Sentencia Definitiva N° 1.106/2019

Montevideo, trece de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “ A.A. UN DELITO DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN REITERACIÓN CON UN DELITO DE SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES EN CARÁCTER ONEROSO - CASACIÓN PENAL”, IUE: 490-164/2014. RESULTANDO : I) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 21/2016 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2do. Turno de 29 de agosto de 2016, se condenó, entre otros imputados, a A.A. como autor penalmente responsable de un delito previsto por el artículo 79 de la Ley No. 18.250, en reiteración real con un delito de suministro de estupefacientes, a la pena de tres años y diez meses de penitenciaría, con detracción de la prisión preventiva cumplida y poniendo a su cargo las prestaciones legales de rigor (fs. 372/381). II) Por Sentencia Definitiva No. 193/2017 , del 14 de setiembre de 2017, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4to. Turno, confirmó el fallo de primer grado, salvo en cuanto no computó como atenuante la admisión parcial de los hechos (fs. 454/460 vto.). III) En tiempo y forma compareció la Defensa del condenado A.A. e interpuso recurso de casación bajo examen. En sustento de su medio impugnativo, sostuvo que la Sala incurrió en una valoración absurda del material probatorio, ya que no tuvo en cuenta que “la inocencia de su defendido” resultó probada. Tiene la plena convicción de que una correcta valoración de la prueba hubiera impuesto la absolución de su defendido. Además, calificó erróneamente su conducta, ya que de la causa surge a todas luces que su defendido no quiso participar de ningún tráfico de personas, sino que su participación en los hechos se limitó a pretender realizar un alquiler del local, un negocio civil. Añadió que el Tribunal aplicó erróneamente la regla de la distribución de la prueba, lo que llevó a una errónea subsunción de los hechos probados. En definitiva, solicitó que se anulara la sentencia recurrida en cuanto condenó al imputado como autor del delito previsto en el artículo 79 de la Ley No. 18.250 y que, en su lugar, se lo absolviera de tal imputación. IV) Por Sentencia No. 965 del 25 de abril de 2018 (fs. 478) se ordenó dar ingreso al recurso de casación movilizado y conferir traslado por el término legal, el que fue puntualmente evacuado por el Sr. Fiscal Letrado Especializado en Crimen Organizado, quien bregó por la confirmatoria (fs. 484/486). V) Los autos pasaron en vista al Sr. Fiscal de Corte, quien en su dictamen concluyó que corresponde desestimar el recurso movilizado (Dictamen No. 513, del 20 de junio de 2018 (fs. 490/493)). VI) Por Decreto No. 1666 de 20 de junio de 2018 (fs. 495), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia, al término del cual se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimará el recurso de casación movilizado y confirmará la sentencia impugnada en todos sus términos. II) En cuanto al agravio sobre la valoración de la prueba . La Defensa se agravió por la valoración probatoria realizada por la Sala y señaló diversas cuestiones que, a su juicio, constituyen fallas de razonamiento probatorio. Discrepó con la valoración de los elementos probatorios que se realizó el grado precedente. En cuanto a la posibilidad de revisar la valoración el material probatorio al resolver el recurso de casación en el proceso penal, la Corporación no tiene posición unánime. II.I) A juicio de los Sres. Ministros Dres. Chediak, Tosi y la redactora corresponde partir de la base de que, en nuestro derecho procesal penal, el recurso de casación únicamente puede fundarse en una errónea aplicación del Derecho, ya sea en el fondo (juzgamiento error in iudicando ) o en la forma (procedimiento, error in procedendo ) (Cfme. Garderes, S. y Valentín, G.: “Código del Proceso Penal Comentado (con la colaboración de Soledad Díaz)”, La Ley Uruguay, Montevideo, 2012, pág. 638). Al decir de Barrios de Ángelis, la máxima fundamental de la casación, es que ella solo comprende el punto de Derecho y no tiene intervención en la cuestión de hecho (Cfme. Barrios de Ángelis, D.: “Cuestiones de hecho y de derecho en la casación”, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República, Año XIII (No. 3), Montevideo, 1962, pág. 579). Ahora bien, la jurisprudencia de la Corporación ha admitido la posibilidad de revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando estas resultan arbitrarias, irracionales o contrarias a las reglas de la lógica. Como señala Colombo, si bien la revalorización de la prueba resulta excepcional, la Corte –en base a la teoría del absurdo evidente puede hacerlo cuando media error notorio, lo que equivale a manifiesto, patente, evidente, palmario, claro, ostensible. De este modo se abre un nuevo campo para la casación, el cual se admite con un entorno sumamente restrictivo, para realizar y actuar la justicia como último instrumento para evitar la iniquidad del fallo (Colombo, E.: “Casación: Teoría del absurdo evidente”, RUDP 1/1983, págs. 57/58). Como bien postulan Valentín y Garderes, el C.P.P. no contiene una referencia similar a la del art. 270 del C.G.P., que incluye expresamente como error de Derecho, la infracción a las reglas legales sobre valoración de la prueba. No obstante, afirman que los mismos argumentos que permiten revisar la aplicación de los criterios legales de valoración de la prueba en la casación civil, deben admitirse como fundamento de la casación penal. En esencia, la sana crítica es una regla legal, y si las conclusiones probatorias del fallo resultan claramente absurdas, esa regla legal de valoración probatoria se encuentra afectada (teoría del “absurdo evidente”, recogida en la jurisprudencia civil de la Suprema Corte de Justicia). En definitiva, expresan los comentaristas en términos plenamente compartibles, que el art. 270 inc. 2 del C.P.P. no establece algo distinto de lo previsto con carácter general en el art. 270 C.G.P. (“el recurso sólo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho...”), y la aclaración referida a la intangibilidad de los hechos debe interpretarse en ese marco conceptual clásico, sustentado en la distinción entre hechos y derecho, que no supone negar el carácter normativo (Derecho) de las reglas legales sobre valoración de la prueba (Cfme. Garderes, S. y Valentín, G.: “Código del Proceso Penal Comentado”, LA LEY URUGUAY, 1ª Edición, Montevideo, 2012, pág. 638). Ya Barrios de Ángelis enseñaba, en su señero trabajo, que hay error de derecho cuando se incurre en error al aplicar las normas en materia de prueba (Barrios de Ángelis, D.: “Cuestiones...”, cit., pág. 586). Ahora bien, bajo estas premisas respecto al error en la valoración de la prueba como causal de casación en materia penal, con base en el artículo 270 del C.P.P., el razonamiento probatorio de la Sala no resulta ni absurdo ni arbitrario, único caso en el que se justificaría su corrección en casación. A fs. 1205 vto./1210 vto. (CONSIDERANDO IV), se advierte que el desarrollo del razonamiento probatorio de la Sala no evidencia apartamiento alguno de las reglas de la lógica; muy por el contrario, se trata de un razonamiento coherente, claro y fundado. II.II) Por su parte, los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez y Eduardo Turell, consideran que bajo ningún supuesto resulta posible discutir los hechos tenidos por probados en segunda instancia. Y ello en función del claro tenor del inciso segundo del artículo 270 del Código del Proceso Penal, el cual establece: “No podrán discutirse los hechos dados por probados en la sentencia, los que se tendrán por verdaderos”. Los hechos son intangibles y debe estarse a los dados por probados por el tribunal de mérito, siendo únicamente posible apreciar si medió o no error en la aplicación de las normas jurídicas o en la subsunción de los hechos al derecho que los regula. La función de la Corte es tomar el hecho narrado por el tribunal o tenido por probado como tal para reexaminar si la calificación jurídica es o no apropiada al hecho así narrado, tal como lo sostuvieron los referidos Ministros en las Sentencias Nos. 1985/2017 y 586/2017 ). Los Sres. Ministros Dres. Martínez y Turell añaden que, a su entender, no es aplicable a las causas penales lo dispuesto por el artículo 270 del Código General del Proceso, en el bien