Sentencia Interlocutoria N° 824/2019

Montevideo, trece de mayo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia interlocutoria estos autos caratulados: “J.J. - DOS DELITOS DE HURTO ESP. AGRAVADOS EN RÉGIMEN DE REIT. REAL - CONTIENDA DE COMPETENCIA”, IUE: 99-145/2017. RESULTANDO : I) Surge de autos que por sentencia N° 51/2018 de fecha 4 de mayo de 2018, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 26° Turno, se condenó a J.J. como autor penalmente responsable de tres delitos de hurto especialmente agravados, uno de ellos en grado de tentativa, todos en régimen de reiteración real, a la pena de dos (2) años y dos (2) meses de penitenciaría, con descuento de la preventiva sufrida y de su cargo las prestaciones legales de rigor (fs. 82/86). II) Por providencia N° 2095/2018, de fecha 24 de setiembre 2018, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de 3° Turno asumió competencia y dispuso practicar la liquidación de la pena de conformidad con el fallo, cometiéndose a la Oficina Actuaria (fs. 102). III) De acuerdo con el informe emanado de la Oficina Actuaria de la referida Sede, la sanción impuesta al Sr. J.J. vence el día 20 de junio de 2019 (fs. 103). IV) Con fecha 11 de octubre de 2018, la defensa del condenado solicitó al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de 3° Turno que requiriera información al Centro de Reclusión donde se encuentra recluido el encausado, acerca de las actividades de trabajo y estudios reali-zados, a efectos de la aplicación del art. 13 de la Ley 17.897 (fs. 110, obrando las respectivas respuestas a fs. 119/120). Emerge de obrados que el condenado se encuentra alojado en el Centro de Reclusión “Las Rosas”, en el departamento de Maldonado (fs. 114, lugar donde se notificó personalmente la sentencia según surge de actuaciones de fs. 95-97). V) A fs. 112 y vto., el Sr. J.J. solicitó la libertad anticipada. Dicha solicitud fue elevada por el Instituto Nacional de Rehabilitación (fs. 115) y recibida por el Juzgado de Ejecución y Vigilancia de 3° Turno el 21 de noviembre de 2018 (fs. 115 vto.). VI) Por providencia N° 2937/2018 de fecha 22 de noviembre de 2018, la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de 3° Turno, Dra. María Isabel RODRÍGUEZ, dispuso: “ Atento a lo que surge de autos y de conformidad con lo dispuesto por el art. 289.3 del CPP, declínase competencia para ante el Juzgado de Ejecución de Maldonado, con noticia personal de las partes ” (fs. 116). VII) Remitido el expediente al Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Maldonado de 1° Turno (fs. 118 vto.), el titular de dicha Sede, Dr. Darwin RAMPOLDI ROBAINA, dictó el decreto N° 3767/2018, de fecha 20 de diciembre de 2018, remitió los autos a la Sede de origen, sin asumir competencia (fs. 122). En tal sentido, señaló el Sr. Juez actuante: “ Encontrándose en trámite la libertad anticipada del penado, hasta tanto se resuelva dicho beneficio, no se asumirá competencia por esta Sede, en aplicación del criterio sostenido por la Sede Letrada de Ejecución y Vigilancia de Montevideo de 1er turno. En el mismo sentido, el art. 322 del CPP de 1980 establecía que la remisión corresponde una vez resuelto el beneficio, y conforme al art. 404 del CPP vigente, dicha norma, al no estar expresamente derogada ni oponerse a la regulación actual, entiendo que se mantiene vigente. (...) Remítase a la Sede de origen sin asumir competencia ” (fs. 122). VIII) El expediente fue re-mitido de vuelta al Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Montevideo de 3° Turno (fs. 122 vto.). La titular de la Sede, por Sentencia interlocutoria N° 23/2019, de fecha 1º de febrero de 2019, mantuvo la declinatoria de competencia inicial, dispuso la devolu-ción de los autos al remitente y dejó anunciada la contienda de competencia para el caso de persistirse en la declinatoria por el remitente (fs. 123/125). Específicamente, en la re-ferida interlocutoria, la Dra. RODRÍGUEZ indicó: “ Con-forme surge de estas actuaciones esta Sede, al contrario de lo que manifiesta el distinguido colega de la ciudad de Maldonado, no dio trámite a la solicitud de libertad anticipada y, por consecuencia, no se encuentra en trámite proceso incidental alguno. En