Sentencia Definitiva N° 1.121/2019

Montevideo, trece de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ A.A. Y OTROS C/ BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL Y OTROS - RESPONSABILIDAD MÉDICA - CASACIÓN ” , IUE: 2-55559/2013 . RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva nro. 71, de fecha 28 de setiembre de 2017, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Segundo Turno, se falló: “ Amparar la excepción de falta de legitimación pasiva de la Administración de los servicios de Salud del Estado y declarar de oficio la falta de legitimación pasiva de la codemandada Dra. Graciela Cuervo y en su mérito, desestimar la demanda instaurada con respecto a los citados codemandados. Desestimar la demanda instaurada por los fundamentos expuestos en los Considerandos quinto y sexto. No imponer especial condena procesal en el grado ” (fs. 765/779). II) Por sentencia definitiva identificada como DFA 0004-000459/2018, SEF 0004-000110/2018, de fecha 1º de agosto de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, dispuso: “ Confírmase la sentencia apelada en todos sus términos. Sin especial condena en costas ni costos de la alzada ” (fs. 832/838). III) Contra dicha sentencia, la parte actora interpuso el recurso de casación en estudio (fs. 843 y ss.). Expresó, en síntesis, los siguientes agravios. a) La Sala realizó una errónea aplicación de los arts. 1322 y 1319 del C.C., así como ha efectuado una incorrecta valoración de la prueba. b) Le agravia la sentencia en cuanto, al igual que el fallo de primer grado, declaró la falta de legitimación pasiva de la coaccionada Dra. CUERVO. En efecto, la Sala entendió que, tratándose de servicios prestados por una Institución Estatal, el funcionario público carece de legitimación pasiva. Indicó que discrepa en el punto y que adhiere a la posición que sustenta la posibilidad de acumular ambas responsabilidades (contractual y extracontractual). c) Le causa agravio el hecho de que la impugnada rechazó la demanda respecto del B.P.S. por ausencia de nexo causal. Esgrime que las sentencias son incongruentes, en tanto los conceptos jurídicos aplicados son correctos, empero, la aplicación al “subexamine” lleva a conclusiones adversas. La Sala realizó una equivocada valoración de la prueba, por cuanto analizó parcialmente el dictamen pericial obrante en autos. El perito a fs. 516 señaló: “ En suma, se trata de un paciente que fallece a consecuencia de un Ram dado por síndrome Steven Jhonson fulminante post ingesta de Lamotrigina”. Asimismo, el profesional indicó en su informe que: “ ...el tema en cuestión es la indicación de una colega de una medicación (lamotrigina) a un paciente del BPS que determina un RAM, el mismo por las complicaciones y gravedad del mismo determino la muerte del paciente ”. La impugnada tomó como conclusiones solo algunos segmentos de la declaración, sin realizar una valoración en conjunto de las expresiones del médico periciante. El causante falleció por un RAM que se desarrolló en síndrome Steven Jhonson, no hay otra causa de la muerte y el nexo causal está entre la acción culposa de la Dra. CUERVO y el RAM que derivó en su muerte. La causa de muerte no fue desacreditada por ninguno de los demandados ni por la prueba pericial obrante en autos. La Sala valoró incorrectamente el informe forense realizado en el expediente penal por el Dr. Guillermo LÓPEZ, que fue agregado como prueba trasladada. d) Existió un claro apartamiento de la “lex artis”, por cuanto el actuar de la Dra. CUERVO la llevó a indicar una medicación en relación a la cual en el año 2011 todavía no se sabía muy bien sus efectos, dándole una dosis arbitraria, sin ninguna advertencia. Si bien no se puede afirmar que la muerte se produjo exclusivamente a consecuencia de la Lamotrigina, tampoco se puede afirmar lo contrario. Se murió quemado a menos de un mes de iniciar el tratamiento. e) El nexo causal es indubitable: se trata de un paciente que concurre a un control de rutina (sin crisis epilépticas desde hace varios años) y que venía desde hace 20 años con la misma medicación, el cual desarrolla a las 72 horas del comienzo de la ingesta de lamotrigina los primeros síntomas de fiebre y reacción cutánea, falleciendo a poco más de un mes. Para evitar la muerte hubiere bastado no cambiar la medicación. f) Señala que le agravia el hecho de que la Sala haya desestimado la condena por pérdida de la chance, solicitada en la ampliación de la