Sentencia Definitiva N° 1.118/2019

Montevideo, trece de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ PADUMEX S.A. C/ OFEROL S.A. Y OTRA - EJECUCIÓN DE SENTENCIA - CASACIÓN ”, IUE: 20-44/2016 . RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva n° 45, de fecha 26 de julio de 2017, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 1º Turno, se falló: “ Desestimando la excepción de inhabilidad de título difiriendo la determinación del crédito reclamado para la etapa procesal correspondiente. Las costas y costos son de precepto del demandado ” “ (...) ” (fs. 197/201 vto.). II) Por sentencia definitiva individualizada como DFA 0009-000296/2018, SEF 0009-000106/2018, de fecha 24 de julio de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, dispuso: “ Confírmase parcialmente la sentencia definitiva nº 45/2017 (fs. 197 a 202) recurrida, salvo en cuanto: a) dispuso diferir la determinación del crédito reclamado para la etapa procesal correspondiente, en lo que se revoca, y en su mérito, dispónese que el crédito ejecutado en autos respecto de cada uno de los condenados, queda limitado a la tercera parte de la condena impuesta por la sentencia definitiva de primera instancia nº 23/2012 de fecha 12 de abril de 2012; y b) impuso la condena en costas y costos de la oposición de excepciones a Oferol S.A., en lo que se le revoca y en su mérito, déjase sin efecto dicha condena. Sin sanciones procesales en el grado ” (fs. 321/327). III) Contra dicha sentencia, la parte actora interpuso el recurso de casación en estudio (fs. 332 y ss.). En tal sentido, articuló, en síntesis, los siguientes agravios: a) Infracción o errónea aplicación de los arts. 379.2 y 388 del C.G.P. Adujo que la sentencia de segunda instancia incurrió en infracción o errónea aplicación del art. 379.2 del C.G.P., al determinar el alcance de la excepción de inhabilidad de título por falta de requisitos esenciales para su validez. En este caso, la sentencia de condena ejecutada es título hábil para promover la presente ejecución, y no carece de ningún requisito de validez. Alegó que la co-ejecutada (OFEROL S.A.), señaló como fundamento de su excepción, que la suma que adeuda por sentencia es menor a la intimada y reclamada en la ejecución, ya que no debe responder por el total de la condena, sino por la tercera parte, y que la liquidación no sería correcta. Por su parte, la impugnada funda la inhabilidad del título en que la solidaridad no se presume y en que, no habiéndose declarado expresa-mente en la sentencia de condena, la ejecución no puede ser por el total, sino por la cuota parte correspondiente a cada ejecutado. Afirmó que, delimitado el fundamento de la excepción en esos términos, resulta claro que la excepción no debió ser amparada, puesto que OFEROL S.A. no alegó inhabilidad de título por falta de requisitos esenciales para su validez (art. 379.2 del C.G.P.). Como señala la sentencia de primera instancia, las discrepancias planteadas por la excepcionante deberán resolverse en la instancia procesal oportuna, esto es, en la etapa de liquidación del crédito (art. 388 del C.G.P.). Arguyó que las eventuales diferencias que puedan existir entre las liquidaciones del ejecutante y las que presenta el ejecutado, no pueden fundar válidamente una excepción de inhabilidad del título por falta de requisitos esenciales. b) Infracción relativa a la revocatoria de la condena en costas y costos . Se agravia por cuanto entiende que las costas y costos de la oposición de excepciones corresponde sea impuesta a la ejecutada. En efecto, su defensa solo fue amparada parcialmente, y aún respecto de la excepción acogida en segunda instancia, la solución anulatoria reclamada por vía de casación determina que, de admitirse, corresponde la vigencia de la solución dispuesta en primera instancia. IV) Sustanciado el recurso de casación, fue evacuado por OFEROL S.A.(fs. 341 y ss.), en el sentido de que correspondería rechazar la impugnación. V) Elevada la causa para ante la Suprema Corte de Justicia, fue recibida el día 23 de octubre de 2018 (fs. 352). VI) Por auto nº 3181/2018, de fecha 29 de octubre de 2018, se dispuso el pase a estudio (fs. 353 vto.). VII) En virtud de que el Sr. Ministro Dr. Eduardo TURELL suscribió la sentencia de segunda instancia, se declaró inhibido de oficio (fs. 365), circunstancia que provocó la integración de la Corte, recayendo la suerte en la persona de la Sra. Ministra Dra. Mónica BÓRTOLI (fs. 369), con quien prosiguió el estudio de la causa (fs. 370); concluido el estudio, se acordó el dictado de sentencia para el día de hoy. CONSIDERANDOS : I) La Suprema Corte de Justicia, integrada y por unanimidad, estima que los agravios contenidos en la impugnación son de pleno recibo, razón por la cual, anulará la sentencia de segunda instancia, de acuerdo con los siguientes fundamentos. II) El caso de autos . En autos compareció RTM GROUP INC., entablando demanda de ejecución de sentencia contra OFEROL S.A. y BOGNOR S.A. A fs. 163 compareció OFEROL S.A., interponiendo excepción de inhabilidad de título al amparo de lo establecido en