efecto, se trata de una cuestión incidental y, a su respecto resultan aplicables las normas que regulan los incidentes fuera de audiencia y las generales contenidas en el Nuevo CPP y, por remisión, las generales del CGP. Así, de conformidad con lo establecido por el nuevo CPP en su artículo 39: ‘(In-competencia por razón de lugar o de turno). La incom-petencia por razón de lugar o de turno no causa nulidad y solo puede hacerse valer por las partes en su primera comparecencia o por el tribunal de oficio al empezar su actuación , sin perjuicio de la competencia de urgencia’ (el destacado no pertenece al original). Esta sede advertida del lugar de reclusión del penado, en la primera oportunidad hábil y sin dar comienzo al trámite incidental de la Libertad solicitada, declinó competencia para ante la sede territorialmente competente. IV) Que conforme surge, claramente del art. 39 transcrito, el tribunal solamente está habilitado para declarar la incompetencia de ofi-cio, en la primera oportunidad y así se hizo. No es correcto que la li-bertad anticipada se encuentre en trámite. En autos se ha presentado la solicitud pero la misma no ha sido considerada aún, no ha franqueado el examen de admisibilidad inicial y no se ha ordenado el tracto procedimental correspondiente” (fs. 124/125; los destacados son originales). IX) El expediente fue remitido nuevamente al Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Maldonado de 1° Turno (fs. 125 vto.). El titular de la Sede, por auto N° 491/2019, de fecha 21 de febrero de 2019, mantuvo su posición inicial y dispuso la elevación a la Suprema Corte de Justicia de la presente contienda de competencia (fs. 126). X) Los autos fueron recibidos en la Corporación el día 28 de febrero de 2019 (fs. 127). XI) Por decreto N° 300, de fecha 6 de marzo de 2019, se llamó para resolución (fs. 128). CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Jus-ticia, por el quórum legalmente requerido (art. 56 inc. 2° de la Ley 15.750), declarará carente de objeto la presente contienda de competencia, por las razones que se indicarán. II) En el caso, el condenado Sr. J.J., quien se encuentra recluido en el Centro de Reclusión “Las Rosas”, en el departamento de Maldonado ( vide : fs. 114), solicitó por intermedio del Instituto Nacional de Rehabilitación la concesión del beneficio de libertad anticipada ( vide : fs. 112 y vto. y 115). La solicitud fue presenta-da ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de 3° Turno, el que previamente había asumido competencia en relación a la ejecución y liquidación de la pena oportunamente impuesta al Sr. J.J. ( vide : fs. 102/103), y a pesar de constar de las actuaciones corrientes de fs. 95 a 97 que el encausado se hallaba recluido en el departamento de Maldonado, centro carcelario “Las Rosas” (art. 289.2 N.C.P.P.). III) Frente al pedido de liber-tad anticipada, la Sra. Juez Letrado de Primera Ins-tancia de Ejecución y Vigilancia de 3° Turno, Dra. María Isabel RODRÍGUEZ, declinó competencia para ante el Juz-gado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Maldonado de 1° Turno (fs. 116). IV) Remitidos los autos a la referida sede de Maldonado, su titular, Dr. Darwin RAMPOLDI ROBAINA, remitió los autos a la sede de origen, sin asumir competencia (fs. 122). V) Vuelto el expediente a la sede de Montevideo, su titular mantuvo la declinatoria de competencia inicial, dispuso la devolución de los autos al remitente y dejó anunciada la contienda de competencia para el caso de persistirse en la declina-toria por el remitente (fs. 123/125). VI) Finalmente, al ser remiti-dos los autos nuevamente a la sede de Maldonado, su titular mantuvo su posición inicial y dispuso la ele-vación a la Suprema Corte de Justicia de la presente contienda de competencia (fs. 126), adjuntándose el informe de la Oficina Actuaria que en liquidación provisional de pena, tomando en cuenta la redención que surge de fs. 121, indicó que el vencimiento de pena sería el 18 de marzo de 2019. VII) Ahora bien. De acuerdo a lo que emerge de obrados y conforme será detallado, entiende la Corporación que en el caso se ha cumplido la totalidad de la pena (considerándose los descuentos correspondientes por redención de