceptara su oferta, por lo que no correspondía amparar su pretensión encaminada a la indemnización del lucro cesante (esto es, la ganancia que habría percibido en caso de haberse adjudicado su oferta), sino que la accionante se encontraba en una situación de interés legítimo ilegítimamente lesionado, por lo cual correspondía la indemnización por la pérdida de la chance de haber obtenido la adjudicación (esto es, que se le abonara un porcentaje de la utilidad prevista para la ejecución contractual). Partiendo de dicho enfoque, no puede entenderse que la fundamentación ensayada por el TAC 7° en el Considerando V) de su sentencia esté dirigida a rebatir el razonamiento del a quo , pues también en el pronunciamiento de primera instancia se había desestimado la pretensión de la actora dirigida a la condena a reparar el lucro cesante (si bien en su lugar se había ordenado indemnizar una suma menor, por concepto de pérdida de chance). Es el propio Tribunal el que, al finalizar su razonamiento desarrollado en el Considerando V), concluye que ello “(...) conduce, inexorablemente, a desestimar el rubro ‘lucro cesante’ peticionado ”. Incluso, cabe sostener que existe doble confirmatoria respecto a la improcedencia de la condena a indemnizar el rubro lucro cesante, por lo que en modo alguno es dable exigir al impugnante que dirija sus agravios contra aquellas partes de la sentencia de segunda instancia que tienden a fundamentar el rechazo de aquel rubro, pues de todos modos su examen estaría vedado en casación, de acuerdo con la posición mayoritaria de la Corte. En efecto, en relación al rubro lucro cesante, ambas sentencias coincidían en su rechazo, por lo que es lógico y procesalmente correcto que la recurrente no haya dirigido su embate argumentativo contra los pasajes de la sentencia de la Sala en que se funda el rechazo de este rubro. En suma, el hecho de que la recurrente no haya impugnado el fundamento contenido en el Considerando V) de la sentencia de la Sala, no obtura la procedencia del recurso de casación interpuesto, resultando perfectamente posible el cuestionamiento de la revocatoria de la condena por concepto de pérdida de la “chance” –rubro sobre el cual existían dos pronunciamientos no coincidentes, puesto que fue concedido en primera instancia y rechazado en segundo grado-. 4.3) Sobre la violación de la cosa juzgada que dimana de la sentencia anulatoria dictada por el TAC 3º. El segundo agravio de la recurrente apunta a la violación de la cosa juzgada por parte de la sentencia impugnada, al haber considerado que el acto de adjudicación a NAFFERTON S.A. fue un acto legítimo, siendo que dicho acto había sido anteriormente anulado por el TAC 3° mediante sentencia firme. A nuestro juicio, le asiste plena razón a la recurrente. Corresponde tener presente que, en este caso, la ilicitud del obrar de la entidad paraestatal, como elemento de la responsabilidad civil, no puede ser revisada . La existencia de un acto ilícito de la entidad paraestatal ha sido establecida por el órgano competente para examinar su regularidad jurídica: el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno. Estamos exactamente ante el mismo escenario que cuando se entabla una acción reparatoria fundada en la anulación jurisdiccional de un acto administrativo por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Como enseña Barrios de Ángelis, se trata de una cuestión prejudicial. Al decir de este autor, son procesos prejudiciales aquellos en los que se resuelve de modo vinculante respecto de una parte o supuesto del objeto de un proceso ulterior. Cuando el afectado por un acto administrativo ilegítimo opta por demandar su nulidad y la obtiene, lo resuelto en el proceso contencioso-anulatorio adquiere la calidad de cosa juzgada y, en relación al ulterior proceso reparatorio, constituye una cuestión prejudicial (por ende no revisable) (Cfme. Barrios de Ángelis; D: “Introducción al Proceso”; Idea, Montevideo, 1980, págs. 185/188). Como lo ha señalado nuestra jurisprudencia: “ Debe regir a plenitud el orden constitucional y legal pertinente, según el cual la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo constituye una cuestión prejudicial (art. 305 CGP) cuando el presunto damnificado opta por promover la acción de nulidad. (...) es decir, cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declare la nulidad del acto o cuando reserve al demandante la acción de reparación. Así, queda en evidencia que, en esta hipótesis, el pronunciamiento del TCA es prejudicial