Sentencia Definitiva N° 1.107/2019

Montevideo, trece de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ CASTAGNARO, JORGE MARIO Y OTROS C/ B.H.U. Y OTROS - COBRO DE PESOS – DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN”, IUE: 357-78/2000. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 5/2017 , del 14 de febrero de 2017, la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 6º Turno falló: “Ampárase parcialmente la demanda y en su mérito condénase a Mario Osimani y al Gobierno Departamental de Salto a abonar por concepto de daño moral a cada núcleo familiar la suma de $U 203.000, teniendo como referencia la cotización del dólar al día de la fecha ($U 29), más intereses desde la exigibilidad de la obligación y reajustes desde la fecha de dictado de esta sentencia, según la distribución de responsabilidad asignada en el numeral XV de los considerandos (...)” , (fs. 3686-3722). El fallo fue aclarado a instancias de la codemandada Intendencia Departamental de Salto por resolución N° 925/2017 , por la cual se expresó: “rige el inciso final del art. 1458 del C. Civil que contempla el curso legal de la moneda nacional en toda obligación. Dado que la estimación del daño a resarcir se liquidó a la fecha del dictado de la sentencia definitiva, correspondía su actualización a esa fecha, teniendo presente que el reclamo se efectuó en dólares americanos, se tomó como referencia de actualización la cotización del dólar a la fecha de su liquidación. Se aclara que cuando se dijo ‘núcleo familiar’ efectivamente se quiso decir a todos los integrantes de cada vivienda. Se aclara que cuando se dijo ‘exigibilidad de la obligación’ se refirió al momento del incumplimiento obligacional, esto es, al momento de ocurrencia de cada hecho ilícito por parte ya sea del co-demandado Mario Osimani [o de la] Intendencia Departamental de Salto” , (fs. 3831/3831 vuelto). II) Por sentencia definitiva de segunda instancia identificada como SEF 0006-000058/2018 , del 2 de mayo de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno falló: “ Confírmase la sentencia de primera instancia recurrida, excepto en cuanto condena a la Intendencia [Departamental] de Salto, desestimando la demanda a su respecto; en canto al monto de daño moral, difiriéndose su liquidación a la vía establecida en el art. 378.1 del C.G.P. en virtud de los especiales fundamentos expuestos en el Considerando IX), en cuanto a los reajustes que corresponden desde la demanda y los intereses legales que se desestiman en virtud de no haber sido peticionados por los accionantes...” (fs. 3933/3955). III) En tiempo y forma, la parte actora interpuso recurso de casación. Luego de referir a la admisibilidad formal de su medio impugnativo, expresó agravios en los siguientes términos: (i) La Sala incurrió en error al considerar que el BHU carece de legitimación pasiva, por cuanto únicamente actuó como prestamista. A su juicio, surge debidamente acreditado que el BHU envió técnicos de su confianza al lugar de construcción de la obra a verificar todo lo referente al proyecto y planificación, aprobó lo proyectado y luego incumplió con su deber de supervisar la obra. La Sala omitió considerar diversos medios de prueba que reseñó. Por ello, ya sea en el marco de las normas sobre responsabilidad contractual o, subsidiariamente, en el del artículo 24 de la Carta, el BHU debe responder. Además, el BHU es responsable por no haber ejercido su derecho a reclamar en el marco del artículo 1844 del Código Civil: la inacción del BHU al no actuar ni dejar actuar a los damnificados lo hace responsable. (ii) La Sala, al no hacer lugar a la condena a indemnizar el daño moral derivado de la incorrecta inclusión de diversos cooperativistas como morosos en un registro de incumplidores (“Clearing de Informes”), valoró erróneamente la prueba. Quien debe al BHU es COVIMUS II, no sus socios cooperativistas. Además, se trata de un extremo no controvertido por el BHU al contestar la demanda. (iii) La Sala, al eximir de responsabilidad a la Intendencia Departamental de Salto -por considerar que su condena en primera instancia se había fundado en hechos no alegados en la demanda- incurrió en error de derecho. Y ello porque en el objeto del proceso y de la prueba se incluyó, como hecho fundante de la responsabilidad, la participación de la Intendencia en la donación del terreno y la propuesta de técnicos para la obra. Además, la donación es un contrato, por lo que la Intendencia debió donar una cosa sin vicios, por lo que si donó un terreno inundable debe responder. En resumen, la condena a la Intendencia no implica violación alguna del principio de congruencia, como mal lo entendió la Sala. (iv) La Sala incurrió en error al afirmar que el terreno se encuentra en una zona no inundable basándose en un acto de la propia Intendencia. Es incuestionable que el terreno es inundable, por lo que si la Intendencia ha omitido calificarlo así, su propia omisión no puede dar pie a su absolución en la causa. Reseñó prueba producida por la cual se acredita la condición de inundable del terreno. La falta de servicio de la Intendencia es palmaria: de un estudio hidráulico hubiera surgido que la canalización del arroyo Sauzal sería insuficiente para evitar que los terrenos que están a sus orillas se inunden, por lo que debió calificar al terreno como zona inundable. (v) La Sala incurrió en error porque el dictamen pericial indicó que la errónea canalización del arroyo Sauzal por parte de la Intendencia afecta a las viviendas de los actores, agravando la situación. A raíz de la canalización el terreno se “infla” y ello provoca daños en las construcciones, por lo cual la responsabilidad de la Intendencia es clara. (vi) La Sala incurrió en error al considerar que la Intendencia no debe responder, en función de lo dispuesto en los artículos 1 a 5 de la Ley Nº 14.440 y de su decreto reglamentario, en los artículos 27 a 55 del Digesto Municipal -en particular sus artículos 33, 45 a 48 y 55-. De esas disposiciones se desprende que el propietario está obligado a registrar la obra que realiza en la Intendencia, las obligaciones que asume el Director de Obra y que la Intendencia debe controlar su cumplimiento. En el mismo sentido, de lo dispuesto en los artículos 17 inciso segundo de la Ley Nº 13.728 y 75 numeral 8 de la Ley Nº 13.728 se desprende que la Intendencia tiene el poder-deber de procurar una vivienda digna. La Intendencia de Salto cobró por otorgar el permiso de construcción y el “final de obra”, por lo que hubo un servicio mal cobrado. (vii) La Sala, al considerar probado que existieron conexiones de los desagües de agua pluvial a la red de saneamiento, violó tanto las reglas sobre valoración de la prueba como aquellas sobre distribución de carga de la prueba. En primer lugar, de acuerdo con lo expresado por el perito Schipilov, el evento dañoso no deriva de tal circunstancia sino de la problemática del arroyo Sauzal y de la canalización de las aguas pluviales externas. En segundo lugar, la carga de probar un hecho es de quien lo alegó, en este caso, de los demandados, y no se acreditó que las conexiones de los desagües pluviales a la red cloacal sean posteriores a la obra. (viii) La Sala, al considerar que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no estaba legitimado, violó lo establecido en los artículos 1°, 2°, 3° inciso primero, 5° y 6° de la Ley Nº 16.112, los artículos 4° inciso segundo, 7° y 118 de la Ley Nº 13.728. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tiene asignada la competencia en materia de formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de vivienda y en la instrumentación de la política nacional de vivienda. Asimismo tiene asignada la competencia en materia de regulación y control de las actividades de las entidades que actúan en materia de vivienda. Por otra parte, es el órgano competente para formular, ejecutar, supervisar y evaluar los planes nacionales de protección del medio ambiente y la instrumentación de la política medioambiental. En otro orden el Ministerio tiene asignada la coordinación del sistema público de producción de viviendas. El Ministerio tuvo conocimiento del foco infeccioso derivado de las inundaciones de las viviendas, tal como surge de la prueba que reseñó, aspecto que fue ignorado por las Sedes de mérito. Por lo tanto, existiendo profusa prueba de la existencia del foco infeccioso y de su conocimiento por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, es “ajeno a derecho eximir de toda responsabilidad al MVOTMA” (fs. 3974). (ix) La Sala incurrió en error al considerar que la OSE no estaba legitimada pasivamente en la causa. La OSE es competente por ser quien autoriza o no la conexión a la red de saneamiento. Surge acreditado que la OSE fue omisa, ya que pese a haber constatado irregularidades no solo no hizo que se subsanaran, sino que permitió la conexión a la red de saneamiento y agua potable en esas condiciones. La OSE incluso realizó solo dos conexiones de 150 mm., cuando debió haber realizado tres. El perito estableció que el sistema colapsa porque en la cámara de inspección ubicada en la calle Blanes esquina Charrúa entran tres caños 200 milímetros pero sale sólo uno de igual diámetro. En este caso entonces la OSE es responsable por su hacer imperito y negligente. (x) La Sala, al disponer que la indemnización por daño moral se liquide por la vía del artículo 378 del C.G.P., incurrió en error. En tal sentido, realizó las siguientes apreciaciones: En primer término, precisó que el daño moral reclamado comprende el daño moral ocasionado por las angustias, temor y continuo estado de alerta provocado por las reiteradas inundaciones de aguas pluviales y servidas a las que se vieron sometidos los actores. Al respecto, la Sala no valoró adecuadamente la prueba que acredita el daño padecido por los actores (fs. 3976) y por ello concluyó que no se acreditó la problemática que les aqueja (inundaciones y problemas constructivos ó únicamente problemas constructivos, según el caso). Precisó además que el daño moral reclamado comprende el padecimiento provocado en la salud de los actores por verse expuestos a un foco infeccioso. Respecto de este rubro la valoración de la prueba ha sido incorrecta “y mucha prueba no ha sido analizada” (fs. 3978 vto.). La Sala no tomó en cuenta el dictamen pericial, las historias clínicas, las declaraciones e informes de médicos, informes de laboratorios, de inspección judicial. No se analizó el estudio epidemialógico del Dr. Spinelli, no se analizó el informe del MSP, ni el informe del Laboratorio Texeira, ni de los muchos médicos que declararon en autos. Por último, en relación al daño moral, señaló que también se reclamó por el padecimiento derivado del envío de socios de la Cooperativa a un registro de morosos (“Clearing de Informes”), lo cual fue erróneamente desestimado por la Sala. En la medida que quien debe al BHU es la Cooperativa, no correspondía enviar al registro de morosos a los socios, tal como sucedió según los medios probatorios que identificó. Además, la pretensión por el resarcimiento de este rubro no fue controvertida por el BHU. (x.i) La Sala, al rechazar la indemnización del daño material reclamado por ausencia de prueba, incurrió en una infracción a las reglas legales sobre valoración de la prueba. (x.ii) En relación a la indemnización de los gastos por atención médica y medicamentos, el criterio para apreciar este daño debe ser flexible, tal como lo reconoce la jurisprudencia. Se acreditaron las enfermedades padecidas por cada uno de los actores así como que viven en un foco infeccioso, lo cual tiene como consecuencia natural y lógica la existencia de gastos por atención médica y medicamentos. Se reseñó respecto de cada reclamante la prueba producida. (x.iii) En relación al daño padecido por las faltas al trabajo por razón de las inundaciones, se solicitó flexibilizar la valoración, atento a la dificultad en acreditar este daño. Se reseñó respecto de cada reclamante la prueba producida. (x.iv) En relación al daño por las pérdidas de bienes muebles (vehículos, muebles) sufridas por las sucesivas inundaciones, también se solicita flexibilizar la valoración probatoria, sin perjuicio de la prueba aportada. Existen más de 100 testigos que respaldan este reclamo, además de numerosos documentos. La Sala obvió considerar que las inundaciones destruyeron muebles y documentos. Se reseñó respecto de cada reclamante la prueba producida. (x.v) La Sala incurrió en una contradicción al desestimar el rubro “depreciación en el valor de las viviendas” al mismo tiempo que reconoce que son viviendas “insalubres”. Si son insalubres carecen de valor comercial. (x.vi) La Sala incurrió en error al desestimar el daño material consistente en el importe que cada actor socio de la cooperativa adeuda al BHU. Existe prueba, un informe del BHU a fs. 2472/2475, en el cual se individualiza lo que debe cada socio. (x.vii) La Sala incurrió en una errónea valoración de la prueba al rechazar el reclamo por indemnización de las horas trabajados por cada socio en la construcción de las viviendas. La Sala debió valorar que el BHU omitió agregar la información que se le requirió. (x.viii) COVIMUS II reclamó por sí el daño padecido por depreciación del valor de las viviendas (U$S 3.060.000); el importe de la deuda que mantiene con el BHU (U$S 2.064.000 aproximadamente) y el importe de las horas de trabajo realizadas por sus socios (U$S 271.550 al momento de la demanda). Dado que el BHU no cumplió con lo que se le intimara, en relación a la agregación del expediente del BHU N° 713.977, debe tenerse por cierto lo indicado en la demanda, siendo de aplicación lo referido anteriormente, en cuanto a que si se reconoce que se trata de viviendas insalubres, debe reconocerse que se depreció su valor. (x.ix) La Sala, al desestimar la condena al pago de intereses aduciendo que ellos no fueron pedidos en la demanda, incurrió en error de derecho, al fallar extra petita , violando la regla de congruencia regulada en el artículo 198 del C.G.P. Además, en lo concerniente a la procedencia de la condena