demanda en forma subsidiaria. Discrepa con el concepto y los elementos exigibles (comportamiento culposo y falta de prueba de la relación causal entre la culpa médica y el daño), los que han sido valorados erróneamente. El Tribunal entendió que no existe prueba fehaciente de la probabilidad, porque el perito dijo que el paciente estaba tomando otros medicamentos. En el punto, la impugnada valoró equivocadamente la prueba. En definitiva, solicitó se case la sentencia impugnada. IV) Sustanciado el recurso de casación, a fs. 860 y ss. evacuó el traslado A.S.S.E., a fs. 862 y ss. hizo lo propio el B.P.S. y a fs. 865 contestó la Sra. Graciela CUERVO; todos abogando por la desestimatoria. V) El día 11 de octubre de 2018, los autos fueron recibidos por la Suprema Corte de Justicia (fs. 883). VI) Por auto nro. 3097, de fecha 22 de octubre de 2018, se dispuso el pase a estudio de la presente causa (fs. 884 vto.). VII) Atento a las razones expresadas por el Sr. Ministro Dr. Eduardo TURELL, por decreto nro. 76, de fecha 6 de febrero de 2019, se concedió el derecho de abstención solicitada, ordenando el sorteo correspondiente (fs. 890), recayendo la suerte en la persona de la Sra. Ministra Dra. Mónica BESIO (fs. 896), con quien prosiguió el estudio de la causa (fs. 897); concluido el estudio se acordó sentencia en el día de hoy. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, integrada y por unanimidad, desestimará el recurso de casación, pues estima que la recurrida no adolece de vicios que causen su nulidad, por los siguientes fundamentos. II) El caso de autos . A fs. 92 comparecieron los Sres. E.E., A.A. y M.M., promoviendo pretensiones reparatoria patrimonial, por responsabilidad contractual y extracontractual, derivadas de una mala praxis médica, contra el BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL (BPS), la ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE), CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO - CENTRO 5 - HOSPITAL PACHECO (DE.ME.QUI.) y la Dra. Graciela CUERVO CANCLINI. Indicaron que el día 19 de febrero de 2010 falleció el Sr. L.L., a la edad de 21 años, a consecuencia de un shock y falla multiorgánica, con un diagnóstico al egreso de dermopatía tóxica; con escalpes de porcentaje de superficie corporal total. Dicho desenlace fatal -aducen- se debió a la mala praxis en que incurrió la médica tratante, co-demandada CUERVO, al prescribirle erróneamente Lamotrigina. Reclamaron la reparación del daño moral y patrimonial (lucro cesante y pérdida de chance). Tal como se indicó en los RESULTANDOS I y II del presente fallo, en ambas instancias de mérito se desestimó la demanda, coyuntura que motivó la interposición del recurso de casación en estudio y que en lo sucesivo será objeto de análisis. III) Del mérito de la impugnación . III.1) De una aclaración preliminar . En lo inicial, es del caso señalar lo confuso y errático que resulta el escrito recursivo presentado por los actores, lo cual dificulta su intelección y, en definitiva, perjudica la posición procesal de la parte. Asimismo, se advierte que, casi en su totalidad, el escrito que contiene la recurrencia resulta una reiteración textual del recurso de apelación (fs. 780 y ss.); basta con leer ambos libelos para rápidamente advertir la identidad de sus respectivos contenidos. Sin perjuicio de tales carencias, se aprecia -no sin antes realizar un gran esfuerzo interpretativo-, que el menú de agravios contenido en la recurrencia, puede resumirse en los siguientes: 1) el que dice relación a la declaración de falta de legitimación pasiva de la coaccionada Graciela CUERVO (fs. 844 vto./846); 2) el que refiere al nexo causal y a la pérdida de la chance (fs. 846 y ss.). En el orden reseñado serán analizados a continuación. III.2.1) De la falta de legitimación pasiva de la co-enjuiciada Graciela CUERVO . En lo particular, se agravia la parte actora por cuanto, al igual que lo hizo el fallo de primer grado, la impugnada declaró la falta de legitimación pasiva de la referida demandada. Pues bien; lo indicado plantea una controversia procesal en el seno de la Corte, relativa a la admisibilidad del recurso de casación movilizado, respecto al sector de la impugnación en análisis; temática que se abordará seguidamente. III.2.1.1) A juicio de la mayoría de la Corte, integrada por los Dres. Luis TOSI, Bernadette MINVIELLE, Mónica BESIO y la redactora, no cabe hacer cuestión sobre la admisibilidad del recurso, pues los Sres. Ministros coinciden en que, en el supuesto de autos, la totalidad de la sentencia resulta revisable en casación. En tal posición, el caso de autos debe ser considerado como un juicio seguido contra el Estado (art. 268 del C.G.P.), pese a la presencia de dos co-demandados que no son una entidad estatal. Si la disposición en cuestión (el inciso 2 del artículo 268 del C.G.P. en la redacción dada por el art. 342 de la ley nro. 18.172), se sancionó para habilitar la revisión en casación de lo decidido (amplificando las hipótesis de regla en las cuales procede el recurso), entonces debe beneficiar a todas las partes que intervienen en el juicio. Como observa Walter GUERRA PÉREZ, el sistema de garantías está dado desde el propio inicio del proceso y para ambas partes en pie de igualdad. En la medida en que inicialmente uno de los integrantes de la parte demandada es el Estado o alguno de los órganos enunciados por la disposición, queda determinado desde el inicio el estatuto de reglas y las garantías que regulará el proceso (cf. “Normas procesales según la Ley de Rendición de Cuentas Nº 18.172. Intimación de pago, competencia de los juzgados letrados de lo contencioso administrativo y recurso de casación”, publicado en Revista Estudios Jurídicos, nro. 5, UCUDAL, Montevideo, año 2008, pág. 126). Al respecto, si bien para establecer las condiciones de admisibilidad del recurso se toma en consideración un aspecto subjetivo (que una de las partes sea la Administración Estatal), la solución legal no atiende sólo a una de las partes, sino que resulta extensible a cualquiera de los sujetos que interviene como parte o co-parte en el proceso, con independencia de si integra el lado activo o pasivo de la relación procesal. En este último caso, la actuación en supuestos de litisconsorcios facultativos debe valorarse a la luz de las reglas del proceso acumulativo, marco en el cual corresponde que se aplique la misma norma de admisibilidad de los recursos a todos los sujetos intervinientes, siendo contrario a los principios propios de la acumulación pretender cualquier fraccionamiento. Los Señores Ministros consideran que una interpretación contraria no encuentra justificación en la letra, ni en el espíritu de la norma, además de contrariar los principios de igualdad y continencia de la causa. Asimismo, no resulta acorde a la comunidad de la acción que debe existir entre los litisconsortes facultativos, referente a la unidad del proceso (artículo 45 in fine del C.G.P.), pues se estaría perjudicando la suerte de uno de los litisconsortes por el obrar de otro, lo cual se encuentra vedado por la norma. Además, las cuestiones debatidas, que tienen origen en una misma causa, deben tener un tratamiento uniforme, para no afectar el principio de continencia de la causa y el de coherencia de las decisiones judiciales (cf. KLETT, Selva “Algunos temas de interés en el área de los medios impugnativos”, RUDP No. 2/05, págs. 394/397). En definitiva, siendo un proceso en el que intervienen como demandadas dos entidades estatales (más dos particulares), cuyo monto supera las 6.000 U.R., la posibilidad de interponer el recurso de casación a fin de revisar todos los sectores del fallo, existe para todas las partes intervinientes aun cuando existan dos sentencias en idéntico sentido y sin discordia, en primera y segunda instancia, que se pronuncien sobre un mismo punto. Este Colegiado ha sostenido esta tesis en mayoría en las recientes sentencias nros. 734/2018, 240/2018, 1.778/2017, 1.017/2017 y 854/2017. III.2.1.2) Por su parte, el Dr. Jorge CHEDIAK considera que el recurso de casación deducido por la parte actora, que busca revisar la declaración -en dos instancias- de falta de legitimación pasiva de la Sra. CUERVO, resulta inadmisible en aplicación de lo dispuesto por el artículo 268 inciso 2 del C.G.P., de acuerdo con el criterio expuesto por la Corte –entre otras– en sentencias nros. 29/2016, 178/2015, 830/2014, 1.807/2013 y 54/2013. A criterio del Sr. Ministro, en el caso del particular co-demandado, existen dos sentencias conformes, razón por lo cual su situación deviene inmutable atento a que la prerrogativa procesal y su régimen de excepción, no es aplicable a los particulares. Entonces, acorde con lo que viene de decirse, en el caso de la co-enjuiciada CUERVO, la situación deviene inmutable, atento a que la prerrogativa legal (art. 268 inc. 2° del C.G.P.) no resulta extensible a su respecto. Pues