respecto del proceso reparatorio (Cf. Véscovi, E. y otros, Código General del Proceso, anotado, t. 6, ps. 575-577), lo que significa, en buen romance, que la cosa juzgada de la sentencia anulatoria del TCA se integra en el proceso reparatorio, con carácter vinculante, no pudiendo el órgano de la Justicia ordinaria apartarse de tal pronunciamiento. Al considerar los elementos de la responsabilidad que se reclama contra el Estado, el órgano judicial que interviene debe partir de la premisa que la ilegitimidad del acto ya se halla juzgada, y simplemente debe examinar si se configuran los restantes elementos, como el nexo causal entre el acto anulado y los daños que se alegan. Se trata de una de las hipótesis de prejudicialidad absoluta que posee el fallo dictado por el único órgano competente en la materia, es decir, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, decisión que deben acatar tanto el órgano judicial que interviene en el proceso ulterior como las propias partes (art. 305 CGP) ” (TAC 6º, Sentencia Nº 76/2012 , Martínez (r), Klett, Hounie). Con tales entendimientos, resulta ineludible concluir que el obrar ilícito del FNR ha quedado acreditado con la sentencia del TAC 3º, que anuló el acto de adjudicación del Concurso de Precios Nº 03/2012 y se encuentra ejecutoriada . Por lo tanto, dicho elemento constitutivo de la responsabilidad aparece resplandeciente y resulta indiscutible en esta instancia. La sentencia anulatoria y sus fundamentos deben ser acatados, sin que quepa reingresar al reexamen de la licitud del acto de adjudicación anulado. Esto, sin embargo, no es lo que ha hecho la Sala Civil de 7º turno en la sentencia atacada, por lo que el agravio sobre violación de la cosa juzgada es de pleno recibo. En efecto, la sentencia hostilizada por el recurso a examen desconoce abiertamente los fundamentos de la sentencia anulatoria del TAC 3º . Esto es particularmente claro en el CONSIDERANDO VII), en el que postula que: “... al optar por adjudicar el llamado a la competidora de LENTIX, el FNR se fundó en informes técnicos que así lo aconsejaron (...) surge que la oferta de LENTIX fue racionalmente considerada y se optó por razones técnicas, por la de NAFFERTON; y de no haber procedido a realizar un nuevo llamado, hubieran tenido que adjudicar nuevamente a NAFFERTON por las mejores condiciones técnicas y económicas de su propuesta (...) surge que fueron razones técnicas las consideradas para realizar la primera adjudicación a la firma NAFFERTON OPCIÓN B; si bien no fueron plasmadas en el acto del FNR, el cual fue anulado exclusivamente por falta de motivación ” (fs. 326/327). No hay mucho que agregar a esto, para demostrar que, de este modo, se violentaron los fundamentos de la sentencia anulatoria del TAC 3º. Podría bastar con remitirse a su lectura. El TAC 3º amparó la pretensión anulatoria porque la resolución adjudicatoria estuvo indebidamente fundamentada (detectó el vicio de falta de motivación). La Sala de 3º turno le reprochó al FNR que se basó exclusivamente en el factor precio. Puso al descubierto que los demás argumentos, para fundar la adjudicación, se esgrimieron recién con posterioridad a la recurrencia administrativa (ver en especial el CONSIDERANDO IV a fs. 551/552 del acordonado – 2ª Pieza). Por tal motivo, fundar la decisión desestimatoria de la pretensión reparatoria, como lo hace la Sala de 7º turno, en que el FNR se fundó en informes técnicos que aconsejaron adjudicar el llamado a NAFFERTON S.A., violenta frontalmente los fundamentos de la sentencia anulatoria. Las razones técnicas a las que alude el TAC 7° no fueron consideradas por la sentencia anulatoria que, justamente por esa razón , anuló el acto de adjudicación. Pero lo más grave, es que la Sala vuelve a examinar la legitimidad del acto de adjudicación anulado, desconociendo la cosa juzgada de la sentencia del TAC 3º. También se desconoce abiertamente la sentencia anulatoria del TAC 3º, cuando se postula que el acto de adjudicación se anuló “exclusivamente por falta de motivación” (fs. 327). Basta con leer el CONSIDERANDO V) de la sentencia anulatoria, para advertir que la sentencia no solamente recibió el agravio consistente en la existencia de un vicio en la fundamentación del acto, sino que también encontró un vicio en el elemento fin (desviación de poder). Por tal motivo, amparó el vicio de desviación de poder que fue denunciado en la demanda anulatoria. En el colofón final del CONSIDERANDO V), dedicado al vicio de desviación de poder, consignó la Sala de 