Sentencia Definitiva N° 1.105/2019

Montevideo, trece de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ RAMÍREZ SAVIO, OSVALDO C/ RAMÍREZ CAZENAVE, FEDERICO - ACCIÓN DE NULIDAD – CASACIÓN ” , IUE: 2-20853/2016 . RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva nro. 185, de fecha 13 de diciembre de 2017, dictada por el Juzgado Letrado de Familia de 8° Turno, se falló: “ Desestímase la demanda. Distribúyase costas y costos del juicio por su orden entre los litigantes... ” (fs. 234/259). II) Por sentencia definitiva identificada como DFA–0010–000809/2018, SEF–0010–000147/2018, de fecha 15 de agosto de 2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1º Turno -con discordia extendida por la Sra. Ministra Dra. María del Carmen Díaz-, se dispuso: “ Revócase la sentencia apelada y, en su mérito, declárase la nulidad por virtud de la simulación relativa de la promesa de compraventa respecto al padrón Nº 2281 de la primera sección judicial del Departamento de Maldonado - Punta Ballena, celebrado el 15 de octubre de 1996, entre Liebknecht Ramírez y María Cazenave, por una parte y Federico Ramírez, por otra y la validez del negocio simulado de donación. Dispónese que la determinación del carácter inoficioso o no de la donación y en su caso el monto de la reducción deberá ser establecido mediante el incidente previsto por el art. 378 del CGP, teniendo en cuenta las puntualizaciones formuladas en el Considerando VII, de este pronunciamiento, con costas de cargo del perdidoso, Sin especial sanción en costos ” (fs. 304/319). A fs. 320/324 corre agregada discordia extendida por la Sra. Ministra “supra” referida. III) Contra dicha decisión, la parte enjuiciada interpuso el recurso de casación en estudio (fs. 328 y ss.), expresando, en síntesis, los siguientes agravios. a) Sostuvo que la sentencia atacada debe ser revocada en tanto existe una errónea aplicación de las reglas legales de valoración de la prueba, que notoriamente termina incidiendo en la parte dispositiva del fallo. Las normas de derecho que vulnera el fallo de segunda instancia son los arts. 140 y 141 del C.G.P., en tanto infringe las reglas establecidas por estos artículos. b) Dijo que, analizada la prueba en forma contextual, conforme las reglas de la experiencia, se tiene el pleno convencimiento de que el actor no cumplió con su carga de la prueba y tampoco logró probar simulación alguna. c) Adujo que el Tribunal de Apelaciones pasó por alto importantes aspectos en la valoración que efectúa de la probanza a través de “indicios”, que terminan afectando la decisión final. En concreto, cuestionó la valoración realizada por la Sala respecto a los siguientes elementos: fecha de la promesa de compraventa, promesa de compraventa coincidente con enfermedad de la madre del compareciente, configuración o no de precio vil, regularización de construcciones, estudio de títulos, solicitud de certificados registrales y ampliación de los mismos el día del negocio, ingresos del demandado, inejecución del contrato, no levantamiento del secreto bancario. d) Refirió -a modo de conclusión-, que los indicios relevados conducen todos a la legitimidad del negocio, a su validez. Se asiste a una inactividad probatoria de la contraria, quien no logró probar lo sostenido en su accionamiento. IV) Conferido el traslado de rigor (fs. 332), compareció la parte actora abogando por el rechazo de la impugnación (fs. 336). V) Los autos fueron recibidos en la Corte, el día 19 de octubre de 2018 (fs. 353). VI) Por auto nro. 3182, de fecha 29 de octubre de 2018, se dispuso el pasaje a estudio (fs. 354 vto.); culminado el estudio, se acordó el dictado de sentencia para el día de hoy. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimará el recurso de casación, por los siguientes fundamentos. II) El caso de autos . El actor, Osvaldo RAMÍREZ SAVIO, promovió demanda de nulidad, acción simulatoria y acción de reducción de donaciones inoficiosas contra el demandado, Federico RAMÍREZ CAZENAVE, quien es su medio hermano, por parte de padre (fs. 23/29). Señaló que el 31/5/2012 falleció el padre de ambos litigantes, Sr. Liebkncht RAMÍREZ, de estado civil viudo de sus segundas nupcias de la Sra. María Lidia CAZENAVE. El causante posee dos presuntos herederos, ambos hijos legítimos pero de matrimonios distintos: el actor es hijo legítimo del primer matrimonio del Sr. Liebkncht RAMÍREZ, con la Sra. María Teresa SAVIO; mientras que el demandado es hijo legítimo del segundo matrimonio del causante, con la Sra. María Lidia CAZENAVE. Narró que el único bien que poseía el causante lo había donado en vida al demandado Federico RAMÍREZ CAZENAVE, en forma simulada, por medio de la promesa de compraventa sobre el padrón 2281 de la primera sección judicial del departamento de Maldonado – Punta Ballena, celebrada el 15 de octubre de 1996, otorgada ante la Escribana Elena OLAGUE. En dicho contrato ficticio se prometió en venta la propiedad por un precio de U$S 80.000, lo que constituye un precio irrisorio incluso para el año 1996, dada la zona y el inmueble objeto del negocio. Sostuvo que en el caso se dan todos los indicios de la simulación, como ser: pago del precio por adelantado; precio vil del bien a enajenar; vínculo de familia entre las partes; situación económica del adquirente; naturaleza y cuantía de los bienes enajenados; falta de ejecución del contrato. Adujo que en el caso corresponde, al no existir consentimiento y causa en dicho contrato, declarar su nulidad, al amparo de los arts. 1291, 1559, 1560 y 1561 del Código Civil. Añadió que, en su defecto, para el caso de que la Sede concluya en la validez del contrato celebrado, igualmente queda probada la existencia de una simulación, por parte del ejercicio de la acción simulatoria, por lo que debe declararse que en lugar de una promesa de compraventa nos encontramos ante un contrato de donación encubierta (art. 1580 del Código Civil), y darle tal categorización para seguir con la declaración de inoficiosa de dicha donación, por haber vulnerado la legítima del accionante (heredero forzoso del causante). En suma, solicitó que se declare la nulidad de la escritura de promesa compraventa realizada en el año 1996; o que, en caso contrario, se declare la existencia de simulación en la referida promesa, que encubre una donación, y se haga lugar a la acción de reducción de donaciones inoficiosas. En dicho marco, la decisora de primer grado desestimó la demanda (fs. 234/259); fallo que fuera revocado en segunda instancia, en virtud del cual, se declaró la nulidad por simulación relativa de la promesa de compraventa respecto al padrón nro. 2281 de la primera sección judicial del Departamento de Maldonado – Punta Ballena, celebrado el 15 de octubre de 1996, entre LIEBKNCHT RAMÍREZ y María CAZENAVE, por una parte y Federico RAMÍREZ, por otra, así como la validez del negocio simulado de donación. Se dispuso, asimismo, que la determinación del carácter inoficioso o no de la donación y en su caso el monto de la reducción, sea establecido mediante el incidente previsto por el art. 378 del C.G.P., teniendo en cuenta las puntualizaciones formuladas en el CONSIDERANDO VII. Dicho fallo provocó agravio a la parte demandada, lo cual será objeto de análisis en el apartado siguiente. III) Del mérito de la impugnación . En puridad, el único motivo en el que se funda el recurso de casación interpuesto por el enjuiciado, es el de la presunta errónea aplicación, por parte de la Sala, de las reglas legales de valoración de la prueba. En efecto, sus agravios se dirigen a cuestionar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal, al que se acusa de haber pasado por alto aspectos en la valoración de la prueba a través de “indicios”, que habría afectado la decisión final. En lo particular, el agravio es de rechazo, porque -sin cumplir con las exigencias formales en la materia- en él se pretende revalorizar la plataforma fáctica dada por probada por el órgano “ad-quem”, lo que es intangible en sede casatoria. No se advierte -ni se invoca en la recurrencia-, que se haya verificado en el caso arbitrariedad en la valoración de la probanza allegada a la causa, ni supuesto de error inequívoco, esto es, la necesidad de una apreciación exactamente opuesta a la que arribó la Sala sentenciante. Para abordar la infracción denunciada cabe partir de la base que la Corte no es, en principio, juez del “factum”. El análisis de los hechos dados por probados le está