bien, despejada la cuestión ritual antedicha, corresponde -ahora sí- analizar lo sustancial de la impugnación. III.2.1.3) En cuanto al mérito de la cuestión en debate, esto es, si puede demandarse al funcionario que con su acción u omisión produjo el resultado dañoso conjuntamente con el Organismo para el que prestaba servicios, en el seno de la Corte también existen posiciones contrapuestas. III.2.1.3.1) En tal sentido, a juicio de las Dras. Mónica BESIO y la redactora, el agravio no puede recibir el amparo jurídico que se reclama. En lo particular, las Sras. Ministras comparten la jurisprudencia de la Corte -en su integración anterior-, la que, en sentencia nro. 19/2015 (que a su vez remite a la sentencia nro. 2.434/2010), sostuvo: “ Sobre este punto, cabe recordar las enseñanzas de Sayagués Laso, quien expresa: ‘El texto constitucional es claro en cuanto a que la responsabilidad patrimonial frente a terceros recae sobre la administración, no siendo posible accionar contra el funcionario. Además éste es el único punto sobre el cual pueden invocarse los antecedentes parlamentarios, que son claros y explícitos en ese sentido a través de las distintas fórmulas consideradas...’. ‘El art. 24 no determina en qué casos surge responsabilidad de la administración. Se limita a establecer el principio general de la responsabilidad directa de los entes estatales, excluyendo la responsabilidad personal de los funcionarios frente a terceros...’ (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, 8a. Edición puesta al día al 2002 por Daniel Hugo Martins, Nos. 455 y 456, págs. 643 y 644; cf. Sentencias Nos. 241/2005 T.A.C. 4o., 393/2005 del T.A.C. 2o. y 261/2006 de la Corporación -en mayoría-, estas dos últimas comentadas por Rotondo, Felipe, ‘Responsabilidad del funcionario público; ¿directa?’, Anuario de Derecho Administrativo, Tomo XV, págs. 145 a 154) ” . “ En el mismo sentido el Dr. Ettlin al analizar la legitimación pasiva de los funcionarios públicos en litigios contra el Estado, estudia la formación del sistema de responsabilidad estatal de los funcionarios conforme a los artículos 23 a 25 de la Constitución en el período anterior a la Constitución de 1934 y la evolución hacia el régimen actual regulado a partir de la Carta de 1952. De esta forma, indica que a partir de la misma se modificó radicalmente el sistema anterior en cuanto a determinar normativamente quién sería el único legitimado pasivo de la acción de responsabilidad estatal por hecho o acto del funcionario, precisando: ‘Así, se estableció que la acción de responsabilidad patrimonial por hecho del funcionario contra un administrado o tercero debe dirigirse pura, directa y exclusivamente contra el Estado, a quien jurídicamente pasa a imputársele de modo frontal la responsabilidad (art. 24). Con este nuevo sistema, por una parte se quería dar seguridad y garantizar al ciudadano el derecho pleno de resarcirse en todas sus formas al máximo posible respecto al Estado, estableciendo que quien responde es directa y sencillamente el Estado, dando al tercero o administrado reclamante sea un pagador o un legitimado pasivo, sea una garantía de responsabilidad supuestamente solvente...contra el daño ocasionado por el funcionario, imputando directamente al Estado o al organismo público la cuestionable actuación funcional...’. Posición que, asimismo, es sostenida por Prat al afirmar que: ‘La lectura de los arts. 24 y 25 de la Constitución son claros en su redacción en cuanto a que la responsabilidad patrimonial por el ejercicio de la función administrativa es directa de la Administración. Y en todos los casos. La víctima no puede accionar directamente contra el funcionario culpable’ (cf. ‘Derecho Administrativo’, Tomo IV, Volumen II, pág. 59). En el sentido apuntado, es de señalar como argumento coadyuvante, que la Constitución de 1952 que introdujo la modificación antedicha, en su disposición transitoria T) estableció: ‘Los juicios en trámite iniciados contra los funcionarios y el órgano del Estado de que dependen, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución vigente, proseguirán en adelante exclusivamente contra el órgano del Estado demandado sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 25’. Por lo que queda claro que en el régimen desde entonces vigente el funcionario causante del daño no puede ser responsabilizado por la víctima del daño, salvo por vía de regreso por el propio Estado’ ” (en el mismo sentido: sentencia de la Corte nro. 19/2015; sentencia del TAC 5° T. nro. 148/2016; sentencia del TAC 7° T. nro. 63/2016 y sentencia nro. 2/2010 y 255/2010 del T.A.C. 6º T.). Incluso, a juicio de las Dra. BESIO y la redactora, dicha solución ha recibido consagración legal expresa, respecto de los funcionarios del BANCO CENTRAL DEL URUGUAY que realicen tareas de control y regulación (art. 13 de la ley nro. 18.401). Lo mismo respecto de los miembros de los órganos de contralor interno que representen a los entes autónomos o servicios descentralizados del dominio industrial o comercial del Estado en los emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a que refiere el artículo 7º de la ley nro. 17.292 (artículo único ley nro. 18.182). Tal causística legal ilustra la interpretación que ha venido formulando el Legislador del texto constitucional, en el sentido de que no cabe enjuiciar directamente al funcionario público. Entonces, conforme a lo expresado, la decisión adoptada por la Sala no resulta susceptible de ser corregida en sede casatoria, al ser acorde a las pautas hermenéuticas que debe observar el intérprete frente al contenido de la norma establecida por el Constituyente. III.2.1.3.2) Por su parte, en posición diferencial, los Dres. Luis TOSI y Bernadette MINVIELLE, estiman que le asiste razón a la parte recurrente en su planteo. Sin perjuicio de reconocer la opinabilidad del tema y la mayoritaria posición jurisprudencial contraria, adhieren a la tesitura que entiende que el tercero puede demandar directamente la reparación integral tanto al Estado como al funcionario público. Comparten, en tal sentido, la posición expuesta por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° T. en sentencias nros. 169/2006 y 359/2011, en las que el órgano referido sostuvo: “ Se coincide plenamente con Risso Ferrand (Seg. Coloquio..., p. 17-18) cuando dice: ‘...por último, los arts. 24 y 25 no dicen ni que la única vía por la cual los terceros damnificados pueden lograr la reparación del daño sufrido sea la del art. 24, ni que dichos terceros no puedan demandar directamente al o los funcionarios, ya sean en forma principal y exclusiva, o en forma conjunta con el Estado. Pues bien, si la Constitución sólo nos habla de la responsabilidad de los sujetos de derecho público y de la posibilidad de que éstos, en determinadas ocasiones repitan contra los funcionarios, ¿qué se debe concluir del texto constitucional respecto de los funcionarios? Sostener que tienen una suerte de inmunidad y que su responsabilidad civil (por los daños causados en ejercicio de sus funciones o en ocasión de dicho ejercicio) sólo puede hacerse valer por la vía indirecta del art. 25, parece que no podría admitirse, ya que dicha hipótesis no tiene base constitucional. Parece que lo razonable sería sostener que la eventual responsabilidad directa de los funcionarios es una cuestión no regulada por la Constitución. Lo que es muy distinto a sostener que existe un vacío constitucional, que en la especie no se configura. La Carta no regula la materia y la misma queda librada a la Ley. Cabe agregar que ante el silencio del ordenamiento jurídico, la solución es claramente la responsabilidad civil de las personas físicas y jurídicas’ ” (cf. fallo publicado en LJU, T. 135, c. 15410). En igual sentido se pronunció el ex Ministro de la Corte, Dr. VAN ROMPAEY, quien, en discordia extendida en sentencia nro. 216/2006, afirmó, en conceptos enteramente compartidos por el Dr. TOSI: “ La revocatoria de la Sala se funda en que el art. 24 de la C.N. consagra la responsabilidad exclusiva del Estado, excluyendo al funcionario autor del ilícito culposo, el que sólo podría ser demandado por el Estado. A mi juicio la referida tesis no resulta de recibo legal, pues entiendo que tal como lo ha sostenido reiteradamente esta Corporación (v. sents. de la S.C.J. Nos. 360/03, 401/03, entre muchas otras) la responsabilidad del Estado por hecho ajeno se rige por los mismos principios de la responsabilidad civil desarrollados por el Derecho privado (Cfme. De Cores, Reflexiones sobre la naturaleza de la responsabilidad civil del Estado, A.D.C.U., T. XXII, págs. 399 y ss.). Así las cosas, en hipótesis como la de autos existen dos sujetos obligados a reparar el mismo daño: el autor directo del evento dañoso y el que responde en vía indirecta o vicaria. La víctima puede dirigirse indistintamente o en forma conjunta contra cualquiera de ellos para reclamar el pago de la obligación indemnizatoria (Gamarra, T.D.C.U. t. XX, ed. FCU año 2003, ps. 183/184) en virtud de dos supuestos normativos diferentes, el funcionario responde en su calidad de autor del ilícito culposo y dañoso (art. 1319 CC) y el Estado debe responder como garante ante el daño causado por el ilícito culposo del dependiente (arts. 24 y 25 CN y arts. 1324 y 1326 del CC); y el acreedor, al amparo del instituto de la acumulación inicial de pretensiones (art. 120 CGP), puede reclamar el pago indistintamente a cualquiera de ellos”. “ (...) ” “La circunstancia de que se haya demandado a una entidad estatal por el ilícito culposo y dañoso de un funcionario, no varía la solución, pues tal como lo advierte Risso Ferrand: ‘... los artículos 24 y 25 no dicen ni que la única vía por la cual los terceros damnificados pueden lograr la reparación del daño sufrido sea la del artículo 24, ni que dichos terceros no puedan demandar directamente al o a los funcionarios, ya sea en forma principal y exclusiva, o en forma conjunta con el Estado (...) Parece que lo razonable sería sostener que la eventual responsabilidad directa de los funcionarios es una cuestión no regulada por la Constitución ...La Carta no regula la materia y la misma queda librada a la Ley...ante el silencio del ordenamiento jurídico, la solución es claramente la responsabilidad civil de las personas físicas y jurídicas, establecida en forma elocuente, entre otras normas, en el artículo 1.319 del Código Civil... la solución que estimamos correcta respecto al texto de los artículos constitucionales referidos, consiste en que: a) la Constitución reconoce la responsabilidad directa de los sujetos de derecho público por los daños causados a terceros b) cuando se indemniza en base al artículo 24, y en los casos del artículo 25, se podrá repetir lo pagado contra el o los funcionarios que correspondan. c) no se establece en nuestra Constitución ningún tipo de inmunidad o impedimento en materia de responsabilidad civil de los funcionarios, salvo la que surge en caso exclusivo de repetición en base al artículo 25 ... d) los terceros damnificados podrán optar por demandar directamente al Estado en base al artículo 24, o a los funcionarios que hayan ocasionado los daños en base a las normas legales generales, e incluso podrían demandar en forma conjunta al funcionario y al sujeto de derecho público que corresponda...’ (‘Responsabilidad civil de los funcionarios Públicos’, en: ‘Segundo Coloquio: Contencioso de Derecho Público. Responsabilidad del Estado y Jurisdicción’, págs. 17 - 18, Ed. Universidad, año 1995). En este sentido, señala A. Gordillo que: ‘...la importancia de que el funcionario público ...que perjudica a los usuarios, administrados y consumidores y genera responsabilidad... sufra también las consecuencias de su hecho dañoso es decisiva, pues esto constituye un elemento fundamental para fijar límites concretos a la negligencia y arbitrariedad eventuales de las autoridades públicas o que ejercen funciones administrativas y públicas. Como dice con acierto Hauriou: ‘No hay apenas materias de derecho público más importantes que éstas de la responsabilidad pecuniaria de las administraciones públicas y de los funcionarios. Ellas no tienen solamente un interés de orden constitucional. Ni se trata solamente de saber si la víctima de un daño será indemnizada más o menos seguramente; hay también, y sobro todo, una cuestión de garantía constitucional de la libertad ...porque la eventualidad de la responsabilidad pecuniaria es todavía el mejor medio que se ha encontrado para impedir las prevaricaciones de los funcionarios...’ (Tratado de Derecho Administrativo, 1ª ed. colombiana año 1998, ed. Dike, ps. XVI-1 y XVI-2). En suma, los privilegios e inmunidades, de orden penal o civil, deben interpretarse restrictivamente, al conformar una excepción al principio constitucional de igualdad (art. 8 de la Carta) y al principio general de derecho que impone la obligación de reparar el daño al sujeto que lo causa (art. 1319 CC). Y resulta paradojal que, sin norma constitucional ni legal que lo disponga expresamente, se exima de responsabilidad al autor material de un ilícito civil, tesitura que, por añadidura, no contribuye sino que, por el contrario, desalienta, a la más eficiente y diligiente prestación de los servicios por los funcionarios públicos ” (cf. discordia publicada en LJU, T. 136, c. 15504; véase asimismo las sentencias del TAC 