3º turno en su sentencia anulatoria: “ Ocultar los reales motivos de la elección supone privar de la transparencia necesaria que permita el control de legalidad y eso no puede sino calificarse como desviación de poder ” (fs. 553 del acordonado – 2ª pieza; el destacado pertenece a esta redacción). Parece claro que la sentencia anulatoria dictada por el TAC 3° se fundó en que el acto adolecía de dos irregularidades invalidantes: (i) defectos en su motivación [vicio en los motivos] y (ii) haber sido dictado con desviación de poder [vicio en el elemento fin del acto]. La sentencia del TAC 3°, cuando abordó el vicio concerniente a la desviación de poder, puso de manifiesto que la orfandad de razones en orden a decidir la adjudicación, resultaba indicativa de la desviación de poder con la que había obrado el órgano público. Tal relación, sin embargo, no hace que se confundan los dos vicios que, pese a estar fuertemente relacionados, resultan perfectamente distinguibles en el plano conceptual y en el razonamiento de la Sala de 3º turno. Como agudamente apunta el Dr. Daniel Artecona en un excelente trabajo doctrinario, muchas veces el vicio de desviación de poder aparece relacionado estrechamente con los defectos en la motivación. Textualmente expresa el citado autor: “ Es muy frecuente que la desviación de poder se configure conjuntamente con la inexistencia o falsedad de los motivos. Esto pone en evidencia la estrecha relación entre los motivos y el fin de los actos administrativos. Para encubrir el fin querido, se utilizan motivos diferentes a los reales o –ciertamente- inexistentes. Por lo cual, suele configurarse un doble vicio: el radicado en el elemento normativo y el radicado en el fin ” (Artecona Gulla, D; “Discrecionalidad y desviación de poder. Necesidad y conveniencia de la consagración legal de potestades legales a favor de la Administración”, Revista de la Facultad de Derecho, Universidad de la República, Nº 30, Enero/Junio 2011, págs. 53/54). La Sala de 7º turno en la sentencia impugnada, al partir de la premisa de que el TAC 3º anuló el acto de adjudicación únicamente por defectos en su motivación, la está desconociendo abiertamente. En suma, el agravio de la recurrente que denuncia la violación de la cosa juzgada que dimana de la sentencia anulatoria resulta de recibo. No puede obviarse que la Sala de 7º turno volvió a juzgar la legitimidad del acto de adjudicación del “Concurso de Precios” (al que se convocó por la Resolución Nº 03/2012), para repeler la pretensión reparatoria. Lo hizo desconociendo abiertamente que tal extremo constituía una cuestión prejudicial, sobre el que no podía ingresar. Reexaminó la legitimidad del acto de adjudicación, llegando a conclusiones frontalmente opuestas a las que arribó el TAC 3º al dictar la sentencia anulatoria, por lo que, como es evidente, se desconoció la autoridad de la cosa juzgada. 4.4) Sobre la existencia del daño por la pérdida de la “chance”. Finalmente, corresponde abordar el punto concerniente a la existencia del daño por pérdida de la “chance”. A nuestro juicio, en virtud de la anulación jurisdiccional del primer llamado, es innegable que existe daño que debe ser reparado, en línea con lo resuelto por la sentencia de primera instancia y con el posicionamiento asumido en el pasado ante un caso idéntico por esta Corporación (Sentencia Nº 452/2000 ). Corresponde partir de la base que, la situación jurídica subjetiva de la actora, cuando se presentó al “Concurso de Precios” en el 2012, era la de ser titular de un interés legítimo . No tenía derecho a resultar adjudicataria del llamado, sino a que el procedimiento selectivo se desarrollara con apego a las reglas de derecho que lo presidían (respeto a las bases del llamado, a la igualdad entre los oferentes, etc.). Ese interés legítimo se vio ilegítimamente insatisfecho , como lo puso al descubierto la sentencia del TAC 3º, que anuló la resolución adjudicatoria. Este punto, como vimos en el apartado precedente, no puede ser discutido en esta instancia por constituir una cuestión prejudicial juzgada en su instancia respectiva y, por ende, intangible. No es ocioso recordar que el titular de un interés legítimo aspira a una eventual y contingente decisión satisfactoria de su interés. La insatisfacción del interés legítimo no determina, necesariamente, la ilegitimidad de la actuación administrativa. La Administración puede actuar legítimamente ora si lo satisface ora si no lo satisface, siempre que actúe con arreglo a derecho (Cfme. Cassinelli