vedado, salvo hipótesis excepcionales, como lo es la transgresión grosera y evidente de las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba (art. 270 inc. 1 C.G.P.). En realidad, la recurrencia se erige sobre la base de negar la posibilidad de que existan distintas valoraciones de la prueba que resulten racionalmente justificables o, lo que es lo mismo, afirmar que existe una única valoración de la prueba, según las reglas de la sana crítica, que puede fundarse en la lógica o en la razón, postura que no se comparte. Tampoco se advierte que el Tribunal, en el acierto o en el error, haya apreciado la prueba excediendo los límites de la racionalidad, que haya omitido considerar un medio de prueba fundamental, de modo que, a juicio de la Corte, se mantuvo dentro del campo de la discrecionalidad con la que cabe aplicar las reglas de la sana crítica fuera del campo de la revisión casatoria. Se observa que, a través de dicho cuestionamiento, no se denuncia, expresa o implícitamente, la existencia de una valoración absurda o arbitraria de dicho material. Tal extremo conduce a descartar de plano el agravio, por los fundamentos expuestos por la Corte en su reiterada jurisprudencia sobre el punto (cf. sentencia nro. 735/2018). Para reforzar tal aserto, y sin perjuicio de lo anterior, de la transcripción que se hará, se advierte que la Sala expuso en forma clara y lógica el razonamiento probatorio que la condujo a la solución adoptada, sin que se le pueda reprochar ningún apartamiento ostensible de las reglas de la lógica o de la experiencia. En tal sentido, el “ad-quem” expresó: “ Con relación a la causa simulandi, a juicio de la Sala integrada, surge acreditado el hecho de querer beneficiar al Sr. Federico Ramírez, en perjuicio de su hermano Osvaldo Ramírez . En tal sentido, emerge de la prueba producida, la existencia de una causa simulandi ”. “ Como hecho relevante, debe subrayarse enfáticamente que los padres del demandado, no tenían necesidad de dinero en efectivo para solventar los gastos extraordinarios, así como para mantener el nivel de vida al que estaban acostumbrados. En efecto, tenían ingresos suficientes para solventar en forma particular la atención médica de la madre del demandado, abonar en forma directa al médico, enfermeros, medicamentos, etc. Los locales comerciales eran muy rentables. Además, tenían un Kiosco, Supermercado y Carnicería. Poseían un buen pasar, incluso viajaban (fs. 196, 198, 200, 206, 215, 216, 219). El demandado aduce que era solvente, que siempre trabajó dando clases mientras estudiaba. De la historia laboral, surge la calidad de empleado del demandado (fs. 143 y ss.) con ingresos sin capacidad de ahorro para hacer frente a la compra del inmueble cuestionado. El Sr. Federico Ramírez, hace caudal de la compra de un apartamento en Montevideo, cuando tenía 18 años. De los elementos de convicción allegados a la causa, es indudable que no tenía cómo adquirir ese inmueble a los 18 años, con un trabajo como empleado en el Supermercado de sus padres y únicamente durante la temporada. Fuera de la temporada daba clases en Montevideo y estudiaba en la Facultad de Ingeniería. El testigo Luis Alberto D'angelo declaró que, el demandado, trabajaba en temporada para costear los estudios universitarios (fs. 215). El testigo Alejandro Ferres dijo que, el demandado, tenía más alumnos que él. La referencia es que Ferres, tenía uno o dos alumnos (s. 224). Tampoco generó ingresos después pasados los años como para subvenir a comprar otra propiedad para ayudar a sus padres. Resulta contradictorio sostener que los padres del demandado, vendieron la propiedad porque necesitaban dinero para costear la enfermedad de la Sra. Cazenave, siendo que la supuesta fuente de ingresos del demandado, provino justamente de los negocios que tenían aquellos. Incluso, adviértase, que el motivo que adujo el demandado para realizar el negocio no coincide con el que expresa la Escribana Olague (fs. 203 y 206 y v.). Pero lo que sella en forma adversa la suerte de la parte demandada, es el haberse negado a levantar el secreto bancario. Máxime, teniendo en cuenta la explicación ensayada al evacuar el traslado de la apelación, dónde no niega que haya pasado el dinero por