Sentencia Definitiva N° 1.116/2019

Montevideo, trece de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “RR C/ MM Y Y OTROS - DESALOJO - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 141 DE LA LEY Nº 18.407 ” , individualizados con el IUE 296–214/2018. RESULTANDO : I) El Señor RR promovió demanda de desalojo contra MM y “demás ocupantes” de la vivienda número 18 de la Cooperativa de las Fuerzas Armadas (CIFA), de la ciudad de Pan de Azúcar, ante el Juzgado de Paz de la Tercera Sección Judicial de Maldonado (fojas 23-25). Alegó que por sentencia nro. 20/2016, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 1er. Turno, fue reconocida la unión concubinaria que tuvieron el actor y la demandada. Luego de disuelto el vínculo entre los concubinos, el actor mantuvo la tenencia de la hija de ambos, lo cual acredita a través de la sentencia respectiva. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 141 de la ley 18.407 y el artículo 12 del Estatuto de la Cooperativa de las Fuerzas Armadas (CIFA), en caso de disolución de una unión concubinaria judicialmente reconocida, tendrá preferencia para continuar con el uso y goce, el concubino que conserve la tenencia de los hijos. II) Una vez decretado el desalojo y dispuesta la citación de excepciones, compareció MM, dedujo defensas contra el mandato de desalojo e interpuso excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 141 de la ley 18.407 (fojas 47-51 vto.). Sostuvo que la norma impugnada transgrede lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución de la República, lo cual limita el derecho de propiedad del socio cooperativista frente a otro que no lo es, pero sin fundarse en razones de interés general. Sin perjuicio de que el artículo 2 de la ley 18.407 declara de interés general a las cooperativas, tal declaración debe superar el control de constitucionalidad que realice la Suprema Corte de Justicia. III) Una vez recibidos los autos ante la Suprema Corte de Justicia, la actora no evacúa el traslado conferido. A fojas 65-69 vto. se expidió el Fiscal de Corte, quien consideró que correspondía desestimar la pretensión deducida. IV) Una vez diligenciada la prueba, alegó el Señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación (fojas 104-108 vto.) y, finalmente, culminado el estudio por parte de los Señores Ministros, se acordó el dictado de sentencia para el día de la fecha. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimará la pretensión de declaración de inconstitucionalidad interpuesta por vía de excepción, con costas a cargo de la impugnante, en mérito a los siguientes fundamentos. II) La norma impugnada, artículo 141 de la ley 18.407, establece: “En caso de disolución de matrimonio o de la unión concubinaria reconocida judicialmente, tendrá preferencia para continuar en el uso y goce, aquel cónyuge o concubino que conserve la tenencia de los hijos, sin perjuicio de las compensaciones que correspondieren”. III) No se verifican en autos las transgresiones a la norma constitucional que se denuncian. En primer lugar, no puede dejar de destacarse lo frágil del planteo formulado por la promotora de la presente demanda de declaración de inconstitucionalidad. En ella no se denuncia, ni se acredita, el vínculo jurídico que une a la promotora con el bien respecto del cual fue desalojada, lo cual perjudica inexorablemente su postura. IV) Sin perjuicio de lo consignado en el numeral precedente, corresponde decir que las argumentaciones de la promotora no son ajustadas a derecho. Tal como bien pone de relieve el Señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, en la norma impugnada no existe colisión alguna entre el derecho de propiedad de un socio cooperativista frente al de otro que no lo es. Por el contrario, claramente, se trata de un mecanismo para salvaguardar el derecho a la vivienda de los niños, niñas y adolescentes (fojas 65 vto.). No estamos ante una norma que proteja los derechos de un socio cooperativista por sobre los de otro socio, sino que, eventualmente, la situación de ventaja de un socio por sobre otro puede derivar de una situación fáctica. Aquel cónyuge o concubino que mantenga la tenencia de los hijos tendrá preferencia para continuar en el uso y goce. La protección de los menores de edad está prevista en la propia norma constitucional (artículos 41 y 41 de la Carta). Por otra parte, existen otras normas que imponen la especial protección de la minoridad (artículo 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 11 del Pacto de derechos económicos, sociales y culturales, XI de la Declaración Americana de