entendido de que no es un supuesto en el cual corresponda recurrir a la norma integradora contenida en el artículo 6 del Código del Proceso Penal. Ello porque, atento al claro tenor del artículo 270 inciso 2 del Código del Proceso Penal, no cabe más que concluir que la integración con la norma adjetiva civil resulta expresamente vedada en esta materia. La categórica proclama del texto legal impide toda flexibilidad de interpretación o integración por las que se deslice la posibilidad de invocar la infracción a las reglas de valoración de la prueba prevista como causal de casación en el artículo 270 inciso 1º del Código General del Proceso. Ello, porque parece claro que la solución de la ley procesal civil se opone de manera terminante al precepto de la ley procesal penal (Sentencia No. 454/2013 de la Suprema Corte de Justicia). En la misma línea de pensamiento se han expresado calificados estudios específicos sobre el tema. Vescovi, en su clásica obra sobre el recurso de casación, señaló: “(...) nuestro régimen legal de la casación penal ha excluido el error en la apreciación de la prueba como juzgable en casación, diciendo que no se podrá discutir acerca de los hechos que la sentencia considere comprobados...” (Vescovi, E.: “La casación civil”, Idea, Montevideo, 1996, pág. 83). Más recientemente se pronunció en tal sentido el Prof. Jorge Veiras, quien afirmó: “ (...) la existencia de una previsión legal específica sobre el punto en el C.P.P. (artículo 270 inciso 2), contraria a la solución genérica establecida en el C.G.P. (artículo 270 inciso 1)..., impide trasladar analógicamente esta última por vía de integración normativa (...)” (Veiras, J., “Casación Penal. Integración de sus normas con las del Código General del Proceso”, en AA. VV.: “XIV Jornadas Nacionales de Derecho Procesal”, FCU, 2009, pág. 347). II.III) En definitiva, más allá del posicionamiento que cada integrante de la Corporación asume en relación al punto de la intangibilidad de los hechos en la casación penal, no se estima de recibo el agravio articulado por la recurrente. Ora porque no se advierte un supuesto de absurdo evidente, como entienden los Sres. Ministros Dres. Chediak, Tosi y la redactora; ora porque en ningún caso resulta posible revisar la valoración del material probatorio en la casación penal como entienden los Sres. Ministros Dres. Martínez y Turell. Como se dijo más arriba, la argumentación de la Defensa se centró únicamente en la valoración probatoria realizada por la Sala. Ello surge tanto de los argumentos en los cuales derechamente se explicita que se critica la valoración de la prueba realizada por la Sala, como de aquellos en los cuales pretendió presentar igual crítica bajo la forma errores en la calificación de los hechos o de las reglas sobre carga de la prueba. Lo concretamente reprochado a la Sala es que: - “En el caso de autos quedó claro que no se tiene en cuenta la inocencia con respecto al tráfico de personas, como se probó por el acusado” (fs. 466 vto.), lo cual, afirmó, determina que hubo una valoración absurda y arbitraria. - “Surge a todas luces del expediente que mi defendido no quería participar en ningún tráfico de personas e iba a realizar un alquiler, un contrato civil. Tenemos que ver que para que exista el delito mencionado, se debe operar todos los elementos de la adecuación típica (...)” , (fs. 471 vto.). Ambas críticas no se sustentan en calificar jurídicamente en forma diversa los hechos tenidos por probados por la Sala, sino en pretender tener por probados otros hechos diversos, lo cual requiere valorar nuevamente la prueba de la causa. Por último, no corresponde ingresar a considerar las reiteradas citas doctrinarias y jurisprudenciales que, sin siquiera intentar una aplicación concreta al caso que conforman mayormente la exposición recursiva, tales como: (i) que se incurre en infracción de las reglas legales de valoración de la prueba cuando se exige un medio probatorio por sobre otro tipo de medios, fs. 467; (ii) no se evaluaron las pruebas de acuerdo a las reglas de la experiencia de lo que normalmente acaece, fs. 468; (iii) la conclusión a la que arribó la Sala se basó en una errónea aplicación