Muñoz, H; “El interés legítimo como situación jurídica garantida por la Constitución uruguaya” en AA. VV. “Perspectivas del Derecho Público en la segunda mitad del siglo XX, publicación en homenaje al Profesor E. Sayagués Laso”, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1969, T. III, págs. 288 a 290). En los casos en que se es titular de un interés legítimo, la Administración actúa legítimamente aun cuando no satisfaga el interés que pretende el administrado, siempre que se ajuste a la legalidad. Y ello es así, porque la tutela del interés legítimo es una tutela derivada de la tutela del interés general; un “derecho reflejo” de la tutela del interés general (Cfme. Durán Martínez, A; “Contencioso Administrativo”, FCU, Montevideo, 2007, pág. 111). Frente al titular de un interés legítimo, la Administración puede satisfacer o no su interés. Ahora bien, corresponde que se examine una vez que dicta una decisión o asume una posición insatisfactoria, si esa opción fue legítima. Si esa opción no fue legítima, por ejemplo, si optó en atención a motivos equivocados que no correspondían a la realidad, o si optó en función de fines espurios no atendiendo al interés público que las normas jurídicas le mandan atender en el caso, o si decidió omitiendo una formalidad establecida para mejor acierto en la decisión –por ejemplo, un dictamen previo, preceptivo, no vinculante o vinculante- habrá un ejercicio ilegítimo de la potestad discrecional y, por consiguiente, el interesado cuyo interés quedó insatisfecho por el ejercicio ilegítimo de una potestad, puede decirse que sufre una lesión de interés legítimo (Cfme. Cassinelli Muñoz, H; “Responsabilidad del Estado por Lesión de Interés Legítimo”, en “Derecho Constitucional y Administrativo”, La Ley URUGUAY, Montevideo, 2010, págs. 1134/1135). En este caso, está fuera de toda discusión que la entidad paraestatal demandada lesionó el interés legítimo de LENTIX S.A. en el procedimiento selectivo, porque no respetó las reglas que lo precedían. No motivó debidamente la decisión de adjudicación y obró con desviación de poder. Como bien lo señaló el Sr. Juez de primera instancia en su excelente sentencia: “ ...se lesionó el interés legítimo de Lentix S.A. a no ser excluida arbitrariamente del proceso licitatorio ” (fs. 249). Dicho esto, corresponde establecer si dicho proceder ilegítimo provocó un daño resarcible en la esfera jurídica de LENTIX S.A. La respuesta positiva se impone. La actuación ilegitima del FNR frustró la “chance” de LENTIX S.A. de resultar adjudicataria del “Concurso de Precios” realizado en 2012 y, por ende, de obtener la ganancia derivada de la ejecución del contrato de suministro de Stent Coronarios que estaba en juego. Resulta totalmente irrelevante que, dos años después, la Administración haya resuelto hacer un nuevo “Llamado a precios” y que LENTIX S.A. no se haya presentado. Lo que corresponde reparar, es la pérdida de la oportunidad de hacer el negocio en 2012, en las condiciones establecidas en el llamado de ese año, del que la actora resultó ilegítimamente excluida. Debe de verse algo fundamental. Una vez que recayó la sentencia anulatoria, la Administración no dispuso recomponer las actuaciones, para dictar un nuevo acto de adjudicación legítimo. Decidió dejar sin efecto el llamado y, tal proceder, consolidó el derecho de la actora a ser reparada por la “chance” perdida de resultar adjudicataria en el llamado de 2012. Nadie mejor que Cassinelli Muñoz para explicar esto, con palabras que parecen haber sido escritas para este caso. Dice este autor: “ El interés del titular de una situación jurídica de interés legítimo puede quedar satisfecho o insatisfecho, luego de cumplidos los procedimientos que podrían darle satisfacción. Si esos procedimientos se han desarrollado legítimamente, aquella satisfacción o insatisfacción no configura ningún ilícito ni se califica por ende como daño jurídico. Hay lesión de interés legítimo, en cambio, si la actividad que podría haber conducido a la satisfacción del interés ha sido desarrollada insatisfactoriamente respecto del interés en cuestión e ilegítimamente. Esa lesión del interés legítimo ha consistido pues en la pérdida de la oportunidad de satisfacción, en la frustración de una posibilidad. Cuando la lesión de interés legítimo puede ser eliminada reconstruyéndose con arreglo a Derecho los procedimientos que estaban viciados, la posibilidad frustrada se recupera y habrá una nueva oportunidad de satisfacción del interés legítimo; oportunidad que quizá dé