Derechos Humanos, 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 27.3 de la Convención Americana de derechos del niño, solo por citar algunas). La limitación de derechos que surge de la norma impugnada se realiza a favor del interés general constituido por la protección de la minoridad, o, más precisamente, en cumplimiento de otras disposiciones que imponen su protección. Como lo sostuvo el Señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, en términos que esta Corte comparte, “... el ‘interés del menor’ (...) pertenece a los denominados conceptos jurídicos indeterminados, es decir, es una noción abstracta al igual que la noción de ‘orden público’, o cuando en ocasiones el legislador alude al ‘interés social’. Supone por tanto un principio general que debe presidir cualquier interpretación y decisión que afecte a un menor, estándar de interpretación que se comprende desde la concepción del menor como persona, como sujeto y no meramente objeto de derecho ” (fojas 67 vto.). V) En oportunidad de analizar un planteo de inconstitucionalidad referido a la normativa que regula el denominado “bien de familia”, por sentencia 688/2014, la Suprema Corte de Justicia expresó: “...la Corte en Sentencia No. 61/1993 la norma en cuestión con sus posteriores modificaciones, no vulnera el art. 7 de la Constitución de la República ‘...en tanto no vulneran el derecho de propiedad en los límites o en la extensión que implicaría un cercenamiento total del mismo. En otros términos: la disposición mencionada no priva al actor de su derecho de propiedad o de dominio, sino que el inmueble resulta afectado parcialmente hasta que cesen las causas que determinaron la constitución del bien de familia. Esto es, dicho acto determina que el bien tenga una inalienabilidad relativa y temporaria, que se mantiene mientras existan hijos menores o discapacitados y la cónyuge beneficiada, sin perjuicio de su posible enajenación, por la vía de la venta o de la permuta, pero sólo para la adquisición de otro bien sometido al mismo estatuto (arts. 10 y 11). (...) Asimismo, frente a los motivos particulares esgrimidos por el excepcionante, militan razones de interés general de protección a la familia que determinan su limitación. No se debe olvidar que el derecho de propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a ‘...lo que dispongan las Leyes que se establecieren por razones de interés general’ (art. 7, in fine). Y ese interés general fue precisamente tenido en cuenta por el legislador cuando sustituyó el art. 6 inc. c) del Decreto-Ley No. 15.597, ajustándose por lo demás al mandato emergente de la misma Constitución (art. 49). De hecho, el art. 6 inc. c) citado, ya preveía la posibilidad de que si uno de los cónyuges se negara a prestar su consentimiento para la constitución del bien de familia sobre un bien ganancial, el mismo pudiera ser suplido por el Juez de Familia o por Juez de Primera según fuere el competente. (...) Antes de dicha modificación, los hijos menores de edad carecían en principio de toda protección en cuanto a la conservación del inmueble que ocupaban, puesto que cualquiera de los cónyuges podía solicitar en cualquier momento la disolución de la sociedad conyugal y obtener la consiguiente venta de dicho inmueble. Como lo señalara la Dra. Marta Batistella de Salaberry, en Rev. Uruguaya de Derecho de Familia (No. 1, pág. 92). Parece claro que el legislador al permitir ahora la constitución del bien de familia sobre un ganancial indiviso, y que el consentimiento de uno de los ex - cónyuges pueda ser suplido por el Juez competente, busca proteger a la familia, en especial a la parte más débil de ésta. Esto es, a los hijos menores de edad y actúa conforme a normas de rango superior: velar por la estabilidad moral y material de la familia (art. 40), a fin de que los hijos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social (art. 41) y, específicamente, protegiendo al bien de familia, en cuanto a su ‘... constitución, conservación, goce y transmisión...’ (art. 49)”. Con las naturales adecuaciones del caso, los conceptos expuestos resultan trasladables al planteo de la promotora de la presente demanda de inconstitucionalidad. VI) Las costas resultan de precepto y no corresponde establecer especial condena en costos. Por estos fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada y por unanimidad, FALLA : DESESTIMAR LA PRETENSIÓN DE DECLARACIÓN DE INCONSTUCIONALIDAD, CON COSTAS. NOTIFÍQUESE. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE. HONORARIOS FICTOS 20 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES.