Sentencia Definitiva N° 1.078/2019

Montevideo, veinticinco de abril del dos mil diecinueve VISTOS: Estos autos caratulados: “CASTELL, Jorge y otro c/ DÍAZ SOSA, Shuvert Gabriel. Incidente de nulidad. Excepción de inconstitucionalidad. Art. 283 nral. 7 de la ley 19.090 ” IUE: 291 -69/2018. RESULTANDO: 1.- En autos el representante de los Sres. Jorge Castell y Miguel Alejandro Jubin Charquero interpuso excepción de inconstitucionalidad del art. 283 nral. 7 de la Ley No. 19.090 por las razones que desarrolló a fs. 81/82 vta. 2.- Recibidos los autos por Providencia No. 320 de 11.III.2019 la Corporación dispuso: “Confiérese traslado a la parte demandada por el término de diez días (art. 516.1 C.G.P.). Fecho, confiérese vista al Sr. Fiscal de Corte por el término de veinte días (art. 516.1 C.G.P.)” (fs. 89). 3.- A fs. 95/98 vta. el representante de la parte demandada evacuó el traslado conferido solicitando se rechace el planteo de inconstitucionalidad deducido. CONSIDERANDO: 1.- La Suprema Corte de Justicia desestimará la excepción de inconstitucionalidad interpuesta. 2.- La excepción de inconsti-tucionalidad opuesta debe ser desestimada por dos órdenes de razones, independientes entre sí. 3.- En primer lugar, por ser patente, tal como surge de los propios dichos de los excepcionantes, que su única finalidad es dilatar innecesariamente el expediente principal de ejecución. En efecto, la parte excepcio-nante pretende obtener la inaplicación de la norma legal que le impone tramitar un recurso de revisión para hacer valer su alegada indefensión, con la confesa intención de evitar que se prosiga con la ejecución en su contra: “ [e] l recurso de revisión al no tener efecto suspensivo sobre la sentencia impugnada, haría que la sentencia se ejecute y el demandado o la parte perdidosa deba responder con su patrimonio sin haber tenido la oportunidad procesal de ejercer su defensa” , fs. 81 vto. Es falso que la vía del recurso de revisión le prive a la parte de obtener la suspensión de la ejecución, ya que el artículo 289 del C.G.P. prevé expresamente, ante planteos revisivos serios, la posibilidad de obtener la suspensión de la ejecución en supuestos en que la ejecución pueda causar daños graves e irreparables al ejecutado. En ese marco, es claro que la parte excepcionante pretende con el planteo de inconstitucionalidad que se resuelve, únicamente, dilatar la ejecución en su contra, lo que es suficiente para desestimar su pretensión por ese solo motivo (artículo 519 numeral 1 del C.G.P.). Por ello, al amparo de lo previsto en el art. 523 del C.G.P., la Corte condenará al pago de las costas y costos del proceso de inconstitucionalidad a los promotores y declarará que su abogado patrocinante, Dr. Gonzalo Sánchez (Matrícula Nº 11.529), no tendrá derecho a percibir honorarios por su actuación en este expediente. 4.- Y aun cuando se soslayara la anterior, igualmente cabe desestimar la excepción planteada por resolución anticipada por los fundamentos expresados en, por ejemplo, la reciente sentencia N° 1586/2018 de la Corporación (artículo 519 numeral 2 del C.G.P.). En efecto, tal como lo ha señalado la Corte en múltiples oportunidades desde antigua data: “...la garantía del debido proceso ‘(...) impone como requisito esencial, la oportunidad de audiencia y defensa de aquél contra quien se formula una pretensión en el orden jurisdiccional. Y basta para la estricta observancia de tal garantía, el otorgamiento de dicha oportunidad de audiencia, sin que la misma deba asumir una forma o ritualidad determinada, siendo suficiente la posibilidad efectiva de hacer valer sus defensas. Es irrelevante al respecto, (...) la supresión de etapas, recursos o instancias, la restricción de excepciones o de ritualidades y aun de oportunidades procesales’ (sentencia No. 69/82; en coincidencia sents. Nos. 181/85, 153/88, 22/89, 80/93, 85/93, entre otras)” , (sentencia N° 193/2005). En igual sentido, se ha expresado el Tribunal Constitucional Alemán al afirmar: “La garantía constitucional de la protección jurídica abarca: el acceso efectivo a los tribunales, que la pretensión jurídica (el objeto de la litis ) sea analizada dentro de un proceso formal, y que sea resuelta por los tribunales mediante una sentencia vinculante (...). El principio del Estado de Derecho exige que todo litigio ‘en aras de la paz y la seguridad jurídicas’ tarde o temprano llegue a un fin (...)” , (sentencia BVerfGE 107,395, citada en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Extractos de las sentencias más relevantes compiladas por Jürgen Schwabe”, Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2009, pág. 526). Y en el caso, la posibilidad de los excepcionantes de ser oídos en un proceso debido está asegurada por la vía del recurso de revisión, en el cual contarán con una estructura contradictoria para obtener un pronunciamiento sobre la supuesta indefensión que han alegado. Estructura que, además, como se lo señaló, posibilita obtener llegado el caso la suspensión de la ejecución de la sentencia que se somete a revisión. Razones todas que conducen a rechazar la denunciada infracción de los artículos 8 y 12 de la Constitución de la República. Por los fundamentos expuestos y la normativa citada, la Suprema Corte de Justicia, FALLA: Desestímase la excepción de inconstitucionalidad opuesta. Costas y costos de cargo de la parte excepcionante. Declárase que el Dr. Gonzalo Sánchez (Matrícula Nº 11.529) no tiene derecho al cobro de honorarios. Honorarios fictos: 20 BPC. Notifíquese a domicilio. Oportunamente: devuélvase.