1° nros. i 59/2011 y 114/2017). Los Dres. TOSI y MINVIELLE entienden que el art. 24 y 25 de la Constitución regulan exclusivamente la responsabilidad patrimonial del Estado frente a los particulares, sin pronunciarse respecto a la responsabilidad personal del funcionario frente a terceros. El art. 24 consagra el principio de la responsabilidad del Estado (que aunque quizás actualmente parezca una obviedad, ciertamente no lo es, pues durante siglos se consideraba que el Monarca no se equivocaba y no podía ser llamado a responsabilidad). El art. 25, en tanto, regula los supuestos en que el Estado puede repetir contra el funcionario. Las referidas disposiciones constitucionales son perfectamente compatibles con la normativa del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, en particular los arts. 1319 y 1324. En consecuencia, nada impide que un particular demande directamente al Estado por la vía del art. 24 de la Constitución y al funcionario que le haya causado el daño por la vía de los arts. 1319 y/o 1324 del Código Civil. A su vez, es posible acumular a la demanda de responsabilidad contra el funcionario por hecho propio (art. 1319 o 1324 inc. 1° si intervino una “cosa”), la pretensión de responsabilidad del Estado por el hecho de su dependiente (art. 1324 incs. 1° y 5°). En función de lo expuesto, los referidos Ministros no coinciden con la solución adoptada en ambas instancias de mérito; sin embargo, por lo que se dirá seguidamente, respecto a la ausencia de responsabilidad de la co-demandada, por no haberse acreditado el nexo causal con el resultado dañoso, la declaración de legitimación pasiva deviene de todos modos baladí. III.2.2) De los agravios relativos al nexo causal y a la pérdida de la chance . En el punto, se advierte que la totalidad de los agravios articulados se ciñen a que la Sala infringió las reglas de valoración de la prueba (arts. 140, 141 y 184 del C.G.P.). La Corte, integrada y por unanimidad de sus miembros, estima que el agravio es de rechazo. En realidad, el medio impugnativo movilizado no puede prosperar, por cuanto el recurso se sustenta en una crítica a la valoración de la prueba realizada por la Sala que, mayoritariamente, se hace a partir de afirmaciones genéricas y reiterativas de lo ya expuesto en instancias anteriores, sin tildarla de ilógica, absurda y/o arbitraria, únicos supuestos revisables en casación. Sobre el particular, este Colegiado ha sostenido en forma reiterada que a pesar de que el art. 270 del C.G.P. prevé la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba como causal de casación, el ámbito de la norma queda circunscripto a la denominada prueba legal o tasada y, en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando se incurre en absurdo evidente por lo grosero o infundado del razonamiento y la denuncia de tal error surge, explícita, del memorial de agravios o se infiere de la forma en que ellos han sido estructurados. En esta línea de razonamiento, la Corte ha expresado que tanto la revisión de la plataforma fáctica como la revaloración de la prueba no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría a esta etapa de casación o de revisión meramente jurídica en una tercera instancia no querida por el legislador (cf. sentencias Nos. 58/1993, 716/1996, 338/2002, 323/2003, 202/2005, 706/2008, 74/2009, 163/2009 –en R.U.D.P. 1-2/2010, c. 1122, págs. 596 y 597-, 685/2012, 243/2013, 534/2013, 16/2014, 306/2015, 66/2016, 162/2016, 10/2017, 216/2017, 406/2017, por citar solamente algunas). En el caso de autos, se considera -tal como se verá seguidamente- que la valoración del material probatorio realizado por la Sala no supuso un apartamiento del canon legal de valoración establecido en los artículos 140, 141 y 184 del C.G.P., por lo menos con las notas que habiliten su revisión en casación. En este marco, la Sala expresó: “ Ahora bien, la existencia de mala praxis no es suficiente para que se configure la responsabilidad médica, sino que es necesario que se verifique una relación de causalidad entre la conducta antijurídica y el resultado dañoso, nexo causal que no se presume (cf. Opinión de las Dras. Martínez y Salvo en ADCU Tomo XXVIII, p. 622). Emerge de obrados que Leonardo Ramos ‘Desde el 4/01/2010 se encontraba bajo tratamiento con antibióticos inicialmente por vía (palabra ilegible) y luego intravenosa por una afectación odontológica y posteriormente por infección respiratoria alta (fs. 458)’. Al respecto