de las reglas sobre carga de la prueba, fs. 470 vto. En el caso, tal como surge de la mera lectura de la recurrida, se advierte que el desarrollo del razonamiento probatorio de la Sala no evidencia apartamiento alguno de las reglas de la lógica; muy por el contrario, se trata de un razonamiento coherente, claro y fundado. En tal sentido, cabe transcribir lo expresado por la Sala: “ Sobre el fondo surge plenamente probado con la prueba que relaciona la apelada, que en horas de la noche del 5/6/14, arribaron a la ciudad de Melo, provenientes de Montevideo: M.M., -nacionalidad- (54 años, entrenador deportivo y bombero, primario) que había llegado al país hacía un mes aproximadamente y se alojaba en la pensión sita en ---- de Montevideo; W.W. (64 años de edad, -nacionalidad-, que vivía en la misma pensión que Roble); J.J. (29 años de edad); Y.Y. (20 años de edad); N.N. (31 años de edad) e I.I. (19 años de edad), -nacionalidad- que habían llegado al país tiempo atrás en busca de mejores horizontes laborales para ellas y sus familias, al igual que M.M.. M.M. tenía contacto con sus coterráneas en reuniones que se hacían en lugares públicos a los que concurrían dominicanos residentes en Montevideo. Según W.W., en lo que coincide con A.A., de 38 años de edad, dueño de ‘----’, una whiskería prostibularia en Melo en la que, además, suministraba drogas, aquel (y su comitiva) habían ido a Melo con los dominicanos mencionados con el propósito de alquilarle el negocio para su explotación. En Melo, los viajeros se fueron desde la Terminal de ómnibus a ‘----’ donde conversaron con A.A. y hablaron del futuro emprendimiento en el que tendrían primordial participación las cuatro mujeres –nacionalidad-. Estas se sorprendieron por el aislamiento del lugar, la mugre y con las primeras propuestas de trabajo según las que trabajarían como ‘coperas’ ejerciendo el meretricio, para lo que hasta les entregaron preservativos. Las muchachas, a pesar de que alguna trató de marcharse del lugar a un hotel decoroso, fueron persuadidas para que se quedaran y luego de comer se acostaron a dormir de a dos en las camas que estaban preparadas. Así fueron encontradas por la Policía que ingresó al local, después que los hombres se retiraron del mismo dejando la única puerta de acceso cerrada por fuera con cadena y candado. En tales circunstancias es evidente de que más allá de sí las mujeres sabían o no que iban a Melo a trabajar como prostitutas -no a un ingenuo paseo invitadas por dos personas a las que no conocían mayormente y con las que no tenían mucho trato, fueron llevadas por W.W. y M.M. con esa finalidad. Por lo demás, W.W. y A.A., con matices y diferencias en sus versiones, admiten que las mujeres fueron a Melo como parte del futuro emprendimiento en el prostíbulo. Para eso W.W. pagó casi todos los pasajes del ómnibus y uno y otro hablaron con las muchachas proponiéndoles ir a trabajar a Melo en términos elípticos, pero referidos al meretricio, según dicen todas, para el cual A.A. aportaría el local y el resto de la logística al efecto, además de seguir suministrando estupefacientes. Respecto a las gestiones que hizo M.M. para conseguir personas para trabajar en el prostíbulo dice Y.Y. luego de ratificar su versión policial: ‘... un –nacionalidad- amigo de mi prima, que yo no conocía y que también es amigo de una dominicana morenita que vive en mi pensión, nos invitó a ir a Melo junto con un –nacionalidad- que tampoco conocía, nos invitaron. El –nacionalidad- es alto, de cutis negro y pelado y el –nacionalidad- es de cutis trigueño, bajito, de pelo entre cano, gordito, mayor de edad, entre cuarenta y cincuenta años. El –nacionalidad- invitó a mi prima y ella me dijo de ir con ella porque si no, no iba’. Y agrega: ‘Fue cuando llegamos a Melo que el –nacionalidad- nos dijo si queríamos hacer plata’ (fs. 123 vta.). Su prima, N.N., corrobora que a M.M. lo conoció en el avión cuando venía para Uruguay y que fue quien la invitó para ir a Melo a pasear, aunque niega que a ella le haya propuesto para trabajar como prostituta (fs. 129). Por otro lado, J.J. dice como fue invitada por M.M. para ir a trabajar a Melo en los siguientes términos: ‘Mire yo conocí en Montevideo, en una pensión donde hay otros dominicanos, a un –nacionalidad- alto, morocho y calvo que no recuerdo su nombre. Después el comenzó a ir a mi casa solo y fue entonces que me propuso el trabajo de copera en una discoteca, sin decirme adonde era. Yo le dije que si era solo servir copas aceptaba, pero que no estaba dispuesta a prostituirme. Él me dijo que lo único que tenía que hacer era servir tragos y yo acepté. Entonces él me llamó por teléfono y nos encontramos en la Plaza del Entrevero. Yo fui sola y me encontré con el –nacionalidad- y nos fuimos los dos en ómnibus a Tres Cruces’ , donde se encontró con los otros viajeros (fs. 125). Por su parte I.I., luego de ratificar judicialmente sus dichos a la policía, dijo que había sido invitada para ir a Melo a trabajar en un bar a vender bebidas por lo que percibiría un porcentaje por cada copa que vendiera, pero cuando estuvo en el prostíbulo, W.W. le dijo que tenía ‘que tratar bien a los clientes’ y que se tenía que prostituir: ‘...vendes copas y también tienes relaciones íntimas con los clientes. Yo le dije cómo y él me dijo te vas a prostituir y tú tienes que pedir setecientos pesos o bien que podía pedir más, lo que yo quisiera. Pero si cobraba setecientos pesos me quedaban con seiscientos pesos y cien pesos eran para pagar la habitación. Yo le dije que no aceptaba tener relaciones con nadie y que me quería ir. Yo miré a las otras chicas como interrogándolas y ellas me respondieron ‘imagínate para que vinimos acá, pero yo no vine a eso y también me voy’. Eso me lo dijo una de las primas, la más joven, J.J.. La más blanquita de nosotras, cuando repartieron los condones se puso a llorar, W.W. nos dijo que no nos íbamos a ir de allí, que teníamos que hacer plata para pagar los pasajes’ (fs. 126 vta.). En la situación que resulta que fueron encontradas las mujeres y atendiendo a sus declaraciones, debe contextualizarse las versiones que de los hechos dan W.W. y A.A. judicialmente (fs. 136 y 141, respectivamente). W.W., dice que viendo que ‘... las whiskerías funcionan y con probar no perdía nada’ se metió ‘... en un problema que no es lo mío”. Pero antes, ratificando su declaración policial, contó cual era el negocio con A.A. y explicó que viajó con las –nacionalidad-, ‘... porque sí había la posibilidad de alquilar el local ya quedaba allí, ellas ya estaban dispuestas a ir” y preguntado respecto a quien le había dicho a ellas en qué consistían las tareas, dijo categóricamente: ‘M.M.’ (fs. 136 y vta.). A.A., corrobora en general las versiones que dieron las víctimas desde que llegaron a su local y agrega que la idea de traer mujeres –nacionalidad- a trabajar en su prostíbulo no le parecía ilegal ni descabellada pues en Melo y en T. y Tres hay mujeres de la misma nacionalidad trabajando en prostíbulos, públicamente. Respecto a la participación de M.M. en el negocio que tenía con W.W., dijo que: ‘Ninguna. Él iba como acompañante con W.W. y lo que me dijo sé, que quería conseguir trabajo en Uruguay para así poder traer a su familia. ... Él se ofreció para pintar el local’. Pero también dice que: ‘Yo de lo que él dice con respecto a las mujeres no sé nada. Yo sí los fui a buscar’. Preguntado por las declaraciones de W.W. haciéndolo partícipe del negocio con las –nacionalidad-, dice: ‘Yo no sé porque dice eso. W.W. y el otro morocho entraban al cuarto donde estaban las –nacionalidad-. Yo no entré nunca al cuarto porque no las conocía’ (fs. 141 vta. a 142, respectivamente)” , (Considerando III, fs.455 vto.-458). Como se advierte, partiendo de esa razonable base fáctica, la crítica de la Defensa es absolutamente inatendible, ya que ni siquiera se explicitó un supuesto de absurdo, sino su mera discrepancia con lo que consideró acreditado en la causa. Por las razones señaladas, se impone el rechazo del recurso interpuesto. Por estos fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN MOVILIZADO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL EN EL GRADO. FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS DEL LETRADO DEFENSOR DEL ENCAUSADO EN 20 BPC (ART. 71 LITERAL B) DE LA LEY NO. 17.738). NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.