al pago de intereses, denunció que al no haber sido un aspecto de la decisión de primera instancia, la Sala no debió ingresar a su consideración. Sobre lo único que cabía a la Sala pronunciarse era sobre el dies a quo de los intereses, punto objeto de la apelación de su parte. Afirmaron además que: “la ley 14.500 es una norma de orden público y que en consecuencia los interese legales [corresponde que] se apliquen aun en el caso de no haber sido reclamados en la demanda. Y en el caso los intereses legales debe aplicarse desde la fecha en que se produjo la exigibilidad de la obligación y no desde la fecha de la constitución en mora o (...) desde la demanda” , ( sic , fs. 3992). En definitiva, solicitó que se anule la recurrida y que, en su lugar, se acogiera la demanda en todos sus términos. IV) Conferido traslado del recurso de casación, a fs. 4009/4010 compareció la Agencia Nacional de Vivienda a evacuar el traslado del recurso de casación de su contraria que le fuera conferido y abogó por su rechazo. A fs. 4013-4016, 4017-4034vto. y 4038-4041vto. hicieron lo mismo, respectivamente, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Intendencia Departamental de Salto y la OSE. V) El recurso interpuesto fue debidamente franqueado por medio del decreto fechado el 25 de julio de 2018 (fs. 4042) y los autos fueron recibidos en este Cuerpo el 14 de agosto de 2018 (fs. 4050). VI) Por decreto Nº 2346 de 29 de agosto de 2018 (fs. 4052 vuelto), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia. CONSIDERANDO : I) La Corporación, por unanimidad desestimará el recurso de casación movilizado, por las razones que se explicitarán en lo sucesivo. II) El caso de autos. El 13 de marzo de 2000 comparecieron 45 socios de la Cooperativa de Viviendas de Salto Dos (COVIMUS II) y, junto a diversos integrantes de su núcleo familiar, demandaron al Banco Hipotecario del Uruguay, a la Intendencia Departamental de Salto, al Arquitecto Mario Osimani Rodríguez y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (fs. 1014-1121vto.). Sostuvieron que en el año 1991, a instancias de la Intendencia de Salto, fundaron la Cooperativa en “régimen de propietarios por el sistema de ayuda mutua” para solucionar su necesidad de vivienda. Contaron desde el inicio con un equipo asesor de profesionales dependientes de la Intendencia. La Intendencia les donó el inmueble donde construir y el BHU financió la obra. A partir del 22 de diciembre de 1997 se vieron seriamente perjudicados por inundaciones en sus viviendas, las cuales se vieron invadidas por una mezcla de aguas de lluvia y aguas “sucias” de la red cloacal (aguas servidas que como tales contenían materia fecal, paños higiénicos, preservativos). Inicialmente vincularon el fenómeno al desborde del vecino arroyo Sauzal pero luego constataron que el fenómeno se producía a raíz de las lluvias, incluso de poca entidad (40 milímetros). El problema se origina en un vicio de construcción: los desagües pluviales se encuentran conectados a los cloacales. Denunciaron que las inundaciones generaron un foco infeccioso que afectó la salud de los residentes del complejo. Por otra parte, alegaron que las viviendas que no se ven afectadas por las inundaciones -esto es, las del sector Norte del complejo habitacional, sobre la calle 6 de abril- también presentan vicios de construcción iguales o mayores a los antes referidos. Estas viviendas presentan rajaduras, hundimientos, rupturas y pérdidas de cañerías, baños inutilizados. Entendieron que ello se produce por el declive del terreno. En definitiva, solicitaron que se les indemnizara el daño moral padecido, y, según cada caso, lucro cesante por ausentismo laboral y daño emergente por diversos conceptos (gastos médicos, daños a la vivienda, depreciación de la vivienda, indemnización por adeudos al BHU y por horas trabajadas y sumas abonadas al BHU). El monto total de lo reclamado, a la fecha de la demanda, ascendía a U$S 28.410.218 (veintiocho millones cuatrocientos diez mil doscientos dieciocho dólares) más 288 unidades reajustables. III) Análisis sustancial. En lo sucesivo, corresponde examinar los puntos de cuestionamiento, en el mismo orden en que fueron expuestos. III.I) Sobre el cumplimiento de los aspectos formales del recurso interpuesto (en particular del cumplimiento de la carga de la debida argumentación) . En lo inicial, corresponde despejar el cuestionamiento a los aspectos formales del recurso interpuesto, que ha sido formulado al evacuar el traslado. Sabido es que quien interpone un recurso de casación, como ocurre con todo acto procesal de proposición, está gravado con la carga de la debida argumentación. Puntualmente en sede de casación, dicha carga está explicitada en el artículo 273 numeral 2º del C.G.P. Como enseña Vescovi, quien recurre debe indicar cuál es la aplicación de la norma de Derecho que pretende, lo que supone indicar cuál es el error de derecho que denuncia y cuál es la correcta solución al caso planteado (Cfme. Vescovi, E: “Derecho Procesal”, T. VI (2ª parte), Idea, Montevideo, 1985, pág. 198). Y, tal desarrollo argumentativo, debe realizarse en forma clara y coherente. En el caso, el cumplimiento por parte de los recurrentes de la carga de la debida argumentación ha sido cuestionado por sus contrarias. Ciertamente, el recurso interpuesto en la causa por la parte actora no se distingue por su claridad expositiva ni por su prolijidad. De hecho, se advierte la reiteración de extensos párrafos sin sentido (por ejemplo a fs. 3969 vuelto/3970 se reitera lo dicho a fs. 3968 vuelto/ 3969), reiteración que -diligencia profesional mediante- debió evitarse. Asimismo, los recurrentes no han identificado las concretas disposiciones de derecho infringidas o mal aplicadas con la claridad y precisión que sería deseable. Sin perjuicio de lo cual, siguiendo a Vescovi, es menester recordar que cuando el Código General del Proceso impone a quien recurre en casación “la mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas” no se está exigiendo la mención de la concreta disposición legal infringida - tal artículo de tal ley-, sino la identificación de la norma jurídica vulnerada, proceder que el recurrente cumplió en forma cabal. Al analizar el requisito previsto en el artículo 273 numeral 1º, sostuvo el citado autor: “(...) cuando hablamos de norma de Derecho, entendemos que debe usarse el criterio amplio que surge de esa expresión en su tenor literal, que es claro y además suficientemente explicado en la exposición de motivos (...) no se hace necesario exigir la cita de un determinado artículo de la Ley violada, como sucede en algún país extranjero, en la cual la Ley habla de ‘contravención al texto de la Ley’. Nuestra forma es más amplia y expresamente se quiso adoptarla así, por lo cual la interpretación no debe restringir el texto legal, ni inspirarse en otras Leyes con diferente redacción” (Vescovi, E: “El recurso de casación. Segunda edición del libro: La casación civil”, Idea, Montevideo, 1996, pág. 107) (Cfme. sentencias de la Suprema Corte de Justicia Nos. 