el Dr. Salamano consigna: ‘La aparición de un cuadro clínico en este paciente es cronológicamente compatible tanto con la ingesta de cefalosporinas como de lamotrigina. Por una parte, surge probado del registro del psiquiatra el 15/01, antes de comenzar a recibir lamotrigina, el paciente ya presentaba lesiones cutáneas de tipo alérgicas que se atribuyeron al antibiótico que estaba consumiendo (si bien en 2201, 2206 y 2007 ya había recibido el antibiótico sin presentar reacción alérgica’ (fs. 461). A su vez, el perito Dr. Bologna, al ser preguntado en audiencia sobre ese extremo, manifiesta: ‘Él está recibiendo varios medicamentos no se puede saber cuál fue el desencadenante’ (fs. 740). La conclusión del perito, compartida por el Dr. Salamano -como viene de señalarse- es que, atento que el paciente estaba tomando más de una medicación con aptitud para provocar el Síndrome Steven Johnson, no es posible determinar si fue la indicada por la médica co-demandada la que desencadenó la reacción adversa que terminara en su deceso. Esa pericia no fue impugnada, y no se advierten errores lógicos o de razonamiento que permitan al Tribunal apartarse de sus conclusiones. Acceder a una condena como la pretendida por la actora, aun por pérdida de chance, requería probar que indefectiblemente la conducta de la médica que trabaja para el BPS al recetar la lamotrigina, fue determinante en la verificación del síndrome que le causara la muerte al joven Leonardo Ramos, lo que no logró hacer; razón por la cual se impone la solución ratificatoria de lo actuado en el grado anterior ya anunciada” (fs. 837). Pues bien, de la necesaria transcripción realizada, emerge que el Tribunal efectuó una valoración probatoria acorde con las reglas de la sana crítica (la que se podrá compartir o no), o al menos, no violatoria de las mismas, y el razonamiento probatorio realizado no parece ilógico o equívoco, ni apartado del canon legal de valoración establecido en las normas procesales incidentes, que habilite su revisión en casación, pretendiendo el recurrente la revalorización del cúmulo probatorio. La ponderación ejercitada por el Tribunal, que resulta concordante con la correctamente elaborada en primera instancia, sin perjuicio de las meras discordancias y el análisis parcial ensayado por la parte actora, en forma alguna puede calificarse como absurda, arbitraria o ilógica (notas, incluso, no invocadas por los reclamantes). En el “subexamine”, lo que ocurre es que la Sala valoró la prueba obrante en autos (informe pericial del Dr. BOLOGNA –el que no fue impugnado por la parte actora- e informe del Dr. SALAMANO en Sede Penal) y, a partir de ella, concluyó fundadamente que no se encuentra probado el nexo causal, ni la pérdida de la chance esgrimida por la parte actora. Ello, por cuanto, ambos son contundentes en que no es posible determinar cuál fue el origen de la reacción adversa que determinó el fatal desenlace. Este extremo fue reconocido por la propia impugnante en su escrito impugnativo, en cuanto señaló que: “ Si bien no se puede afirmar que la muerte la produjo exclusivamente la lamotrigina... ” (fs. 849 vto.). En definitiva, en la especie no se advierte que el “ad-quem”, en el acierto o en el error, haya apreciado la prueba excediendo los límites de la racionalidad, de modo que, a juicio de la Corte, se mantuvo dentro del campo de la discrecionalidad con la que cabe aplicar las reglas de la sana crítica fuera del campo de la revisión casatoria. Finalmente, es del caso señalar que, si bien la temática referida al “nexo causal” es “quaestio iuris” y, como tal -en principio- pasible de ser revisada en casación, la Corte se ve igualmente impedida de hacerlo en el caso, puesto que el eventual ejercicio de recalificación jurídica de los hechos no fue motivo de agravio en el grado, no formó parte de la petición impugnativa, ni se solicitó nada en tal sentido (art. 273 nral. 2 del C.G.P.). Por tratarse, entonces, de un extremo que no surge de la expresión de agravios, la Corte no puede ingresar a su análisis. IV) De las costas y costos . La correcta conducta procesal de las partes en litigio, determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del C. Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : I) DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA; SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. II) HONORARIOS FICTOS: 20 B.P.C. III) NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.