el Banco (fs. 285). Por tanto, si fue así, debió acceder al levantamiento para comprobar la ruta del dinero. A juicio de la Sala integrada, es determinante en este caso, porque incoada la demanda en su contra tenía la carga de acreditar la capacidad económica como para hacer frente a semejante negocio. Si fuera cierto que la Escribana actuante contó el dinero en el acto de celebrarse la promesa de compraventa, no se justifica la cerrada negativa a proporcionar la información de las cuentas bancarias suyas y del padre (fs. 176) ”. “ Otro indicio de peso lo constituye la falta de ejecución del contrato. Los vendedores, continuaron viviendo en el inmueble durante 15 años. El enajenante recién dejó la propiedad después de fallecer la madre del demandado, cuando constituyó una nueva pareja y se mudó a Montevideo. Con relación al precio, de acuerdo a las tasaciones obrantes, in folios, en la mejor hipótesis para el demandado, se vendió por la mitad de lo que valía en el año 1996 (fs. 18/ 56 a 60) ”. “... en la especie es razonable dar por acreditada la simulación relativa objetiva, por cuanto los indicios relevados son graves, concurrentes, concordantes, inequívocos y coherentes. Así las cosas, a juicio de la Sala integrada, la parte actora cumplió adecuadamente con la carga que pesaba sobre sí ya que de un examen conforme a las reglas de la sana critica de la prueba producida surge acreditada la simulación esgrimida. Anulado el negocio de compraventa (promesa) celebrado, queda subsistente la donación que pretendía ser ocultada bajo aquella ” (fs. 310/315). La transcripción de lo sustancial de la sentencia -extensa pero necesaria para ilustrar el razonamiento de la Sala-, da cuenta de que la valoración de los elementos de prueba obrantes en el expediente, podrá ser o no compartible, pero es indudable que resulta por demás razonable y fundado, lo que ciertamente lo aleja de los supuestos que habilitan el reexamen de la plataforma fáctica en la etapa de casación. Para decirlo de otra manera: habiendo el el Tribunal ajustado su ponderación a la sana crítica, es improcedente toda revisión que, directa o indirectamente, conduzca a la alteración de la plataforma fáctica considerada en la decisión impugnada. En suma, por lo dicho, corresponde desestimar la impugnación en estudio. IV) De las costas y costos . A juicio de los Dres. Jorge CHEDIAK, Bernadette MINVIELLE, Eduardo TURELL y la redactora, conforma a la actual jurisprudencia de la Corte, se entiende que la defensa en juicio de un negocio simulado implica un comportamiento malicioso y contrario al principio de buena fe (cf. sentencia nro. 82/2016), razón por la cual, las costas y costos serán de cargo de la parte demandada perdidosa (arts. 56.1 y 279 del C.G.P. y art. 688 del C.C.). Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : I) DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN; CON COSTAS Y COSTOS A CARGO DE LA RECURRENTE. II) HONORARIOS FICTOS: 30 B.P.C. III) NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. MINISTRO DR. LUIS TOSI DISCORDE PARCIALMENTE , únicamente en cuanto considero que no corresponde imponer especial condenación procesal a la parte perdidosa por el solo hecho de haber defendido un negocio insincero. Estimo que en estos casos, en los que se discute si un negocio es o no simulado, debe seguirse la regla general en lo que respecta a las condenas procesales. O sea, la condena en costas dependerá de la existencia o no de ligereza culpable en el actuar de la parte, mientras que la condena en costos dependerá de la existencia o no de malicia temeraria en su proceder en el proceso (arts. 56.1 del C.G.P. y 688 del Código Civil). Como integrante del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2° Turno, en diversos casos en que se entendió que correspondía declarar la simulación de un negocio, acompañé la postura de no imponer condenas preceptivas al litigante perdidoso, por el solo hecho de haber defendido un negocio que luego se declara insincero. Me remito, en tal sentido, a las Sentencias del TAT 2° N° 48/2009, i39/2012 y 181/2018, entre otras. Por lo expuesto, me pronuncio por desestimar el recurso de casación interpuesto por el demandado, sin especial condenación.