53/2006 , 256/2009 , 423/2013 , 23/2016 y 672/2017 , entre otras). En definitiva, independientemente del acierto o desacierto de los agravios invocados, y con las salvedades a las que se hará referencia al analizar cada agravio, cabe tener por cumplido lo establecido en el artículo 273 del C.G.P. III.II) Sobre la absolución del BHU . Como se detalló en los resultandos, los recurrentes se agraviaron porque, a su juicio, la Sala incurrió en error al considerar que el BHU carece de legitimación pasiva, por cuanto únicamente actuó como prestamista. En tal sentido, afirmaron que surge debidamente acreditado que el BHU envió técnicos de su confianza al lugar de construcción de la obra a verificar todo lo referente al proyecto y planificación, aprobó lo proyectado y luego omitió supervisar la obra. Sin embargo, la Sala omitió considerar diversos medios de prueba que reseñó. Por ello, ya sea en el marco de las normas sobre responsabilidad contractual o, subsidiariamente, en el del artículo 24 de la Carta, consideraron que el BHU debe responder. Además, sostuvieron que el BHU es responsable por no haber ejercido su derecho a reclamar en el marco del artículo 1844 del Código Civil: la inacción del BHU al no actuar ni dejar actuar a los damnificados lo hace responsable. Por los fundamentos que se expresarán seguidamente, el agravio no es de recibo. III.II.I) Tal como se lo estableció en ambas instancias de mérito, el BHU se limitó a prestar el dinero que la parte actora necesitaba para realizar la obra de autos. La obra de construcción de las viviendas de la cooperativa COVIMUS DOS estuvo a cargo, únicamente, de la cooperativa y sus socios; no se trató de una obra pública. Por ello, como bien lo señaló la Sala, el BHU no puede ser responsabilizado por supuestos vicios del terreno, del proyecto arquitectónico ni por la mala ejecución de las obras, ya que ninguna incidencia tuvo en tales aspectos. El BHU cumplió a cabalidad su obligación: prestó el dinero necesario para realizar la obra (aproximadamente U$S 2.000.000). En ese marco, la calificación jurídica de la Sala, conforme a la cual no puede responsabilizarse al BHU por ausencia de nexo causal entre el accionar del Banco y los daños y perjuicios reclamados no admite reproche alguno. III.II.II) Desde otra óptica, el agravio se sustenta también en una crítica a la valoración probatoria de la Sala por la cual esta concluyó que: “no surge de estos procedimientos que la actuación del BHU haya ido más allá (..) de otorgar el préstamo para que los actores pudieran construir, por lo que no existe nexo causal entre el accionar del Banco y los daños y perjuicios reclamados” (fs. 3943). Respecto de la errónea valoración de la prueba como causal de casación, la jurisprudencia de la Corte en cuanto a que la revaloración del material fáctico tenido en cuenta por los tribunales de mérito se encuentra vedada en la etapa de casación, salvo en hipótesis de absurdo evidente o arbitrariedad en el razonamiento probatorio. En tal sentido, la Corte ha sostenido que dicha causal se reduce a los casos en los cuales se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada; o, en el caso de que correspondiera aplicar el sistema de la sana crítica, cuando se incurra en absurdo evidente, por lo grosero e infundado de la valoración realizada (criterio sostenido por la mayoría de la Corporación en las sentencias Nos. 408/2000 , 52/2010 , 4248/2011 , 594/2013 y 640/2017 , entre otras). Por otra parte, la Corporación considera que no corresponde a la Corte revalorizar todo el material probatorio para encontrar una valoración alternativa (Cfme. Sentencias Nos. 328/2015 , 171/2016 , 143/2018 , 1118/2018 y 1479/2018 ). Es carga de la parte recurrente detallar en qué pruebas se funda la valoración que entiende adecuada y de qué forma la Sala se apartó de la prueba producida y de las reglas de valoración aplicables, con el grado de gravedad antes referido. Bajo esas coordenadas, el agravio tampoco puede prosperar. En primer lugar, porque los recurrentes, en puridad, no denuncian un absurdo o una arbitrariedad en la valoración de la Sala, sino una mera discordancia con la valoración realizada por ese colegiado, lo cual es razón suficiente para rechazar el agravio. En segundo lugar, el razonamiento probatorio de la Sala, que surge explicitado a fs. 3943/3945, reseña pulcra y exhaustivamente los elementos probatorios que corroboran el parecer de la Sala respecto a que el BHU ninguna injerencia tuvo en la selección del terreno, en la confección del proyecto ni en la ejecución de la obra. Tal razonamiento, mal podría ser tachado de absurdo en forma evidente o arbitrario. Por último, cabe señalar que lo expresado por el Arquitecto Fernando Chebataroff, funcionario del BHU, y de lo cual los recurrentes hacen caudal en su medio impugnativo en forma reiterada, es absolutamente inidóneo para sostener el agravio de los recurrentes. En efecto, como surge de la propia transcripción de la declaración de Chebataroff realizada por los recurrentes en su medio impugnativo “la función de los inspectores el BHU [es la de] certificar avances de obra, interviniendo en el caso que se pueda afectar la garantía hipotecaria, cosa que no ocurrió durante las obras (no se registraron inundaciones durante su desarrollo ni ninguna otra anomalía relevante...)” . Entonces, la eventual ausencia de un Fiscal de Obra o inspector del BHU en el caso sería irrelevante, ya que su función primordial es controlar los avances de la obra para liberar los fondos prestados, no realizar la actividad propia de un Director de Obra. Y si algún valor tiene esta declaración, es totalmente contrario al interés de la parte actora, ya que señala que durante la obra de COVIMUS II no se detectó ninguna anomalía de entidad. IIII.III) En cuanto a la desestimatoria del daño moral por inclusión en un registro de incumplidores . Los recurrentes se agraviaron porque la Sala, al no hacer lugar a la condena a indemnizar el daño moral derivado de la incorrecta inclusión de diversos cooperativistas como morosos en un registro de incumplidores (“Clearing de Informes”), valoró erróneamente la prueba. Sostuvieron que quien debe al BHU es COVIMUS II, no sus socios cooperativistas. Además, sostuvieron que se trataría de un extremo no controvertido por el BHU al contestar la demanda. El agravio no es de recibo. Véase que los recurrentes no cuestionaron la existencia de una deuda impaga con el BHU por concepto del préstamo que financió sus viviendas, sino que esa deuda no era debida por los socios cooperativistas sino por la cooperativa. La Sala desestimó la pretensión de condena por este rubro por un argumento tan sencillo como contundente: los socios de COVIMUS II se constituyeron en deudores solidarios de la totalidad de la deuda de la cooperativa, tal como surge acreditado a fs. 2316/2319. Adicionalmente, la Sala expresó que respecto de este rubro no se acreditó el daño moral alegado. Este argumento, determinante del fallo en este punto, no ha sido siquiera mencionado por la parte actora en su