el art. 379.2 del C.G.P. Como fundamento de su de-fensa señaló que, en el proceso de conocimiento, la ejecutante demandó a tres personas (OFEROL S.A., RTM URUGUAY S.A. y BOGNOR S.A.), sin pedir una condena solidaria. En este sentido, la sentencia que se ejecuta condenó a pagar una obligación dineraria, sin imponer la solidaridad, ni la indivisibilidad entre las tres co-ejecutadas. Adujo que, por tal razón, se trata de una obligación divisible y, como tal, solo se puede reclamar a cada una de las enjuiciadas la tercera parte de la suma objeto de condena. Refirió que, desconociendo lo anterior, la parte actora en su demanda de ejecución reclamó la totalidad del capital exclusivamente a la excepcionante, por lo que el título de ejecución es inhábil por el total y, además, el monto reclamado no es lo que indica la sentencia. En definitiva, solicitó se haga lugar a la excepción de inhabilidad de título, en el los siguientes términos: “... determinándose que la actual ejecución sólo es por la suma de U$S 89.466,28 con más los intereses legales del 6% anual a contar desde el 8 de marzo de 2008, lo que a la fecha de la demanda de vía de apremio (30 de junio de 2016) significaba U$S 134.080,16 (U$S 89.466,28 de capital y U$S 44.613, 88 de intereses) ” (fs. 166 vto.). Tal como se detalló “supra”, por sentencia de primera instancia se desestimó la defensa, aunque en alzada fue amparada, lo que motivó la interposición del recurso en estudio, cuyos agravios serán analizados en lo sucesivo. III) De los agravios relativos a la infracción o errónea aplicación de los arts. 379.2 y 388 del C.G.P: amparo parcial de la excepción de inhabilidad de título . Señaló la impugnante que la Sala incurrió en infracción o errónea aplicación del art. 379.2 del C.G.P., al determinar el alcance de la excepción de inhabilidad de título por falta de requisitos esenciales para su validez, por cuanto la sentencia de condena ejecutada es título hábil para promover la presente ejecución y no carece de ningún requisito de validez. Indicó que la impugnada fundó la inhabilidad del título en que la solidaridad no se presume y en que, no habiéndose declarado expresamente en la sentencia de condena, la ejecución no puede ser por el total, sino por la cuota parte correspondiente a cada ejecutado. Señaló que delimitado el fundamento de la excepción en esos términos, resulta claro que la defensa no debió ser amparada puesto que OFEROL S.A. no alegó inhabilidad de título por falta de requisitos esenciales para su validez (art. 379.2 del C.G.P.). En definitiva, afirmó que las eventuales diferencias que pueden existir entre las liquidaciones del ejecutante y las que presenta el ejecutado, deben resolverse en la etapa de liquidación y no pueden fundar válidamente una excepción de inhabi-lidad del título por falta de requisitos esenciales. Pues bien, en el marco descrito, a juicio de la Corte, asiste plena razón a la impugnante. En lo inicial, es del caso señalar que ambas sentencias de mérito coinciden en que asiste razón a la excepcionante en punto a que la condena dispuesta en el proceso de conocimiento no fue solidaria, por cuanto ello no fue solicitado, ni fue dispuesto en la sentencia objeto de ejecución. Esto es, ambos fallos coinciden en cuanto a que cada una de las empresas integrantes del litisconsorcio facultativo pasivo deberá responder por su cuota parte de la condena. En este sentido, la sen-tencia de primera instancia señaló: “ La empresa co demandada compareciente [Oferol S.A.] , invoca que el título es inhábil por cuanto se pretende el pago de la condena a dos de los tres condenados: Oferol S.A. y Bognor S.A., excluyendo a RTM Uruguay S.A. Señala que no se ha dispuesto -ni se ha pedido- al condena solidaria y por ende cada empresa condenada lo es por una tercera parte de la deuda. En puridad asiste razón al excepcionante en este punto pero ello no invalida el título con el que se inicia este proceso. Ha de verse que la sentencia condena a tres empresas al pago de las sumas que indica y el actor bien puede elegir a quienes, de las que se ha condenado, reclamarle el pago de la deuda. Es cierto que no existe solidaridad sino se ha pactado expresamente pero decidir reclamar el cumplimiento de la sentencia a una, dos o a las tres empresas condenadas es decisión de la parte actora. Será en su caso necesario adecuar el monto reclamado pero ese desajuste no inhabilita el título presentado ”. “ En su oportunidad deberá tenerse presente que la deuda que emerge de la sentencia de condena debe ser dividida entre los co demandados y la también condenada, aunque no se le reclama en estos autos el pago, RTM Uruguay S.A. ” (fs. 200vto. y 201). Por su parte, en el punto la impugnada estableció: “ La promoción de la vía de apremio tendiente a ejecutar la totalidad de lo adeu-dado, en virtud de la condena impuesta por la sentencia definitiva de primera instancia nº 23/2012 de 12 de abril de 2012, respecto a dos de los condenados (Oferol S.A. y Bognor S.A.) carece de apoyo legal, en tanto la solidaridad no se presume ”. “ En el caso, es indudable que la condena impuesta por la sentencia referida no es solidaria y solamente en la hipótesis de que lo hubiera sido, podría la actora haber exigido que cualquiera de los condenados cumpliera con la totalidad de la misma ”. “ Por lo tanto, corresponde que el crédito ejecutado en autos, quede limitado a la tercera parte de la condena impuesta por la sentencia definitiva de primera instancia referida, respecto de cada uno de los condenados ” (fs. 325 y 325vto.). La cuestión se centra entonces en establecer si, como lo sostuvo la Sala, la divisibilidad de la condena recaída en el proceso de conocimiento determina la inhabilidad parcial del título, dado que la ejecutante reclamó el pago de la totalidad del crédito contenido en la sentencia, a dos de las empresas condenadas (la excepcionante y BOGNOR S.A.); o, si por el contrario, corresponde estar al criterio seguido por la “a-quo ”, en el sentido de que el título de ejecución no resulta inhábil, debiendo estarse a la etapa de liquidación del crédito para delimitar el monto final a pagar (art. 388 del C.G.P.). A juicio de este Colegia-do, en los términos en que fue planteada, la defensa de inhabilidad de título no podía prosperar. Tal como indicó la sentenciante de primer grado , la co-accionada no fundamentó su defensa en la ausencia de los requisitos esenciales para la validez del título (en este caso, de la sentencia de condena), sino que, por el contrario, centró sus cuestionamientos en lo que respecta al “quantum” de la “ obligación de pagar cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible ”. En consecuencia, sin perjuicio de que le asiste razón a la co-accionada en cuanto a que el actor no puede reclamarle la totalidad del crédito, esto no define al título que contiene el crédito en ejecución como inhábil (art. 379.2 del C.G.P.). En verdad, las objeciones de OFEROL S.A. no hacen a la ausencia de ningún requisito esencial para la validez del título, sino a cuestiones que deben ser resueltas en las oportunidades procesales previstas. Aún cuando se adhiera a la tesis amplia sobre el alcance del instituto de “inhabilidad de título” contenido en la norma precitada (cf. TEILTELBAUM, Jaime: “Proceso de ejecución y vía de apremio”, en R.U.D.P. nº 4/1995, págs. 518/519, “Juicio ejecutivo cambiario”, Ed. Idea, 2da. Ed. Mdeo., año 1993, págs. 186/188, “Problemática de la vía de apremio. Excepciones en la ejecución hipotecaria”, en R.U.D.P. nº 4/1996, págs. 727/728; VALENTÍN, Gabriel: “La Reforma del Código General del Proceso”, Ed. F.C.U. 1era. Ed. Mayo de 2014, pág. 375; asimismo sent. nro. 228/2008 del TAC. 2º T.), ciertamente, el excepcionante no individua-lizó la ausencia de ningún requisito que determine la inexistencia o ausencia de idoneidad del título (condiciones de validez de orden sustancial, procesal o relativas a defensas fundadas en los modos de extinción de las obligaciones), razón por la cual, la defensa no podía prosperar. En efecto, de los propios términos del excepcionamiento surgen que este no se fundó en la ausencia de los requisitos esenciales para la validez del título, esto es, la sentencia de condena, sino, que en realidad sus cuestionamientos estuvieron dirigidos a cuestionar el “quantum” de la “obligación de pagar cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible” a su respecto. Consecuentemente, no obstante asistirle razón a la co-ejecutada en punto a que el acreedor no puede reclamarle la totalidad del crédito, ello no configura un supuesto de inhabilidad del título prevista en la norma citada, más allá de la denominación que el ejecutado le diere en el caso. La circunstancia relevada no causa la inhabilidad de título formal o material, sólo corresponde ajustar el saldo debido, pero la deuda existe a la luz de un título hábil y ésta es perfectamente exigible. Lo dicho permite concluir que el proceder de la Sala no fue correcto, lo que habilita en el grado la corrección jurídica del fallo impugnado. IV) De los agravios relativos a la revocatoria de la condena en costas y costos . En este punto, se agravia la impugnante por cuanto entiende que las costas y costos de la oposición de excepciones corresponde sea impuesta de precepto a la ejecutada. Nuevamente, asiste razón a la recurrente. Atento a la solución anulatoria y la consecuente desestimatoria de la excepción de inhabilidad de título impetrada, corresponde amparar el agravio en el punto, manteniendo firme el fallo de primer grado (art. 392.1 del C.G.P.). V) De las costas y costos en el grado . Atento a la correcta conducta procesal desplegada por las partes, no se impondrán condenas causídicas en el grado (arts. 56.1 y 279 del C.G.P. y art. 688 del C.C.). Por lo expresado y normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, integrada y por unanimidad, FALLA : I) AMPÁRASE EL RECURSO DE CASACIÓN DEDUCIDO POR LA PARTE ACTORA, ANÚLASE LA IMPUGNADA Y, EN SU MÉRITO, CONFÍRMASE EL FALLO DE PRIMER GRADO; SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL EN EL GRADO. II) HONORARIOS FICTOS: 20 UR PARA CADA PARTE. III) NOTIFÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.