pena mediante días de trabajo y estudio), por lo que carece de objeto la resolución de la presente contienda de competencia, que versa sobre la solicitud de libertad anticipada oportu-namente presentada por el condenado. En efecto, este instituto liberatorio lo que permite es el cumplimiento de saldo de pena en libertad bajo vigilancia de la autoridad (arts. 298.2 y 299.3 del N.C.P.P.), lo que en el caso, en mérito a la redención de pena operada y liquidada provisoriamente por la Oficina Actuaria de Maldonado, no puede otorgarse por cuanto la totalidad se habría cumplido. VIII) Surge de la liquida-ción practicada por la Oficina Actuaria del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de 3° Turno, que el vencimiento de pena se verificaría el 20 de junio de 2019 (fs. 103). También emerge de obrados, de conformidad con los informes requeridos al Instituto Nacional de Rehabilitación, Unidad N° 13, que el Sr. J.J. computó 21 horas por asistir a los talleres de la Escuela de Transformación Consciente y registró un total de 1472 horas de trabajo voluntario, por haber realizado tareas de fajina externa en los corredores de acceso a los locutorios de visitas del celdario masculino (fs. 119/121). En consecuencia, de acuer-do a lo previsto en el art. 13 de la Ley 17.897, estima la Corporación que corresponde conceder al condenado la redención de pena por trabajo y por estudio, a razón de un día de reclusión por dos días de trabajo o estudio. A pesar de que referimos a una liquidación provisoria, hacer transcurrir la inci-dencia liquidatoria se traduciría sin duda en perjuicio del condenado, violentándose el “ favor rei ” que en estos casos debe presidir. IX) En la especie, el Sr. J.J. trabajó un total de 1.472 horas, lo que equivale a 184 jornadas de trabajo, y estudió un total de 21 horas, lo que equivale a 3 días de estudio. En consecuencia, le corresponde la redención de 93 días de pena (uno por cada dos días de trabajo o estudio). En mérito a lo expuesto, considera la Corte que en función de la referida redención de pena, cuya aplicación es preceptiva y no discrecional, la pena impuesta al Sr. J.J., que originalmente vencía el 20 de junio de 2019, habría vencido el pasado 19 de marzo de 2019. Y en virtud de lo seña-lado, como lógico corolario corresponde declarar carente de objeto la presente contienda de competencia y remitir los autos al Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Maldonado de 1° Turno a efectos de proseguir con la ejecución, por ser la sede naturalmente competente para entender en la ejecución y vigilancia de la pena, en virtud de lo dispuesto en el art. 289.3 del N.C.P.P. En tal sentido, huelga se-ñalar que el presente asunto, que se encuentra en etapa de ejecución, fue tramitado originalmente bajo la vigen-cia del viejo C.P.P. de 1980, pero que una vez ejecuto-riada la sentencia de primera instancia, la ejecución de la pena pasa a regirse por el N.C.P.P. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 402.1 del N.C.P.P.: “ Las causas penales en trámite a la fecha de entrada en vigencia de este Código continuarán rigiéndose por las disposiciones del Decreto-Ley N° 15.032, de 7 de julio de 1980, hasta que la sentencia definitiva pase en autoridad de cosa juzgada, con las excepciones previstas en este Código ”. Por tanto, una vez que la sentencia de primera instancia pasa en autoridad de cosa juzgada, cobra vigencia la regla prevista por el art. 16 del N.C.P.P., según la cual las normas procesales penales son de aplicación inmediata. De acuerdo con las normas referenciadas, la competencia para la ejecución de la sentencia penal debe determinarse, en el caso, de con-formidad con las reglas propias del N.C.P.P. En particular, la compe-tencia material de los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia está determinada en el art. 288 del N.C.P.P. e incluye, entre otros asuntos, conocer y resolver en primera instancia sobre la conce-sión y revocación del beneficio de la libertad antici-pada. En el caso, el debate es entre jueces que tienen idéntica competencia material, por lo cual será el criterio territorial el que resuelva el dilema. Y bien. Como criterio te-rritorial para determinar la competencia de