extenso recurso; menos aún ha sido controvertido, lo cual impone su rechazo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 270 inciso segundo del C.G.P. En efecto, en el artículo 270 inciso segundo del C.G.P. se preceptúa que en casación: “no se tendrán en cuenta los errores de derecho que no determinaren la parte dispositiva de la sentencia” . Por imperio de esta disposición, quien recurre en casación está gravado con la carga de dirigir su crítica contra aquellos errores de derecho que hayan determinado el fallo de segunda instancia. Como observa Vescovi, esto es lo que se ha dado en llamar “la eficacia causal” del error, para ser tomado en cuenta en casación. Esa relación de causalidad entre el vicio y la sentencia, se hace más necesaria en la medida en que el recurso, más que en interés público (o en defensa de la legalidad), se concede en función del interés privado de la parte. Añade el autor que nuestra ley es muy clara en cuanto a que se requiere que la infracción sea determinante de la parte dispositiva del fallo. El error, aunque esté en las consideraciones (considerandos), debe repercutir en el fallo (Cfme. Vescovi, E: “El recurso de casación”, IDEA, Montevideo, 1996, págs. 63/64; en jurisprudencia, por todas, véase la Sentencia Nº 1.548/2018 ). Va de suyo, entonces, que ante el incumplimiento de esa carga deben rechazarse, por improcedentes, aquellas críticas o agravios que no refieran a las razones jurídicas que determinaron el fallo. Y por las razones que vienen de señalarse, esta última situación es exactamente la que se verifica respecto este agravio. III.IV) En cuanto a la absolución de la Intendencia Departamental de Salto . Los recurrentes sostuvieron que la Sala, al eximir de responsabilidad a la Intendencia Departamental de Salto, por habérsela condenado en primera instancia por hechos no alegados en la demanda, incurrió en error. En el objeto del proceso y de la prueba se incluyó como hecho fundante de la responsabilidad la participación de la Intendencia en la donación del terreno y la propuesta de técnicos para la obra. Además, sostuvieron que la donación es un contrato, por lo que la Intendencia debió donar una cosa sin vicios, por lo que si donó un terreno inundable debe responder. En resumen, afirmaron que la condena a la Intendencia no implicó violación alguna del principio de congruencia, como lo sostuvo la Sala. El agravio no es de recibo. La Sala entendió que la condena de la Intendencia Departamental de Salto dispuesta en primera instancia violó la regla de congruencia establecida en el artículo 198 del C.G.P., habida cuenta de que los hechos fundantes de tal condena no fueron los que se alegaron en la demanda como fundamento de la pretensión. En tal sentido, tal como surge de autos y lo consignó la Sala, la parte actora fundó la responsabilidad de la Intendencia en dos concretos hechos: el otorgamiento del final de obra sin haber realizados los controles de rigor y el haber impuesto técnicos de su confianza a COVIMUS II (fs. 1030-1031vto., pieza 4). A su vez, en la Audiencia Preliminar se estableció: “se precisa de común acuerdo entre las partes y la Sede que (...) la pretensión contra la Intendencia (...) de Salto tiene sus fundamentos fácticos en la participación de ésta en la donación del terreno donde se construyó el núcleo habitacional accionante y en la propuesta de técnicos intervinientes en la obra (...)” , (fs. 1448 - Pieza 5). Pese a la plataforma fáctica propuesta por los actores, la sentencia de primera instancia condenó a la Intendencia por hechos diversos: los vicios en el suelo derivados de su composición (arcilla) y de su ubicación (sobre un arroyo), (fs. 3713). Adicionalmente, cabe señalar que, como bien lo puso de manifiesto la Intendencia Departamental de Salto al evacuar el traslado del recurso de casación a estudio, no podría recibirse una acción por vicios de la cosa donada por no haberse hecho tal planteo en la demanda. Por último, cabe agregar que la plataforma fáctica tenida por probada por la Sala, intangible de regla en sede de casación, impide responsabilizar a la Intendencia. Y no se ha esgrimido agravio apto para hacer caer esa plataforma fáctica -en relación a la valoración de la prueba como causal de casación-, cabe remitirse a lo expuesto ut supra . En tal sentido, cabe transcribir lo expuesto por la Sala al respecto: “Se concuerda con la [Intendencia Departamental de Salto en] que su papel se limitó a la donación, dado el régimen cooperativista, el terreno fue elegido por la Cooperativa, quien solicitó su donación (fs. 1.183 y vto.), pero además observó irregularidades en cuanto al terreno y pluviales (conexiones clandestinas). El padrón se encuentra en una zona que no es inundable (Decreto de la Junta Departamental No 164/79 del 14/11/79, que refiere a las áreas inundables, cuya copia fue agregada por la propia co-accionada a fs. 3.837 a 3.839), por lo que la constancia incorporada a fs. 1.158 es correcta y no ha incumplido el art. 35 num. 17 de la Ley No 9.515. De hecho, los accionantes la eligieron y un informe técnico de un Arquitecto dice que todo terreno admite ser construido si se toman las medidas adecuadas, por ejemplo, relleno del terreno (fs. 1.164). En el caso, los cimientos debían ser de determinada manera, utilizar fundación directa y no cimiento corrido como realizaron, desoyendo las recomendaciones de los técnicos (fs. 70 a 76, 1.164, 1.243/1.244, 1.264). De la lectura de la pericia (fs. 3.198 y sgtes.) y, en especial, las conclusiones de la misma, surge que el origen de algunos de los daños derivan del sistema pluvial. La Intendencia Municipal de Salto cumplió con su carga de demostrar que el terreno no está situado dentro de zona inundable y que el Arroyo Sauzal no tuvo incidencia –directa e inmediata- en los daños reclamados . El propio Perito designado por la Sede informa que ‘La construcción de un canal para encausar el Arroyo Sauzal no presenta consecuencias directas con los problemas de inundación del complejo de viviendas ...’ (fs. 3.206). Ver también informe de la Ingeniera Roxana González de fs. 229 vto. Corresponde tener presente también las declaraciones de la Arquitecta Liliana María Clavelli Piñeiro (profesional del BHU-fs. 2.214), estudios de fs. 1.243 y 2.232, declaración del propio co-demandado Osimani (fs. 2.301), del Ingeniero Civil Carlos Alberto Altoberro ( se puede construir pero de determinada manera -fs. 2.330 y sgtes.)” , (fs. 3947-3948, los destaques mediante subrayado pertenecen a la redacción). En definitiva, por estas razones que la Corte comparte, se justifica el rechazo de la pretensión de condena a la Intendencia Departamental de Salto. III.V) Sobre los otros agravios relativos a la errónea valoración de la prueba de hechos presuntamente determinantes de la responsabilidad de la Intendencia Departamental de Salto . Los recurrentes se agraviaron también porque consideraron que la Sala, al desestimar la responsabilidad del Intendencia, incurrió en error: (i) al afirmar que el terreno se encuentra en una zona no inundable basándose en un acto de la propia Intendencia; (ii) al desconocer que el dictamen pericial indicó que la errónea canalización del arroyo Sauzal, obra realizada por la Intendencia afecta a las viviendas de los actores, agravando la situación. Estas críticas parten de cuestionar la valoración de la probatoria de la Sala, valoración en función de la cual ese colegiado concluyó que, más allá de las características del terreno, la problemática que funda el accionamiento se originó en errores constructivos (ausencia de suficiente relleno del terreno, cimentación inadecuada para el terreno). En tal sentido, cabe remitirse a lo expresado precedentemente. La crítica desplegada por los recurrentes en este caso no demuestra que estemos ante alguno de los excepcionales supuestos en los que corresponde acoger un agravio por errónea valoración de la prueba. En efecto, el razonamiento probatorio de la Sala, sobre estas cuestiones antes transcripto, no evidencia falla lógica o arbitrariedad alguna. En cuanto al supuesto apartamiento del dictamen pericial, que podría constituir un supuesto de valoración arbitraria, cabe destacar, como lo hizo la Sala, que el perito afirmó sin ambages que: “la construcción de un canal para encausar el arroyo Sauzal no presenta consecuencias directas con los problemas del complejo de viviendas, pero si tiene consecuencias a largo plazo” , fs. 3206. Afirmación que demuestra la sinrazón del agravio, ya que es sabido que, como ha tenido ocasión de señalarlo la Corporación reiteradamente: “el daño debe estar vinculado al comportamiento del obligado. La conducta de uno -acción u omisión-, debe ser la causa eficiente o productora del evento dañoso que sufre el otro. El daño debe ser consecuencia directa del hecho del ofensor (cf. Gamarra, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XIX, Vol. 1, págs. 309-310) (Sentencia No. 125/1995) ”, (sentencia N° 41/2016 ). Adicionalmente, cabe señalar que estos cuestionamientos tampoco podrían ser recibidos, ya que se apartan de los hechos que la parte actora determinó en su demanda como fundantes de la responsabilidad del Gobierno Departamental de Salto, tal como surge de fs. 1021-1023vto., 1030-1031vto. y fuera señalado en el capítulo 4 precedente de este estudio, páginas 17-20. III.VI) En cuanto a la responsabilidad de la Intendencia de Salto por haber otorgado el “final de obra” . Los recurrentes también afirmaron que la Sala incurrió en error, al considerar que la Intendencia no debe responder en función de lo dispuesto en los artículos 1 a 5 de la ley 14.440 y de su decreto reglamentario, en los artículos 27 a 55 del Digesto Municipal -en particular sus artículos 33, 45 a 48 y 55-. A su juicio, de esas disposiciones se desprende que el propietario está obligado a registrar la obra que realiza en la Intendencia, las obligaciones que asume el Director de Obra y que la Intendencia debe controlar su cumplimiento. En el mismo sentido, de lo dispuesto en los artículos 17 inciso segundo de la Ley Nº 13.728 y 75 numeral 8 de la Ley Nº 13.728 se desprende que la Intendencia tiene el poder-deber de procurar una vivienda digna. Afirmaron también que la Intendencia Departamental de Salto cobró por otorgar el permiso de construcción y el “final de obra”, por lo que hubo un servicio mal cobrado. El agravio no es de recibo. Tal como lo estableció el perito actuante, descartado que el canal o entubamiento del arroyo Sauzal tenga efecto directo en los daños invocados (primer párrafo del capítulo 5.5 de su dictamen, fs. 3206), el problema se centra en que las aguas pluviales de las viviendas se juntan o confunden con las aguas servidas, por existir: “conexiones pluviales al saneamiento” (fs. 3200 in fine , fs. 3207). Ahora bien, respecto a este problema, que es el que tiene incidencia en los daños reclamados, cabe tener presente lo expresado en el capítulo 5.2 del dictamen pericial, bajo el título “cambio de proyecto”: “En primer lugar se hace notar que hay un cambio de proyectos el cual está calculado y aprobado por los asesores en la materia (...) No se han encontrado dentro de los documentos el cálculo hidráulico justificativo del cambio de [l] proyecto de drenaje, pero al haber planos con firma técnica se supone que se ha verificado” (fs. 3201/3202). En ese contexto, existiendo técnicos que avalaron los cambios del proyecto original, no es posible reprochar a la Intendencia codemandada el haber aprobado un proyecto que contaba con el aval de técnicos especializados. III.VII) En cuanto al agravio por haber considerado la Sala acreditado que existen conexiones ilegítimas de la red pluvial a la red interna de saneamiento de las viviendas . Sostuvieron los recurrentes que la Sala, al considerar probado que existieron conexiones de los desagües de agua pluvial a la red de saneamiento, violó tanto las reglas sobre valoración de la prueba como aquellas sobre distribución de carga de la prueba. En primer lugar, afirmaron que de acuerdo con lo expresado por el perito Schipilov, el evento dañoso no deriva de tal circunstancia sino de la problemática del arroyo Sauzal y de la canalización de las aguas pluviales externas. En segundo lugar, sostuvieron que la carga de probar un hecho es de quien lo alegó, en este caso, de los demandados, y no se acreditó que las conexiones de los desagües pluviales a la red cloacal sean posteriores a la obra. El agravio no es de recibo. En primer término: no se advierte violación alguna de las reglas de distribución de la carga de la prueba: la alegación por un demandado de un hecho impeditivo del hecho fundante de la pretensión de su contrario no implica violación de las reglas referidas. En segundo lugar, el agravio parte de considerar errónea la valoración de la Sala, conforme a la cual concluyó que hubo conexiones clandestinas de la red pluvial de las viviendas a la red interna de saneamiento, lo cual incide en el mayor caudal que debe soportar el sistema de desagües y, consecuentemente, en la ocurrencia de las inundaciones. Es claro que el agravio no puede prosperar, ya que no surge atisbo alguno de una valoración arbitraria o groseramente absurda en este punto. Véase que en el propio dictamen pericial se da cuenta que después de entregadas las viviendas se advirtió a la Cooperativa que existían conexiones irregulares a la red de saneamiento interna (fs. 3200 in fine ). Adicionalmente, como muy bien lo puso de manifiesto la Intendencia de Salto al contestar el recurso de casación en estudio, se impone destacar que la sinrazón de este agravio surge de varios medios probatorios, entre los que cabe citar: (i) informe de los ingenieros José Da Cunda y Juan José Silva Calero del 18 de marzo de 1998 (fs. 187); (ii) informe de la ingeniera Roxana González (fs. 229vto.); (iii) documentación aportada por la OSE en el IUE 357-166/1998 unido por cuerda, documentación que da cuenta de que luego de habilitadas las viviendas se realizaron las conexiones clandestinas de la red pluvial a la red de saneamiento; (iv) declaración del ingeniero José Da Cunda a fs. 2199, quien fuera contratado por los propios actores. III.VIII) En cuanto a la absolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de la OSE . Sostuvo la parte actora que la Sala, al considerar que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no estaba legitimado, violó lo establecido en los artículos 1°, 2°, 3° inciso primero, 5° y 6° de la Ley Nº 16.112, los artículos 4° inciso segundo, 7° y 118 de la Ley Nº 13.728. El Ministerio tuvo conocimiento del foco infeccioso derivado de las inundaciones de las viviendas, tal como surge de la prueba que reseñó, aspecto que fue ignorado por las Sedes de mérito. Por lo tanto, existiendo profusa prueba de la existencia del foco infeccioso y de su conocimiento por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, es “ajeno a derecho eximir de toda responsabilidad al MVOTMA” (fs. 3974), atento a su competencia en, entre otras cuestiones, en materia de formulación, supervisión y evaluación de los planes de vivienda así como en materia de planes de política medioambiental. El agravio es de franco rechazo. Tal como se lo pusiera de manifiesto en ambas instancias y los recurrentes no se han preocupado en rebatir, el Ministerio no contribuyó, ya sea por acción u omisión, a la causación de los daños reclamados. Por lo tanto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 270 inciso segundo, no cabe sino rechazar este agravio. No existe un solo argumento destinado a explicar cómo la conducta del Ministerio pudo haber incidido en la causación de los daños reclamados. En cuanto a la desestimación de la demanda contra la OSE, los recurrentes denunciaron como un error de la Sala el no haber advertido que dicho organismo es quien autoriza o no la conexión a la red de saneamiento. El perito estableció que el sistema colapsa porque en la cámara de inspección ubicada en la calle Blanes esquina Charrúa entran tres caños de 200 milímetros pero sale uno solo de igual diámetro, lo cual la OSE debió haber advertido. Su hacer imperito y negligente la hacen responsable. El agravio no es de recibo. Nuevamente los recurrentes ignoran lo dispuesto en el artículo 270 inciso segundo del C.G.P. respecto a que, en casación: “no se tendrán en cuenta los errores de derecho que no determinaren la parte dispositiva de la sentencia” . La Sala absolvió a la OSE por una concreta razón jurídica: los actores no dedujeron pretensión alguna contra la OSE, lo que impide su condena en autos. Respecto a esta razón los recurrentes nada dijeron en su recurso, lo que sella negativamente la suerte de este agravio. III.IX) En cuanto al agravio por remitirse a la vía del incidente de liquidación la cuantificación del daño moral . Inicialmente, cabe realizar una primera precisión respecto al alcance de este agravio, largamente desarrollado en el capítulo 5.1 del recurso de casación, fs. 3975 in fine a 3981vto. Allí no se cuestionó la remisión a la vía del artículo 378.1 del C.G.P. No existe ningún desarrollo de los recurrentes en este sentido. El agravio se articuló por medio de una extensa reiteración de cuáles son los padecimientos englobados en el daño moral reclamado (subcapítulo “A-1”: daño moral por la angustia provocada por estar siempre pendientes de una eventual inundación; subcapítulo “A-2”: daño moral por el padecimiento sufrido por los daños materiales sufridos; subcapítulo “A-3” daño moral por afectación a la salud; subcapítulo “A-4”: daño moral por inclusión en un registro de morosos). Y cuando se ingresa en la consideración de cada uno de los farragosos subcapítulos “A-1” a “A-3” se asiste una crítica a la valoración de la prueba efectuada en las instancias de mérito. El subcapítulo “A-4” se reitera el agravio ya analizado en el capítulo 3 de este estudio, a cuyos términos me remito. Cabe tener presente que respecto al daño moral la Sala revocó la condena dispuesta en primera instancia, por la cual se condenaba al pago de una misma cantidad a cada una de las familias accionantes y, en su lugar mandó a que se tuvieran presentes las circunstancias específicas de cada núcleo familiar teniendo una serie de pautas (debe tenerse en cuenta el sufrimiento padecido por cada familia: “la ubicación de las vivienda, número de integrantes, edades, las continuas inundaciones sufridas, no solo de aguas pluviales sino también cloacales y el temor de su ocurrencia, así como por las rajaduras y vicios de la construcción, las secuelas en la salud de algunos de los habitantes de la Cooperativa” ). La Sala recordó que el monto de la indemnización fijado en primera instancia fue cuestionado por excesivo por la Intendencia y por exiguo por los accionantes, así como la insuficiente alegación en relación a este rubro que surge tanto de la demanda como de la defensa de la Intendencia de Salto. El agravio no es de recibo. En ambas instancias de mérito se tuvo por acreditado el padecimiento de los accionantes, sin realizarse mayor análisis al respecto. Ahora bien, dado como fue estructurado este agravio, no puede ser recibido, dado que la escueta motivación del acogimiento del rubro no puede caer ante un embate crítico basado en una valoración probatoria que no tiene las notas que habilitan su revisión en casación (no es absurda ni arbitraria). Véase que el daño moral globalmente considerado que fue amparado tanto en primera como en segunda instancia ciertamente comprende los aspectos referidos en los subcapítulos “A-1”, “A-2” y “A-3, por lo cual, no habiéndose impugnado que la Sala pudo y debió liquidar el rubro o la insuficiente motivación de lo decidido, solo cabría amparar el agravio si la errónea valoración de la prueba que lo sustenta fuera groseramente absurda o arbitraria, calidades que no se verifican en autos. III.X) En cuanto a la valoración de la prueba en relación al daño material reclamado . Tal como surge del memorial de agravios (capítulo IV, “k1” a “k7”), los recurrentes se agraviaron extensamente porque la Sala desestimó su pretensión indemnizatoria respecto al daño material alegado, por ausencia de prueba. El razonamiento probatorio de la Sala en este punto surge explicitado en estos términos: “ La Sala confirmará la recurrida en cuanto desestimó el daño patrimonial reclamado, considerando que no resultan de recibo los agravios articulados por los actores. Respecto de los gastos terapéuticos, médicos y de medicamentos sufridos, estima este Tribunal que son de rechazo. Si bien las suscritas se afilian a la tesis de que con relación a éstos debe tenerse un criterio flexible, ello no significa que estén exentos de prueba, que no se haga una relación circuístanciada de los mismos y sobre todo hay que acreditar su causa. En la demanda se limitan a establecer una cantidad sin especificar en que consistieron, no dando pauta alguna para poder fijarlos. Se comparte lo argumentado por la ‘a quo’ en el sentido de que de las declaraciones de los diversos médicos se advierte que se desconoce con certeza la causa de las diversas enfermedades digestivas y respiratorias que refieren. Ha sostenido esta Sala: ‘Los actores deben determinar con precisión