Sentencia Definitiva N° 1.095/2019

Montevideo, veinticinco de abril del dos mil diecinueve VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “VELÁZQUEZ REYES, María c/ ESMORIS, Marcelo y otro. Demanda laboral. Menor cuantía. Excepción de inconstitucionalidad. Leyes N° 18.572 y 18.847”, IUE 522-120/2016. RESULTANDO: I) En el curso de un proceso laboral de menor cuantía promovido ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 9° Turno, la actora solicitó, por vía de excepción, la declaración de inconstitucionalidad “de las Leyes 18.572 y 18.847” (fs. 52-55). En sustento de su pretensión de declaración de inconstitucionalidad sostuvo: - La regulación de breves plazos procesales y la limitación de la posibilidad de apelar y de citar terceros al proceso desconoce “los derechos de los empleadores a ser protegidos en el goce de su seguridad, trabajo y propiedad (arts. 7, 32 36 y 53 de la [C] constitución)” , (fs. 52 vto.). - La regulación del proceso de menor cuantía como un proceso de instancia única viola el artículo 8 numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho al debido proceso (fs. 53 vto.-54). - Se viola el derecho constitucional a recibir igual trato por la ley y al debido proceso al regularse en forma más beneficiosa al actor que al demandado. Mientras el actor cuenta con un año para preparar su reclamo, el plazo para contestar la demanda es de sólo 10 días (fs. 54). Se intenta beneficiar al trabajador recortando “los derechos del demandado (…) para contestar la demanda” (fs. 54 vto.). A su vez, se regula de modo distinta la incomparecencia del actor y del demandado, siendo más beneficioso el régimen del actor (fs. 54 vto.). La posibilidad de citar a un tercero es exclusiva del actor (fs. 54 vto.). - En definitiva, solicitó que se acogiera su pretensión de declaración de inconstitucionalidad de las normas referidas. II) Por providencia N° 3061/2018, la Corte confirió traslado al identificado como demandado y dio vista al Sr. Fiscal de Corte (fs. 60). III) A fs. 71-73 vto., Marcelo Fabián Esmoris evacuó el traslado conferido solicitando que se rechazara la pretensión de inconstitucionalidad deducida por ser improponible, inconducente y extemporánea. IV) A fs. 77-77 vto. se expidió el Sr. Fiscal de Corte, quien también consideró que correspondía el rechazo de la dicha pretensión. V) Por providencia Nº 392/2019, del 18 de marzo de 2019, se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia (fs. 80). VI) Cumplidos los trámites de estilo, se acordó dictar sentencia en el día de la fecha. CONSIDERANDO: I) La Suprema Corte de Justicia, en coincidencia con el dictamen del Sr. Fiscal de Corte, rechazará por inadmisible la excepción de inconstitucionalidad opuesta, con la máxima condena en gastos causídicos. II) El planteo de inconstitucio-nalidad que se resuelve es de franco rechazo. En efecto, la pretensión planteada con el patrocinio del Dr. Gonzalo Sánchez, matrícula de abogado N° 11529, constituye un llamativo dislate jurídico. III) La excepción de inconstitucio-nalidad planteada es manifiestamente extemporánea - ausencia de legitimación . En primer término, la Corte debe relevar la manifiesta extemporaneidad del planteo de inconstitucionalidad que se resuelve. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 511.1 del C.G.P., la solicitud de declaración de inconstitucionalidad, como excepción o defensa, podrá ser promovida desde que se promueve el proceso hasta la conclusión de la causa, en la instancia pertinente. En el caso, como lo adelantamos, la excepción de inconstitucionalidad fue planteada en el curso de un proceso laboral de menor cuantía concluso. En tal sentido, surge de autos que la demanda se presentó inicialmente el 5 de mayo de 2016 (fs. 4 vto.) con falencias que fueron oportuna e infructuosamente observadas por el Juzgado actuante (fs. 5, 10 vto., 13 y 16), lo que determinó que la Sede tuviera a la demanda por no presentada el 10 de agosto de 2017 (fs. 18). La demanda volvió a presentarse el 9 de noviembre de 2017 (fs. 26) y, nuevamente, la Sede realizó sucesivas observaciones por carencias formales del acto de proposición (fs. 27 y 33) que, al no haberse subsanado, determinaron el archivo del expediente (providencia N° 760/2018, fs. 35). La resolución que dispuso el archivo del expediente fue impugnada por la parte actora mediante los recursos de reposición y apelación (fs. 37-38). Dicho medio impugnativo fue declarado mal franqueado por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1 er Turno por sentencia N° 216/2018 (fs. 46-48), por estar vedado el recurso de apelación en los procesos laborales de menor cuantía. La resolución de segunda instancia fue notificada a la parte actora el 6 de agosto de 2018 (fs. 49) Luego de devuelto el expediente a la Sede Letrada actuante, ésta, por providencia N° 1468/2018, del 5 de setiembre de 2018, dispuso “Téngase presente” (fs. 51). El 25 de setiembre de 2018, 36 días hábiles luego de haber sido notificado de la resolución de primera instancia, compareció la parte actora, siempre con el patrocinio del Dr. Gonzalo Sánchez, y opuso la excepción de inconstitucionalidad consignada (fs. 52-55). Como surge de la extensa, pero necesaria, síntesis de lo actuado, la causa se encontraba hacía ya largo tiempo conclusa cuando se dedujo la excepción de inconstitucionalidad, lo cual impone, de acuerdo con lo previsto en el artículo 511.1 del C.G.P., rechazar por inadmisible el planteo realizado. IV) La excepción de inconstitucio-nalidad incumple ostensiblemente con la carga de la debida argumentación . Como se lo consignó, la excepción de inconstitucionalidad opuesta por la parte actora de un proceso laboral se fundó reiteradamente en argumentos que denunciaban el supuesto perjuicio que le generaban a la parte actora de un proceso laboral ciertas normas que, precisamente, beneficiarían a la propia parte actora. Ello no solo supone un incumplimiento grosero de la carga de la debida argumentación ante la Suprema Corte de Justicia (artículo 512 del C.G.P.) sino que, además evidencia la negligencia del profesional interviniente y configuró un comportamiento malicioso y dilatorio, no acorde con el principio de la buena fe (artículos 5 y 56 del C.G.P.), lo cual justifica la imposición de la máxima condena en gastos causídicos (artículo 523 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA: Recházase la excepción de inconstitucionalidad opuesta, con costas y costos. Honorarios fictos: 20 B.P.C. Y devuélvase.