Sentencia Definitiva N° 1.110/2019

Montevideo, trece de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “1) A.A. – UN DELITO DE RECEPTACIÓN, DOS DELITOS DE RAPIÑA ESPECIALMENTE AGRAVADOS, UNO DE ELLOS EN CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN CON UN DELITO DE LESIONES PERSONALES ESPECIALMENTE AGRAVADOS TODOS ELLOS EN REITERACIÓN REAL Y UN DELITO DE RAPIÑA ESPECIALMENTE AGRAVADO; 2) G.G. – UN DELITO DE RAPIÑA ESPECIALMENTE AGRAVADO – CASACIÓN PENAL” e individualizado con el IUE: 88-136/2015 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación deducido contra la sentencia definitiva de segunda instancia nro. 240/2017, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva de primera instancia nro. 20/2017, de 7 de febrero de 2017, la Señora Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7º Turno, Doctora Adriana de los Santos, falló: “ Condenando a A.A., como autor de tres delitos de Rapiña en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de Lesiones Personales intencionales y un delito de receptación en régimen de reiteración real, a cumplir la pena de nueve (9) años y cuatro (4) meses de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida ... Condenando a G.G. como autor penalmente responsable de un delito de Rapiña especialmente agravado a la pena de cinco (5) años y tres (3) meses de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida...” (fojas 300/304). II) Por sentencia definitiva de segunda instancia nro. 240/2017, de 20 de setiembre de 2017, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, integrado por los Doctores José Balcaldi, Daniel Tapié y William Corujo, redactada por el Ministro José Balcaldi, falló: “ Confírmase la sentencia de primera instancia ” (fojas 343/348 vto.). III) La defensa del condenado del co-encausado G.G. interpuso recurso de casación (fs. 355/356), expresando en síntesis que: 1) La sentencia impugnada infringe las disposiciones de los artículos 12 y 15 de la Constitución, 18 y 344 del Código Penal, así como los principios in dubio pro reo y favor rei . 2) La conducta de su defendido no encuadra en ninguna figura penal (artículo 18 del Código Penal). 3) El Tribunal basa el fallo en la confesión de un hecho ilícito distinto al que fuera condenado. Se ha realizado una errónea calificación jurídica, convirtiendo la irregular confesión en la única prueba de la rapiña imputada. Las declaraciones de las víctimas y su defendido no son coincidentes, ni con las declaraciones del co-encausado y no hubo reconocimiento. Los hechos fueron califacados de forma errónea, ya que no existiendo violencia o amenazas corresponde imputar, en todo caso, un delito de hurto. IV) Conferido traslado del recurso fue evacuado por la Fiscal Letrado Nacional en lo Penal de 1º Turno y por el Sr. Fiscal de Corte quienes, por los fundamentos que expusieron, solicitaron su rechazo (fojas 372/374 y 378/383 respectivamente). CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimará el recurso de casación deducido. II) Respecto a la valoración de la prueba por parte del Tribunal. Sin perjuicio de la invocación de diversas normas y principios (artículos 12 y 15 de la Constitución, 18 y 344 del Código Penal, así como los principios in dubio pro reo y favor rei ), la recurrente funda sus agravios en una supuesta infracción a las reglas de valoración de la prueba. Los Ministros de la Corporación tienen distintas posiciones respecto a este tipo de agravios en sede de casación penal. A) Los Doctores Jorge Chediak, Bernadette Minvielle y Luis Tosi, respecto de la errónea valoración de la prueba como causal de casación en materia penal, reiteran lo expresado por la Corte en sentencia nro. 134/2018: “ A juicio de los Dres. HOUNIE, CHEDIAK y la redactora [Dra. MINVIELLE] corresponde partir de la base de que, en nuestro derecho procesal penal, el recurso de casación únicamente puede fundarse en una errónea aplicación del Derecho, ya sea en el fondo (juzgamiento error in iudicando) o en la forma (procedimiento, error in procedendo) (Cfme. GARDERES, Santiago y VALENTÍN, Gabriel: ‘Código del Proceso Penal Comentado (con la colaboración de Soledad Díaz)’, La Ley Uruguay, Montevideo, 2012, pág. 638). Al decir de BARRIOS DE ANGELIS, la máxima fundamental de la casación, es que ella solo comprende el punto de Derecho y no tiene intervención en la cuestión de hecho (Cfme. BARRIOS DE ANGELIS, Dante: ‘Cuestiones de hecho y de derecho en la casación’, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República, Año XIII (No. 3), Montevideo, 1962, pág. 579). Ahora bien, la jurisprudencia de la Corporación -que se comparte- ha admitido la posibilidad de revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando estas resultan arbitrarias, irracionales o contrarias a las reglas de la lógica. Como señala COLOMBO, si bien la revalorización de la prueba resulta excepcional, la Corte –en base a la Teoría del absurdo evidente puede hacerlo cuando media error notorio, lo que equivale a manifiesto, patente, evidente, palmario, claro, ostensible. De este modo se abre un nuevo campo para la casación, el cual se admite con un entorno sumamente restrictivo, para realizar y actuar la justicia como último instrumento para evitar la iniquidad del fallo (COLOMBO, Erik H.: ‘Casación: Teoría del absurdo evidente’, RUDP 1/1983, págs. 57/58). Como bien postulan VALENTÍN y GARDERES, el C.P.P. no contiene una referencia similar a la del art. 270 del C.G.P., que incluye expresamente como error de Derecho, la infracción a las reglas legales sobre valoración de la prueba. Empero los mismos argumentos que permiten revisar la aplicación de los criterios legales de valoración de la prueba en la casación civil, deben admitirse como fundamento de la casación penal. En esencia, la sana crítica es una regla legal, y si las conclusiones probatorias del fallo resultan claramente absurdas, esa regla legal de valoración probatoria se encuentra afectada (teoría del ‘absurdo evidente’, recogida en la jurisprudencia civil de la Suprema Corte de Justicia). En definitiva, expresan los comentaristas en términos plenamente compartibles, que el art. 270 inc. 2 del C.P.P. no establece algo distinto de lo previsto con carácter general en el art. 270 C.G.P. (‘el recurso sólo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho...’), y la aclaración referida a la intangibilidad de los hechos debe interpretarse en ese marco conceptual clásico, sustentado en la distinción entre hechos y derecho, que no supone negar el carácter normativo (Derecho) de las reglas legales sobre valoración de la prueba (Cfme. GARDERES, Santiago y VALENTÍN, Gabriel: ‘Código del Proceso Penal Comentado’, LA LEY URUGUAY, 1ª Edición, Montevideo, 2012, pág. 638). Ya BARRIOS DE ANGELIS enseñaba, en su señero trabajo, que hay error de derecho cuando se incurre en error al aplicar las normas en materia de prueba (BARRIOS DE ANGELIS, Dante: ‘Cuestiones...’, cit., pág. 586) ” (Cfme. Sentencia N° 134/2018; en igual sentido: Sentencia N° 1.492/2018). Ahora bien. En la especie, no se advierte, en absoluto, que el razonamiento probatorio de la Sala resulte absurdo, irracional, ilógico o arbitrario, únicos supuestos en los que se justificaría su corrección en casación. Al no advertirse un supuesto de absurdo evidente, cabe desestimar el agravio articulado por el recurrente. B) A criterio de los Doctores Eduardo Turell y la redactora, en cambio, si bien se coincide con la mayoría en cuanto expresan que estamos ante un supuesto exiliado del control casatorio, se entiende que no corresponde ingresar a la revalorización de los hechos en aquellos supuestos en que se constate una valoración probatoria que resulte absurda o arbitraria (posición que sí sostienen para la materia civil, en función de la normativa aplicable). La norma procesal penal (artículo 270 del Código del Proceso Penal) es distinta a la prevista en materia procesal civil (artículo o270 del Código General del Proceso); y la primera no ha sido derogada por la segunda (en este punto, se comparte la posición expresada por los Dres. Chediak y Hounie en sentencia nro. 135/2015 de esta Corporación). En materia procesal civil, contando con la habilitación del inciso 2 del artículo 270 del Código General del Proceso, se acotó el control casatorio respecto de las normas de valoración de la prueba para aquellos supuestos en que la valoración resulte “absurda o arbitraria”. Pero, la referida limitación se aplica partiendo de la base de la habilitación legal del inciso 2 del artículo 270 del Código General del Proceso. Al no existir tal previsión en el Código del Proceso Penal, no resulta posible acudir al mecanismo al que solo se puede ingresar a través de una norma habilitante no consagrada para este supuesto. IV) Respecto a la errónea califacación de la conducta como delito de rapiña. El presente agravio no tiene la autonomía necesaria para ser objeto de análisis. La crítica del recurrente no se dirige a la calificación jurídica de los hechos, sino, por el contrario, se critica que se haya tenido por probados determinados hechos, los cuales constituyen la base fáctica del delito imputado. V) Corresponde distribuir las costas de oficio. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN DEDUCIDO, CON COSTAS DE OFICIO. HONORARIOS FICTOS 20 B.P.C. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.