ejecución y vigilancia, corresponde estar al lugar donde deban cumplirse las penas, tal como emerge de lo dispuesto en el art. 289.3 del N.C.P.P. La norma propende a que el Juez que entienda en la ejecución de la sentencia penal sea aquel en cuyo territorio competencial se encuentra ubicado el centro de reclusión, salvo alguna excepción, que no se encuentra implicada en el presente caso. Por ende, en el caso la competencia es del Juzgado de Maldonado. En suma, más allá de que la contienda de competencia respecto a quién debía resolver la solicitud de libertad anticipada carezca ya de objeto, corresponde señalar que la ejecución de la pena corresponde en el caso al Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Maldonado de 1° Turno. X) Para el caso que el con-denado, Sr. J.J., aún no haya sido puesto en libertad, corresponderá que la referida Sede de Maldonado verifique la configuración del cumpli-miento total de la pena y, en su caso, disponga la libertad de aquel en forma inmediata. XI) Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner de manifiesto la existencia de errores en el tracto procedimental por parte de ambas Sedes, que determinaron la demora inusitada en la elevación a la Corporación del presente expediente, con el consiguiente perjuicio para el condenado. En efecto, ante la inicial declinación de competencia formulada por la Sra. Juez Letrado de Ejecución y Vigilancia de Montevideo de 3° Turno a fs. 116, y la remisión de los autos al Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Maldonado de 1° Turno, su titular, dado que se consideró también incom-petente para entender en el asunto, debió elevar de inmediato los autos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 331 del C.G.P. Sin embargo, en vez de disponer la elevación de los autos a esta Corporación, volvió a remitirlos a la sede de origen (fs. 122), con las consiguientes demoras que ello supuso. Acto seguido, al recibirse el expediente por parte del Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Montevideo de 3° Turno, su titular insistió en su incompetencia y, nuevamente, en lugar de elevar los autos a la Corte, los volvió a remitir a la Sede de Maldonado (fs. 125), lo que produjo una nueva demora innecesaria en la resolución de la solicitud de libertad anticipada oportunamente formulada por el condenado. En definitiva, se verifi-caron en el caso excesos rituales, que devinieron en tiempos procesales muertos y dilataron innecesariamente la etapa de ejecución del proceso penal, perjudicándose al sujeto que había solicitado la libertad anticipada. XII) Por último, cabe asimismo destacar lo endeble de la argumentación realizada por ambos sentenciantes para declararse incompetentes para entender en el asunto. En tal sentido, la refe-rencia al “ criterio sostenido por la Sede Letrada de Ejecución y Vigilancia de Montevideo de 1° Turno ” no parece ser un argumento adecuado para fundar una sentencia por la cual se declara la incompetencia. Tal “criterio”, o mero argumento de autoridad, ni siquiera tiene la suficiente difusión como para considerárselo notorio o conocido por todos los especialistas en dere-cho. Este tipo de argumentos impide un adecuado control por las partes de las deci-siones judiciales, por lo cual debe ser considerado como una motivación defectuosa, en tanto era exigible a los jueces intervinientes la explicitación de los criterios jurídicos que los condujo a resolver del modo en que lo hicieron. Otro tanto puede decirse de la Juez de Ejecución y Vigilancia de Montevideo, quien asumió competencia respecto de un sujeto condenado a cuyo respecto palmariamente no la tenía y no consideró que el art. 289.2 del N.C.P.P. tiende a tutelar la persona del encausado acercándolo al Juez por razón de distancia. Por las razones expuestas y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia RESUELVE : DECLÁRASE CARENTE DE OBJETO LA CONTIENDA DE COMPETENCIA ENTABLADA. REMÍTANSE, SIN MÁS TRÁMITE, LOS AUTOS AL JUZGADO LETRADO DE EJECUCIÓN Y VIGILANCIA DE MALDONADO DE 1° TURNO, A EFECTOS DE CUMPLIR, SI FUERA PERTINENTE, CON LO DISPUESTO EN EL CONSIDERANDO X) DE ESTA SENTENCIA, ASÍ COMO PARA CONTINUAR CON EL PROCE-DIMIENTO; CON NOTICIA AL CONTENDIENTE.