lugar a su satisfacción efectiva, aunque también puede dar lugar a que aquel interés quede legítimamente insatisfecho. En cambio, si no fuera posible o no correspondiera la reconstrucción de los procedimientos inválidos, el daño causado por la pérdida de la oportunidad de satisfacción sólo puede medirse cuantitativamente en términos de probabilidad (...) la responsabilidad civil abarca no sólo la indemnización de los daños consistentes en la privación del goce de un derecho, sino también aquellos consistentes en la pérdida de una probabilidad de satisfacción de un interés directo, personal y legítimo ” (Cassinelli Muñoz, H; “Reparación por la pérdida de una probabilidad” en “Derecho Constitucional y Administrativo”, La Ley URUGUAY, Montevideo, 2010, págs. 1121/1122; ver en idéntico sentido Cassinelli Muñoz, H; “Responsabilidad el Estado...”, cit., págs. 1138/1139). En el caso en examen, la entidad paraestatal no recompuso con arreglo a Derecho el procedimiento selectivo, cosa que podría haber hecho dictando un nuevo acto de adjudicación en el marco del “Concurso de Precios” 03/2012. De haber procedido de ese modo, LENTIX S.A. podría haber tenido una nueva oportunidad de ver satisfecho su interés legítimo y, si la Administración hubiese obrado legítimamente (al dictar nuevamente el acto de adjudicación), dicho interés podría haberse visto legítimamente insatisfecho. Ahora bien, es evidente, que no procedió de ese modo. Como vimos más arriba, dejó sin efecto todo el procedimiento selectivo iniciado con el llamado 03/2012 y decidió, dos años después , realizar otro llamado (el “Llamado a precios” al que convocó por la Resolución Nº 03/2014). Ese proceder frustró definitivamente la “chance” de LENTIX S.A. de resultar adjudicataria del primer llamado. Como enseña Alicia Castro, resulta resarcible el daño que consiste en la pérdida de la oportunidad cierta de alcanzar un beneficio que aparece como probable, pudiendo demostrar que existía esa probabilidad (Cfme. Castro, A; “Algunos comentarios sobre la reparación del daño y los criterios de actualización en la responsabilidad civil del Estado”, AA. VV.: “Segundo coloquio de responsabilidad del Estado y jurisdicción”, Universidad, Montevideo, 1995, pág. 105). En este caso, lo que resulta resarcible es la “chance” definitivamente frustrada de resultar adjudicataria del llamado realizado por la Resolución 03/2012 y de cumplir con el contrato de suministro que estaba en juego. Como enseña Gamarra, se hace referencia a la “chance” en el sentido de la pérdida de la probabilidad, pues con el evento dañoso imputable al ofensor se frustra la posibilidad de ganar algo o de evitar una pérdida. La situación puede esquematizarse -como bien dice Gamarra- en base a dos componentes: 1º) la probabilidad que es suprimida por el evento dañoso y 2º) la ventaja esperada o resultado final, cuya realización frustra la pérdida de la probabilidad. Al frustrarse una “chance” u oportunidad, la cuestión radica en qué tan probable era esa probabilidad segada por el evento dañoso. Al decir de nuestro autor: “... en la pérdida de ‘una chance’ el dato definitorio es la existencia de una probabilidad concreta, y la reparación queda reducida inevitablemente a una fracción de la ganancia esperada, cuantificada en función de la importancia de la ‘chance ’ ” . (Cfme. “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, T. XXIV, FCU, Montevideo, 2009, págs. 115/116). Por su parte Jorge Peirano Facio expresa que la “chance” tiene un valor en sí misma, con independencia de todo hecho futuro . Y, como añade este autor: “ ...no existe razón alguna para negar el carácter de daño indemnizable a la pérdida de una ‘chance’” (“Responsabilidad Extracontractual”, Barreiro y Ramos, Montevideo, 1954, págs. 364/365). En los procesos en los que está en juego demostrar la pérdida de la “chance”, corresponde demostrar que si el ilícito [en este caso la adjudicación indebida] no hubiese tenido lugar, el sujeto habría tenido una oportunidad que, por el contario, ha perdido (Cfme. Taruffo, Michele: “La prueba científica en el proceso civil” en AA. VV.: “Estudios sobre la prueba”, Fontamara, México, 2016, pág. 183). A la reparación de esa oportunidad perdida, de resultar adjudicataria, fue que oportunamente condenó el decisor de primera instancia en su impecable sentencia. Por tal razón y, en definitiva, entendemos que corresponde casar la sentencia hostilizada y, en su lugar, mantener el pronunciamiento de primera instancia; sin especial condenación procesal.