el monto del daño moral que reclaman, ya que nadie mejor que quien padece o padeció un sufrimiento espiritual se encuentra en condiciones de avaluarlo. Deben, también, los actores determinar con precisión las bases del daño emergente y del lucro cesante cuya reparación pretenden, si es que la complejidad de la cuestión les impide establecer su monto. No basta con definir la categoría abstracta de los rubros, sino que cada categoría debe llenarse con la circunstancia dañosa concreta, estableciendo en qué consisten los gastos soportados y cuál es la pérdida de ganancia cuya indemnización pretenden, aun cuando no estén en condiciones de determinar, con precisión, el monto de cada rubro’ (Sentencia 28/2011,RUDP,1/12,c.20). Como ha sostenido la integrante de esta Sala, Dra. Selva Klett, la invocación de los hechos es de exclusiva incumbencia del actor y la ambigüedad u oscuridad de la demanda obra en desvalor del demandante, como lógica consecuencia del onus de claridad que pesa sobre este (‘Proceso Ordinario en el Código General del Proceso’, T. I, pág. 258-259). ‘Para satisfacer la carga de la debida fundamentación, debe realizarse, según los casos y circunstancias, un especial esfuerzo de explicitación y de argumentación’ (S. Klett, ob. cit., pág. 261). Las pretendidas faltas al trabajo no han sido debidamente acreditadas ni tampoco la causa de dichas faltas. Tampoco resultaron acreditados en forma fehaciente los invocados daños en el mobiliario ni electrodomésticos. La depreciación de los inmuebles no ha sido debidamente acreditada. No existió prueba técnica alguna que revelara el valor de mercado de las viviendas así como su eventual desvalorización. Tampoco obra en autos informe pericial que determine en forma acabada los desperfectos de cada una de las viviendas y sobre todo su origen. Del informe pericial practicado en autos por el Perito designado Ingeniero Pablo Schipilov Fraga, no pueden extraerse éstos (fs. 3.198 a 3.207). Habla de los problemas, las causas, consecuencias y las recomendaciones pero no refiere a los deterioros de cada una de las viviendas. Debe tenerse presente también que dicho perito en el capítulo 4 referente a responsabilidades y obligaciones, establece que ante los organismos, el comitente, el contratista, el/la Dirección de obras, capataces, encargados y el personal afectado a las tareas son los responsables. Asimismo, en el informe incorporado en autos realizado por el Arquitecto Chebataroff, Jefe de sección del B.H.U., al que los actores aluden en reiteradas ocasiones, se establece que llama poderosamente la atención que, tratándose de una Cooperativa de Ayuda Mutua, o sea, con mano de obra proporcionada por los propios socios, un alto porcentaje de las quejas se centren en la presencia de defectos constructivos. Las patologías resultan de la actuación de los propios reclamantes, autores materiales de las viviendas, bajo la dirección de un técnico elegido por ellos mismos para concretar un proyecto que contó con su aprobación previa, a concretarse en un terreno de su propia elección, finalmente obtenido por donación por la Intendencia de Municipal de Salto. ‘Mayor aún resulta la sorpresa cuando se deduce que las patologías más importantes, con excepción de las periódicas inundaciones, son consecuencia de la realización de construcciones absolutamente ajenas al préstamo proporcionado por el BHU y llevadas a cabo después de la ejecución de las obras según el proyecto arquitectónico aprobado por la institución bancaria, la Intendencia Municipal de Salto, OSE y UTE y cumpliéndose con las exigencias del MTSS y BPS’ (fs. 3.053). También señala que las aguas pluviales terminan confundiéndose con los efluentes de baños y cocinas, dejándose expresa constancia de que parte de esta mezcla se produce porque los propios cooperativistas han realizado obras de mediante un colector que en algunos sectores resulta unitario y no separativo, incumpliéndose con las normas vigentes en la ciudad de Salto. Asimismo, habla de agregado de construcciones no previstas en el proyecto financiado por el B.H.U. una vez culminadas las viviendas objeto del préstamo, la obsolencia física de algunos elementos componentes de las viviendas debido al tiempo transcurrido desde su culminación, la calidad de mano de obra naturalmente inferior a lo habitual en una empresa constructora (fs. 3.053). En suma, no se ha acreditado específicamente respecto a cada una de las viviendas cuales son las patologías que sean consecuencia del obrar negligente del arquitecto y el monto de ellas. El rubro peticionado por las horas trabajadas por el régimen de ayuda mutua no corresponde. Sin perjuicio de que tampoco ha resultado debidamente acreditado, no se advierte la incidencia causal en dicho reclamo, así como tampoco en la suma que los actores adeudan al B.H.U. por haber dejado de pagar las cuotas. Por las consideraciones expuestas, tampoco proceden los daños reclamados por la Cooperativa Covimus Dos; sin perjuicio de advertirse que se han reclamado en forma doble, por las personas físicas y por la Cooperativa, dejándose librado al criterio del Tribunal a quien corresponde condenar”. La cita, extensa, pero necesaria, da cuenta de que la Sala esgrimió dos argumentos independientes entre sí para desestimar el rubro daño moral: 1°) hubo una insuficiente alegación inicial de los accionantes en su demanda respecto de este rubro y 2°) no acreditaron los daños patrimoniales invocados. Huelga señalar que la insuficiente alegación en el acto de la demanda no puede ser corregida en etapas procesales posteriores. Y en lo que a la valoración cuestionada se refiere, no se advierte que surja absurdo o ilogicidad alguna en el razonamiento probatorio de la Sala, ni, menos arbitrariedad alguna, razón que impone el rechazo de este cuestionamiento, por las razones consignadas antes en relación al error en la valoración de la prueba como causal de casación. III.XI) En cuanto a los intereses . Tal como surge de fs. 3887, al apelar el fallo de primea instancia, la Intendencia de Salto se agravió en tiempo y forma de la condena al pago de intereses, aduciendo que éstos no fueron solicitado en la demanda. Por ello, el agravio por haber la Sala revocado la condena al pago de intereses, en un proceder que implicaría un fallo extra petita , es claramente erróneo. Corresponde mantener la desestimatoria de la condena al pago de intereses dispuesta por la Sala ya que, efectivamente, la parte actora no solicitó su pago en su demanda y no existe posibilidad de disponerlas de oficio. IV) La actuación de las partes en esta etapa procesal ha sido correcta, por lo que no hay mérito para imponer particular condena en costas y costos. Por estos fundamentos, y en atención a lo establecido en los art. 268 y concordantes del Código General del Proceso la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. A LOS SOLOS EFECTOS PARAFISCALES, FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 30 BPC (ART. 71 LITERAL B DE LA LEY Nº 17.738). NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.